Tema polémico: la democracia directa

El sonado caso del Recurso de Amparo interpuesto por Guido Sáenz y compañía contra la construcción del Estadio Nacional en La Sabana nos hace reflexionar sobre un tema tan polémico como lo es la contradicción entre participación y decisión a nivel político. Las pregunta que hay que hacerse al respecto es hasta dónde es posible conciliar ambas dimensiones, o lo que es lo mismo, cuál es el grado de participación en una democracia para que su rendimiento sea aceptable y esto no derive en crisis de legitimidad y de gobernabilidad.

Muchas veces escuchamos a algunas personas solicitar más espacios de participación. Y es cierto que una democracia, en aras de fortalecerse, necesita un ejercicio constante de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Pero también es verdad que en las sociedades modernas, muchas personas ejercitan sus derechos sin el más mínimo conocimiento de sus acciones, lo cual nos parece absolutamente reprobable. En ASOJOD siempre hemos dicho que vivir implica una responsabilidad y que el ser humano no puede andar por ahí trasladando las consecuencias de sus actos a todos los demás. En ese sentido, el ejercicio de la participación política, como todo acto, acarrea ciertas repercusiones sobre muchas personas y resulta verdaderamente nefasto que, por ignorancia y apatía de unos, otros terminemos viéndonos obligados por normas y decisiones estúpidas.

Algunos dirán que hay que respetar las decisiones de la mayoría, pues en eso consiste la democracia. Sin embargo, Mises ya advirtió que "la democracia garantiza un gobierno acorde con los deseos y planes de la mayoría; lo que no puede impedir es que la propia mayoria sea víctima de ideas erróneas y que, consecuentemente, adopte medidas equivocadas, que no sólo sean inapropiadas para alcanzar los fines deseados, sino que además resulten desastrosas". Y para nadie es un secreto, que en el estado actual de las cosas, las mayorías rara vez están informadas de forma razonable cuando ejercitan su participación política, por lo cual no es de extrañar que, a veces, en su nombre, se cometan los más terribles errores históricos, de envergaduras tan deplorables como el socialismo, el nazismo, etc.

Pero hay otra dimensión tan problemática de este tipo de participación: la parálisis decisional. Por la creencia de que más gente participando significa más democracia, se deja de lado la toma de decisiones, toda vez que los costos de llegar a acuerdos aumentan y las "reglas del juego democrático" dotan de poderes reactivos a muchísimos individuos, con lo que se convierten en verdaderos jugadores con poder de veto como los llama Tsebelis.

Por eso creemos que el meollo del asunto no está si se debe o no permitir la participación, sino en la indefinición de los criterios que rigen dicha participación.

En nuestro país, hay básicamente cuatro formas en que una persona puede incidir en las decisiones públicas: el sufragio, la integración de ciertos órganos y entes públicos como "representantes de la sociedad civil", los mecanismos de participación directa (referéndum e iniciativa popular), el reclamo al respeto de los derechos fundamentales (el amparo ante la Sala Constitucional). En ASOJOD hemos notado que la mayor cantidad de problemas surgen a raíz de los últimos tres mecanismos. Veámoslos separadamente:

La participación de los "representantes de la sociedad civil" se ha puesto de moda a la hora de crear órganos y entes públicos. En materias como la ambiental por ejemplo, hay órganos que están conformados por miembros del gobierno, representanes de gobiernos estudiantiles, colegiales de la zona, representantes de las empresas con interés en cierta actividad, etc. ¿Qué legitimidad tienen estos grupos de interés para estar representados en órganos públicos que toman decisiones que potencialmente pueden afectar a todos? Básicamente ninguna. De esta manera, el Estado costarricense se ha convertido en una maraña burocrática tomada por grupos de interés que directamente, por una ocurrencia legislativa, ejercen potestades públicas en su favor. Este fenómeno de "tomarse el Estado" termina por causar que ciertas decisiones sean vetadas por grupos que sólo por el hecho de estar organizados, logran imponer su voluntad sobre los demás ciudadanos.

En segundo lugar, tenemos los mecanismos de participación directa (referéndum e iniciativa popular). Aunque estos medios de partipación, especialmente el referéndum, han probado ser efectivos para tomar deciciones de manera pacífica, no creemos que todas las deciciones deben poder tomarse por medio de ellos, especialmente dos tipos de decisiones: los derechos de las minorías y las refromas constitucionales. Mejor dicho, para tomar este tipo de decisiones, el procedimiento para que se pueda dar una participación directa debe ser más agravado.

Por ejemplo, veamos el referéndum recientemente propuesto sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. Como sabemos, los homosexuales son una minoría en nuestra sociedad. El someter los derechos de esta minoría, especialmente los derechos que no afectan a los demás ciudadanos cuando son ejercitados, nos parece totalmente incorrecto .Cada quien, incluyendo las minorías, tienen el derecho de hacer lo que quieran con sus vidas, por lo que nos parece improcedente que sea la mayoría quien imponga su voluntad sobre ellos.

En último lugar tenemos la posibilidad de reclamar el respeto a los derechos fundamentales ante la Sala Constitucional por medio del amparo. Este mecanismo, si bien ha probado ser súmamente efectivo para hacer más eficaces los derechos considerados fundamentales por la gran mayoría de la sociedad, también ha servido para entorpecer la toma de decisiones públicas. Este fenómeno se ha visto sobre todo cuando se ha reclamado la protección de ciertos "intereses difusos" o "intereses colectivos". Aunque nos parece legítimo que se pueda reclamar la protección de este tipo de intereses, no nos parece válido que para hacerlos eficacez se tenga que anular totalmente los derechos de los ciudadanos individualmente considerados. Un ejemplo actual de esto es la paralización de la construcción del nuevo Estadio Nacional por un amparo presentado por Guido Sáenz y otros ciudadanos. El amapro se fundamentó, entre otras cosas, en la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente balanceado, derecho para el que la Sala ha reconcido prácticamente una acción popular para su protección. Es decir, cualquiera puede reclamar su protección en favor de cualqueira. Si bien el ambiente debe ser protegido, nos parece que quien intenta reclamar su portección deberia hacerlo responsablemente. Una buena solución sería que se pueda condenar en costas a quien de mala fe intente que se protejan este tipo de derechos sólo como medida dilatoria.

Este tema polémico no pretende aportar soluciones mágicas, sino concientizar y llamar la atención sobre las paradojas, lagunas y obstáculos que se presentan en nuestro sistema de toma de decisiones. No es posible caer presos de los cantos de sirena, de las fórmulas vacías que equiparan la simple y mera participación a la democracia. Debemos conocer las dificultades mismas que presenta la participación: costos de información, politiquería, costos económicos, etc. Por ello lo que se debe es crear una serie de instituciones (reglas de juego) que permita a los actores del sistema político llegar a acuerdos oportunos, sin menoscabar los derechos de las minorías o derechos de enmienda, y tomando siempre en cuenta la particularidad de las decisiones y como distintos temas requieren de distintas reglas. Dentro de este sistema de reglas, deben existir claras responsabilidades para aquellos actores que pretendan de mala fe paralizar la toma de decisiones, realizando un fraude de ley o abuso del derecho, que no es más que la utilización de medios legítimos para fines antijurídicos.

Crisis financiera: Qué ha pasado (I)

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La tormenta perfecta sigue su curso inexorable y todos nos preguntamos cuál es la solución. Antes de hablar de remedios, es importante saber qué ha pasado porque, sin un diagnóstico correcto, no hay soluciones acertadas.

Todo empezó en 2001, cuando Alan Greenspan quiso evitar el colapso de la bolsa tras el fiasco de las punto.com reduciendo los tipos de interés desde 6,5% al 2,5% en menos de un año. Con esos tipos tan bajos, los bancos, que viven de prestar dinero a cambio de un interés, buscaron rentabilidad en familias con pocos ingresos y con una alta probabilidad de no poder devolver la hipoteca, familias llamadas “subprime”. Al tener un riesgo superior, esas familias pagaban un interés más alto, aunque los bancos pensaron que el peligro quedaba mitigado por el hecho de que el precio de sus viviendas estaba subiendo: si algún día tienen problemas, pensaron, las familias podrán vender la casa a un precio superior al de la hipoteca, cosa que les permitirá devolver el dinero.

Pero los márgenes que podían cobrar eran tan pequeños que, para obtener rentabilidad, tenían que multiplicar el volumen. El problema es que el número de hipotecas que podían dar estaba limitado por la regulación de Basilea que impide que los créditos concedidos por un banco sobrepasen una determinada proporción de su capital. Curiosamente, lo que sí permite esa regulación es que los bancos creen unos fondos de inversión paralelos (llamados “conduits”) que compren sus créditos. Y así lo hicieron: los “conduits” pedían prestado, compraban las hipotecas a los bancos y éstos recuperaban el dinero. Al haber desaparecido el crédito de sus balances (y al permitir la regulación de Basilea que la contabilidad del banco y la “conduit” se hiciera separadamente), los bancos podían volver a prestar el mismo dinero una y otra vez, ampliando de esta manera el negocio.

Los “conduits”, a su vez, cogían las hipotecas, las reempaquetaban (en lenguaje sofisticado, “titularizaban”) de maneras tan complejas que conseguían ratings de AAA que indicaban un riesgo mínimo y las vendían a bancos de inversión. Para facilitar la operación, incluso obtenían seguros con nombres pomposos como “credit default swaps”. Los bancos de inversión, a su vez, utilizaban esos activos como garantía para pedir créditos adicionales y apalancar más operaciones financieras, creando así una enorme bola de nieve de activos que, por muy sofisticados que fueran, tenían como garantía última las hipotecas de las familias subprime.

Y todo iba eso muy bien mientras el precio de la vivienda subía. Pero llegó un día en que dejó de subir. Las familias que habían pedido prestados 100.000 dólares vieron que su casa sólo valía 60.000 y tuvieron que tomar una decisión: devolver una casa de 60.000 o devolver una hipoteca de 100.000. No hay que ser muy listo para ver que, si la regulación permite escoger, muchos devolverán la casa y no pagarán la hipoteca. Y resulta que la regulación permitía escoger y, por lo tanto, decidieron no pagar: la morosidad se disparó y todos los activos garantizados por esas hipotecas empezaron a perder su valor y a ser catalogados de ‘tóxicos’. El problema es que habían sido re-titularizados tantas veces que nadie sabía ni cuántos activos tóxicos había ni quién los tenía.

Eso creó una desconfianza entre bancos que hizo que dejaran de prestarse dinero unos a otros. Los tipos de interés interbancarios (como el Euríbor) se dispararon y, con ellos, los pagos mensuales de millones de familias que dejaron de poder pagar sus hipotecas. La morosidad aumentó, no ya entre las familias subprimes sino entre todas las familias del mundo. Las aseguradoras tuvieron que desembolsar lo asegurado… pero no tenían dinero suficiente por lo que fueron las primeras en quebrar. Sus nombres: Bear Sterns, Freddie Mac, Fannie Mae y AIG. ¿Les suenan?

Y aquí volvió a aparecer la regulación de Basilea: los bancos de inversión como Merril Lynch o Lehman Brothers habían utilizado esos bonos que ahora eran tóxicos como garantía financiera y la regulación decía que, cuando el valor de esas garantías bajara, los bancos estaban obligados a deshacerse de otros activos y utilizar el dinero para reponer la garantía perdida. El problema es que eso pasaba justo en el momento en el que nadie quería comprar esos activos a precios razonables. Pero como estaban obligados a vender, vendieron. Eso sí… ¡a precio de saldo! Eso aumentó sus pérdidas, cosa que redujo la cotización de sus activos, cosa que les obligó a vender más, cosa que les aumentó sus pérdidas,… y así sucesivamente en una espiral negativa de pérdidas y caídas de cotización que les llevó a la quiebra. El pánico financiero estaba servido.

Lo que nos lleva al momento actual: la desconfianza, el pánico y la descapitalización de los bancos están haciendo que, no sólo dejen de prestar a otros bancos sino que dejen de prestar a empresas no financieras de todo el mundo. Inversiones en el sector hospitalario en Alemania o el de la alimentación en Colombia no se llevan a cabo por falta de financiación. La actividad económica cae, los puestos de trabajo desaparecen y lo que empezó como un problema hipotecario en Estados Unidos se está contagiando a la economía real del mundo entero. La ciudadanía pide a sus gobiernos que actúen. Las erráticas políticas públicas que proponen, sin embargo, demuestran que no saben qué hacen, lo cual genera más desconfianza y agrava la situación. De eso hablaremos en un próximo artículo. De momento, esto es lo que ha pasado.

Xavier Sala-i-Martin

Viernes de recomendación

Es común escuchar a un marxista desacreditar argrumentos refiriéndose a la clase social de quien los expone. A esta manera de pensar se le llama "polilogismo" ya que concibe a la lógica como un producto de las condiciones personales de quien la utiliza, dando lugar a varios sistemas lógicos.

El día de hoy hemos escogido un capítulo del libro Human Action de Ludwig von Mises llamado "The Revolt Against Reason" en donde se refutan brillantemente los fundamentos de los "polilogismos" tanto marxistas como raciales. Concluye que la lógica es una sola, independientemente de la clase social o grupo étnico al que se pertenezca.

¿Crisis del capitalismo?

La marca sobresaliente del capitalismo es el respeto a la propiedad privada en cuyo contexto aquellos que aciertan con las preferencias del prójimo obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Los cuadros de resultados van mostrando las eficiencias relativas para la administración de los siempre escasos recursos.

De allí es que Ludwig von Mises ha escrito que el eje central de la sociedad abierta estriba en la institución de la propiedad, mientras que Marx y Engels sostuvieron que todo su programa se resume en la abolición de la propiedad. No es necesaria la eliminación de ese derecho para producir desajustes en los precios relativos y derroches de los factores de producción. El fascismo es muy fértil para estos desmanes al permitir el registro de la propiedad a manos particulares pero el aparato estatal usa y dispone de la misma, lo que actualmente se suele denominar pragmatismo.

El gobierno de Bush ostenta el triste privilegio de contar con la tasa de mayor crecimiento en la relación gasto público-producto bruto interno de los últimos ochenta años, ha duplicado la deuda estatal que ahora se ubica en el 75% del PBI, absorbió el superávit fiscal de la administración anterior y deja un déficit de 600 mil millones de dólares en un contexto de una asfixiante regulación federal cuyas disposiciones hoy ocupan nada menos que 75 mil folios anuales. Si se proyecta el presupuesto del gobierno central, en 2017 todos los impuestos federales juntos no alcanzan a financiar siquiera el llamado Programa de Seguridad Social.

Las empresas estatales Fannie Fae y Freddie Mac se encaminaron por la politiquería barata de conceder hipotecas sin las suficientes garantías y ahora resulta que se embarcan en un autosalvataje por las barrabasadas cometidas. Por otra parte, la Reserva Federal decidió comprimir artificialmente la tasa de interés con lo que se falsea la relación consumo presente-consumo futuro y hace aparecer proyectos en verdad antieconómicos como si tuvieran un retorno atractivo, con lo que se malguía a los operadores, mientras que el Congreso, con la oposición de mas de la mitad de los miembros del partido gobernante en la Cámara de Representantes, aprobó un rescate que implica usar los fondos de los contribuyentes para darle apoyo a quienes han utilizado irresponsablemente instrumentos financieros o simplemente han errado el camino en Wall Street.

A este cuadro de situación debe agregarse que el lobby financiero empuja al establecimiento del sistema bancario de reserva fraccional lo cual, a la primera de cambio, pone al descubierto que el sistema está en la cuerda floja en cuanto la incertidumbre y la desconfianza que se traduce en modificaciones en la demanda de dinero. Hay un debate jugoso entre los partidarios de la reserva total y el régimen denominado de “free banking” pero ambas posturas coinciden en que el sistema de reserva parcial manipulado por la banca central conduce al peor de los mundos, situación que no se subsana con la imposición de la “garantía de los depósitos” que transfiere recursos de los previsores a los irresponsables quienes son incentivados a realizar colocaciones imprudentes.

Lo más curioso y tragicómico que hay distraídos que a este zafarrancho de estatismo creciente lo catalogan como “la crisis del capitalismo”. Ya una vez ocurrió, después de que los Acuerdos de Génova y Bruselas abrieron las compuertas al espectacular desorden monetario que condujo al boom de los años veinte y al posterior crack de los treinta, agravado por las intervenciones erráticas de la Reserva Federal tal como lo explican Milton Friedman y Anna Schwartz.

El Fondo de Cultura Económica acaba de publicar mi libro titulado Estados Unidos contra Estados Unidos en el que muestro como el gobierno de ese país se ha venido apartando en muy diversos frentes de los extraordinariamente sabios principios de los Padres Fundadores. En los proceso de mercado resulta indispensable que los activos inservibles se den de baja. El “esconder la tierra bajo la alfombra” agrava la situación por más que pueda disimularse la crisis subyacente en el corto plazo para evitar que se paguen los costos políticos correspondientes pero al precio de prolongar y agudizar los problemas reales existentes y afectar severamente a quienes deben renunciar compulsivamente al fruto de su trabajo.

Si la gente considerara que en el balance neto resulta conveniente entregar recursos a los insolventes eso es lo que haría tal como se procede con emprendimientos colosales que requieren sumas astronómicas a plazos muy prolongados y con cláusulas que evitan las trampas de los free riders.

Este es un momento sumamente delicado. Si se agudizara el estatismo en Estados Unidos y se produjeran los consecuentes barquinazos de mayor envergadura, la onda expansiva crítica se multiplicará aún más profundamente y los efectos serán muy penosas para el mundo libre que entrará en un cono de sombra difícil de revertir.

Alberto Benegas Lynch

¿Fracaso del mercado?

Se está propagando el mito de que la crisis financiera se debe a un fracaso del mercado, cuando por todos lados es evidente que la intervención y regulación estatal falló.

El mercado financiero estadounidense estaba altamente regulado por: la Oficina del Controlador de la Moneda, los acuerdos internacionales de Basilea acerca de los estándares para capitales, las autoridades a nivel estatal, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Además, los bancos cotizados en la bolsa, al igual que las corporaciones, también estaban sujetos a la Ley Sarbanes-Oxley.

Desde hace varios años también estaban vigentes la Ley de Revelación de Hipotecas para Vivienda y la Ley de Reinversión en la Comunidad y ambas ayudaron a promover la proliferación de préstamos hipotecarios de alto riesgo.

Por otro lado, no es mera casualidad que las dos entidades hipotecarias de patrocinio estatal, Fannie Mae y Freddie Mac, se encuentran en el centro de la crisis. Todos sabían que el gobierno estaba detrás de Fannie y Freddie y estas dos se dedicaron a comprar paquetes de hipotecas de alto riesgo con irresponsabilidad (usual cuando se trata de asumir riesgos con el dinero de otros). Los congresistas, muchos de ellos habiendo recibido generosas contribuciones para sus campañas de Fannie y Freddie, insistieron hasta esta última primavera, para que se les reduzcan los requisitos de reserva de capital a las dos gigantes.

La Reserva Federal no juega un rol menor en esta crisis tampoco ya que también ayudó a formar la burbuja inmobiliaria. Entre 2001 y 2003 el interés de los fondos federales se redujo de 6,5% a 1% y luego la Fed mantuvo este interés por debajo de 2% hasta fines de 2005.

Una política monetaria expansionista, más una presión gubernamental para aumentar los préstamos hipotecarios de alto riesgo, más un fracaso en supervisar la calidad de los préstamos para vivienda resultaron en la “tormenta perfecta”.

Finalmente el argumento de que se necesita más regulación no se sostiene cuando vemos que el mercado hipotecario, que era altamente regulado e intervenido, es justamente el sector más afectado. Ni tampoco cuando vemos que los fondos de cobertura (hedge funds), siendo los menos regulados, son los que menos se han contagiado de la presente crisis debido a que casi no compraron activos problemáticos.

La única desregulación que se dio fue el permiso de la banca interestatal y de no ser por ese grado de flexibilidad no hubiese sido posible que, por ejemplo, J.P. Morgan compre a Bear & Sterns, Bank of America a Merryll Lynch y que Morgan Stanley y Goldman Sachs se mantengan a flote como bancos comerciales.

Un salvataje para aquellos que se involucraron en inversiones riesgosas con la expectativa de que el gobierno estaría ahí para respaldarlos no soluciona el problema de liquidar los activos problemáticos ni elimina los incentivos para que se de ese comportamiento irresponsable nuevamente.

Las regulaciones que pretenden prevenir que la última crisis se repita, pueden resultar poco efectivas e inclusive dañinas para la próxima y distinta crisis. Lo mejor que se puede hacer, aunque probablemente no sea lo más popular, es hacer un sistema flexible que permita la rápida adaptación del mercado a las nuevas e imprevisibles circunstancias.

Gabriela Calderón

¿Podremos algún día ser del “Primer Mundo”?

En el libro “Guía para un excelente gobierno… y para un ciudadano menos indolente”, publicado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, se aporta sólida evidencia jurídica, política, histórica, administrativa y técnica, de por qué Costa Rica no es un país desarrollado.

En efecto, en pobreza, ambiente, educación, salud y agricultura, en turismo e industria, en infraestructura, seguridad ciudadana, en planificación, etc., las estadísticas y tantos analistas proporcionan alarmantes “indicadores deficitarios”, pero el libro les otorga una novedosa relevancia pasándolos por el prisma de las macrocausas, o causas de origen, de tales fenómenos; y, más aun viéndolos como fenómenos interdependientes y no individuales.

Análisis deficiente. El libro –que también podría intitularse “…de dónde viene y cómo superar nuestro sempiterno nadadito de perro”– devela cómo durante más de treinta años (en coincidencia en mucho sentido con el análisis de Julio Rodríguez aquí el 8/9 anterior), ha habido una sistemática omisión de ciertas pautas superiores jurídicas y conceptuales, un hecho que explica el por qué de tantos análisis unilaterales sobre problemas nacionales y políticas mal diseñadas y peor ejecutadas que no resuelven ninguno de aquellos, aun con el enorme gasto disponible y la evidente buena fe de sus propulsores.

Si el lector desea realmente saber quiénes son unipersonalmente responsables del subdesarrollo nacional, y quiénes y cómo “podremos ayudarnos” de manera calificada haciendo lo necesario para enmendar, desde ya, esas irresponsabilidades y resolver mucho mejor todo problema nacional, el libro identifica a los actores y “órganos” responsables e indica cómo lograr ese cambio, sin esperar una Constituyente.

El libro demuestra cómo las actitudes y comportamientos diarios del costarricense tienen como contrapartida real su desapego para con el régimen de derecho que todos, cuando conviene, dicen respetar. Se señala un problema grave en la enseñanza misma de muchas ciencias sociales en las universidades, pues es común ver cómo se extrapolan los análisis de afamados autores europeos y norteamericanos, y de sus corifeos latinoamericanos, como si fueran análisis y propuestas sobre Costa Rica, lo que lleva a que los estudiantes no aprenden a investigar nuestros fenómenos en su complejidad real, jurídica, institucional y sustantiva, sino a repetir frases célebres que denotan erudición académica. Así llegan a importantes puestos públicos y políticos.

Cultura colonial. En el libro develamos igualmente cómo nuestra cultura política de origen colonial todavía nos domina en lo que es el manejo de instituciones y procesos públicos sin la preparación especializada rigurosa –o sea, realista de lo público nuestro, no de lo público anglosajón; en las muchas microanalíticas y simplistas discusiones sobre reformas políticas, electorales e institucionales; en la formulación de programas electorales por los partidos políticos y promulgación de nuevas leyes, que dan la espalda al modelo-país y a unas pocas normas en la Constitución así como a unas pocas leyes superiores, que precisamente sí permiten en conjunto el “excelente gobierno”; en no querer enfrentar nadie las verdaderas causas de la corrupción que nos acogota, incluida la creación por los partidos mayoritarios de cotos de caza en las instituciones (piénsese, a manera de ejemplo, en los varios funcionarios públicos de carrera que aparecen de repente como legisladores, cosa imposible en Europa o en Estados Unidos); en no entender que los procesos de contratación administrativa, administración financiera, empleo, tecnologías digitales y de otra índole, son apenas eslabones de procesos político-administrativos mayores de dirección, planificación, control y evaluación, cuyo manejo eficaz exige una rigurosa formación –que tampoco se está dando en el país– más allá de la que actualmente recibe el especialista en esos campos parciales, más cuando se incorporan a este escenario los ámbitos sectorial y regional del desarrollo nacional.

El libro, por su lado, incorpora pruebas de cómo el marco normativo-conceptual sustentado por el autor funciona en condiciones apropiadas, presentando experiencias positivas habidas en el país en los últimos 34 años que demuestran que “sí se puede”.

Dos grandes y francas advertencias: una, el libro argumenta con contundencia que no por ignorar tantos costarricenses los fenómenos reales analizados en él, éstos, entonces, no tienen consecuencias en el desarrollo real del país; por otro lado, su contenido crítico –pero también propositivo– es un espejo, y apuesto a que todo lector que lo lea con objetividad no podrá seguir siendo el mismo “tipo” de ciudadano.

Si no lo digo yo como su autor, ¿quién más podría hacerlo con tanta convicción, fundamento y… optimismo?

Johnny Meoño

Tema Polémico: el problema de la igualdad de oportunidades

La semana pasada, se tocó en ASOJOD un tema que levantó mucha polémica: becas estudiantiles. Uno de los principales argumentos de las personas que están a favor de su existencia es el famoso tema de la "igualdad de oportunidades" y su relación con la libertad, en el sentido de que sólo mediante la primera es posible la segunda. Justamente a este respecto, queremos referirnos en este Tema Polémico de hoy.

Uno podría preguntarse si el disfrute de ciertos bienes y servicios podrían darle mayor holgura al ser humano para tener la potestad de decidir sobre su vida. Siguiendo este argumento, entonces resultaría viable afirmar que el rico o el sabio tienen mayores oportunidades de ser libres que el pobre o el ignorante. Pero, como bien apuntaba Hayek, la libertad personal no consiste en la riqueza de oportunidades de elegir sino en el propio ejercicio de elegir responsablemente, aunque sea en condiciones muy desfavorables y estrictas. Recordemos que para Hayek, el concepto de libertad es equivalente al de no coacción: se es libre en tanto y en cuanto se pueda reducir la coacción -la capacidad de uno para obligar a otro a hacer algo por la fuerza- al mínimo posible.

En ese sentido junto con Hayek hay una importante cantidad de pensadores (Berlin, Mises, Schwartz, Rothdard, etc.) que consideran la libertad como autonomía individual y no como posesión de ciertos bienes materiales. Estos pensadores explican que la ausencia de libertad no surge porque no se disponga de ciertos bienes, pues en todo caso, el ser humano continúa teniendo autonomía sobre sus decisiones personales. Antes bien, la falta de libertad surgue allí donde un individuo o grupo puede obligar a otros a obedecer sus órdenes, usándolos como medios para la persecución de ciertos fines.

Es cierto que a veces puede resultar difícil decidir sin tener ciertos medios materiales disponibles. Pero la vida humana se caracteriza porque unos poseen algo que otros no. Todos los días vemos personas que tienen mejor salud, mejor automóvil, mejor educación, más belleza, más habilidades, más conocimientos, más dinero, mejor voz o mayor talento que cada uno de nosotros. En la medida en que nos comparamos con los demás, notamos que hay gente que tiene cosas que nosotros no y que, al mismo tiempo, nosotros tenemos cosas que ellos no. Hay una desigualdad natural que no se puede pasar por alto.

Por tal razón, el ser humano debe tomar decisiones a partir de los medios de que dispone: recursos técnicos, materiales, de conocimiento, económicos, etc. Y a partir de esas diferentes cantidades y calidades de recursos hemos podido llegar hasta el estadio actual de desarrollo de la humanidad. Pero, si hoy día resulta que es "injusto" para unos que otros tengan más dinero o mayor acceso a la educación que otros, entonces ¿qué hacemos cuando unos tienen mejor voz o más belleza física que otros? ¿Creámos un fondo para dar igualdad de oportunidades a todos en los reality shows o en las pasarelas?

El absurdo de esta última pregunta refleja en sí el absurdo de la "igualdad de oportunidades": no se puede pedir las mismas oportunidades para las personas porque no todas tienen las mismas capacidades y habilidades. Pero ese no es el único disparate: si por el bien de la discusión le damos el punto a los defensores de la "igualdad de oportunidades" y decimos que, en efecto, la libertad depende del acceso a ciertos bienes y servicios "estratégicos", encontramos muchas más complejidades analíticas.

En primer lugar, si aceptamos que todos tengan las mismas oportunidades, ¿cómo definimos qué se le da a cada persona? ¿Educación, salud y trabajo? ¿O también psicólogo, consejero matrimonial, clases de ballet, clases de lenguas extranjeras, equitación, clases de manejo, maíz subsidiado y mascotas? Segundo: ¿quién paga por todo esto y hasta cuándo? El conjunto entero de tax payers dirán algunos, pero ¿están realmente en capacidad todos los ciudadanos para pagar por todas estas cosas? ¿cuándo se fija el límite temporal de las ayudas? ¿A los 18 años, a los 30 o a los 65? ¿Quién y cómo identifica las necesidades de cada persona para saber qué darles? O mejor aún, ¿por qué si todos reciben lo mismo no pagan lo mismo? ¿O en un esquema de igualdad de oportunidades seguiríamos manteniendo un sistema impositivo de tipo progresivo, según el cual pagan más los que más tienen?

Pero quizá la principal contradicción lógica de una libertad que dependa de la dotación de bienes y servicios es que, difícilmente, el receptor continuará siendo autónomo respecto al donante. Si "A" controla lo que recibe "B", entonces aquel tiene un recurso de poder sobre este y puede usarlo para obligarlo a actuar en determinada dirección. Y aún más complejo, resulta paradójico que para obtener esos bienes y servicios se acepte la coacción (el uso de la fuerza en el cobro de impuestos) para conseguir la libertad. Precisamente este punto es crucial en nuestro rechazo a la "igualdad de oportunidades", pues la única forma de conseguir dicha igualdad es acabándo con la libertad.

La búsqueda de esa igualdad implica un intervencionismo estatal y, como la fijación de los criterios de límite para esa intervención no están claros, se abre la puerta para continuas violaciones a la libertad y a los derechos individuales. Y el problema está en que, quienes defienden la igualdad de oportunidades, rara vez se dan cuenta de que están dotando al Estado de un gran poder que luego, por un cambio en los intereses de quien esté en él, puede terminar siendo usado en su contra. Por eso, hay que recordar las extraordinarias palabras de Barry Goldwater a este respecto: "el gobierno que es tan grande para darte todo lo que quieres es suficientemente grande para quitártelo todo".

Los villanos de la crisis

Con dosis de ignorancia histórico-económica supinas adobadas por una ideología trasnochada en busca de revancha, los adalides de la progresía bien pensante acusan al capitalismo y a sus maléficos representantes, los financieros, de ser los causantes de la crisis que azota la economía norteamericana y, por contagio, la mundial. Ante este dramático panorama, el Estado se convierte en la solución a todos los problemas y en el instrumento para salvar al propio capitalismo de las consecuencias inevitables a las que lleva su incontrolada dinámica. Esta tesis que lleva camino de transformarse en una “verdad popular” carece de la más mínima justificación. El huracán que sacude los mercados financieros y la economía real es el resultado de un monumental “fallo de Estado” representado por las pésimas políticas monetarias y regulatorias adoptadas por los EE.UU.

Todas las corrientes del pensamiento económico desde las representadas por el keynesiano Hyman Minsky hasta las monetaristas de Allan Meltzer, las austriacas de George Reisman o las eclécticas de Michael D. Bordo coinciden en un hecho relevante: la crisis hubiese sido imposible o hubiese tenido menor intensidad sin la laxa estrategia monetaria aplicada por la Reserva Federal entre 2001 y 2004. Esta fue la causa que determinó el exuberante e irreal aumento del valor de los activos bursátiles y reales, el desaforado endeudamiento de las empresas y de las familias y el inevitable desplome de ese castillo de naipes, construido sobre una expansión crediticia espectacular, cuando las presiones inflacionarias forzaron a endurecer la política del instituto emisor estadounidense. Esto es de manual y no resiste la menor crítica técnica (ver Bordo M. The Crisis of 2007: The Same Old Story, Only the Players Have Changed, 2007).

La anterior hipótesis ha mantenido una constancia histórica indiscutible. La totalidad de las fases de auge y depresión experimentadas por la economía norteamericana han tenido su origen en la actuación desplegada por la FED. Desde su creación en 1913 ha sido, en numerosas ocasiones, el factor determinante del ciclo económico norteamericano y ha mostrado una falta de capacidad proteica para estabilizar la economía y el sistema financiero. El grueso de la historiografía económica contemporánea demuestra con una apabullante rotundidad esta afirmación y no existe ninguna teoría alternativa sólida capaz de refutarla. En consecuencia no es el mercado quien fabrica las crisis sino una mala política desplegada por una institución no sometida ni a sus normas ni a su disciplina. Es imposible explicar un ciclo económico el auge y la caída de la actividad sin la actuación de la banca central.

El segundo falso villano del drama son los mercados financieros. Desde esta óptica, el binomio liberalización-innovación sería otro factor básico de la crisis, la justa y merecida retribución divina a los pecados de orgullo, codicia y envidia de los especuladores. Pues bien, este planteamiento es falso. Desde los años treinta del siglo pasado, los mercados de activos financieros han estado entre los sectores más concienzudamente regulados de la economía. La emergencia de los productos e instrumentos que están en el epicentro del terremoto —derivados, titulaciones, CDOs etc— han sido el resultado directo e indeseado de la regulación y de la estructura impositiva porque ambas alteran los diferenciales de rentabilidad de los activos y así crean nuevas oportunidades para explotar los beneficios proporcionados por la innovación. Esta singular dialéctica reguladora, como escribió Edward Kane, no se frena, al contrario se estimula si los gobiernos pretenden bloquear o frenar la fuerza innovadora del mercado mediante la introducción de nuevos corsés regulatorios para corregir los efectos indeseados de su intervención previa. De nuevo, esta hipótesis está avalada por una abrumadora evidencia empírica, por una extensa literatura económica y muestra de nuevo un brutal “fallo de Estado” (ver Miller M. Financial Innovations and Market Volatility, Wisley, 1992).

Los cortesanos del monarca inglés Canuto apelaron a sus poderes reales para controlar las mareas. El fracaso de esa demanda fue espectacular a pesar de los esfuerzos del rey para satisfacerla. Los intervencionistas que pretenden utilizar el poder del Estado para contener la ola de la innovación financiera no tendrán mayor éxito. Los vigilantes de los mercados de capitales de cualquier país que no se resignen a aceptar una función limitada y cuyas intervenciones normativas eleven el coste de operar en ellos sólo lograrán la ansiada estabilidad si los nacionalizan de iure o de facto lo que tendría costes prohibitivos para su crecimiento económico. En cualquier caso, para justificar la intervención del Estado, los ciudadanos tienen derecho a solicitar no sólo amonestaciones generales sobre los excesos de los mercados financieros, sino razones de fondo para creer que la intervención es segura y efectiva, lo que está lejos de ser probable.

Lorenzo Bernaldo de Quirós

Crisis hipotecaria: ¿Quién causó el desastre?

"El sector privado nos metió en este desastre y el Gobierno tiene que sacarnos de él".

Esa es la versión del congresista Barney Frank y no parece moverse de ella. Como ha explicado en los últimos días, la presente crisis financiera es producto de dejar al libre mercado sin regulación, de modo que la clase política sólo sería culpable de haber no meter en cintura a los capitalistas. La debacle de Wall Street fue provocada por "malas decisiones que se tomaron por gente del sector privado", decía Frank. El país se encuentra en crisis "gracias a la filosofía conservadora que exige que el mercado sea respetado". Una filosofía que "se remonta a Ronald Reagan, cuando en su discurso de investidura decía, que el Gobierno no era la respuesta a nuestros problemas, sino que era el problema."

En realidad no es eso lo que dijo Reagan. Sus palabras textuales fueron: "En esta crisis actual, el Gobierno no es la solución a nuestro problema; el Gobierno es el problema". Si fuera presidente hoy, diría algo muy parecido.

Porque mientras la crisis hipotecaria que sacude Wall Street tiene su porcentaje de culpables en el sector privado (muchos de los cuales han venido descubriendo últimamente lo penosa que puede ser la disciplina del sector privado), ellos no fueron los que "nos metieron en este desastre". Eslóganes absurdos de Barney Frank al margen, los agentes de crédito hipotecario no se despertaron un día por las buenas decidiendo abandonar los estándares tradicionales de crédito para realizar préstamos desaconsejables a deudores que no cumplían con los requisitos. Se aproximaría más a la verdad decir que despertaron para descubrir que el Gobierno les obligaba y que les exigía hacerlo.

La raíz de esta crisis se remonta a la administración Carter. Fue entonces cuando los funcionarios públicos, empujados por los activistas de extrema izquierda, empezaron a acusar a los agentes de préstamo hipotecario de racismo y de negarse a prestar dinero en barrios deprimidos porque a los negros se les estaban negando hipotecas con una frecuencia mayor que a los blancos de las zonas suburbanas.

La presión para prestar a las minorías (esto es, a deudores con historiales de crédito deficientes) se volvió insufrible. En 1977 el Congreso aprobaba la Ley de Reinversión Comunitaria, que dotaba de poder a los agentes reguladores para castigar a los bancos que "no cumplan las necesidades crediticias" de "vecindarios de renta baja, minoritarios o deprimidos." En 1995, bajo el Presidente Clinton, la ley se hizo aún más severa. Los agentes de crédito respondieron relajando sus estándares de garantía y realizando créditos cada vez menos respaldados. Las dos agencias hipotecarias públicas, Fannie Mae y Freddie Mac, estimularon estos préstamos arriesgados autorizando criterios aún más "flexibles" en virtud de los cuales se podían prestar hipotecas a los deudores más insolventes.

Todo esto se justificaba como medio de elevar el acceso a la propiedad de las casas entre las minorías y los pobres. Las políticas de discriminación positiva se impusieron frente a las prácticas empresariales prudentes. Un manual difundido por el Banco de la Reserva Federal de Boston aconsejaba a los prestamistas pasar por alto el sentido común financiero. "La ausencia de historial crediticio no debe ser visto como un factor negativo", instruían las directrices de la Reserva. Los solicitantes carentes de los ahorros suficientes para pagar la entrada y los costes deben poder depender en su lugar de "donaciones, préstamos o ayudas procedentes de parientes, organizaciones sin ánimo de lucro o agencias municipales". A los agentes de crédito se les indujo hasta a aceptar pagos de la seguridad social y prestaciones por desempleo como "fuentes de ingreso válidas" para cumplir los criterios de una hipoteca. No obedecer podría significar una demanda.

Mientras los precios de vivienda seguían subiendo –y con millones de prestatarios no cualificados sumándose a la demanda– el espejismo de que todo esto era una buena política pública se pudo defender. Pero no se necesita ser un genio financiero para reconocer que llegaría el día de lamentarse. "¿Qué significa que los bancos de Boston empiecen a realizar más préstamos a minorías?" preguntaba yo en esta columna en 1995. "Lo más probable es que con conocimiento de causa estén aprobando préstamos de riesgo para quitarse de encima a los federales y los activistas. . . Cuando la oleada de ejecuciones hipotecarias se extienda por el todo el país, ¿cuál de los banqueros, los políticos y los reguladores que hoy que se felicitan planea asumir la culpa?".

Barney Frank no. Y eso que su huella está presente por todo este fiasco. Una y otra vez Frank insistía en que Fannie Mae y Freddie Mac eran empresas sólidas. Hace cinco años, por ejemplo, cuando la administración Bush proponía una regulación mucho más estricta de las dos hipotecarias, Frank se mostraba inflexible en que "estas dos entidades, Fannie Mae y Freddie Mac, no se enfrentan a ninguna crisis financiera". Cuando la Casa Blanca advertía de "riesgo sistemático para nuestro sistema financiero" a menos que los gigantes hipotecarios fueran controlados, Frank denunciaba que la administración estaba más preocupada por la seguridad financiera que por la vivienda.

Ahora que la burbuja ha explotado y el "riesgo sistemático" es evidente para todo el mundo, Frank afirma veladamente: "El sector privado nos metió en este desastre". Bien, demos puntos al congresista por jeta. Wall Street y los agentes privados de crédito tienen mucho por lo que responder, pero fue Washington y la clase política los que descarrilaron este tren. Si Frank busca un culpable a quién echarle la culpa, podrá encontrar un sospechoso muy probable en el espejo más cercano.

Jeff Jacoby, columnista del Boston Globe.

¿Capitalismo salvaje o socialismo financiero?

La crisis de los Estados Unidos fue originada por excesos de algunas instituciones financieras que otorgaron hipotecas a quienes no tenían capacidad de enfrentarlas. Esa falla tuvo un efecto dominó, rompió frágiles equilibrios en otras instituciones financieras que trabajaban con altos niveles de riesgo.

Después de una burbuja o crecimiento exagerado de un sector vienen ajustes bruscos que perjudican a terceros que no crearon ni se beneficiaron con la burbuja. Para evitar peligrosos sobreajustes es necesaria una regulación que permita a los mercados funcionar en un entorno jurídico que garantice la propiedad, la libertad de intercambios y evite fraudes. Cada quien debe responder de los riesgos que toma, pero implica un fraude vender valores sin advertir al comprador los riesgos que conllevan.

La crisis los Estados Unidos es para los socialistas una muestra del fracaso del capitalismo y para los partidarios del mercado un ejemplo del fracaso del socialismo financiero en EE.UU. Las dos empresas hipotecarias que originaron la crisis, Fannie Mae y Freddy Mac, financiaron cuatro de cada cinco hipotecas el año pasado. Esas empresas fueron engendradas por el gobierno de EE.UU. Fannie Mae fue creada por el Presidente Franklin D. Roosevelt como parte del “welfare state” o estado benefactor. Freddy Mae, iniciada por el Congreso en 1970.

Algunos directivos de Wall Street ganaron dinero a corto plazo, enfrentando a riesgos no revelados a quienes les confiaron sus patrimonios. Los excesos que perjudiquen a terceros, ajenos a quienes crearon los riesgos, deben ser castigados en un sistema de libertades económicas.

La supervisión del Estado es importante para que funcionen los mecanismos de mercado, pero es peligroso que en aras de una mejor distribución del ingreso y de ayudar a tener una casa a los desposeídos, como pensó el ex presidente Roosevelt, se creen instituciones financieras en las que el gobierno se compromete a cubrir sus excesos.

Luis Pazos

Viernes de Recomendación

En este día les ofrecemos el ensayo: "El Pensamiento Económico de Douglas C. North", escrito por el profesor Gustavo A. Prado Robles. En él se explica la evolución del pensamiento de North, su crítica a las limitaciones de los modelos neoclásicos y el planteamiento de la importancia del análisis institucional dentro de la Ciencia Económica.

En vela

La crisis financiera mundial ha aguzado el magín de todos los que poseen una brizna de poder o de intelecto. No podía faltar en esta egregia legión la Federación de Estudiantes Universitarios de la UCR, congregados sus dirigentes, a fines de setiembre pasado, en el XXII Congreso Estudiantil Universitario (CEU).

Atribuyo a humildad el recato publicitario de las conclusiones. Claudio Mora, estudiante de Economía, rompió, el 2 de octubre pasado, los velos del secreto. Lo sigo. No puede ser que este tesoro de soluciones patrias a la crisis actual no se divulgue. Así los ticos sabremos en qué gasta la UCR nuestros impuestos, máxime si el objetivo capital de ese Congreso es promover una gran revolución nacional a lo Chávez. Por ello, estos congresistas trabajaron desde el alba hasta el ocaso…

Primero, los alimentos ( manduco, ergo sum ). 1) “Ni el Gobierno ni la Aresep deben autorizar ninguna alza en el precio de los alimentos y servicios básicos”. Soberanía alimentaria. Una ideal genial. 2) “Promoción de expendios populares de alimentos donde los trabajadores y sectores populares compren la comida a bajos precios”. Feliz idea con una leve le omisión: ¿quién establecerá un expendio popular sin lucro y si, de acuerdo con el primer punto, se derrumbará la producción? 3) “Expropiación de las grandes empresas monopólicas y oligopólicas de alimentos”. ¡Ojo, Dos Pinos! Así se hace. A lo macho. Ojalá sin indemnización. Fuera nacionales y transnacionales. Costa Rica para los ticos. 4) “Si las empresas pretendieran cerrar sus operaciones, los obreros se encargarán de su control, mediante el financiamiento de los bancos estatales”. ¡Ojo, banca estatal! Una especie de soviet a la tica, que deberíamos exportar como aporte universitario a los problemas del mundo.

El plan alimentario estudiantil se enmarca en el “Plan Único de Lucha del Movimiento Obrero Popular”, seguido de un “Comando Nacional de Huelga”, un “Encuentro para derrotar al Gobierno de Arias y “una huelga general”, todo financiado con los recursos congelados (¢300 millones) de la FEUCR, esto es, de los contribuyentes. En síntesis, la estrategia alimentaria y política de Kim il Song, de Corea del Norte, aplicada en Costa Rica. Remate: “Rechazo rotundo al TLC con la Unión Europea”, como en estos días del TLC, de parte del PAC, y de toda relación cultural, musical, tecnológica, futbolística y turística con Europa y EE. UU.

Si estas son las soluciones nacionales de un grupo de universitarios, en un congreso, preguntémonos cuál es el nivel de nuestras universidades, en qué ha consistido nuestro sistema educativo y cómo se gasta el dinero público.

Julio Rodríguez

Invitación a seminario

En ASOJOD queremos extenderles una invitación al seminario "Reforma monetaria urgente: ¿con o sin Banco Central?: Análisis de los casos de dolarización en América Latina y de reforma de los proyectos de ley al Banco Central de Costa Rica". La información es la siguiente:

Fecha: Lunes 13 de octubre, 2008

Hora: de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Hotel Radisson

Inversión: $ 50. Estudiantes con carné pagan $20. Clientes de DATUM participan gratis. Cupo limitado.

El poder del mercado

Los enemigos de la libertad económica están felices. Ven la actual crisis financiera estadounidense y europea como la demostración de la superioridad del socialismo planificador sobre el mercado. Celebran el entierro de algo muy confuso a lo que llaman ‘neoliberalismo’, y sueñan con implantar gobiernos fuertes que dirijan las actividades económicas y controlen el aparato productivo mediante un enjambre de funcionarios brillantes y bienintencionados de la estirpe ideológica de Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega, dedicada a construir el bienestar de la sociedad por medio de sus impulsos altruistas.

El error intelectual surge de no entender lo que es el mercado. En las sociedades en las que existe propiedad privada y funciona el Estado de derecho, millones de personas toman constantemente billones de decisiones en busca de la satisfacción de sus necesidades, dando lugar a lo que el premio Nobel F. Hayek llamaba ‘el orden espontáneo’, una organización más apta para crear riquezas, asignar bienes y servicios y disminuir los niveles de miseria, que las colmenas dirigidas por los ingenieros sociales.

Por supuesto que ese orden espontáneo no es perfecto, ni produce un equilibrio económico, dado que no hay nada más revolucionario y, a veces, impredecible que el mercado, pero los errores, crisis y contramarchas forman parte del método habitual de trabajo y aprendizaje en las sociedades libres.

Los individuos y las empresas, en su afán de competir por las preferencias del consumidor, recurren al aleccionador método de tanteo y error, exploran diversas intuiciones e hipótesis, e intentan estrategias guiados por los aciertos y por los descalabros, hasta alcanzar el triunfo o hundirse en el fracaso, dos resultados que generalmente son provisionales.

De las 100 empresas principales que existían en EE.UU. a mediados del siglo XX, sólo veinte sobreviven hoy en posiciones dominantes. Las ochenta restantes se consumieron en la ‘destrucción creadora’ del mercado, como muy gráficamente señaló Joseph Schumpeter, pero no sabemos cuántas nuevas y valiosas iniciativas surgieron de las cenizas de los empeños que no llegaron a buen término.

Lo que sí podemos asegurar, a principios del siglo XXI, es que en las naciones del primer mundo, organizadas en torno al mercado son más ricas, saludables y educadas que la que existía a mediados del XX, pese a las guerras, las crisis cíclicas, las catástrofes naturales y las estupideces periódicamente cometidas por los gobernantes y por los individuos de la sociedad civil.

¿Cómo se produjo este avance en medio de tantos disparates y calamidades? Muy sencillo: el orden espontáneo tiene un efecto cicatrizador asombrosamente efectivo, algo que no debemos olvidar en medio de la llamada “crisis de las hipotecas”.

Carlos Alberto Montaner

Tema polémico: retrocedemos

En días anteriores, se publicó en el periódico La Nación, que "colegiales beneficiados por el programa gubernamental Avancemos, gastan sus becas en golosinas y videojuegos". Dicho programa fue ideado por la Administración Arias para frenar la deserción estudiantil por medio de apoyos económicos que le permitan a los estudiantes dejar de trabajar, pero como se puede ver, en el slogan del programa, compartir responsabilidades significa que unos tenemos que pagar las tonterías de otros. Definitivamente no estamos avanzando, sino retrocediendo.

Esto se debe justamente a lo que en ASOJOD hemos denunciado desde hace mucho tiempo: la ineficiencia de las instituciones estatales en cuanto a la ejecución y fiscalización de los recursos públicos, tema tratado en nuestro artículo "Reforma fiscal en Costa Rica". Por eso, no es posible hablar de dotar de más recursos a un Estado que demuestra la torpeza e ineficiencia con la que sus operarios manejan el dinero que tanto cuesta ganar a los tax payers costarricenses.

Pero más problemático que el tema de la ejecución y fiscalización, se nos presenta el fundamento axiológico de este tipo de políticas redistributivas, que se resumen en la idea de quitar a unos para darle a otros. En ASOJOD no encontramos un argumento moral para dicha idea, pues no es otra cosa que, sencillamente, una institucionalización del robo como forma de vida. Se trata de quitarle a unos lo que se han ganado honradamente, a partir de su creatividad, esfuerzo, trabajo y tiempo, para dárselo a otros que, independientemente de la razón por la cuál no tienen, no contribuyeron a la producción de ese dinero sustraído.

Esto provoca entonces una dicotomía entre los creadores o productores de riqueza y los parásitos que se alimentan de su trabajo. Y precisamente la caracterización de estas personas como parásitos queda aún más clara cuando usan el dinero obtenido por medio de odiosas exacciones para comprar golosinas, aparatos electrónicos (que no son de primera necesidad) y pagar horas de diversión en los videojuegos.

Evidentemente, estas personas están usando a otras como medios para alcanzar sus fines . Y junto a esto, están haciendo de la pobreza un modus vivendi, pues las políticas redistributivas han institucionalizado una serie de incentivos perversos en favor de los parásitos: les informa que, pase lo que pase, el Estado estará allí para resolver los problemas. Esto lo vemos en el caso de Avancemos, en el caso de la crisis financiera estadounidense y en miles de ejemplos más, que tienen como factor común una cultura basada en la exigencia de ayudas. Las sociedades paternalistas, hemos dicho en numerosas ocasiones, se acostumbran a recibir ayudas hasta el punto que luego las consideran derechos que pueden exigir en cualquier momento, trasladando la responsabilidad sobre sus vidas a otras personas.

Y el precio de esto es la perpetuación de los mismos altruistas en el poder: gente que, literalmente, compra votos con becas, bonos de vivienda, fondos de emergencia, favores políticos, etc. Y aprovecha y valida esa exigencia para desarrollar las más nefastas políticas públicas existentes: las redistributivas. ¿Le interesa a estos políticos clientelistas acabar con la pobreza? Cualquiera con más de dos dedos de frente sabe que la respuesta es no. Si acaban con la pobreza, acaba el poder. Por eso, mejor mantenerse alimentando a un monstruo que cada vez pide más.

Pero ¿qué pasa con la legitimidad? Que no existe realmente, porque el reconocimiento de la capacidad de gobernar y el consentimiento y apoyo a la gestión existen exclusivamente en la medida en que las autoridades políticas sean capaces de alimentar a ese monstruo. Cuando esto no sea posible, cualquier vestigio de legitimidad desaparece para dar paso a cambios en la configuración política del sistema societal. ¿Hacia cuál dirección? Hacia aquella que sea capaz de satisfacer los deseos del monstruo.

Muchos dirán que estas "ayudas a los más necesitados son necesarias para sacarlos de la pobreza". No obstante ¿se reduce la pobreza con este tipo de políticas? No, porque si unos producen y otros no, entonces la riqueza seguirá constante, sólo que cambia de manos. Y la riqueza no aumenta justamente porque quienes la generan optan por a) retirarse de esa sociedad o b) dejar de producir, mientras que los parásitos, que vivían a costa de otros, no tienen incentivos para dejar sus fáciles vidas.

Y muy importante, la responsabilidad se diluye en tales sociedades: los parásitos no se responsabilizarían porque su vida se basó precisamente en evadir sus deberes. El caso de Avancemos lo demuestra: gente que gasta un dinero que no le costó producir y que no se preocupa del futuro porque confía en que no sólo habrá quién si produzca, sino también quién confisque y reparta. Y a nivel político, aquellos que quieran poder y lo tratan de conseguir por medio del clientelismo, tampoco se responsabilizan de las desgracias. ¿Quién culparía a una persona de cometer estupideces si busca el bien común? Al fin y al cabo, la moral del altruismo se basa en la idea de que el fin justifica los medios.