Flash legislativo

Ayer, la fracción del Movimiento Libertario presentó el proyecto de ley Nº 17.889, Ley de reducción y simplificación tributaria para el mejoramiento de la competitividad nacional, elaborado por la Asociación Nacionalo de Fomento Económico (ANFE).

La iniciativa pretende reducir el impuesto sobre la renta para convertirlo en uno más simple, que contribuya a una asignación más eficiente de los recursos y que promueva el crecimiento económico sostenido y la competitividad en Costa Rica, contrario a lo que procura el Gobierno con el paquetazo de impuestos que someterá a conocimiento de la Asamblea, en el próximo mes de diciembre.

El proyecto Nº 17.889 pretende bajar el impuesto sobre renta para empresas no domiciliadas en el país, a las pequeñas empresas, a las personas jurídicas domicialiadas en el país, a las personas físicas con actividades lucrativas. En cuanto a la escala de tarifas, la iniciativa propone que las rentas de hasta $15.500 anuales estén excentas y que sobre el exceso de dicha cantidad, se pague un 10% de impuesto.

Podríamos seguir describiendo el proyecto, pero nos extenderíamos demasiado, por lo que invitamos a los lectores a visitar la página de la Asamblea Legislativa y estar pendientes para poder descargarlo una vez que esté en el sistema.

En nuestra opinión, es una excelente noticia que se proponga reducir impuestos. La liquidación presupuestaria de 2009, recientemente discutida en el Congreso, demostró que el Gobierno le quitó recursos a los ciudadanos y empresas para destinarlo a fines "públicos" y ni siquiera fue capaz de ejecutarlos de forma eficiente, so pretexto de la crisis mundial. Sin embargo, es claro que la crisis, si bien tuvo impacto en la recaudación, no tiene nada que ver con la ejecución, al menos en el sentido que el Ejecutivo justificó.

En realidad, se demostró que la incapacidad del Estado para usar los recursos y la situación económica mundial generan que se realicen serias transformaciones del aparato estatal: se requiere su reducción, la eliminación de gastos e instituciones que no aportan nada y, consecuentemente, una dinamización de la actividad económica, que sólo se logra si se le permite a los individuos disponer de más recursos para invertir, ahorrar o consumir.

Además, en nuestro criterio, los impuestos bajos son una forma de mejorar la recaudación, pues al simplificarse la estructura tributaria se reducen los incentivos para evadir, por la simple razón que puede ser más caro pagar contadores y abogados que ayuden a "maquillar" los libros contables que pagar el impuesto mismo.

Finalmente, nuestra posición en torno a los impuestos siempre ha sido clara: son un robo institucionalizado. Sin embargo, la única justificación que encontramos para los impuestos es el financiamiento de la seguridad ciudadana y la administración de justicia, no así para todas las demás ocurrencias que caracterizan a nuestro país. Claro está, nuestra aspiración está lejos de cumplirse, pero vemos con buenos ojos que mediante este proyecto se reduzcan los perjuicios que le causan las "contribuciones" forzosas a los ciudadanos.