El día de hoy se estrena en los Estados Unidos la película de La Rebelión de Atlas de Ayn Rand. Por ello, queríamos aprovechar para compartir un clip de la misma, así como una entrevista realizada al escritor de la película.
viernes, 15 de abril de 2011
jueves, 14 de abril de 2011
Jumanji empresarial: respuesta a Carlos Denton
Don Carlos Denton publicó, recientemente, un artículo de opinión donde, según él, explica lo que es ser libertario y lo equipara al objetivismo. Como uno de los pocos grupos objetivistas en el país, en ASOJOD queremos aclarar las enormes fallas conceptuales, filosóficas e ideológicas que tiene el comentario del “gurú de las encuestas”.
En primer lugar, el objetivismo es un movimiento filosófico basado en las ideas de Ayn Rand que, si bien tienen algunas similitudes con el liberalismo o libertarismo, dista mucho de ellos. Para los objetivistas, la discusión acerca de la libertad no es, como para muchos liberales clásicos, una discusión de eficiencia en la asignación de los recursos, sino de moralidad en dicho proceso. Además, a diferencia del liberalismo, el objetivismo aborda cuestiones metodológicas y epistemológicas que lo convierten más en un sistema filosófico que en una corriente ideológica y hace una defensa más agresiva de la moralidad del egoísmo, entendido como una virtud que, acompañada del amor propio y del respeto a sus valores, permiten al ser humano progresar.
Esto quiere decir que nuestra atención no está puesta en la forma más eficiente para generar y distribuir los recursos, sino en principios de orden racional y moral que van más allá de esa simple consideración. Así pues, el objetivismo defiende la generación de riqueza per se, como el resultado de la aplicación de las capacidades y habilidades humanas, como el resultado lógico de un proceso de creación, esfuerzo y trabajo, al tiempo que defiende que sólo el individuo que generó esa riqueza tiene derecho a beneficiarse de ella, excepto que libre y voluntariamente, decida compartirla con otro.
Quizá por ignorancia, mala fe o por un error de interpretación, Carlos Denton alega que el liberalismo derivó en objetivismo. Me aventuro a pensar que el enlace para tal gazapo es la creencia de que ambas corrientes nacieron, a su criterio, del principio de que “solo existo yo”. En realidad, tanto el liberalismo como el objetivismo comparten el elemento conceptual del individualismo metodológico, que procura explicar los fenómenos humanos asumiendo que las únicas entidades reales y eficaces en la vida social son los individuos. El individualismo metodológico no significa que “solo yo existo”, sino que sólo mediante la acción, propiedades y relaciones de individuos pueden explicarse los fenómenos sociales. Así pues, para objetivistas ni liberales, no existen colectivos, entidades o intereses que trasciendan a los individuos.
Otro grueso error de don Carlos se encuentra en sus derivaciones lógicas. Argumenta que, al aceptar filosóficamente que “solo yo existo” es posible concluir que “tengo que hacer lo que es bueno para mí y no tengo que preocuparme en absoluto por nadie más”. En realidad, a partir del común denominador del individualismo metodológico y, particularmente, al tenor del reconocimiento de que el individuo requiere contar con tres grandes valores como lo son la libertad, la propiedad y la vida para lograr cualquier fin y poder existir, los liberales y los objetivistas coincidimos en que sólo existen intereses individuales.
Autores tan diversos como Smith, Bentham, Bastiát, Mises, Hayek, Rothbard y la misma Rand han sido extensos en explicar que no existen otros intereses diferentes a los individuales. Ellos dejan claro que, en realidad, cualquier acto, desde el que típica y socialmente se considera como “egoísta” hasta el más aplaudido altruismo surgen a partir del interés del individuo que actúa para alcanzar un fin. No importa que ese fin sea económico, moral, religioso o cultural, pues al final del día, toda acción se realiza para buscar la satisfacción de ese fin.
Dicho lo anterior, la afirmación del señor Denton acerca de que para libertarios y objetivistas es inmoral ayudar a otros es, cuando menos, errada y temeraria. El objetivismo promueve una ética basada en el mérito y en la libertad, según la cual el individuo evalúa a sus congéneres por su adecuación a la escala de valores que tiene. De esta forma, el amor y respeto propios que tiene el individuo funcionan como criterio para aceptar tratar con otros, así como para apreciarlos y darles su amistad y colaboración.
Por eso, como bien expresó Rand es su reconocida obra “Himno”, el individuo no debe ceder sus más altos valores como una limosna a quien lo pide; quien los desee debe merecerlo porque esos valores son los más grandes tesoros que cada uno tiene. Lo mismo pasa con la ayuda: los objetivistas creemos que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades no deben ser malgastadas en personas que no han hecho algo por merecerlas. Al respecto, vale la pena citar un fragmento de la ya mencionada obra: “No soy ni amigo ni enemigo de mis hermanos, soy tan sólo como cada uno de ellos puede merecerme. Y para lograr mi amor a mis hermanos han de hacer algo más que haber nacido. Yo atesoro mi amor, y no lo concedo sin razón, ni al primero que pasa y me lo pide”.
Queremos decirle a don Carlos Denton que quienes defendemos las ideas de la libertad, también creemos en la solidaridad. Pero no en la idea de solidaridad que se ha vendido como políticamente correcta, donde unos desean vivir a costa de otros, por lo que piden cheques en blanco y firmados al portador. Los objetivistas y también los liberales creemos en que la solidaridad es y debe ser voluntaria, libre de toda coacción.
No reconocemos el derecho de nadie a los frutos de nuestro trabajo. No deseamos que nadie viva para nosotros ni que nosotros vivamos para alguien. Cooperamos sólo cuando nos parezca deseable, cuando cada acción nos permita alcanzar nuestros fines. Repudiamos todos los esquemas basados el uso de la fuerza para que unos hagan lo que otros desean, puesto que son inmorales al convertir al ser humano en un esclavo que debe trabajar para que otros disfruten a costa suya.
Eso, señor Denton, es lo que usted no ha entendido. No sólo ignora las grandes diferencias entre liberales y objetivistas, sino también los postulados de la libertad que diferentes corrientes de pensamiento comparten. Lo invito a informarse más antes de emitir opiniones tan aventuradas y desafortunadas.
En primer lugar, el objetivismo es un movimiento filosófico basado en las ideas de Ayn Rand que, si bien tienen algunas similitudes con el liberalismo o libertarismo, dista mucho de ellos. Para los objetivistas, la discusión acerca de la libertad no es, como para muchos liberales clásicos, una discusión de eficiencia en la asignación de los recursos, sino de moralidad en dicho proceso. Además, a diferencia del liberalismo, el objetivismo aborda cuestiones metodológicas y epistemológicas que lo convierten más en un sistema filosófico que en una corriente ideológica y hace una defensa más agresiva de la moralidad del egoísmo, entendido como una virtud que, acompañada del amor propio y del respeto a sus valores, permiten al ser humano progresar.
Esto quiere decir que nuestra atención no está puesta en la forma más eficiente para generar y distribuir los recursos, sino en principios de orden racional y moral que van más allá de esa simple consideración. Así pues, el objetivismo defiende la generación de riqueza per se, como el resultado de la aplicación de las capacidades y habilidades humanas, como el resultado lógico de un proceso de creación, esfuerzo y trabajo, al tiempo que defiende que sólo el individuo que generó esa riqueza tiene derecho a beneficiarse de ella, excepto que libre y voluntariamente, decida compartirla con otro.
Quizá por ignorancia, mala fe o por un error de interpretación, Carlos Denton alega que el liberalismo derivó en objetivismo. Me aventuro a pensar que el enlace para tal gazapo es la creencia de que ambas corrientes nacieron, a su criterio, del principio de que “solo existo yo”. En realidad, tanto el liberalismo como el objetivismo comparten el elemento conceptual del individualismo metodológico, que procura explicar los fenómenos humanos asumiendo que las únicas entidades reales y eficaces en la vida social son los individuos. El individualismo metodológico no significa que “solo yo existo”, sino que sólo mediante la acción, propiedades y relaciones de individuos pueden explicarse los fenómenos sociales. Así pues, para objetivistas ni liberales, no existen colectivos, entidades o intereses que trasciendan a los individuos.
Otro grueso error de don Carlos se encuentra en sus derivaciones lógicas. Argumenta que, al aceptar filosóficamente que “solo yo existo” es posible concluir que “tengo que hacer lo que es bueno para mí y no tengo que preocuparme en absoluto por nadie más”. En realidad, a partir del común denominador del individualismo metodológico y, particularmente, al tenor del reconocimiento de que el individuo requiere contar con tres grandes valores como lo son la libertad, la propiedad y la vida para lograr cualquier fin y poder existir, los liberales y los objetivistas coincidimos en que sólo existen intereses individuales.
Autores tan diversos como Smith, Bentham, Bastiát, Mises, Hayek, Rothbard y la misma Rand han sido extensos en explicar que no existen otros intereses diferentes a los individuales. Ellos dejan claro que, en realidad, cualquier acto, desde el que típica y socialmente se considera como “egoísta” hasta el más aplaudido altruismo surgen a partir del interés del individuo que actúa para alcanzar un fin. No importa que ese fin sea económico, moral, religioso o cultural, pues al final del día, toda acción se realiza para buscar la satisfacción de ese fin.
Dicho lo anterior, la afirmación del señor Denton acerca de que para libertarios y objetivistas es inmoral ayudar a otros es, cuando menos, errada y temeraria. El objetivismo promueve una ética basada en el mérito y en la libertad, según la cual el individuo evalúa a sus congéneres por su adecuación a la escala de valores que tiene. De esta forma, el amor y respeto propios que tiene el individuo funcionan como criterio para aceptar tratar con otros, así como para apreciarlos y darles su amistad y colaboración.
Por eso, como bien expresó Rand es su reconocida obra “Himno”, el individuo no debe ceder sus más altos valores como una limosna a quien lo pide; quien los desee debe merecerlo porque esos valores son los más grandes tesoros que cada uno tiene. Lo mismo pasa con la ayuda: los objetivistas creemos que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades no deben ser malgastadas en personas que no han hecho algo por merecerlas. Al respecto, vale la pena citar un fragmento de la ya mencionada obra: “No soy ni amigo ni enemigo de mis hermanos, soy tan sólo como cada uno de ellos puede merecerme. Y para lograr mi amor a mis hermanos han de hacer algo más que haber nacido. Yo atesoro mi amor, y no lo concedo sin razón, ni al primero que pasa y me lo pide”.
Queremos decirle a don Carlos Denton que quienes defendemos las ideas de la libertad, también creemos en la solidaridad. Pero no en la idea de solidaridad que se ha vendido como políticamente correcta, donde unos desean vivir a costa de otros, por lo que piden cheques en blanco y firmados al portador. Los objetivistas y también los liberales creemos en que la solidaridad es y debe ser voluntaria, libre de toda coacción.
No reconocemos el derecho de nadie a los frutos de nuestro trabajo. No deseamos que nadie viva para nosotros ni que nosotros vivamos para alguien. Cooperamos sólo cuando nos parezca deseable, cuando cada acción nos permita alcanzar nuestros fines. Repudiamos todos los esquemas basados el uso de la fuerza para que unos hagan lo que otros desean, puesto que son inmorales al convertir al ser humano en un esclavo que debe trabajar para que otros disfruten a costa suya.
Eso, señor Denton, es lo que usted no ha entendido. No sólo ignora las grandes diferencias entre liberales y objetivistas, sino también los postulados de la libertad que diferentes corrientes de pensamiento comparten. Lo invito a informarse más antes de emitir opiniones tan aventuradas y desafortunadas.
martes, 12 de abril de 2011
La columna de Carlos Federico Smith: lecciones fiscales de la inauguración del Estadio Nacional
No me referiré de nuevo al tema de si la inversión china en el Estadio Nacional era la mejor opción que había en el país en cuanto al uso posible de los recursos. Anteriormente mencioné que muy posiblemente había inversiones rentables en vez de un nuevo estadio y cité, como ejemplo, disponer de una carretera moderna y civilizada desde el Valle Central al cantón de San Carlos. Hablé de esa opción aunque pudiera haber citado muchas otras posibles, por el simple hecho de que esa carretera estaba a medio construir gracias a donaciones del Gobierno de Taiwán. Me han comentado que el Gobierno de esta última nación, incluso después de que el de Costa Rica decidió romper con ellos, dijo estar dispuesto a financiar la conclusión de tan vital vía. Ojalá esto fuera estudiado más profundamente a fin de disponer de un buen material para la historia política de este país.
Fue el poeta romano Juvenal, quien en el siglo primero después de Cristo, usó la expresión “Panem et Circenses“; es decir, pan y juegos de circo, para referirse a la práctica del gobierno de aquella época de ocultar los problemas y dificultades económicas de su nación, dándole al populacho, a fin de que se entretuviera y se olvidara, alimentos baratos y entretenimiento ordinario. Al lograr distraerlo de los problemas cotidianos, se lograba que se ensimismara en los placeres vulgares y no se interesara en los nobles de la política de altura. Así, para los líderes demagogos de esos momentos, habría menos competencia de ciudadanos interesados en la res publica (los asuntos públicos). Tal vez ese populismo de antaño hoy se nos presenta, en vez de pan y circo, mediante algo así como “fútbol y bailongo” o “boxeo y reggaetón” o tal vez “berreada y birriada”, pero, en todo caso, logra igualmente distraer a la gente de los temas álgidos de interés ciudadano. Jamás me opondría a que las personas se diviertan; obviamente, no todo en la vida es sudor y sangre. Lo que me molesta es cuando los politiquillos usan el pan y el circo para embriagar a la ciudadanía, que me hace recordar un opio de los pueblos.
En todo caso, si no se iba a desperdiciar la oferta de un regalo (por algo será) de parte de los gobernantes de China en representación de su pueblo al de Costa Rica, lo deseable es que hubiera sido un “obsequio” rentable y no una hipoteca o que requiriera de un gasto de manutención que difícilmente se puede generar sin tener que acudir a nuevos impuestos o al gasto estatal para mantenerlo adecuadamente. Es algo así como la historia de “tan jodidos que estábamos y todavía parió la agüela”, como dice el sufrido pueblo.
Repito mi pregunta: ¿por qué no se le pidió a los chinitos que esos recursos se usaran en algo productivo para el país y así sacarle un rendimiento que después podía reinvertirse en bienes que fueran privada y socialmente deseables? La mala elección ya está hecha y quiero aprovecharla para resaltar una serie de prácticas alrededor de su inauguración, que nos brinda lecciones para una buena administración de los recursos públicos.
Algunas autoridades gubernamentales, apoyados, sin dudas y de inmediato, por algunos periodistas bien intencionados, han hecho la petición pública de que se cuiden las instalaciones del nuevo estadio, porque desde los primeros momentos aparecieron, entre sombras y oscuridad, las bestias encargadas de robarse el papel higiénico de los baños, de romper cerraduras de las puertas, de escribir algún horrendo apodo con algún malabar gráfico en las paredes del nuevo estadio, entre otras acciones vergonzosas que ponen al desnudo valores fundamentales que debían de ser aprendidos en nuestro sistema educativo.
Este llamado a la decencia que han hecho no es inoportuno, pero en mi opinión muestra una actitud como de que “de aquí en adelante el mundo debe cambiar“, pues han omitido lo sucedido con otra obra magnífica donada por los chinos, esta vez los de Taiwán, como es el puente sobre el Río Tempisque al inicio del Golfo de Nicoya. Este “obsequio” ha sido maltratado sin misericordia alguna por orgullosos hijos de esta patria e igual de grave es que el propio Gobierno la ha mantenido casi en el abandono, sin mantenimiento y vigilancia, tal vez porque esos otros chinitos ya pasaron de moda. Si no me creen, les cuento que en su momento habían desaparecido las lámparas públicas y los rótulos con direcciones para el que por allí transitara, en donde se dejó de lado la vigilancia necesaria para cuidar la infraestructura. Se vio el maltrato a los tornillos que daban sostén al puente, así como la presencia de orín, la falta de pintura. Todo como si ese moderno e importante puente, que da un enorme apoyo al desarrollo económico y social de la Península de Nicoya, mereciera un trato igual al que se ha dado al próximo puente en hundirse en nuestro país: el de los Incurables, aquí en las proximidades de San José o a al tal vez terroríficamente folklórico casi abandonado Sanatorio Durán camino al Volcán Irazú. ¿Será que el abandono y el descuido está en los genes del tico? ¿Será que en el juego político sólo es importante anunciar que se debe cuidar lo muy nuevo y desechar en el olvido lo que ya no lo es tanto? O ¿será que el bello producto regalado por unos chinitos vale más que el bello producto también regalado por otros chinitos? Da mucho que pensar toda esta actitud de no conservar las cosas que tanto cuestan, aunque nos sean regaladas.
También la inauguración del estadio nos ha permitido resaltar el gran problema de la evasión del pago de gravámenes, que al fin de cuentas conduce a propuestas de políticos para que se grave aún más a los que siempre pagan y así reponer lo no cobrado. Es sabido que cuando hay eventos -como les llaman- con gente traída de fuera del país, quien localmente los organiza (como la Federación Nacional de Fútbol, por ejemplo) debe retener un 30% del pago acordado como un impuesto único sobre la renta. Esta recaudación, por ejemplo, la hace Tributación Directa cuando se traen grupos musicales del extranjero, en donde si el costo de un contrato se indica en, por ejemplo, un millón de dólares, una tercera parte deberá retenerse como pago del impuesto único sobre la renta Me imagino que en las actividades musicales de la inauguración del nuevo estadio, en el caso de contrataciones de extranjeros, los organizadores nacionales han cumplido (y cumplirán, pues cuando escribo esto sigue el circo) con sus obligaciones tributarias ya establecidas. Debe recordarse que hay la posibilidad de pedir de antemano que no se apliquen esos impuestos (que en mi opinión son muy altos), si la actividad es definida por las autoridades correspondientes como de interés público.
Aparentemente, tal es el caso con la contratación de la Selección Argentina para jugar con la Selección Nacional, actividad por la cual se le cobró bastante (y hasta agarraron de majes) a los costarricenses. A tiempo las autoridades fiscales le indicaron a la Federación de Futbol que tenía tal deuda con el fisco, pero la primera reacción de esta entidad fue negar que se hubiera incurrido en tal obligación (que podría ascender a medio millón de dólares) y a la fecha no han dicho ni cuío. Es más, no se si también medió un contrato con la selección B de China, al igual que con la traída de cantantes, músicos y boxeadores del exterior, que los haga legalmente responsables de tales retenciones.
A mi no me interesa ser un chivato tributario, pues va en contra de lo que creo (que es obligación ejercer de las autoridades encargadas por ley del cobro de los gravámenes, el ejercer tal vigilancia y fue así como lo hicieron). Me molesta que en tanto algunos vivazos no pagan los impuestos que por ley deben cumplir, en la Asamblea Legislativa se nos quiere imponer nuevos y mayores gravámenes a quienes ya pagamos los impuestos establecidos por ley. Creo firmemente que este ejemplo que comento debe servir de base para que el Estado costarricense, en vez de pedirnos más dinero a quienes ya pagamos, proceda a cobrar adecuadamente los gravámenes que tiene que cobrar. Si al vivazo no se le cobra el impuesto, es inmoral que se le cobre más a quienes ya los pagan, a fin de poder compensar lo que el fisco no han recaudado.
Públicamente un funcionario ligado al deporte -y creo que a la administración del nuevo estadio- salió diciendo en un medio que, para sufragar los gastos necesarios en la buena administración y mantenimiento del inmueble, tan sólo era necesario conseguir tres grandes patrocinadores y mencionó a una institución financiera, una empresa de telefonía y otra aseguradora. Como suelo ser mal pensado, trataré de incursionar en la mentalidad burocrática tan proclive a lo públicamente fácil y me atreveré a decir qué es lo que verdaderamente está detrás de tan ingeniosa propuesta: tratar de pasarle este nuevo y elevado gasto público a los ciudadanos.
La idea no es tan descabellada, porque, ¿qué tal si la institución financiera fuera el Banco Nacional, y la compañía telefonía, el ICE y la aseguradora, el INS? Al ser estas tres empresas entidades estatales, cualquier gasto sería cubierto con fondos que son públicos. Igual podría tener en mente poner a que los clientes sean RECOPE o JAPDEVA o JUDESUR o cualquier otro ente estatal, que sufrague esos gastos que en última instancia involucra dineros de todos los costarricenses, que es a donde se termina por chupar para obtener los fondos para administrar el nuevo estadio.
Ojalá en mi psicoanálisis esté equivocado y se logre obtener recursos (la otra es que ya están pulseando más plata a los chinos, plata que podría utilizarse en cosas mejores) provenientes de una demanda de los servicios que pueden brindar a los ciudadanos esas instalaciones. Pero lo cierto es que acudirán al Estado -esto es, a todos nosotros- para resolver el problema y así todos nosotros lo terminaremos pagando.
Jorge Corrales Quesada
Fue el poeta romano Juvenal, quien en el siglo primero después de Cristo, usó la expresión “Panem et Circenses“; es decir, pan y juegos de circo, para referirse a la práctica del gobierno de aquella época de ocultar los problemas y dificultades económicas de su nación, dándole al populacho, a fin de que se entretuviera y se olvidara, alimentos baratos y entretenimiento ordinario. Al lograr distraerlo de los problemas cotidianos, se lograba que se ensimismara en los placeres vulgares y no se interesara en los nobles de la política de altura. Así, para los líderes demagogos de esos momentos, habría menos competencia de ciudadanos interesados en la res publica (los asuntos públicos). Tal vez ese populismo de antaño hoy se nos presenta, en vez de pan y circo, mediante algo así como “fútbol y bailongo” o “boxeo y reggaetón” o tal vez “berreada y birriada”, pero, en todo caso, logra igualmente distraer a la gente de los temas álgidos de interés ciudadano. Jamás me opondría a que las personas se diviertan; obviamente, no todo en la vida es sudor y sangre. Lo que me molesta es cuando los politiquillos usan el pan y el circo para embriagar a la ciudadanía, que me hace recordar un opio de los pueblos.
En todo caso, si no se iba a desperdiciar la oferta de un regalo (por algo será) de parte de los gobernantes de China en representación de su pueblo al de Costa Rica, lo deseable es que hubiera sido un “obsequio” rentable y no una hipoteca o que requiriera de un gasto de manutención que difícilmente se puede generar sin tener que acudir a nuevos impuestos o al gasto estatal para mantenerlo adecuadamente. Es algo así como la historia de “tan jodidos que estábamos y todavía parió la agüela”, como dice el sufrido pueblo.
Repito mi pregunta: ¿por qué no se le pidió a los chinitos que esos recursos se usaran en algo productivo para el país y así sacarle un rendimiento que después podía reinvertirse en bienes que fueran privada y socialmente deseables? La mala elección ya está hecha y quiero aprovecharla para resaltar una serie de prácticas alrededor de su inauguración, que nos brinda lecciones para una buena administración de los recursos públicos.
Algunas autoridades gubernamentales, apoyados, sin dudas y de inmediato, por algunos periodistas bien intencionados, han hecho la petición pública de que se cuiden las instalaciones del nuevo estadio, porque desde los primeros momentos aparecieron, entre sombras y oscuridad, las bestias encargadas de robarse el papel higiénico de los baños, de romper cerraduras de las puertas, de escribir algún horrendo apodo con algún malabar gráfico en las paredes del nuevo estadio, entre otras acciones vergonzosas que ponen al desnudo valores fundamentales que debían de ser aprendidos en nuestro sistema educativo.
Este llamado a la decencia que han hecho no es inoportuno, pero en mi opinión muestra una actitud como de que “de aquí en adelante el mundo debe cambiar“, pues han omitido lo sucedido con otra obra magnífica donada por los chinos, esta vez los de Taiwán, como es el puente sobre el Río Tempisque al inicio del Golfo de Nicoya. Este “obsequio” ha sido maltratado sin misericordia alguna por orgullosos hijos de esta patria e igual de grave es que el propio Gobierno la ha mantenido casi en el abandono, sin mantenimiento y vigilancia, tal vez porque esos otros chinitos ya pasaron de moda. Si no me creen, les cuento que en su momento habían desaparecido las lámparas públicas y los rótulos con direcciones para el que por allí transitara, en donde se dejó de lado la vigilancia necesaria para cuidar la infraestructura. Se vio el maltrato a los tornillos que daban sostén al puente, así como la presencia de orín, la falta de pintura. Todo como si ese moderno e importante puente, que da un enorme apoyo al desarrollo económico y social de la Península de Nicoya, mereciera un trato igual al que se ha dado al próximo puente en hundirse en nuestro país: el de los Incurables, aquí en las proximidades de San José o a al tal vez terroríficamente folklórico casi abandonado Sanatorio Durán camino al Volcán Irazú. ¿Será que el abandono y el descuido está en los genes del tico? ¿Será que en el juego político sólo es importante anunciar que se debe cuidar lo muy nuevo y desechar en el olvido lo que ya no lo es tanto? O ¿será que el bello producto regalado por unos chinitos vale más que el bello producto también regalado por otros chinitos? Da mucho que pensar toda esta actitud de no conservar las cosas que tanto cuestan, aunque nos sean regaladas.
También la inauguración del estadio nos ha permitido resaltar el gran problema de la evasión del pago de gravámenes, que al fin de cuentas conduce a propuestas de políticos para que se grave aún más a los que siempre pagan y así reponer lo no cobrado. Es sabido que cuando hay eventos -como les llaman- con gente traída de fuera del país, quien localmente los organiza (como la Federación Nacional de Fútbol, por ejemplo) debe retener un 30% del pago acordado como un impuesto único sobre la renta. Esta recaudación, por ejemplo, la hace Tributación Directa cuando se traen grupos musicales del extranjero, en donde si el costo de un contrato se indica en, por ejemplo, un millón de dólares, una tercera parte deberá retenerse como pago del impuesto único sobre la renta Me imagino que en las actividades musicales de la inauguración del nuevo estadio, en el caso de contrataciones de extranjeros, los organizadores nacionales han cumplido (y cumplirán, pues cuando escribo esto sigue el circo) con sus obligaciones tributarias ya establecidas. Debe recordarse que hay la posibilidad de pedir de antemano que no se apliquen esos impuestos (que en mi opinión son muy altos), si la actividad es definida por las autoridades correspondientes como de interés público.
Aparentemente, tal es el caso con la contratación de la Selección Argentina para jugar con la Selección Nacional, actividad por la cual se le cobró bastante (y hasta agarraron de majes) a los costarricenses. A tiempo las autoridades fiscales le indicaron a la Federación de Futbol que tenía tal deuda con el fisco, pero la primera reacción de esta entidad fue negar que se hubiera incurrido en tal obligación (que podría ascender a medio millón de dólares) y a la fecha no han dicho ni cuío. Es más, no se si también medió un contrato con la selección B de China, al igual que con la traída de cantantes, músicos y boxeadores del exterior, que los haga legalmente responsables de tales retenciones.
A mi no me interesa ser un chivato tributario, pues va en contra de lo que creo (que es obligación ejercer de las autoridades encargadas por ley del cobro de los gravámenes, el ejercer tal vigilancia y fue así como lo hicieron). Me molesta que en tanto algunos vivazos no pagan los impuestos que por ley deben cumplir, en la Asamblea Legislativa se nos quiere imponer nuevos y mayores gravámenes a quienes ya pagamos los impuestos establecidos por ley. Creo firmemente que este ejemplo que comento debe servir de base para que el Estado costarricense, en vez de pedirnos más dinero a quienes ya pagamos, proceda a cobrar adecuadamente los gravámenes que tiene que cobrar. Si al vivazo no se le cobra el impuesto, es inmoral que se le cobre más a quienes ya los pagan, a fin de poder compensar lo que el fisco no han recaudado.
Públicamente un funcionario ligado al deporte -y creo que a la administración del nuevo estadio- salió diciendo en un medio que, para sufragar los gastos necesarios en la buena administración y mantenimiento del inmueble, tan sólo era necesario conseguir tres grandes patrocinadores y mencionó a una institución financiera, una empresa de telefonía y otra aseguradora. Como suelo ser mal pensado, trataré de incursionar en la mentalidad burocrática tan proclive a lo públicamente fácil y me atreveré a decir qué es lo que verdaderamente está detrás de tan ingeniosa propuesta: tratar de pasarle este nuevo y elevado gasto público a los ciudadanos.
La idea no es tan descabellada, porque, ¿qué tal si la institución financiera fuera el Banco Nacional, y la compañía telefonía, el ICE y la aseguradora, el INS? Al ser estas tres empresas entidades estatales, cualquier gasto sería cubierto con fondos que son públicos. Igual podría tener en mente poner a que los clientes sean RECOPE o JAPDEVA o JUDESUR o cualquier otro ente estatal, que sufrague esos gastos que en última instancia involucra dineros de todos los costarricenses, que es a donde se termina por chupar para obtener los fondos para administrar el nuevo estadio.
Ojalá en mi psicoanálisis esté equivocado y se logre obtener recursos (la otra es que ya están pulseando más plata a los chinos, plata que podría utilizarse en cosas mejores) provenientes de una demanda de los servicios que pueden brindar a los ciudadanos esas instalaciones. Pero lo cierto es que acudirán al Estado -esto es, a todos nosotros- para resolver el problema y así todos nosotros lo terminaremos pagando.
Jorge Corrales Quesada
lunes, 11 de abril de 2011
Tema polémico: privatización de las licencias de conducir
En la gran mayoría de instituciones públicas, sino en todas, existe un desface entre las demandas ciudadanas y la capacidad de aquellas para responderles. El caso más reciente es el de las pruebas de manejo del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), donde miles de personas se encuentran a la espera para poder realizar dicha evaluación, con el fin de obtener su licencia de conducir. Este es un caso que no sorprende, como sí lo hace el hecho de que todavía sea el Estado el que se encargue de emitirlas. Por eso, en este Tema Polémico, queremos proponer una opción, a la luz no sólo de este problema, sino también un aporte a la discusión en el marco de la Ley de Tránsito.
En general, los costarricenses han tenido que aprender a hacer filas largas. Cada vez que van a la CCSS, a las Universidades Públicas, al ICE o al MOPT para cualquier trámite, tienen que dedicar horas para poder obtener, pocas veces, una respuesta satisfactoria. Para los que hemos tenido esa amarga experiencia, es común escuchar las quejas de otros usuarios porque tuvieron que perder todo un día laboral para hacer sus gestiones y, en más de una ocasión, llegan a nuestros oídos comentarios que reflejan el estado de desesperación de los ciudadanos, quienes están dispuestos a pagar una "mordida" con tal de no tener que sufrir nuevamente ese calvario.
Pues bien, para el caso concreto de las licencias, en ASOJOD tenemos una idea: sacarla del ámbito del Estado y entregarla al sector privado, por ejemplo, a las empresas aseguradoras.
Imagínense la ventaja: con la apertura en el mercado de seguros, tenemos hoy día, al menos tres empresas conocidas para la generalidad de los ciudadanos: INS, ASSA y MAPFRE. Conforme el proceso avance, estas empresas irán ampliando sus sucursales, llegando a cubrir prácticamente todo el territorio nacional. Esto permitiría que las personas no tengan que desplazarse desde su lugar de habitación hasta el COSEVI, en La Uruca, para realizar sus trámites, sino que podrían realizarlos en la sede local de su aseguradora, reduciendo las filas y tiempos de espera, como ya ocurre con el plan piloto que se lleva a cabo con el BCR.
Esta propuesta sería beneficiosa para todas las personas, pero especialmente, para las de más escasos recursos. Las filas implican que las personas dejen de trabajar y, por tanto producir riqueza. Cuando su ingreso es alto y su trabajo se lo permite, un individuo puede sacar un día libre sin que el dinero de ese día resulte una gran pérdida. Sin embargo, cuando se trata de personas que ganan poco, un día rebajado significa que esa semana, probablemente, algo faltará en casa. De esta forma, menos filas implicarán menos tiempo laboral perdido y menos afectación al ingreso de las personas, quienes pueden dedicar el tiempo restante a trabajar, mejorar su preparación o pasarlo con sus familias. El resultado: ganancia redonda para los ciudadanos.
Otro aspecto positivo sería que las licencias -provisionales o definitivas- sean, a su vez, una póliza de seguro. Ya de por sí, ellas requieren un seguro obligatorio, al igual que los vehículos que circulan por las calles, por lo que esta propuesta podría ofrecer una respuesta a uno de los puntos principales que preocupan a las autoridades, a los medios y a los costarricenses: conductores borrachos o imprudentes.
Si la licencia es una póliza de seguros, las empresas serán sumamente celosas respecto a quién se la entregan. ¿Cuál aseguradora estaría dispuesta a asumir los pagos por daños ocasionados por conductores borrachos o imprudentes? Posiblemente ninguna. Estamos seguros que, de enterarse que uno de sus asegurados viaja por las vías terrestres bajo los efectos del alcohol, participa en piques o realiza maniobras que ponen en peligro a los demás transeúntes, estas empresas no renovarán su licencia o, de hacerlo, le cobrarán una póliza mucho mayor por el riesgo. De una u otra forma, se castiga al irresponsable, llevándolo hasta el punto de que modifique su conducta o se quede, del todo, sin licencia para conducir.
En tercer lugar, pero no por ello menos importante, podría enfrentarse de forma efectiva el problema de la corrupción en la emisión de licencias. Para nadie es un secreto, y así lo ha publicado la prensa en muchas ocasiones, que en esta materia se da un sinnúmero de "chorizos", pues tanto instructores como conductores, se prestan al negocio de dar una "mordida" a cambio de obtener el permiso. Pues bien, una vez más, como en nuestra propuesta la licencia es una póliza de seguro, sería razonable pensar que las empresas aseguradoras serán celosas en verificar que quien no esté preparado para manejar obtenga la licencia. Más que un compromiso moral y legal, estas empresas serían rigurosas por una razón económica: el mal conductor les acarreará pérdidas pecuniarias.
Estas son unas sencillas pero buenas ideas para resolver el problema de las filas y la corrupción en el trámite de las licencias de conducir. No sólo generaría menos tiempos de espera y mayor eficiencia en el tiempo de los ciudadanos, sino que implicaría que ellos pierdan menos tiempo laboral -y por tanto menos recursos- en las interminables filas, al tiempo que se lucharía frontalmente contra la corrupción.
Los tomadores de decisiones son los que tienen la sartén por el mango: ¿querrán realmente beneficiar a los costarricenses o están dispuestos a continuar obligándolos a soportar este trato ineficiente e irrespetuoso?
En general, los costarricenses han tenido que aprender a hacer filas largas. Cada vez que van a la CCSS, a las Universidades Públicas, al ICE o al MOPT para cualquier trámite, tienen que dedicar horas para poder obtener, pocas veces, una respuesta satisfactoria. Para los que hemos tenido esa amarga experiencia, es común escuchar las quejas de otros usuarios porque tuvieron que perder todo un día laboral para hacer sus gestiones y, en más de una ocasión, llegan a nuestros oídos comentarios que reflejan el estado de desesperación de los ciudadanos, quienes están dispuestos a pagar una "mordida" con tal de no tener que sufrir nuevamente ese calvario.
Pues bien, para el caso concreto de las licencias, en ASOJOD tenemos una idea: sacarla del ámbito del Estado y entregarla al sector privado, por ejemplo, a las empresas aseguradoras.
Imagínense la ventaja: con la apertura en el mercado de seguros, tenemos hoy día, al menos tres empresas conocidas para la generalidad de los ciudadanos: INS, ASSA y MAPFRE. Conforme el proceso avance, estas empresas irán ampliando sus sucursales, llegando a cubrir prácticamente todo el territorio nacional. Esto permitiría que las personas no tengan que desplazarse desde su lugar de habitación hasta el COSEVI, en La Uruca, para realizar sus trámites, sino que podrían realizarlos en la sede local de su aseguradora, reduciendo las filas y tiempos de espera, como ya ocurre con el plan piloto que se lleva a cabo con el BCR.
Esta propuesta sería beneficiosa para todas las personas, pero especialmente, para las de más escasos recursos. Las filas implican que las personas dejen de trabajar y, por tanto producir riqueza. Cuando su ingreso es alto y su trabajo se lo permite, un individuo puede sacar un día libre sin que el dinero de ese día resulte una gran pérdida. Sin embargo, cuando se trata de personas que ganan poco, un día rebajado significa que esa semana, probablemente, algo faltará en casa. De esta forma, menos filas implicarán menos tiempo laboral perdido y menos afectación al ingreso de las personas, quienes pueden dedicar el tiempo restante a trabajar, mejorar su preparación o pasarlo con sus familias. El resultado: ganancia redonda para los ciudadanos.
Otro aspecto positivo sería que las licencias -provisionales o definitivas- sean, a su vez, una póliza de seguro. Ya de por sí, ellas requieren un seguro obligatorio, al igual que los vehículos que circulan por las calles, por lo que esta propuesta podría ofrecer una respuesta a uno de los puntos principales que preocupan a las autoridades, a los medios y a los costarricenses: conductores borrachos o imprudentes.
Si la licencia es una póliza de seguros, las empresas serán sumamente celosas respecto a quién se la entregan. ¿Cuál aseguradora estaría dispuesta a asumir los pagos por daños ocasionados por conductores borrachos o imprudentes? Posiblemente ninguna. Estamos seguros que, de enterarse que uno de sus asegurados viaja por las vías terrestres bajo los efectos del alcohol, participa en piques o realiza maniobras que ponen en peligro a los demás transeúntes, estas empresas no renovarán su licencia o, de hacerlo, le cobrarán una póliza mucho mayor por el riesgo. De una u otra forma, se castiga al irresponsable, llevándolo hasta el punto de que modifique su conducta o se quede, del todo, sin licencia para conducir.
En tercer lugar, pero no por ello menos importante, podría enfrentarse de forma efectiva el problema de la corrupción en la emisión de licencias. Para nadie es un secreto, y así lo ha publicado la prensa en muchas ocasiones, que en esta materia se da un sinnúmero de "chorizos", pues tanto instructores como conductores, se prestan al negocio de dar una "mordida" a cambio de obtener el permiso. Pues bien, una vez más, como en nuestra propuesta la licencia es una póliza de seguro, sería razonable pensar que las empresas aseguradoras serán celosas en verificar que quien no esté preparado para manejar obtenga la licencia. Más que un compromiso moral y legal, estas empresas serían rigurosas por una razón económica: el mal conductor les acarreará pérdidas pecuniarias.
Estas son unas sencillas pero buenas ideas para resolver el problema de las filas y la corrupción en el trámite de las licencias de conducir. No sólo generaría menos tiempos de espera y mayor eficiencia en el tiempo de los ciudadanos, sino que implicaría que ellos pierdan menos tiempo laboral -y por tanto menos recursos- en las interminables filas, al tiempo que se lucharía frontalmente contra la corrupción.
Los tomadores de decisiones son los que tienen la sartén por el mango: ¿querrán realmente beneficiar a los costarricenses o están dispuestos a continuar obligándolos a soportar este trato ineficiente e irrespetuoso?
viernes, 8 de abril de 2011
Viernes de recomendación
Para esta ocasión, queremos ofrecerles el célebre ensayo de Frederic Bastiat titulado "Lo que se ve y lo que no se ve", donde el autor explica los efectos no previstos de muchas acciones e ideas. Para algunas personas, especialmente políticos, economistas y abogados, sólo importan las consecuencias visibles de la legislación, pero no consideran una serie de efectos que influyen en su imposilibidad de cumplimiento, en su perversión o en otros elementos que, a la postre, terminan generando más problemas que los que pretendían resolver.
jueves, 7 de abril de 2011
Jumanji empresarial: más impuestos igual a menos educación
En anteriores artículos, hablamos de la táctica del miedo que estaba utilizando el Gobierno para presionar con el fin de que aprueben su paquetazo de impuestos. Pues bien, uno de los principales argumentos con los que salen los estatistas es que si no se aprueba el proyecto de ley de "Solidaridad Tributaria" no habrá dinero para pagarle a maestros, reparar las aulas dañadas y proporcionarle educación a los costarricenses.
Como son ellos mismos los que siempre alegan que existe una relación perfecta y directa entre educación y riqueza, (que puede ser cierta pero, a nuestro criterio, la educación es condición necesaria pero no suficiente para generar riqueza), en ASOJOD queremos aprovechar para hacer unas breves reflexiones acerca del verdadero impacto que esta reforma tributaria podría tener sobre el estado de la educación y el desarrollo humano.
Nuestro argumento se basará, en esta ocasión, en la educación superior. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009, realizada por el INEC, en Costa Rica apenas 655 mil personas (un 15% de la población total del país) tiene formación universitaria. Muchos se sienten orgullosos del impacto que han tenido las universidades públicas en la movilidad social, al formar a una serie de profesionales con un "bajo" costo individual para que ingresen al mundo profesional y generen ingresos que, a la postre, servirán para que el Estado tenga más recursos para reinvertir en la educación de futuras generaciones. Sin embargo, viendo los números, ese "maravilloso" trabajo se queda corto: el 85% de la población no tiene, hoy día, estudios universitarios.
Ahí aparece el casi nunca reconocido aporte de las universidades privadas en esa dura labor de difundir el conocimiento, profesionalizar a las personas y crear más riqueza. Son las universidades privadas las que están abriéndole las puertas a ese 85% que no puede ingresar al sistema público, pero que gracias al servicio que algunos visionarios empresarios y docentes les ofrecen, han logrado mejorar su nivel educativo y, al profesionalizarse, han podido aspirar a trabajos mejor pagados o han logrado desarrollar los conocimientos necesarios para innovar y crear su propio emprendimiento.
Para muchos, la educación no debería verse como una "mercancía", es decir, no debería estar sujeta a la ley de la oferta y demanda. A ellos les parece atroz que alguien lucre con una institución educativa y que alguien tenga que pagar por recibir esa formación. Sin entender por qué (o por lo menos sin poder explicarlo) ellos pretenden que sea el Estado el único que forme a la fuerza laboral más calificada. Otros son más flexibles en el discurso, pero no en la práctica. No salen atacando a la institucionalidad privada de educación a los cuatro vientos, pero desean someterla a los más estrictos controles de acreditación y a los más rapaces cobros fiscales.
A pesar de todo ello, lo cierto es que la actividad privada en educación ha logrado avanzar en nuestro país. Cada vez son más las opciones para que las personas puedan matricularse o matricular a sus hijos. Cada vez más se amplían las oportunidades para que quienes no han tenido la opción de concluir o continuar estudios, puedan hacerlo. Y este progreso se le debe, fundamentalmente, a las universidades privadas. Las públicas están saturadas y desfasadas; su población es, mayoritariamente, una población de ingreso medio-alto y alto.
No obstante, los estatistas piensan, sin ningún asidero en la realidad, que quienes van a esos centros de estudio son personas de muy altos ingresos. Curiosamente, es la realidad la que demuestra lo contrario. De acuerdo con el estudio elaborado por Jiménez y Céspedes, titulado "Distribución del ingreso en Costa Rica: 1998-2004", el 68% de los estudiantes de universidades públicas pertenecen a los dos quintiles de mayor ingreso en la población, mientras apenas 3% pertenece al primer quintil, es decir, a las personas más pobres.
Para mencionar tan sólo un par de ejemplos que ilustran este punto, la hija del flamante Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, es nada más y nada menos que la Presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR. De modo menos específico, basta recorrer los parqueos de las facultades de Derecho o Medicina en esa universidad para darse cuenta que casi todos los estudiantes son hijos de afamados personajes públicos (Presidentes, Ministros, Magistrados, médicos, etc.) y que los carros que están allí no son precisamente los de profesores.
En cambio, las universidades privadas, aunque muchos no lo crean, están repletas de personas pulseadoras: trabajadores de día y estudiantes de noche; adultos que, en su momento, tuvieron que abandonar sus estudios y hoy los han retomado con éxito; personas que no tienen cabida en el sistema público o que, por sus horarios, requieren mayor flexibilidad. En síntesis, gente que no puede, como los que están en las universidades públicas, dedicarse casi exclusivamente al estudio y tienen que generar ingresos para el mantenimiento propio y de su familia.
En este sentido, vale la pena preguntarse ¿a quién afectará un incremento de impuestos sobre la educación privada? La respuesta no es, definitivamente, a los empresarios que tienen centros de estudio, pues ellos trasladarán los costos a los estudiantes. Así pues, con el ya mencionado plan de "Solidaridad Tributaria" sólo se estaría logrando una cosa: cerrarle la oportunidad a ese 85% de la población para que se profesionalice.
Conforme tengan que pagar más por la matrícula y por los cursos, menos personas podrán continuar en las universidades privadas, provocando que, quienes puedan, deban migrar al ya abarrotado sistema público o abandonar cualquier pretensión de estudio. Eso significa menos profesionales calificados, menos oportunidades de generar o conseguir empleos de alta calidad, menos innovación, menos investigación, menos competitividad, menos riqueza y, en general, menos progreso. Esa es la solidaridad que quiere el Gobierno de Laura Chinchilla: una solidaridad en la pobreza.
Como son ellos mismos los que siempre alegan que existe una relación perfecta y directa entre educación y riqueza, (que puede ser cierta pero, a nuestro criterio, la educación es condición necesaria pero no suficiente para generar riqueza), en ASOJOD queremos aprovechar para hacer unas breves reflexiones acerca del verdadero impacto que esta reforma tributaria podría tener sobre el estado de la educación y el desarrollo humano.
Nuestro argumento se basará, en esta ocasión, en la educación superior. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009, realizada por el INEC, en Costa Rica apenas 655 mil personas (un 15% de la población total del país) tiene formación universitaria. Muchos se sienten orgullosos del impacto que han tenido las universidades públicas en la movilidad social, al formar a una serie de profesionales con un "bajo" costo individual para que ingresen al mundo profesional y generen ingresos que, a la postre, servirán para que el Estado tenga más recursos para reinvertir en la educación de futuras generaciones. Sin embargo, viendo los números, ese "maravilloso" trabajo se queda corto: el 85% de la población no tiene, hoy día, estudios universitarios.
Ahí aparece el casi nunca reconocido aporte de las universidades privadas en esa dura labor de difundir el conocimiento, profesionalizar a las personas y crear más riqueza. Son las universidades privadas las que están abriéndole las puertas a ese 85% que no puede ingresar al sistema público, pero que gracias al servicio que algunos visionarios empresarios y docentes les ofrecen, han logrado mejorar su nivel educativo y, al profesionalizarse, han podido aspirar a trabajos mejor pagados o han logrado desarrollar los conocimientos necesarios para innovar y crear su propio emprendimiento.
Para muchos, la educación no debería verse como una "mercancía", es decir, no debería estar sujeta a la ley de la oferta y demanda. A ellos les parece atroz que alguien lucre con una institución educativa y que alguien tenga que pagar por recibir esa formación. Sin entender por qué (o por lo menos sin poder explicarlo) ellos pretenden que sea el Estado el único que forme a la fuerza laboral más calificada. Otros son más flexibles en el discurso, pero no en la práctica. No salen atacando a la institucionalidad privada de educación a los cuatro vientos, pero desean someterla a los más estrictos controles de acreditación y a los más rapaces cobros fiscales.
A pesar de todo ello, lo cierto es que la actividad privada en educación ha logrado avanzar en nuestro país. Cada vez son más las opciones para que las personas puedan matricularse o matricular a sus hijos. Cada vez más se amplían las oportunidades para que quienes no han tenido la opción de concluir o continuar estudios, puedan hacerlo. Y este progreso se le debe, fundamentalmente, a las universidades privadas. Las públicas están saturadas y desfasadas; su población es, mayoritariamente, una población de ingreso medio-alto y alto.
No obstante, los estatistas piensan, sin ningún asidero en la realidad, que quienes van a esos centros de estudio son personas de muy altos ingresos. Curiosamente, es la realidad la que demuestra lo contrario. De acuerdo con el estudio elaborado por Jiménez y Céspedes, titulado "Distribución del ingreso en Costa Rica: 1998-2004", el 68% de los estudiantes de universidades públicas pertenecen a los dos quintiles de mayor ingreso en la población, mientras apenas 3% pertenece al primer quintil, es decir, a las personas más pobres.
Para mencionar tan sólo un par de ejemplos que ilustran este punto, la hija del flamante Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, es nada más y nada menos que la Presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR. De modo menos específico, basta recorrer los parqueos de las facultades de Derecho o Medicina en esa universidad para darse cuenta que casi todos los estudiantes son hijos de afamados personajes públicos (Presidentes, Ministros, Magistrados, médicos, etc.) y que los carros que están allí no son precisamente los de profesores.
En cambio, las universidades privadas, aunque muchos no lo crean, están repletas de personas pulseadoras: trabajadores de día y estudiantes de noche; adultos que, en su momento, tuvieron que abandonar sus estudios y hoy los han retomado con éxito; personas que no tienen cabida en el sistema público o que, por sus horarios, requieren mayor flexibilidad. En síntesis, gente que no puede, como los que están en las universidades públicas, dedicarse casi exclusivamente al estudio y tienen que generar ingresos para el mantenimiento propio y de su familia.
En este sentido, vale la pena preguntarse ¿a quién afectará un incremento de impuestos sobre la educación privada? La respuesta no es, definitivamente, a los empresarios que tienen centros de estudio, pues ellos trasladarán los costos a los estudiantes. Así pues, con el ya mencionado plan de "Solidaridad Tributaria" sólo se estaría logrando una cosa: cerrarle la oportunidad a ese 85% de la población para que se profesionalice.
Conforme tengan que pagar más por la matrícula y por los cursos, menos personas podrán continuar en las universidades privadas, provocando que, quienes puedan, deban migrar al ya abarrotado sistema público o abandonar cualquier pretensión de estudio. Eso significa menos profesionales calificados, menos oportunidades de generar o conseguir empleos de alta calidad, menos innovación, menos investigación, menos competitividad, menos riqueza y, en general, menos progreso. Esa es la solidaridad que quiere el Gobierno de Laura Chinchilla: una solidaridad en la pobreza.
martes, 5 de abril de 2011
La columna de Carlos Federico Smith: ojo con la velocidad
Si los ticos no nos hemos dado cuenta clara de que las multas tan altas más bien parecen ser instituciones destinadas a recoger impuestos sin tener que pasar por una aprobación tributaria, en vez de una penalización al conductor de un vehículo por conductas consideradas inapropiadas según reglas de tránsito previamente definidas, entonces no estamos en nada. Es más, les apuesto que los “técnicos” no consideran esas multas como parte de la carga tributaria de una nación, cuando simplemente se han convertido en gravámenes disfrazados.
Es por esa actitud “mporta’mi” que la Federación Nacional de Fútbol, la Asociación de Fútbol Argentina, los usuales políticos engolosinados, los intermediarios vivillos, los patrocinadores descuidados, etcétera, están muertos de risa y con los bolsillos llenos por la mesiada que pudieron darnos. Pronto organizarán una nueva actividad en el Estadio Nacional con Mesi, quien vendrá al país a modo de disculpa, pero por supuesto que cobrando una buena tajada. Ser más alertas como ciudadanos y como consumidores son dos caras de lo mismo: se trata de velar porque no nos agarren de tontos, de babosos, disponiendo de los recursos que tanto nos cuestan ganar.
En buena hora el Estado ha procedido a instalar cámaras de vigilancia, para que aquellos conductores sorprendidos in fraganti rompiendo los límites de velocidad fijados -si bien respetando el principio básico de inocencia- se vean obligados a pagar multas que buscan refrenar la comisión de conductas a todas luces socialmente inconvenientes. Pero tampoco es conveniente permitir que el Estado abuse del ciudadano contribuyente y conductor de vehículos a partir de su monopolio de coerción, utilizándolo para hacer cobros excesivos y hasta absurdos. Dejemos de lado en este comentario si estamos en presencia de cobros exagerados, razón válida para provocar que la nueva Ley de Tránsito esté varada en el Congreso (¡que vivan los diputados oponentes!). El principio aplicable debe ser tener multas adecuadas al tipo de “delito” y que no vayan más allá de infringir un dolor apropiado a los conductores multados sin llevarlos a la ruina. Pero centrémonos en el tema de las multas por velocidad al circular y de las cámaras ya instaladas en ciertas vías para controlarla.
El asunto es en estos momentos particularmente importante: ya las autoridades de turno -con frecuencia equivocadas al tratar de imponer sus apetencias fiscales por encima del comportamiento normalmente esperado de las personas en sociedad- nos anuncian nuevas restricciones al tránsito dicen que “a fin de proteger al consumidor“ de los altos precios internacionales de los combustibles, como si fuéramos bebitos para no saber cómo actuar responsablemente según nuestras propias capacidades.
Ya hay voces en naciones como los Estados Unidos -la estulticia no conoce fronteras- para introducir un límite a la velocidad máxima a que se puede circular -creo que de 65 millas por hora- debido al alza en los precios de los combustibles y que serviría para que ese país ahorre recursos, lo cual es total y empíricamente falso. Equivale a que se me prohíba comer pan para ahorrar en el gasto nacional de la harina importada que está más cara. En Costa Rica los estatistas están reviviendo por aquella razón la propuesta de no circular durante uno o dos días a la semana (dicen que dos, para que, como majes que nos consideran, les aceptemos uno de ellos). Esta restricción se había venido abandonando en los últimos tiempos por no tener sentido alguno, excepto por razones de construcción de vías y ello en cierto grado de lógica.
Con el pronto inicio del cobro de (altas) multas por velocidad, utilizando cámaras electrónicas selectivamente ubicadas, es necesario que cuestionemos la definición de distintas velocidades máximas hoy empleadas por las autoridades en distintos tramos de vías públicas y que se supone constituyen la base legal para la imposición de esas multas. Por ejemplo, hay partes en que se tiene definido un risible límite máximo de 20 kilómetros por hora (no sólo frente a escuelas), que lo hace a uno pensar si las autoridades de tránsito tienen en mente que por nuestras vías circulen tan sólo carretas. En carreteras hay señaladas velocidades tan lentas que incluso constituyen un contrasentido a los propósitos revividos de ahorrar gasolina, pues es sumamente ineficiente para la naturaleza de las máquinas de los vehículos en circulación (tal vez debe excluirse de tal grupo al trencito con turistas que circula por el centro de San José, pero estoy seguro que ni esa es una velocidad óptima). Una velocidad de 40 o 60 kilómetros por hora en una “autopista” como la radial es risible, pues los accidentes no suelen ocurrir por la velocidad a que se circula sino por otras razones tales como proximidad entre vehículos, intersecciones mal diseñadas, carriles estrechos, entre muchos otros, inclusive por tránsito lento. Ello debe ser analizado debidamente y pensar en la existencia de ciertos flujos de velocidad que no causan problemas.
Déjenme señalar que uno de los problemas observados en lugares de los Estados Unidos en donde se aplica el control de velocidad por medio de cámaras para efectos de multas, es que no necesariamente las autoridades las aplican universalmente, sino que seleccionan a los de ciertos tamaños y marcas, posiblemente porque tienen en mente que, cuando manden el cobro de la multa por correo, el chofer o el dueño del vehículo, que no se dio cuenta de tal control, acudirá a pagarla por ser de recursos relativamente más altos.
Propongo que, al menos antes de proceder a cobrar por “exceso de velocidad”, y de que surja una reacción de malestar entendible por parte de los ciudadanos ante la nueva práctica, las autoridades de tránsito definan claramente las reglas de velocidad, dejando de lado algunos de los absurdos que todos conocemos. Lo que me preocupa es que esta revisión que propongo a la política de velocidad va en contra de los objetivos de recaudar plata mediante multas a como haya lugar, que en mi opinión se ha venido siguiendo en los últimos tiempos. Espero que no estemos condenados como siervos de la gleba a lo que algún burócrata entre risas nos dirá acerca de las multas que van a cobrar por “velocidad”. Ojalá me equivoque y se pueda lograr un orden mesurado y lógico que evite lo que podría degenerar en una odiosa aplicación selectiva de la ley.
Es por esa actitud “mporta’mi” que la Federación Nacional de Fútbol, la Asociación de Fútbol Argentina, los usuales políticos engolosinados, los intermediarios vivillos, los patrocinadores descuidados, etcétera, están muertos de risa y con los bolsillos llenos por la mesiada que pudieron darnos. Pronto organizarán una nueva actividad en el Estadio Nacional con Mesi, quien vendrá al país a modo de disculpa, pero por supuesto que cobrando una buena tajada. Ser más alertas como ciudadanos y como consumidores son dos caras de lo mismo: se trata de velar porque no nos agarren de tontos, de babosos, disponiendo de los recursos que tanto nos cuestan ganar.
En buena hora el Estado ha procedido a instalar cámaras de vigilancia, para que aquellos conductores sorprendidos in fraganti rompiendo los límites de velocidad fijados -si bien respetando el principio básico de inocencia- se vean obligados a pagar multas que buscan refrenar la comisión de conductas a todas luces socialmente inconvenientes. Pero tampoco es conveniente permitir que el Estado abuse del ciudadano contribuyente y conductor de vehículos a partir de su monopolio de coerción, utilizándolo para hacer cobros excesivos y hasta absurdos. Dejemos de lado en este comentario si estamos en presencia de cobros exagerados, razón válida para provocar que la nueva Ley de Tránsito esté varada en el Congreso (¡que vivan los diputados oponentes!). El principio aplicable debe ser tener multas adecuadas al tipo de “delito” y que no vayan más allá de infringir un dolor apropiado a los conductores multados sin llevarlos a la ruina. Pero centrémonos en el tema de las multas por velocidad al circular y de las cámaras ya instaladas en ciertas vías para controlarla.
El asunto es en estos momentos particularmente importante: ya las autoridades de turno -con frecuencia equivocadas al tratar de imponer sus apetencias fiscales por encima del comportamiento normalmente esperado de las personas en sociedad- nos anuncian nuevas restricciones al tránsito dicen que “a fin de proteger al consumidor“ de los altos precios internacionales de los combustibles, como si fuéramos bebitos para no saber cómo actuar responsablemente según nuestras propias capacidades.
Ya hay voces en naciones como los Estados Unidos -la estulticia no conoce fronteras- para introducir un límite a la velocidad máxima a que se puede circular -creo que de 65 millas por hora- debido al alza en los precios de los combustibles y que serviría para que ese país ahorre recursos, lo cual es total y empíricamente falso. Equivale a que se me prohíba comer pan para ahorrar en el gasto nacional de la harina importada que está más cara. En Costa Rica los estatistas están reviviendo por aquella razón la propuesta de no circular durante uno o dos días a la semana (dicen que dos, para que, como majes que nos consideran, les aceptemos uno de ellos). Esta restricción se había venido abandonando en los últimos tiempos por no tener sentido alguno, excepto por razones de construcción de vías y ello en cierto grado de lógica.
Con el pronto inicio del cobro de (altas) multas por velocidad, utilizando cámaras electrónicas selectivamente ubicadas, es necesario que cuestionemos la definición de distintas velocidades máximas hoy empleadas por las autoridades en distintos tramos de vías públicas y que se supone constituyen la base legal para la imposición de esas multas. Por ejemplo, hay partes en que se tiene definido un risible límite máximo de 20 kilómetros por hora (no sólo frente a escuelas), que lo hace a uno pensar si las autoridades de tránsito tienen en mente que por nuestras vías circulen tan sólo carretas. En carreteras hay señaladas velocidades tan lentas que incluso constituyen un contrasentido a los propósitos revividos de ahorrar gasolina, pues es sumamente ineficiente para la naturaleza de las máquinas de los vehículos en circulación (tal vez debe excluirse de tal grupo al trencito con turistas que circula por el centro de San José, pero estoy seguro que ni esa es una velocidad óptima). Una velocidad de 40 o 60 kilómetros por hora en una “autopista” como la radial es risible, pues los accidentes no suelen ocurrir por la velocidad a que se circula sino por otras razones tales como proximidad entre vehículos, intersecciones mal diseñadas, carriles estrechos, entre muchos otros, inclusive por tránsito lento. Ello debe ser analizado debidamente y pensar en la existencia de ciertos flujos de velocidad que no causan problemas.
Déjenme señalar que uno de los problemas observados en lugares de los Estados Unidos en donde se aplica el control de velocidad por medio de cámaras para efectos de multas, es que no necesariamente las autoridades las aplican universalmente, sino que seleccionan a los de ciertos tamaños y marcas, posiblemente porque tienen en mente que, cuando manden el cobro de la multa por correo, el chofer o el dueño del vehículo, que no se dio cuenta de tal control, acudirá a pagarla por ser de recursos relativamente más altos.
Propongo que, al menos antes de proceder a cobrar por “exceso de velocidad”, y de que surja una reacción de malestar entendible por parte de los ciudadanos ante la nueva práctica, las autoridades de tránsito definan claramente las reglas de velocidad, dejando de lado algunos de los absurdos que todos conocemos. Lo que me preocupa es que esta revisión que propongo a la política de velocidad va en contra de los objetivos de recaudar plata mediante multas a como haya lugar, que en mi opinión se ha venido siguiendo en los últimos tiempos. Espero que no estemos condenados como siervos de la gleba a lo que algún burócrata entre risas nos dirá acerca de las multas que van a cobrar por “velocidad”. Ojalá me equivoque y se pueda lograr un orden mesurado y lógico que evite lo que podría degenerar en una odiosa aplicación selectiva de la ley.
Jorge Corrales Quesada
lunes, 4 de abril de 2011
Tema Polémico: Abusos en Convenciones Colectivas
Desde hace ya más de un mes, la atención de los estadounidenses sobre temas internos del país se ha centrado mucho en el pequeño estado de Wisconsin. Esto es porque el nuevo Gobernador republicano, Scott Walter, está intentando fuertemente, y contra una oposición muy dura por parte de los sindicatos, reducir el creciente déficit fiscal por medio de la eliminación de ciertos beneficios exagerados en pensiones y seguridad social. El Gobernador defiende esta reforma pues considera que es la única forma de salir del estado de quiebra en el que se encuentra el gobierno que heredó. Claramente esta situación suena familiar a la que tenemos actualmente en nuestro país. El día de hoy en ASOJOD queremos hablar de las famosas convenciones colectivas, sus abusos y sus consecuencias.
Una convención colectiva es un convenio que firma unos o más sindicatos de trabajadores con uno o más patronos para reglamentar las condiciones futuras de trabajo. La negociación por medio de convenciones colectivas es un derecho constitucional en nuestro país. En ASOJOD no estamos en contra de que los trabajadores se organicen para negociar con sus patronos ciertas condiciones laborales, sin embargo, hemos visto como en las últimas décadas estas negociaciones en el sector público han estado cargadas de amenazas que ponen en jaque a los gobernantes y a los empresarios.
Los trabajadores públicos tienen la gran ventaja a la hora de negociar de que laboran para monopolios estatales. Dado esto, saben que si no le les conceden sus deseos tienen el poder de dejar comunidades sin electricidad, sin agua o detener el comercio con otros países. Los trabajadores del sector privado saben muy bien que si negocian beneficios exagerados, ellos terminan siendo los grandes perdedores, ya que se quedarían sin trabajo dado que la empresa podría dejar de ser competitiva en el mercado. Este detalle tan importante en el funcionamiento de las empresas en un mercado libre no aplica para las empresas y las instituciones estatales.
Esto ha permitido que en el sector público se negocien beneficios desmedidos, convirtiendo a las empresas estatales en grandes elefantes ineficientes adonde los trabajadores realizan sus labores sin control alguno y sin temor de que los puedan despedir. La mala calidad en la educación pública, la lentitud e incapacidad de nuestros puertos y los malos servicios en distribución eléctrica y de agua potable son tan solo algunos ejemplos de lo nefastas que han sido las convenciones colectivas en el sector público y lo peligrosas para el correcto desarrollo de nuestro país.
Estos beneficios han llegado a niveles descontrolados. Si queremos convertirnos en una nación desarrollada, será necesario que le exijamos a nuestros gobernantes que los reduzcan significativamente.
Para nadie es un secreto que la gran mayoría del presupuesto del sector público es consumido por salarios y pensiones. De todo el monto que se destina a salarios, tan solo un 47% corresponde al salario bruto de los trabajadores. El otro 53% está compuesto de beneficios e incentivos resultado de las convenciones colectivas. Lo más impactante es que de este 53% de beneficios e incentivos ni uno solo está sujeto a un buen desempeño por parte del trabajador.
¿Y así queremos ser competitivos y desarrollados? Vale más que ciudadanos y políticos reflexionemos sesudamente acerca de esta situación.
viernes, 1 de abril de 2011
Viernes de Recomendación
Este día les queremos presentar la charla en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala de el Dr. Alberto Benegas Lynchsobre que es el liberalismo.
jueves, 31 de marzo de 2011
Jumanji empresarial: Impuestos y Crecimiento
La crisis internacional del 2008 afectó muchísimo el desempeño económico de Costa Rica. Los sectores que más se vieron impactados por esta crisis fueros el de exportación y el de construcción. A la gente la ha costado muchísimo recuperarse de esta recesión. Es más, aún hay sectores como el de construcción que no han podido volver al nivel en que se encontraban antes de iniciar la crisis. En estos momentos tan difíciles, una de las tareas prioritarias del gobierno debería ser la de propiciar el crecimiento de la economía y de esta manera disminuir el desempleo y la pobreza.
Extrañamente y por lógico que esto parezca, el gobierno parece estar haciendo todo lo contrario. En lugar de propiciar el crecimiento económico ha concentrado casi todos sus esfuerzos en la aprobación de un nuevo paquete de impuestos ¿Por qué? Cuál es la justificación del gobierno de “hacer leña el árbol caído” y colocar aún más en riesgo la frágil situación económica del país. Su excusa es que, dado que la administración anterior aumento considerablemente el gasto estatal, ahora nos toca a todos los costarricenses corregir ese déficit fiscal pagando más impuestos.
Las acciones más razonables y obvias serían todas aquellas enfocadas en disminuir los gastos desproporcionados e ineficientes pero el mismo Ministro de Hacienda ya confesó que si bien es cierto eso sería la mejor medida es más fácil si lo solventa cobrando más impuestos. Tal vez lo que no han tomado en consideración con este plan es la posible baja en la recaudación de impuestos al pretender cobrarles más a los pocos que pagan impuestos en este país. No han contemplado la posibilidad de que con este nuevo golpe la inversión en el país disminuirá y lo capitales buscarán otros destinos más atractivos. Contrario a lo que pretenden lograr, con este paquetazo podrían aseverar aún más la delicada situación fiscal en la que se encuentran.
Si el gobierno lo que desea es recaudar más impuestos pues más bien debería fomentar el crecimiento económico. Medidas que ayuden a dinamizar la economía no solo disminuiría el desempleo sino que también generaría una mayor recaudación para las arcas del estado. Contrario al plan actual, una disminución en impuestos clave como el impuesto sobre la renta ayudaría a que más empresas se instalen en el país y más empresas crezcan. Cada empresa pagaría menos impuestos pero al ser más la recaudación total será mayor para el Estado.
martes, 29 de marzo de 2011
La columna de Carlos Federico Smith: ¿qué hacer con los carros públicos de uso exclusivo?
Algo podemos aprender de los ingleses y de los españoles en cuanto a poder reducir el desaforado gasto gubernamental que caracteriza tanto a esas economías como a la nuestra. Ellos están haciendo enormes esfuerzos para, en vez de trasladar el impacto del reajuste fiscal necesario sobre los hombros de unos ya hastiados contribuyentes, cortar en lo que se pueda el gasto estatal.
Hoy voy a proponer una reducción del gasto público que algún escéptico podría calificar, tal vez con razón, de iluso, pero que yo me atrevo a llamarlo “más que simbólico“. En Inglaterra a los funcionarios públicos se les quitó el privilegio de utilizar vehículos asignados para su uso exclusivo. En apariencia tan sólo el Primer Ministro y el Canciller inglés disponen de un vehículo gubernamental lujoso para su uso particular. El resto de funcionarios públicos tiene que utilizar, si es del caso en el desempeño de sus obligaciones, los vehículos que forman parte del parque de la dependencia estatal de que se trate. Esto es, ya no tienen carros “asignados” que pueden usar a su discreción -que significa en lo que le dé la gana- y si tienen que usar uno, pues lo piden, como cualquier otro empleado público para hacer su labor, entre los vehículos del ente gubernamental. Por supuesto, la medida gubernamental nueva trae aparejada un mayor control en el uso de vehículos que el previo.
Propongo que en Costa Rica se haga lo siguiente: con excepción del Presidente de cada uno de los tres poderes de la República (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), ningún otro funcionario público, en cualquier dependencia del Estado costarricense, tendrá asignado un vehículo para su uso exclusivo. Si tiene necesidad, por razones de su cargo, de utilizar algún vehículo gubernamental, lo podrá hacer tan sólo usando aquellos que forman parte de la flota de la entidad respectiva.
Asimismo, para efectos de impuestos, aquellos que usen vehículos asignados para su uso exclusivo deberán declarar como un ingreso en especie un alquiler imputado por el uso de ese vehículo, así como el gasto de gasolina correspondiente. El funcionario al cual se aplicaría esta regla puede optar por no disponer de un vehículo asignado a su uso exclusivo, pudiendo utilizar un vehículo estatal para cumplir sus funciones, tal como lo hace el resto de empleados públicos. Los vehículos de uso exclusivo no podrán ser renovados antes de tres años: no serán del año, pero sí lo bastante nuevos como para que los funcionarios se sientan orgullosos de circular en ellos.
Sé que el ahorro será importante, pero relativamente pequeño dentro del hueco fiscal en que se encuentra el Gobierno por su propia voluntad y decisión. Lo importante es el aspecto simbólico de la medida, que esperamos sea extendida a otros privilegios estatales que los ciudadanos podrán ir apuntando. Porque si no se “apuntan” ahorita les apuntan los cañones tributarios para que paguen más impuestos que permitan seguir sufragando este tipo de privilegios para algunos.
La idea propuesta tiene otra vertiente gracias a la anunciada restricción al libre tránsito del Ministro de Energía, Teófilo de la Torre, quien con un matiz arrogante propio del estatista, dijo que si el precio internacional del petróleo subía de $120 el barril, restauraría la restricción vehicular que, gracias a Dios, se había venido moderando en los últimos meses.
Anteriormente se señaló como argumento para tal restricción en San José, que las presas ocasionadas al reparar las vías internas exigía algún grado de restricción al tránsito. Ahora resucitan el argumento de que esa nueva restricción -incluso han dicho que considerarían duplicarla a dos días por semana- provocará un ahorro en el combustible, hecho que nunca han podido confirmar en episodios anteriores. Y más bien es posible que, con la operación de las nuevas plantas del ICE que usan combustible fósil, este año aumente el gasto total en el rubro de combustibles importados.
Lo que el burócrata simplemente no entiende es que la gente que necesita su vehículo para laborar, utilizará para movilizarse rutas más largas que las disponibles sin restricción, con lo cual terminan gastando más tiempo y combustible. Claro, en su arrogancia fatal, los estatistas nunca toman en cuenta que los individuos buscarán alguna forma apropiada de transportarse, pagando más si es el caso, siempre que con ello sea una opción mejor que la que pretende imponer el burócrata.
El hecho es que nunca hemos visto a los altos funcionarios con vehículos discrecionales, quejarse de la limitación al transporte mediante placas un día a la semana. Les apuesto que se debe a que simplemente les dan otra forma de vehículo discrecional, suplido de la flotilla con que ya cuentan en sus dependencias. Siempre habrá unos menos iguales que otros.
Hoy voy a proponer una reducción del gasto público que algún escéptico podría calificar, tal vez con razón, de iluso, pero que yo me atrevo a llamarlo “más que simbólico“. En Inglaterra a los funcionarios públicos se les quitó el privilegio de utilizar vehículos asignados para su uso exclusivo. En apariencia tan sólo el Primer Ministro y el Canciller inglés disponen de un vehículo gubernamental lujoso para su uso particular. El resto de funcionarios públicos tiene que utilizar, si es del caso en el desempeño de sus obligaciones, los vehículos que forman parte del parque de la dependencia estatal de que se trate. Esto es, ya no tienen carros “asignados” que pueden usar a su discreción -que significa en lo que le dé la gana- y si tienen que usar uno, pues lo piden, como cualquier otro empleado público para hacer su labor, entre los vehículos del ente gubernamental. Por supuesto, la medida gubernamental nueva trae aparejada un mayor control en el uso de vehículos que el previo.
Propongo que en Costa Rica se haga lo siguiente: con excepción del Presidente de cada uno de los tres poderes de la República (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), ningún otro funcionario público, en cualquier dependencia del Estado costarricense, tendrá asignado un vehículo para su uso exclusivo. Si tiene necesidad, por razones de su cargo, de utilizar algún vehículo gubernamental, lo podrá hacer tan sólo usando aquellos que forman parte de la flota de la entidad respectiva.
Asimismo, para efectos de impuestos, aquellos que usen vehículos asignados para su uso exclusivo deberán declarar como un ingreso en especie un alquiler imputado por el uso de ese vehículo, así como el gasto de gasolina correspondiente. El funcionario al cual se aplicaría esta regla puede optar por no disponer de un vehículo asignado a su uso exclusivo, pudiendo utilizar un vehículo estatal para cumplir sus funciones, tal como lo hace el resto de empleados públicos. Los vehículos de uso exclusivo no podrán ser renovados antes de tres años: no serán del año, pero sí lo bastante nuevos como para que los funcionarios se sientan orgullosos de circular en ellos.
Sé que el ahorro será importante, pero relativamente pequeño dentro del hueco fiscal en que se encuentra el Gobierno por su propia voluntad y decisión. Lo importante es el aspecto simbólico de la medida, que esperamos sea extendida a otros privilegios estatales que los ciudadanos podrán ir apuntando. Porque si no se “apuntan” ahorita les apuntan los cañones tributarios para que paguen más impuestos que permitan seguir sufragando este tipo de privilegios para algunos.
La idea propuesta tiene otra vertiente gracias a la anunciada restricción al libre tránsito del Ministro de Energía, Teófilo de la Torre, quien con un matiz arrogante propio del estatista, dijo que si el precio internacional del petróleo subía de $120 el barril, restauraría la restricción vehicular que, gracias a Dios, se había venido moderando en los últimos meses.
Anteriormente se señaló como argumento para tal restricción en San José, que las presas ocasionadas al reparar las vías internas exigía algún grado de restricción al tránsito. Ahora resucitan el argumento de que esa nueva restricción -incluso han dicho que considerarían duplicarla a dos días por semana- provocará un ahorro en el combustible, hecho que nunca han podido confirmar en episodios anteriores. Y más bien es posible que, con la operación de las nuevas plantas del ICE que usan combustible fósil, este año aumente el gasto total en el rubro de combustibles importados.
Lo que el burócrata simplemente no entiende es que la gente que necesita su vehículo para laborar, utilizará para movilizarse rutas más largas que las disponibles sin restricción, con lo cual terminan gastando más tiempo y combustible. Claro, en su arrogancia fatal, los estatistas nunca toman en cuenta que los individuos buscarán alguna forma apropiada de transportarse, pagando más si es el caso, siempre que con ello sea una opción mejor que la que pretende imponer el burócrata.
El hecho es que nunca hemos visto a los altos funcionarios con vehículos discrecionales, quejarse de la limitación al transporte mediante placas un día a la semana. Les apuesto que se debe a que simplemente les dan otra forma de vehículo discrecional, suplido de la flotilla con que ya cuentan en sus dependencias. Siempre habrá unos menos iguales que otros.
lunes, 28 de marzo de 2011
Tema polémico: el relativismo de los valores
¿Cuánto cuestan tus valores? Ante esta pregunta, los costarricenses, no todos, responderían que unos cuantos millones de dólares, o el valor equivalente a un nuevo estadio. Por ello, queremos dedicar este Tema polémico a analizar tan degradante situación.
El pasado sábado se inauguró con toda algarabía el nuevo Estadio Nacional de Costa Rica regalado por la República Popular de China. Probablemente la mayoría de quienes asistieron al acto de apertura y al primer juego de la selección mayor de fútbol no cuestionaron la razón de tanta generosidad del Gobierno chino. Muchos ignoran las negociaciones durante la Administración Arias, con el Gobierno de la República Popular, para que se diera la espalda a la Taiwán a cambio del dinero y las donaciones de la China Continental.
Se ha dicho, acertadamente, que el nuevo estadio es un símbolo, pero pocos han señalado de qué tipo. En ASOJOD consideramos que es el símbolo del relativismo de los valores. Poco ha importado que quien nos regaló este estadio viole los derechos humanos más básicos de su población, que censure la libre expresión de sus ciudadanos, que controle el libre acceso al Internet y que mantenga a Liu Xiaobo en la cárcel por el simple hecho desear la misma libertad que hoy todos los costarricenses gozamos.
A pocos, o probablemente a ninguno de los asistentes a la inauguración del estadio, les importó que el Gobierno chino doblara el brazo del ex presidente Arias, cuando se le pidió no recibir al Dalái Lama. Ningún activista del medio ambiente, de esos que sobran en esta tierra, se cuestionó las deleznables prácticas de ese régimen socialista para con la naturaleza. Ningún periodista, ni siquiera los reporteros de Canal 7 que jugaron la primera "mejenga" en el estadio, se preguntó si sus colegas chinos podían ejercer su profesión con la misma libertad que la ejercen ellos.
Ninguno de esos trasnochados que nos pretenden moralizar con las "ventajas del socialismo", la "justicia social" y la planificación estatal nos ha salido a explicar cómo sus apreciadas ideas tienen en la miseria a un pueblo trabajador como el chino. No nos han querido decir por qué el Estado, que en Costa Rica parece ser la panacea para resolver cuanto problema aparece, es en China el gran causante de todo el desastre.
La señora Presidenta tuvo razón en darle el crédito al ex presidente Arias: él fue el arquitecto y estandarte, y lo ha sido desde hace mucho tiempo, del relativismo de los valores. El premio Nóbel de la Paz, abanderado de un relativismo disfrazado de pragmatismo ha contradicho sus más preciados valores, se ha contrariado en sus propios términos, pregonando la paz y la libertad, pero pactando con sus enemigos. Sin embargo, ella no está libre de toda culpa: como su aprendiz, hoy se frota las manos con los millones de dólares que puede obtener del Gobierno chino a cambio de algunos "favores" políticos.
Habremos ganado una hermosa infraestructura pero perderemos no sólo dinero por su mantenimiento, sino también, y quizá esto es lo más importante, la dignidad, la entereza, la rectitud y la consistencia. Como país, hemos quedado desnudos en nuestra pobreza, no sólo material, sino moral. Como los antiguos romanos, los costarricenses, no todos, no necesitan valores, les basta con pan y circo.
viernes, 25 de marzo de 2011
Viernes de recomendación
En 2005, Thomas C. Schelling ganó el Premio Nobel junto a Robert J. Aumann, por ayudarnos a entender las bases del conflicto y la cooperación a través del análisis de la Teoría de Juegos. La siguiente disertación titulada "Sesenta años asombrosos: el legado de Hiroshima", fue el discurso de aceptación pronunciado por el profesor Schelling en Estocolmo, cuando recibió el Premio en Ciencias Económicas del Banco de Suecia instituido en memoria de Alfred Nobel.
jueves, 24 de marzo de 2011
Jumanji empresarial: consumidores vrs productores
Todos los individuos somos productores y consumidores a la vez. Vendemos nuestro trabajo o producto sólo para comprar el trabajo o el producto de otros. Cambiamos de sombrero constantemente. Cuando usamos el sombrero de productor, nuestros intereses son antisociales: el productor de café tico se alegra cuando hay una helada en Brasil; le gusta la escasez. Los abogados, médicos y otros limitan la oferta por medio de los colegios; promueven la escasez. Los empresarios agrícolas e industriales se benefician de la escasez causada por los aranceles. Las aerolíneas utilizan la Dirección General de Aviación Civil para limitar la oferta.
Por el contrario, cuando usamos el de consumidor y vamos al mercado en esa condición, queremos abundancia; queremos que la cosecha de todos sea muy buena, que abunden los teléfonos, automóviles, seguros, alimentos, medicinas, salud, cines, seguros, servicios de conexión a Internet. Evidentemente, el interés del consumidor está en total armonía con el interés general de la sociedad y el bienestar de la humanidad.
¿Cuál interés debería prevalecer: el del productor o del consumidor?. Bastiat explica que el problema de la teoría de la escasez se debe a la falta de entendimiento de lo que es el intercambio. En una economía, donde se da la división de labores, cada persona valora su trabajo no como un medio (cosa que hace en autosuficiencia), sino como un fin en sí mismo. Con respecto a un producto en particular, el intercambio crea dos intereses directamente contrapuestos: el productor quiere escasez, precios altos y poca variedad; el consumidor, abundancia, precios bajos y mucha variedad. Dado que los dos intereses son mutuamente incompatibles, uno de ellos debe coincidir con el interés de la sociedad como un todo, y el otro debe ser hostil a este interés.
Si los deseos secretos del hombre en su papel de productor se cumplieran, habría escasez de todo, pobreza generalizada y hambruna, el mundo retrocedería rápidamente hacia el barbarismo. En cambio, si los secretos deseos del hombre en su rol de consumidor se cumplieran, habría abundancia de todo, y más riqueza, bienestar y prosperidad. El interés del consumidor está en armonía con el interés de la sociedad. Y es el que debería proteger la legislación.
Es un hecho que el proteccionismo o subsidios que otorga un país, lo hace en contra de sus propios consumidores y contribuyentes, y no en contra de otros países. Criticar el proteccionismo o subsidios de otra nación es totalmente inútil, dado que es una decisión soberana la de empobrecer a sus ciudadanos a base de aranceles o impuestos a la producción y el consumo.
La protección o subsidio de una actividad económica siempre tendera a castigar a otro grupo económico más grande y más relevante para la economía; ademas, las actividades subsidiadas nunca encuentran un punto óptimo de eficiencia y el uso indiscriminado de los recursos a su disposición hace que estas tarde o temprano desaparezcan. En Latinoamérica, donde la cantidad de consumidores pobres es mayor a la cantidad de agricultores protegidos, las protecciones arancelarias terminan convirtiéndose en sistemas de redistribución de riqueza que va de pobres a ricos, y la falta de innovación e inversión real, termina convirtiendo a los mismos agricultores en depredadores y beneficiarios crónicos de asistencias estatales.
Por el contrario, cuando usamos el de consumidor y vamos al mercado en esa condición, queremos abundancia; queremos que la cosecha de todos sea muy buena, que abunden los teléfonos, automóviles, seguros, alimentos, medicinas, salud, cines, seguros, servicios de conexión a Internet. Evidentemente, el interés del consumidor está en total armonía con el interés general de la sociedad y el bienestar de la humanidad.
¿Cuál interés debería prevalecer: el del productor o del consumidor?. Bastiat explica que el problema de la teoría de la escasez se debe a la falta de entendimiento de lo que es el intercambio. En una economía, donde se da la división de labores, cada persona valora su trabajo no como un medio (cosa que hace en autosuficiencia), sino como un fin en sí mismo. Con respecto a un producto en particular, el intercambio crea dos intereses directamente contrapuestos: el productor quiere escasez, precios altos y poca variedad; el consumidor, abundancia, precios bajos y mucha variedad. Dado que los dos intereses son mutuamente incompatibles, uno de ellos debe coincidir con el interés de la sociedad como un todo, y el otro debe ser hostil a este interés.
Si los deseos secretos del hombre en su papel de productor se cumplieran, habría escasez de todo, pobreza generalizada y hambruna, el mundo retrocedería rápidamente hacia el barbarismo. En cambio, si los secretos deseos del hombre en su rol de consumidor se cumplieran, habría abundancia de todo, y más riqueza, bienestar y prosperidad. El interés del consumidor está en armonía con el interés de la sociedad. Y es el que debería proteger la legislación.
Es un hecho que el proteccionismo o subsidios que otorga un país, lo hace en contra de sus propios consumidores y contribuyentes, y no en contra de otros países. Criticar el proteccionismo o subsidios de otra nación es totalmente inútil, dado que es una decisión soberana la de empobrecer a sus ciudadanos a base de aranceles o impuestos a la producción y el consumo.
La protección o subsidio de una actividad económica siempre tendera a castigar a otro grupo económico más grande y más relevante para la economía; ademas, las actividades subsidiadas nunca encuentran un punto óptimo de eficiencia y el uso indiscriminado de los recursos a su disposición hace que estas tarde o temprano desaparezcan. En Latinoamérica, donde la cantidad de consumidores pobres es mayor a la cantidad de agricultores protegidos, las protecciones arancelarias terminan convirtiéndose en sistemas de redistribución de riqueza que va de pobres a ricos, y la falta de innovación e inversión real, termina convirtiendo a los mismos agricultores en depredadores y beneficiarios crónicos de asistencias estatales.
Andrés I. Pozuelo
miércoles, 23 de marzo de 2011
Flash legislativo
La semana anterior, el Poder Ejecutivo convocó, gracias a la presión del Movimiento Libertario, el proyecto de Ley Nº 17.868, Ley de Responsabilidad Fiscal, elaborado por ANFE en septiembre del 2010.
Sin dudas, el manejo de las finanzas públicas, especialmente en los últimos años, no se ha caracterizado por la prudencia fiscal, sino que se ha desarrollado según las ocurrencias del Gobierno de turno, que han asumido compromisos constitucionales y legales de gasto público sin preocuparse si existirán las fuentes de ingreso sostenibles en el tiempo que permitirán hacerle frente a las nuevas obligaciones.
Sin dudas, el manejo de las finanzas públicas, especialmente en los últimos años, no se ha caracterizado por la prudencia fiscal, sino que se ha desarrollado según las ocurrencias del Gobierno de turno, que han asumido compromisos constitucionales y legales de gasto público sin preocuparse si existirán las fuentes de ingreso sostenibles en el tiempo que permitirán hacerle frente a las nuevas obligaciones.
Así, con la excusa de enfrentar la crisis económica, la administración Arias Sánchez no aplicó una política fiscal anti-cíclica —esto es una política de aumentar el gasto público no recurrente, gastos que ocurren una sola vez—sino que se inclinó por implementar una política fiscal expansiva. En otras palabras, impulsó un crecimiento de gastos públicos recurrentes (como salarios, pensiones y transferencias) que no se espera que se contraigan en el futuro y que dispararon el déficit fiscal esperado, para 2010, a un nivel superior al 5% del Producto Interno Bruto.
Precisamente para limitar la discrecionalidad de las autoridades e intentar garantizar un manejo fiscal responsable, se establece una serie de restricciones en este proyecto de ley, tendientes a:
1. Promover un manejo fiscal responsable que contribuya a la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica.
2. Establecer reglas fiscales que garanticen un superávit primario del gobierno central.
3. Limitar el crecimiento del gasto primario del gobierno central y el endeudamiento público.
4. Introducir un conjunto de sanciones para los funcionarios y responsables de los entes de control que incumplan con lo establecido en los artículos de la Ley 8131.
5. Contribuir al proceso de priorización y mejora de la eficiencia del gasto público que incluya la eliminación de rubros innecesarios o de baja rentabilidad social del presupuesto público.
6. Enviar señales claras de compromiso con la responsabilidad fiscal a los inversionistas y los mercados internacionales que permitan reducir la incertidumbre, los costos de transacción y las primas de riesgo.
En ASOJOD esperamos que, si de verdad el Gobierno está preocupado por el déficit fiscal y si realmente desea resolver el problema, esta iniciativa se apruebe.
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