Se siente una terrible angustia cuando se observa lo que pasa con algunas gestiones públicas. Costa Rica no es excepción sino más bien exacerbación.
Las noticias causan más susto que un tsunami y tanto disgusto como un asalto callejero. La Administración pública hizo unas acrobacias según las cuales condonó más de diez mil millones de colones de la deuda del Gobierno central con la CCSS. El régimen de pensiones común (IVM) está a punto de colapsar. La planilla estatal aumenta desmesuradamente.
Si hacemos un examen de otras situaciones, concluiremos que el asunto es grave: el estado del régimen de pensiones del magisterio nacional y cómo resulta con cargo al presupuesto, la relación entre el régimen de pensiones del magisterio nacional y la contribución presupuestaria a las universidades públicas, el tema delas incapacidades en la CCSS, el aumento generalizado de las planillas de la Administración pública central y descentralizada, la desmejora en los servicios públicos, porqué el Poder Judicial tiene un sistema de pensiones diferente del común (IVM de la CCSS) y de dónde vienen los fondos.
Cuando un cantinero se olvida del negocio y empieza a tomarse los tragos detrás de la barra del mostrador, entonces se dice que volvió el rótulo para adentro. Solo se atiende él, no atiende a los clientes y la cantina perdió la razón de ser.
En algunos servicios públicos es más que evidente que la administración volvió el rótulo para adentro.
Para colmo de males, algunos políticos han entendido que el camino al poder pasa por ofrecer repartición, prestaciones y subvenciones a cambio de los votos y el apoyo electoral. Es una racionalización exagerada de parte del electorado (hay que recordar a Buchanan, “the public choice”).
En algunos casos, hay arreglos para obtener ganancias a costa del pueblo. El caso de la “alianza estratégica” de una sociedad anónima de una institución autónoma con un “empresario” (quien gana comisión por los ingresos por partes) para poner cámaras en las carreteras es de antología. ¡Tan rápidos para estas cosas y tan despaciosos para otras!
En lugar de ofrecer probidad, eficiencia, orden, disciplina, trabajo y un gran respeto a la Constitución, el programa electoral se centra en “redistribución”, expoliación y favoritismos. En un abuso de la expresión “justicia social”, se realiza un peligroso juego entre electorado, candidatos y programas políticos que asemeja una subasta: “¿quién da más?”.
Por supuesto, en este juego de subasta del voto se ofrecen dádivas que se obtendrán de “terceros de buena fe”. ¿Bono de vivienda? ¿Programa “avancemos”? ¿Subsidios? ¿Salarios extra? Todo saldrá de los bolsillos ajenos.
Obviamente, es una forma de demagogia (dominación tiránica de la plebe). Sin embargo es puro clientelismo electoral.
La Constitución Política habría de ser el límite de tanto desmán y abuso. Sin embargo, hemos estado descuidando el órgano político fundamental para poner los puntos sobre las íes.
¿Cómo ponerle el cascabel al gato? ¿A quién le corresponde? Para ello hay que terminar de comprender la magnitud del problema. El Estado ha sido secuestrado, asaltado e instrumentalizado en favor de algunos intereses que no corresponden a tal organización.
Se entiende que el Estado es para garantizar el Derecho y los derechos fundamentales. Se organiza bajo una serie de supuestos (establecidos en la Constitución Política) y para actuar de conformidad con un sistema de principios y procedimientos.
La soberanía reside en la Nación (o sea, el pueblo es el soberano y la organización actúa en función de él). Pero el soberano se constituye en un pacto que respeta derechos y garantías individuales, unas formas y unos procedimientos esenciales.
El mismo poder del pueblo no puede pasar por encima de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política. Muchos menos el poder derivado y con menos razón la Administración Pública.
No obstante, por desidia y abulia se ha ido dejando hacer a algunos órganos y creaciones derivadas. Por ejemplo, ahora Recope decide hacer una refinería nueva y capitaliza una cantidad irrazonable a partir de un sobreprecio inaceptable. ¿Quién lo autorizó y cuál es el plan?
El órgano legislativo tiene la potestad de designar magistrados (cabeza del Poder Judicial, cúspide de la competencia jurisdiccional en diferentes materias e integrantes de la Sala Constitucional). También elige al Contralor General de la República (órgano auxiliar en el control de la Hacienda y recursos públicos) y tiene injerencia en otros nombramientos importantes. No obstante, tenemos a los diputados confundidos exigiéndoles leyes a granel y distrayéndoles de sus cometidos fundamentales.
Por supuesto que entonces campean la cleptomanía, el clientelismo y la empleomanía, al capricho de los administradores transitorios. Devuelven comestibles por votos, favores por elección, nombramientos por simpatía electoral, negocios por comisión, condonación y encubrimiento.
Han secuestrado al Estado con la obsecuencia de los órganos contralores del poder público, porque nos hemos dejado arrebatar nuestros derechos. Una parte de la población está a la espera del puesto público (aunque no haya que trabajar), de la dádiva, del bono, del subsidio, otra parte de la población (políticos) puja por ofrecer tales favores, la administración vuelve el rótulo para adentro y los demás nos dejamos sin protestar. Aceptamos que se diga que combaten la pobreza, nos quedamos callados cuando tramitan irregularmente pacquetazos tributarios, nos da miedo defender nuestros derechos, nos asusta que nos arruguen con pauta publicitaria de la Administración Pública, nos solazamos cuando se habla mal de los diputados y poco a poco nos convertimos en cómplices del desastre.
¿Qué hace falta para despertar? ¿Quién se apunta a defender una organización estatal bien orientada? ¿Quién está dispuesto a luchar por los derechos fundamentales? ¿Quién se suma a una pelea para que las cosas se hagan bien en la Administración pública?
Federico Malavassi Calvo
Las noticias causan más susto que un tsunami y tanto disgusto como un asalto callejero. La Administración pública hizo unas acrobacias según las cuales condonó más de diez mil millones de colones de la deuda del Gobierno central con la CCSS. El régimen de pensiones común (IVM) está a punto de colapsar. La planilla estatal aumenta desmesuradamente.
Si hacemos un examen de otras situaciones, concluiremos que el asunto es grave: el estado del régimen de pensiones del magisterio nacional y cómo resulta con cargo al presupuesto, la relación entre el régimen de pensiones del magisterio nacional y la contribución presupuestaria a las universidades públicas, el tema delas incapacidades en la CCSS, el aumento generalizado de las planillas de la Administración pública central y descentralizada, la desmejora en los servicios públicos, porqué el Poder Judicial tiene un sistema de pensiones diferente del común (IVM de la CCSS) y de dónde vienen los fondos.
Cuando un cantinero se olvida del negocio y empieza a tomarse los tragos detrás de la barra del mostrador, entonces se dice que volvió el rótulo para adentro. Solo se atiende él, no atiende a los clientes y la cantina perdió la razón de ser.
En algunos servicios públicos es más que evidente que la administración volvió el rótulo para adentro.
Para colmo de males, algunos políticos han entendido que el camino al poder pasa por ofrecer repartición, prestaciones y subvenciones a cambio de los votos y el apoyo electoral. Es una racionalización exagerada de parte del electorado (hay que recordar a Buchanan, “the public choice”).
En algunos casos, hay arreglos para obtener ganancias a costa del pueblo. El caso de la “alianza estratégica” de una sociedad anónima de una institución autónoma con un “empresario” (quien gana comisión por los ingresos por partes) para poner cámaras en las carreteras es de antología. ¡Tan rápidos para estas cosas y tan despaciosos para otras!
En lugar de ofrecer probidad, eficiencia, orden, disciplina, trabajo y un gran respeto a la Constitución, el programa electoral se centra en “redistribución”, expoliación y favoritismos. En un abuso de la expresión “justicia social”, se realiza un peligroso juego entre electorado, candidatos y programas políticos que asemeja una subasta: “¿quién da más?”.
Por supuesto, en este juego de subasta del voto se ofrecen dádivas que se obtendrán de “terceros de buena fe”. ¿Bono de vivienda? ¿Programa “avancemos”? ¿Subsidios? ¿Salarios extra? Todo saldrá de los bolsillos ajenos.
Obviamente, es una forma de demagogia (dominación tiránica de la plebe). Sin embargo es puro clientelismo electoral.
La Constitución Política habría de ser el límite de tanto desmán y abuso. Sin embargo, hemos estado descuidando el órgano político fundamental para poner los puntos sobre las íes.
¿Cómo ponerle el cascabel al gato? ¿A quién le corresponde? Para ello hay que terminar de comprender la magnitud del problema. El Estado ha sido secuestrado, asaltado e instrumentalizado en favor de algunos intereses que no corresponden a tal organización.
Se entiende que el Estado es para garantizar el Derecho y los derechos fundamentales. Se organiza bajo una serie de supuestos (establecidos en la Constitución Política) y para actuar de conformidad con un sistema de principios y procedimientos.
La soberanía reside en la Nación (o sea, el pueblo es el soberano y la organización actúa en función de él). Pero el soberano se constituye en un pacto que respeta derechos y garantías individuales, unas formas y unos procedimientos esenciales.
El mismo poder del pueblo no puede pasar por encima de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política. Muchos menos el poder derivado y con menos razón la Administración Pública.
No obstante, por desidia y abulia se ha ido dejando hacer a algunos órganos y creaciones derivadas. Por ejemplo, ahora Recope decide hacer una refinería nueva y capitaliza una cantidad irrazonable a partir de un sobreprecio inaceptable. ¿Quién lo autorizó y cuál es el plan?
El órgano legislativo tiene la potestad de designar magistrados (cabeza del Poder Judicial, cúspide de la competencia jurisdiccional en diferentes materias e integrantes de la Sala Constitucional). También elige al Contralor General de la República (órgano auxiliar en el control de la Hacienda y recursos públicos) y tiene injerencia en otros nombramientos importantes. No obstante, tenemos a los diputados confundidos exigiéndoles leyes a granel y distrayéndoles de sus cometidos fundamentales.
Por supuesto que entonces campean la cleptomanía, el clientelismo y la empleomanía, al capricho de los administradores transitorios. Devuelven comestibles por votos, favores por elección, nombramientos por simpatía electoral, negocios por comisión, condonación y encubrimiento.
Han secuestrado al Estado con la obsecuencia de los órganos contralores del poder público, porque nos hemos dejado arrebatar nuestros derechos. Una parte de la población está a la espera del puesto público (aunque no haya que trabajar), de la dádiva, del bono, del subsidio, otra parte de la población (políticos) puja por ofrecer tales favores, la administración vuelve el rótulo para adentro y los demás nos dejamos sin protestar. Aceptamos que se diga que combaten la pobreza, nos quedamos callados cuando tramitan irregularmente pacquetazos tributarios, nos da miedo defender nuestros derechos, nos asusta que nos arruguen con pauta publicitaria de la Administración Pública, nos solazamos cuando se habla mal de los diputados y poco a poco nos convertimos en cómplices del desastre.
¿Qué hace falta para despertar? ¿Quién se apunta a defender una organización estatal bien orientada? ¿Quién está dispuesto a luchar por los derechos fundamentales? ¿Quién se suma a una pelea para que las cosas se hagan bien en la Administración pública?
Federico Malavassi Calvo
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