En su libro "Veto players. How institutions works", George Tsebelis plantea que en el proceso de toma de decisiones existen jugadores que tienen poder de veto para realizar cualquier cambio en el statu quo, por cuanto su consentimiento es forzosamente necesario para alcanzar la regla de toma de decisiones que tiene el cuerpo colegiado. De acuerdo con el autor, conforme más jugadores con poder de veto existan en un sistema político y mayor sea la distancia ideológica entre ellos, más alta será la improbabilidad de lograr cambios importantes al statu quo.
Por supuesto que esta idea es desarrollada por el autor en el escenario legislativo, pero se puede extrapolar a todo el sistema político en general. De ahí que en ASOJOD queramos reflexionar, el día de hoy, sobre la existencia de jugadores con poder de veto fuera del Congreso. Y no nos referimos al veto presidencial, que es todo un tema de discusión.
Nuestro interés se concentrará, en esta ocasión, en el papel de los sindicatos y las instituciones autónomas como jugadores con poder de veto que impiden cambios en el statu quo. Recientemente se informó en medios de comunicación que el Gobierno impulsaría un plan para recortar el gasto público, reduciendo o eliminando los pluses salariales y puestos de trabajo que, en muchos casos, son parte del componente más grande de los presupuestos institucionales: las remuneraciones.
En ASOJOD aplaudimos que, por fin, algún gobierno ponga sobre el tapete este importante y necesario tema, aunque no somos tan optimistas para pensar que se enviará pronto un proyecto de ley y que la Asamblea Legislativa lo aprobará, dándole un respiro a los vilipendiados bolsillos de los tax payers, que cada vez se sienten menos dispuestos a pagar las cuentas de la burocracia. Nuestra reticencia surge por la existencia de jugadores externos a los cuerpos colegiados de toma de decisiones que tienen poder de vetar esa decisión: aparte de la oposición que puedan presentar a esta iniciativa algunos partidos políticos que ven en los empleados públicos un núcleo electoral importante que no quisieran perder -lo que sería un veto interno desde la lógica legislativa-, los sindicatos y las instituciones autónomas se erigen como escollos importantes y muy poderosos, a pesar que son externos al Parlamento y no tienen participación formal en el proceso decisional.
Decimos formal porque jurídicamente no tienen competencia para votar en la Asamblea Legislativa ni utilizar los interruptores que ofrece el Reglamento Legislativo para obstaculizar o paralizar el proceso decisional (mociones, uso de la palabra, recesos, ruptura de quórum, consulta de constitucionalidad, etc.) pero sí tienen un poder informal -a veces mayor que el de los propios Diputados- que les permite imponerse para evitar un cambio al statu quo.
Evidentemente, esta situación nos preocupa. Primero, por la obvia razón de que es muy probable que no se apruebe y las finanzas públicas no aguantan la fiesta que políticos y burócratas han montado con sobresueldos por llegar temprano, anualidades que equivalen a otro salario, convenciones colectivas desangrantes, viajes y becas, incapacidades que pagan el 100% del salario a pesar que no se trabaja, transporte gratuito, vacaciones pagadas, licencias sindicales, etc. Todo esto va metiéndole presión a los números, aumentando el déficit y las ganas ambiciosas de los gobernantes de turno que presionan por un aumento de impuestos. En los últimos 10 años, dos Administraciones -Pacheco de la Espriella y Chinchilla Miranda- han ido a la carga con un paquete para saquear a los ciudadanos, a los patos de la fiesta, a los que pagan los platos rotos. Por dicha no han podido, pero cada vez hay más posibilidades de que lo logren si no se hace algo para evitarlo.
La segunda razón que nos inquieta es la posibilidad de que actores que no son democráticamente elegidos para tomar decisiones públicas, que no se presentan ante el electorado, ni le rinden cuentas, ni son sujetos de premio o castigo ciudadano por su actuación puedan tener tantísimo poder. Para nadie es un secreto que las instituciones autónomas, cuando se les consultan proyectos de ley con los que no están de acuerdo, hacen muchas veces que la regla de toma de decisiones suba hasta 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, haciendo imposible en ocasiones que se aprueben, ya que no es tan fácil conseguir los votos. Si al menos su oposición fuera por razones que verdaderamente protegen al ciudadano, no plantearíamos queja; pero casi siempre su argumento se reduce simplemente a su autosostenibilidad, a su propio interés de mantener los privilegios y prerrogativas que el ordeniamiento jurídico le ha otorgado. El argumento de la autonomía institucional se ha desvirtuado hasta tal punto que ellas se han convertido en una especie de islas asociadas, sobre las cuales no es posible ejercer ningún tipo de control y dirección -que aunque sea posible jurídicamente, no lo es políticamente-. Y si no es la cúpula institucional la que se opone, están los sindicatos, que no dudarán salir a marchar paralizando al país si es necesario con tal de defender sus privilegios, amparados en una protección de su trabajo que prácticametne los hace intocables, imposibles de despedir a pesar de lo que hagan.
