Se ha puesto en boga hablar de la empresa pública, del empresario pública y de la gestión empresarial hecha desde el ámbito público.
En mi humilde entender, no son expresiones aceptables porque constituyen una contradicción o un delito.
El ICE no puede ser una empresa pública, sus administradores jamás pueden ser calificados de empresarios o expresión similar. Simplemente es una categoría que no corresponde.
En la empresa hay un riesgo y un emprendimiento que solo es compatible con la organización de los factores de producción o gestión de comercio desde el ámbito o sector privado. Hacerlo desde el sector público no es tomar riesgo y no es una organización propia de un empresario.
En el sector público podríamos estar hablando de un buen organizador, un gran administrador, un servidor fiel, un empleado inteligente y hasta con mucha iniciativa, pero nunca sería propio designarle con la calificación de empresario.
Al tratarse de bienes y administración pública hay incompatibilidad con la función social del empresario. Una razón es porque no hay el riesgo propio de la función del emprendedor privado. El otro motivo es que en la generalidad de los regímenes administrativos más bien es delictivo o prohibido arriesgar los bienes y patrimonio público. Competir desde el sector público no tiene gracia ni capacidad empresarial, todo lo contrario. Hacer negocios con el giro público fue típico de algunas organizaciones, pero no es labor empresarial. Sería más bien desleal o una actividad jurídicamente incompatible con la función pública.
Con la apertura de los mercados de telecomunicaciones y seguros, así como antaño con la banca (función de intermediación financiera) han emergido algunas de las contradicciones que se derivan de la confusión que algunos predican entre la administración pública y la actividad empresarial.
La administración pública, en términos generales, no cuenta con el riesgo ni con la competitividad propia de la actividad empresarial. Más bien, si se aprecia bien, la actividad de la administración pública se mueve en las regulaciones propias del principio de legalidad, el ajuste a los principios del Derecho Público, las características y regulación propia de las finanzas y administración de bienes públicos y la conformidad con el fin público. Lo propio es la transparencia y la rendición de cuentas. El ente público está obligado a coordinarse con el resto de la administración pública, a cumplir directrices (en Costa Rica incluso las emitidas por el Consejo de Gobierno), a seguir a rectorías de sector, a cumplir los principios del servicio público y una serie de regulaciones más. Cuando se intensifica en su estudio, se concluye que además hay una responsabilidad en el uso total de recursos públicos, incluidas las competencias, las potestades, los bienes y los ingresos. No debería haber campo para más discrecionalidad que la que permite el Ordenamiento Jurídico Administrativo ni para aprovecharse inventándola cuando se está frente a conceptos jurídicos indeterminados. No es propio de la Administración Pública andar inventando, improvisando, cambiando sistemas y modos, pues el derecho a la continuidad y las técnicas de rendición de cuentas más bien exigen que todo sea previsible.
En él giro de la empresa privada, en cambio, más bien aparece un conocimiento no articulado, un olfato y visión propias de algunos que miran y aprecian lo que los demás no percibimos. Hay innovación, introducción de nuevas técnicas, cambio de giro de producción, búsqueda de nuevos mercados, riesgo en la gestión y gran riesgo personal. Hay que crea riqueza, producir, vender, competir, innovar e incluso, arriesgar y arriesgarse. El lucro es un incentivo, pero hay muchas más motivaciones.
Estimo que un banquero privado puede ser un gran empresario, en tanto que el banquero público (en Costa Rica el Estado es dueño de banca comercial) tiene que ser un buen administrador.
Por ello, además de que es cuestionable todo el esquema de entes públicos haciendo actividad que es propia del giro privado, del comercio y la industria particulares, estimo que los esquemas planteados además son incompatibles. Una Junta Directiva de un ente público creyendo que hace empresa (¿empleomanía? ¿clientelismo electoral?) o arriesgando los fondos y recursos públicos (¿secretos comerciales?) o haciendo liberalidades con los recursos públicos (convenciones colectivas y crisis en algunas instituciones, incluyendo la CCSS) nos evidencia que estamos en un campo minado, mal concebido, de riesgo inaceptable para los usuarios de servicios públicos, ciudadanos y pagadores de impuestos y contribuciones obligatorias. Una Junta Directiva como la de RECOPE, apostando a una nueva refinería en un ámbito en que es discutible que haya refinería. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién paga la fiesta si el negocio sale mal? ¿Quién controla los malos manejos y usos si no hay competencia ni quién pueda pagar los riesgos que desnaturalizadamente se toman con nuestros haberes?
Hace algunos años cuestionamos la constitucionalidad de una serie de contenidos de convenciones públicas y tuvimos relativo éxito. Algunos jugaron de empresarios en una serie de instituciones públicas y los usuarios (obligados) y ciudadanos estábamos pagando la fiesta ajena. La desintoxicación no ha terminado, pero se ha abierto una nueva grieta que está permitiendo nuevamente jugar a la empresa con el dinero de los demás: alianzas estratégicas (Racsa con la Dirección de Tránsito, poniendo cámaras y sorteando las normas de la administración financiera), secretos comerciales (los diputados no pueden indagar qué pasa en el ICE) y nueva empleomanía. ¡Qué fácil ser regalón con el patrimonio ajeno!
Repito que no es compatible hablar de empresa en el ámbito público.
Federico Malavassi Calvo
En mi humilde entender, no son expresiones aceptables porque constituyen una contradicción o un delito.
El ICE no puede ser una empresa pública, sus administradores jamás pueden ser calificados de empresarios o expresión similar. Simplemente es una categoría que no corresponde.
En la empresa hay un riesgo y un emprendimiento que solo es compatible con la organización de los factores de producción o gestión de comercio desde el ámbito o sector privado. Hacerlo desde el sector público no es tomar riesgo y no es una organización propia de un empresario.
En el sector público podríamos estar hablando de un buen organizador, un gran administrador, un servidor fiel, un empleado inteligente y hasta con mucha iniciativa, pero nunca sería propio designarle con la calificación de empresario.
Al tratarse de bienes y administración pública hay incompatibilidad con la función social del empresario. Una razón es porque no hay el riesgo propio de la función del emprendedor privado. El otro motivo es que en la generalidad de los regímenes administrativos más bien es delictivo o prohibido arriesgar los bienes y patrimonio público. Competir desde el sector público no tiene gracia ni capacidad empresarial, todo lo contrario. Hacer negocios con el giro público fue típico de algunas organizaciones, pero no es labor empresarial. Sería más bien desleal o una actividad jurídicamente incompatible con la función pública.
Con la apertura de los mercados de telecomunicaciones y seguros, así como antaño con la banca (función de intermediación financiera) han emergido algunas de las contradicciones que se derivan de la confusión que algunos predican entre la administración pública y la actividad empresarial.
La administración pública, en términos generales, no cuenta con el riesgo ni con la competitividad propia de la actividad empresarial. Más bien, si se aprecia bien, la actividad de la administración pública se mueve en las regulaciones propias del principio de legalidad, el ajuste a los principios del Derecho Público, las características y regulación propia de las finanzas y administración de bienes públicos y la conformidad con el fin público. Lo propio es la transparencia y la rendición de cuentas. El ente público está obligado a coordinarse con el resto de la administración pública, a cumplir directrices (en Costa Rica incluso las emitidas por el Consejo de Gobierno), a seguir a rectorías de sector, a cumplir los principios del servicio público y una serie de regulaciones más. Cuando se intensifica en su estudio, se concluye que además hay una responsabilidad en el uso total de recursos públicos, incluidas las competencias, las potestades, los bienes y los ingresos. No debería haber campo para más discrecionalidad que la que permite el Ordenamiento Jurídico Administrativo ni para aprovecharse inventándola cuando se está frente a conceptos jurídicos indeterminados. No es propio de la Administración Pública andar inventando, improvisando, cambiando sistemas y modos, pues el derecho a la continuidad y las técnicas de rendición de cuentas más bien exigen que todo sea previsible.
En él giro de la empresa privada, en cambio, más bien aparece un conocimiento no articulado, un olfato y visión propias de algunos que miran y aprecian lo que los demás no percibimos. Hay innovación, introducción de nuevas técnicas, cambio de giro de producción, búsqueda de nuevos mercados, riesgo en la gestión y gran riesgo personal. Hay que crea riqueza, producir, vender, competir, innovar e incluso, arriesgar y arriesgarse. El lucro es un incentivo, pero hay muchas más motivaciones.
Estimo que un banquero privado puede ser un gran empresario, en tanto que el banquero público (en Costa Rica el Estado es dueño de banca comercial) tiene que ser un buen administrador.
Por ello, además de que es cuestionable todo el esquema de entes públicos haciendo actividad que es propia del giro privado, del comercio y la industria particulares, estimo que los esquemas planteados además son incompatibles. Una Junta Directiva de un ente público creyendo que hace empresa (¿empleomanía? ¿clientelismo electoral?) o arriesgando los fondos y recursos públicos (¿secretos comerciales?) o haciendo liberalidades con los recursos públicos (convenciones colectivas y crisis en algunas instituciones, incluyendo la CCSS) nos evidencia que estamos en un campo minado, mal concebido, de riesgo inaceptable para los usuarios de servicios públicos, ciudadanos y pagadores de impuestos y contribuciones obligatorias. Una Junta Directiva como la de RECOPE, apostando a una nueva refinería en un ámbito en que es discutible que haya refinería. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién paga la fiesta si el negocio sale mal? ¿Quién controla los malos manejos y usos si no hay competencia ni quién pueda pagar los riesgos que desnaturalizadamente se toman con nuestros haberes?
Hace algunos años cuestionamos la constitucionalidad de una serie de contenidos de convenciones públicas y tuvimos relativo éxito. Algunos jugaron de empresarios en una serie de instituciones públicas y los usuarios (obligados) y ciudadanos estábamos pagando la fiesta ajena. La desintoxicación no ha terminado, pero se ha abierto una nueva grieta que está permitiendo nuevamente jugar a la empresa con el dinero de los demás: alianzas estratégicas (Racsa con la Dirección de Tránsito, poniendo cámaras y sorteando las normas de la administración financiera), secretos comerciales (los diputados no pueden indagar qué pasa en el ICE) y nueva empleomanía. ¡Qué fácil ser regalón con el patrimonio ajeno!
Repito que no es compatible hablar de empresa en el ámbito público.
Federico Malavassi Calvo
