El día de ayer, la Asamblea Legislativa archivo el expediente Nº 17.900 que pretendía habilitar la técnica de la fecundación in vitro (FIV). A pesar que en ASOJOD defendemos los derechos individuales, en este caso, los sexuales y reproductivos y consideramos que el Estado costarricense erró olímpicamente cuando, en el año 2000, la Sala Constitucional prohibió la FIV valiéndose de argumentos puramente religiosos -origen de la vida basada en la concepción católica-, lo cierto del caso es que, entratándose de este proyecto en particular, más bien celebramos su entierro.
Por supuesto, no faltaron los amigos de la doxa y de los pronunciamientos aventurados e irresponsables-como los publicados en el foro de La Nación y en varias redes sociales- que culpan a la Asamblea Legislativa sin conocer, a profundidad, el contexto. La verdadera responsabilidad de que los costarricenses veamos atropellado, una vez más, un derecho individual no debe recaer, por esta vez, en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley que envió el Gobierno era sencillamente absurdo. Independendientemente de las posturas religiosas que asumieron algunos legisladores para oponerse, la iniciativa tenía serios gazapos jurídicos y económicos, como lo es obligar a la Caja a financiar la técnica. Tal como lo hemos denunciado con otros casos -como el de la Viagra-, los estatistas encuentran cómodo poner al ciudadano como el pato de la fiesta, obligándolo a pagar de su bolsillo la atención médica y los procedimientos de otros, lo cual es inaceptable.
Además, sólo permitía la técnica para parejas casadas, excluyendo de la posiblidad a las personas en unión de hecho o cualquier otra modalidad de convivencia. Por si fuera poco, pretendía limitar excesivamente la transferencia embronaria heteróloga, mejor conocida como donación de un tercero desconocido para la pareja o para la mujer, con lo cual se restringe el derecho de las mujeres solas a procrear. También obligaba a los pacientes a practicarse una infinidad de exámenes que le permitieran al Estado verificar que eran aptos o no para acceder a la FIV.
Enhorabuena que esta iniciativa tan mal planteada fue archivada. Ella representaba esa costumbre tan arraigada en el político costarricense de hacer todo a la carrera, con base en ocurrencias y sin ninguna seriedad y, mucho menos, previsión de las consecuencias nefastas que traerá. Por primera vez en mucho tiempo, los Diputados tomaron una decisión responsable y sensata, evitando dejarse llevar por las pasiones y las presiones mediáticas.
En ASOJOD estamos a favor del derecho de cada quién a decidir sobre su cuerpo y vida y esperamos que pronto existan otras iniciativas para permitir la FIV como lo que es, un derecho individual, sacando al Estado de la excesiva reglamentación y, especialmente, evitando que todos los demás ciudadanos tengamos que pagar por los procedimientos. En lo que no estamos de acuerdo es en una iniciativa que traslade costos coercitivamente a los ciudadanos, que restrinja el derecho de reproducción de los individuos y que entrometa al Estado en el proceso. Esas, precisamente, eran las características del expediente Nº 17.900.
Por supuesto, no faltaron los amigos de la doxa y de los pronunciamientos aventurados e irresponsables-como los publicados en el foro de La Nación y en varias redes sociales- que culpan a la Asamblea Legislativa sin conocer, a profundidad, el contexto. La verdadera responsabilidad de que los costarricenses veamos atropellado, una vez más, un derecho individual no debe recaer, por esta vez, en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley que envió el Gobierno era sencillamente absurdo. Independendientemente de las posturas religiosas que asumieron algunos legisladores para oponerse, la iniciativa tenía serios gazapos jurídicos y económicos, como lo es obligar a la Caja a financiar la técnica. Tal como lo hemos denunciado con otros casos -como el de la Viagra-, los estatistas encuentran cómodo poner al ciudadano como el pato de la fiesta, obligándolo a pagar de su bolsillo la atención médica y los procedimientos de otros, lo cual es inaceptable.
Además, sólo permitía la técnica para parejas casadas, excluyendo de la posiblidad a las personas en unión de hecho o cualquier otra modalidad de convivencia. Por si fuera poco, pretendía limitar excesivamente la transferencia embronaria heteróloga, mejor conocida como donación de un tercero desconocido para la pareja o para la mujer, con lo cual se restringe el derecho de las mujeres solas a procrear. También obligaba a los pacientes a practicarse una infinidad de exámenes que le permitieran al Estado verificar que eran aptos o no para acceder a la FIV.
Enhorabuena que esta iniciativa tan mal planteada fue archivada. Ella representaba esa costumbre tan arraigada en el político costarricense de hacer todo a la carrera, con base en ocurrencias y sin ninguna seriedad y, mucho menos, previsión de las consecuencias nefastas que traerá. Por primera vez en mucho tiempo, los Diputados tomaron una decisión responsable y sensata, evitando dejarse llevar por las pasiones y las presiones mediáticas.
En ASOJOD estamos a favor del derecho de cada quién a decidir sobre su cuerpo y vida y esperamos que pronto existan otras iniciativas para permitir la FIV como lo que es, un derecho individual, sacando al Estado de la excesiva reglamentación y, especialmente, evitando que todos los demás ciudadanos tengamos que pagar por los procedimientos. En lo que no estamos de acuerdo es en una iniciativa que traslade costos coercitivamente a los ciudadanos, que restrinja el derecho de reproducción de los individuos y que entrometa al Estado en el proceso. Esas, precisamente, eran las características del expediente Nº 17.900.
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