La Columna de Carlos Federico Smith: Evolución reciente de la pobreza en la humanidad

En varias ocasiones he leído a personas en lugares como Facebook, quienes alegan que la pobreza de la humanidad ha venido aumentando notoriamente y, generalmente, señalan, más o menos veladamente, que el responsable de ese aumento de la miseria es el sistema capitalista.  Incluso lo hacen a pesar de que en el pasado reciente presenté en Facebook, así como en otros sitios, una serie de estudios de economistas que cuestionan seriamente tal impresión.

Casualmente he estado leyendo un libro reciente de Steven Radelet, titulado The Great Surge: The Ascent of the Developing World [El Gran Surgimiento: El Ascenso del Mundo en Desarrollo], (New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2015), el cual trata del tema que antes introduje.  El señor Radelet es profesor de desarrollo económico en la Universidad de Georgetown y autor de varios libros y de numerosos artículos acerca de dicho tema. Creo que, para los mal pensados de que se ha de tratar de uno de esos liberales clásicos, quienes no ven más allá del mercado, muchos de los trabajos desempeñados por el señor Radelet parecen acercarlo a administraciones demócratas de los Estados Unidos. Lo interesante para el caso es que su perspectiva se une a la de muchos otros economistas en cuanto al progreso de la humanidad, con las usuales divergencias en ciertos detalles, mas no en lo esencial. Me refiero a personas como Pedro Schwartz, Surjit Bhalla, Deepak Lal, Angus Maddison, Lloyd Reynolds, François Bourguignon, Christian Morrisson, Martin Ravallion y Shaohua Chen, quienes han estudiado el progreso humano logrado en cuanto a la eliminación de la miseria.

Empecemos por aclarar un par de detalles técnicos acerca del tema. Primero, que la pobreza, como número, puede ser definida de distintas maneras.  La usual de una persona en pobreza extrema es que se tiene ingresos menores a un $1 al día, aunque el Banco Mundial usa una de $1,25 al día.  La primera ha sido la más aceptada y surgió porque es, más o menos, igual al promedio de líneas de pobreza que utilizan los gobiernos de los 15 países más pobres del mundo. Pero siempre cualquier línea de pobreza será arbitraria (por ejemplo, en los Estados Unidos es de $16 al día, pero, interesantemente, señala el autor Radelet que  “por supuesto que la de $1 al día es una línea de pobreza especialmente baja… De manera que durante la última década los economistas se han enfocado en una línea de pobreza mayor de $1,25 al día…”. Lo importante es que “el patrón de cambio es similar” cualquier que sea la línea de pobreza utilizada en los estudios, aunque, “por supuesto, que el número de pobres es mayor entre más elevada se defina a la línea de pobreza.” (Op. Cit., p. 29). Ver la tendencia y su cambio a través del tiempo es lo útil y valioso y vemos que ellas se manifiestan independientemente de la forma en que se defina la línea de pobreza extrema.

Segundo, los datos se ajustan ante el comportamiento de la inflación de los diversos países a lo largo del tiempo –esto es, a los cambio en el nivel de precios. Tal ajuste se hace para que los datos se presenten en términos de precios “constantes”. También, dado que es importante poder hacer comparaciones entre países, los datos se ajustan mediante lo que se denomina “paridad del poder de compra”, que toma en cuenta los diferentes niveles de precios que existen entre los países, para lo cual se utiliza un tipo de cambio denominado en términos de su poder adquisitivo. De esta forma todos los bienes y servicios de los diferentes países son valorados a precios comparables, pues las mediciones internas son llevadas a cabo en monedas domésticas de los diferentes países y mediante un ajuste de “paridad del poder de compra” la medición se traduce a una moneda en común.

Asimismo, es crucial entender la diferencia que existe entre pobreza extrema absoluta y pobreza extrema relativa.  Al número total de personas que viven en pobreza extrema debajo de lo que hemos considera como la línea de pobreza, se le denomina “pobreza extrema absoluta”, en tanto que al porcentaje de personas con respecto al total de personas en el país cuyos ingresos diarios son inferiores a, digamos, $1 o un $1,25, se le llama pobreza extrema relativa.

Esto es muy conveniente, porque bien puede ser que en un país (o conjunto de ellos), la población en condiciones pobreza extrema es relativamente cada vez menor, al tiempo que población en pobreza extrema puede ser mayor. Por ejemplo, hace 50 años, cuando, supongamos, la población de un país era de 500.000 personas, 150.000 de sus habitantes estaban en condiciones de pobreza extrema estaban (esto es, la pobreza extrema relativa es de un 30%). Suponga, para efectos de hacer una comparación, que la población total actual del país es de 1.000.000 de habitantes y que hay un monto absoluto mayor de personas en condiciones de pobreza extrema; digamos que 200.000 personas. Si se comparan las cifras de pobreza absoluta -150.000 hace 50 años con 200.000 en la actualidad- es claro que la pobreza extrema en términos absolutos aumentó en dicho lapso: se incrementó en 50.000 personas. Pero, términos relativos sucede lo contario: se redujo de un 30% hace 50 años a un 20% en la actualidad (200.000 de la población total de un millón).  Por tal razón, el concepto básico para analizar el comportamiento de una población en condiciones de pobreza extrema a través de los años, se efectúa en términos relativos y no absolutos.

Previo a brindar algunos datos de la actualidad citados por Radelet, veamos algo histórico importante que él nos señala: “Según la mejor estimación que tenemos, elaborada por los economistas François Bourguignon y Christian Morrisson, en 1820 cerca de un 94% de la población mundial; o sea, cerca de mil millones de personas, vivía con menos de $2 al día (a precios de 1985). Esto es, casi 19 de 20 personas en el mundo vivían con ingresos sumamente exiguos… La mayoría de la gente vivía con mucho menos: 84% con menos de $1 al día. Lo que nosotros consideramos como pobreza extrema no sólo estaba ampliamente extendida, sino que era la norma, para casi todo mundo.” (Op. Cit., p. 24-25).

En los siglos XII y XIII los ingresos empezaron a aumentar lentamente, pero no de forma extensiva, pero ya para el siglo XIX la tónica general empezó a cambiar: “los inicios de la manufactura moderna y la industrialización ayudaron a crear millones de empleos para trabajadores pobres poco calificados… Al hacerse más sofisticada la manufactura y los trabajadores adquirieron habilidades especializadas, lo cual tomó varias décadas, los salarios empezaron a aumentar. Para mediados del siglo XIX, los ingresos estaban creciendo más rápidamente, comparado con cualquier otro período previo de la historia de la humanidad”. (Op. Cit., p. 25). Sólo pregunto si el lector puede decirme ¿cuál es el sistema económico que a mediados del siglo XIX impulsó ese crecimiento?  Por si no lo saben, lo resumo en la palabra “capitalismo.”

Ahora veamos algunos comentarios que nos presenta Radelet en torno a cómo fue evolucionando la pobreza en el globo. Tengamos presente que, al surgir tal desarrollo industrial capitalista, la porción de gente que vivía en pobreza extrema empezó a declinar constantemente por primera vez en la historia humana -esto es, empezó a reducirse la pobreza extrema relativa. Pero, como también la población crecía con mayor rapidez, es de esperar que creciera la cantidad de personas en pobreza extrema (absoluta). Esto es crucial: creció la pobreza extrema en términos absolutos, pero se redujo la pobreza extrema en términos relativos. Porcentualmente, por dos siglos, la pobreza relativa había venido decreciendo, pero, con el crecimiento de la población, la cantidad absoluta de personas en condiciones de pobreza extrema continuó aumentando. A pesar de ello, señala Radelet, “ese patrón o tónica general cambió radicalmente, empezando a inicios de la década de los ochentas y especialmente en la de los noventas.” (Op. Cit., p. 28).

Lástima que cueste tanto poner gráficos en este tipo de comentarios, especialmente en Facebook, pues demostraría evidentemente lo expuesto. De manera que trataré de exponer lo sucedido con la pobreza a través de un amplio período histórico, sin ayuda de gráficos, tanto sobre pobreza absoluta como relativa, tales como aparecen en el libro de Radelet, esperando que la explicación sea clara para los lectores.

El análisis de Radelet tiene como base principal la información proveniente de François Bourguignon and Christian Morrisson, “Inequality Among World Citizens: 1820-1992,” The American Economic Review, Vol. 92, No. 4 (Set. 2002), p.p. 727-744. Si alguien está interesado en obtenerlo puede hacerlo de manera gratuita en http://piketty.pse.ens.fr/files/BourguignonMorrisson2002.pdf

Según Radelet, “en 1820 cerca de 900 millones de personas estaban viviendo con menos de $1 al día (a los precios de paridad de poder de compra del año 1985). Debido al crecimiento de la población, para 1950 dicho número había crecido a casi 1.4 miles de millones… Luego empezó un período de transición: al recuperarse Japón y Europa de la Segunda Guerra Mundial y al empezar algunas naciones subdesarrolladas (como Corea del Sur y Taiwán) a tener un crecimiento económico más rápido, el número de personas viviendo con menos de $1 al día, dejó de crecer y permaneció relativamente invariable por cerca de 40 años. Eso puede no sonar como algo importante, pero lo fue.  Ningún cambio fue grande, en tanto que el crecimiento histórico continuo de los pobres había llegado a un alto, a pesar del crecimiento persistente de la población mundial.

Luego, empezó un cambio significativo a principios de los noventas. Por primera vez en la historia del mundo, el número total de gente viviendo en pobreza extrema empezó a caer, y cayó rápidamente (la letra en cursiva es del autor).” (Op. Cit., p.p. 28-29)

Debido a que los datos presentados por Bourguignon y Morrisson se extienden hasta 1992, se hace necesario acudir a información que presentan Shaohua Chen and Martin Ravallion, “The Developing World is Poorer than we Thought, but No Less Successful in the Fight Against Poverty,” The Quarterly Journal of Economics, Vol. 125, No. 4, (nov. 2010). Puede obtenerse en http://www.ppge.ufrgs.br/sabino/ecod03/bibl/qje%2017.pdf

Citando dicho trabajo, dice Radelet: “Según Ravallion y Chen, el número de personas viviendo con menos de $1 al día en 1993 fue de un poco más de 1.3 miles de millones, comparable aproximadamente al conjunto de datos previo (el de Bourguignon y Morrisson). Luego, este número empezó a descender. Asombrosamente, para el 2011 - 18 años después- el número de personas viviendo con menos de $1 al día se había reducido a 600 millones.  Traten de imaginar la enormidad del cambio: después de haber crecido incansablemente desde inicios de la historia del hombre, el número de personas alrededor del mundo viviendo en la pobreza abyecta se redujo en más de la mitad, en tan sólo dieciocho años (la letra cursiva es del autor).”  (Op. Cit., p. 29).

Continúa Radelet: “El número de personas en extrema pobreza permaneció estable en poco menos que 2 mil millones entre 1981 y 1993, cuando empezó a declinar –rápidamente. Para el 2011, el número había declinado a mil millones –un descenso de casi a la mitad en tan sólo dieciocho años (la letra cursiva es del autor). Aunque datos para después del 2011 no están disponibles, todas las indicaciones son de que la tendencia continúa, con algo como 50 millones o más de personas que cada año van siendo excluidas de la pobreza extrema.” (Op. Cit., p. 29)

La información valiosa que nos ha transmitido Radelet sobre la evolución de la pobreza absoluta no se queda aquí. Cabe preguntarse ¿qué ha sucedido en términos relativos?; esto es, ¿qué ha pasado con en el porcentaje de personas en pobreza extrema con respecto a la población total? 

Señala Radelet: “Entre tanto el porcentaje de la población mundial viviendo en pobreza extrema se ha venido reduciendo con mayor rapidez, En 1981, un 53% de la población en los países en desarrollo vivía en pobreza extrema. Pero para el 2011, dicha proporción se había reducido a tan sólo un 17% –un caída del 36% en 30 años: un logro notable. En tanto que una de cada dos personas vivía en pobreza extrema tan sólo hace 30 años, hoy día se ha reducido a una entre seis.”

Espero que la información que he suministrado basada en el libro de Radelet sirva para evitar una crítica desinformada de la evolución de la pobreza, especialmente en años recientes de la historia del hombre. ¡Como que el capitalismo de mercado funciona mejor que sistemas económicos alternativos!

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: algo positivo en cuanto a pobreza, pero no la elimina

Que en algún momento un estado muestre ser un dechado de ineficiencia, no significa que eternamente deba serlo. Es posible hacer a un estado menos ineficiente o más eficiente, como se quiera clasificar al proceso.  Optimista que soy, procedo a referirme a un caso expuesto en La Nación del 21 de enero, en un artículo que lleva por título “País estrena sistema para controlar ayudas a pobres: Base de datos almacena información de 665.000 beneficiarios del estado.”

Partamos de que, según  “el último informe del Estado de la Nación, un 24% de las transferencias a pobres termina en manos de personas que no las necesitan.” Francamente no sé cómo llegaron a tal porcentaje, pues bien puede ser mayor o menor; en todo caso, parece existir una especie de maldición para los buenos propósitos de algunos corazones sensibles, cuando desarrollan programas de ayuda a personas o familias, que en muchas ocasiones simplemente son fáciles de obtener, sin que se requiere de un estudio serio que determine si las necesidades, que son la base para la ayuda, existen o no. Pero, también porque suele ser usual que muchas de esas ayudas se den sin que se exija un esfuerzo complementario de parte del receptor para que, con su esfuerzo personal, pueda llegar el momento en que tal ayuda no sea necesaria. Traigo a colación, como ejemplo de esa “eternidad” de vivir de la manutención estatal, lo que sucedió en la ciudad de Nueva York, cuando en cierto momento histórico (en época de su muy conocido alcalde, Fiorello de la Guardia), se fijaron topes los alquileres, a fin de “ayudar a los pobres”. Unos 50 años después de existir tal política, se documentó que eran los nietos de los beneficiarios iniciales (de los relativamente pocos que encontraron vivienda para alquilar en aquel entonces), quienes aún vivían en esas viviendas subsidiadas. Simplemente no buscaban otra vivienda tal vez no tan antigua o deteriorada en sus barrios, porque no podían dejar ir tan jugosa transferencia, que aún se recibía mediante alquileres objeto de aquella fijación gubernamental. De hecho, tal inamovilidad terminó convirtiéndose en un castigo; esto es, recibir un subsidio por el alquiler bajo aún vigente, “a cambio de” tener que vivir inamovibles en aquellas viviendas algo envejecidas y relativamente poco cuidadas. El incentivo claro, en este caso, era el de no abandonar la casa subsidiada, pues si lo hacían no encontrarían subsidios similares en otros lados. Por ello, terminaron siendo cautivos de un sistema paternalista que, a cambio del subsidio, les ancló para siempre: no había incentivos para que dejaran de percibirlo; por ello prefirieron quedarse en sus viviendas desvencijadas para no tener que pagar más en otros lugares no subsidiados. 

Hablemos del impacto posible de ese 24% de ayuda que no le llega a los grupos de ingresos en estado de pobreza. De acuerdo con el IMAS, esos infiltrados se llevan la significativa suma de ₡147.000 millones (tan sólo en Avancemos, la plata mal recibida asciende a ₡48.000 millones). Para todos estos programas de transferencias de ayuda gubernamental, es crucial saber bien cuáles son los beneficiados, en qué condiciones económicas están en la realidad, que no haya un ocultamiento de ingresos, que no reciban una multiplicidad innecesaria de fuentes de ayuda; esto es, debe verse el monto de ayuda agregada que reciben y, ante todo, si el sistema comprende incentivos para que, en algún momento, dejen de depender de esas fuentes de asistencia gubernamental.

Una de las reformas más importantes que se dio en los Estados Unidos, en cuanto a sus programes estatales de “lucha contra la pobreza”, sucedió durante la administración del presidente Clinton, quien definió que, para poder recibir ayuda de los programas gubernamentales contra la pobreza, era necesario que los beneficiarios comprobaran que no contaban con los medios definidos como requeridos para recibirla y, en segundo lugar, que los beneficiarios estuvieran dispuestos a obtener ingresos provenientes de otras fuentes productivas; esto es, que formaran parte de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar cuando el gobierno (junto con el sector privado), indicaran posibilidades para ello (nada de estar “echadotes”, esperando mes a mes a que les llegara la plata del estado).

De acuerdo con el informe Estado de la Nación previamente citado, los programas de asistencia “con mayores filtraciones (esto es, goles de vivazos) son el bono de vivienda con un 37%, comedores escolares con un 31.7% y Avancemos, con un 22.2%”. No son porcentajes nada insignificantes y bien podrían ser la base existencial de una especie de dependencia falsificada, en donde se finge pobreza, a fin de recibir regularmente plata proveniente de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.

No quiero comentar historias folclóricas acerca de cómo es posible que una familia pueda tener hasta tres casas obtenidas con bonos de vivienda, o cómo es que gente platuda recibe fondos públicos en la forma de becas, para que sus “pobrecitos” hijos vayan a la escuela o bien de muchachitos que vienen de familias de ingresos medios, pero que reciben en las escuelas comidas pagadas por toda la sociedad. No es ese el propósito de este comentario, sino, más bien, en gran parte el de resaltar algunos esfuerzos positivos que se están poniendo en marcha para tratar de que, al menos, los programas de ayuda se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. A pesar de esos empeños, debo señalar que falta mucho en cuanto a definir incentivos que induzcan a que los receptores de esas ayudas para que decidan dejar de depender de esas subvenciones y que más bien los estimulen a mejorar sus condiciones de vida, mediante esfuerzos laborales propios.

Bajo la responsabilidad del IMAS (ojalá vuelva los ojos de la eficiencia también hacia adentro), se ha desarrollado un sistema de información sobre las 665.000 personas en estado de pobreza, al cual se le conoce como Sistema Nacional de Información Social (SINAIS), que en esencia es un registro único (ya no desperdigado y ausente de coordinación entre diversos entes que dan ayuda) de personas que reciben ayuda estatal. Entre ellas, “bonos de vivienda, las becas, el subsidio para alimentos o la pensión del régimen no contributivo” de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mucha de esa información ya está en registros propios de ciertas instituciones, pero no están integrados, de manera que se pueda saber, por una parte, el conjunto de ayuda que una persona o familia pueda estar recibiendo, así como los resultados esperados de esas diversas ayudas. “Las entidades que aportaron los registros son el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Trabajo, el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y el IMAS.” Pero, obviamente, faltan muchos otros entes estatales en donde cada uno, a su manera, realiza transferencias o cosas similares, bajo el pretexto o criterio de luchar contra la pobreza. Por ejemplo, las becas de las universidades públicas, las condonaciones de deudas que con frecuencia hace la Asamblea Legislativa, las ayudas de la oficina de la primera dama de la República, las que en ocasiones hace el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, antiguo ITCO), el programa de intereses subsidiados a pequeñas y medianas empresas de la banca comercial del estado, el subsidio en el costo de la electricidad para ciertos grupos de ingresos relativamente bajos, el subsidio a los combustibles para pescadores artesanales y similares, entre otros. Si uno analiza la argumentación política utilizada para la creación de cada uno esos diferentes programas de ayuda estatal, se encontrará siempre con que lo fueron teniendo como objetivo, primordial o secundario, luchar contra la pobreza.

Comparto la aspiración del ministro de bienestar social, don Carlos Alvarado, quien dice que “no es sólo el sistema informático, la clave es que las instituciones se apropien de estos, que sepan que tienen que revisar los beneficiarios para que no se den duplicidades. Lo que hace coherente esto es que esté dentro de una política social única, para evitar problemas de dispersión, que siempre hemos señalado.” Pero tan buen objetivo no es suficiente; es crucial dar el paso siguiente, cual es evitar que las “ayudas” no se conviertan en algo permanente; esto es, que haya esquemas de graduación, lo cual quiere decir que las dejan de recibir después de cierto momento. Para eso se requiere que los marcos institucionales de ayuda se conviertan en un apoyo para que sea el individuo, con el esfuerzo propio, el que le permita salir de la pobreza.

Si algo se logra en el sentido en que lo hemos expuesto, creo que el estado será mucho menos ineficiente de lo que es en la actualidad. Podemos estar en presencia de un esfuerzo positivo de hacer mejor las cosas.

Pero también es necesario recalcar un hecho innegable en la historia económica de la humanidad: cuando hay crecimiento económico en una nación o una región, disminuye la pobreza. Esto lo destaca el notable historiador y economista Deepak Lal, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la introducción a su último libro Poverty and Progress: Realities and Myths about Global Poverty [Pobreza y Progreso: Realidades y Mitos acerca de la Pobreza Global], Washington D. C.: Cato Institute, 2013, en donde señala que

“El mensaje central de este libro es que un crecimiento económico eficiente es el único medio para aliviar la antigua pobreza estructural del Tercer Mundo, y que si los países crecen rápidamente, con un ingreso per cápita aumentando por arriba de un 3 por ciento anual, el muy ridiculizado proceso de filtración o goteo [trickle-down] disminuiría rápidamente la pobreza estructural.  Esta aseveración ha sido confirmada de manera rotunda en las últimas dos décadas, por la reducción más grande de la pobreza vista en la historia humana, cuando dos gigantes emergentes -India y China- crecientemente han adoptado las políticas económicas liberales clásicas, que han conducido a fuertes aumentos en las tasas de crecimiento de sus ingresos per cápita.” (P. 1).

De aquí que, si de algo sirve el consejo que nos hace Lal, basado en la experiencia humana de disminución de la pobreza a través de la historia, es crucial que la lucha contra la pobreza vaya más allá del paliativo gubernamental de asistencia económica y que el país efectivamente abrace políticas económicas conducentes a que la nación crezca mucho más rápidamente, en comparación a cómo lo hace en la actualidad. Obviamente esto sobrepasa el esfuerzo del ministro Alvarado, pero plantea el desafío exactamente en donde debe de estar: ¿Será capaz el gobierno actual de desarrollar las políticas deseables para aumentar nuestro crecimiento, u optará por la regresión económica y el empobrecimiento y la disminución del bienestar de los ciudadanos? Ojalá aprendan la lección de la historia del crecimiento económico de la humanidad a través de los siglos. Por ello cierro mi comentario con una pregunta muy actual ante la propuesta gubernamental de aumentar los impuestos, a sabiendas que estos van a provocar un crecimiento económico menor que el actual. ¿Creen ustedes que, con esos mayores impuestos, que provocarán un descenso en el crecimiento de nuestra economía, una disminución de la inversión privada, una reducción de la demanda de mano de obra y, por tanto, un aumento del desempleo y un descenso de los ingresos per cápita, se logrará reducir la pobreza en el país?

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: bofetada a los más pobres

Por lo general, todos los partidos políticos, especialmente durante las campañas electorales, se presentan como defensores de los pobres, con propuestas que muestran su preocupación por quienes menos tienen y con promesas para mejorar su calidad de vida. Su diferencia radica en la forma en la que quieren lograr esa meta: grosso modo, unos plantean al Estado como el actor preponderante que lo haga todo, incluyendo producir la riqueza (¡como si pudiera hacerlo!) y repartirla; otros procuran que la riqueza la genere el mercado, es decir, miles de individuos decidiendo libremente intercambiar sus productos y su dinero, y que ellos sean quienes definan a los ganadores y perdedores. Otros pretenden mezclar ambas premisas y transitan más cerca o más lejos de alguna de ellas. 

El Partido Acción Ciudadana (PAC), que ganó las elecciones presidenciales el año anterior, históricamente ha expresado, a través de sus líderes políticos y candidatos, que el Estado debe asegurar los mecanismos para que los más pobres puedan progresar. Sin embargo, su accionar ha estado marcado por grandes contradicciones. No en vano fue el principal promotor, junto con el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista del periodo anterior, de un plan para aumentar los impuestos que, finalmente, iba a recaer con todo su peso sobre las personas de clase media y clase baja, aquellos a los que decía defender.

Increíblemente, a pesar de este exabrupto, los electores fueron mayoritariamente a firmar su sentencia de muerte en abril del 2014, dándole a esa agrupación más de 1.3 millones de votos para que guiara el transitar político costarricense por los próximos cuatro años. Durante los primeros meses de gestión, la nueva Administración dio tumbos a raíz de sus desaciertos, haciéndole creer a todos que su periodo transcurriría sin pena ni gloria, marcado por la incapacidad de sobrellevar la carga asignada; sin embargo, poco a poco, Solís Rivera y su equipo comenzaron a mostrar su verdadera cara: primero, levantando el veto a la reforma procesal laboral y, con ello, creando enormes incertidumbres al empresariado, reduciendo las posibilidades de encontrar trabajo para quienes tanto lo necesitan y aumentando la preocupación de todos aquellos que vemos con malas perspectivas la situación económica del país. Posteriormente, la noticia de los últimos días que ha sacudido al país y, en especial, los bolsillos de los más pobres, de aquellos a los que este gobierno dice defender, es el aval que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) otorgó a una solicitud de los empresarios arroceros para aumentar el impuesto sobre la importación de este grano, pasando de 35% a más de 62%. Su alegato, sorprendente y sin sentido, es que existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño grave que estas causan a la  producción nacional del arroz y que es necesario proteger los empleos que esta actividad genera.

La gran pregunta es ¿por qué no se dice nada de la relación causal entre el impuesto a las importaciones y el daño grave que este causa al consumidor de arroz? Muy sencillo. Porque para los miembros del PAC, el consumidor no importa; hay que proteger a los productores, hay que evitarles enfrentar la competencia, hay que asegurarles ganancias aunque no sean capaces de generarlas por sí solos, aunque no sean eficientes ni productivos; hay que meterle la mano en el bolsillo a millones de consumidores para quitarles los pocos recursos que tienen y dárselos a unos cuantos empresarios que se venden como pequeños productores, aunque en realidad, son de los más ricos y poderosos del país.

Está ampliamente demostrado que el sistema actual de protección al arroz genera una distribución de riqueza de los pobres y clase media a favor de unos pocos empresarios muy adinerados. Y no es algo que digamos solamente nosotros en ASOJOD. En el 2002, la Defensoría de los Habitantes denunció que

“resulta evidente que toda la cadena de comercialización gana de más con esta propuesta, toda vez que la distribución del monto en exceso cobrado al consumidor se reparte en la cadena de comercialización; es pues una simple repartición de utilidades, sin que a la fecha el gobierno tenga una justificación valedera para ello. Esta falta de transparencia resulta preocupante para la Defensoría, toda vez que es un derecho fundamental de los habitantes contar con información completa, con respecto a todo aquello que afecte sus intereses económicos (…) En cualquiera de los casos, las ganancias que obtienen los distintos agentes de la cadena salen íntegramente del bolsillo de los consumidores, especialmente de los de más bajos recursos que son los que tiene una dieta basada en este grano básico”. 

En ese mismo Informe, la Defensoría reveló que desde el año 2000 el propio MAG reconocía, mediante Oficio DM-101-2000, que “por las medidas arancelarias, al precio del arroz importado debe sumársele el pago de derechos por un 42% aproximadamente para obtener el valor de costo nacional del arroz importado.

Por su parte, la Contraloría General de la República, en su Informe N° DFOE-AM-16/2004, reveló que

“un Fondo de Asignaciones no Reembolsables”, creado por medio del Decreto N°30867-MAG-MEIC-COMEX-H para beneficiar a los productores de arroz con el diferencial que produzcan las importaciones de arroz en granza que se realicen al amparo de la declaratoria de Desabasto que efectuara el MAG con base en el artículo 37 y concordantes de la Ley de la Corporación Arrocera, se distribuyó de forma tal que en manos de 33 grandes productores que representan apenas un 3% del total, quedó más del 50% de la asignación total del Fondo, sea más de  ¢965 millones; mientras que 774 pequeños productores de arroz que son la mayoría, (corresponden al 71% del total) recibieron apenas el 13% de la asignación, es decir aproximadamente ¢259 millones”.

Para el año 2006, un estudio realizado por Diego Petrecolla para el Banco Mundial y la Comisión para la Promoción de la Competencia del MEIC, reveló que

“el precio final al consumidor no se ha visto permeado por los precios internacionales, históricamente más bajos que el precio del arroz producido localmente”, esto por cuanto desde 1999, el precio del arroz en Costa Rica ha sido entre 30% y 50% mayor que el precio internacional de ese bien. Según dicho autor, esta situación se ha traducido en una transferencia de recursos del consumidor hacia la agrocadena del arroz en su conjunto, de nada más y nada menos que $396.4 millones, siendo la industria la más beneficiada ―y no el productor― pues a esta le correspondieron $324.7 millones. Ese mismo estudio midió el impacto del precio del arroz en el consumo de las familias de menores ingresos y demostró que sólo en la adquisición de ese grano, las familias más pobres gastaron entre un 6% y 8.4% de sus ingresos totales entre 2002 y 2005". 

En ese mismo año, el sobreprecio fue de aproximadamente $80 por tonelada métrica, estando el precio internacional del arroz más bajo que el del mercado local,  situación que no cambió toda vez que en 2008, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país era el quinto en América Latina que registraba mayores precios en los alimentos, por cuanto el Índice de Precios al Consumidor indicó que el costo de la canasta básica alimentaria creció entre mayo de 2007 y mayo de 2008 un 23%; el doble de la inflación general del país en ese mismo ciclo que fue 11.90%. 

Tanto los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda reconocieron la situación de abierto perjuicio para los hogares, en particular aquellas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, que producen con su política de protección a unos pocos productores e industriales. En efecto, MIDEPLAN enfatizó que en “los hogares de más bajos recursos…el consumo de alimentos básicos representa el 45,4% del ingreso, según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2004 y…en la actualidad puede representar la totalidad o la mayor parte del ingreso de los hogares dado el encarecimiento de los alimentos (arroz, maíz, trigo, frijoles)”.  Pero lejos de la sensibilidad presente en los discursos y declaraciones públicas, ambas administraciones no hicieron nada para solucionar la situación.

El pasado 12 de Mayo de 2014 se publicó una noticia en la que se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el séptimo más caro de todo el mundo, lo que refleja que, efectivamente, todas estas informaciones apuntan al mismo problema: el perjuicio que la protección arrocera genera a los consumidores, especialmente a los de más escasos recursos. Inclusive, por si todo lo anterior no bastara, el propio Óscar Campos, alto dirigente arrocero, confesó que cinco grandes empresas acaparan los beneficios del arroz.

Más recientemente, se conoció que cuatro estudios diferentes -BID, Bernal Jiménez Chavarría, IICE y UNCTAD- critican las políticas arroceras costarricenses por considerarlas regresivas, es decir, que afectan a los que menos tienen, toda vez que estos deben gastar mayor proporción de sus ingresos para adquirir el grano vital en la dieta costarricense. De acuerdo con el estudio del BID, "la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los productores y procesadores medianos y grandes); por su parte, Jiménez manifiesta que "los consumidores pagan un impuesto de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo local y el externo del grano. De este monto, los agricultores pequeños (379 productores de 1.019 en total) solo reciben $2.2 millones (1,15% del subsidio), y seis empresas agroindustriales, reciben $130,8 millones (68,7%)".

Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas señala que "no se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación de precio del arroz, ya que muchos productores reciben menores precios al fijado (efecto de las calidades), los consumidores, particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de los internacionales". Finalmente, la UNCTAD indica que "las políticas existentes han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores y molineros integrados verticalmente, pues a menudo tienen licencias y cuotas, son capaces de comprar arroz a bajo precio en el mercado mundial, ganando altos beneficios ya que lo procesan y lo venden en el país".

Como puede verse, a lo largo de todos los datos y argumentos que hemos recopilado en ASOJOD durante años, es clarísimo que el sistema actual de protección arrocera resulta en un grosero atropello para los consumidores, especialmente para los de más escasos recursos. Proteger a unos pocos para transferirle el dinero de muchos es un acto horrible, muy criticado antaño por el PAC pero que ahora es legitimado por esa fuerza política con la resolución del MEIC para aumentar el impuesto. ¿Y así se atreven a llamarse un partido progresista que busca mejorar la calidad de la vida de las grandes mayorías?

Gracias a esta insensatez, miles de personas verán dificultarse aún más la consecución de su sustento y tendrán que que apretarse más la faja, reduciendo el monto que destinan a otras necesidades o, lamentablemente, disminuyendo el consumo de este grano tan importante en la dieta del costarricense. El resultado final será, sin duda alguna, un incremento de la pobreza, de las necesidades insatisfechas, de la desnutrición y de la incertidumbre que viven las familias en nuestro país. Si ya el dinero no alcanza, como dicen casi todas las personas, ahora mucho menos. Mientras tanto, unos pocos arroceros seguirán disfrutando de ganancias malhabidas, obtenidas a través de la expoliación. 

Esa es la Costa Rica que quiere el PAC, la de unos pocos privilegiados a costa de muchos que pagamos impuestos; la de reducidas oportunidades de progreso para las mayorías con tal de salvaguardar las gollerías de una minoría. La caravana de la alegría muestra la realidad circense en que nos embarcamos los costarricenses, quienes somos enviados a los leones para mantener entretenidos a unos cuantos "patricios". Con Costa Rica no se juega, decía Luis Guillermo Solís en campaña, pero la realidad muestra que con los costarricenses sí.

Ahora, pareciera que nos tocará gritar Ave Luisgui, pauper te salutant.