Desde la tribuna: visitando, nuevamente, la Gobernabilidad

La existencia de una Junta de Notables, designada por el Poder Ejecutivo, muestra el grave quebranto de salud de la politica costarricense. Hasta ahora, la patraña de imputar al reglamento legislativo, a la revisión judicial y a la representación proporcional con minorías, los problemas nacionales, sigue desarrollándose, aún con lo ridícula que es, sin prometer soluciones a la impunidad de la jerarquía gubernativa, al clientelismo electorero, al secretismo en los asuntos públicos y al dominio oligárquico que obstaculizan una mayor participación popular y desvían el ejercicio del poder hacia fines ilegítimos. 

La convocatoria de una Junta de Notables es, al mismo tiempo, una convocatoria al pueblo para que resista y combata la impunidad, el clientelismo y el desmembramiento de la república democrática que ansía Casa Presidencial. Para una cepa politica con ansias de mayor dominio, la division de poderes y el control constitucional de las leyes, son estorbos. Para ese producto intelectual, gobernabilidad equivale a domesticación.

Su meta final consiste en desarticular cualquier control real a los designios del poder ejercido desde Casa Presidencial. No significa esto que el poder lo ejerza Casa Presidencial o el Poder Ejecutivo sino, que esta rama del poder politico, es la más sencilla de instrumentalizar y la mas eficaz, frente a las complicaciones de hacerlo con el Poder Legislativo y sus órganos auxiliares y el Poder Judicial.  

Claro, que se procura mantener una fachada de división de poderes y de control jurisdiccional de las actuaciones administrativas y de constitucionalidad de las leyes. Esta apariencia es importante para seguir utilizando el concepto de democracia y república como expresiones del sistema político costarricense y su legitimidad, por más falso que  llegue a ser.

El equilibrio consiste, para esa pertinaz cepa política, en mantener una apariencia de gobierno republicano y democrático, pero, en realidad, funcionar como una dictadura, desde el Poder Ejecutivo. La mala gestión administrativa en el caso de la platina, el "affair" de isla Calero, la trocha, la concesión de la vía a Caldera, la CCSS, el ICE, el tráfico de recomendaciones y un muy evidente etcétera, se disimula o explica finalmente, achacando la defectuosa gestión politica a tres causas. Según la notable versión, el reglamento legislativo, la Sala Constitucional y la representacion multipartidista-partidos minoritarios-en municipios y en la Asamblea Legislativa, son los imputados.  

Los cortesanos del poder, reunidos o individualmente, en comisiones o en solitario, defienden esa versión de la agenda nacional. El resultado que buscan es convertir en menguas del control político y jurisdiccional los problemas que derivan, evidentemente, de menguas de control político y jurisdiccional. 

Es, en realidad, un acto de engaño y desfachatez. Tramitar proyectos de ley con mayor improvisación y premura, poner bozales al control legislativo, hacer simbólica, en vez de eficaz, la representación política minoritaria, obstuculizar y limitar la revisión judicial de los actos administrativos y de las leyes, bajo el pretexto de que, por esa vía, se arreglaran los problemas nacionales, no puede ser mas falaz. 

Pero una engañifa puede tener consecuencias más o menos graves. Si se la reconoce y desestima, no se ocultarán o disimularán los verdaderos problemas como los que se han evidenciado en las compras de la CCSS, en las del CONAVI y el MOPT, en las fijaciones tarifarias y abusos de la ARESEP, en el agobio de trámites administrativos, en la impunidad de los jerarcas, en las irracionales decisiones acerca de RECOPE y la Refinería, en el desorden hacendario, en la falta de perspectiva frente a los retos y oportunidades de la inversión productiva y el empleo, en el inadecuado manejo de las oportunidades de la energía y el ambiente, en las carencias de profundización y extensión de los derechos de propiedad en zonas costeras e insulares, en la falta de mayor libertad de expresión e información y de una  acrecentada libertad de participacón en la vida nacional y en la búsqueda de la felicidad de las familias. Un largo etecetera de una agenda real, no la falsa que quieren imponer los que no han resuelto, sino agravado, cada uno de los problemas nacionales y dejado pasar, de largo, las oportunidades de mejor vida, más libertad y bienestar con responsabilidad, para las familias costarricenses.

La democracia y la vida republicana existen para que las Juntas de Notables, nombradas y encajadas desde Casa Presidencial,  sean artilugios antidemocráticos desactualizados y, como mucho, históricos. Cuando ocurre que toman preminencia e influencia por sobre las instituciones republicanas y democráticas, señal es de que, en vez de menos, es necesaria más república, más participación ciudadana, más iniciativa, más liderato para profundizar la responsabilidad política y más decisión para expulsar la impunidad y la corrupción.   

Mario Quirós Lara

La columna de Carlos Federico Smith: ingobernabilidad

Esta es una palabra que de pronto parece estar de moda, desaparece del panorama por un rato y luego regresa a la palestra. Creo es necesario meditar acerca de la forma en que se le suele emplear en algunos círculos, para ver si es así posible discernir su verdadero significado.

A menudo por ella se suele entender la incapacidad de algún poder del Estado, normalmente el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo ciertas propuestas, en un tiempo el cual ese mismo ente u otros consideran apropiado. La dimensión tiempo es crucial y por ello, como ejemplos, es factible que se escuche la opinión de que la Contraloría contribuye a la ingobernabilidad, porque retarda mucho el proceso “ágil” de contratación requerido, o bien que la Asamblea Legislativa es el semillero de la ingobernabilidad, porque allí no se aprueban los proyectos urgentes y necesarios (a criterio de alguien), usualmente debido a un ambiente de discusión interminable e incluso por la imposibilidad de llevar a cabo una votación requerida, a causa de la manipulación de un reglamento legislativo operativamente ineficiente y engorroso.

Los anteriores son tan sólo dos ejemplos de lo que algunos suelen llamar ingobernabilidad, aunque, sin duda, el más de moda es que la ingobernabilidad en este país tiene su fuente en el Poder Legislativo. Es por ello que me referiré a este último caso, más que a otras aplicaciones del término a otras entidades o situaciones.

Quien más debe aborrecer la ingobernabilidad es el tirano. Dado que el Poder Legislativo es la expresión del poder legítimamente enraizado en el pueblo, en donde éste delega en aquél su poder, una voluntad diferente de la del dictador que emane de dicha institución, sin duda que constituye, como mínimo, un estorbo ante los ojos del tirano, quien así se ve impedido para ejercer su única voluntad. Por ello no es de extrañar que, por ejemplo, Hitler, el 2 de febrero de 1933, con sólo dos días de haber asumido como Canciller o Jefe de Estado de Alemania, lo primero que hizo fue disolver el Parlamento de ese país, para poder así ejercer dictatorialmente su capricho. Algo similar sucede hoy en Venezuela, en donde, por las razones que sean, el Poder Legislativo está casi copado por el partido de gobierno, razón por la cual el Presidente Chávez está en capacidad de lograr la aprobación de cualquier apetencia que se le ocurra.

Fue con la aprobación de la Carta Magna en Inglaterra en 1215, que el rey quedó sujeto a la voluntad de la ley, al igual que lo estaba cualquier otro ciudadano, y se vio obligado a escuchar la opinión de los barones o señores, quienes con anterioridad estaban sujetos a obedecer sus deseos. En realidad no pasó mucho tiempo para que, de tan importante acuerdo, surgiera evolutivamente lo que se considera constituye el primer parlamento moderno, allá por el año 1265. Este desarrollo institucional del parlamento en mucho se debió a que, por necesidades militares reales, el rey simplemente imponía su voluntad sobre sus súbditos, cargándoles de impuestos para financiarlas. Pero lo que solía ser potestad incuestionable, se vio limitada por la voluntad del pueblo, que exigió que cualquier tributo debiera de obtener primero su aprobación. Esto es, el requisito de que los gravámenes no podían ser impuestos sin el consentimiento del “consejo general del reino”. Para ello se hizo necesario parlamentar (palabra de origen francés), que significó diálogo, acuerdo y, ante todo, limitación de la voluntad real.

El tirano es antitético al parlamento por el simple hecho de que éste le limita en su arbitrio. El orden de la libertad en mucho descansa en instituciones destinadas a limitar el poder del Estado y, por supuesto, más para el caso hipotético de un gobernante que pueda pretender ser el único que defina las decisiones públicas. Las ideas de supremacía de la ley, de igualdad ante ella, de no impuestos sin representación, de un Estado limitado, del derecho a la resistencia, de compensación y representación, de una división de los poderes que integran el Estado, de la existencia de frenos y contrapesos entre esos poderes, son instituciones que han surgido para que ninguna persona pueda imponer al pueblo su única y propia voluntad, siendo que es en éste en donde en el poder reside en última instancia.

El parlamento o Asamblea Legislativa se supone que constituye la representatividad del pueblo. Por ello los impuestos tienen que ser aprobados por el parlamento y no por la voluntad de un poder ejecutivo. Si bien dicha aprobación legislativa constituye una manera indirecta de aprobación popular, bien podría ser efectuado de manera directa, como sería el caso de hacerlo mediante un referendo en que se consulte la opinión ciudadana sobre el tema. Es así como se hace en lo que tal vez sea la democracia más avanzada, como es en los cantones suizos.

Si se tiene en mente el origen de los parlamentos modernos, en mucho para refrenar las posibilidades del soberano de utilizar para sus propósitos los recursos de los ciudadanos -mediante impuestos principalmente usados para financiar guerras- se entiende porqué es que los temas impositivos son especialmente sensibles, en donde se debe tomar en cuenta, lo más ampliamente posible, la expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos. En una Asamblea Legislativa o parlamento se supone que los diputados son quienes deciden acerca de, por ejemplo, la propuesta tributaria proveniente de otro poder, como el ejecutivo. Pero, de nuevo, es una expresión indirecta de la voluntad popular, que bien podría ser directamente definida en este tema, por medio de la expresión en un referendo.

La llamada ingobernabilidad actual se ha concentrado, a decir de algunos, en la incapacidad de nuestra Asamblea Legislativa, nuestro parlamento, para aprobar el proyecto de impuestos del momento, que el poder ejecutivo considera urgente para financiar su gasto excesivo. Se ha aseverado que se utilizan argucias procedimentales con el fin de entrabar el trámite (¿expedito? ¿apurado?) de aprobación de esos mayores gravámenes. Pero resulta interesante destacar que es de esperar que la aprobación de impuestos no sea una cosa fácil, rápida de lograr, en donde haya poca discusión del proyecto. Este principio, no debe olvidarse, de control profundo en cuanto a la aprobación de impuestos, fue factor esencial en la creación del parlamento moderno, tal como brevemente lo reseñamos con anterioridad.

Así como es esencial el control que indirectamente puede ejercer el pueblo por medio de la Asamblea Legislativa, también lo es que la aprobación de gravámenes no sea un asunto de un simple trámite, de lo que se somete a la aprobación de esa Asamblea. Si hay algo, según históricamente lo ha determinado el poder popular, en lo cual es indispensable restringir el abuso potencial del Estado, es el caso de la imposición de gravámenes. Incluso este escrutinio escrupuloso puede ser aún mayor que el requerido en otros asuntos de interés ciudadano.

La idea de que se requiere de un consentimiento del ciudadano para ser objeto del pago de impuestos, fue claramente expuesta por el político y estadista británico, William Pitt, al señalarnos que “la imposición no es parte del gobierno o del poder legislativo. Los impuestos son una concesión voluntaria o una donación tan sólo de la gente” [John Phillip Reid, The Constitutional History of the American Revolution, The Authority to Tax, Madison, Wisconsin, 1986, p. 145]. Por ello, mientras que otras leyes normalmente no tenían que ser objeto del consentimiento del ciudadano para ser aprobadas, ese no era el caso al tratarse de la imposición de gravámenes. De aquí es de esperar que la posible aprobación de impuestos no sea un proceso común, sino excepcional. Por supuesto, que esa excepcionalidad exige el mayor grado de vigilancia del contenido de la propuesta de impuestos, meticulosidad y recelo acerca de sus detalles, pero, sobre todo, precaución ante el abuso posible que se puede estar cometiendo, por parte del poder del Estado.

“Un mal impuesto, entonces, es cualquier impuesto que la gente no quiere y que no apoya. No es un asunto de expertos decidir sobre el tema. Lo que la gente quiere deberá ser el árbitro final de la política impositiva. Cuando la evasión es generalizada, el gobierno deberá leer el mensaje. Una sociedad inclinada hacia la evasión, como lo fue en la España imperial, en su momento declinará. Algunas veces la coerción puede estabilizar una sociedad rebelde, como fue el caso de Roma bajo Diocleciano, quien solucionó el problema de la evasión mediante la fuerza y la esclavitud. En una democracia, ese no es un camino fácil, pero los gobiernos parecen pensar que es una buena política”, nos advierte Charles Adams (For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization, Lanham, Maryland: Madison Books, 1999, p. 385). Por ello, debe darse un cuidado riguroso a cualquier proceso de aprobación de gravámenes y, sobre todo, que sean vislumbrados como apropiados, justos y mesurados por parte de los ciudadanos, quienes son los que en última instancia deben de pagarlos.

Por ello es de cierta manera sorprendente, que lo que exige la revisión más profunda y exhaustiva del ejercicio del poder del Estado, cual es la imposición de gravámenes, en el caso actual se le aplique el procedimiento parlamentario conocido en nuestro país como de “vía rápida”, el cual incluso se ha ejercitado, aparentemente, mediante formas indebidas; esto es, a contrapelo de ley, como lo ha indicado el propio Presidente de la actual Asamblea Legislativa.

La llamada “ingobernabilidad”, entendida como el impedimento en la aprobación de leyes, más bien resulta ser una virtud, cuando se pretende sancionar un proyecto de ley inconveniente, malévolo, grosero, abusivo e indeseado, tan sólo con fundamento en que hay una mayoría relativa, obediente de los ordenamientos que le envía un poder particular, deseosa de su rápida aprobación. Pero se efectúa con insuficiente discusión, sin que medie negociación de cara al pueblo que en algún grado pueda equilibrar daños, sin que se escuche, con posibilidades de una efectiva variación de la propuesta inicial del rey (perdón, del gobierno), la voz popular en contra del proyecto en mención. Una ciudadanía que, al menos según encuestas al respecto, ha señalado, en cerca de un 75% de los entrevistados, que el pretendido aumento de impuestos no reducirá el problema del déficit gubernamental. Más bien propone otras medidas, como reducir el gasto, disminuir tareas del gobierno, vender activos públicos, entre otras soluciones para un problema actual.

En ese sentido, la ingobernabilidad” deviene en una virtud: impedir el abuso del soberano contra el pueblo. Evitar un estricto y amplio escrutinio de las pretensiones impositivas del gobierno, mediante una aprobación “rápida”, “fácil”, “expedita” como lo quieren algunos, principalmente los gobernantes de turno, puede ser el mejor resultado que nos puede suceder a los ciudadanos.
En este sainete incluso sorprende ver a algunos que se quejan, ante una presunta variación en los gravámenes a ciertos sectores hoy favorecidos con una excepción impositiva, clamar porque se pretende afectar sus derechos consolidados y hablan de “inseguridad jurídica”, pero al mismo tiempo se lamentan de la “ingobernabilidad” en el país, por la no aprobación del nuevo paquete de impuestos que el gobierno propone. To be or not to be that is the question.

Si los impuestos son indeseables por su naturaleza, como se ha mostrado a través de la Historia, un mayor escrutinio, un mejor coladero, es algo conveniente, en especial cuando se tiene una Asamblea Legislativa compuesta, en parte importante, por diputados que no parecen haberse dado cuenta de que ellos no son sino representantes del pueblo, el cual no quiere este paquete de gravámenes, y que más bien parecen actuar como simples siervos del poder, ejercido por algunos otros políticos de turno.

Si un proyecto está mal concebido, si va a generar más daño que bienestar al ciudadano, si simplonamente se trata de poner impuestos a cuanta cosa se mueva, respire o exista en la Tierra, con independencia de los efectos nocivos que pueda causar sobre la acción del ser humano, si impulsando su aprobación algunos creen que es así como se gobierna, pues prefiero un país ingobernable, como el nuestro, pues es la única manera de proteger al ciudadano de un daño mayor, de la violencia del poder.

Puede encontrar este artículo también en el foro “Políticamente incorrecto” del sitio http://latforum.org

Los efectos de la discriminación positiva

Milton Friedman decía que “no hay nada peor que las buenas intenciones”. Esta frase expresa el problema moral del asistencialismo estatal y el modo en que este distorsiona la asignación de recursos, especialmente cuando se crea una situación de discriminación positiva. Los diferentes Estados latinoamericanos, y en especial los surgidos a la luz del mítico disparate del socialismo del siglo XXI, se han caracterizado por una serie de políticas repletas de subsidios al mejor estilo Robbin Hood, es decir, quitándole dinero a los que tienen para dárselo a los que no lo tienen, casi siempre por medio de los impuestos progresivos. Pues bien, la lógica (si es que se le puede llamar así, con el perdón de la racionalidad y la epistemología) es bastante absurda: si se le quita a A porque es rico para darle a B que es pobre, entonces es obvio que, en la medida que esa cooptación sea progresiva, entonces B se convertirá en rico y A en pobre, por lo que habrá que hacer la sustracción nuevamente, convirtiéndose en un círculo vicioso.

Partiendo del análisis de Mascaró Rotgers en su ensayo ¿Que paguen impuestos los ricos? (publicado en este blog hace poco) es posible señalar que crear condiciones especiales a favor de un grupo social (llámese indígenas, discapacitados, dementes o carmelitas descalzas), genera grandes problemas, tanto a nivel económico como cultural, jurídico y político:

1. Fomenta la elusión y la evasión fiscales (la primera es legal y la segunda no) pues son los ricos los que pueden pagar mejores asesores fiscales, mejores contadores, mejores abogados, presionar a los políticos para cambiar las leyes, adquirir instrumentos para maquillar cuentas o, en el peor de los casos, sobornar a funcionarios.

2. El rico, si es amigo del "político de turno" tiene mayores posibilidades de que esos recursos, que supuestamente iban dirigidos a beneficiar a los pobres, acaben financiando otro tipo de actividades: subsidios a la producción, contención de tasas bancarias, proyectos particulares cuya naturaleza es clientelista, etc. Al fin y al cabo, como bien apunta Mascaró, ¿quién tiene más influencia para que se destine a financiar algo de su interés: un pobre o un rico?

3. Es el Estado el que decide que hacer con la propiedad que, legítimamente, las personas han conseguido: les quita su dinero para transferirlo y, de paso, se deja una comisión; pero el problema mayor, en este caso, es que además se da una transferencia de poder del ciudadano al Estado, de modo que este último reparte como mejor le parezca la riqueza que ni le pertenece ni ha producido. Tenemos entonces una situación en la que la persona se convierte en medio del Estado para alcanzar determinados fines, cuando moralmente debería ser cada persona un fin en sí mismo.

4. El impuesto progresivo desincentiva la riqueza: en economía existe una curva denominada la Curva de Laffer, que explica que cuanto mayor sea la tasa impositiva menor es la recaudación, esto por dos razones: porque la gente busca evitar el pago o porque simplemente ya no tiene más riqueza para permitir la exacción. En ese sentido, o se evade o se desestimula la acumulación de capital, pues ¿quién va a querer trabajar y enriquecerse si sus recursos van a ser absorbidos por el Estado? Esto lógicamente tiene repercusiones a nivel del tejido empresarial de una sociedad, de la cultura y del status moral del individuo.

5. Viola la estructura del Estado de Derecho, en tanto irrespeta los principios de igualdad ante la ley, y afecta los derechos derechos de propiedad privada pues jurídicamente superpone a un grupo social y porque una serie de funcionarios estatales se autodesignan como los "elegidos" para decidir qué hacer con el dinero de otros.

6. Genera un serio problema de ingobernabilidad y de legitimidad. Arbós y Giner definen la gobernabilidad como “la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficientemente dentro de un espacio considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo el libre ejercicio de la voluntad política del poder mediante la obediencia”. Véase que se enfatiza en un espacio considerado como legítimo por la ciudadanía y la legitimidad, como Urcuyo lo explica, puede bifurcarse en dos: legitimidad de origen, que es la razón por la cual se obedece al poder, en tanto su naturaleza es aceptada por la ciudadanía, y legitimidad en ejercicio, que tiene que ver con la gestión gubernamental y con sus resultados, siendo estos los objetos de valoración directa por parte de los ciudadanos. Así las cosas, hablar de un espacio legítimo implica que las personas obedezcan porque el poder político no sólo es válido sino porque sus resultados son satisfactorios. Pero un Estado cuya acción sea la de cooptar la propiedad privada (en este caso el dinero de las personas) no puede ser considerado como legítimo. Hay que recordar lo que Locke señalaba: “la gente no puede delegar en el Estado el poder de hacer algo que sería ilegal hacerlo por ellos mismos”. Y si el robo está tipificado como un delito ¿por qué la naturaleza del acto es diferente al cambiar la naturaleza del sujeto que la realiza? Esta diferencia artificial le resta legitimidad a un Estado y, por tanto, la obediencia política ya no es moralmente exigible, sino que lo es en la medida que la coerción la pueda hacer efectiva. Y si un sistema político tiene que regirse por la fuerza y no por la ley, entonces no es gobernable, siguiendo la definición de Arbós y Giner.

7. Provoca situaciones de violencia a lo interno: la gobernabilidad no sólo se puede ver afectada por la gente que ya no quiere seguir siendo víctima de exacciones monetarias del Estado, sino también por los mismos beneficiarios de las políticas distributivas o de discriminación positiva. Un ejemplo: los indígenas. Piénsese que un gobierno le da privilegios a las etnias "originarias" porque han sido explotadas por los siglos de los siglos. Estas políticas públicas de discriminación positiva producirían un doble resultado: por un lado, quienes deben soportar la carga fiscal que financia las políticas de discriminación positiva a favor de los indígenas, muy probablemente comenzarán a ver con desprecio a estas personas por considerarlas parásitos; esto consecuentemente generará una ola de más racismo y violencia contra los indígenas. Por otro lado, la violencia se dará entre los distintos grupos beneficiarios pues comenzarán a competir ferozmente por ver cuál obtiene más prebendas del Estado, lo cual generará una lucha étnica y una división geográfica a lo interno de los países. Ya eso ha pasado en la mayor parte de los países africanos y la masacre en Sudán fue prueba fáctica de esto. Y no se puede descartar un tercer resultado: que todas estas manifestaciones de violencia, en algún momento, se dirigjan contra el Estado por ser el que fomentó la situación que dio pie a todo el problema.

Estas son tan sólo algunas razones que prueban que la discriminación positiva genera más problemas de los que resuelve (si es que acaso resuelve alguno). Y para no herir susceptibilidades por utilizar el ejemplo de los indígenas, quiero cerrar con un extracto del libro El regreso del idiota, de Carlos A. Montaner, Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza: "el término indigenismo no se refiere a la legítima valoración cultural e histórica del pasado precolombino, sino a la estafa ideológica mediante la cual, quinientos años después del tropiezo de Colón con las costas americanas, ciertas camarillas políticas y sus comparas intelectuales pretender oponer a los valores occidentales y a la modernidad, una pureza “originaria”"(...) Detrás de la puesta en escena indigenista hay una falsedad colosal que algunos incautos repiten ad náuseam en Europa y Estados Unidos y que ha llegado a instalarse incluso en ciertos sectores de opinión en los propios países andinos. Ella sostiene que 62% de los bolivianos son indígenas explotados por una minoría blanca (…) La sociedad boliviana se divide pues, entre indígenas sometidos y europeos abusivos, siendo los primeros hijos de las naciones precolombinas y los segundos del intruso ibérico de la Conquista, y todo ello estaría a punto de acabar con la llegada al poder de Evo Morales, la reencarnación del rebelde aymara que, antes de morir ajusticiado, prometió: “volveré y seré millones””.


Alejandro Barrantes Requeno