La columna de Carlos Federico Smith: la importancia de los horarios

Casualmente, dos noticias de estos días se refieren a “horarios.” Una de ellas se publicó en La Nación del 17 de mayo, bajo el encabezado “Director del IAFA destituido por la Junta Directiva tras desacuerdos con funcionarios que incumplían horarios” y, la otra, por el mismo medio en su edición del 21 de mayo, bajo el título “Muelleros de Japdeva sólo ‘cumplen horario’ a falta de barcos.”

Me referiré a estas dos variaciones sobre un mismo tema. Primero, las noticias de JAPDEVA. Resulta que, ante la falta de llegada de barcos a los antiguos muelles de Limón, “los empleados… solo atienden naves de carga mixta o graneleros, en los muelles de Moín y Limón; es decir, menos de la tercera parte del trabajo que antes realizaban.” Eso por la atención de barcos contendedores que ahora se da en el nuevo muelle de APM Terminals.

Tal cosa era esperable, pues las nuevas tecnologías y las reglas de eficiencia hacen que los muelles viejos se sustituyan por otros más eficientes. Al no llegar tantos barcos a los viejos muelles, uno esperaría que una empresa disminuyera el personal que allí trabaja (pagado, en última instancia, por los usuarios, que ahora han bajado). Se lerdearon en acomodar al personal sobrante en otras instituciones públicas, como se les ofreció, pero la movilización horizontal no tuvo éxito, posiblemente porque ciertos privilegios que se tenían en JAPDEVA, serán menores en las nuevas alternativas. 

Asimismo, se ha buscado generar nuevas fuentes de empleo, pero en esencia se trata de proyectos que, si bien “apenas se están desarrollando los estudios de factibilidad y mercado de esas iniciativas,” apenas han sido mencionados, como transformar uno de los muelles en una central de cruceros y una marina en dicha ciudad, crear una zona de transporte intermodal en Moín, un muelle pesquero en Cieneguita y otro centro de logística en Liverpool, también en la provincia. Igualmente, se ha propuesto ampliar el actual muelle de Moín. 

Pero, todas estas ideas, que bien podrían ser buenas y, tal vez, hasta rentables, en apariencia serían administradas y propiedad de JAPDEVA; esto es, en manos del estado. Por la experiencia, incluso vivida en la propia JAPDEVA, sabemos que, cuando las empresas las administra el estado, la eficiencia económica es, si acaso, un asunto secundario. Tal vez abrir ofertas para que empresas privadas se encarguen de llevar a cabo esos proyectos y operarlos bajo el sistema de concesión, sería una mejor guía hacia la eficiencia económica, lo que beneficiará no sólo a trabajadores y empresas, sino, en general, a toda la economía nacional. Una empresa privada no incursionaría en un negocio en donde se generan pérdidas, pues perdería su capital. Tal cosa no es importante en la propiedad estatal, pues allí simplemente los fines son políticos.

Uno esperaría que con en esas operaciones privadas no habría trabajadores que son contratados para no hacer nada, ante la falta de demanda del servicio producido, sino que dependerían de las demandas de los consumidores o usuarios. No tendría sentido tener trabajadores de más; los horarios de trabajo serán los efectivamente requeridos para trabajar en satisfacer a los usuarios del servicio. Se tiende al uso óptimo de los recursos escasos. A la fecha, JAPDEVA tiene 1.400 trabajadores con un costo estimado para este año de ¢41.650 millones y de él, “la mitad corresponde a pluses salariales.”

De hecho, me temo que pronto veremos trasladar a los contribuyentes las pérdidas de la vieja JAPDEVA, a menos que se revierta la situación actual, eso sí, sin mediar subsidios ni transferencia de índole alguna. (Al cierre del 2018, las pérdidas de JAPDEVA ascendían a ¢3.146 millones). Abrir espacios a empresas privadas, como indiqué arriba, podría generar los recursos para pagar esas obligaciones, unas heredadas y otras por presentarse en fechas próximas.

El segundo tema de los “horarios” en este artículo se relaciona con el despido, por parte de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), de su director, el señor Javier Vargas Vindas, psicólogo clínico de profesión.

En palabras del señor Vargas, “Las razones que (le) dio la Junta Directiva es que no tuv[o] las habilidades blandas que debe tener un director para poder ser intermediario entre los acuerdos de junta,” y que “desde el inicio había algunos empleados que se aprovechaban en alguna medida de los horarios convenidos, de no marcar entrada, agarraban más tiempo de la hora para comer o llegaban más tarde a laborar… Un grupo de gente solía llegar tarde. Mi función administrativa era poner orden”, además de hacer otras funciones propias de su cargo.

No sé si efectivamente el funcionario despedido se lo merecía, pero, si el despido se debe a que puso o intentó poner orden en el cumplimiento de los horarios, más bien lo apropiado sería darle un reconocimiento por esa buena labor, pues quienes no cumplen debidamente con los horarios son empleados que todos los contribuyentes pagan. De ser cierta y atribuida como causal del despido, por el contrario, esa gestión del funcionario debería divulgarse, para que ojalá sea imitada en muchos otros entes públicos. 

Repito, no sé si esa fue la razón del despido, pero, ante esas denuncias del funcionario Vargas, el Servicio Civil o la Contraloría General de la República, si es del caso, deberían intervenir y, ni que se diga del ministerio de Trabajo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: no podían faltar...

Junto con otro montón de entes públicos, que objetaron y plantearon recursos antes la Sala Constitucional y otros cuerpos resolutivos, para quitar lo poco de reducción de gasto contenido en la ley fiscal aprobada a fines del año pasado, otro par de prominentes sindicatos del sector público, la ANEP y el de empleados del Banco Nacional, no podía faltar en la embestida legal para conservar sus privilegios.
 

Así, se unen a varios sindicatos del Poder Judicial, a la Junta de Protección Social, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las universidades públicas (UCR, UNA, UNED, TEC y la Técnica Nacional), en el ataque contra la limitación a sus privilegios.
 

Si bien, previamente, los magistrados de la Corte Suprema, incluso contra la opinión de la Sala Constitucional, habían determinado en noviembre del año pasado, que “no había vicios de procedimiento ni de forma en la iniciativa” en la ley que finalmente fue aprobada por el Congreso, la información de este nuevo embate la consigna La Nación del 16 de abril, bajo el título “Sindicatos reclaman a la Sala IV privilegios por ¢23.000 millones” Aunque la reducción lograda fue de un ínfimo 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB), tengan presente que esa ley no intentaba reducir el gasto gubernamental, sino frenar su crecimiento, lo que, de por sí, sólo nos anticipa problemas de un serio nuevo déficit a futuro. Y a eso agregue el efecto si es legalmente aceptado el reclamo de freno al gasto de privilegios, que está en disputa en la Corte Suprema
 

Ahora los oponentes a las reducciones del gasto, cambian de ámbito de decisión en torno al freno señalado a ciertos privilegios salariales, presentando sus acciones en la Sala Constitucional, la que, en el pasado, sí había manifestado objeciones a aquella ley tributaria. Posiblemente consideran que, al hacerlo en tal vía, tiene posibilidades mayores de éxito en conservar sus privilegios. Se espera, eso sí, que haya una serie de recusaciones de jueces de la Sala Constitucional, quienes, orbi et urbi, en su momento, manifestaron su desafecto y rechazo al proyecto que contenía las reducciones de pluses, que finalmente se aprobaron como ley y que ahora se disputa en dicha Sala.
 

Es posible que aleguen que ese cambio de vía judicial se deba a que objetan violaciones de derechos a trabajadores y “derechos adquiridos,” que, en realidad, son simples privilegios otorgados a cierto grupo específico de trabajadores, pagados por toda la ciudadanía. Vale la pena señalar que, quienes presentan esta acción legal, consideran que no se violaron los derechos de los ciudadanos, cuando a ellos se les despojó de sus recursos con impuestos que dan manutención a los pluses de privilegio de esos accionantes.
 

Se oponen al recorte de las anualidades a empleados públicos para que sea de hasta un 1.94% a los profesionales y de un 2.54% a los no profesionales, de sus escalas salariales, y que, para recibirlos, sea resultado de una evaluación que los valora como buenos o excelentes. Ese porcentaje, así definido, a futuro será de un monto fijo. (Antes, esos porcentajes eran de hasta un 10% anual, en algunas instituciones).
 

También, objetan el cambio en la cesantía, que en muchos casos era superior a 12 años, que ahora se definió como tope en la nueva ley, piden que ahora sea sólo para trabajadores nuevos y que se excluya a los viejos que han estado cubiertos por una convención colectiva. (En el sector privado productivo la cesantía es de 8 años).
 

Asimismo, objetan que una serie de pluses, como zonaje, trabajo en las alturas, discrecionalidad, escalafón administrativo o riesgo, sean montos fijos, según la escala salarial del 2018, y que se conserven como estaban.
 

El medio indica que, si la Sala IV acoge y “falla a favor de las acciones, podría obligar al gobierno a hacer el pago retroactivo de los montos,” que no percibieron ante las reformas, y que “tendría que retribuir el concepto económico faltante de cesantía” al dejar de trabajar para el estado.
 

Obviamente, no faltaron los compas sindicales que apoyaron esas acciones de los sindicatos arriba citados (coadyuvancia se le llama a ese respaldo legal); entre ellos, el de la Universidad Nacional, el del Banco Popular y el de profesionales en ciencias médicas SIPROCIMECA. Cabe esperar ver si la razón sustituye a la fuerza o si sigue el privilegio.
 

De tener éxito legal todas esas gestiones, veremos otra loza más en el camino empedrado en el declive del país hacia su ruina económica. Similar a la ruta de Grecia (y de otros países), que se negó a hacer las reformas fiscales indispensables y, más bien, recargó el peso del ajuste sobre los ciudadanos y en su ya casi extinto aparato productivo, mientras que el gasto gubernamental casi seguía incólume. De tener éxito esos sindicatos, ni siquiera tendría vida el poco freno que se intentó al crecimiento el gasto con el paquete tributario recientemente aprobado y, más bien, la conservación de los privilegios que tenían antes de la reforma última, estimulará nuevas pretensiones para mayores privilegios sindicales en una muy amplia burocracia.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: oscuras perspectivas para el régimen de pensiones de la Caja

Ciertamente, tal vez la noticia no es del todo una novedad, pero sirve mucho como recordatorio de lo esperable del régimen de pensiones de la Caja (el llamado IVM), si no se toman medidas indispensables para su conservación, si es que eso es deseable.

La información que sirve de fuente de información se titula “IVM al borde de la crisis por caída en la cantidad de cotizantes,” contenida en La Nación del 3 de abril.

El comportamiento demográfico de Costa Rica es un elemento primordial en esta crisis, pues ha venido disminuyendo el crecimiento relativo de los cotizantes al IVM, a la vez que aumenta mucho (como era esperable) el número de pensionados de ese régimen. Este fenómeno no es exclusivo -no busco justificarlo con aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”- sino que puede ser un error dejar que esa catástrofe simplemente se presente, pues se ocultaría la realidad bajo la alfombra.  Sucede en muchas naciones (con particularidades obvias), como Nicaragua, en donde el gobierno totalitario quiso imponer una solución y provocó un levantamiento popular extenso contra la tiranía en ese país. Asimismo, el régimen de pensiones similar al IVM de Brasil pasa por problemas parecidos, y el gobierno de Bolsonaro, con minoría en el Congreso, hace enormes esfuerzos de diálogo con la oposición, para aplicar dolorosas medidas necesarias para mantener al sistema actual.

No dejo de lado a los Estados Unidos, en cuyo sistema de pensiones tipo IVM hay enormes déficits impagables a mediano. Y de Europa ni se diga… 

Veamos algunos datos esenciales. El primero es que “para el año 2030, sólo habrá 3.9 cotizantes por cada pensionado, con el gran inconveniente de que el mínimo requerido para sostener cada jubilación es de 6 trabajadores.” Según el informe de la Contraloría “Impacto Fiscal del Cambio Demográfico: Retos para una Costa Rica que envejece,” mientras que “en el 2018 la relación fue de 6.5 afiliados por cada jubilado… en el 2030 bajaría a un 3.9 por cada pensionado” y será de un 3.4 en el 2035, según indica el medio. 

Para Ubaldo Carrillo, alto funcionario de la Caja, “si esa relación… baja a menos de 6, tenemos un serio problema,” y que “cuando se analiza el comportamiento del ingreso de esas 6.5 personas (del 2018), nos da apenas para pagar las pensiones” hoy debidas.
 

Alguien diría que eso no importa si aumentaran los ingresos de los, aunque menos, trabajadores cotizantes por cada pensionado. Eso debe tomar en cuenta dos situaciones. Una, que la economía no ha venido creciendo lo suficiente en los últimos años, ni creo que lo hará por mucho tiempo, ante una seria crisis fiscal financiada con más impuestos. Aunque creciera fuertemente en términos reales (que no lo creo), podría suceder que esos aumentos se traduzcan en mayores pensiones reales en el futuro, pero el problema demográfico seguiría vigente: se daría un descenso real en las pensiones futuras.
 

Asimismo, el gobierno podría verse tentado a seguir una política inflacionaria para generar mayor crecimiento de la economía y así generar ingresos nominales mayores que servirían para mantener el régimen de pensiones. Pero, esa inflación significa que, en términos reales, se reducirían las pensiones futuras (además, la inflación afectaría el crecimiento real de la economía, debido a la serie de distorsiones que introduce).
 

Ante los prospectos del IVM, se han señalado tres medidas que coadyuvarían a evitar su quiebra. Una es elevar las contribuciones obligatorias. De hecho, a partir de junio de este año habrá aumentos en las cotizaciones, como parte de un programa de tres años de los tres cotizantes al IVM -el trabajador, el patrono y el estado (aunque este último, en realidad, pasará tales cobros a los contribuyentes).
 

Las otras dos medidas son elevar la edad de retiro (tal vez sin discriminación por sexo), así como bajar el monto de la pensión. También en tal sentido se ha decidido otra en tal, como es que la autorización para retirarse anticipadamente, no rentable para el fisco por el aumento tan alto en la esperanza de vida, cesará a partir del 1 de marzo del 2021.
 

Quedan dos opciones para dar algún grado de alivio a la sustentabilidad del IVM. Una, antes mencionada, que es lograr un crecimiento real de la economía, pero, soy franco, y reitero mis dudas de que el gobierno actual lo logre, en especial cuando, prosigue el camino de más impuestos y no el de reducir significativamente el exagerado gasto del gobierno y, por el contrario, introduce desincentivos para la producción: un estado cada vez mayor, que crece sacrificando el uso de recursos que deberían estar disponibles para la actividad productiva privada.
 

Y, la segunda opción, es que no siga creciendo una masa laboral informal que no cotiza al IVM formal. En esa economía subterránea en la que, para efectos del IVM, los trabajadores no cotizan, ha crecido mucho, según las estadísticas de los últimos años. Si se pretendiera una mayor coerción -esto es, obligarlos a cotizar a los que laboran en la economía subterránea- tal vez no se logre nada positivo, sino lo contrario, pues esa economía informal existe por los altos costos impuestos por el estado sobre la producción y uno de esos costos está ligado a la planilla formal, entre ellos el del pago del IVM.
 

¿Hará algo el gobierno para inducir que esa economía abandone la informalidad y acuda a la formalidad? Francamente lo dudo mucho, pues no sólo el paquete tributario que hoy está en marcha significará mayores costos para la operación formal, estimulando así que más personas ingresen a la informalidad, sino que tampoco me imagino a este gobierno reduciendo impuestos.
 

Entre las propuestas por solventar al régimen del IVM se menciona un manejo más frugal en la propia Caja Costarricense de Seguro Social e incluso mejores posibilidades de realizar inversiones que sean más rentables (lo que incluso podría reducir la adquisición de documentos de préstamos del propio gobierno).
 

Las cosas se vislumbran difíciles para el IVM y para muchos ciudadanos que dependen de su pensión. Creo que sería peor dejar que el IVM se acabe sin que existan mejores alternativas (me imagino que como las Suiza o de Chile, de cuentas privadas de pensiones). Por eso, los ciudadanos debemos ser conscientes de la situación y, en particular, del cambio demográfico “aplastante,” así como que, si el gobierno no cambia sus políticas económicas hacia el logro de un crecimiento, la situación sólo empeorará con mayor rapidez: quedarse tan sólo mirando lo que pasa y ver cómo se va extinguiendo el sistema del IVM, sólo augura un resultado oscuro

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las buenas intenciones no son suficientes

No tengo por qué dudar de las buenas intenciones de la diputada Marulin Azofeifa, al presentar su proyecto de creación de un colegio de estilistas y afines, por el que sólo podrán ejercer sus oficios estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas. Pero, las buenas intenciones no son suficientes; también deben ponderarse los efectos de su propuesta.

La diputada considera que, con la creación de ese colegio, se protegería a los consumidores de daños por personas posiblemente no capacitadas para dichas prácticas, así como también habría se daría protección a miembros de esos oficios, ante otros que simplemente entrarían a competir “deslealmente.” 

Pero, esas buenas intenciones aparte, espero exponer con buenos argumentos económicos, sociales y políticos, cómo es que podemos estar en presencia de un caso más, en que no se toman en consideración consecuencias derivadas de la puesta en práctica de una política que, por ley, exigiría una serie de requisitos, esencialmente la membresía en dicho colegio, para poder trabajar en esos oficios.

Y las consecuencias no previstas de tal propuesta, a las que me referiré luego, son especialmente vitales en nuestro país, cuando se tiene información reciente sobre la situación del empleo en la economía, por parte de la Dirección General de Estadística y Censos, del último trimestre del 2018, la cual indica que la tasa de desempleo llegó a un 12%, aumentando un 2.7% de la del mismo período del año previo. Son 294.000 personas las que están en busca de un empleo y no lo tienen.
 

Asimismo, la tasa de subempleo, que se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo de personas que trabajan menos de 40 horas a la semana y que andan buscando más horas de trabajo, pero no lo encuentran, para el último trimestre del 2018 fue de un 9%, un punto mayor que la equivalente del año anterior.

El llamado empleo informal, que incluye a trabajadores no inscritos en el Seguro Social, ayudantes no remunerados, y trabajadores por cuenta propia en empresas no inscritas como sociedades, fue de un 44.9% en el cuarto trimestre del 2018, un aumento del 3.8% al dato equivalente de un año anterior, según la Encuesta Continua de Empleo de la Dirección de Estadística y Censos.

Por esta razón esencial, resulta crucial analizar los efectos esperados sobre el empleo y el desempleo ante la obligación de colegiarse para ejercer los oficios arriba citados. Esa afiliación obligada será una barrera más al ingreso de trabajadores en esas ocupaciones y, principalmente, por la naturaleza de esos oficios, generalmente de trabajadores relativamente poco calificados y posiblemente de capas de ingresos inferiores. 

Al limitar las posibilidades de trabajar sólo a quienes lleguen a ser miembros de ese colegio, verán reducirse la oferta de competidores, pues el costo de ingresar al mercado de esos oficios aumenta, con la colegiación obligatoria, en comparación con otras actividades. Los miembros del colegio así posiblemente verán aumentados sus ingresos. Pero, además, algo fundamental en esos colegios “profesionales” es que fijan tarifas o precios mínimos por los servicios que regulan, los que pueden ser impuestos gracias a la menor competencia que habrá y que permitirá elevar los costos a los usuarios de esos servicios.
 

Por eso, si bien la propuesta de ley favorecería a los beneficiaría a los que se integren a dicho colegio, perjudicará a los consumidores en general y, particularmente, a aquellos potenciales oferentes de los servicios regulados, quienes no puedan ejercer libremente sus capacidades debido a la limitante que ejerce la colegiación obligatoria.
 

Una vez que entren en funcionamiento el colegio y su política restrictiva y su fijación de precios mínimos obligatorios, da lugar a una protección a los miembros ya establecidos del colegio, e impedirán, al surgir una serie de regulaciones, que entren más miembros a ese colegio, haciendo más costosa su membresía y pertenencia al colegio. Pero, los ciudadanos consumidores no quedan protegidos de modo alguno por ese colegio que se crea, como asegura su proponente, para proteger a personas de malas prácticas. Pero, el incentivo es para que suceda precisamente lo contrario, pues, al ser menos los oferentes de los servicios, a precios ya establecidos mencionados antes, la calidad se deteriorará, pues las disponibilidades de oferentes de los servicios se ven restringidas.
 

Y hay más. Cuando los ciudadanos encuentran que el servicio de los “colegiados” es más caro y de menor calidad, tenderán a proveérselos a sí mismos, lo cual sí puede dar lugar a problemas por accidentes o daños.  Es natural que al “incitar” debido a un costo y calidad menor del servicio, que las personas lo busquen y no necesariamente son conocedores de las características de un servicio, el cual ya es poseído por otros proveedores especializado que se los han dado hasta el momento.
Muchos de esos servicios que se piensan sujetar a las restricciones del colegio, ya son disfrutados por muchas personas, las cuales conocen a sus proveedores. Es un conocimiento adquirido por los clientes, incluso con episodios de insatisfacción ante la calidad y el precio que pueden haber tenido de alguien que les diera ese servicio, pero, con base en ese tipo de experiencias, han llegado a familiarizarse y aceptar que una persona conocida, a un precio y calidad acordada entre las partes, le brinde el servicio, sin que esa persona sea miembro de colegio alguno.
 

Pero, justamente, alguien que da esos servicios a clientes y que, al no ser miembro de ese “colegio” hoy lo ejerce, estaría, en el futuro, sujeto al delito de ejercicio ilegal de esa profesión, si siguiera ejerciéndolo. Incluso se expone a ser denunciado por alguien que cree que esa ley, aunque absurda, debe cumplirse y eso cierra espacios para una vida en sociedad, en convivencia. Esa persona que, para ganarse la vida, sigue ejerciendo “ilegalmente” esa profesión, está lejos de ser necesariamente un delincuente peligroso que amenaza vidas y propiedades de personas, como para que sea denunciado por alguien a quien simplemente no le parece conveniente tal competencia “ilegal.” No es apropiado que en sociedad se estimule la discordia y que la gente se pelee por cosas como esas.
 

Las consecuencias no previstas de la colegiación obligatoria para poder trabajar no llegan hasta allí. Para que la ley se cumpla, es necesario dedicar recursos para vigilar a quien esté trabajando en las áreas reguladas, que esté colegiado, o sea, autorizado para poder trabajar. El cuerpo represor por excelencia es la policía. Conceptualmente, la policía (y las cortes) reprimen al transgresor de la ley (en este caso el ejercicio ilegal como estilista, peluquero, barbero, maquillista o manicurista) y eso demanda recursos de la sociedad, que así no podría usarse en lo que tal vez sean funciones más apremiantes en la sociedad, como es la represión de actos criminales que efectivamente causan daño a las personas. Con frecuencia, el ministro de turno de Seguridad en el país, habla de lo saturados de trabajo que están los policías, sin poder reprimir actos criminales supuestamente de mayor calado. Y no se diga de la saturación en los tribunales de justicia, pues los ciudadanos la vemos, y vivimos, día tras día. Ahora se abarrotarían aún más, al perseguir a estilistas, barberos, etcétera, etcétera, quienes ejercen fuera de la legalidad “del colegio.”
 

Aquí en nuestro medio, por buenas razones, hay una seria y real preocupación ante la corrupción. Pues bien, la instauración de colegios como ese que se propone, incentivará la corrupción en varios sentidos. Uno de ellos, es que, no lo dudamos, si se “atrapa” a un practicante ilegal de esos servicios, hay posibilidades de que quede suelto si acude a dar mordidas a quienes pretenden detenerlo. Pero, mayor aún en la naturaleza de sus efectos, es que la creación de colegios profesionales, como el referido, estimula el surgimiento, de una mayor amplitud, en la búsqueda de rentas en la sociedad.

Búsqueda de rentas no es sino el acto por el cual el cuerpo político le otorga algún beneficio a cierto grupo -en este caso, a quienes sean miembros de ese colegio- ya sea para asegurarles la posibilidad, mediante la reducción de la oferta, de cobrar más que en la actualidad, pues les disminuyen la cantidad de competidores potenciales. Los políticos no suelen otorgar tales privilegios por razones altruistas: simplemente lo hacen como un medio para obtener votos, lograr apoyos políticos, ya sea para uno de ellos individualmente o para el grupo político al que pertenecen. Esto bien lo conocemos.
 

Por todas estas razones, vale la pena que se medite en la Asamblea Legislativa, así como que se haga consciencia en la ciudadanía, de que la propuesta de un colegio profesional de estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas, es un gran y dañino sinsentido. No es justo proteger a algunos con privilegios, que, en última instancia, significan costos mayores y menor calidad, para los ciudadanos consumidores, entre otros resultados no esperados.

Jorge Corrales Quesada