La semana anterior, el Poder Ejecutivo convocó, gracias a la presión del Movimiento Libertario, el proyecto de Ley Nº 17.868, Ley de Responsabilidad Fiscal, elaborado por ANFE en septiembre del 2010.
Sin dudas, el manejo de las finanzas públicas, especialmente en los últimos años, no se ha caracterizado por la prudencia fiscal, sino que se ha desarrollado según las ocurrencias del Gobierno de turno, que han asumido compromisos constitucionales y legales de gasto público sin preocuparse si existirán las fuentes de ingreso sostenibles en el tiempo que permitirán hacerle frente a las nuevas obligaciones.
Sin dudas, el manejo de las finanzas públicas, especialmente en los últimos años, no se ha caracterizado por la prudencia fiscal, sino que se ha desarrollado según las ocurrencias del Gobierno de turno, que han asumido compromisos constitucionales y legales de gasto público sin preocuparse si existirán las fuentes de ingreso sostenibles en el tiempo que permitirán hacerle frente a las nuevas obligaciones.
Así, con la excusa de enfrentar la crisis económica, la administración Arias Sánchez no aplicó una política fiscal anti-cíclica —esto es una política de aumentar el gasto público no recurrente, gastos que ocurren una sola vez—sino que se inclinó por implementar una política fiscal expansiva. En otras palabras, impulsó un crecimiento de gastos públicos recurrentes (como salarios, pensiones y transferencias) que no se espera que se contraigan en el futuro y que dispararon el déficit fiscal esperado, para 2010, a un nivel superior al 5% del Producto Interno Bruto.
Precisamente para limitar la discrecionalidad de las autoridades e intentar garantizar un manejo fiscal responsable, se establece una serie de restricciones en este proyecto de ley, tendientes a:
1. Promover un manejo fiscal responsable que contribuya a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica.
2. Establecer reglas fiscales que garanticen un superávit primario del gobierno central.
3. Limitar el crecimiento del gasto primario del gobierno central y el endeudamiento público.
4. Introducir un conjunto de sanciones para los funcionarios y responsables de los entes de control que incumplan con lo establecido en los artículos de la Ley 8131.
5. Contribuir al proceso de priorización y mejora de la eficiencia del gasto público que incluya la eliminación de rubros innecesarios o de baja rentabilidad social del presupuesto público.
6. Enviar señales claras de compromiso con la responsabilidad fiscal a los inversionistas y los mercados internacionales que permitan reducir la incertidumbre, los costos de transacción y las primas de riesgo.
En ASOJOD esperamos que, si de verdad el Gobierno está preocupado por el déficit fiscal y si realmente desea resolver el problema, esta iniciativa se apruebe.