La columna de Carlos Federico Smith: premiando el ocio

Leí con interés la información de La Nación del 22 de agosto, titulada “Investigación revela alarmantes resultados en educación pública de Costa Rica,” y, conforme pasaba las líneas, más me angustiaba el rumbo que ha tomado este país en cuanto a la calidad de su educación, desazón que ha aumentado al ver que los sindicatos de ANDE y APSE, una vez más, acuden a dejar a sus estudiantes sumidos en la ignorancia, al no enseñarles lo mínimo debido, por estar en huelgas casi constantes.

El problema es que la educación pública del país está en plena declinación, según lo señala el VII Informe Estado de la Educación publicado el 21 de este mes. Según el medio, la educación pública nuestra se caracteriza, entre otras cosas, porque hay “programas de estudios que los docentes se resisten a aplicar, una gran mayoría de escuelas… no imparten (sic) el currículum completo de materias, graves deficiencias en Español y Matemáticas.” Indica que “los resultados en general son desalentadores y no responden a la billonaria inversión que el país hace en esta materia” y que “el único factor que resulta satisfactorio es la cobertura en la preescolar, con el problema de que no está acompañado de una mejor calidad.” El presupuesto del MEP se ha cuadruplicado en los últimos 12 años, pasando de ¢679.659 millones en el 2007 a ¢2.600 millones en el 2019.

Veamos algunos datos: 

En educación preescolar (niños de 4 a 5 años), se mejoró su cobertura al llegar a un 80% mientras que en la década previa era de un 60%. Pero, el informe señala que “Los estudiantes de preescolar… registran bajos niveles en sus habilidades lectoras al iniciar el año, (lo) que se mantiene… al finalizar el curso lectivo.” En dos palabras: no progresaron en su aprendizaje.
 

Hay un desprecio hacia la educación preescolar, pues, a partir de información recabada de profesores universitarios al respecto, “el 49% de (los) docentes (de preescolar) que enseñan tienen (sic) 50 años, en promedio; no tienen contacto diario con las aulas de preescolar debido a que dejaron de impartir lecciones y tienen un puesto en propiedad; el 51% restante tiene 43 años en promedio, son interinos y sí laboran con niños.” En ambos grupos “se encontró poca actualización y participación en las tareas académicas” y son “poco propensos a la investigación y al desarrollo de capacidades innovadoras.”
 

En educción primaria, “93.4% del total de alumnos asisten (sic) a instituciones que no imparten” el currículum completo definido por el Consejo Superior de Educación en 1977. Así, los estudiantes se ver perjudicados al no recibir todas las materias, como también porque “los cambios en los programas de las que sí reciben no se implementan en la clase.” El 45% de 364 maestros que fueron entrevistados no aplica el programa de Español cuya reforma viene desde el 2014, “para incorporar principios que logran un mejor desempeño, basado en descubrimiento de la neurociencia,” y se considera que ese programa es “poco relevante” para enseñar el idioma español. Un “85% no permite interrupciones cuando se lee en voz alta y el 66% no comenta experiencias personales en la lectura.” Según el informe citado, esas acciones “no permiten la lectura dialogada, estrategia… para promover el desarrollo de las habilidades lingüísticas, aclarar conceptos, ampliar conocimiento y enriquecer el vocabulario.”
 

Como se llegó a saber del VII Informe de Estado de la Educación “Al 74% de maestros no les gusta leer,” pues, a partir de “una consulta realizada a maestros de primaria, encargados de enseñar a leer y escribir…”, un “74% manifestó que concibe la lectura como un ejercicio obligatorio, ajeno al gusto y el placer propios de esa experiencia.” ¡Por Dios, no diré nada y sólo recordaré con devoción a mis maestros de primaria -además del esfuerzo de mis padres en su hogar- para enseñarme a leer, con su ejemplo y amor hacia la lectura!
 

En educación secundaria, si bien creció en la cantidad de alumnos (42.383 entre el 2011 y el 2018), ese aumento se dio porque ofertas educativas de menor calidad que la tradicional (como el CINDEA), atraen a los alumnos.
 

“En el 2018, sólo el 75% de los alumnos de tercer ciclo (sétimo, octavo y noveno año) y el 48% de educación diversificada (cuarto y quinto año) está en las aulas en el rango de edad oficial del MEP;” o sea, se está envejeciendo la población de secundaria.
 

El medio indica que un estimado de 53.000 adolescentes, entre 12 y 16 años, está fuera del sistema educativo.
 

En las universidades públicas, el informe encontró que “el porcentaje de personas entre 25 y 34 años que debería contar con educación superior está igual que en 2009 (28%) y, a partir de 2014, viene en caída el número de títulos entregados por año.” Esto ha significado un aumento en la brecha con respecto a los países de OCDE, pues era de 6% a fines de los años noventa y en el 2017 ya es de 16.5%.
 

Es importante destacar que, apenas un 37% de la oferta total de carreras en las universidades, está en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
 

Ante esta situación tan lamentable de nuestra educación, la tristeza o angustia aumenta, al darse cuenta uno del grado de irresponsabilidad de los líderes sindicales del magisterio, quienes, un día sí y el otro también, encuentran razones para lanzarse a huelgas que, entre las cosas que logra, está estimular la ignorancia y el desconocimiento entre estudiantes, quienes tan sólo pasan a ser actor secundario del proceso educativo, primando la conservación de privilegios, más que otra cosa, entre la dirigencia sindical.
 

Pero, ¿cómo la ciudadanía no se va a molestar, con justa razón, cuando en un año, el sindicato de profesores de secundaria APSE ha estado en huelga 107 días y, por su parte, el sindicato de maestros, ANDE, ha pasado 94 días en huelga? Muy cerca de la mitad de lo que efectivamente dura nuestro curso lectivo.
 

Claro, el incentivo obvio es que el costo de irse a una huelga es inexistente -y, tal vez, hasta placentero- para los huelguistas. Sencillamente, con el dinero de los ciudadanos contribuyentes se les paga el mismo salario (con todo y pluses), ya sea que trabajen o no. El estímulo hacia la irresponsabilidad es obvio y, si no se frena este abuso, simplemente seguirán las huelgas, sin importar, como es en el caso aquí descrito, que nuestra educación pública vaya en picada. 

Afortunadamente, decisiones recientes del Congreso parecen haber puesto un alto a este abuso, por lo que esperamos con ansia que esa mayor dedicación que ahora deberá tener el gremio magisterial, se traduzca en una mejora de la educación pública del país. Después de todo, la educación es esencial -no un servicio estratégico, como eufemísticamente se le ha considerado- para que el país tenga un futuro mejor del país y por ello es indispensable que se haga el mejor uso posible de los recursos escasos, lo que incluye la eliminación del desperdicio ante huelgas innecesarias.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: rebrota el sindicato de RECOPE

Al apenas ventilarse algunos de los abusos que tienen ciertas convenciones laborales, lo primero que los sindicatos hacen es amenazar a la ciudadanía con el paro. Es cierto que éste parece ser una de las pocas, pero no la única herramienta de que disponen para mantener sus posiciones. Pero en verdad que también sirve para demostrar fehacientemente que el único interés del sindicato es el logro y el mantenimiento de prebendas para sus asociados.  Es puro cuento el alegato de que lo que los mueve es el interés laboral, pues muchos otros trabajadores se verán perjudicados cuando hay paro como el que desde ya nos anuncia el sindicato de Recope, en caso de que se les toquen sus privilegios.  También es falso que el movimiento del sindicato lo impulse un interés nacional, pues lo que hacen es amenazar con parar sus labores si es que los intereses particulares de ese sindicato son alterados de alguna manera.  Usar el nombre de la Patria por parte de esos sindicatos es falsificar la verdad de las cosas: lo único que ciertamente les interesa son sus propios objetivos salariales, aunque estos sean pagados por todos los costarricenses. Eso es todo: ver cómo ganan más, aunque sea abusivamente y que sea pagado por todos nosotros.

La huelga de Recope, que, en palabras de su secretario general Gilbert Brown, fue tan sólo un mensaje para la opinión pública costarricense, es que irán a la huelga, dejándonos sin combustible, si se les toca alguno de los siguientes privilegios que les ha cuestionado la Contraloría General de la República: (1) un pago adicional en el salario que se da por desempeño; en otras palabras, si trabajan bien en su horario normal se les da ese pago extra; (2) si se les disminuye el actual tope de cesantía de 24 años, en tanto que el del ciudadano común y corriente es de 8 años.  Esta es la fuente de la cual salen pensionados con sumas desproporcionadas pagadas por todos nosotros. Tienen la desvergüenza de amenazarnos, advertirnos, “a la opinión pública”, que es la que les paga estos privilegios, de que harán una huelga si esos privilegios les son tocados. (3) El pago por antigüedad, que si bien es relativamente frecuente entre empleados públicos y no en los privados, en Recope lo es por doble partida: una por una antigüedad definida simplemente como el tiempo en que han laborado en Recope y otra adicional según sea el número de años efectivamente laborados. Esto claramente suena a un doble pago; de albarda sobre aparejo, que todos los ciudadanos tenemos que pagarles.

La situación fiscal del país es muy grave y estos grupos sindicales no parecen estar nada preocupados por los empleos. O es que no leen o que no quieren ver lo que los periódicos y la televisión exponen a diario acerca de la situación del empleo público, cuando se ha desbordado, como en Grecia y España.  Lo único que parece interesarle es ver cómo mantienen esos privilegios, sin darse cuenta de que son factores que precisamente conducen a que el estado en cierto momento no esté en capacidad de financiarlo.  Recope es parte del estado y a éste lo mantenemos todos los ciudadanos mediante impuestos o pagando precios más elevados por las cosas que nos brindan a cambio, como es el caso de los combustibles. Por ello es hora de acabar con estos abusos. El esfuerzo, que en tal sentido está haciendo la Contraloría General de la República, deberá ser ampliamente apoyado. Cada uno de nosotros debe hacer lo posible para así manifestarlo, pues sólo va en beneficio de una ciudadanía hoy esquilmada en provecho de unos pocos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: una huelga tan sólo suspendida

Este sábado 23 de julio se llegó a un acuerdo entre las autoridades de la Caja y los huelguistas para suspender el paro sindical. Esto era previsible, dada la debilidad gradual que fue mostrando la huelga, por lo que ahora resulta ser interesante comentar si, con su terminación, acabarán los problemas con la Caja.

Por un asunto personal durante las últimas semanas he tenido que ojear diversas periódicos desde 1973 en adelante, día a día en lo posible, dada la limitación de la información que los medios han mantenido, en algunos casos con total ausencia de recopilación, en otros por sólo para algunos años y muchas veces en mal estado por fallas en su presentación. El mejor de los casos –y eso es mucho decir- es el periódico La Nación, aunque lamentablemente no tiene un sitio electrónico que almacene adecuadamente sus publicaciones, pues, por ejemplo, omite el período 1991-1994 incluidos y, el que sí mantiene, que va de los años 1946-1991, está lleno de vacíos; como por ejemplo meses para los que no conserva registro, al igual que para muchos días específicos, y todo en una presentación fotográfica que impide hacer un buen y apropiado uso de los documentos así guardados. Bueno, por supuesto que ese periódico no tiene la obligación de conservar bien su historia.

En todo caso, al desfilar por esa rica información, pude darme cuenta cómo cada cierto tiempo se presenta un huelga en la Caja y siempre por las mismas razones, aunque se difiera en los detalles. Los huelguistas siempre alegan defender la Caja , que el Estado pague su parte correspondiente, que los médicos no son debidamente retribuidos y que por ello se debe acudir a arreglos especiales, como jornadas extraordinarias que tienen un elevado costo y, por supuesto, aparecen los sindicatos de ciertos grupos de empleados que se pueden definir como de soporte a los servicios médicos, tales como el de lavandería, el de auxiliares de cuanta cosa hay, el de quienes preparan la comida para los pacientes, el de guardas, que siempre alegan que no se tiene suficientes recursos, que en cristiano significa más plata para ellos.

Todas esas huelgas han concluido en arreglos, que siempre se han traducido en un gasto siempre creciente. Las pocas veces en que ha mejorado la situación financiera de la Caja es cuando el gobierno le ha trasladado plata de todos nosotros, bajo el cuento de que es parte de un “aporte” a que está obligado el gobierno o bien porque se ha terminado por aumentar las cuotas obrero-patronales.

Me pregunto. ¿Será esta vez más de lo mismo? ¿Se seguirá la práctica del “después se verá”, en cuanto a la necesidad de asegurar la supervivencia de la Caja a mediano plazo? ¿Se pondrá orden en ciertas cosas que es posible y necesario lograrlo pronto, en tanto que se definen políticas que requieren de amplio análisis acerca de su razonabilidad y viabilidad en un futuro no tan cercano, pero siempre relativamente pronto?

Es a esto a lo que quiero referirme. En primer lugar, la huelga nació débil y este langor fue creciendo conforme avanzaban los días. Por ello fue posible lograr que el no pago de los días no laborados fuera efectuado en dos partes. Creo que si el gobierno no hubiera sido firme en su posición de “no trabajo, no pago”, hubiera mandado una señal de mayor debilidad en su posición, alentando futuros movimientos que ya se gestan y que vendrán, tengan o no mayor justificación que este recién pasado.

En segundo lugar, hay algo de “después se verá” en lo acordado para que concluyera la huelga. Por ejemplo, debido a la limitación de la Caja para seguir pagando ese privilegio a sus trabajadores ante el pronunciamiento de la Procuraduría, por el cual ya no se puede considerar el pago de incapacidades como un salario, sino como un subsidio y, por tanto, no pueden formar parte ni del treceavo mes, la pensión, el salario escolar y las prestaciones, las partes acordaron buscar alternativas para las contribuciones al régimen de pensiones de los empleados de la Caja. Pero, como advirtió la presidenta ejecutiva de la institución, Dra. Balmaceda, sin que implicara costos extra para la Caja. Ni tampoco para el resto de los costarricenses, obreros y empresarios, agrego yo.

También en ese diletantismo se acordó crear una comisión que evaluara las obligaciones del estado y de los patronos. Por supuesto que quienes están obligados a pagar, como patronos y trabajadores, deben de pagar lo que deben. Ya el Ministerio Público dijo que investigaría la morosidad con la Caja, que estoy seguro traerá resultados positivos para las finanzas de la Caja y la legalidad de las cosas. Pero un hecho distinto es el de la obligación que el Estado mantiene con la Caja. La regla ha sido que el Estado le dé “papeles”; esto es, bonos que devengan intereses, para ir cubriendo su deuda con la Caja. Pero la verdad es que, primero los intereses, son fondos que deberán ser cubiertos con los impuestos y contribuciones que toda la ciudadanía le entrega al Estado, por lo que, en última instancia, seremos los ciudadanos físicos y legales (empresas) quienes terminaremos pagando esos intereses.

Lo mismo con el principal del bono a su vencimiento: de nuevo la ciudadanía tendrá que entregar recursos al Estado para cubrir ese pago (a no ser que el Estado irresponsablemente, como siempre ha hecho, decida echar a la calle una nueva emisión de deuda para cubrir la a que va venciendo, pero que algún día, sin duda, tendrá que pagar, por supuesto que cargándosela a todos los ciudadanos). Casi que mejor olvidarse de esa deuda y que el Estado desaparezca de la Caja: que quede en manos de quienes la mantienen; esto es, los trabajadores y las empresas. (Nada más imagínense cuánto nos evitaríamos de políticos y de las políticas que suelen proponer).

Pero también hay muchas otras cosas que quedan en el aire y a las que nada más voy a referirme en términos de preguntas:

1.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el fenómeno del envejecimiento de la población asegurada, que percibirá servicios de salud y pensiones por muchos años más de los actuarialmente pagados en la situación actual?

2.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante “el desperdicio de medicamentos, poli consultas innecesarias, y el uso abusivo de emergencias”, como claramente lo señala el pronunciamiento del respetable Colegio de Médicos en su pronunciamiento del 24 de julio?

3.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el abuso en la demanda de los servicios que brinda la Caja por parte de personas, nacionales y extranjeras, que no cotizan a la Caja?

4.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante la actual práctica de turnos que no es uniforme para todos los profesionales, implicando en estos momentos mayores costos? Debe averiguarse si algunos grupos disfrutan de lo que se llama tiempo extraordinario a partir de las tres de la tarde…

5.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el exceso de gastos que le ha impuesto al Sala Constitucional con base en una concepción abusiva de los derechos de los ciudadanos? Pronto será que hay que dar casa a quien la solicite con base en un derecho a la vivienda, que la Caja tenga que brindar el más caro tratamiento médico del mundo, posiblemente sólo hallado en naciones muy ricas, que algún demandante considera se le “debe dar” o también, ¿por qué no?, que, en función de algún etéreo “derecho a la felicidad”, la Sala obligue a la Caja a dar pensión a todo mundo independientemente de sus aportes. Todo es posible en esta ingrata tarea judicial de repartir lo que no se tiene… ignorando el principio elemental de la escasez y limitaciones de recursos que existe en toda la humanidad.

6.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) con las incapacidad exageradas y fuera de proporción que se dan a los empleados de la Caja y que han sido afortunadamente expuestas ante el público por diversos medios de prensa?

Quiero terminar aquí con esta materia tan incómoda, con una advertencia. Si se quiere mantener un régimen de seguridad social con algún viso de solidaridad social, es necesario entrarle a estos problemas y no posponer soluciones. De seguir este último camino, no tengo dudas de que los mercados funcionarán y se tendrá algún régimen de salud y pensiones muy diferente al actual, al menos respecto a los principios bajo los cuales la Caja fue establecida.

Jorge Corrales Quesada