Tema Polémico: ¿Reforma Fiscal Progresiva?

La semana pasada el Partido Acción Ciudadana (PAC) consolidó un acuerdo con el Poder Ejecutivo, garantizando de esta manera la aprobación del Paquete de Impuestos. El PAC afirma que, con los cambios propuestos por ellos, la nueva Reforma Fiscal ahora si es verdaderamente progresiva. Primero que todo, lamentamos el hecho de que con esta negociación el paquetazo de impuestos está a nada de convertirse en una realidad. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, esto para lo único que servirá será para que el país sea menos competitivo, para alejar más inversión y fuentes de empleo, para pisotear los derechos de propiedad, para tirar por la borda el esfuerzo individual para generar riqueza y para seguir alimentando a un Estado totalmente ineficiente que, como bien lo señala el reciente Editorial de La Nación, por querer hacer una gracia (aumentarle el salario a 6.000 funcionarios públicos) terminó haciendo un sapo (incrementándoselo a 96.000 empleados). Con esos números, no importa si hay más impuestos, si son progresivos, planos o regresivos: no hay finanzas que aguanten ese desmesurado gasto.

Muy interesante el término “progresivo” cuando se habla de impuestos. En palabras sencillas el impuesto progresivo se puede entender como los impuestos diseñados para que los que más tengan más paguen. Viéndolo de esta manera, se podría decir que casi cualquier impuesto es progresivo pues, al tratarse de un porcentaje fijo sobre el valor del producto o el valor de la renta, al ser mayor el valor mayor será la recaudación. Por ejemplo, entre más renta genere una persona, mayor será el dinero que pague en impuestos dado que se trata de un porcentaje sobre el valor y no un monto fijo. Si se entendiera así, hasta en una propuesta como el Flax Tax existiría, en cierto sentido, un grado de progresividad.

Sin embargo, a esto no se refieren el PAC y el Gobierno cuando hablan de reformas progresivas. Cuando utilizan esta palabra, lo que realmente quieren es que los ricos paguen más impuestos por medio de tasas de gravamen mayores a los pobres. Haciendo uso de la trillada frase “justicia social”, estas personas lo que andan buscando es que los ricos y las grandes empresas paguen por todos los problemas fiscales del Gobierno, como si estos fueran los culpables de todos los males de este país. El término justicia queda totalmente tergiversado puesto que en estas condiciones hay dos justicias, una para los ricos y otra para los pobres. La justicia debe ser igual para todos. ¡Cómo cuesta que la gente comprenda que para que se genera riqueza es fundamental que existan igualdad de condiciones y seguridad jurídica!

El PAC propone en sus demandas al Gobierno que se incluyan impuestos totalmente injustos como un aumento en la tasa para los salarios mayores de Ȼ4.000.000 e impuestos a los carros de lujo. Las personas que ganan más de esa cantudad ya tienen que pagar más impuesto, pues se trata de un porcentaje sobre el ingreso. Pero esto no es suficiente: hay que subirles el porcentaje del impuesto para que paguen aún mucho más. Se trata de un desincentivo legítimo a ganar más de cuatro millones en este país. En lugar de generar más riqueza quieren que se genere menos.

Con estas medidas no solo se desincentiva la creación de riqueza sino que con tantas excepciones y diferencias en tasas lo que sucede es que los impuestos se vuelven más complicados de recaudar y se abren más portillos para que la gente pueda evadir el pago de los mismos. Si los impuestos fueran más bajos y más simples sin excepciones a la regla la recaudación sería muchísimo más sencilla.

Y toda esta lucha en supuesta defensa de los más pobres al final de cuentas termina afectando más a este grupo ¿Por qué sucede esto? Por qué son los ricos y las empresas grandes los que actualmente colaboran más con los ingresos del Estado y los que más fuentes de trabajo generan en el país. Si se les sube los impuestos y se arruinan las condiciones de trabajo, finalmente lo que pasará es que las empresas contratarán menos personal, se invertirá menos, se generarán menores ingresos y finalmente la miseria, el desempleo y la pobreza se agravarán, haciendo que el Estado tenga que dar más subsidios y aumentando el ya de por sí enorme hueco que hay en las finanzas públicas. Así, estas medidas supuestamente progresivas terminan siendo totalmente regresivas.

En ASOJOD deseamos, por el bien de todos, que cada vez haya menos impuestos y que los pocos impuestos que existen sean bajos y simples para que la recaudación pueda ser más efectiva. Creemos que esa es la clave para que este país salga del rezago económico en el que está. No obstante, en el PAC y en el PLN piensan diferente. Quieren que todos estemos en la ruina para que ellos puedan vanagloriarse de ser solidarios y ayudarnos con migajas. ¡Qué macabro!

Tema polémico: (d) efectos del impuesto progresivo

Los Estados latinoamericanos, y en especial los surgidos a la luz del mítico disparate del socialismo del siglo XXI, se han caracterizado por una serie de políticas repletas de subsidios a los "menos favorecidos”, que surgen de la creencia en que la riqueza es un pastel que hay que dividir de mejor manera, pues históricamente, los ricos se han dejado la mejor tajada y los pobres apenas los sobros. Entonces, la pomada canaria es aplicar el código moral de Robbin Hood: robarle a los ricos para dárselo a los pobres, por medio del impuesto progresivo, que consiste en que "paguen más los que más tienen". Para los defensores de esta tesis, una vez que se disminuya la brecha social, todo será felicidad, legitimidad y paz social, volviendo al estado original donde no es necesario quitarle más a nadie. Ello porque, mágicamente, una vez que los "menos favorecidos" tuvieron dinero en sus manos, lo invirtieron, produjeron y aumentaron la riqueza "social".

Ya decía Milton Friedman que no hay nada peor que las buenas intenciones ni nada más eterno que los programas temporales. Puede que los paladines de la redistribución crean que obran bien al darle a aquellos que nada tienen para que en adelante vivan mejor. No obstante, no se dan cuenta del círculo vicioso que está implícito en esas políticas públicas: si se le quita a "A" porque es rico para darle a "B" que es pobre, entonces es obvio que, en la medida que esa cooptación sea constante, "B" se convertirá en rico y "A" en pobre, siendo necesario ahora quitarle a "B" para darle a "A" y así sucesivamente, siendo imposible que sean "medidas temporales". Además, no contemplan la simple y obvia posibilidad de que muchos de esos "menos favorecidos" no pondrían a trabajar los ingresos que adquieren, sino que los gastan en cosas que ellos desean.

Pero estas no son las únicas deficiencias del "razonamiento" redistributivo. Hay más: Mascaró Rotgers señala que crear condiciones especiales en favor de un grupo social en desventaja, llámese pobres, indígenas, discapacitados, dementes o carmelitas descalzas, genera grandes problemas, tanto a nivel económico como cultural, jurídico y político. Desde el punto de vista jurídico-político:

• Fomenta la evasión fiscal, pues los ricos pueden pagar mejores asesores fiscales, mejores contadores, mejores abogados, presionar a los políticos para cambiar las leyes, adquirir instrumentos para maquillar cuentas o, en el peor de los casos, sobornar a funcionarios.

• Si el rico es amigo del "político de turno", tiene mayores posibilidades de que esos recursos, que supuestamente iban dirigidos a beneficiar a los pobres, acaben financiando otro tipo de actividades: subsidios a la producción, contención de tasas bancarias, proyectos particulares cuya naturaleza es clientelista, etc. Basta con pensar ¿quién tiene más influencia para dirigir los recursos?

• Viola la estructura del Estado de Derecho, en tanto irrespeta los principios de igualdad ante la ley, y afecta los derechos de propiedad privada pues jurídicamente superpone a un grupo social y porque una serie de funcionarios estatales se autodesignan como los "elegidos" para decidir qué hacer con el dinero de otros

• Crea una estructura clientelista a nivel electoral, pues le deja claro a los ciudadanos que, si quieren "premios" deberán votar por el partido que más prebendas le otorgue. Ya no se da una competición sana entre organizaciones partidarias, sino que se compran los votos con recursos que no le pertenecen a los partidos, pues son fondos públicos.

• Genera un serio problema de ingobernabilidad y de legitimidad. Arbós y Giner han definido la gobernabilidad como “la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficientemente dentro de un espacio considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo el libre ejercicio de la voluntad política del poder mediante la obediencia”. Véase que se enfatiza en un espacio considerado como legítimo por la ciudadanía y la legitimidad, como Urcuyo lo explica, puede bifurcarse en dos: legitimidad de origen, que es la razón por la cual se obedece al poder, en tanto su naturaleza es aceptada por la ciudadanía, y legitimidad en ejercicio, que tiene que ver con la gestión gubernamental y con sus resultados, siendo estos los objetos de valoración directa por parte de los ciudadanos. Así las cosas, hablar de un espacio legítimo implica que las personas obedezcan porque el poder político no sólo es válido sino porque sus resultados son satisfactorios. Pero un Estado cuya acción sea la de cooptar la propiedad privada (en este caso el dinero de las personas) no puede ser considerado como legítimo.

• Provoca situaciones de violencia a lo interno: la gobernabilidad no sólo se puede ver afectada por la gente que ya no quiere seguir siendo víctima de exacciones monetarias del Estado, sino también por los mismos beneficiarios de las políticas distributivas o de discriminación positiva. Piénsese, por ejemplo, en los pobres: si se le da a los de la zona "X" porque viven en condiciones de miseria, entonces pueden suceder dos cosas: por un lado, que quienes deben soportar la carga fiscal que financia las políticas de discriminación positiva a favor de los pobres, muy probablemente comenzarán a ver con desprecio a estas personas por considerarlas parásitos; esto consecuentemente generará una ola de rechazo y violencia contra ellos. Por otro lado, la violencia se dará entre los distintos grupos beneficiarios pues comenzarán a competir ferozmente por ver cuál obtiene más prebendas del Estado, lo cual generará una lucha con resultados poco deseables.

Respecto a lo económico:

• El impuesto progresivo desincentiva la riqueza, toda vez que crea un sistema de incentivos y desincentivos, de forma tal que le dice al pobre que no se esfuerce sino que espere el premio y le dice al rico que no podrá disfrutar de toda la riqueza que produce, sino que una parte de ella irá a manos de gente que no ha aportado nada al proceso de su creación. En ese sentido, resulta útil introducir la Curva de Laffer, misma que explica que cuanto mayor sea la tasa impositiva menor es la recaudación, esto por dos razones: porque la gente busca evitar el pago o porque simplemente ya no tiene más riqueza para permitir la exacción. En ese sentido, o se evade o se desestimula la acumulación de capital

• Se destruye el tejido empresarial de una sociedad pues ¿quién va a querer trabajar y enriquecerse si sus recursos van a ser absorbidos por otros? El incentivo es más bien para no producir, innovar, crear ni asumir riesgos, sino para ser simplemente subordinados de alguien. Y ese alguien, en una sociedad sin empresarios, es el Estado, el cual se convierte en la única fuente de trabajo. Resulta lógico que una sociedad no puede progresar si todos los individuos que la componen trabajan para el mismo patrón, aunque sea ejerciendo diferentes labores, puesto que ese patrón, el Estado, no produce recursos como para pagarle a sus empleados. El dinero lo obtiene fundamentalmente de impuestos y sería un absurdo cobrar impuestos a sus propios empleados para luego devolvérselos en el siguiente pago.

En el plano moral, estas políticas:

• Generan un Estado que decide qué hacer con la propiedad de las personas. Es decir, ya no es quien produce el que determina hacia donde dirige sus recursos, sino que el aparato de compulsión y coerción distribuye lo creado y, de paso, se deja una comisión. Se trata entonces de un Estado que reparte la riqueza que no le pertenece y que no ha producido, de forma tal que utiliza a unas personas como medios para alcanzar ciertos fines.

• Crea una sociedad de ladrones: apuntaba Locke que "la gente no puede delegar en el Estado el poder de hacer algo que sería ilegal hacerlo por ellos mismos”. Si el robo está penalizado cuando lo comete un individuo, ¿por qué varía si lo comete una organización estatal? En tanto sea "legal" que se use un aparato como el Estado para robarle a algunas personas, entonces se estará fomentando una sociedad que avale el robo como un medio de obtener las cosas que necesita.

• Origina una sociedad de parásitos: con el código moral de Robbin Hood, si no se crean ladrones que usen la fuerza para obtener lo que desean, se crean parásitos que usen la necesidad como medio para obtener lo que desean. El argumento es sencillo: necesito, ergo, debo tener. Y en tanto exista una sociedad de ese tipo, resulta necesario que alguien produzca para los demás. Entonces no es ya el empresario el que explota a los trabajadores, como pregona la vulgata marxista, sino todo lo contrario: los trabajadores explotan al empresario, le succionan su riqueza, le destruyen su capacidad productiva.

Por las razones anteriores, cuando escuchamos a alguien decir que es necesario quitarle a unos para darle a otros, estamos en presencia de alguien que pide que los primeros sean animales de sacrificio en favor de los segundos. Una vez más Rand ilustra de manera extraordinaria esta idea: "el hombre que habla de sacrificio, habla de esclavos y amos. Y piensa ser el amo".

Los efectos de la discriminación positiva

Milton Friedman decía que “no hay nada peor que las buenas intenciones”. Esta frase expresa el problema moral del asistencialismo estatal y el modo en que este distorsiona la asignación de recursos, especialmente cuando se crea una situación de discriminación positiva. Los diferentes Estados latinoamericanos, y en especial los surgidos a la luz del mítico disparate del socialismo del siglo XXI, se han caracterizado por una serie de políticas repletas de subsidios al mejor estilo Robbin Hood, es decir, quitándole dinero a los que tienen para dárselo a los que no lo tienen, casi siempre por medio de los impuestos progresivos. Pues bien, la lógica (si es que se le puede llamar así, con el perdón de la racionalidad y la epistemología) es bastante absurda: si se le quita a A porque es rico para darle a B que es pobre, entonces es obvio que, en la medida que esa cooptación sea progresiva, entonces B se convertirá en rico y A en pobre, por lo que habrá que hacer la sustracción nuevamente, convirtiéndose en un círculo vicioso.

Partiendo del análisis de Mascaró Rotgers en su ensayo ¿Que paguen impuestos los ricos? (publicado en este blog hace poco) es posible señalar que crear condiciones especiales a favor de un grupo social (llámese indígenas, discapacitados, dementes o carmelitas descalzas), genera grandes problemas, tanto a nivel económico como cultural, jurídico y político:

1. Fomenta la elusión y la evasión fiscales (la primera es legal y la segunda no) pues son los ricos los que pueden pagar mejores asesores fiscales, mejores contadores, mejores abogados, presionar a los políticos para cambiar las leyes, adquirir instrumentos para maquillar cuentas o, en el peor de los casos, sobornar a funcionarios.

2. El rico, si es amigo del "político de turno" tiene mayores posibilidades de que esos recursos, que supuestamente iban dirigidos a beneficiar a los pobres, acaben financiando otro tipo de actividades: subsidios a la producción, contención de tasas bancarias, proyectos particulares cuya naturaleza es clientelista, etc. Al fin y al cabo, como bien apunta Mascaró, ¿quién tiene más influencia para que se destine a financiar algo de su interés: un pobre o un rico?

3. Es el Estado el que decide que hacer con la propiedad que, legítimamente, las personas han conseguido: les quita su dinero para transferirlo y, de paso, se deja una comisión; pero el problema mayor, en este caso, es que además se da una transferencia de poder del ciudadano al Estado, de modo que este último reparte como mejor le parezca la riqueza que ni le pertenece ni ha producido. Tenemos entonces una situación en la que la persona se convierte en medio del Estado para alcanzar determinados fines, cuando moralmente debería ser cada persona un fin en sí mismo.

4. El impuesto progresivo desincentiva la riqueza: en economía existe una curva denominada la Curva de Laffer, que explica que cuanto mayor sea la tasa impositiva menor es la recaudación, esto por dos razones: porque la gente busca evitar el pago o porque simplemente ya no tiene más riqueza para permitir la exacción. En ese sentido, o se evade o se desestimula la acumulación de capital, pues ¿quién va a querer trabajar y enriquecerse si sus recursos van a ser absorbidos por el Estado? Esto lógicamente tiene repercusiones a nivel del tejido empresarial de una sociedad, de la cultura y del status moral del individuo.

5. Viola la estructura del Estado de Derecho, en tanto irrespeta los principios de igualdad ante la ley, y afecta los derechos derechos de propiedad privada pues jurídicamente superpone a un grupo social y porque una serie de funcionarios estatales se autodesignan como los "elegidos" para decidir qué hacer con el dinero de otros.

6. Genera un serio problema de ingobernabilidad y de legitimidad. Arbós y Giner definen la gobernabilidad como “la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficientemente dentro de un espacio considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo el libre ejercicio de la voluntad política del poder mediante la obediencia”. Véase que se enfatiza en un espacio considerado como legítimo por la ciudadanía y la legitimidad, como Urcuyo lo explica, puede bifurcarse en dos: legitimidad de origen, que es la razón por la cual se obedece al poder, en tanto su naturaleza es aceptada por la ciudadanía, y legitimidad en ejercicio, que tiene que ver con la gestión gubernamental y con sus resultados, siendo estos los objetos de valoración directa por parte de los ciudadanos. Así las cosas, hablar de un espacio legítimo implica que las personas obedezcan porque el poder político no sólo es válido sino porque sus resultados son satisfactorios. Pero un Estado cuya acción sea la de cooptar la propiedad privada (en este caso el dinero de las personas) no puede ser considerado como legítimo. Hay que recordar lo que Locke señalaba: “la gente no puede delegar en el Estado el poder de hacer algo que sería ilegal hacerlo por ellos mismos”. Y si el robo está tipificado como un delito ¿por qué la naturaleza del acto es diferente al cambiar la naturaleza del sujeto que la realiza? Esta diferencia artificial le resta legitimidad a un Estado y, por tanto, la obediencia política ya no es moralmente exigible, sino que lo es en la medida que la coerción la pueda hacer efectiva. Y si un sistema político tiene que regirse por la fuerza y no por la ley, entonces no es gobernable, siguiendo la definición de Arbós y Giner.

7. Provoca situaciones de violencia a lo interno: la gobernabilidad no sólo se puede ver afectada por la gente que ya no quiere seguir siendo víctima de exacciones monetarias del Estado, sino también por los mismos beneficiarios de las políticas distributivas o de discriminación positiva. Un ejemplo: los indígenas. Piénsese que un gobierno le da privilegios a las etnias "originarias" porque han sido explotadas por los siglos de los siglos. Estas políticas públicas de discriminación positiva producirían un doble resultado: por un lado, quienes deben soportar la carga fiscal que financia las políticas de discriminación positiva a favor de los indígenas, muy probablemente comenzarán a ver con desprecio a estas personas por considerarlas parásitos; esto consecuentemente generará una ola de más racismo y violencia contra los indígenas. Por otro lado, la violencia se dará entre los distintos grupos beneficiarios pues comenzarán a competir ferozmente por ver cuál obtiene más prebendas del Estado, lo cual generará una lucha étnica y una división geográfica a lo interno de los países. Ya eso ha pasado en la mayor parte de los países africanos y la masacre en Sudán fue prueba fáctica de esto. Y no se puede descartar un tercer resultado: que todas estas manifestaciones de violencia, en algún momento, se dirigjan contra el Estado por ser el que fomentó la situación que dio pie a todo el problema.

Estas son tan sólo algunas razones que prueban que la discriminación positiva genera más problemas de los que resuelve (si es que acaso resuelve alguno). Y para no herir susceptibilidades por utilizar el ejemplo de los indígenas, quiero cerrar con un extracto del libro El regreso del idiota, de Carlos A. Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza: "el término indigenismo no se refiere a la legítima valoración cultural e histórica del pasado precolombino, sino a la estafa ideológica mediante la cual, quinientos años después del tropiezo de Colón con las costas americanas, ciertas camarillas políticas y sus comparas intelectuales pretender oponer a los valores occidentales y a la modernidad, una pureza “originaria”"(...) Detrás de la puesta en escena indigenista hay una falsedad colosal que algunos incautos repiten ad náuseam en Europa y Estados Unidos y que ha llegado a instalarse incluso en ciertos sectores de opinión en los propios países andinos. Ella sostiene que 62% de los bolivianos son indígenas explotados por una minoría blanca (…) La sociedad boliviana se divide pues, entre indígenas sometidos y europeos abusivos, siendo los primeros hijos de las naciones precolombinas y los segundos del intruso ibérico de la Conquista, y todo ello estaría a punto de acabar con la llegada al poder de Evo Morales, la reencarnación del rebelde aymara que, antes de morir ajusticiado, prometió: “volveré y seré millones””.


Alejandro Barrantes Requeno

¿Que paguen impuestos los ricos?

A veces, propuestas de apariencia tan bondadosa y razonable como la de “que paguen más los que tienen más” esconden complejidades insospechadas que conviene tener en cuenta.

¿Dónde trazas la línea?

Como de costumbre en economía, existe el problema de definición y cuantificación. ¿Que paguen más los que tienen más? ¿Cuánto más? El concepto de progresividad sirve para medir precisamente esto. Por ejemplo, si todos pagamos un 10% de nuestra riqueza, una persona con una riqueza de € 1.000, pagará € 100 y otra con una riqueza de € 10.000 pagará € 1.000. Claramente, paga más el que más tiene en términos absolutos, pero pagan igual en términos relativos. A esto se le llama un impuesto proporcional. Cuando, por el contrario, el tipo impositivo aumenta al aumentar la riqueza, hablamos de un tipo progresivo. Si, por último, el tipo fuese bajando a medida que aumenta la riqueza, hablaríamos de un tipo regresivo. Pero, aparte del tipo, hay otros elementos que afectan a la progresividad de un impuesto. Por ejemplo, el mínimo exento, las deducciones y los recargos.

Suele suceder que con el fin de asegurar la progresividad y justicia social de un impuesto, éste va complicándose año tras año a medida que el legislador retoca tramos, tipos, deducciones y demás detalles. Esta legislación inestable atenta contra la seguridad jurídica, como ha denunciado, en el caso de España, el Consejo Económico y Social, pues dificulta enormemente la capacidad del contribuyente para mantenerse al día de sus propias obligaciones tributarias.

Las barbas del vecino rico

Una solución habitual consiste en aplicar un importante mínimo exento, es decir, que sólo paguen los más ricos. Es típico que el Impuesto sobre la Renta se cree con la excusa de alguna dificultad temporal y que se haga pagar el pato a los más ricos. Puesto que constituyen la minoría envidiada por excelencia, la medida suele pasar el trámite electoral con una amplia aprobación.

Y, una vez abierto el apetito estatal, arranca el proceso de complicación tributaria descrito anteriormente. De tapadillo, en el caso de España con las leyes de acompañamiento de los presupuestos, va ampliándose el número de personas que deben pagar el impuesto.

En Estados Unidos, por ejemplo, tras varios intentos que el Tribunal Supremo dictaminó inconstitucionales, acabó por aprobarse el impuesto en 1913. Si al principio sólo se cobraba a los más ricos, hoy en día se ha extendido a toda la clase media pues ahí está el verdadero “yacimiento” de donde el Estado puede recaudar.

Riqueza y elusión (o evasión)

Pero no todas las personas tienen la misma facilidad para gestionar un determinado impuesto. Al contrario, son precisamente los más ricos los que tienen a su alcance los mejores métodos de elusión fiscal.

Debe distinguirse siempre entre elusión y evasión, siendo la primera legal y la segunda ilegal. Así pues, infracciones a parte, los ricos tienen más facilidades para evitar pagar un determinado impuesto aunque sea solamente porque pueden pagarse mejores asesores fiscales.

Cada vez que la gente trata de castigar a los ricos, éstos no se conforman simplemente sino que reaccionan. Tienen el dinero, el poder y la voluntad de cambiar las cosas. No se sientan sin más y pagan voluntariamente más impuestos. Buscan maneras de minimizar su carga fiscal. Contratan abogados y contables astutos, convencen a los políticos para que cambien las leyes o creen lagunas legales. Tienen los recursos para que se hagan cambios y excepciones. [...] Los pobres y la clase media no tienen los mismos recursos; permiten que el Gobierno les exprima sin compasión.

He aquí, por lo tanto, una de las típicas “paradojas” de las políticas redistributivas: cuanto más progresivo es un impuesto, más complicada suele hacerse su ley pero, en cualquier caso, más se estimula al rico (que es el que puede hacerlo) para que eluda (o evada), mientras el pobre y la ciudadano común pasan por el aro.

Es obvio que al proponer una mayor contribución por parte de los ricos, lo que se persigue es una trasferencia de renta hacia los pobres. Nadie propondría cobrar más a los ricos para gastar después esos ingresos fiscales en beneficio de los ricos.

Y, sin embargo, no es sólo que los ricos lo tienen más fácil para no pagar. Es que también lo tienen más fácil para conseguir beneficiarse de las prebendas del Estado. Es decir, cuando el Estado ya ha recaudado (a quien sea, seguramente a la clase media), ¿quién tiene más influencia para que se destine a financiar algo de su interés: un pobre o un rico? ¿Es casual que las aceras de los barrios pudientes suelan estar mucho mejor arregladas que las de los barrios marginales, aunque en ambos barrios sean obra del mismo ayuntamiento?
Resultado: intenciones y discursos aparte, con la excusa de los pobres, el Estado recauda a la clase media y acaba disfrutándolo el rico compinchado con el político de turno.

La ley corruptora


Nótese que no es una mera cuestión de mala fe o debilidad moral por parte de la persona que ocupa el cargo. Se trata de la presión que una ley llega a ejercer sobre una persona.

Piénsese en casos como el de las aceras antes mencionado. ¿Puede evitarse ese tipo de entendimientos entre el concejal y el vecino rico cambiando de concejal? No, el concejal entrante sabrá que ahora puede pedir una comisión mayor al rico, la prima de riesgo ha subido.

¿Puede evitarse subiendo el sueldo al funcionario? Eso implica un aumento del gasto público, que habrá de financiarse con más impuestos y así se realimenta el ciclo perverso.

¿Puede evitarse con supervisores independientes? Eso implica más personas a quien sobornar (lo cual, hasta cierto punto no representa problema para el sobornador), pero también más impuestos. Conseguimos lo peor de las dos propuestas anteriores: más soborno y más impuestos que realimentan el ciclo.

Considere el problema desde todos los ángulos que pueda. La amenaza corruptora radica en que la ley trata de empobrecer precisamente a quien más claramente ha demostrado que sabe defenderse del empobrecimiento. Y, ¿qué mejor manera de evitarlo que conseguir un acuerdo mutuamente provechoso con quien debería aplicar esa ley?

La transferencia que importa

Hay todavía, una cuestión más a tener en cuenta cuando se propone transferir riqueza de ricos a pobres. O de rubios a morenos. O de guapos a feos... No sólo transferimos efectivo del Señor A al Señor B, quedándose una parte el Señor Estado en concepto de gastos de gestión. Es que se otorga el derecho de decisión sobre la propiedad a una nueva persona, el Señor Estado.

A la postre resulta mucho más importante la transferencia de poder desde un determinado ciudadano hacia el Estado que la de dinero desde ese mismo ciudadano hacia otro. Con esta transferencia de poder se ha aceptado implícitamente que el propietario ultimo de esa riqueza no era el ciudadano sino el Estado. Acaba imponiéndose de facto que la riqueza, toda, es propiedad del Estado y que éste, graciosamente, nos concede conservar una parte para nuestros quehaceres. Y este porcentaje suele ir menguando.

¿Te estimula?

Pero, dejando a un lado todas las dificultades que se encuentra el Estado cuando intenta recaudar más a los ricos; si lo logra en alguna medida, se desencadena toda una serie de consecuencias perversas.

Seguramente el principal efecto de gravar algo es que ese algo queda desincentivado. Si ponemos un impuesto sobre las libretas de tapa verde pero no sobre las de tapas de otros colores, veremos como las ventas y la producción de las primeras caen en beneficio de las últimas. Si ponemos un impuesto sobre los ricos, ¿seguiremos todos esforzándonos para prosperar igual que lo hacíamos antes?

Pongamos que en una sociedad se aplica una redistribución tal que al final todos tienen € 100. Es decir, si uno tenía € 300, se le cobran € 200 que después se reparten entre los pobres. Y si uno tenía € 90, entonces recibe una ayuda de € 10. ¿Usted se esforzará para conseguir € 300? Tanto si se esfuerza mucho por conseguir eso, como si se esfuerza un poco menos y consigue sólo € 200, al final le quedarán sólo € 100.

Posiblemente se sienta tentado a no esforzarse más de lo estrictamente necesario para llegar a los € 100. Y, de hecho, ¿por qué realizar siquiera ese esfuerzo? Observe que cuando algunos se den cuenta de esto y modifiquen su comportamiento en consecuencia, el total a repartir habrá disminuido y, al cabo del año usted, por más que se haya esforzado, no recibirá siquiera los 100 € sino menos. Y al año siguiente menos todavía. El Estado que consideraba que la riqueza nacional era un pastel a repartir ve entonces con horror que el pastel a duras penas crece... ¡o incluso se encoge!

¿Podrá alguien honestamente sorprenderse de que una sociedad que grava la riqueza y subvenciona la pobreza acabe sin la primera y se hunda en la segunda? En la Unión Soviética, los trabajadores tenían un dicho: “ellos hacían como que nos pagaban y nosotros hacíamos como que trabajábamos”. Y eso tenía dos consecuencias.

Una era fea y se llamaba estajanovismo: para evitar el “sabotaje capitalista”, es decir, para evitar que la gente que sólo va a cobrar menos de € 100 se esfuerce por debajo de ese límite, se pasaban películas de trabajadores extraordinariamente productivos. El más famoso fue el minero Estajanov cuya labor, emitida cinematográficamente a cámara rápida se hacía pasar como un récord de producción. Fue la cúspide de la tergiversación propagandística.

Si esto era feo, más fea era la otra consecuencia: el inevitable “ajusticiamiento” a los saboteadores. Claro que se trata de dos casos extremos, pero su raíz se encuentra también en sociedades no tan desalmadamente “igualitarias”.

Para quitarle dinero a uno y dárselo a otro hará falta un lavado de cerebro generalizado (y ni Estajanov convenció a los desdichados rusos) o una campaña de acongojamiento de masas. Habrá que dar escarmientos. Un Estado que no asuste no podrá de ninguna manera redistribuir. Cuanto más quiera redistribuir, más tendrá que asustar al contribuyente.

Justicia igual o justicia igualitaria

Persiguiendo el ideal de una sociedad en que todos son iguales, el Estado se ve abocado a una carrera en la que ha de tratar de forma extremadamente desigual a sus súbditos. No se trata de igualdad ante la ley sino de moldear a cada uno hasta hacer que, por ley, todos sean indistinguibles.

Pero, como hemos visto, la naturaleza humana se escurre por entre las garras del Estado en mil y una formas. Las políticas que atentan contra el humano deseo de prosperar producen efectos nocivos en toda la sociedad. Pero no se alcanzan los fines porque no son compatibles con la condición humana.

Quien pretenda acabar con la pobreza hará bien en estudiar sus causas y las de la riqueza. Pero no podrá sorprenderse cuando, actuando contra la riqueza, vea que ésta se le escurre.


Antonio Mascarò Rotger, tomado de www.liberalismo.org