La columna de Carlos Federico Smith: meditación acerca de lo mismo

La reciente decisión por la cual se forjó el pacto privado Chinchilla-Solís tiene un claro propósito: pasar a como haya lugar un nuevo paquete de impuestos. Lo más importante de esa negociación sin duda alguna es la oferta de Ottón Solís, rápidamente aceptada por la señora Chinchilla, para poner a todos “sus” diputados, creyendo que son siervos obedientes, pero no parecen serlo, para que aprueben rápidamente los numerosos y complejos impuestos propuestos, que incluso exceden las pretensiones iniciales hechas por el propio partido de gobierno. La aplicación de la llamada vía rápida es una argucia para evitar la discusión necesaria acerca de nuevos y más profundos impuestos. Cualquier persona medianamente informada sabe que esos gravámenes son de suma complejidad, profundidad y difíciles de poner en práctica, además de que, como dicen los abogados, se trata de materia odiosa, como se suele definir al tema de los tributos que forzadamente se aplican sobre la ciudadanía.

Nuestros legisladores en su momento desplegaron gran sabiduría al definir que los impuestos no se podían pasar a ritmo de samba, sino que siempre era necesaria una cuidadosa discusión de las implicaciones que tienen las pretensiones del Poder Ejecutivo. Así ha sucedido siempre en la ya aburridora carrera de paquetes tributarios aprobados a lo largo de los tiempos, siempre con el fin de terminar, de una vez por todas, con el déficit. Pero una vez recibidos los mayores recursos, velozmente se impulsa el gasto estatal para terminar cayendo, de nuevo, en otro déficit gubernamental. Saben que no miento, esa es la verdad de la cosas en materia tributaria y de gasto público sucedida en nuestro país desde hace ya mucho tiempo. Pero la Asamblea Legislativa siempre ha respetado que haya una discusión sumamente amplia, detallada, delicada, hasta incómoda, de cualquier propuesta del gobierno para aumentar las alcabalas que debemos pagar los ciudadanos… materia odiosa.

A sabiendas de las dificultades que estaba teniendo para la aprobación legislativa del nuevo paquetazo de impuestos, la presidenta Chinchilla hizo un gran esfuerzo –lo reconozco- que, si bien era insuficiente, contribuía a sanear en algo el déficit gubernamental. Estaba apretando a las instituciones descentralizadas del gobierno para que redujeran sus exacerbados gastos. La reacción de dichas entidades no se hizo esperar: no se podía reducir el gasto fue la respuesta casi generalizada y, cuando alguna de ellas decidía hacerlo, se trataba de apenas una porción de lo que el Ministerio de Hacienda les había solicitado.

No crean que doña Laura presionó a esas instituciones descentralizadas porque tiene un aprecio y convencimiento de la necesidad de reducir un gasto público exagerado. Era porque lo vislumbraba como la única posibilidad de lograr que le fuera aprobado algún impuesto. La gente sólo le daría un visto bueno a los mayores tributos si observaba una clara y definida acción del gobierno para reducir el excesivo gasto público. De otra manera, difícilmente doña Laura podría contar con la aprobación de mayores gravámenes si no ponía en cintura y con firmeza al gasto gubernamental.

Ottón le cayó –bajó- del cielo desde muy diversas y oportunas nubes políticas. Si por medio de la vía rápida, sin casi discusión alguna en la Asamblea Legislativa, se le aprobaban los nuevos impuestos, ya doña Laura dispondría de los recursos suficientes para aplacar la inquietud en su gobierno descentralizado, en cuanto a la necesidad de reducir sus gastos. Esto es, ya no se iba a hacer necesario el “sacrificio” en la gastadera gubernamental. Con su apoyo decidido e imperturbable Ottón Solís le levantó el enorme peso que doña Laura tenía ante sí. Que ella debe estar requete agradecida con el presunto líder de la oposición y no sólo el columnista oficial de La Nación, es un hecho. Para eso es la política, se nos dirá.

Revisando mis viejos escritos, voy a transcribir un pedazo de uno de ellos que escribí el 15 de marzo de 1986 bajo el título “Los Diputados Dioses”, que para ser justo con los actuales, ahora lo refiero al otro Dios, al verdadero, y no al que toma una curul por aquél concedido. La parte que deseo que vuelva a aparecer es la que dice:

“No en vano Tácito señaló que “Entre más corrupta es la República, más son las leyes.” Este es precisamente el caso que sucede con la introducción de normas que nada tienen que ver con los presupuestos de la República, en dicha legislación. La corrupción consiste en que diputados son capaces de legislar sin que se sigan procedimientos socialmente aceptados ̶ e incorporados en procedimientos y leyes ̶ para definir nuevas reglas legales. Muy posiblemente los procedimientos para legislar en nuestro país se han establecido para proteger a las personas del abuso. Si se desea vivir libremente bajo las leyes, debe limitarse su creación. Perfectamente se puede eliminar la libertad bajo un sistema de leyes; esto es, se está dejando de proteger a las personas del abuso.

No sólo debe restringirse el rango sobre el cual los humanos personificados en diputados pueden legislar (ley no hace justicia), sino que también se deben establecer métodos para hacer leyes (esto es, casi diría que descubrirlas). El parlamento (Asamblea Legislativa) precisamente es la institución en la cual se formulan leyes, pero sujeto a frenos y contrapesos. En el parlamento se supone que el proceso de generar leyes sufre un profundo escrutinio para asegurar al ciudadano de la bondad de la ley. Sin embargo, los diputados, dioses olímpicos, eliminan los procesos esperados por los gobernados e imponen sus férreas (y muy posiblemente equivocadas) voluntades a un pueblo domado.

Rousseau, en su Discurso sobre la Desigualdad, ya había enfatizado cómo los atenienses perdieron su democracia debido a que las leyes surgieron para complacer las vanidades diputadiles o de grupos de personas deseosas de coaccionar a los demás ciudadanos. Se olvidó así algo elemental: la virtud de una Ley reside en su edad, en su permanencia, en su fundamentalismo; aquellos principios pétreos casi inmutables, nos dan la Ley, no la voluntad pasajera del hijo de vecino convertido en Dios diputado.”

Por ello espero que nuestra Sala Constitucional resguarde nuestro derecho ciudadano de que, en materia de impuestos, al igual que como, por ejemplo, se prohíbe consultar su aprobación en un referendo, se debe discutir en el seño legislativo lo más ampliamente posible, sin rapidez, el afán de satisfacer la ambición de tomar nuestros recursos que siempre tiene el fisco. Es nuestro mínimo derecho ciudadano.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: ¿Reforma Fiscal Progresiva?

La semana pasada el Partido Acción Ciudadana (PAC) consolidó un acuerdo con el Poder Ejecutivo, garantizando de esta manera la aprobación del Paquete de Impuestos. El PAC afirma que, con los cambios propuestos por ellos, la nueva Reforma Fiscal ahora si es verdaderamente progresiva. Primero que todo, lamentamos el hecho de que con esta negociación el paquetazo de impuestos está a nada de convertirse en una realidad. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, esto para lo único que servirá será para que el país sea menos competitivo, para alejar más inversión y fuentes de empleo, para pisotear los derechos de propiedad, para tirar por la borda el esfuerzo individual para generar riqueza y para seguir alimentando a un Estado totalmente ineficiente que, como bien lo señala el reciente Editorial de La Nación, por querer hacer una gracia (aumentarle el salario a 6.000 funcionarios públicos) terminó haciendo un sapo (incrementándoselo a 96.000 empleados). Con esos números, no importa si hay más impuestos, si son progresivos, planos o regresivos: no hay finanzas que aguanten ese desmesurado gasto.

Muy interesante el término “progresivo” cuando se habla de impuestos. En palabras sencillas el impuesto progresivo se puede entender como los impuestos diseñados para que los que más tengan más paguen. Viéndolo de esta manera, se podría decir que casi cualquier impuesto es progresivo pues, al tratarse de un porcentaje fijo sobre el valor del producto o el valor de la renta, al ser mayor el valor mayor será la recaudación. Por ejemplo, entre más renta genere una persona, mayor será el dinero que pague en impuestos dado que se trata de un porcentaje sobre el valor y no un monto fijo. Si se entendiera así, hasta en una propuesta como el Flax Tax existiría, en cierto sentido, un grado de progresividad.

Sin embargo, a esto no se refieren el PAC y el Gobierno cuando hablan de reformas progresivas. Cuando utilizan esta palabra, lo que realmente quieren es que los ricos paguen más impuestos por medio de tasas de gravamen mayores a los pobres. Haciendo uso de la trillada frase “justicia social”, estas personas lo que andan buscando es que los ricos y las grandes empresas paguen por todos los problemas fiscales del Gobierno, como si estos fueran los culpables de todos los males de este país. El término justicia queda totalmente tergiversado puesto que en estas condiciones hay dos justicias, una para los ricos y otra para los pobres. La justicia debe ser igual para todos. ¡Cómo cuesta que la gente comprenda que para que se genera riqueza es fundamental que existan igualdad de condiciones y seguridad jurídica!

El PAC propone en sus demandas al Gobierno que se incluyan impuestos totalmente injustos como un aumento en la tasa para los salarios mayores de Ȼ4.000.000 e impuestos a los carros de lujo. Las personas que ganan más de esa cantudad ya tienen que pagar más impuesto, pues se trata de un porcentaje sobre el ingreso. Pero esto no es suficiente: hay que subirles el porcentaje del impuesto para que paguen aún mucho más. Se trata de un desincentivo legítimo a ganar más de cuatro millones en este país. En lugar de generar más riqueza quieren que se genere menos.

Con estas medidas no solo se desincentiva la creación de riqueza sino que con tantas excepciones y diferencias en tasas lo que sucede es que los impuestos se vuelven más complicados de recaudar y se abren más portillos para que la gente pueda evadir el pago de los mismos. Si los impuestos fueran más bajos y más simples sin excepciones a la regla la recaudación sería muchísimo más sencilla.

Y toda esta lucha en supuesta defensa de los más pobres al final de cuentas termina afectando más a este grupo ¿Por qué sucede esto? Por qué son los ricos y las empresas grandes los que actualmente colaboran más con los ingresos del Estado y los que más fuentes de trabajo generan en el país. Si se les sube los impuestos y se arruinan las condiciones de trabajo, finalmente lo que pasará es que las empresas contratarán menos personal, se invertirá menos, se generarán menores ingresos y finalmente la miseria, el desempleo y la pobreza se agravarán, haciendo que el Estado tenga que dar más subsidios y aumentando el ya de por sí enorme hueco que hay en las finanzas públicas. Así, estas medidas supuestamente progresivas terminan siendo totalmente regresivas.

En ASOJOD deseamos, por el bien de todos, que cada vez haya menos impuestos y que los pocos impuestos que existen sean bajos y simples para que la recaudación pueda ser más efectiva. Creemos que esa es la clave para que este país salga del rezago económico en el que está. No obstante, en el PAC y en el PLN piensan diferente. Quieren que todos estemos en la ruina para que ellos puedan vanagloriarse de ser solidarios y ayudarnos con migajas. ¡Qué macabro!

Viernes de Recomendación

En el artículo llamado Maquiavelo, el gran observador del economista Alberto Benegas Lynch, se explica como Maquiavelo en su libro El Príncipe lo que hace es describir con bastante precisión la forma en que trabajan los típicos gobernantes llenos de promesas y abusos de poder

Jumanji empresarial: independencia, mas no libertad

En el día de la independencia se supone que celebramos la libertad. ¡Que maravilloso como exaltamos esta palabra, libertad! Que triste el olvido de su significado…

La tiranía no tiene nacionalidad ni lazos de sangre. Por haber nacido en casa no se vuelven aceptables los abusos del poder político ante la ciudadanía. Celebramos el momento en que nos libramos de la servidumbre a la que nos sometían los españoles durante la colonia. ¿Pero por qué se vuelve acetable la servidumbre ante políticos nacionales?

Exaltamos la democracia. Pero democracia sin libertad no es más que tiranía. Las elecciones no son suficientes para asegurar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Con los recursos del poder a la mano, no es difícil para una clase política manipular a una mayoría a través del populismo y clientelismo para perpetuar su sistema de privilegios políticos. Esto no se trata de derechas o izquierdas. Se trata del poder. Podrán cambiar las banderas y los colores, pero el hecho de que se enriquezcan con las arcas públicas y abusen del poder para provecho propio, no tiene ideología.

Como decía Bastiat, el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás. Es esa avaricia y ciega ambición que causa que el poder, aún cuando concebido de las mejores intenciones, rápidamente caiga en el abuso y la corrupción. Es un hecho inescapable de la naturaleza del poder. Decía Lord Acton que el poder corrompe. Quién ignore esto, ignora una evidente realidad.

Pero aún así somos cómplices sumisos del siempre expansivo poder y privilegio de nuestros políticos. Vemos cómo, vulgarmente, se reparten los dulces de la piñata y aún así les seguimos dando más de nuestro dinero, sudor y sacrificio. Decidimos vivir en una fantasía ideológica, llena de falsos héroes y villanos demasiados reales. Nos dejamos drogar por sus dulces cantos de esperanza y rehusamos despertar a nuestra realidad cada vez más podrida de violencia y pobreza.

Está bien este 15 de septiembre honrar a nuestra patria, nuestras comunidades y nuestras familias, pero no caigamos en el error de celebrar la libertad cuando esta no es verdaderamente nuestra.

Rodrigo Molina

La columna de Carlos Federico Smith: un comentario con exceso de velocidad

Tiene que ver con la reciente instalación de cámaras en ciertas vías de tránsito para controlar la velocidad con que en ellas circulan algunos vehículos. Ya anteriormente me había referido a mi preocupación de si las vías en donde se iba a instalar tal control estaban no sólo lo suficientemente bien marcadas como para que el conductor responsable pudiera saber cuáles eran las velocidades máximas permitidas, cosa que a la fecha aún falta mucho por hacer, sino que también mencioné sobre algunas contradicciones en ciertas indicaciones de velocidades máximas hoy existentes, que podrían provocar frenazos súbitos y peligrosos de los conductores, al tratar de no exponerse a tan elevadas multas controladas por las nuevas cámaras. Creo que acerca de esto se hecho algo más.

No me opongo a la existencia de estas cámaras que miden la transgresión a la velocidad máxima permitida por ley en algún tramo de las vías. Es cierto que se ha observado un abuso en esto que pone en grave peligro principalmente a terceros inocentes. Creo que las cámaras son un uso apropiado de la tecnología para que haya cierto control de un límite, que se supone es el civilizadamente aceptado en las reglas normales de tránsito vehicular, pero esto me conduce a otros terrenos.

El primero es que desde ya hace demasiado tiempo existe una prohibición para transitar cierto día de la semana en el área central de San José. Esa prohibición, aprobada por las máximas autoridades legales de este país ̶ y Santa Palabra, es razón suficiente para no decir nada más ̶ se puso en marcha como una reacción de los burócratas ante el alza internacional de los precios de los combustibles, lo que, se dijo en ese momento, exigía que se introdujeran reglas de ahorro ̶ algo cuyo resultados en verdad nunca han sido fehacientemente demostrados por esas mismas autoridades ̶ mediante una limitación a la libertad de circulación de las personas (aunque la Sala IV trate de dorarme la píldora).

Ahora bien, se supone que las cámaras de control de la velocidad, que pronto llegarán ser más de 400 según nos lo han anunciado las autoridades, estarán muchas de ellas instaladas para registrar velocidades superiores a la máxima establecida para ciertos lugares, de alrededor de 60 kilómetros por hora. Pero, según tengo entendido, la mayoría de los vehículos, principalmente los relativamente más modernos, han sido diseñados para lograr su mayor eficiencia en el uso del combustible a velocidades superiores a esos 60 kilómetros por hora y creo que no mayores a los 90 kilómetros por hora (ojalá alguien me corrija si estoy equivocado). De ser así, significaría que si los ciudadanos, temerosos de las multas tan elevadas y detectadas ahora con esas modernas cámaras, deciden reducir su velocidad a menos del óptimo, daría lugar a un aumento posiblemente significativo del consumo nacional de combustibles, con lo cual el objetivo de ahorro de gasto por la restricción a la libre circulación en el área central de San José, va a quedar hecho añicos. Por ello, creo que es hora de que esa prohibición a la circulación sea anulada.

No termino sin señalar que las cámaras bien podrían convertirse en la tabla de salvación del Ministro de Hacienda en cuanto a solucionarle el problema del déficit provocado por el excesivo gasto del Estado. Si más o menos cada multa por exceso de velocidad es de ¢400.000 y como, según algunos datos publicados, se han agarrado a alrededor de 2000 infractores diarios, significa, a grosso modo, que se van a recaudar casi $5 millones al mes, ante lo cual don Fernando Herrero tendrá tan sólo que implorarle a Tatica Dios que los costarricenses sigan impertérritos corriendo como locos (2.000 diarios), que la Sala Cuarta rechace todas las apelaciones por los partes que sin duda le van a llegar y que las cámaras, al revés de los semáforos inteligentes, de los cuales ya ningún burócrata nos habla responsabilizándose por ellos, esta vez si funcionen bien todo el tiempo. Con ello podrá olvidarse del paquetazo de impuestos y mandar a la porra el pacto con Otón.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el financiamiento de los partidos políticos

Que los partidos políticos sean cuestionados no es ninguna novedad. En el mundo de la política probablemente no existe una institución tan desprestigiada como los partidos políticos. Estos, desde hace muchas décadas, se convirtieron en simples correas de transmisión que se encienden cada cuatro años, para transportar a las aspiraciones de aquellos que buscan llegar a los puestos de decisión.

Esta es una realidad conocida por todos, sin embargo, los más reciente capítulos de cuestionamientos relacionados con el manejo de fondos públicos durante la última campaña electoral nos hace señalar, nuevamente, la necesidad de eliminar, de una vez por todas, el uso de recursos públicos durante las campañas políticas, para financiar el funcionamiento de la maquinaria electoral, y las aspiraciones de los candidatos de turno.

Lo ocurrido con el Movimiento Libertario, cuestionado por el irregular financiamiento de su campaña política, y recientemente, por el uso de ¢210 millones cobrados al Tribunal Supremo de Elecciones, para la realización de varios cursos de capacitación política, que en apariencia nunca se realizaron, nos hace insistir con mayor fuerza en nuestros planteamientos.

Nuestra propuesta es sencilla. Ningún partido político, bajo ninguna condición, debe recibir un solo colón de dinero público. Con esta medida todos los costarricenses evitaremos escuchar, una y otra vez, las excusas por el despilfarro de gran cantidad de millones de colones, utilizados para tonterías como banderitas, o destinados para pagar a empresas de publicidad que se enriquecen con el dinero de todos los costarricenses.

¿Quedarían desbaratados los partidos sin recursos? Todo lo contrario. Aparejado a ello, en ASOJOD proponemos que se elimine cualquier límite al financiamiento privado, bajo la condición de que los partidos nos digan de dónde vienen sus recursos. Así, si el partido es financiado por grandes empresas, los ciudadanos sabrán que votan por un partido que, a la larga, impulsará políticas a favor de dichas empresas. Si el partido es financiado sólo por montos pequeños de particulares, el votante sabrá que el partido responderá a los interesas de estas personas. En realidad, no tiene nada de malo que uno u otro sea el origen de los recursos, pues lo cierto es que los partidos siempre actúan de acuerdo con sus propios intereses.

Habrá quienes peguen el grito al cielo diciendo que, con esto, el narcotráfico y el crimen organizado podrían financiar a los partidos. Pese a que esta es una visión paranoica, que parte de la creencia de que todo financiamiento privado es ilícito -visión incapaz de explicar cómo, dentro de esos mismos aportes, se encuentran los de partidarios interesados en impulsar representantes políticos para defender sus ideas, intereses o valores sin que medie una estrategia indebida a futuro-, para darles por válido el punto podríamos decir que, si existe interés de esas mafias por darle dinero a los políticos, nuestra realidad ya nos muestra que es factible que suceda, aún con las regulaciones existentes y con un agravante: el dinero "sucio" que meten, es lavado y sale "limpio" proveniente, ni más ni menos que del bolsillo de los tax payers cuando se les retribuyen los bonos que compraron de la famosa "deuda política".

Nuestra propuesta es simple: respetar el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas, con lo que elimina ese velo de corrupción que prevalece en los procesos electorales costarricenses, se saca al Estado de la fase de financiamiento y sólo le asigna reglas simples, de información de las fuentes de los recursos privados.

Estas medidas darían mayor grado de responsabilidad a los ciudadanos, y podría revitalizar a esas desgastadas instituciones, que hoy, bajo las reglas prevalecientes, sólo representan espacios para la corrupción. Además, permitiría que los ciudadanos dejen de ver cómo su dinero va a financiar a partidos que no llenan sus expectativas o que no los representan y podrían, en su lugar, aportarlo a aquellos que coincidan con sus valores, ideas e intereses o, del todo, no aportarlo. ¿Qué les parece?

Viernes de Recomendación

El Dr. León Gómez explica la relación que existe entre el pensamiento iberoamericano, la escuela austriaca y la escolástica. Comenta acerca las aportaciones de San Bernardino de Siena y Juan de Mariana, dos filósofos que ya en el siglo XVI hablaban de una economía de orden espontáneo y de la importancia de mantener alejado el poder del proceso económico.

Jumanji empresarial: el acertijo del capitalista

El capital empresarial es el ticket de entrada a las riquezas. Verdad. Después de todo, el capital empresarial conlleva cambio de valor inferior a superior para acabar satisfaciendo la demanda del consumidor. Cuanto más capital tengas, más demanda satisfarás y más dinero llegará a tu bolsillo. Sencillo.

¿Pero qué capital empresarial deberías tener? Es asombroso cómo se arrincona esta sencilla pregunta por parte de profesores universitarios y economista que hacen proselitismo sobre la necesidad de rebajar los tipos de interés para estimular la demanda empresarial. Como si invertir fuera algo insignificante, si no un sinsentido. Para el papanatas, cualquier inversión es una buena inversión.

Para el inverso real, la pregunta esencial es dónde y en qué invertir: el capital empresarial en manos erróneas es más un pasivo que un activo. Una reducción al absurdo mostrará lo que quiero decir: Pido prestados $400.000 para comprar una cosechadora John Deere 9870 STS. Desde fuera, parece que tuviera un activo de $400.000 en mi contabilidad, compensado con un aumento de $400.000 en deuda a largo plazo. Desde el interior, no hay compensación. Tengo una deuda de $400.000. No soy un granjero. No tengo ni idea de cómo emplear rentablemente la cosechadora.

Este “insignificante” asunto de la adecuación del capital que tanto molesta a los keynesianos es la misma base del éxito o fracaso en el mercado. Un granjero con suficiente terreno y suficiente densidad de trigo podría convertir la John Deere 9870 STS en una máquina de hacer dinero. En mis manos, una John Deere 9870 STS es en el mejor de los casos una violación del acuerdo de la HOA y mas probablemente un hito en el camino hacia la bancarrota.

El capital empresarial por sí solo es insuficiente para garantizar la prosperidad: el capital empresarial debe combinarse con la sagacidad emprendedora. ¿Pero qué es la sagacidad emprendedora? Puedo decir lo que no es.

Un habitante de la ciudad que compre una cosechadora y un banco que dé dinero para la compra es una tontería, hasta que se bajen las cortinas y se entiendan los motivos. ¿Qué pasaría si se generara una escasez mundial de alimentos por el grano desviado hacia el etanol subvencionado por el gobierno? ¿Qué pasaría si la Reserva Federal inundara la economía con dinero barato? ¿Qué pasaría si el lobby de la maquinaria agrícola hubiera persuadido al gobierno de que había poca inversión en maquinaria agrícola, por lo que se necesitaban rebajas de $50.000 y avales para préstamos en cosechadoras? ¿Qué pasaría si las cosechadoras se estuvieran revaluando un 14% anualmente?

Vemos el efecto dominó de malas decisiones empresarios convertidas en racionales pero bajo pretensiones falsas como las mencionadas antes: se produce demasiada inversión en cosechadoras; se contratan demasiados trabajadores para fabricar cosechadoras; demasiados especuladores principiantes compran cosechadoras; se producen demasiadas quiebras. (Sustituyamos ahora cosechadoras por casas).

Sin embargo, para los conectados políticamente, misión cumplida. Se ha producido más inversión: una cosechadora en manos de un urbanita, una clasificadora de papel en manos de un granjero, un lavadero de coches en manos de un dentista. No importa en realidad: todo es capital, capital que generó un brote de ingresos fiscales adicionales y aumentó permanentemente la marea de gasto público mientras creaba una horda de miseria para los engañados por falsas señales del mercado.

Los austriacos saben que la asignación importa y que la asignación con éxito difícilmente está asegurada, incluso cuando predomina la prudencia y la lógica.

Pensemos en el mercado bursátil: la versión original de value investing de Benjamin Graham y David Dodd, Security Analysis, escrita en 1934 revelaba que una estructura financiera conservadora junto con el aumento en dividendos y ganancias y una baja relación entre precios y ganancia es más probable que produzca resultados remunerativos. Graham y Dodd llegaban a esa conclusión después de examinar miles de informes empresariales y realizar laboriosamente la aritmética para ver dónde se encontraban las empresas.

Security Analysis ofrece una sólida base investigadora, pero es incapaz de construir la estructura real, que es más a menudo inclinada que vertical. Si Security Analysis pudiera ofrecer más que una base, la riqueza de muchos inversores se aproximaría a la del pupilo más prolífico de Ben Graham, Warren Buffett. Se han dedicado a Buffett millones de palabras (tanto hagiografías como exégesis) y nadie aún ha reproducido su éxito.

Tampoco nadie reproducirá el éxito de Buffett, porque el éxito de Buffet no es más reproducible que el éxito de Graham, que Buffett ni siquiera intentó reproducir. Los detalles exactos de la vida de Bueffett son exclusivos, sus pensamientos exactos son exclusivos. No hay dos zeitgeist similares. Si Warren Buffett hubiera nacido en 1830 o en 2030 es poco probable que reprodujera él éxito del Warren Buffett nacido en 1930.

El pasado es imposible de repetir y aún así el gobierno y la hegemonía empresarial se centran principalmente en el pasado: nadie es capaz de descifrar el futuro o lo invisible, así que a ambos les preocupa afianzar más lo que se sabe que garantiza la sobreinversión en lo que se conoce: fabricación de automóviles, banca, agricultura, energías alternativas.

Por suerte, la supervivencia a través de la búsqueda de rentas y el corporativismo acaba fracasando. Por desgracia, prolonga la agonía y aleja al capital de la asignación empresarial dirigida por el mercado y anclada a la vida real (mucha de la cual también fracasará, pero de una forma mucho menos destructiva).

En resumen, el problema es confundir probabilidad de caso y probabilidad de clase. El emprendimiento es lo primero, pero la asignación de capital a menudo se promueve como lo segundo. Los profesores universitarios obligan habitualmente a los estudiantes a realizar análisis de escenarios, lo que implica crear falsas probabilidades de éxito. Los antiguos CEO de muchas grandes empresas han llevado a muchos mandos intermedios a creer que tienen una presciencia divina sencillamente porque tuvieron una racha de buena suerte. Sus autobiografías de encargo no son solo contenedores para su autoengrandecimiento, sino de ruinosas prácticas gestoras.

En Blink: The Power of Thinking Without Thinking (Madrid: Taurus, 2005)], Malcolm Gladwell cuenta una historia del hijo de George Soros que decía: “Mi padre se sentará y te dará teorías de por qué hace esto o aquello. Pero me acuerdo viéndolo de niño y pensando: al menos la mitad de esto es una chorrada. Quiero decir, sabes que cambia su postura en el mercado o en lo que sea porque le empieza a doler la espalda”.

La cita es perspicaz (el éxito empresarial no puede atribuirse al cálculo de probabilidad de clase) pero también equívoca. Gladwell no diferencia el análisis reglamentado de los neófitos de la intuición de los profesionales expertos. Muchas decisiones intuitivas de éxito están respaldadas por años de experiencia y conocimiento, que no están documentados.

La imposibilidad de documentar y reproducir el éxito se pierde demasiado a menudo en incipientes directores, burócratas y empresarios. De hecho, cuanto más intentes copiar las acciones de un empresario de éxito, más probable es que fracases. Tiempo, circunstancias, coincidencias, tecnología, épocas que permitieron a un emprendedor acumular una fortuna no existirán para el próximo emprendedor.

No hay nada seguro, pero el emprendimiento es menos incierto cuando los empresarios siguen al mercado, no a sus manipuladores en busca de retrasos.

Mises reconocía que poseer capital no es bastante: el capital deben dirigirlo los empresarios y a los empresarios deben dirigirlos las fuerzas del mercado. Igual de importante es que no debería engañarse a los empresarios para que crean (como hacen tantos economistas, analistas, académicos, burócratas y directivos) que el éxito en los negocios está asegurado a través del análisis de la probabilidad de clase. Cada aventura empresarial es única y cada posibilidad de éxito en incuantificable.

Esto me devuelve a la pregunta de qué es la sagacidad empresarial. El éxito empresarial, más a menudo que no, es sencillamente cosa de hacer lo que no están haciendo otros y hacerlo mejor de lo que lo hacen otros: repito que hacerlo mejor que el status quo es una tautología, porque hacerlo mejor es también hacer lo que otros no hacen.

Stephen Mauzy
Mises Daily

La columna de Carlos Federico Smith: Costa Rica está llena de traidores

Ya han salido quienes dicen entender al “porecito” del Ministro de Haciendo por haberle dicho a los Diputados, quienes deberán aprobar el nuevo presupuesto de gastos del gobierno central, que no se podían “seguir aprobando leyes que aumenten el gasto sin generar ingresos. Eso es una traición a Costa Rica”.

Yo no lo “entiendo”, pues difícilmente se golpea de tal manera a quienes deben aprobar lo que él les manda, aunque muchos de esos señores Diputados y Diputadas son seres sensibles, quienes podrían estar dispuestos a dejar de lado cualquier respuesta arrogante y una decisión de castigar al Ministro y, por el contrario, dedicarse a meditar acerca de las opiniones de aquél, que podrían haber sido expresadas de otra manera.

En todo caso, lo que parece estarse dando es una repartición de culpas y, por qué no, empezar por los Diputados, como lo ha hecho el señor Herrero (y que documenta ampliamente don Armando González en su columna de La Nación del 4 de setiembre). Pero sí de culpas se trata, tal vez uno bien pochotón es el propio Gobierno del cual forma parte el prominente Ministro Herrero, pues ha mandado una serie de programas y proyectos de gastos sin que tengan los fondos requeridos. Para muestra un botón, de los cuales hay muchos más: ¿de dónde sale la plata para financiar a los llamados centros de cuido, última creación plena y total de doña Laura?

Jamás me atrevería acusarla de “traición a Costa Rica” por haber propuesto proyectos de gasto estatal que no tienen contenido presupuestario, tal como acusa el Ministro Herrero a los legisladores. Lo cierto es que ha existido una enorme irresponsabilidad de parte de este Gobierno al mandar presupuesto a la aprobación legislativa, en el cual ni siquiera se financian los gastos corrientes con ingresos corrientes. Este presupuesto va tan desfinanciado que no tiene ni los ingresos necesarios para cubrir todos los salarios que este año tiene que pagar (¿quién será el “traidor”?). Está escrito que de los ¢1.7 billones que hay que pagar en salarios, ¢818.000 mil millones se financiarían con préstamos. Pero hay más: de los casi ¢5.900 miles de millones de presupuesto que envía el propio Ministro Herrero para la aprobación legislativa, un 45%; esto es, ¢2.655 miles de millones, deberá ser financiados por medio del endeudamiento. Yo no hablo de traición de nadie, pero lo cierto es que es un gasto que no está financiado, al igual que como le hizo el reclamo el Ministro a los diputados: es gasto del Estado sin impuestos aprobados para financiarlo.

Desde ese punto de vista, ¿serán los únicos “traidores” los Diputados del momento y el actual Ministro de Hacienda y su Gobierno? Si alguien lo desea podría extender tal calificación a la Administración anterior, cuando le heredó a don Fernando Herrero esa monstruosa planilla estatal que ahora ni siquiera puede cubrir “traicioneramente” en su presupuesto. ¿Será don Oscar otro más del club? Si nos ponemos a hilar delgado, nos llevaría a tantos “traidores de Costa Rica” que mejor nos olvidamos de ese apelativo, porque casi que no caben en nuestro territorio todos los que de una manera u otra han impulsado el gasto público desfinanciado.

De paso una sugerencia para el Ministro de Hacienda, quien, ante la misma Asamblea Legislativa en que lo hizo acerca de la “traición a Costa Rica”, se quejó públicamente de que no podía reducir los rubros inflexibles de salarios que representan el 42% del gasto corriente, ¿qué tal si esa carga heredada la resuelve mediante el despido de los ahora innecesarios contratados por don Oscar Arias, en su momento y sin financiamiento, como critica que ahora lo hacen los actuales diputados?

Los que me preocupan son los “traidores” futuros, porque si se aprueban los nuevos impuestos, para lo único que van a servir es para que ese Estado (gracias a sus “traidores” del momento) gaste más y más plata. Esa ha sido la historia fiscal de nuestro país en los últimos tiempos.

Hace poco revisaba comentarios que escribí hace años y en uno de ellos, titulado “La Economía del Presidente Reagan”, que apareció en La Nación del 1 de diciembre de 1982, me refería a lo que hoy se podría llamar “el inagotable escenario de la traición”. Allí escribí lo siguiente:

“Lo anteriormente expresado tiene una gran trascendencia para la apropiada comprensión de la actual política económica nacional, pues los proponentes de última hora a favor del presupuesto balanceado ̶ aquellos quienes en el pasado siempre gustaron de ser los grandes amigos del exagerado gasto público ̶ hoy día tratan, y así lo hacen, de cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos aunque, de nuevo con espíritu estatista, sólo por el aumento de los tributos impositivos. De aquí que, aunque ahora prediquen el equilibrio del presupuesto estatal, el que sea por medio de un aumento de las recaudaciones de los impuestos, lo que va a provocar es que puedan disponer de más dinero para gastar, y esto no les va a forzar a reducir el gasto público, si desean hacer una realidad sus propuestas para equilibrar al fisco.”

¡Qué poco parecen haber cambiado las cosas! Estos, quienes ahora se quejan por el desbalance del exceso de gasto sobre los ingresos, son los mismos que siempre han promovido esa conducta de una enorme expansión del gasto público sin contenido tributario. Como a todo chancho le llega su hora, miro ahora con interés que al menos alguien les haya llamado “traidores” a Costa Rica.

Pero no sólo me quejo. Aprovecho para destacar a todas luces cómo el propio Presidente del Partido Liberación Nacional, el gran promotor histórico de la gastadera pública. Don Bernal Jiménez le brindó la afortunada solución al Ministro Herrero para evitar el “injusto” proyecto tributario que impulsa esta Administración en la Asamblea Legislativa: que los ricos paguen más, e incluso destaca la evidente injusticia de que el rico Bernal Jiménez tenga que pagar el mismo porcentaje en impuestos como su pobre chofer (¿su chofer?, vean el símbolo de riqueza). Tome don Fernando de la mano las palabras de don Bernal y exprésele lo siguiente: dada su enorme y virtuosa inclinación por la justicia social, reflejada en su llamado para que los ricos paguen más impuestos, ¿qué le impide para que, personalmente y desde este mismo momento, le destine al Estado un 50% de los ingresos que obtendrá en este año (y podemos luego hablar de sus riquezas) mediante una donación que haría al Ministerio de Hacienda? Con tanta bondad y desprendimiento y justicia social en acción, don Fernando podría, esperamos, conseguir recursos suficientes para que no sea injustamente calificado de “traidor”, por impulsar proyectos de gasto público sin el debido financiamiento. Al mismo tiempo, don Bernal lograría tener muy tranquila su, desde muchos años ha, colosalmente voluminosa conciencia social, a la vez que, con las políticas restrictivas de don Fernando en cuanto a las erogaciones públicas, se evitaría que algunos hagan tantos negocios gracias al gasto que lleva a cabo el Estado.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: más impuestos no; menos desorden fiscal sí

Frustrante, esa el la palabra que describe la situación fiscal en la que se encuentra nuestro país. Los operadores políticos parecen vivir en otro mundo y el muro infranqueable de la realidad no parece nunca incomodarlos. Los problemas siguen siendo los mismos de siempre y las solucines también. Los políticos continúan sin entender que darle más recursos al Estado es como darle las llaves de un vehículo a un borracho.

Dos son las noticias que aparecen esta semana que desnuda una vez más nuestra penosa realidad. La primera muestra como el abusivo impuesto “solidario” a las vivendas de “lujo” no ha servido de nada, como era de esperar. Nuestro atrofiado Estado es incapaz siquiera ejecutar los fondos. La segunda informa que una vez más el Gobierno pagará con deuda sus gastos corrientes, es decir presentará una vez más un presupuesto ilegal, lo cual es absolutamente insano para un buen manejo de las finanzas públicas y perverso para un Estado que se dice ser de Derecho.

Así las cosas, resulta inimaginable cómo algunos siguen insistiendo en más impuestos, a pesar que es la misma receta gastada que hemos seguido desde hace décadas y que no ha servido ni para reducir los problemas estructurales. Ha llegado la hora de intentar algo distinto: presupuestos balanceados, cierre de instituciones públicas, privatización de instituciones, moneda estable, reducción de impuestos, flexibilidad laboral, simplificación de trámites, reducción de costos de transacción, todo lo cual hemos venido defendiendo desde hace mucho en ASOJOD.

Sin duda, estas medidas nos ayudarían no solo en la parte financiera, sino también a la parte productiva, por cuanto a mayor crecimiento económico más recolección de impuestos. Tenemos que despertar ya!!!

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les ofrecemos este debate, entre los profesores de la George Mason University Bryan Caplan y y Pete Boettke, en el cual ambos discuten acerca de las bonsades y falencias de la Escuela Austriaca de Economía.

Jumanji empresarial: Krugman y la antieconomía

Dejó escrito el economista británico Lionel Robbins que la economía es la ciencia que estudia la distribución de medios escasos hacia fines competitivos. Dado que nuestras necesidades superan los recursos que disponemos para satisfacerlas, se vuelve imprescindible economizar esos recursos; es decir, dedicarlos siempre a aquellos objetivos que resulten prioritarios.

Dejó escrito el economista británico Lionel Robbins que la economía es la ciencia que estudia la distribución de medios escasos hacia fines competitivos. Dado que nuestras necesidades superan los recursos que disponemos para satisfacerlas, se vuelve imprescindible economizar esos recursos; es decir, dedicarlos siempre a aquellos objetivos que resulten prioritarios.

El pensamiento keynesiano supuso un radical giro copernicano hacia la antieconomía: según esta teoría, el problema fundamental no consiste en ser muy cuidadoso en el uso que les damos a unos recursos siempre escasos para evitar despilfarrarlos, sino más bien lograr, a como dé lugar, la plena ocupación de esos recursos.

La economía dejó de ser una ciencia que estudia cómo los medios derivan su valor al ser empleados para la consecución de fines más valiosos (usos productivos) para pasar a convertirse en una pseudociencia que otorga valor en sí mismo a la utilización de los recursos con independencia de sus objetivos (usos improductivos).

Disparate. La última ocurrencia keynesiana, protagonizada, cómo no, por Paul Krugman, podrá sorprender a aquellos que todavía pensaban que eso del keynesianismo era algo serio, pero desde luego no asombrará a quienes conocemos las entrañas del monstruo. Ni corto ni perezoso, el columnista del New York Times afirmó en una entrevista en CNN que lo que necesita la economía estadounidense para salir de la depresión es un incremento masivo del gasto, como el que nos proporcionó el rearme militar de la Segunda Guerra Mundial o como el que podría proporcionarnos otro rearme militar estimulado por la amenaza de una invasión extraterrestre.

Con solo eso, en apenas 18 meses según Krugman, todas nuestras dificultades estarían solventadas.

No es la primera vez que Krugman alaba la guerra como un importante catalizador de la actividad económica.

Aunque a muchos izquierdistas les agrade atribuir buena parte de la crisis actual a todo el gasto y endeudamiento públicos en el que incurrió Bush por la guerra en Irak (y en este caso... ¡tendrían razón!), Krugman ya les explicó en el 2008 que esa narrativa no es coherente con el resto de su credo: “El hecho es que, en general, las guerras son expansivas para la economía, al menos en el corto plazo.

Recuerden que la Segunda Guerra Mundial puso fin a la Gran Depresión. Los $10.000 millones que gastamos cada mes en Irak van dirigidos, sobre todo, a adquirir bienes y servicios producidos en EE. UU., lo que significa que la guerra ha sustentado la demanda”.

Comercio, no guerra. Los liberales siempre hemos tenido bien claro que lo que hace florecer una sociedad no es la guerra, sino el comercio. La guerra tiende a ser mutuamente destructiva, a destruir la división internacional del trabajo, a acabar con las vidas de miles de seres humanos, a dilapidar el capital y a instaurar un control económico sobre el país derrotado que durante un período más o menos prolongado suele asemejarse mucho a la planificación central del socialismo.

Aún así, sería absurdo negar que en ciertas ocasiones las guerras son necesarias e incluso económicamente convenientes, pero no porque generen riqueza, sino porque minimizan su destrucción. Es el caso de las guerras defensivas: si un invasor está decidido a arrasar una comunidad, esclavizar a su población y a pasar a cuchillo a los más débiles, sería absurdo recibirlos con los brazos abiertos esperando convencerles de que comerciando y abrazando a Adam Smith todos seremos felices y comeremos perdices. Pero insisto: en todo caso, la guerra no sería un bien, sino un mal menor.

En cambio, para Krugman y los demás keynesianos, la guerra sí es económicamente un bien, pero no porque les encanten las matanzas o porque piensen que el botín de guerra será suficiente para sufragar sus gastos, sino porque la guerra constituye uno de los pocos casos en los que el Gobierno está aparentemente legitimado para tomar un control absoluto de la economía y, por tanto, para darles algún tipo de empleo a todos los factores productivos.

No importa que esos empleos nada tengan que ver con la satisfacción de las necesidades de las personas, pues lo único importante es que todos estén ocupados en algo, aunque no se dediquen a producir nada de valor.

El ejemplo histórico no es sólo la Segunda Guerra Mundial, sino también la Alemania nacional-socialista; ya lo dijo el célebre economista keynesiano estadounidense John Kenneth Galbraith en su obra La era de la incertidumbre: “Hitler fue el auténtico precursor de las ideas keynesianas”.

El pésimo razonamiento de Krugman a cuenta de las bondades de una invasión extraterrestre tiene su cúspide al final: según el Premio Nobel, si después de readaptar toda la economía a la guerra intergaláctica descubriéramos que todo había sido un fraude a lo Orson Welles, que nunca había existido riesgo de invasión alguna, todos nos enriqueceríamos notablemente, pues habríamos disfrutado de todo el gasto militar asociado a las guerras sin ninguna de sus funestas consecuencias.

En otras palabras, una vez que descubrimos que todas las inversiones que hemos efectuado para defendernos de los extraterrestres no tienen ninguna utilidad y que han supuesto una dilapidación de capital que haría parecer la burbuja inmobiliaria como una granito menor, entonces resultará que todos somos más ricos. El razonamiento es brillante: riqueza es pobreza, economizar es despilfarrar, acertar es equivocarse, lo esencial es lo inútil. Orwell redivivo.

Juan Ramón Rallo

La columna de Carlos Federico Smith: ¿por qué tan caro en Costa Rica?

Ya han pasado muchos días desde que en un periódico de Costa Rica se hizo ver lo caro que se cobraba en nuestro país por los servicios domésticos de Internet, así como por la televisión por cable, en comparación con Panamá.

Supuse que, dada la gran cantidad de usuarios de ambos servicios que hay en nuestro país, habría alguna reacción de los principales suplidores explicándonos por qué las razones de que aquí esos servicios fueran mucho más caros, pero mutis, nunca reaccionaron. También creí que habría alguna explicación de parte de los órganos reguladores, a quienes presumí como potenciales responsables de que aquí tuviéramos esos mayores costos, por múltiples razones, siendo la principal que posiblemente imponían restricciones onerosas; pero tampoco han dicho nada. Y, por supuesto, me imaginé que irían a reaccionar aquellas instituciones públicas presuntamente existentes para defender los derechos de los consumidores, pero, mirala, han dado por callada la respuesta. Posiblemente aducirán que sólo actúan cuando hay una denuncia concreta, lo cual no es más que sinónimo de una grave evasión de las responsabilidades para las cuales fueron creadas. Les recuerdo que no fueron forjadas para estar echadas cruzadas de brazos, sino para activamente promover la competencia en beneficio de los consumidores, cuya restricción es la amenaza que hoy se señala.

El hecho es que, según la información periodística, en Panamá esos servicios son casi un 50% más baratos que aquí. Me he puesto a pensar si es que en Panamá hay un mayor aprecio por la competencia y, por ende, una mayor disposición gubernamental para promoverla hacia lograr el mayor número posible de oferentes, pero nadie ha podido confirmar mi apreciación. Al revés, pensé que tal vez en Costa Rica, con esa manera de ser que todo lo pretenden regular, más bien ha terminado por impedir el libre acceso deseable a esas actividades, mediante la introducción de elevados costos de entrada, pero tampoco lo he podido confirmar.

Por ello creo que el asunto no debe ser tirado al cajón del olvido, tal vez principalmente de parte de quienes terminamos pagando esos servicios más caros de los que podríamos tener si hubiera actitudes más positivas hacia el consumidor y hoy ausentes en nuestro país. Soy consciente de que un consumidor difícilmente se va a meter en un pleito jurídico y a líos con burócratas, dado que el costo, si bien no es insustancial por esos mayores precios que debe pagar, nunca van a exceder a los costos de aquellos litigios. Pero tengo la esperanza de que encontrarán alguna forma para defender la competencia y los beneficios que de ella obtienen.

En esa interacción casi irrestricta que, gracias a Dios los ciudadanos aún podemos ejercer en nuestro país, hay gente que me ha contado algunas historias en torno a la falta de competencia en la televisión por cable y en la provisión de servicios de Internet, que se resume en un acuerdo –nadie me lo ha podido confirmar que sea por escrito, pero sí al menos me lo han mencionado como de hecho- entre los dos más grandes proveedores de esos servicios, como son AMNET y Cabletica, para no competir entre sí en ciertos lugares del país. Por ejemplo me han citado ciertas zonas del este de San José en donde, casualmente, el cliente sólo puede ser servido por una de ellas, mas no por ambas, de manera que, si quiere el servicio, se ve obligado a contratar la única que lo tiene disponible en esa área. Lo interesante es que hay otros sectores en donde sucede lo contrario; es la otra empresa la que tiene el monopolio exclusivo, pues la competidora aún no ha entrado o aún no va a entrar o lo que sea.

Si estos son tan evidentes, ¿por qué los organismos promotores de la competencia no investigan su veracidad, pues, de ser así, se estaría ante un caso claro de colusión en contra de los consumidores, lo que los economistas conocemos como oligopolio, de lo cual un duopolio es, como tal vez en este caso, el de sólo dos empresas que se ponen de acuerdo para no competir y distribuirse el mercado?

Pero no sólo debería de hacer tal evaluación la agencia de Promoción de la Competencia, sino también la de defensa de los consumidores, pues somos nosotros quienes estamos pagando más caro por lo que podríamos obtener más barato, si en verdad existiera una mayor competencia. Para eso, se supone, es que existe la entidad que actúa en defensa de los intereses de los consumidores, menoscabados por las prácticas monopólicas como la expuesta.

También el análisis de la situación debería ser realizado por los órganos que han promovido la apertura de los servicios de Internet y televisión por cable en nuestro país. Quienes siempre hemos promovido esa apertura lo hemos hecho confiados en que no habría restricciones competitivas de alguna naturaleza, de manera tal que orgullosos podríamos mostrarles a los consumidores los beneficios que trae la competencia. Si es cierto que ésta se restringe por acuerdos entre pocos oferentes hay una función que deben cumplir las entidades reguladoras como, me imagino, serían la Superintendencia de Telefonía y no sé si la ARESEP. No se trata de tener una regulación absurda e insensata de precios que termina dañando al consumidor, sino de eliminar cualquier restricción que pueda afectar la libre entrada de cualquier empresa que desee poder competir en cualquier actividad, así como investigar si hay prácticas de división del mercado debido a la imposibilidad de que otras firmas puedan ofrecer sus servicios.

Uno cree en la empresa privada, pero principalmente cuando está sujeta a la competencia y no cuando se pone de acuerdo para competir en contra del consumidor.

Y termino señalando una posibilidad, tan sólo una posibilidad, que podría beneficiar a los consumidores nacionales mediante una mayor competencia: ¿Qué tal si decidimos y anunciamos, en el interés supremo del consumidor, que el mercado costarricense de televisión por cable y de Internet está abierto, sin restricciones diferentes aplicada a la empresas en el país, a cualquier empresa, incluso aquellas que, instaladas en Panamá y desde allá, deseen brindar sus servicios en Costa Rica? Les apuesto que lograremos bajar esos costos tan altos…

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: El Malvado Empresario

Frecuentemente los empresarios son acusados de explotadores, inconscientes y codiciosos, de individuos que intentan ganar la mayor cantidad de dinero a expensas de la mayor cantidad posible de personas. Muchísima gente considera políticamente correcto rasgarce las vestiduras por el trabajador, defenderlo de esa codicia empresarial, del afán de lucro, garantizarle protecciones y ventajas por ser la "parte débil" de la relación. No faltan quienes aplauden las convenciones colectivas, los sindicatos, las garantías laborales e, incluso, apoyan las huelgas. En fin, pareciera que está bien decantarse del lado de los trabajadores y que está bien condenar al empresario a que pague, con desgracias, su atrevimiento de tratar de aprovecharse de los demás.

A los sindicatos y otros grupos revanchistas les encanta crear esa imagen de que existe una guerra constante entre los trabajadores y las empresas. Tal parece que a estos grupos les encantaría que dejaran de existir empresarios y que toda la riqueza se repartiera entre los trabajadores. Sin embargo, esas fantasías de opio no son más que ilusiones que algunos idiotas pretenden venderle a las personas. Como brillantemente dijera Ayn Rand "no puede repartirse lo que no ha sido creado". De ahí el increíblemente importante que juega el empresario en una sociedad: es el que crea, innova, arriesga su tiempo y capital, piensa nuevas formas de producir y ser más eficiente y, especialmente, es el que genera la riqueza.

Así pues, aclarando este panorama, debemos comprender algunas cosas. En primer lugar, en ASOJOD nos da la impresión que quienes asumen esa visión del empresario como un multimillonario, explotador y descorazonado ser, ni tienen idea de cómo se genera riqueza ni de cómo es la realidad. No se dan cuenta que si las empresas y el afán de lucro no existieran, simplemente no habría empleo, dinero, productos y oportunidades.

Hay que decirlo: un empresario crea y administra su negocio con el objetivo fundamental de hacer dinero. Esa es su única responsabilidad, su único deber y su más alto derecho. Y si a alguien le pareciera que eso es egoísta y va en contra del interés del trabajador, es claro que necesita utilizar con mayor frecuencia sus neuronas para detenerse a pensar un poco. Cuando el empresario desea ganar dinero, arriesga sus ahorros, pide prestado capital, desarrolla una idea y se tira al agua. Si le va bien y desea aumentar sus ganancias, empieza a contratar personas y a producir aquello que los consumidores desean. Ya con eso está generando un gran beneficio a sus desconocidos. Estas personas colaboran con el empresario a cambio de una remuneración. Una remuneración que se negocia anticipadamente a la contratación y dependerá del valor que agregue ese trabajo al cumplimiento de las metas de la empresa. Por su parte, quienes le compren, lo harán con base en un precio establecido por el mercado, es decir, el precio al que están dispuestos a adquirir un bien o servicio. Hasta acá es claro que en esta relación, las partes no actúan buscando otra cosa diferente a su propio bienestar. Por eso, es sencillo decir que la relación se da en condiciones ganar-ganar: el empresario gana con su producto y el trabajador y el consumidor también lo hacen.

Al trabajador no se le obliga a ocupar ese puesto de trabajo ni al empresario se le debería obligar a contratar a una persona si no existiese la necesidad real. Al consumidor no se le obliga a adquirir un producto y al empresario no se le obliga a venderlo. Es un proceso en el que se establece un contrato entre dos personas y nadie debería interferir en el mismo, pues cualquier obstáculo que se interponga cambia las condiciones, de forma que se tornan en un juego de suma cero: lo que gane uno será a expensas del otro. Y, contrario a lo que la gente cree, no es el empresario el que sale ganando en esos casos.

Políticos y represetnantes de varios grupos organizados se han encargado de que estos procesos no sean tan libres e impulsados por supuestas intenciones de mejorar las condiciones de los trabajadores, han presionado para el marco jurídico esté intervenido y sea el Estado el que defina a los ganadores y perdedores. Gracias a esas leyes, a los empresarios los obligan a contratar al personal ajustándose a ciertos horarios laborales, con condiciones mínimas de salario y garantías para el trabajador en caso de despido. A primera vista suena noble y correcto pero las consecuencias reales son muy diferentes. Estas obligaciones que le imponen al empresario lo que hacen es aumentar sus costos de operación y restarle competitividad. Dado esto, las empresas se ven obligadas a contratar menos personal y en algunos casos hasta a cerrar el negocio. En realidad, para lo único que sirven estas medidas, supuestamente en beneficio de los trabajadores, es para aumentar el desempleo y disminuir las inversiones.

Siendo así, los que más sufren con estas medidas suelen ser los de menos ingresos pues, al verse obligados a cumplir con tantos requisitos, los empresarios tienen que disminuir las contrataciones y esa baja empieza por aquellos puestos de trabajo que le agregan menor valor al negocio. Puestos de trabajo con pocos requisitos que casi siempre ocupan las personas de menores recursos con menos educación. Muchos negocios, en vista de que les es imposible subsistir con estas condiciones, se ven obligados a trabajar al margen de la ley perjudicando de esta manera sus posibilidades de crecimiento.

En el caso de nuestro país es claro que el empresario no es el tipo multimillonario que disfruta de lujos que otros jamás podrían costearse. En realidad, la mayoría de empresas en Costa Rica son MIPYMES. En muchos casos, la empresa la conforma no más que la misma familia del dueño e, incluso, la propia naturaleza hace que allí no se cumplan esas leyes laborales. Los hijos no tienen horario ni salario mínimo, pues entienden que, de hacerlo, su padre quedaría en la ruina. Y entratándose de una relación ganar-ganar, comprenden que cuanto mejor hagan su trabajo, más competitivos serán y más ingresos podrán tener, mejorando la calidad de vida de esa familia.

Sin duda, los empresarios son personas emprendedoras que cada día les cuesta más sacar adelante el negocio a causa de este montón de trabas y regulaciones. Y solo hemos hablado de las dificultades para contratar y despedir personal. Esto es tan solo el comienzo de la inmensa cantidad de trabas que tienen los empresarios para salir adelante. A esto se le debe sumar los impuestos que son cada vez mayores, la tramitología, los gastos para abrir y mantener una empresa, los esfuerzos para poder cumplir con la enorme cantidad de requisitos de prácticamente todos los ministerios. Y la lista puede continuar.

En este país, en lugar de propiciarse mejores condiciones para que se genere inversión privada parece que se está haciendo todo lo contrario. Muchos no se dan cuenta que al propiciar la generación de más empresas se aumentaría la demanda de empleo. Y al aumentar la demanda de empleo se mejoran las condiciones de trabajo de todas las personas.

Viernes de recomendación

Para este viernes de recomendación, queremos compartir con ustedes un interesante escrito de Minor Salas, titulado "Las Ciencias Sociales como consuelo", donde el autor señala una serie de problemas en la mentalidad de aquellos que piensan que, por medio de su disciplina, pueden y deben cambiar al mundo, como si fuera tan fácil simplemente diseñar un plan y que, mágicamente o por la fuerza, todos los individuos van a seguir.

Agradecemos a uno de nuestros lectores, Edwin Alvarado, por habernos sugerido este texto.