Casualmente, dos noticias de estos días se refieren a “horarios.” Una de ellas se publicó en La Nación del 17 de mayo, bajo el encabezado “Director del IAFA destituido por la Junta Directiva tras desacuerdos con funcionarios que incumplían horarios” y, la otra, por el mismo medio en su edición del 21 de mayo, bajo el título “Muelleros de Japdeva sólo ‘cumplen horario’ a falta de barcos.”
Me referiré a estas dos variaciones sobre un mismo tema. Primero, las noticias de JAPDEVA. Resulta que, ante la falta de llegada de barcos a los antiguos muelles de Limón, “los empleados… solo atienden naves de carga mixta o graneleros, en los muelles de Moín y Limón; es decir, menos de la tercera parte del trabajo que antes realizaban.” Eso por la atención de barcos contendedores que ahora se da en el nuevo muelle de APM Terminals.
Tal cosa era esperable, pues las nuevas tecnologías y las reglas de eficiencia hacen que los muelles viejos se sustituyan por otros más eficientes. Al no llegar tantos barcos a los viejos muelles, uno esperaría que una empresa disminuyera el personal que allí trabaja (pagado, en última instancia, por los usuarios, que ahora han bajado). Se lerdearon en acomodar al personal sobrante en otras instituciones públicas, como se les ofreció, pero la movilización horizontal no tuvo éxito, posiblemente porque ciertos privilegios que se tenían en JAPDEVA, serán menores en las nuevas alternativas.
Asimismo, se ha buscado generar nuevas fuentes de empleo, pero en esencia se trata de proyectos que, si bien “apenas se están desarrollando los estudios de factibilidad y mercado de esas iniciativas,” apenas han sido mencionados, como transformar uno de los muelles en una central de cruceros y una marina en dicha ciudad, crear una zona de transporte intermodal en Moín, un muelle pesquero en Cieneguita y otro centro de logística en Liverpool, también en la provincia. Igualmente, se ha propuesto ampliar el actual muelle de Moín.
Pero, todas estas ideas, que bien podrían ser buenas y, tal vez, hasta rentables, en apariencia serían administradas y propiedad de JAPDEVA; esto es, en manos del estado. Por la experiencia, incluso vivida en la propia JAPDEVA, sabemos que, cuando las empresas las administra el estado, la eficiencia económica es, si acaso, un asunto secundario. Tal vez abrir ofertas para que empresas privadas se encarguen de llevar a cabo esos proyectos y operarlos bajo el sistema de concesión, sería una mejor guía hacia la eficiencia económica, lo que beneficiará no sólo a trabajadores y empresas, sino, en general, a toda la economía nacional. Una empresa privada no incursionaría en un negocio en donde se generan pérdidas, pues perdería su capital. Tal cosa no es importante en la propiedad estatal, pues allí simplemente los fines son políticos.
Uno esperaría que con en esas operaciones privadas no habría trabajadores que son contratados para no hacer nada, ante la falta de demanda del servicio producido, sino que dependerían de las demandas de los consumidores o usuarios. No tendría sentido tener trabajadores de más; los horarios de trabajo serán los efectivamente requeridos para trabajar en satisfacer a los usuarios del servicio. Se tiende al uso óptimo de los recursos escasos. A la fecha, JAPDEVA tiene 1.400 trabajadores con un costo estimado para este año de ¢41.650 millones y de él, “la mitad corresponde a pluses salariales.”
De hecho, me temo que pronto veremos trasladar a los contribuyentes las pérdidas de la vieja JAPDEVA, a menos que se revierta la situación actual, eso sí, sin mediar subsidios ni transferencia de índole alguna. (Al cierre del 2018, las pérdidas de JAPDEVA ascendían a ¢3.146 millones). Abrir espacios a empresas privadas, como indiqué arriba, podría generar los recursos para pagar esas obligaciones, unas heredadas y otras por presentarse en fechas próximas.
El segundo tema de los “horarios” en este artículo se relaciona con el despido, por parte de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), de su director, el señor Javier Vargas Vindas, psicólogo clínico de profesión.
En palabras del señor Vargas, “Las razones que (le) dio la Junta Directiva es que no tuv[o] las habilidades blandas que debe tener un director para poder ser intermediario entre los acuerdos de junta,” y que “desde el inicio había algunos empleados que se aprovechaban en alguna medida de los horarios convenidos, de no marcar entrada, agarraban más tiempo de la hora para comer o llegaban más tarde a laborar… Un grupo de gente solía llegar tarde. Mi función administrativa era poner orden”, además de hacer otras funciones propias de su cargo.
No sé si efectivamente el funcionario despedido se lo merecía, pero, si el despido se debe a que puso o intentó poner orden en el cumplimiento de los horarios, más bien lo apropiado sería darle un reconocimiento por esa buena labor, pues quienes no cumplen debidamente con los horarios son empleados que todos los contribuyentes pagan. De ser cierta y atribuida como causal del despido, por el contrario, esa gestión del funcionario debería divulgarse, para que ojalá sea imitada en muchos otros entes públicos.
Repito, no sé si esa fue la razón del despido, pero, ante esas denuncias del funcionario Vargas, el Servicio Civil o la Contraloría General de la República, si es del caso, deberían intervenir y, ni que se diga del ministerio de Trabajo.
Jorge Corrales Quesada
