La columna de Carlos Federico Smith: ¿Qué será de JAPDEVA?

Casi que me imagino a JAPDEVA con un futuro similar a lo sucedido con el Consejo Nacional de Producción (CNP): dejó de tener funciones y, lo que es lógico, que se hubiera cerrado no se hizo, sino que se le buscó “algo” por hacer. Se inventó que, obligatoriamente, los entes estatales que compraran alimentos lo hicieran mediante un intermediario, el CNP, con lo cual la burocracia innecesaria siguió diz que laborando.

JAPDEVA va por el mismo camino. Resulta que, como parte de la concesión que se le otorgó a la empresa portuaria APM Terminals, esa firma le debe girar a JAPDEVA un 7.5% de los ingresos brutos de su operación y se estima que, tan sólo en primer año, asciendería a $20 millones y que, durante la concesión que dura 30 años, JAPDEVA recibiría casi $1.000 millones. Se supone que esos montos se reinvertirían (palabra mágica, pues bajo ella se suele meter todo tipo de gastos gubernamentales, no sólo de inversión sino los corrientes) en “el desarrollo de la provincia de Limón.”

La información proviene del artículo titulado “Gobierno manejará fondo para Limón por inacción de JAPDEVA,” que aparece en La Nación del 6 de diciembre. Al firmarse la concesión hace seis años, se decidió que JAPDEVA establecería un fideicomiso para su manejo y la formulación del plan de inversión en proyectos con esos recursos. Hasta la fecha, ni uno ni el otro.

Pero, hay más. Al entrar a operar el nuevo puerto de Moín, el gobierno desde hace unos tres meses buscó trasladar a 600 trabajadores de JAPDEVA, pues su labor ya no sería necesaria, hacia otras instituciones públicas (por qué no a actividades privadas, mediando el debido pago por cesación de trabajo), con lo que, conceptualmente, se mantendría invariable la planilla gubernamental total. Los empleados actuales de JAPDEVA son 1.230 y, al momento, sólo 90; o sea, un 15% de los que se pretendía movilizar (un 7% de la planilla total de JAPDEVA), acepté el traslado. Lo crucial es que no haya un exceso de empleo en JAPDEVA, más allá del necesario para seguir haciendo lo que hará ante la entrada del nuevo puerto. Los gastos de una burocracia en exceso recaen sobre las espaldas de los ciudadanos contribuyentes. La empleomanía no es gratuita, tiene un costo para la sociedad.

Todavía hay más. Supuestamente, para modernizar al antiguo muelle de JAPDEVA se invirtieron $16 millones en dos grúas pórticas traídas de China (ojalá no nos vaya a ir igual con el tren eléctrico del Valle Central), que se instalaron en agosto del 2017, pero sufrieron daños eléctricos que las paralizaron hasta febrero del 2018 y, poco después, en junio de ese año, una de las nuevas grúas se varó por seis meses, por lo que hasta hace poco volvió a operar. Lo interesante es que “para adquirir el equipo portuario, JAPDEVA consumió los fondos que dejó presupuestado el gobierno de Laura Chinchilla, para liquidar a 900 trabajadores del muelle estatal, a raíz de la pérdida de carga.” O sea, JAPDEVA se gastó los fondos reservados para pagar las prestaciones a los trabajadores, cuyo trabajo ya no más se necesitaría.

De paso, estas dos nuevas grúas operan a menos del 50% del rendimiento esperado al ser compradas. Obviamente, de una u otra forma, seremos los ciudadanos quienes pagaremos todo eso. Y, como dato, ahora que están de modas las pérdidas, en el 2017 JAPDEVA tuvo pérdidas por ¢4.134 millones, lo que no es nada de extrañar, pues ya por cinco años consecutivos no había obtenido ganancias (supongo que, al tener pérdidas, tampoco ha pagado impuestos sobre la renta). Pero, en apariencias, JAPDEVA seguirá operando con todo el personal de antes. No duden de que habrá mayores pérdidas para la sociedad.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: lo que le faltó decir a doña Laura sobre el Plan B en materia fiscal

El pasado 11 de abril, con ocasión del discurso por la celebración de la Batalla de Rivas, la mandataria Laura Chinchilla Miranda dio a entender que era una heroína comparable con Juan Santamaría y Juan Mora Porras, por impulsar el PACquetazo de impuestos. Argumentó que era una medida impopular pero fiscalmente responsable y que le hacía un bien a la patria.

A pesar que, en ASOJOD rechazamos totalmente las palabras de la Presidente y adversamos el nefasto aumento de impuestos que su Gobierno propuso, queremos aprovechar las palabras de doña Laura para darle un pequeño consejo. Eso sí, es un consejo gratuito y, por él, no esperamos una consultoría millonaria como las otorgadas a Procesos.

Doña Laura ha demostrado que no le preocupa el costo político de impulsar medidas impopulares. Sin importar que 75% de los ciudadanos estaba en contra del proyecto de Solidaridad Tributaria, según una encuesta publicada por La Nación; sin importar que su entonces Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el entonces Director General de Tributación Directa, Francisco Villalobos, fueron cuestionados por presunta evasión fiscal y, como lo ha evidenciado su silencio hasta ahora, a pesar de que se destapara un escándalo que aparentemente alcanza a su Vicepresidente, Luis Liberman, a su Ministro de Educación, Leonardo Garnier y a su ex asesora, Flor Isabel Rodríguez, ella se ha empeñado en aumentarle los impuestos a los ciudadanos, detenida solo pero momentaneamente por la Sala Constitucional.

Si, como ella misma dijo, la situación actual de nuestro país obliga a impulsar medidas impopulares pero fiscalmente responsables, entonces le proponemos a doña Laura que, a la luz del Plan "B" en materia fiscal que explicó la semana anterior, se dedique con la misma “valentía”, a hacerle un bien a los tax payers: cierre instituciones, reduzca la planilla estatal (especialmente la planilla paralela que le cuesta miles de millones al Estado costarricense), muestre la firmeza prometida en campaña para atacar la corrupción y dele señales claras a los empresarios, nacionales y extranjeros, para que se decidan a invertir en nuestro país. Todo eso le faltó por decirlo durante la exposición de las medidas alternativas.

Señora Presidente, enfréntese a las organizaciones que han desangrado a los ciudadanos por décadas. Revise el laberinto institucional, que incluye a más de 343 entidades públicas, y plantee el cierre o venta de muchas de ellas que, como el Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (o el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su defecto), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Planificación, la Oficina Nacional Atómica, el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Academia Nacional de Ciencias, Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, Oficina Nacional de Semillas, Comisión Nacional de Energía Atómica, Radiográfica Costarricense S.A., Correos de Costa Rica, Corporación Hortícola Nacional, Corporación Ganadera Nacional, Corporación Nacional Arrocera o Corporación Bananera Nacional, no generan ningún beneficio para los ciudadanos, excepto para aquellos que viven a costa de los tax payers.

Busque aliados en otras fuerzas políticas para que, mediante pactos, se consigan los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para impulsar una política de reducción del Estado que, bien sabemos, está enredado en sus propios mecates con instituciones cuyas funciones son confusas, desfasadas, duplicadas o inútiles, con empleados que le cuestan mucho a la Hacienda Pública sin que su trabajo se traduzca en beneficio para los costarricenses. Enfréntese a los sindicatos, a las agrupaciones empresariales y todos aquellos que se empeñan en que los ciudadanos sigamos pagando por bienes o servicios que no recibimos. Elimine las consultorías que cuestan millones por trabajos que luego no se ven y que más parecen mecanismos de algunos para engrosar las cuentas de los amigos.

Líbrenos del pesado fardo que significa este sinnúmero de entidades y burócratas. Muestre el mismo empeño que la caracterizó con el impulso del PACquetazo de impuestos a toda costa, con procedimientos violatorios de la Constitución Política. Serán medidas impopulares pero fiscalmente responsables y le aseguro que, a pesar de las críticas y protestas de unos cuantos que se quedarán sin su medio para seguir viviendo a costa nuestra, los ciudadanos comunes y corrientes se lo agradeceremos por muchísimos años.

Desde la tribuna: clientelismo electoral, empleomanía y cleptomanía, repasando la Teoría del Estado

Se siente una terrible angustia cuando se observa lo que pasa con algunas gestiones públicas. Costa Rica no es excepción sino más bien exacerbación.

Las noticias causan más susto que un tsunami y tanto disgusto como un asalto callejero. La Administración pública hizo unas acrobacias según las cuales condonó más de diez mil millones de colones de la deuda del Gobierno central con la CCSS. El régimen de pensiones común (IVM) está a punto de colapsar. La planilla estatal aumenta desmesuradamente.

Si hacemos un examen de otras situaciones, concluiremos que el asunto es grave: el estado del régimen de pensiones del magisterio nacional y cómo resulta con cargo al presupuesto, la relación entre el régimen de pensiones del magisterio nacional y la contribución presupuestaria a las universidades públicas, el tema delas incapacidades en la CCSS, el aumento generalizado de las planillas de la Administración pública central y descentralizada, la desmejora en los servicios públicos, porqué el Poder Judicial tiene un sistema de pensiones diferente del común (IVM de la CCSS) y de dónde vienen los fondos.

Cuando un cantinero se olvida del negocio y empieza a tomarse los tragos detrás de la barra del mostrador, entonces se dice que volvió el rótulo para adentro. Solo se atiende él, no atiende a los clientes y la cantina perdió la razón de ser.

En algunos servicios públicos es más que evidente que la administración volvió el rótulo para adentro.

Para colmo de males, algunos políticos han entendido que el camino al poder pasa por ofrecer repartición, prestaciones y subvenciones a cambio de los votos y el apoyo electoral. Es una racionalización exagerada de parte del electorado (hay que recordar a Buchanan, “the public choice”).

En algunos casos, hay arreglos para obtener ganancias a costa del pueblo. El caso de la “alianza estratégica” de una sociedad anónima de una institución autónoma con un “empresario” (quien gana comisión por los ingresos por partes) para poner cámaras en las carreteras es de antología. ¡Tan rápidos para estas cosas y tan despaciosos para otras!

En lugar de ofrecer probidad, eficiencia, orden, disciplina, trabajo y un gran respeto a la Constitución, el programa electoral se centra en “redistribución”, expoliación y favoritismos. En un abuso de la expresión “justicia social”, se realiza un peligroso juego entre electorado, candidatos y programas políticos que asemeja una subasta: “¿quién da más?”.

Por supuesto, en este juego de subasta del voto se ofrecen dádivas que se obtendrán de “terceros de buena fe”. ¿Bono de vivienda? ¿Programa “avancemos”? ¿Subsidios? ¿Salarios extra? Todo saldrá de los bolsillos ajenos.

Obviamente, es una forma de demagogia (dominación tiránica de la plebe). Sin embargo es puro clientelismo electoral.

La Constitución Política habría de ser el límite de tanto desmán y abuso. Sin embargo, hemos estado descuidando el órgano político fundamental para poner los puntos sobre las íes.

¿Cómo ponerle el cascabel al gato? ¿A quién le corresponde? Para ello hay que terminar de comprender la magnitud del problema. El Estado ha sido secuestrado, asaltado e instrumentalizado en favor de algunos intereses que no corresponden a tal organización.

Se entiende que el Estado es para garantizar el Derecho y los derechos fundamentales. Se organiza bajo una serie de supuestos (establecidos en la Constitución Política) y para actuar de conformidad con un sistema de principios y procedimientos.

La soberanía reside en la Nación (o sea, el pueblo es el soberano y la organización actúa en función de él). Pero el soberano se constituye en un pacto que respeta derechos y garantías individuales, unas formas y unos procedimientos esenciales.

El mismo poder del pueblo no puede pasar por encima de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política. Muchos menos el poder derivado y con menos razón la Administración Pública.

No obstante, por desidia y abulia se ha ido dejando hacer a algunos órganos y creaciones derivadas. Por ejemplo, ahora Recope decide hacer una refinería nueva y capitaliza una cantidad irrazonable a partir de un sobreprecio inaceptable. ¿Quién lo autorizó y cuál es el plan?

El órgano legislativo tiene la potestad de designar magistrados (cabeza del Poder Judicial, cúspide de la competencia jurisdiccional en diferentes materias e integrantes de la Sala Constitucional). También elige al Contralor General de la República (órgano auxiliar en el control de la Hacienda y recursos públicos) y tiene injerencia en otros nombramientos importantes. No obstante, tenemos a los diputados confundidos exigiéndoles leyes a granel y distrayéndoles de sus cometidos fundamentales.

Por supuesto que entonces campean la cleptomanía, el clientelismo y la empleomanía, al capricho de los administradores transitorios. Devuelven comestibles por votos, favores por elección, nombramientos por simpatía electoral, negocios por comisión, condonación y encubrimiento.

Han secuestrado al Estado con la obsecuencia de los órganos contralores del poder público, porque nos hemos dejado arrebatar nuestros derechos. Una parte de la población está a la espera del puesto público (aunque no haya que trabajar), de la dádiva, del bono, del subsidio, otra parte de la población (políticos) puja por ofrecer tales favores, la administración vuelve el rótulo para adentro y los demás nos dejamos sin protestar. Aceptamos que se diga que combaten la pobreza, nos quedamos callados cuando tramitan irregularmente pacquetazos tributarios, nos da miedo defender nuestros derechos, nos asusta que nos arruguen con pauta publicitaria de la Administración Pública, nos solazamos cuando se habla mal de los diputados y poco a poco nos convertimos en cómplices del desastre.

¿Qué hace falta para despertar? ¿Quién se apunta a defender una organización estatal bien orientada? ¿Quién está dispuesto a luchar por los derechos fundamentales? ¿Quién se suma a una pelea para que las cosas se hagan bien en la Administración pública?

Federico Malavassi Calvo

Paquete de impuestos no, reforma del Estado si!!!

La semana pasada fue el evento organizado por ANFE y la Academia de Centroamérica respecto a la reforma fiscal. Parece que entre la gran variedad de criterios y matices que fueron expuestos, al menos dos conclusiones claras pueden extraerse:

a) Definitivamente es el gasto desmedido el que nos tiene metidos en este hoyo.

b) El presupuesto costarricense es un presupuesto rígido que no permite de forma discrecional hacer los verdaderos recortes estructurales de gasto que se refieren.

Precisamente el día de hoy queríamos enfocarnos en el segundo punto. Tenemos un tremendo problema en nuestras manos, un déficit que crece sin posibilidad de hacer verdaderos recortes en el gasto. Entre los problemas que se señalaron a este respecto durante el evento es que los incentivos en el sector estatal solo crecen y crecen independientemente del rendimiento de las instituciones o del estado de la economía nacional. Las anualidades son un excelente ejemplo de esta situación. Por otro lado, tenemos el famoso estatuto de servicio civil que vuelve imposible la sola idea de despedir a un funcionario público. Y por último, tampoco podemos olvidarnos de los continuos y odiosos privilegios de las convenciones colectivas, que nunca suelen estar sometidas al más mínimo criterio de racionalidad o sensatez.

Así, los síntomas no dejan duda alguna para el diagnóstico: tenemos que empezar a hablar seriamente de una reforma del estado. Ya no podemos seguir con estas “soluciones” cosméticas y coyunturales. Para empezar, los temas que tienen que estar en la palestra son: a) una verdadera ley de empleo público que ponga orden dentro de la administración y que de beneficios reales y plausibles a los trabajadores, esto es, ajustados a los rendimientos de las instituciones y a la productividad de cada uno de ellos y no al mero estar calentando la silla. b) Un debate profundo acerca de que funciones que debe realizar el Estado. c) En relación al punto anterior establecer que instituciones del Estado deben cerrarse y que activos pueden venderse. d) Una reactivación económica que permita obtener más recursos a la luz del crecimiento real de la economía. Para dicha reactivación se deben tomar en cuenta aspectos como la tramitología que asfixia al empresario, mejoramiento de infraestructura (con concesiones que si funcionen), y la solución definitiva a los problemas inflacionarios de este país que tanto dañen a los pobres. d) Por último, una reforma fiscal que contenga tres elementos que son claves: 1) la eliminación de todas las exoneraciones (zonas francas incluidas), como buenos liberales creemos en la igualdad ante la ley y no en los privilegios y no hay razón porque unos paguen más o menos impuestos que otros. 2) Unificar las tasas impositivas para eliminar las distorsiones que provocan. 3) Reducir las tasas impositivas, dado que la base se está ampliando no hay razón por la cual las tasas tengan que seguir al mismo nivel. Estos puntos son meramente ilustrativos, no taxativos. Pero, definitivamente son un punto necesario para empezar a trabajar una solución.

Aun estamos a tiempo para corregir este problema y darle una solución real y de largo plazo. Esperamos que no tenga que ocurrir un verdadero shock económico que nos despierte y nos obligue a plantearnos estos temas. Desgraciadamente, conociendo la cultura política de este país no se pueden esperar muy buenos augurios en este respecto.

¿Quién gobierna en Costa Rica?

Cada día se habla más de ingobernabilidad, y, para resolver el problema, se sugieren soluciones que van desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pasando por la reforma del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, hasta cambios en las leyes que establecen tramitologías innecesarias.

Sin embargo, en mi concepto, el principal obstáculo para agilizar la Administración Pública pasa por reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno, las cuales otorgan excesivas potestades al órgano contralor en materias ajenas a su competencia constitucional, además de redimensionar las atribuciones de la Sala Constitucional, reformar el régimen del Servicio Civil y poner a los mandos medios en el lugar que les corresponde.

Ente contralor. El ensanchamiento de las competencias de la Contraloría por vía legal, le ha permitido a esta institución, durante los últimos años, no sólo coadministrar, sino incluso cogobernar con las Municipalidades y los distintos Ministerios e instituciones descentralizadas.

Verbigracia, en reiteradas ocasiones le ha indicado al MAG cuál debe ser el contenido de reglamentos técnicos, y en el año 2006 comunicó a la Presidencia de la Asamblea, al Ministro de Ambiente, Energía, Minas y Telecomunicaciones y al Presidente Ejecutivo del ICE, cuál debería ser el contenido de la Ley General de Telecomunicaciones cuyo proyecto de ley se encontraba en esos momentos en preparación. Ver para creer.

Ni qué decir en materia de ordenación territorial de la zona marítimo-terrestre en que le imparte órdenes a las Municipalidades (que son los órganos constitucional y legalmente competentes al efecto) para anular planes reguladores y concesiones otorgadas a su amparo.

La competencia constitucional de la Contraloría está fijada precisamente por los numerales 183 y 184 de la Constitución, la cual se resume en la facultad del órgano contralor de ejercer “la vigilancia superior de la Hacienda Pública”.

Sin embargo, el órgano contralor, al amparo de su Ley Orgánica y de la Ley de Control Interno, ha extendido su competencia de fiscalización y control respecto de cualesquier tipo de materias, aunque no se refieran a la fiscalización propiamente de los fondos públicos.

En consecuencia, lo que procede es realizar urgentemente una reforma tanto de la Ley Orgánica de la Contraloría como de la Ley de Control Interno a fin de que el órgano contralor se encargue en lo sucesivo, de manera exclusiva, de aquello para lo que fue originalmente creado: ejercer la fiscalización superior de la Hacienda Pública, de manera que se deje de inmiscuir en la administración y gobierno de los demás órganos estatales, como lo hace en la actualidad entrabando todo el accionar el Estado costarricense.

Sala Constitucional. Respecto al entrabamiento que causa el accionar cotidiano de la Sala Constitucional, la situación es más compleja. Desde el punto de vista de reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sólo cabría hacer dos: eliminar la consulta legislativa de constitucionalidad respecto de los proyectos ordinarios de ley y reformar el numeral 41 para eliminar la suspensión automática de los efectos de los actos impugnados.

El resto de los problemas, como el cambio cotidiano sin ningún criterio técnico del recetario a la CCSS so pretexto de tutelar el derecho a la salud, la anulación de los EIA sin tener conocimientos en materia ambiental, el ordenar a las distintas Municipalidades e instituciones públicas la construcción de obras costosísimas, etc., no se puede solventar mediante reformas legales.

Ello sólo se lograría si los Magistrados tomaren conciencia de que su competencia es estrictamente jurisdiccional y no política, de manera que no se inmiscuyan en asuntos para los que no tienen competencia profesional para opinar con propiedad (verbigracia, medicamentos y estudios de impacto ambiental) o usurpen competencias otorgadas por el ordenamiento a los órganos políticos. Esto es lo que llaman los norteamericanos self restraint ”, que es una virtud ayuna totalmente en el accionar cotidiano de la Sala, que un día sí y otro también invade competencias constitucional y legalmente atribuidas por el ordenamiento a otros órganos estatales.

Reforma de servicio civil. Una tercera línea de reformas abarcaría el Estatuto de Servicio Civil. Este régimen, en la praxis, sólo sirve para otorgarles estabilidad laboral a los malos funcionarios. En consecuencia, se debe reformar para obligar a la recertificación quinquenal de todos los servidores públicos. De esa forma los obligaríamos a estar preparándose conti-nuamente. Quien no supere la recertificación sería dado de baja con responsabilidad patronal.

Además, los aumentos salariales se harían no por antigüedad, sino más bien por resultados. Para ello, se harían evaluaciones individuales de todos los servidores públicos, del rendimiento del departamento al que pertenecen y, en última instancia, de la institución de la que forman parte.

De esa forma, los propios servidores públicos serían los mejores guardianes de la eficiencia de la Administración Pública pues, si su institución no funciona conforme a parámetros y metas objetivas fijadas anualmente, entonces no tendrían derecho a los aumentos salariales anuales, que hoy se otorgan automáticamente.

Finalmente, hay que establecer que las jefaturas son de nombramiento discrecional del respectivo jerarca, para evitar que los mandos medios anquilosados, como ocurre en la actualidad, sean los que realmente manden dentro de las diferentes instituciones públicas.

Es ilógico que el jerarca de una institución no pueda nombrar a personas de su confianza en las jefaturas de los mandos medios. Estos, al tener garantizada su estabilidad laboral, se han convertido en feudos dentro de la propia institución y por ello son quienes realmente mandan en el país.

La respuesta a la pregunta formulada en el título de este artículo es muy simple y cae por su propio peso: la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y los mandos medios son quienes nos gobiernan en la actualidad.

Las reformas legales citadas son más urgentes que modificar la Constitución pues es necesario devolver, a los órganos de elección popular, la capacidad de gobernar sin controles a priori que incidan no sólo sobre su accionar administrativo, sino también sobre su discrecionalidad política.

Sin embargo, parece que lo urgente posterga lo importante en Costa Rica. Posiblemente, la mejor contribución de la presente Asamblea Legislativa al país sería realizar las reformas legales arriba indicadas. Los costarricenses quedaríamos muy agradecidos porque se trataría de reformas de fondo, que harían el aparato estatal más eficiente y opera-tivo.

Además, es hora de devolver el ejercicio real del poder a los órganos representativos, es decir, a los que cada cuatro años elegimos para que nos gobiernen y terminar con la dictadura de órganos que no tienen origen en la voluntad popular.

Rubén Hernández

Reformas y sociedad abierta

La democracia es un sistema en permanente reforma; sólo las tiranías, surgidas de idealismos totalizadores, se resisten a reformarse y sólo los fanáticos, intoxicados igualmente de idealismo totalizador, repudian el reformismo y exigen revoluciones definitivas, que resuelvan todo de la noche a la mañana.

Una de las grandes enseñanzas de Karl Popper, útil tanto para el científico a la búsqueda de la verdad como para el político a la búsqueda de mejores arreglos institucionales para la vida social, fue la prevención contra el idealismo platónico y hegeliano que propone soluciones holísticas o totalizadoras, definitivas.

La tentación revolucionaria surge de la superstición idealista de estirpe platónica: Hay un mundo de ideas y arquetipos perfectos y bastaría con que alguien lo establezca en la vida social para que reinen la paz, la armonía y la justicia perfecta. Un gran mérito filosófico de Popper fue justamente revelar cómo Hegel –abuelo común del marxismo y del neopositivismo- es el eslabón intelectual entre Platón que proclamaba la tiranía de los sabios como el gobierno perfecto y los atroces totalitarismos que el mundo padeció en el siglo pasado.

Dando un salto de la filosofia a la vida pública cotidiana encontramos la expresión de ese idealismo totalizador en la retórica granidlocuente de no pocos políticos del todo o nada. Matizada, esa misma grandilocuencia está en quienes siempre encuentran motivos de rechazo hacia cualquier intento de reforma sea porque les parece lleno de imperfecciones, sea porque se les antoja tímido o parcial, sea porque no se aviene con un mundo abstracto de esencias ideales e inmutables.

A veces, incluso esas pretendidas esencias inmutables –por ejemplo: "soberanía nacional" o "identidad nacional"- se acaban revelando como auténticas patrañas cuando las confrontamos con la realidad.

Al discutir una reforma, sería muy provechoso que no se olvidasen estos dos sencillos principios: 1. Dada nuestra incapacidad de abarcar de un solo golpe toda la realidad, está en la naturaleza de la democracia reformarse continuamente, como quien procede por aproximaciones o, incluso, por ensayo y error, y 2. Dado que no hay, aquí en la tierra, reformas últimas, definitivas y perfectas la pregunta no debe ser si tal o cual reforma nos lleva directo al paraíso –ninguna lo hace- sino si significa un avance o un retroceso. La grandilocuencia sólo estorba.

Por Ricardo Medina
Tomado de AIPE

Entrevista a Jorge Woodbridge

¿Qué es en realidad lo que coordina en competitividad?

Es un Consejo Nacional de Competitividad. El año pasado, hicimos consultas y talleres en distintos sectores de la economía. Evaluamos todas las regiones del país para ver las posibilidades y oportunidades de desarrollo y analizamos proyectos como generación eléctrica, educación, sobre todo la superior. Analizamos la gestión ambiental, el trabajo de Setena (Secretaría Técnica Ambiental) y (la situación de) los puertos y aeropuertos.

¿De qué depende competir con eficiencia?

La competitividad depende de muchas variables. Los ministros (de cada sector) son los encargados de que las cosas caminen.

¿Qué hace usted?

Básicamente hacer un diagnóstico.

¿Habla de muchas variables, cuáles intervienen en la competitividad?

La competitividad depende no solo de cierta estabilidad macroeconómica, sino también de simplificación de trámites, es un proceso complicado y muy difícil.

¿Y qué han hecho para simplificar los trámites?

Ahí es donde más me he esforzado. He trabajado con las municipalidades (para hacer trámites electrónicos), vamos a sacar también un expediente electrónico en Setena, con el Ministerio de Trabajo y con Migración, p ero enfocado a la competencia del sector privado.

¿En concreto qué hay? China pidió para futuras inversiones trámites simples.

El diagnóstico es de todo. Se evaluaron los procesos que se involucran para construir o desarrollar un proyecto turístico, una marina o un contrato turístico. Vimos las miles de leyes y reglamentos que afectan y fijamos prioridades.

¿Y qué es lo prioritario?

Vimos que Setena era uno de los problemas más serios, hicimos un plan estratégico, apoyando mucho a Setena, para convertirla en un organismo que facilite toda la tramitología, porque todo pasa por Setena, es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos.

¿Habla de miles de leyes engorrosas, qué van hacer con eso, no ha conversado con diputados?

Yo tengo que jugar con eso, el problema es que hemos estado totalmente atrapados por el TLC, la agenda es el TLC y no se puede pretender nada en la Asamblea Legislativa. Yo tengo que trabajar como si tuviera un incendio, tengo que apagarlo. Trabajamos en la parte sectorial, institucional y regional.

¿Y en estas áreas qué menciona, cuáles son las prioritarias?

Tratamos de avanzar en varios campos, en el turístico, la inserción en el mercado internacional y clarificar los recursos humanos que tenemos y qué oportunidades tendríamos. Ahí entra la educación, los bancos, el fortalecimiento del mercado de capitales.

¿Para avanzar en lo que señala, han definido alguna estrategia?

Lo que nos ha interesado desde que empezamos se fundamenta en que tenemos que ser una sociedad educada y cambiar. Por ejemplo, hay demasiados abogados y se necesitan muchos ingenieros.

“Está la parte institucional en la que vimos un montón de debilidades en el Gobierno, instituciones que perdieron fuerza pero que tienen departamentos estratégicos. Por ejemplo, en este ministerio estratégico es todo lo que tiene que ver con las Pymes, con el consumidor y toda el área de competitividad que básicamente son trámites, normas de calidad y técnicas, que al final son un montón de obstáculos. En el MAG (Ministerio de Agricultura) todo lo que es fitosanitario, todo lo que tiene que ver con el sector exportador, a todo esto le estamos dando mucha importancia”.

En el debate sobre el TLC, Marco Vinicio Ruiz dijo que Panamá nos dejó atrás, ellos tiene un ministerio de la Innovación que revolucionó la tramitología ¿Por qué ellos avanzan y nosotros no?

Costa Rica es compleja. En Panamá el orden jurídico no es tan complicado como el nuestro.

¿Pero qué están haciendo?

En unos 15 días estaremos sacando la formalización de una empresa desde el escritorio. Los planos de construcción que llevaban 180 días en trámite los vamos a sacar en tres días.

¿Cómo?

Trabajando con el convencimiento de la gente. Tenés que tener una gran capacidad de convicción y liderazgo, de poder político para hacer las cosas; además de tiempo y recursos. Yo todo lo he hecho rascando ahí... del presupuesto de la empresa privada que me apoya en muchas cosas.

¿No cree que también la corrupción dificulta los trámites?

Es que los tramitólogos buscan dinero. Cuesta mucho romper paradigmas y sistemas donde por años se han hecho así ¿como los sacás (los tramitólogos) de ahí? Hay que convencer a los mandos medios y a los departamentos legales de cada ministerio. Hay que tener poder político.

¿Tiene poder político para romper con eso?

Tengo por lo menos la directriz del Presidente de lo hagan (los ministros).

Falta un poco más de dos años para que termine el Gobierno. ¿Será suficiente tiempo?

Sí claro, yo voy golpenado paredes por todo lado.

¿Tendremos pronto una Costa Rica eficiente?

Sí claro. El Presidente está decidido , creo que muy pronto, antes de tres años, pero se necesita apoyo, los mandos medios obstaculizan en los ministerios.

Tomado de la Nación