Desde la tribuna: exceso de leyes, demagogia y pereza

En una entrevista en dos partes, el Ministro de Hacienda deja en claro cómo están las cosas en las finanzas públicas de Costa Rica.

La expresión “despilfarro del gobierno” resulta de lo más preciso para calificar el caos que vivimos. Salarios y transferencias son la causa del desastre de las finanzas públicas de Costa Rica.

De acuerdo con el ministro Ayales, no se puede aprobar un paquete de impuestos y dejar las cosas como están.  Además, lo que sucede es que hay pereza para discutir las finanzas públicas.

Deja claro el Ministro que las transferencias al PANI, al IMAS y a las Universidades públicas son parte del serio problema que vivimos.

Reclama que en los últimos 3 años se han aprobado 63 leyes de transferencias sin proveer ingresos.

¡Claro, hay un enorme grupo de políticos y periodistas que exigen que los diputados legislen, hagan leyes y no discutan ni hablen, que no piensen ni controlen!

Es claro que el daño no está en la cuestión de los ingresos y los impuestos.  Ni siquiera en el exceso de transferencias y salarios.  Está en otro lado.  No es un tema de evasión fiscal sino de Estado evadido, perdido, enloquecido y políticos irresponsables.  Hay una corrupción de robo y coimas, es cierto.  Pero hay una corrupción mayor en llenar el Estado de obligaciones, inventar transferencias, elevar los gastos públicos, llenar los bolsillos de los burócratas, crear monopolios públicos e impedir el progreso de Costa Rica. 

Una mala concepción del Estado, un exceso de funciones y tareas, un exceso de gasto público y miedo de discutir los resultados, los efectos y el desastroso estado de las finanzas públicas.

Pereza, la madre de todos los vicios …

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: un viernes confusamente negro

Hace pocos días, el Ministro de Hacienda, con base en la opinión de la Dirección General de Aduanas, informó que reiteraba su decisión de aplicar los impuestos de venta y de consumo, cercanos a un 36%, a las importaciones que los ciudadanos hacemos de mercancías adquiridas en el exterior, por medio de la Internet.

De esta manera, se echó para atrás la práctica de exonerar, por hasta $500, de impuestos arancelarios que los costarricenses podíamos disfrutar, con la presentación de nuestro pasaporte a la hora de des almacenar las mercancías que importáramos. Esto resulta ser especialmente significativo en momentos en que en Estados Unidos se celebra el llamado Viernes Negro, que no es sino una enorme rebaja en los precios que los comercios de ese país otorgan, creo que en el último fin de semana de noviembre. Los ciudadanos ya nos íbamos acostumbrando a esa enorme oportunidad de estirar nuestros ingresos, gracias a la competencia y al comercio internacional.

Pero ahora Hacienda le ha dado una interpretación a nuestros derechos, de manera que exige, para que sean aplicables, que esas importaciones puedan sernos sólo enviadas por parientes, por supuesto que en cantidades no comerciales, con lo cual se impide que, por ejemplo, uno pueda importar bienes que nos llegan adquiridos en empresas tales como Amazon, Best Buy, Macy’s, Penney’s o cualquier otro chinamo comercial que a Usted le da la gana comprar, a no ser que acepte pagar los impuestos arancelarios que ahora Hacienda desea cobrarle.

Se ha escuchado la opinión de profesionales especializados en esta lides, indicando que la anterior es una simple interpretación antojadiza de parte de Hacienda (y muestra de angurria, agrego yo), pues en el país no se ha efectuado el cambio requerido a la norma jurídica pertinente, de forma que pretende impedir que la importación se pueda lleva a cabo proveniente de una empresa comercial del exterior y sólo la acepta si le es enviada por parientes que se encuentren o viajen por el exterior.

Resulta ser muy poco clara la decisión de Hacienda, en especial después de que durante muchos años no existió tal impedimento y que no ha existido recientemente nueva legislación que defina esa interpretación que ahora hace el gobierno. Esta práctica de poner impuestos por la vía de la interpretación, da lugar a mayor incertidumbre en el país y desconfianza en cuanto a la vigencia de la ley.

Por supuesto que hay que preguntarse a quién se va a beneficiar y a quién se perjudica con la nueva medida.  El gobierno sin duda que impulsa la prohibición, a fin de lograr mayores impuestos por las mayores importaciones que supuestamente ahora van a realizar los comercios formales del país.  Pero esto no es tan seguro, porque bien puede estimular, una vez más in crescendo, las importaciones ilegales, mejor conocidas como contrabando. Así, el gobierno terminaría por agarrar poco o nada, además de que, tal vez, muchos ciudadanos de forma tajante decidan disminuir su consumo de esos bienes. En síntesis, podría darse que el gobierno termine agarrando migajas de la mesa.

Pero hay otro gran ganador. Tal vez los consumidores ya habrán notado que en Costa Rica, desde hace un par de años para atrás, también los comerciantes locales decidieron reducir sus precios en ocasión  del Viernes Negro. Sin duda que ello lo provocó la práctica estadounidense y la posibilidad de los consumidores de traer los productos por Internet. Al ahora encarecerse esta última posibilidad con la decisión reciente de Hacienda, los comerciantes locales tendrán menor competencia de precios por parte del comercio extranjero y no tendrán que reducirlos tanto para poder competir por la clientela. Por supuesto que el gran perdedor en todo esto es básicamente el consumidor (y si quiere agregue aquí las empresas dedicadas al transporte y trámite de las compras que se hacen por Internet).
Los consumidores sonamos en dos vías. (1) Si hacemos importaciones por el Viernes Negro, nos azotarán con mayores impuestos y (2) quienes compran aprovechando las rebajas en el comercio local a causa  del Viernes Negro, verán como éstas ahora ya no serán tan grandes.

Parece que aún hay tiempo para el “Salacuartazo” por la interpretación arbitraria de la ley que quiere hacer Hacienda. El amparo a tiempo nos podría permitir seguir disfrutando de ese derecho ciudadano que se nos quiere quitar.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: las simpáticas expresiones del Ministro de Hacienda

El Estado expresa que no es bueno usar su propia moneda …En el noticiero digital cr.hoy se consignan unas declaraciones del Ministro de Hacienda.  En esencia, sus declaraciones son las siguiente: “…los profesionales liberales que exigen pagar en efectivo muestran un indicador de evasión fiscal”. Agrega el reportaje lo siguiente: “Para el Ministro, no es posible que un profesional exija a su cliente el pago con dinero en efectivo cuando hay medidas alternativas como el pago con tarjetas de crédito o débito, así como con cheques.”

No me atrevo sino a decir sino tales manifestaciones son expresiones de lo más simpáticas.
 

Por supuesto que el primer simpático gazapo del Ministro es reconocer que los otros medios de pago son “alternativos”  (no “medidas alternativas” sino “medios de pago alternativos”). Tal reconocimiento pone al Ministro en una simpática posición, al margen de la ley.

Estamos claros que el Ministro de Hacienda tiene, entre sus funciones, la recolección de los impuestos y, entre ellos, el conocido como “impuesto sobre la renta”.  Este controversial impuesto es la causa del acoso permanente que ejerce el Estado sobre los ciudadanos en la mayor parte de la tierra.

En la actualidad es más efectivo para capturar maleantes (o personas signadas como tales) que el Derecho Penal.  Los delitos formales que derivan de la angurria estatal terminan siendo el motivo de juzgamiento de muchos y la motivación de persecuciones y alianzas internacionales. Cunden leyes contra blanqueo, contra movimientos de capitales, contra libertad en el uso de los ahorros y mil cosas más.  Incluso se ha creado el delito de “legitimación de capitales”.  Resultado de la presión por recaudar el impuesto han surgido diversas figuras que atentan contra la confidencialidad y el derecho a la intimidad.

Asunto curioso, pues por “renta”, originalmente, no podía pensarse sino en los ingresos provenientes de la tierra (se trataba de los ingresos de los propietarios, en un concepto más propio del derecho anglosajón y su sistema de “propiedad”).

La Ley Nº 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas se denomina “Ley del Impuesto sobre la Renta”, pero acto seguido, al describir hecho generador, materia imponible y demás especifidades del tema se indica que “se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas con actividades lucrativas”.  El resto del artículo 1º de la indicada Ley sigue abundando en la precisión del “histórico e impreciso” concepto de “renta” para terminarse indicando que “, se entenderá por rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios prestados, bienes situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, que se obtengan durante el período fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley.”

Todas estas cuestiones las planteo molesto por el tema principal del secuestro de la contabilidad, negación básica del respeto a la intimidad.  En la contabilidad, según el decir de los estudiosos, está la esencia misma de la revolución Industrial (confundida por algunos con el maquinismo y el uso de la fuerza del vapor, que no son sino consecuencia de poner a trabajar el capital, gracias a la revelación que significa una adecuada contabilidad).  Por ello digo que si la contabilidad era para trabajar mejor y tomar las mejores decisiones empresariales y productivas, “malhaya” la ocurrencia antijurídica de secuestrar tal información en pro del Estado.  Una intervención desdichada que desvía todo el actuar contable, empresarial y del Estado (que deja serlo de Derecho para torcerse en sus malos usos)

Ahora, el simpático Ministro agrega (en pro del mentado e impreciso Impuesto sobre la Renta), que es indicio de evasión (delito) que los profesionales exijan el pago en efectivo (dinero, billetes y monedas que emite el Estado).  ¡Válgame Dios!  La torcimos totalmente. 

¿Quién entiende?  Ahora el Estado no solo arremete contra la intimidad, la confidencialidad, la eficiencia y la productividad en beneficio de un impreciso concepto de Renta, sino que expresa que es malo usar el dinero que él emite.  ¿Será ilegal que el profesional costarricense exija, en Costa Rica, que el pago se le haga en billetes y monedas emitidas por el Estado de Costa Rica

Tan simpáticas expresiones del Ministro de Hacienda dejan sin valor las enseñanzas del Evangelio (Marcos 12, 17), pues aquella frase de “Dad al César lo que es del César …”, basamento de muchas teorías del Estado y de explicaciones cristianas acerca de la relación Estado e Iglesia, queda totalmente superada.  Según el Ministro, ya no hay que recibir la moneda del César. 

También tiene el Ministro de Hacienda la función de cuidar los fondos públicos, cuidar que se administren bien, preparar el proyecto de Presupuesto Nacional y analizar su contenido.  Si dedicara una parte del celo con que tan simpáticamente arremete contra los profesionales a hacer bien sus otras funciones, otro gallo cantaría.  Sería interesante que percibiera los indicios de despilfarro y administración infiel en el lado gubernamental, en lugar de dirigir simpáticos y gratuitos ataques contra los profesionales liberales

¡Qué genial sería que estuviera atento a los indicios de mal praxis pública en la Administración, en lugar de arremeter simpática e ilegalmente contra los profesionales.

Pero la vida no es así, para qué hacer lo lógico si siempre se puede hacer lo extravagante y simpático. 

Ha afirmado el Ministro que el uso de billetes y monedas emitidos por el Estado no es apropiado.  Ha afirmado el Ministro que pedir pago en efectivo es un supuesto de defraudación.  El Ministro prefiere que los profesionales reciban las tarjetas, el plástico, como modo de pago.

Prefiero pensar que el Ministro no tiene idea de lo que dice.  Para recibir el pago en tarjetas, habría que tener contrato con el emisor de la tarjeta (con cada emisor, pues hay multitud de emisores de tarjetas de crédito y débito).  Además, para asegurar el pago habría que tener el respectivo datafono.

Por ejemplo, un abogado que defiende a un imputado intervenido o a un deudor embargado no tiene otro remedio que pedir efectivo  (de lo contrario no verá el pago).

El pago en tarjetas, además, implica perder un porcentaje del pago (lo que cobra el emisor de la tarjeta).

¿Entiende el Ministro?

Me quedo con la tesis de que el Ministro quiere ser simpático, que sigue a Hayek en la desnacionalización del dinero y que sabe que algunas fotografías de los nuevos billetes son una ofensa al sentir de muchos costarricenses.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: comentarios fiscales

En días recientes, en ocasión de la presentación del presupuesto de la República para el próximo año, el Ministro de Hacienda Ayales hizo pronunciamientos importantes que merecen toda consideración. En primer lugar, se nota un esfuerzo por reducir el crecimiento del gasto público, al menos el del gobierno central. En segunda instancia, se deberá apoyar el esfuerzo gubernamental de poner algún grado de orden en las remuneraciones de los empleados públicos de la mayor parte del estado costarricense. Estas dos son razones poderosas para mantener algún grado de optimismo de que las cosas en el orden fiscal podrían ir por un camino mejor, a diferencia de lo que hasta ahora ha sucedido con este gobierno.  Pero, a riesgo de que no gusten opiniones que divergen de la oficial, tal como en cierto momento lo expresó el Ministro Ayales en el programa de doña Amelia Rueda, quiero hacer mi comentario, en el contexto más general de buscar efectivamente que se logre un ordenamiento de las finanzas públicas del país.

El paso dado del presupuesto enviado recientemente parece ser el apropiado.  Sin embargo, sigue siendo insuficiente para quitarnos de encima el fardo de un presupuesto deficitario en alto grado. Debe tenerse presente que la oposición política representada en la Asamblea Legislativa ha sido altamente magnánima en el ámbito financiero con este gobierno. No se si en privado, como a veces sucede, así se lo agradecieron los funcionarios del actual gobierno. Pero, si al menos lo hicieron en público, fue poquito lo que se habló de la enorme cantidad de recursos obtenidos, que dispondrá el gobierno proveniente del endeudamiento con el exterior, en que incurrirá el ciudadano costarricense por la voluntad legislativa. En sencillo, me atrevo a decir que el gobierno ya tiene, con ese endeudamiento externo, los recursos requeridos para salir del apuro financiero, que de no existir lo habría obligado a reducir significativamente el gasto público, a fin de poder emparejar las cuentas fiscales.

Lo expuesto significa que, con esa nueva circunstancia, han cambiado los incentivos para que el gobierno ponga sus finanzas en orden. Esto hace más meritorio el esfuerzo señalado del Ministro de Hacienda para reducir el crecimiento previo tan abultado del gasto estatal, al menos en aquella relativamente pequeña porción que del total significa el del gobierno central.

Un factor importante que juega en nuestra actualidad fiscal, y recordado constantemente por el Ministro Ayales, es lo sucedido en muchas de las economías europeas, a causa de un exceso de gasto gubernamental destinado a suplir cuantas cosas se les puede ocurrir a los grupos de presión. Estos esgrimen tener el derecho impostergable e indeclinable a cualquier ocurrencia, sin pensar en que son las personas quienes deben trabajar para conseguir lo que pueden desear obtener.  Alegan que se tiene un “derecho” sobre la más diversa gama de bienes y servicios y privilegios, que de alguna manera debe ser satisfecho mediante la acción pública; esto es, acudiendo al gasto público. Eso en mucho ha provocado los enormes déficits fiscales de ciertas naciones de Europa. Ahora, al tener que tomarse medidas para arreglar la grave situación, casi que el costo es la defunción de sus economías. Salarios gubernamentales desproporcionados y muy superiores a los que se pagan por labores similares en la actividad privada; regímenes de pensiones a burócratas totalmente desfinanciados, que ante el insuficiente aporte de sus beneficiarios, últimamente son cargados sobre los presupuestos públicos; pocas horas laborales y largas, muy largas, vacaciones para los empleados públicos, son otros ejemplos del abuso. Pero también el gasto público se utiliza en mantener monopolios estatales ineficientes o empresas poco competitivas internacionalmente.  Ni qué se diga de ciertos tratamientos especiales en el sector bancario de esas naciones, que ahora buscan que en el riesgo privado en que incurrieron y que muchos les dio en su momento, sea ahora cargado tributariamente sobre las espaldas de cada trabajador de sus países.

Los políticos de hoy se han podido dar cuenta del alto grado de culpa que en esa situación han tenido políticos anteriores. Políticos de todos los colores, pero, en verdad, principalmente de lo que conocemos como social-demócratas o socialistas europeos, quienes, proclives al gasto, ideológicamente se aferraron a aquella idea de un estado que protegiera a los individuos “desde la cuna hasta la tumba”, con lo cual les cercenaron la obligación que tenían de lograr su bienestar mediante su esfuerzo propio. Al caerse las finanzas públicas en esas naciones europeas, al haberse agotado el expediente de acudir a la deuda externa para obtener fondos, pues ya nadie les quiere prestar barato para que puedan seguir en la gastadera sin límite, tienen que poner en orden a su economía, lo cual, sin duda, que será algo doloroso. Sólo así podrán sobrevivir como naciones.

Si esa experiencia europea sirve de lección en nuestro medio, debemos aprender ya que la solución a nuestro problema fiscal no pasa por seguir acudiendo al endeudamiento externo, como hemos hecho recientemente, pues en un momento dado dejaremos de ser “sujetos de crédito” adecuados, además de que tendremos que pagar lo que se nos ha prestado. También hemos de aprender que la solución no va por aumentar los impuestos, principalmente a quienes son los mismos que siempre deben pagarlos. No entiendo cómo todavía se tienen dudas acerca de las razones de nuestro relativamente poco crecimiento interno (no de la inversión externa, afortunadamente exenta del pago de muchos impuestos), si aún persiste en el país una enorme incertidumbre entre los ciudadanos privados, quienes temen más impuestos, mayores alzas en las tasas de interés y posiblemente inflación a cierto plazo. Todo ello por el mal manejo fiscal de un gasto dispendioso. Lo cierto es que nuestro sector privado mira con perplejidad el futuro de la economía y teme realizar sus decisiones de ahorro e inversión, en tanto persista ese mal manejo de las finanzas del estado.

En particular, el esfuerzo del Ministro de Hacienda para poner cierto orden en las remuneraciones del sector público debe ser apoyado. Quienes en esa tarea le apoyamos, a pesar de ser casi conversos a un escepticismo pleno, sentimos que es necesario advertir que es, en ningún momento, la propuesta de reforma a las remuneraciones en el sector público se han de traducir en un mayor gasto gubernamental. Hemos visto como, en nombre de la reducción del gasto, se termina negociando uno mayor con los grupos sindicales del sector público, a fin de lograr que acepten alguna propuesta. Si se trata de reducir privilegios, que sea hacia abajo y hacia el promedio. Privilegio es privilegio, tanto en los altos como en los bajos. Si no se pueden eliminar, entonces reducirlos al mínimo posible. Lo esencial es evitar el maléfico camino fiscal europeo, de cuyos daños ya estamos enterados.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el caso griego, según el Ministro de Hacienda

Mucho se puede comentar acerca de la actual situación económica de Grecia. Así lo he hecho en el pasado. Ahora me motivan hacerlo unas declaraciones del Ministro de Hacienda, don Fernando Herrero. Él señaló que los costarricenses deberíamos de prestar atención a lo que sucede en Grecia, porque constituye un ejemplo de un país que entró en una crisis económica. Ello porque, según el señor Herrero, su ciudadanía no quiso aprobar un aumento en los impuestos, ante el enorme déficit que se estaba experimentando.

Tengo una visión distinta de la que el señor Herrero posee de la crisis griega. Creo que no hace un buen análisis de esos hechos. Me parece que tan sólo busca una justificación al rechazo manifiesto de los costarricenses, a su propuesta de aumento de los impuestos para cubrir el déficit del sector público. Casi que nos tilda de ciegos por no darnos cuenta de que, ante la situación fiscal del país, lo que nos conviene, para evitar algo similar a lo que sucede en Grecia, es que corramos a aprobarle su malquerido paquetazo tributario.

La historia económica reciente de esa nación es el resultado claro de cómo el social-estatismo o la social-democracia, en especial la de ciertos países de Europa, pretendió lograr un elevado estado de bienestar, acudiendo a un incremento del gasto público por encima de la recaudación tributaria, de que disponían en esos momentos. Se decidió gastar por encima de los impuestos que percibían y ello se llama déficit en Grecia, la China y en Costa Rica. El problema no surge por los bajos impuestos, sino por el elevado gasto. Darle vuelta al asunto, como pretende el señor Herrero, solo intenta trasladar la responsabilidad, no a los políticos, quienes tomaron la decisión de seguir el camino del gasto fácil, sino a quienes se rehusaron pagar los mayores impuestos, que se requerían para que aquello no generara un déficit.

Según la lógica del señor Herrero, si, por ejemplo, los griegos hubieran aprobado impuestos en exceso de su gasto gubernamental (creando, por tanto, un superávit), esa economía no tendría problemas fiscales. En rigor contable, ello es cierto, pero eso obliga a formular un pregunta muy sencilla: ¿en cuál situación estaría mejor el ciudadano griego: pagando más o pagando menos impuestos? ¿Teniendo un mayor ingreso disponible para cubrir sus deseos y necesidades o uno menor después del pago de impuestos?

Obviamente, si a la gente le diera lo mismo, pues no le importaría tener que pagar más impuestos que menos.

Lo cierto es que en Grecia –y tan parecido aquí, como lo escuché quejándose a don Fernando Naranjo por las pensiones juveniles a los 48 años- los empleados públicos se pensionaron con montos jugosos y con edades sumamente bajas, lo cual terminó por quebrar las finanzas públicas. También es cierto que allá -y me parece que en ese camino vamos por aquí- los altos sueldos de los empleados públicos no guardaban comparación con su baja productividad. Además, estaban muy por encima de los sueldos pagados en el sector privado, que casualmente es quien paga en última instancia aquellos salarios por la vía de los impuestos. Finalmente, dados estos privilegios y la naturaleza política de los gobiernos estatistas, la planilla gubernamental había crecido enormemente en los últimos años.

Por supuesto, de algún lado tenían que salir esos mayores recursos, para mantener una frondosa planilla de empleados estatales, muy bien pagados, y con una población pensionada relativamente joven, con costos que se cargaban a los presupuestos públicos. Esos recursos los obtenía el Estado endeudándose cada vez más o bien solicitando aumentos de impuestos, que lógicamente tenían que ser rechazados por la ciudadanía. Si no hubiera sido por ese gasto gubernamental tan elevado o un endeudamiento creciente, que en algún momento tenia que ser pagado a los acreedores, no hubiera habido necesidad de aumentar los impuestos.

Pero el tema es aún más interesante: en mucho aplica el lema de que “voy a estar en favor del gasto público, siempre y cuando no sea yo quien tenga que pagarlo y que, más bien, me genere réditos”. Es muy parecido a lo que en una ocasión me dijo un amigo empresario, quien me criticó porque yo me oponía a un crecimiento muy alto del gasto público. Me dijo que por qué me oponía a que la Caja gastara más plata, si ella era la que le compraba sus medicinas. Por supuesto que quienes se benefician del gasto público, no querrán ser ellos quienes tengan que pagar los mayores impuestos, necesarios para financiar ese gasto más alto. Si esto último fuere el caso, estoy casi seguro que se opondrían a la mayor erogación estatal. Pero el cálculo va más allá: por supuesto que estarán a favor de ese más elevado gasto público, si son otros quienes tienen que sufragarlo pagando los mayores impuestos. Por eso hay que ponerle mucho ojo a ese jueguito de quienes están a favor del gasto público, siempre y cuando sean otros los que deban cubrirlo mediante impuestos.

En síntesis, lo que en este caso guía la conducta humana es si en el neto, el beneficio del mayor gasto más que compensa el costo de tener que pagar más impuestos. Esta parece ser la tragedia de muchas de las denominadas democracias.

Pero hay algo muy importante que debe tenerse presente en este análisis: una política de déficit del sector público que se deba financiar con impuestos(o con deuda, que no son sino impuestos a futuro), no es siempre la más conveniente en cuanto a lograr el crecimiento de una economía. En ese caso todos perdemos. Tengo la impresión de que mucha de esta apreciación explica la reciente fuerte oposición al nuevo paquete tributario propuesto: el efecto negativo que tendría sobre el crecimiento nos afecta a todos nosotros.

Don Fernando Herrero agarra el rábano griego por la raíz y no por las hojas. La razón del desorden económico griego es porque ha llegado la hora en que deben de pagar por el exceso de gasto público tenido durante tanto tiempo. Es la hora del juicio final. Deben de pagar por la deuda gubernamental usada para pagar salarios y pensiones excesivas. Por supuesto, los vividores de siempre tratarán de no ser ellos, sino otros los que deban de pagar por esas obligaciones (como, por ejemplo, los laboriosos obreros y empresarios alemanes o bien los empresarios de su propio país, aunque en verdad muchos de estos han sido usufructuarios directos del excesivo gasto estatal). Por eso hoy los griegos se oponen a ser ellos los que paguen esas obligaciones con impuestos. Pero son ellos los que debieron de haber pagado en el momento en que se expandió excesivamente el gasto público.

Parece que los costarricenses, y así lo demostró una reciente encuesta sobre el tema, prefieren reducir el gasto gubernamental en muchas áreas, en vez de que se les cobren mayores gravámenes para financiar el gasto estatal excesivo. Se han dado cuenta de que, si le dan más plata al Estado, éste va a gastar y volverá luego a presentarse una vez más el déficit en el sector público. Para ese entonces, de nuevo les volverán pedir que paguen más y más impuestos. Es cosa de nunca acabar, a menos que se decida poner orden en la fuente del problema: el exceso de gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

También puede encontrar este artículo en el foro “Políticamente incorrecto” del sitio http://latforum.org