Que en algún momento un estado muestre
ser un dechado de ineficiencia, no significa que eternamente deba serlo. Es posible
hacer a un estado menos ineficiente o más eficiente, como se quiera clasificar
al proceso. Optimista que soy, procedo a
referirme a un caso expuesto en La Nación del 21 de enero, en un artículo que
lleva por título “País estrena sistema para controlar ayudas a pobres: Base de
datos almacena información de 665.000 beneficiarios del estado.”
Partamos de que, según “el último informe del Estado de la Nación,
un 24% de las transferencias a pobres termina en manos de personas que no las
necesitan.” Francamente no sé cómo llegaron a tal porcentaje, pues bien puede
ser mayor o menor; en todo caso, parece existir una especie de maldición para
los buenos propósitos de algunos corazones sensibles, cuando desarrollan
programas de ayuda a personas o familias, que en muchas ocasiones simplemente
son fáciles de obtener, sin que se requiere de un estudio serio que determine
si las necesidades, que son la base para la ayuda, existen o no. Pero, también
porque suele ser usual que muchas de esas ayudas se den sin que se exija un
esfuerzo complementario de parte del receptor para que, con su esfuerzo
personal, pueda llegar el momento en que tal ayuda no sea necesaria. Traigo a
colación, como ejemplo de esa “eternidad” de vivir de la manutención estatal,
lo que sucedió en la ciudad de Nueva York, cuando en cierto momento histórico
(en época de su muy conocido alcalde, Fiorello de la Guardia), se fijaron topes
los alquileres, a fin de “ayudar a los pobres”. Unos 50 años después de existir
tal política, se documentó que eran los nietos de los beneficiarios iniciales
(de los relativamente pocos que encontraron vivienda para alquilar en aquel
entonces), quienes aún vivían en esas viviendas subsidiadas. Simplemente no
buscaban otra vivienda tal vez no tan antigua o deteriorada en sus barrios,
porque no podían dejar ir tan jugosa transferencia, que aún se recibía mediante
alquileres objeto de aquella fijación gubernamental. De hecho, tal inamovilidad
terminó convirtiéndose en un castigo; esto es, recibir un subsidio por el
alquiler bajo aún vigente, “a cambio de” tener que vivir inamovibles en
aquellas viviendas algo envejecidas y relativamente poco cuidadas. El incentivo
claro, en este caso, era el de no abandonar la casa subsidiada, pues si lo
hacían no encontrarían subsidios similares en otros lados. Por ello, terminaron
siendo cautivos de un sistema paternalista que, a cambio del subsidio, les
ancló para siempre: no había incentivos para que dejaran de percibirlo; por
ello prefirieron quedarse en sus viviendas desvencijadas para no tener que
pagar más en otros lugares no subsidiados.
Hablemos del impacto posible de
ese 24% de ayuda que no le llega a los grupos de ingresos en estado de pobreza.
De acuerdo con el IMAS, esos infiltrados se llevan la significativa suma de
₡147.000 millones (tan sólo en Avancemos, la plata mal recibida asciende a
₡48.000 millones). Para todos estos programas de transferencias de ayuda gubernamental,
es crucial saber bien cuáles son los beneficiados, en qué condiciones económicas
están en la realidad, que no haya un ocultamiento de ingresos, que no reciban una
multiplicidad innecesaria de fuentes de ayuda; esto es, debe verse el monto de
ayuda agregada que reciben y, ante todo, si el sistema comprende incentivos
para que, en algún momento, dejen de depender de esas fuentes de asistencia
gubernamental.
Una de las reformas más
importantes que se dio en los Estados Unidos, en cuanto a sus programes
estatales de “lucha contra la pobreza”, sucedió durante la administración del
presidente Clinton, quien definió que, para poder recibir ayuda de los
programas gubernamentales contra la pobreza, era necesario que los
beneficiarios comprobaran que no contaban con los medios definidos como
requeridos para recibirla y, en segundo lugar, que los beneficiarios estuvieran
dispuestos a obtener ingresos provenientes de otras fuentes productivas; esto
es, que formaran parte de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar cuando el
gobierno (junto con el sector privado), indicaran posibilidades para ello (nada
de estar “echadotes”, esperando mes a mes a que les llegara la plata del
estado).
De acuerdo con el informe Estado
de la Nación previamente citado, los programas de asistencia “con mayores
filtraciones (esto es, goles de vivazos) son el bono de vivienda con un 37%,
comedores escolares con un 31.7% y Avancemos, con un 22.2%”. No son porcentajes
nada insignificantes y bien podrían ser la base existencial de una especie de
dependencia falsificada, en donde se finge pobreza, a fin de recibir regularmente
plata proveniente de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.
No quiero comentar historias
folclóricas acerca de cómo es posible que una familia pueda tener hasta tres
casas obtenidas con bonos de vivienda, o cómo es que gente platuda recibe fondos
públicos en la forma de becas, para que sus “pobrecitos” hijos vayan a la
escuela o bien de muchachitos que vienen de familias de ingresos medios, pero
que reciben en las escuelas comidas pagadas por toda la sociedad. No es ese el
propósito de este comentario, sino, más bien, en gran parte el de resaltar
algunos esfuerzos positivos que se están poniendo en marcha para tratar de que,
al menos, los programas de ayuda se dirijan hacia quienes verdaderamente los
necesitan. A pesar de esos empeños, debo señalar que falta mucho en cuanto a
definir incentivos que induzcan a que los receptores de esas ayudas para que decidan
dejar de depender de esas subvenciones y que más bien los estimulen a mejorar
sus condiciones de vida, mediante esfuerzos laborales propios.
Bajo la responsabilidad del IMAS
(ojalá vuelva los ojos de la eficiencia también hacia adentro), se ha
desarrollado un sistema de información sobre las 665.000 personas en estado de
pobreza, al cual se le conoce como Sistema Nacional de Información Social
(SINAIS), que en esencia es un registro único (ya no desperdigado y ausente de
coordinación entre diversos entes que dan ayuda) de personas que reciben ayuda
estatal. Entre ellas, “bonos de vivienda, las becas, el subsidio para alimentos
o la pensión del régimen no contributivo” de la Caja Costarricense de Seguro
Social. Mucha de esa información ya está en registros propios de ciertas
instituciones, pero no están integrados, de manera que se pueda saber, por una
parte, el conjunto de ayuda que una persona o familia pueda estar recibiendo,
así como los resultados esperados de esas diversas ayudas. “Las entidades que
aportaron los registros son el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de
Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Trabajo, el Fondo Nacional de Becas
(FONABE) y el IMAS.” Pero, obviamente, faltan muchos otros entes estatales en
donde cada uno, a su manera, realiza transferencias o cosas similares, bajo el
pretexto o criterio de luchar contra la pobreza. Por ejemplo, las becas de las
universidades públicas, las condonaciones de deudas que con frecuencia hace la
Asamblea Legislativa, las ayudas de la oficina de la primera dama de la
República, las que en ocasiones hace el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA,
antiguo ITCO), el programa de intereses subsidiados a pequeñas y medianas
empresas de la banca comercial del estado, el subsidio en el costo de la electricidad
para ciertos grupos de ingresos relativamente bajos, el subsidio a los
combustibles para pescadores artesanales y similares, entre otros. Si uno
analiza la argumentación política utilizada para la creación de cada uno esos
diferentes programas de ayuda estatal, se encontrará siempre con que lo fueron
teniendo como objetivo, primordial o secundario, luchar contra la pobreza.
Comparto la aspiración del
ministro de bienestar social, don Carlos Alvarado, quien dice que “no es sólo
el sistema informático, la clave es que las instituciones se apropien de estos,
que sepan que tienen que revisar los beneficiarios para que no se den
duplicidades. Lo que hace coherente esto es que esté dentro de una política
social única, para evitar problemas de dispersión, que siempre hemos señalado.”
Pero tan buen objetivo no es suficiente; es crucial dar el paso siguiente, cual
es evitar que las “ayudas” no se conviertan en algo permanente; esto es, que
haya esquemas de graduación, lo cual quiere decir que las dejan de recibir
después de cierto momento. Para eso se requiere que los marcos institucionales
de ayuda se conviertan en un apoyo para que sea el individuo, con el esfuerzo
propio, el que le permita salir de la pobreza.
Si algo se logra en el sentido en
que lo hemos expuesto, creo que el estado será mucho menos ineficiente de lo
que es en la actualidad. Podemos estar en presencia de un esfuerzo positivo de
hacer mejor las cosas.
Pero también es necesario
recalcar un hecho innegable en la historia económica de la humanidad: cuando
hay crecimiento económico en una nación o una región, disminuye la pobreza.
Esto lo destaca el notable historiador y economista Deepak Lal, profesor de la
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la introducción a su último
libro Poverty and Progress: Realities and Myths about Global Poverty [Pobreza y
Progreso: Realidades y Mitos acerca de la Pobreza Global], Washington D. C.:
Cato Institute, 2013, en donde señala que
“El mensaje central de este libro
es que un crecimiento económico eficiente es el único medio para aliviar la
antigua pobreza estructural del Tercer Mundo, y que si los países crecen
rápidamente, con un ingreso per cápita aumentando por arriba de un 3 por ciento
anual, el muy ridiculizado proceso de filtración o goteo [trickle-down] disminuiría
rápidamente la pobreza estructural. Esta
aseveración ha sido confirmada de manera rotunda en las últimas dos décadas,
por la reducción más grande de la pobreza vista en la historia humana, cuando
dos gigantes emergentes -India y China- crecientemente han adoptado las
políticas económicas liberales clásicas, que han conducido a fuertes aumentos en
las tasas de crecimiento de sus ingresos per cápita.” (P. 1).
De aquí que, si de algo sirve el
consejo que nos hace Lal, basado en la experiencia humana de disminución de la
pobreza a través de la historia, es crucial que la lucha contra la pobreza vaya
más allá del paliativo gubernamental de asistencia económica y que el país
efectivamente abrace políticas económicas conducentes a que la nación crezca
mucho más rápidamente, en comparación a cómo lo hace en la actualidad.
Obviamente esto sobrepasa el esfuerzo del ministro Alvarado, pero plantea el
desafío exactamente en donde debe de estar: ¿Será capaz el gobierno actual de
desarrollar las políticas deseables para aumentar nuestro crecimiento, u optará
por la regresión económica y el empobrecimiento y la disminución del bienestar
de los ciudadanos? Ojalá aprendan la lección de la historia del crecimiento
económico de la humanidad a través de los siglos. Por ello cierro mi comentario
con una pregunta muy actual ante la propuesta gubernamental de aumentar los
impuestos, a sabiendas que estos van a provocar un crecimiento económico menor
que el actual. ¿Creen ustedes que, con esos mayores impuestos, que provocarán
un descenso en el crecimiento de nuestra economía, una disminución de la
inversión privada, una reducción de la demanda de mano de obra y, por tanto, un
aumento del desempleo y un descenso de los ingresos per cápita, se logrará
reducir la pobreza en el país?
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