La columna de Carlos Federico Smith: zonas francas y empleo en el país

Francamente no he logrado entender las quejas que suelen aparecer en redes acerca de la actividad económica de las zonas francas, quejas que destacan que las empresas ubicadas al amparo de las leyes de zonas francas, no pagan impuestos al país.

De hecho, las empresas que se instalan en las zonas francas “están exoneradas de cancelar el impuesto sobre la renta, a las importaciones, a la propiedad, municipales, ventas a las compras locales de bienes y sobre la repatriación de utilidades,” según indica La Nación en su artículo del 14 de diciembre, titulado “Zona franca aporta el 12% del empleo del sector privado.” 

La razón por la que no pagan esos impuestos se debe a que las firmas de zonas francas producen bienes que, en esencia, se dirigen hacia el mercado internacional, en donde las condiciones de competencia exigen que las empresas no puedan competir si han de pagar esos impuestos, comparadas con otras del resto del mundo que, cuando exportan gozando de circunstancias tributarias como las indicadas en el caso nacional. Se les exime pues la competencia mundial no tiene que pagar gravámenes como esos, lo que les daría una ventaja comparativa frente a empresas ubicadas en el país y con las cuales compiten, y que, alternativamente, tendrían mayores costos por los impuestos citados.

Esa exoneración no se aplica cuando el producto de zona franca se vende en el país, usualmente parte muy pequeña de la producción de esas firmas. En tal caso, lo vendido en el país paga impuestos como si fuera una importación proveniente de una exportación de cualquier otro país del mundo.

Lo que no se suele decir es que, por ejemplo, los sueldos y salarios, así como las cargas sociales a los trabajadores de esas firmas de zonas francas, pagan los mismos impuestos y las mismas tasas que las correspondientes a cualquier otro ciudadano que trabaje en otra parte del país. Algunos datos al respecto provienen del informe Balance de las Zonas Francas: Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica (base del artículo de La Nación antes referido): los salarios pagados en el 2018 ascendieron a “$2.147 millones (¢1.300 miles de millones).” Por su parte, las contribuciones a la Caja en ese año “fueron de $508 millones (¢321.552 millones)” y para el INA, “$32 millones (¢19.488 millones). Se ha estimado que, por cada dólar eximido de impuestos, las empresas de zonas francas dan lugar a 6.2 dólares que se quedan en el país.

Por supuesto, los trabajadores no sólo pagan impuestos personales sobre la renta, sino también impuestos de ventas, consumo, marchamos, municipales, toda la parafernalia impositiva con la que nos cargan a nosotros los ciudadanos ordinarios. Todo eso lo ignoran aquellos críticos de las zonas francas que mencioné.

Pero hay más. Es notorio el serio problema de empleo que estamos viviendo los costarricenses, de alrededor de un 12% de la fuerza de trabajo. Lo que debo destacar es que, en muchas ocasiones, cuando uno lee en un medio o escucha en un programa de noticias de televisión, que una empresa en estos días aumenta o genera nuevo empleo, casi que, sin duda, se trata de una empresa de zona franca. Mi hipótesis es que, la única diferencia esencial -o posiblemente la más significativa- que hay entre una empresa que opera fuera de zonas francas (aquí extrañamente llamadas empresas del régimen definitivo), y las firmas de zonas francas, es la exoneración a estas de tales impuestos.

Pienso que, si lo que queremos es que las empresas generen empleo, que haya inversión privada interna, tanto como la externa, que exista mayor demanda de trabajo formal (no el subterráneo que crece cada vez más), es necesario pensar seriamente en revisar el oneroso sistema impositivo a las empresas ubicadas fuera de zonas francas o, mejor aún, que todo el país se convierta, en lo impositivo, lo más cercano posible a una zona franca.

Noten que las 375 empresas de zonas francas aportaron, en el 2018, empleo para un 12% del total del empleo formal del sector privado. Exactamente, 115.161 trabajos directos y 57.411 de empleos indirectos. De ese empleo directo, un 42% fue de mujeres y las empresas de servicios demandaron un 60% de ese empleo directo.

El hecho es que hoy la demanda de trabajo sigue creciendo en zonas francas, mientras que, fuera de ellas, está relativamente estancado. Un gobierno que considere políticas apropiadas para generar empleo para la fuerza de trabajo doméstica, debería adoptar prácticas exitosas para todo el país, como son las de zonas francas.





Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: problemas de eficiencia en el Poder Judicial

Creo que el Segundo Informe del Estado de la Justicia -parte del Programa del Estado de la Nación- el cual lo recoge La Nación en su edición del 20 de abril, hace un valioso aporte al país al revelar el serio problema de ineficiencia productiva de nuestro Poder Judicial, de acuerdo con diferentes e importantes indicadores. El comentario se titula “Productividad judicial cae pese a más personal y presupuesto: Informe del Estado de la Justicia no encuentra explicación a baja en rendimiento en 15 años.”

Quiero señalar algunos de los hallazgos de ese estudio. Empiezo por uno que considero debió ser mejor analizado, aunque el resultado siempre habría sido igual de revelador. Se trata de que, aunque el presupuesto de dicho Poder haya aumentado, su productividad ha disminuido, indicando que, “por ejemplo, hace quince años, el presupuesto por cada funcionario era de $32, mientras que en la actualidad para el 2015, pasó a $156.” La inflación en dólares en Estados Unidos en el período diciembre del 2010 a diciembre del 2015 fue de casi un 36%. Si asumimos que esa inflación en dólares fue igual en el país, en términos reales, el presupuesto por funcionario pasó de $32 a $115 aproximadamente, lo que daría una idea más exacta -pero similar- del problema: un aumento anual real promedio del 17.3%.

A pesar de lo anterior, el incremento en el número de empleados varió: de “160 servidores por cada 100.000 habitantes; 15 años después esa cifra se elevó a 246.” Esto es, un aumento anual promedio aproximado de 3.6% anual. 

Por contraste, si medimos “la producción” del Poder Judicial, en términos de tres indicadores, primeramente, la cantidad de casos atendidos por un juez de primera y única instancia, pasó de “2000, [en que] ingresaron 844 procesos; en el año antepasado, entraron 529,” indicando un descenso anual promedio aproximado del 4%. En segundo lugar, otro indicador de producción que analiza el informe citado, señala que la cantidad de casos terminados por los jueces descendió “de 841 procesos terminados en el 2000 a 491 en el 2015”. Esto es, una caída anual promedio de alrededor de un 4.75%. Tercero, si se mide por el número de sentencias dictadas, varió de “958 sentencias en el 2000 a imponer sólo 135” en el 2015.  Es decir, una disminución anual promedio de más o menos un 40.6%. Este último dato es, sin duda, impresionante.

Otro dato relevante en ese mismo sentido es que en dicho lapso se acumularon los casos apilados en los despachos, a pesar de duplicarse en ese mismo período el número de “jueces, fiscales y defensores por cada 100.000 habitantes.” Así, el número de expedientes activos, que el medio llama “varados en un escritorio”, pasó por cada juez de primera instancia “de 824 en el 2000 a 839 en el 2015”; esto es, casi que se estancaron, en tanto que los que están en trámite -el periódico los llama como que estaban en una etapa más cruda- por cada juez pasó “de 467 en el 2005 a 563” en el 2015.  Esto es, la “presa” va aumentando. 

La investigadora que coordinó el informe, Evelyn Villarreal, indica, algo que lo deja a uno muy preocupado, es que no encontraron ante ese fenómeno determinado “que se haya dado un cambio procesal, o algo que hiciera los procesos más complejos. No encontramos nada, no encontramos una gran explicación.” Preocupa que no se señale el porqué de esa declinación tan significativa y que se sugieran remedios a la situación. Por ello, es crucial que las autoridades responsables administrativamente de estos asuntos, se dediquen de inmediato a encontrar las causas del descalabro.

En el caso particular del Organismo de Investigación Nacional (OIJ) -ente del Poder Judicial- tan sólo en el 2015, de cada 100 denuncias recibidas, 71 no se resolvieron. Se aduce que se debe a que “el 85% de las quejas interpuestas son contra ignorado; es decir, el ofendido no conoce el autor del supuesto delito.” Lo que se podría pensar como una justificación aceptable, más bien muestra una baja capacidad de resolver los procesos de investigación, en cuanto a la identificación de los denunciados. Son muchos los ciudadanos que posiblemente ni siquiera se molestan en denunciar hechos delictivos, pues el porcentaje de identificación de los delincuentes demuestra ser muy bajo. 

Este reporte es muy útil no sólo porque la sociedad destina una cantidad muy elevada de recursos para administrar la justicia, sino también porque, a pesar de ser unos fondos crecientes, la productividad va cada vez peor. Urge una acción definida de los diversos responsables de la administración de justicia, para enderezar esta situación tan lamentable, la cual sólo redunda en un mayor desprestigio y desconfianza de los ciudadanos, ante los entes encargados de llevar a cabo una tarea esencial del estado. La ineficiencia del Poder Judicial debe ser enfrentada prontamente.

Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: enfrentar la realidad YA (Parte I)

Para los objetivistas, la realidad no permite contradicciones: las cosas son o no son. Por ejemplo, si uno camina hacia un precipicio, no importa cuánto crea uno que ese precipicio no existe, siempre caerá en él. Esto también es así en la realidad económica. No importa cuánto nos engañemos de que podemos seguir caminando hacia el precipicio sin caer, con más deuda, más gasto corriente, más inflación, más regulación, más coerción fiscal y más intervención estatal generalizada, siempre terminaremos cayendo al precipicio. Solo es una cuestión de tiempo. 

Pero, dado que la arrogancia de la propia certeza y la obsesión de evadir la realidad son la característica de los gobiernos intervencionistas, es poco probable que nuestros líderes políticos logren ver la realidad antes de que todos caigamos al precipicio.

Resumo las ideas de Murray Rothbard sobre la intervención estatal: los déficits y la deuda creciente se han convertido en una carga intolerable sobre la sociedad y la economía porque aumentan la incertidumbre y la carga de impuestos en el futuro y drenan los recursos disponibles para el sector productivo con el fin de entregárselos al sector parasitario improductivo del sector público.

Además, cuando los déficits son financiados por medio de la expansión crediticia -o sea, creando dinero de la nada- es aún peor, dado que la inflación crediticia genera inflación de precios permanente, así como burbujas impredecibles en sectores ya saturados.

Tamaño círculo vicioso es tan real ahora como lo fue hace 30 años; y sin embargo, economistas en puestos de poder como el actual presidente del BCCR, Rodrigo Bolaños, siguen sin aceptar la realidad tal y como se nos presenta. Así nos lo deja ver el propio Bolaños cuando dice, ante las cifras recientes del IPC: “Los factores que acicatearon el crecimiento en el IPC serían transitorios y los indicadores de inflación a más largo plazo todavía se ubican dentro del rango meta de la Autoridad Monetaria”. Pero esta meta, que tanto cita la autoridad monetaria, no toma en cuenta el carácter impredecible del inicio de un ciclo inflacionario, cuando la intervención del Banco Central, aparte de ampliar la masa monetaria de manera progresiva, también ha generado incertidumbre, lo que hace que los empresarios busquen mayores ganancias con menos inversión para contrarrestar una inflación futura, acentuando de tal manera el círculo vicioso.

La economía se mueve gracias a la inversión creativa, así como la innovación que logra vencer la ley de retornos decrecientes y funda el proceso de capitalización que se logra con estabilidad económica. Pero, cuando por intervención del Estado, el capital de riesgo se convierte en "capital sin riesgo" (especulativo) y la economía se descapitaliza por culpa del gasto improductivo estatal, entonces es cuando vemos que la inflación aumenta y la pobreza florece como una mala siembra

Por esta razón, si el gobierno no impulsa medidas que promuevan la inversión y el empleo lo antes posible, bajando los costos de transacción de empresarios y consumidores, lo que podríamos forjar en un futuro cercano es un estancamiento con inflación, desde ya empobrecedor, por añadidura las condiciones del ambiente más propicio para la especulación desenfrenada.

Ya no se trata de interpretaciones, sino de algo muy simple: admitir una realidad que grita y a los cuatro vientos.

Andrés Pozuelo Arce

Jumanji empresarial: alharaca sobre los transgénicos

Toda la alharaca alrededor de los transgénicos nos debe llevar a una juiciosa reflexión sobre las verdaderas raíces de conflicto que genera un tema científico, que como otros, tendría que entusiasmarnos y estimular nuestra participación en la búsqueda y hallazgo de nuevas formas de dominar la naturaleza para beneficio de la humanidad.

Así como el descubrimiento del microchip no nos ha convertido en monstruos, pero sí nos ha hecho más prósperos, de idéntica manera el dominio de la genética vegetal y animal nos ayudará a aumentar el nivel de bienestar del género humano. Lo que necesitamos es más libertad para experimentar y más confianza en que el ingenio y la ética humana nos llevarán por el camino correcto, como hasta ahora lo han hecho.

Pero, ¿qué es lo que hace que las fricciones ideológicas contaminen el ambiente científico, tanto en este como en muchos y variados temas? La respuesta es más vieja que las mismas ideologías: miedo al monopolio del conocimiento y aversión al concepto de ganancia empresarial.

En lo que respecta al monopolio del conocimiento y de las ideas, la solución está en hacer un relevamiento completo de las leyes de propiedad intelectual que promueven la monopolización del conocimiento a favor de grupos económicos con capital, y que tienen acceso a las fuentes de investigación subsidiadas por los gobiernos (universidades e institutos). Es necesario desmitificar las razones para otorgar patentes sobre ideas e invenciones que, de todas formas, se dan en un ambiente de cooperación económica, donde el escenario heurístico es el propio mercado. Ningún descubrimiento o invención surgen de un vacío, sino que siempre son parte de la inercia misma de la destrucción creativa, tarea de la que se encargan muchos creadores independientes al actuar en resonancia espontánea dentro del mercado. De modo que argumentar que alguien tiene un derecho exclusivo para lucrar con la explotación comercial de una idea –por la simple razón de que posee un registro legal arbitrariamente asignado–, no tiene ninguna lógica económica.

La aversión al concepto de ganancia empresarial es un aspecto que requiere de análisis, tanto psicológico como sociológico. La ganancia, además de ser un incentivo para la inversión, constituye un precio por el capital invertido y arroja una señal de mercado importantísima. Pero, por razones de dialéctica ideológica histórica, el concepto de ganancia se ha convertido en un arma de doble filo para la argumentación a favor de la actividad empresarial, que es la base de la conquista y el aumento de la prosperidad de la civilización en general.

Sin un incentivo para transformar el capital, el empresario simplemente no se activa, y por consiguiente la sociedad se ve privada de los beneficios innovadores de estos agentes dinámicos de la economía. Pero estos incentivos deben ser espontáneos y no perversos (por intervención estatal), para que realmente el valor que se agregue en el mercado sea real y no ilusorio.

En la naturaleza todo es transgénico, dado que desde los inicios de la vida celular, la naturaleza no ha discriminado a la hora de experimentar con combinaciones genéticas, seleccionando aquellas que más se adaptan a las condiciones ambientales. La diferencia es que ahora los seres humanos tenemos el conocimiento para hacerlo mejor y más eficientemente.

Así qué no tiene sentido que incorporemos miedos infundados en esta ecuación heurística, por razones ideológicas obsoletas.

Andrés Pozuelo Arce

Siete hermanas golpeadas

Las grandes compañías petroleras no son muy queridas en América Latina. En Venezuela, el señor Hugo Chávez la ha emprendido contra Exxon-Mobil. Ha decidido castigarla porque la empresa norteamericana se ha querellado contra su gobierno en los tribunales internacionales por incumplimiento o ruptura de contrato. Para Chávez el ejercicio de un derecho ante la violación de unos acuerdos es una afrenta a la nación y a la revolución bolivariana. Tampoco se sabe por qué el pobre Bush acabó pagando los platos rotos. Chávez volvió a insultarlo por el fallo de los tribunales británicos. Cada vez que Chávez está aburrido, la emprende contra el presidente americano. Solo lo deja descansar cuando se entretiene injuriando al colombiano Álvaro Uribe.

En Ecuador ocurre más o menos lo mismo. Los enfrentamientos más pintorescos (aunque no los únicos) del gobierno del popular presidente Correa son contra Chevron. Ignorando varios fallos judiciales anteriores, y con la complicidad de voraces abogados norteamericanos, siempre dispuestos a litigar con razón o sin ella si el demandado posee un cofre jugoso, el Gobierno de Quito, unido a ciertas inefables ONG verdes, pretende, demagógicamente, que la compañía abone miles de millones de dólares como compensación por unos supuestos daños ecológicos a los que ya les hizo frente hace años, y a los que Petroecuador, el gran responsable, ignora olímpicamente.

En realidad, es fácil golpear a las petroleras. Tienen mala prensa. Cada vez que un motorista debe llenar el tanque del auto suele maldecirlas. ¿A tres dólares el galón?, ¿mucho más en Europa? La reacción es de odio eterno, sin advertir que quienes menos ganan son las estaciones de gasolina: apenas unos centavos. Ante la duda, la culpa es de las petroleras. Las han acusado, a veces con razón, de ser peligrosamente poderosas, de abusar de la condición de monopolio, de elevar artificialmente los precios, de desatar guerras, y de envenenar el medioambiente. Casi todos los Gobiernos, incluido el norteamericano, de alguna manera se han enfrentado a ellas.

América Latina. Tal vez esto era parcialmente cierto hace unas cuantas décadas, pero aquellas famosas “Siete hermanas”: Standard Oil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Texaco, Chevron, Exxon, Mobil, ya no son lo que eran. Si en una época acaparaban el 80% de la producción y las reservas de petróleo y de gas del planeta, hoy andan por menos del 10% y son solo una sombra de lo que fueron. Han sido reemplazadas por otras siete hermanas, en este caso empresas estatales, a las que hay que imputarles el astronómico precio del petróleo y otras calamidades adyacentes. De acuerdo con el Financial Times , estas son las nuevas villanas: Saudi ARAMCO (Arabia saudita), Gazprom (Rusia), CNPC (China), NIOC (Irán), PDVSA (Venezuela), Petrobrás (Brasil) y Petronas (Malasia).

No tiene sentido preguntarse por qué hay tan pocas inversiones internacionales en América Latina. Lo sorprendente es que continúen fluyendo, aunque sea a cuentagotas, pese al incumplimiento de los acuerdos y a la poca seriedad del poder judicial en casi todo el ámbito latinoamericano. Me lo dijo un importante banquero español, cuyo nombre, naturalmente, no puedo mencionar: “hemos perdido diez años preciosos en América Latina luchando contra la arbitrariedad”. Y luego agregó, con cierta melancolía: “no tiene sentido hacer negocios fuera del Primer Mundo. Lo que ganas en una década lo pierdes en una semana cuando un gobernante tramposo te cambia las reglas del juego”.

Las inversiones extranjeras, además de ser una fuente de trabajo, son el gran vehículo para la transmisión de tecnología y, en nuestros días, para multiplicar la productividad con técnicas modernas de gerencia, y hasta para aumentar eso que en el pasado llamaban “conciencia social”. Se ha abierto paso una nueva visión moral de las relaciones entre la sociedad y el aparato productivo, y las grandes empresas asumen como parte de su tarea lo que llaman “responsabilidad social corporativa”. No es verdad que la única obligación de los empresarios y de sus ejecutivos es procurar beneficios. La pobreza, las enfermedades, la calidad de la educación y el cuidado de la naturaleza también les conciernen a las empresas serias, no solo por razones de índole ética, sino porque es más fácil y rentable hacer negocios en un ambiente saludable y próspero que en medio de un paisaje de violencia, niños harapientos y casuchas de tabla y zinc. Pero nada de esto parece importar en casi toda América Latina. Por eso, cada año que pasa somos un poco más insignificantes.

Carlos Alberto Montaner