Uno de los elementos más importantes del sistema republicano actual es el imperio de la ley. Como concepto y figura, nació con las revoluciones europeas de siglos atrás que intentaron controlar el poder regio. Surgieron como parte del régimen de sujeciones que los ciudadanos rebeldes exigieron al monarca,para evitar los regímenes normativos de aplicación selectiva que caracterizaban a las sociedades de ese entonces.
Su objetivo era simple: que todos los individuos, sin excepción y sin importar su casta, posición o poder, estuvieran cubiertos por la ley. Es decir, que no hubiese nadie excento de ella, nadie que pudiera alegar estar por encima de la norma, una norma objetiva e imparcial que le permitiera a las personas saber a qué atenerse -ahí entra en escena el hermano siamés de ese concepto: la seguridad jurídica- y actuar en consecuencia.
Si bien este principio ha ocupado páginas interesantísimas de la teoría política, de la teoría del Estado, del derecho y otras ramas del estudio del poder, lo cierto es que cada día que pasa, en algunas latitudes, parece existir apenas en las páginas de los libros y no en la realidad política de las sociedades.
En el caso de nuestro país, donde constantemente las personas se ufanan al decir que se trata de un régimen republicano, el pisotón que le dan al imperio de la ley es pan de cada día. Podríamos poner millones de ejemplos para ilustra cómo el Estado, a través de los políticos de turno pero también por medio de la propia institucionalidad, violenta ese elemental principio. Pero nos bastan unos pocos casos para darle a entender nuestro punto a los lectores.
Se trata de hechos recientes que todavía quedan en la retina de los ciudadanos. El inciso 3) del artículo 140 constitucional dispone que corresponde al Poder Ejecutivo "sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por exacto cumplimiento". A pesar de la claridad en la norma, ese órgano no la cumple como debería. El artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República impide expresamente el financiamiento de gasto corriente con endeudamiento a la hora de diseñar y aprobar el Presupuesto de la República. Empero, en los últimos 20 años, los respectivos Ministros de Hacienda se han empeñado en desconocer la norma y enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto presupuestario que incumple esa disposición y los propios Diputados, mondos y lirondos, lo aprueban.
Otro caso es el de las famosas autonomías institucionales. Quizá una de las entidades que más ha abusado de ese principio de resguardo ha sido la Universidad de Costa Rica. El ingreso de la Fuerza Pública hace unos dos años al campus universitario para arrestar a un sospechoso generó una gran polémica, por cuanto se alegó que se violentó la "soberanía" universitaria por entrar sin pedir permiso. Escribimos "soberanía" en lugar de autonomía, porque con esos argumentos más pareciera que la UCR es un Estado independiente (República Bolivariana de Montes de Oca dirían algunos) con su propio ordenamiento jurídico, presunción que toma más fuerza cuando los propios funcionarios de la institución se han dejado decir, a la luz de la aplicación de la Ley contra el exceso de trámites en la Administración Pública y sus reformas, que esas disposiciones no aplican en las oficinas de la UCR, por cuanto los documentos requeridos allí tienen sustento en los reglamentos internos (aún cuando sea pedir documentos a los usuarios que la misma UCR emite).
Finalmente, dos casos recientes relacionados con el Poder Judicial nos dejan mucho que desear. El primero viene ocurriendo desde el 2010, con motivo del contrato que ese órgano tiene con la empresa Indra Sistemas S.A. para el rediseño de procesos y mejora de funcionesl del Ministerio Público y de la Defensa Pública y, dentro del cual, el esposo de una Magistrada funciona como Director del Proyecto, mismo que en dos años apenas ha entregado el cronograma de trabajo pero ya ha recibido pagos por casi $200.000. La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa investigó este caso y determinó que, a pesar de los incumplimientos contractuales y la mala calidad de los productos, la Corte Suprema de Justicia no ha querido suspender su relación con esa empresa. Por el contrario, a punta de prórrogas y "comprensiones" se le ha permitido continuar, a pesar de la sospecha del favorecimiento por tratarse del cónyuge de una Magistrada.
Algo similar publican los medios de comunicación este fin de semana, cuando el Poder Judicial vuelve a dar mucho que pensar al "perdonar" al hijo de un Magistrado que trabaja en la Inspección Judicial por el aparente cobro indebido de viáticos y permisos de trabajo, a pesar que los informes de investigación recomiendan su despido. ¿Qué puede el ciudadano pensar cuando un funcionario del órgano que, supuestamente, debe velar por la probidad dentro del Poder Judicial es encontrado responsable precisamente de faltas al deber de probidad y no es despedido? Más aún, ¿qué pensar cuando ese funcionario es hijo de un Magistrado que, aunque digan que no conocía del caso, tiene relación con todos los subalternos de la institución y es público y notorio su poder?
En definitiva, Costa Rica cada día da muestras de tener diferentes regímenes normativos según se trate del nombre del implicado. Si es un "Juan Pérez", uno puede tener casi la certeza de que, ante la falta, vendrá el castigo. Pero si su nombre está relacionado con el poder, es pariente, amigo, protegido o miembro de las "castas benditas" de nuestro país, los expedientes desaparecerán, los errores que anulen el proceso surgirán, las justificaciones y defensas de los propios órganos encargados de investigar aparecerán.
Mientras esto siga así, nuestro país no puede aspirar a mejorar. Porque nuestro subdesarrollo no es causado por la falta de recursos naturales, ni por la falta de formación de nuestros trabajadores, ni por la ausencia de líderes visionarios, sino por la pobreza moral de nuestra gente, pero especialmente de aquellos que se sirven del poder estatal para favorecer a sus allegados o a sí mismos, para protegerse ante los errores o las corruptelas, para vivir a costa de otros y, desde su Olimpo, divertirse viendo como pasamos los demás nuestras penurias terrenales.
En el tanto sigan esas prácticas, donde unos se cobijan con excepciones y privilegios, con prebendas y abusos, mientras otros si deben cumplir con el ordenamiento jurídico, el imperio de la ley será una quimera.
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