Viernes de Recomendación

En el artículo Liberalismo Económico y Medio Ambiente, los autores Arenas, Cámara y Chamorro analizan el problema del daño al medio ambiente desde un punto de vista liberal basándose principalmente en los fundamentos expuestos por el Premio Nobel, Ronald Coase en sus teorías sobre la necesidad de existencia de propiedad privada como un medio para disminuir las externalidades negativas provocadas por el impacto al medio ambiente causado por los procesos productivos.

Desde la tribuna: el degradado proceso político costarricense

En vez de más politica, más sociedad, el degradado y degradante proceso politico costarricense, confirma la urgencia de una sociedad más autonóma, más vigorosa, más decisiva.

La constante y creciente intervención politiquera en la vida de las personas, las familias y las comunidades sigue causando daño.

La reciente disputa institucional entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, con cepas intervendas por el Poder Ejecutivo muestra, descarnadamente, el significado de la "dictadura en democracia" y las graves consecuencias de rendir culto a los conteos de votos, por encima de las personas, de su pensamiento y autodeterminación.

En lo político, este proceso ha ido vaciando de contenido a la estructra republicana, al son del mantra de la "gobernabilidad". Quienes se lamentan de la falta de gobernabilidad deben encontrarse extasiados con la abrumadora decision legislativa acerca de la integracion de la Sala Constitucional. Se votó y se resolvió, haciendo de lado la fecha limite para decidir este asunto.

Una democracia, entronizada como sagrada y obediente a una autoridad, ha mostrado su tenebroso aspecto. Solo valen las personas, en este caso el Magistrado Cruz Castro, como fichas de votación, adaptadas o no a la voluntad de otra votación, en la Asamblea Legislativa.

Para cualquier ciudadano, del lado que se coloque en este irritante asunto, brilla al ojo que la independencia y la autonomía de los tribunales es materia politica, hasta electoral.

Familas, comunidades y ciudadanos, empresarios nacionales y extranjeros, han quedado notificados que, para bien o para mal,  la justicia en Costa Rica obedece la ideología resultante de un conteo de votos y así se regira la resolución de los asuntos, en los más encumbrados tribunales.

No serán las leyes, ni las normas constitucionales, sino la conformidad con la mayoría legislativa calificada, bastante dúctil, por cierto, la que indicara a los jueces el camino a seguir.

Una democracia así, es una deidad fallida. Una vida social, dominada por el gobierno, termina atrapada por el poder corrupto y disociador de la politiquería.

Quienes claman por la independencia de poderes, por la autonomía de los magistrados y  los diputados o los presidentes y ministros, hacen añorar una mención, una reflexión,  una consideración, al menos, a la autonomía e independencia de las personas, las familias y comunidades, atrapadas en estas luchas de poder, con más fuerza y perjuicio, entre mayor sea la intervención del proceso político en la vida social.

Mario Quirós Lara

La columna de Carlos Federico Smith: la próxima política fiscal de USA y posibles efectos sobre la economía costarricense

Al ser relecto, Obama deberá enfrentar la situación que en Estados Unidos se conoce  como el abismo fiscal (fiscal cliff en inglés). Lo más probablemente es que habrá un aumento sustancial en los impuestos de ese país, al volverse, a partir del primero de enero del 2013, a las altas tasas previas a la decisión del ex presidente Busch de reducirlas hace varios años. Pero este aumento de las tasas, del cual se excluiría supuestamente a los grupos de ingresos medios, no será suficiente para llenar el excesivo gasto público, lo cual también posiblemente va a requerir meterle un mordisco a las actuales exoneraciones tributarias. De esta manera el gobierno espera que la recaudación tributaria aumente sustancialmente.  

Aunque el desenlace de ese abismo fiscal también contiene un descenso significativo del gasto público, muy posiblemente lo hoy previsto será insuficiente para contener el enorme déficit estimado, por lo cual habrá presiones para que sea mayor la reducción del gasto gubernamental. Lo que es posible predecir es que este importante ajuste en las finanzas estatales dará lugar a un descenso importante en la tasa de crecimiento de la economía estadounidense. En resumen, en el 2013 e incluso durante un par de años más, además de preverse un menor crecimiento económico y posiblemente una recesión, habrá un alza importante en los impuestos de ese país y algún grado de reducción del gasto público, si es que efectivamente se pretende lograr algún grado de estabilidad en la economía, al menos en el largo plazo.

Estas decisiones de política fiscal tendrán un efecto interesante sobre la economía costarricense, que en los últimos años se ha visto estimulada por una fuerte inversión extranjera proveniente de los Estados Unidos, no sólo como medio de generación de divisas por exportaciones, sino para la creación de empleo.  Ello ha sido especialmente significativo en el marco de un crecimiento débil, como máximo, de la economía costarricense como un todo, durante los últimos tiempos.

Si aumentan los impuestos en Estados Unidos en la forma en que se ha previsto, probablemente provocará una salida de los capitales de ese país hacia naciones en donde el tratamiento tributario sea más favorable. Este flujo es de esperar que sea más importante hacia países que permitan un acceso relativamente barato hacia aquella economía. Con los mayores tributos, especialmente a las ganancias de capital y a las utilidades de las empresas, los rendimientos de las firmas en los Estados Unidos se verán reducidos significativamente, por lo cual los capitales buscarán otros sitios en donde el rendimiento neto después de impuestos resulte ser mayor. Costa Rica, hoy en día, cumple con los requisitos que permitan brindar ese acceso comercial relativamente expedito y económico hacia los Estados Unidos. Asimismo, con base en la experiencia observada en los últimos años, las empresas extranjeras que se ubican en el país, parecen haber logrado una estructura de costos tal, que les permite ese grado de competitividad necesaria en una economía globalizada. En resumen, Costa Rica, si bien compite con otras naciones en condiciones  similares en cuanto al tratamiento tributario de la inversión extranjera, posee un atractivo particular como es su proximidad al mercado estadounidense, lo cual la convierte un lugar al cual las empresas estadounidenses pueden llevar a cabo sus inversiones, sin tener que incurrir en los mayores impuestos que se proyectan en aquel país.
 

Por otra parte, el paquete recesivo que probablemente se aprobará en este segundo mandato del presidente Obama, ocasionará un descenso en el crecimiento de la economía estadounidense, lo cual se reflejará en una disminución de los ingresos de sus ciudadanos. Al bajar los ingresos de los consumidores estadounidenses, el efecto mundial es claro: habrá un menor gasto en importaciones de aquel país, con lo cual Costa Rica, entre otras naciones, verá disminuidas sus posibilidades de exportación.

Nos enfrentaremos, en mi opinión, ante dos fuerzas opuestas: un mayor atractivo  para la inversión estadounidense en Costa Rica y un descenso en la demanda de nuestros productos de exportación hacia los Estados Unidos.  Cuál de las dos será más poderosa, será cuestión de verlo con el paso del tiempo. Por supuesto, que de igual manera está por ver el posible efecto en el tipo de cambio, que en mucho dependerá de estas dos fuerzas en contraste.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: ¿Partidos liberales o liberalismo en partidos?

Cuando Friedrich von Hayek fundó, en la década de los 40, la Sociedad Mont Pelerin aconsejó a todos los liberales “no ensuciarse los zapatos en campañas electorales y predicar el libre mercado a los socialistas de todos los partidos” ¿Estaba Hayek en lo correcto?  El día de hoy en ASOJOD trataremos responder esa pregunta.

Primero que todo, es importante aclarar que cuando nos referimos a política y políticos estamos hablando de la formación de partidos políticos o la incursión de liberales en puestos públicos de poder con el fin de llevar a cabo políticas públicas. Por supuesto, es imposible desligar la política del ser humano pues en nuestra vida en sociedad tomamos decisiones, realizamos negociaciones y discutimos nuestras ideas, todo lo cual nos convierte, en cierta medida, en políticos. Al fin y al cabo, como diría Aristóteles, todos somos seres políticos. 

Ahora bien, ¿serán ciertas las palabras de Hayek de que es más conveniente para los liberales predicar e influenciar la implementación de políticas públicas de índole liberal que ocupar los puestos públicos y hacerlas? Algo parecido a una figura como la de Milton Friedman y sus influencias en el gobierno de Ronald Reagan o por medio de asociaciones o “think tanks”.

Esto tiene mucho sentido y basta con tan solo ver las experiencias en Costa Rica para darse cuenta. El Movimiento Libertario fue creado en 1994 con un ideal claro y era el de gobernar por medio de políticas liberales; un “partido ideológico”. En el tiempo hemos visto cómo este partido se ha visto desprestigiado por casos de abusos y descontroles, por concentración de poder e inconsistencias ideológicas. Con el objetivo de ganar más votos se vio tentado a olvidar muchos ideales liberales e, incluso, hoy día, ha pactado con un ex Presidente de la República condenado en firme por los Tribunales de Justicia por un caso de corrupción. Otra gran consecuencia, o tal vez la más nefasta, ha sido el inevitable desprestigio de parte de muchos ciudadanos hacia el concepto del liberalismo a causa de los errores de unos cuantos sedientos de poder o por la asombrosa incapacidad de nosotros mismos por explicar a las personas cómo nuestras ideas funcionan, así como por la también increíble capacidad que tienen los colectivistas de difundir su idea, en mucho ayudados por lo atractivo que suenan sus postulados para buena parte de la sociedad. 

En fin, todo esto es, hasta cierto punto, inevitable: los partidos políticos están formados por personas y las personas cometen errores, se dejan tentar por el poder y se obnubilan. Además, los partidos políticos evolucionan a medida que van creciendo y nunca se puede predecir a ciencia cierta hacia qué dirección van a evolucionar. No obstante lo anterior, en ASOJOD consideramos que si los liberales nos apartamos de la política, cometeríamos un gran error. Discrepamos un poco de Hayek pues creemos que el liberal puede y debe participar para defender sus derechos y libertades. Así como rechazamos el principio socialista de que unos deben velar por otros, que a unos les corresponde pagar para que los otros puedan tener oportunidades, que es válido que otros no asuman sus responsabilidades y se las trasladen a otros, también rechazamos que alguien más se encargue de defendernos, porque simplemente, no confiamos en que lo hagan. Por eso, tenemos que hacerlo por nosotros mismos: el imperativo kantiano de sapere aude (saber por sí mismo), se convierte en una máxima política de hacer por sí mismo. 

El liberalismo puede plasmarse en políticas públicas puntuales. Y, lamentablemente, por la configuración de nuestro sistema político y el contenido del ordenamiento jurídico,la única forma de modificar esas políticas públicas es mediante las instituciones formales, ello es, mediante los Poderes Públicos que tienen capacidad de decisión colectiva. Por ello, se necesita que buenos liberales, como lo ha demostrado ser Ron Paul en Estados Unidos, estén ahí para intentar detener todas las afrentas posibles que la fauna colectivista, bastante creativa, impulse. El reto está en mantenerse firme en sus convicciones, leal a sus principios, en no transigir sobre sus valores, algo que los Diputados que ha tenido el Movimiento Libertario, con excepción de Federico Malavassi y Mario Quirós, no han logrado. 

De ahí la necesidad de que, a pesar de las decepciones, los liberales no nos alejemos de la política. Debemos saber que si no estamos allí, nadie defenderá nuestras libertades. Por eso nos toca arrollarnos las mangas y aprovechar cualquier espacio que surja, sea en partidos liberales (retomando al Movimiento Libertario o impulsando uno nuevo, según sea el deseo de cada quien) o incursionando en otros partidos como un caballo de troya, tal como lo hizo Paul con el Partido Republicano 

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les ofrecemos el discurso de despedida de Ron Paul del Congreso estadounidense. Sin lugar a dudas Ron Paul se convirtió en los últimos años en el defensor más sistemático y articulado de la libertad. Los Republicanos perdieron una gran oportunidad al no escogerlo como su candidato para la presidencia, ya que él era la única persona capaz de devolver al partido a los principios que alguna vez abrazaron. Ahora sólo queda esperar y desear que alguien más asuma su estandarte...

Desde la tribuna: apuntes acerca del principio de acción subsidiaria del Estado

En términos muy sencillos, el principio de acción subsidiaria del Estado es una fórmula para determinar cuándo es aceptable la intervención del Estado en un área, materia, asunto o relación.

El Derecho de la Constitución, en general, garantiza a los ciudadanos un ámbito de libertad.  Es de suyo entender que el Estado no debe intervenir en tal ámbito. El artículo 28 de la Constitución Política, conceptuado por algunos como la definición ontológica de la libertad, luego de declarar el principio de libertad que corresponde a los seres humanos (“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.”) preceptúa, de manera indubitable, que “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” 

Evidentemente, tal norma constitucional impide la regulación de un ámbito de acción particular, poniendo como llave de acceso tres conceptos jurídicos, a saber, moral pública, orden público y perjuicio de tercero. Es evidente que la acción política ha procurado dar el significado más amplio a estas posibilidades de legislación. Sin embargo, allí está el límite, el cual se suma a la declaración de libertades y garantías que contiene la Constitución Política.  Lo que complica el panorama es que la Constitución también parece poner algunas llaves de intervención por otras partes (garantías sociales, derechos programáticos y otros conceptos jurídicos por determinar)

¿Cómo orientarse en la más correcta interpretación jurídica de la Constitución?  ¿Cómo definir adecuadamente los conceptos jurídicos indeterminados? Es obvio que al político siempre le estorbarán los derechos y libertades de los ciudadanos. Es indubitable, por ejemplo, que el Estado costarricense ha expropiado más que lo que ha podido pagar.  Entonces ha recurrido a otras formas de establecer limitaciones a la propiedad y a los derechos de los costarricenses. 

Por otra parte, es indiscutible el hecho de que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”. Constantemente anima a legisladores y funcionarios la idea de que están tratando de hacer el bien.  Olvidan que la propuesta maquiavélica de que “el fin justifica los medios” es inaceptable en el orden constitucional. No obstante, hay un tendencia en el poder a perpetuarse, expandirse y justificarse. El político quiere ser importante, su ego requiere de agradecimientos y poder hacer cosas por su gente, quiere “pesar” y no le conviene que cada cual tenga la solución para resolver su vida, pues necesita aportarla él, que le sea reconocido y también pregonado.

Estas meditaciones van dirigidas a quienes quieren saber cuál es el límite para la acción pública, no a los que buscan invadir la vida privada, arrebatar los derechos de los demás y erigir al Estado como el director de todo. Considero elemental repasar el tema a la luz de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento de John Stuart Mill, según fue expuesto en su “Ensayo sobre la Libertad” (1859). El texto de Stuart Mill, citado en extenso, tiene un gran valor argumentativo. Primero aclara que el primer límite para la intervención pública es la libertad.  Dice así: 
 

“He reservado para el final toda una serie de cuestiones sobre los limites de la intervención del gobierno que, aunque se hallan estrechamente relacionadas con el tema de este ensayo, no forman, en sentido estricto, parte de él. Se trata de casos en que las razones contra esta intervención no se refieren al principio de libertad; la cuestión no consiste en saber si es necesario limitar las acciones de los individuos, sino si se ha de ayudarlos; es decir, en saber si el gobierno debería hacer, o ayudar a hacer, alguna cosa encaminada al bien de los individuos, en lugar de dejarlos obrar por su cuenta, de modo individual o en asociación voluntaria.”

Y, reiterando que deja por aparte “la infracción o violación a la libertad, viene la argumentación central, las reglas para juzgar o permitir la intervención pública en la vida de las personas (reitero, siempre que no se afecte la libertad):  

“Las objeciones que se pueden hacer a la intervención del gobierno, cuando esta intervención no implica infracción o violación de la libertad, pueden ser de tres clases.

En primer lugar, se puede decir que existe violación de la libertad cuando lo que va a ser hecho va a ser hecho mejor por los individuos que por el gobierno. En general, no hay personas más capaces de conducir un asunto o de decidir cómo y por quién deberá ser conducido, que quienes tienen en ello un interés personal. Este principio condena la intervención, tan común en otros tiempos, de la legislación o de los funcionarios del gobierno, en las operaciones ordinarias de la industria. Pero esta parte del problema ha sido ya suficientemente desarrollada en obras de economía política y no guarda particular relación con los principios propuestos en este ensayo.

La segunda objeción se relaciona más de cerca con nuestro tema. En un gran número de casos resulta preferible que las cosas las hagan los individuos y no que las haga el gobierno, aun en el supuesto de que fuera más eficaz la intervención del gobierno en un asunto dado. De ello resultaría una educación intelectual para los individuos: una especie de robustecimiento de sus facultades activas al ejercitar sus puntos de vista, que les daría un conocimiento familiar de los asuntos en que han de actuar. Ésta es la principal, pero no la única, recomendación del juicio por los jurados (en los casos no políticos); de las instituciones municipales y locales, libres y populares; de la dirección de las instituciones industriales y filantrópicas por medio de asociaciones voluntarias. No son éstas cuestiones de libertad, con la que sólo se relacionan de modo lejano, sino que son cuestiones de desenvolvimiento. No nos corresponde aquí insistir sobre la utilidad de todas esas cosas como partes de la educación nacional; pero ellas forman de hecho la educación particular del ciudadano, la parte práctica de la educación política de las gentes libres, pues sacan al hombre del estrecho círculo donde la encierra su egoísmo personal y familiar y le acostumbran a comprender los intereses colectivos y el manejo de los asuntos ajenos, habituándole a obrar por motivos públicos o semipúblicos y a tomar por móvil de su conducta ciertos puntos de vista que le aproximan a sus semejantes en lugar de separarle de ellos. Sin estos hábitos y facultades, no se puede conseguir ni mantener una constitución libre, como a menudo lo prueba la naturaleza transitoria de la libertad política en los países donde no está asentada sobre una base suficiente de libertades locales. La dirección de los asuntos puramente locales por las localidades, y la dirección de las grandes empresas industriales por la reunión de los que voluntariamente aportan los medios pecuniarios, se recomienda, además, por todas las ventajas, indicadas en este ensayo, como algo perteneciente a la individualidad del desenvolvimiento y a la diversidad de modos de obrar. Las operaciones del gobierno tienden a ser las mismas en todo lugar. Por el contrario, gracias a las asociaciones individuales, y voluntarias se consigue una inmensa y constante variedad de experiencias. El Estado puede ser útil como depositario central y propagandista y divulgador activo de la experiencia que resulte de numerosos ensayos. Su función consiste en hacer que todo experimentador aproveche los experimentos de los demás, en lugar de no tolerar más que sus propios experimentos.

La tercera y más poderosa razón que hay para restringir la intervención del gobierno reside en el grave mal que resulta de aumentar su poderío innecesariamente. Toda función añadida a las que ya ejerce el gobierno es causa de que se extienda mucho su influencia sobre toda clase de temores y esperanzas, y transforme, cada vez más, la parte activa y ambiciosa del público en algo dependiente del gobierno, o de cualquier partido que tienda a convertirse en gobierno.”

Por su parte, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia, el principio de acción subsidiaria del Estado preceptúa que el Estado, en su actuación, debe conducirse de conformidad con reglas básicas: autonomía a los particulares si realizan una labor con suficiencia y eficacia; subsidiariedad (propiamente) o complementariedad para la iniciativa privada si hay insuficiencia; y supletoridad en caso de que la actividad particular no pueda desarrollarse ni con la complementariedad del Estado.

Tal principio es desarrollado en el Código Social de Malinas (Nº 47), la Encíclica Quadragesimo Anno (Nº 79 y 80), la Encíclica Mater et Magistra (Nº 151, relativo a la iniciativa privada y la intervencnión del Estado) y en la Encíclica Pacem in Terris (Nº 26, relativo al derecho a intervenir en la vida pública, Nº 62-64, relativos a los deberes de los gobernantes en pro del bien común, y Nº 73 y 74, relativos al acceso del ciudadano a la vida pública).

Esta doctrina es fundamental en la interpretación de los textos constitucionales en razón de que la reforma constitucional de 1943, la cual incorpora al texto constitucional la norma que actualmente ocupa el artículo 50 de la Constitución (sin el añadido, claro está, de la denominada “garantía ambiental o ecológica”, incorporada según Ley de Reforma Constitucional No.7412 de 3 de junio de 1994) relativa a la las garantías sociales y la intervención del Estado en algunas áreas de la vida social.           

El texto constitucional referido dice así: 

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.  (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.7412 de 3 de junio de 1994)”.  (Se ha destacado el texto original de la reforma de 1943, para que se separe del texto de la “garantía ecológica”)".

Son muchas las demostraciones y pruebas en el sentido de que tal reforma constitucional de 1943 se inspiró y fundamentó en la Doctrina Social de la Iglesia. Baste el respecto el mensaje de reforma constitucional correspondiente, preparado por el presidente Calderón Guardia, y la obra “Los principios cristianos de justicia social y la realidad histórica de Costa Rica (Guillermo Malavassi).  A pesar de que hay de por medio una Asamblea Constituyente, el último artículo de las garantías sociales también deja constancia de tal relación, al preceptuar que:

“ARTÍCULO 74.- Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.

De conformidad con esta reforma se originado una sistémica intervención del Derecho privado, que ha dado origen principalmente al Derecho laboral costarricense (Código de Trabajo, 1943) y al nuevo Derecho de Familia (el Código de Familia se aprueba cercenando dicha materia al Código Civil) y algunas otras muchas legislaciones posteriores."

En ellas se interviene una materia antes reservada a la legislación común y civil y se neutralizan o suprimen los principios de libertad (autonomía de la voluntad) e igualdad jurídica, propios del Derecho privado, para dar lugar a principios protectores y de naturaleza muy distinta.

La legislación e intervención del Estado costarricense en estas y otras áreas ha seguido moviéndose hacia más presencia e intervención, sin que haya suficiente evaluación de cuál es el principio orientador de dicha intervención.  Por ello es estratégico que se entienda cuán importante es determinar la existencia del principio de acción subsidiaria del Estado y contrastarlo con la legislación y actuación del Estado.

Es innegable que hay reglas intrínsecas de la propia Constitución que han de regir la interpretación de sus textos, sus alcances y los límites a la legislación y la intervención pública o gubernamental.

La Constitución de 1949 tomó como base la Constitución de 1871 la cual, a su vez, toma como fundamento la Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812). Quizás la reforma más profunda que tiene la Constitución es precisamente la de 1943 (sin entrar a discutir el valor de la incorporación de la Sala Constitucional en 1989). Ello, en términos simples, significa una Constitución clásica liberal con una reforma basada en la Doctrina social de la Iglesia.

Es un tanto de John Stuart Mill con los principios cristianos de justicia social.  Es una mezcla de los textos citados del “Ensayo sobre la libertad” con los principios de acción subsidiaria según la Doctrina social de la Iglesia.

Textos que, como puede verse, son muy semejantes en relación con la necesidad de entender límites a la acción pública o gubernamental, comprender la importancia de las personas hagan las cosas sin la intervención pública aún cuando no siempre las podrían hacer mejor.

Ahí quedan los textos para su contraste y estudio.  
   
Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: responsabilidad compartida

El accidente de la grúa en la autopista General Cañas, en mi opinión, tiene dos claros responsables: la empresa Grúas Quirós, dueña del vehículo pesado, y el estado costarricense.

El primero porque es la propietaria de ese vehículo que indebidamente circulaba por la autopista sin los permisos correspondientes, sin cumplir los requisitos necesarios y definitivos para obtenerlos, además de que, en apariencia, ya había sido conducido anteriormente en tales circunstancias, incluso transitó por el mismo lugar en donde ocurrió el accidente de marras. Además, circulaba sin que fuera precedido ni seguido de vehículos que indicaran la presencia de un equipo pesado en movimiento.

El segundo porque el puente Bailey sobre el cual se accidentó dicha grúa, no contaba con las advertencias necesarias en cuanto al peso permitido para poder pasar por él, así como tampoco en cuanto a limitaciones acerca del tamaño o magnitud del equipo. Asimismo, el organismo especializado en asuntos de infraestructura vial, el LANAMME, ha insistido en que los puentes Bailey no deben durar instalados más de dos meses; esto es, que son estructuras eminentemente transitorias, temporales. La verdad es que el Bailey en donde ocurrió el accidente tenía muchos meses más de instalado. Hay uno más de esos, a pocos metros de distancia de donde se cayó la grúa, que tiene ya varios años de instalado, como es el ubicado frente al Colegio Castella. En muchos lugares del país un gobierno poco previsor ha acudido a instalar puentes Bailey, supuestamente para solucionar una emergencia, pero que casi siempre terminan siendo estructuras permanentes.

Lo cierto es que el daño ya está hecho y ahora vienen los pleitos en cuanto a su cobro. Dichos daños no son sólo por la destrucción del puente Bailey, sino que también dio lugar a que se incurriera en otros costos por el cierre a que dio lugar.  Esto es, el mayor gasto en gasolina por las presas que ha originado, al tener que desviarse el tránsito por otras rutas, así como el tiempo que pierden quienes ahora deben circular por ellas.  Asimismo, ha sido necesario el cierre de ciertas escuelas de las zonas, se han perdido citas en hospitales de la zona, ha dado lugar a mayores costos de transporte de las mercancías que deberán ser cubiertos por los consumidores. Todo ello se traduce en costos o daños para la sociedad como un todo.

El problema con el accidente de esa grúa trae a colación uno mayor, cual es el mal estado de la señalización vial en nuestro país. Desde ahora debe preocuparnos la vigilancia, en un gobierno ansioso de agarrar plata a como haya lugar, que las autoridades van a hacer en cumplimiento de los límites de velocidad permitida en nuestras vías. Esto según la nueva Ley de Tránsito recientemente aprobada. La falta de indicadores de velocidad no permite a los conductores saber con qué rapidez pueden conducir, sin incurrir en multas onerosas. Los tráficos golosos harán un festín con los conductores mal informados. 

Tal vez podríamos aplicarle la grúa a un estado que ni siquiera es capaz de poner señales, que indiquen límites racionales e informativos a quien circula por nuestras  vías.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Democracia, doxa y República

Acaban de pasar las elecciones de Estados Unidos y ya se han presentado una serie de explicaciones para dar crédito a los resultados, las cuales se han centrado, sobre todo, en el cambio demográfico que ha atravesado el país en los últimos años. Independientemente de lo anterior, el día de hoy queremos centrarnos en una serie de incentivos perversos que presenta el sistema democrático, los cuales permiten la descomposición de lo que debiera ser un verdadero sistema republicano (frenos y contrapesos, con una clara delimitación del poder estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos).

Para dar crédito a lo anterior queremos enfocarnos en uno de los máximos problemas: el votante medio. Nos referimos a un votante totalmente desinformado, sin conocimiento alguno en áreas fundamentales para el entendimiento de las políticas públicas (Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Filosofía Política, Ética, etc), y divorciado de toda capacidad analítica y crítica (más que la crítica vacía y superficial de que "todos los políticos son corruptos"). En este orden de ideas nos llamó poderosamente la atención el siguiente video que ilustra este post.

Como pudieron observar, en él se aprecia un conjunto de votantes a favor de Obama quienes creen que las políticas impopulares que rechazan son del candidato contrario, cuando mas bien estas han sido políticas implementadas por el mismo Obama. No estamos sugiriendo de forma alguna que en el campo de Romney no existieran votantes de igual o mayor ignorancia, sino que lo que sugerimos es precisamente esta relación derecho sin responsabilidad, la cual se ha convertido en un verdadero problema del sistema democrático, máxime cuando tomamos en cuenta que los costos por este tipo de comportamiento irracional y desinformado no se asumen de forma directa por lo que hace aun más difícil que estas personas puedan salir de sus errores por mera praxis.

Así las cosas, no queda más que preguntarse qué hacer a este respecto. Algunos pensarían que el problema se resuelve con menos democracia (que sólo intelectuales puedan acceder al voto), pero esta en realidad no es la solución. La verdadera respuesta es el establecimiento de un verdadero sistema republicano que en razón de las competencias delimitadas del Estado vuelva irrelevante qué tan malos e ignorantes resulten ser los votantes y gobernantes. Por supuesto, queda una pregunta sin resolver: ¿cómo pasamos de este sistema democrático desbocado a un sistema republicano por medio de los mismos mecanismos democráticos? Definitivamente ese es el reto que se posa sobre muchos países en la actualidad, incluido el nuestro.

Viernes de recomendación

Para este día, en ASOJOD nos complace compartir con ustedes el libro "La virtud del egoísmo", de Ayn Rand. En él, la maravillosa pensadora explica, a través de una serie de artículos, la filosofía objetivista que desarrolló. Esta obra es crucial para comprender su pensamiento y atestiguar el supremo amor hacia la libertad y la racionalidad que desplegó una de nuestras autoras favoritas de todos los tiempos.

La columna de Carlos Federico Smith: un viernes confusamente negro

Hace pocos días, el Ministro de Hacienda, con base en la opinión de la Dirección General de Aduanas, informó que reiteraba su decisión de aplicar los impuestos de venta y de consumo, cercanos a un 36%, a las importaciones que los ciudadanos hacemos de mercancías adquiridas en el exterior, por medio de la Internet.

De esta manera, se echó para atrás la práctica de exonerar, por hasta $500, de impuestos arancelarios que los costarricenses podíamos disfrutar, con la presentación de nuestro pasaporte a la hora de des almacenar las mercancías que importáramos. Esto resulta ser especialmente significativo en momentos en que en Estados Unidos se celebra el llamado Viernes Negro, que no es sino una enorme rebaja en los precios que los comercios de ese país otorgan, creo que en el último fin de semana de noviembre. Los ciudadanos ya nos íbamos acostumbrando a esa enorme oportunidad de estirar nuestros ingresos, gracias a la competencia y al comercio internacional.

Pero ahora Hacienda le ha dado una interpretación a nuestros derechos, de manera que exige, para que sean aplicables, que esas importaciones puedan sernos sólo enviadas por parientes, por supuesto que en cantidades no comerciales, con lo cual se impide que, por ejemplo, uno pueda importar bienes que nos llegan adquiridos en empresas tales como Amazon, Best Buy, Macy’s, Penney’s o cualquier otro chinamo comercial que a Usted le da la gana comprar, a no ser que acepte pagar los impuestos arancelarios que ahora Hacienda desea cobrarle.

Se ha escuchado la opinión de profesionales especializados en esta lides, indicando que la anterior es una simple interpretación antojadiza de parte de Hacienda (y muestra de angurria, agrego yo), pues en el país no se ha efectuado el cambio requerido a la norma jurídica pertinente, de forma que pretende impedir que la importación se pueda lleva a cabo proveniente de una empresa comercial del exterior y sólo la acepta si le es enviada por parientes que se encuentren o viajen por el exterior.

Resulta ser muy poco clara la decisión de Hacienda, en especial después de que durante muchos años no existió tal impedimento y que no ha existido recientemente nueva legislación que defina esa interpretación que ahora hace el gobierno. Esta práctica de poner impuestos por la vía de la interpretación, da lugar a mayor incertidumbre en el país y desconfianza en cuanto a la vigencia de la ley.

Por supuesto que hay que preguntarse a quién se va a beneficiar y a quién se perjudica con la nueva medida.  El gobierno sin duda que impulsa la prohibición, a fin de lograr mayores impuestos por las mayores importaciones que supuestamente ahora van a realizar los comercios formales del país.  Pero esto no es tan seguro, porque bien puede estimular, una vez más in crescendo, las importaciones ilegales, mejor conocidas como contrabando. Así, el gobierno terminaría por agarrar poco o nada, además de que, tal vez, muchos ciudadanos de forma tajante decidan disminuir su consumo de esos bienes. En síntesis, podría darse que el gobierno termine agarrando migajas de la mesa.

Pero hay otro gran ganador. Tal vez los consumidores ya habrán notado que en Costa Rica, desde hace un par de años para atrás, también los comerciantes locales decidieron reducir sus precios en ocasión  del Viernes Negro. Sin duda que ello lo provocó la práctica estadounidense y la posibilidad de los consumidores de traer los productos por Internet. Al ahora encarecerse esta última posibilidad con la decisión reciente de Hacienda, los comerciantes locales tendrán menor competencia de precios por parte del comercio extranjero y no tendrán que reducirlos tanto para poder competir por la clientela. Por supuesto que el gran perdedor en todo esto es básicamente el consumidor (y si quiere agregue aquí las empresas dedicadas al transporte y trámite de las compras que se hacen por Internet).
Los consumidores sonamos en dos vías. (1) Si hacemos importaciones por el Viernes Negro, nos azotarán con mayores impuestos y (2) quienes compran aprovechando las rebajas en el comercio local a causa  del Viernes Negro, verán como éstas ahora ya no serán tan grandes.

Parece que aún hay tiempo para el “Salacuartazo” por la interpretación arbitraria de la ley que quiere hacer Hacienda. El amparo a tiempo nos podría permitir seguir disfrutando de ese derecho ciudadano que se nos quiere quitar.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el ocaso de la democracia costarricense

El día de ayer, La Nación publicó una encuesta donde revela algo que se ha convertido en una tendencia preocupante: el aumento de la cantidad de ciudadanos que están decepcionados de la democracia y prefieren, en su lugar, un autoritarismo. Según dichos datos, 43% de los encuestados aseguraron que es mejor tener otro sistema diferente al democrático, cuando dicha variable había registrado 22% en la encuesta de 2006.

En ASOJOD observamos con temor esta situación que va in crescendo, no por la defensa axiologica de la democracia, sino por la vulnerabilidad que amenazaría los derechos individuales. Nos explicamos. En reiteradas ocasiones hemos indicado que validamos la idea churchilliana de la democracia,  por cuanto, parafraseando al célebre ex Primer Ministro británico, ella es el peor sistema de gobierno, exceptuando a todos los demás. Lamentablemente, la evolución institucional ha llegado a un punto donde el abanico de opciones en regímenes políticos no es prolífico: dictadura, monarquía, democracia y anarquía, con variaciones de grado que las acercan o alejan del "tipo ideal" utilizando el concepto weberiano. Podríamos hablar del minarquismo, que dicho sea de paso, es un modelo más acorde con las ideas que sostenemos en ASOJOD, como un sistema donde el Estado debe proteger los derechos individuales de la coerción que pueda existir en las relaciones humanas, dejando todas las demás actividades humanas sujetas a la relación voluntaria y contractual de los individuos. No obstante lo anterior, y muy a nuestro pesar, el minarquismo no ha sido aplicado, al menos con claridad y decisión, en diferentes momentos históricos. Lo mismo podríamos decir de la anarquía, que pareciera ser solo posible en colectivos muy pequeños, aunque siempre con la duda de que la propia inexistencia de reglas es una regla que anula el significado literal del término. 

Independientemente de esta reflexión teórica, lo cierto es que la historia política de la humanidad se ha caracterizado, en diferentes momentos y con gradaciones diversas, en organizaciones monárquicas, dictatoriales (muchas veces siendo el mismo monarca el mandamás totalitario) y democracia (con más o menos peso de los derechos individuales y con formas de organización del gobierno parlamentario, presidencialista o mixto). En este sentido, consideramos que los datos de la encuesta antes mencionada, aunado a la vivencia por la que han pasado la mayoría de los pueblos latinoamericanos, son motivos suficientes para preocuparnos. Si la conclusión a la que se pudiera llegar al ver los números es que la gente apostaría por un modelo minarquista, celebraríamos con algarabía; pero el panorama no es tan alentador. Tristemente, cuando se observa que el porcentaje de personas que expresamente preferirían el establecimiento de un gobierno autoritario pasó de 11% en 2006 a 22% en este año, los temores comienzan a tomar fuerza. 

Si de ese 43% apuntado en el primer párrafo que prefiere un sistema diferente al democrático, un 22% expresamente escoge el autoritarismo, es dable pensar que el 21% no debe tardar mucho en convencerse de lo mismo. Si a eso se le suma el descontento manifiesto de la ciudadanía con el proceso electoral, reflejado en el abstencionismo (que ha subido como la espuma en los últimos tres comicios nacionales), entonces cada vez se vuelve más probable que unos pocos elijan a quien gobierne el país y con la flacidez institucional, el mal diseño de las reglas de juego constitucionales y la concentración de poder en pocas manos, no parece tan descabellado pensar que pronto el cerco contra la libertad se irá estrechando. 

Como lo dijimos antes, el motivo de nuestra preocupación no es la democracia per se, sino la protección de los derechos y libertades individuales. La democracia tiene muchísimos defectos, especialmente porque es un modelo que permite o posibilita la tiranía de las mayorías y aunque la teoría y práctica de los derechos humanos ha avanzado hasta un punto donde en casi todas las latitudes se impide que las mayorías decidan sobre algunos derechos de las minorías, lo cierto es que todavía persisten enormes violaciones a ese principio, especialmente en materia económica, donde se legaliza e institucionaliza el robo del producto del trabajo individual mediante impuestos, se empeña el futuro de las personas con endeudamiento estatal, las regulaciones que políticos y burócratas imponen a empresarios y trabajadores, etc. 

Y todos estos problemas se agravarían en caso de un gobierno autoritario. Si ya de por sí, el nuestro es un sistema político de partido hegemónico, en el cual el PLN tiene prácticamente copados todos los puestos de poder y la oposición es sumamente débil, desarticulada y golpeada por diferentes cuestionamientos (muchos de ellos impulsados por un sistema judicial parcializado), la existencia de un gobierno autoritario formalmente instaurado complicaría más la situación. No queremos ni imaginarnos cuán grave sería la amenaza contra las libertades económicas, así como las civiles y políticas. Sin duda, el escenario es, cuando menos, aterrador.

A pesar de nuestro tono negativo, no todo está perdido. El sistema político y el régimen democrático costarricense deben reinventarse para poder satisfacer los deseos, expectativas, intereses y valores de los ciudadanos. Se requiere mucha más participación de estos, más espacios políticos, mayor desconcentración de poder, fortalecimiento del sistema republicano de frenos y contrapesos, más libertad, menos Estado y un compromiso de los actores políticos para hacer las modificaciones correspondientes. Aunque suene difícil, todo pasa porque el ciudadano comience a exigir más poder y hacer valer sus libertades y derechos, en lugar de cruzarse de brazos y sentarse a esperar que los cambios surjan por sí solos.

La democracia costarricense, al menos en la forma en la que la hemos conocido desde hace años, está agotada y su ocaso se acerca. Depende de nosotros los individuos lo que surja en su lugar: un totalitarismo al estilo de los demás países latinoamericanos o una minarquía respetuosa de los derechos y libertades.

Viernes de Recomendación

El día de hoy les queremos presentar dos videos. Ambos videos analizan el sistema democrático y otros sistemas de gobierno colocando énfasis en el daño que puede causar la tiranía de las mayorías sobre la libertad de grupos minoritarios en sistemas democráticos si los mismos no están supeditados a un Estado de Derecho en el que haya certeza de que las libertades individuales de las personas no peligren por designios de las mayorías.

The American Form of Government

Should Majorities Decide Everything?

Jumanji empresarial: ¿comer qué?

Hoy en día, en nuestra vida cotidiana, las fuentes generadoras de ansiedad son numerosas, tales como cumplir con las fechas que impone nuestra agenda de trabajo, las reuniones aburridas que debemos atender, ciertos compromisos sociales que se nos presentan como impostergables, y muchas más. Pero, de todas las causas del síndrome de ansiedad (reacción autonómica destructiva que incluye hiperventilación y vasoconstricción, a la par de una decadencia inmunológica general), la más preocupante es la causada por la continua preocupación que nos causan las alertas de tipo de alimentario.

Y es que no resulta extraño, en la actualidad, sentarse a una mesa servida de alimentos deliciosos, o abrir una bolsita de algún bocadillo empacado, sin que alguien nos advierta de los peligros del contenido de grasa, azúcar, sal, condimentos y otros ingredientes comunes que existen en dichos alimentos. Estas intervenciones, por lo general no solicitadas, más que educarnos sobre aspectos nutricionales, terminan - en la mayoría de los casos - elevando nuestros niveles de ansiedad alimentaria. De esta manera, afectamos negativamente nuestro sistema digestivo y limitamos nuestras ayudas mecánicas y biológicas como la masticación y salivación, todo lo cual provoca que saturemos el estómago de alimentos mal procesados, sin la previa activación, por la parte de los sentidos, de aquellos mecanismos de producción de ácidos biliares y enzimas necesarias para que la comida nos alimente y no nos enferme.

Es importante tomar en cuenta que, en el proceso de nutrición, el QUÉ iguala en importancia al CÓMO, CUÁNDO y el CUÁNTO de nuestra ingesta diaria. No vamos a elucubrar, aquí, sobre las virtudes o deficiencias de la actual pirámide alimentaria, recomendada por los llamados expertos en nutrición; pero, a mi juicio, ella hipermagnifica el tema de la ingesta diaria de macronutrientes, necesaria para una vida saludable, al no tener en cuenta las diferencias en capacidad y estabilidad metabólica de los individuos.

Más allá de tal pirámide, nos enfrentamos en nuestro tiempo a muchas otras luces rojas - muchas veces exageradas - con nombres complicados: grasas trans, índice glicémico, calorías (métricas, comunes), sodio, mercurio, toxinas, alérgenos y otros ¡demonios! nutricionales, resaltados en las tablas nutricionales de publicación obligatoria, pero de lectura macro. Este nuevo marco alimentario hace que los seres humanos perdamos nuestra disposición instintiva de seleccionar, por la vía de nuestros sentidos - olfato, vista, gusto y aun tacto - los alimentos que comemos y disfrutamos.

Es cierto que no todas las grasas son iguales, que las insaturadas para “algunas” personas son mejores que las saturadas, y que las hidrogenadas lidian mejor contra la oxidación, pero estas tienden a favorecer la formación de colesterol y a causar daños al endotelio en personas propensas genéticamente. También es cierto que excederse en azúcar no es adecuado, sobre todo para los diabéticos, aunque cabe aclarar que el azúcar no es la causa de la diabetes tipo II, sino mas bien tiene sus raíces en una disbiosis intestinal y el síndrome metabólico que esto conlleva, aunado a una posible propensión genética. Y así, podríamos seguir elaborando argumentos acerca de las ventajas y desventajas de cada nutriente, olvidándonos de lo realmente importante: se come con los sentidos y no con el estómago.

Hay que disfrutar de la totalidad de la experiencia gastronómica, dejando que el olfato perciba una por una las especies aromáticas y, de este modo, preparar a la vesícula para que logre concentrar la mayor cantidad de bilis y para que las glándulas salivares cumplan la función de proveer a la boca la cantidad necesaria de saliva saturada de enzimas digestivas. A la hora de introducir un alimento en la boca, es mejor hacerlo lentamente, generando expectativa y masticando sin prisa, con el objeto de que la lengua sea estimulada con los desprendimientos iónicos de la sal, glutamatos, ácidos y otros exaltantes de sabor, completando de tal forma la maravillosa experiencia del buen comer. Con gran convicción, puedo asegurar que esta renacida sensibilidad se hará cargo de llevarnos hacia un mejor estado de salud física y, paralelamente, hacia una mayor comprensión de los diferentes efectos que cada alimento puede generar en nuestro cuerpo.

En la nutrición, muchas veces, lo que se deja de comer, es aun más importante que lo que se come. La disbiosis intestinal, es según recientes estudios, la causa más relevante de propensión a enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, síndrome de colon inflamado, cáncer y otras. El constante ataque a nuestro sistema digestivo, por exceso de uso de antibióticos, anti inflamatorios, alcohol y por la falta de consumo de fibras solubles e insolubles (prebióticas), nos hace vulnerables a la inestabilidad metabólica crónica y sus manifestaciones clínicas.

Tampoco es conveniente satanizar comidas específicas, como los bocadillos empacados,  dado que no existen comidas buenas o malas sino; sino más bien,  son los malos hábitos de consumo y actividad los que causan problemas.  Además, numerosos estudios han demostrado que la causa de condiciones crónicas, como la obesidad y la diabetes, no están relacionadas específicamente con el consumo de bocadillos variados.  Para muchos, los bocadillos y refrescos higiénicamente elaborados, o las comidas rápidas y de bajo costo, son la única fuente de energía de bajo costo a la que tienen acceso durante el día, lo que convierte a estos productos en verdaderas soluciones de consumo. Por esta razón, es inconveniente hacer sentir mal a los jóvenes que voluntariamente los consumen o a los trabajadores que con orgullo los producen.

Andrés Pozuelo Arce

Desde la tribuna: reacciones frente a las políticas europeas de austeridad

En expresión resumida, ¡todo se jodió en buena parte de Europa!

Hay una seria crisis económica que ataca duramente las economías familiares y personales.  En algunos países también se manifestó una grave crisis financiera (muy similar a la de los Estados Unidos de América).  Las consecuencias son graves, pues mucho se vino abajo:  ha subido de forma alarmante el desempleo, se secan las posibilidades, no hay para pagar la vivienda que se compró con hipoteca, hay problemas con el valor de los inmuebles, los bancos no reciben sus pagos y entran en complicaciones.

En pocas palabras, ¡después de un gustazo viene un trancazo!.  Muchos se comieron el jamón y ahora llegó la época de las vacas flacas.  

Lo cierto es que no todos los países están tan mal.  Algunos nórdicos han logrado vadear la situación y Alemania marcha bastante bien.  ¿Fórmula?  Los remedios de mucho trabajo, austeridad y más orden.  Parsimonia en el gasto y prudencia en muchas acciones.  No ha sido fácil, pero van saliendo bien.  

¿Cómo debe comportarse Europa?  Ahí viene el asunto complicado.  Europa ha manifestado su unidad pero ha impuesto normas de austeridad. 

El instrumento escogido es el TRATADO DE ESTABILIDAD, COORDINACIÓN Y GOBERNANZA EN LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA, hecho en Bruselas el 2 de marzo pasado (2012). 

La esencia de los compromisos europeos es la disciplina presupuestaria.  Se trata de lograr la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.  En palabras de las autoridades europeas, se pretende avanzar en el restablecimiento de la confianza en la Unión Europea y evitar que se repita la crisis de la deuda soberana. 

El texto del Tratado correspondiente dice  que se pretende “reforzar el pilar económico de la unión económica y monetaria mediante la adopción de un conjunto de normas destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto presupuestario, a reforzar la coordinación de sus políticas económicas y a mejorar la gobernanza de la zona del euro, respaldando así la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social.”

La disposición central del Tratado reseñado preceptúa lo siguiente:

“1. Las Partes Contratantes aplicarán, además de sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión Europea y sin perjuicio de ellas, las normas establecidas en el presente apartado

a) la situación presupuestaria de las administraciones públicas de cada Parte Contratante será de equilibrio o de superávit;

b)  la norma establecida en la letra a) se considerará respetada si el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5 % del producto interior bruto a precios de mercado. Las Partes Contratantes garantizarán la rápida convergencia hacia su respectivo objetivo a medio plazo. El calendario para lograr dicha convergencia lo propondrá la Comisión Europea tomando en consideración los riesgos específicos para la sostenibilidad de cada país. Los avances hacia el objetivo a medio plazo y su observancia serán objeto de una evaluación global que tome como referencia el saldo estructural e incluya un análisis del gasto excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos, en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado;

c) las Partes Contratantes podrán desviarse temporalmente de su objetivo a medio plazo respectivo o de la senda de ajuste hacia dicho objetivo únicamente en las circunstancias excepcionales definidas en el apartado 3, letra b);

d)  cuando la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de 
mercado esté muy por debajo del 60 % y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean bajos, el límite inferior del objetivo a medio plazo especificado en la letra b) podrá alcanzar un déficit estructural máximo del 1 % del producto interior bruto a precios de mercado;

e)  en el caso de que se observen desviaciones significativas del objetivo a medio plazo o de la senda de ajuste hacia dicho objetivo, se activará automáticamente un mecanismo corrector. Este mecanismo incluirá la obligación de la Parte Contratante de que se trate de aplicar medidas para corregir las desviaciones en un plazo de tiempo determinado.

2. Las normas establecidas en el apartado 1 se incorporarán al Derecho nacional de las Partes Contratantes a más tardar un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado mediante disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de otro modo plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales. Las Partes Contratantes establecerán a escala nacional el mecanismo corrector mencionado en el apartado 1, letra e), sobre la base de los principios comunes que proponga la Comisión Europea, relativos en particular a la naturaleza, el alcance y el calendario de la medida correctora que se adopte, igualmente en caso de circunstancias excepcionales, y a la función e independencia de las instituciones responsables a escala nacional de supervisar la observancia de las normas establecidas en el apartado 1. Dicho mecanismo corrector respetará plenamente las prerrogativas de los Parlamentos nacionales.

3. A los efectos del presente artículo, serán de aplicación las definiciones establecidas en el artículo 2 del Protocolo (n.o 2) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo a los Tratados de la Unión Europea.

A los efectos del presente artículo se aplicarán además las siguientes definiciones:

a)  por «saldo estructural anual de las administraciones públicas» se entenderá el saldo anual ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y las de carácter temporal;

b)  por «circunstancias excepcionales» se entenderá aquel acontecimiento inusual que esté fuera del control de la Parte Contratante afectada y tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas o aquellos períodos de grave recesión económica a tenor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, siempre que la desviación temporal de la Parte Contratante afectada no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.”

Quien lo quiera leer completo lo podrá encontrar en este link. 

Tales compromisos y remedios han concitado diversas reacciones, sobre todo de organizaciones gremiales, funcionarios y parados, que se han lanzado animosamente a la calle a protestar contra las medidas de orden y austeridad.   Han hecho marchas en la capital francesa convocadas por unas 65 organizaciones sociales, políticas y sindicales.  Hablan de “romper el muro del silencio e imponer un debate público sobre la adopción de esos pactos, aseguró Pierre Laurent, secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF).”

En Grecia hubo toda clase de desmanes, en Italia, Portugal y España han sido también miles de personas las que han protestado contra la austeridad, el orden presupuestario y los recortes.

Algunos manifestantes expresan que quieren enfrentar la crisis con una supuesta solidaridad y cooperación, haciendo de lado los programas de ajuste.  Los enervan los programas de ajuste y recorte presupuestario.  Los irrita la posibilidad de adoptar una  ''regla de oro'' que limite el déficit al 0,5% del PIB, como ya han tenido que hacer algunas legislaciones. 

Algunos autores, como Pierre Charasse por ejemplo, critican la imposición de “medidas de austeridad irreversibles.”

La crítica de Charasse dice así:

“¿Pero a qué precio, y en beneficio de quién? Nos dicen que las conquistas sociales como la seguridad social, las jubilaciones, los servicios públicos, grandes logros del siglo XX, son hoy el mal absoluto y que la única salvación es la destrucción programada del “modelo social europeo” para garantizar un mínimo de estabilidad macroeconómica.”

Charasse culpa a Alemania:

“En primer lugar la Alemania reunificada se volvió el gigante económico de Europa. Con el fin de evitar que el marco alemán se impusiera como moneda de referencia en Europa se decidió con el Tratado de Maastricht en 1992 la creación del euro como moneda única europea. Kohl aceptó, pero puso como condición la autonomía del Banco Central Europeo y se opuso a la creación de un gobierno económico europeo. Hoy vemos las consecuencias de este acuerdo, que deja a Alemania las manos libres para imponer su política a todo el continente, con el apoyo de Francia.”

Por supuesto, también culpa Charasse a los Estados Unidos:

“En segundo lugar, la ampliación precipitada de la Comunidad Europea al este, bajo las presiones de Estados Unidos, cambió radicalmente la esencia del proyecto europeo. Estados Unidos tenía prisa para consolidar su ventaja frente a Rusia. Los países ex comunistas fueron invitados a incorporarse de inmediato a la OTAN en los años 90, y en seguida a la UE en los años 2000: seguridad militar y estabilidad económica eran los dos pilares de esta estrategia trasatlántica concebida en Washington. En este contexto, la incorporación de nuevos miembros en un gran mercado, sin límites geográficos o históricos y sin un verdadero contenido social, marca una ruptura definitiva con la idea original de la integración europea.”

¿Qué quieren?  Al parecer quieren volver a los tiempos de antes, a las prácticas que los hicieron caer en las crisis.  A la manipulación gubernamental de los factores económicos para repartir dineros que luego faltarán y que obligarán a mayores medidas de orden. 

Están en una creencia, según la cual se puede obtener de la vaca carne y leche a la vez.  O sea, quieren seguir con las gollerías y administración que los llevó a la crisis, suponiendo que era sostenible.  Se niegan a entender la realidad.

Hay un marco jurídico, estructural y económico para las llamadas “conquistas sociales”.  Una vez que se excede este marco la cosa se descontrola.

La intervención gubernamental en algunas áreas de la economía es peligrosa.  Buena parte de la burbuja financiera crediticia, compañera de la “burbuja inmobiliaria” se origina en complacientes disposiciones gubernamentales con el crédito.  En la idea de que un poco más de plata hará feliz a la gente, las Administraciones concernidas no midieron las consecuencias de la demagogia en forma de impulso a los créditos “Ninja” (no income, no jobs, no assets, es decir: sin ingresos, sin empleo fijo y sin propiedades) y complacientes autorizaciones y habilitaciones para que las entidades financieras expandieran el crédito.

El reparto de gollerías, el abuso de las “conquistas sociales”, el efecto “buffet” en la seguridad social y legislaciones protectoras, las complacientes decisiones en torno a la expansión del crédito resultaron en unos años riquísimos para algunos:  mucha paga, mucho beneficio, mucho crédito, acceso a muchos bienes aunque no hubiera como pagar.   Ello era insostenible, en cada dimensión de tales disparadores de la crisis.

La culpa, por supuesto, no la tiene Alemania. La tienen los gobiernos demagógicos, el exceso de “conquistas sociales” insostenibles y la corrupción y corruptos que de mil maneras aprovecharon la situación (políticos demagogos, banqueros irresponsables, abusadores de las conquistas sociales y los miedosos que entendiendo lo que pasaba no lo denunciaron ni hicieron como pararlo).

Ahora algunos lloran por los beneficios insostenibles a los que tuvieron acceso:  comieron, bebieron, gastaron y dilapidaron, llegó la hora de pagar y sufrir.  El hecho es que, además, quedaron mal acostumbrados.  A puestos (tal vez no trabajos) con gran paga.  A muchos días feriados.  A vacaciones sin límite.  A crédito que daba acceso a toda clase de bienes.  En algunos de estos países el trabajo raso, rudo y sucio lo siguen haciendo los inmigrantes, pues los “parados” no quieren ni pensar en ensuciarse las manos.  ¡Qué vaina! 

En Francia se tramitan las reformas para la austeridad y la disciplina fiscal, pero … el presidente francés, François Hollande tiene una pretensión que se sumará a las de los que están contra la buena administración de los Estados.  Hollande declara impondrá un fuerte impuesto a los más ricos  (a todos los que ganan más de un millón de euros anuales, se cree que son unas 3.000 personas).  Pretende que paguen el 75% de sus ganancias durante dos años.  Según Hollande recaudará unos 2.250 millones de euros.

Creo que Hollande no recaudará dicha suma.  Lo que sí logrará es espantar a las empresas francesas, obligarlas a disponer de sus ganancias de otra forma, ponerlas a contratar auditores, contadores, asesores fiscales y “creativos” que buscarán cómo evitar tales pagos (con el consiguiente daño para todos). 

¡Qué daño hacen los demagogos, ocurrentes, estatistas y desordenados a las sociedades!  ¡Cuánto engaño y dolor producen!  Algunos no querrán entender nunca más cómo se genera la riqueza, el valor de la libertad, la importancia de la responsabilidad, lo esencial que es la economía de mercado y cuán genial es generar empleos.  Preferirán seguir en paro indemnizado, dejar que los inmigrantes hagan el trabajo, despotricar contra el orden y los ricos y esperar a que vuelvan los demagogos a repartir mentiras, ilusiones y semillas de futuras crisis.   

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: conflicto de intereses

Resulta muy interesante el intercambio de opiniones que se dio la semana pasada entre la Presidenta Chinchilla, principal funcionaria de gobierno en solicitar una rebaja en la tasa de interés que estaban cobrando los bancos comerciales del estado, y el doctor Fernando Naranjo, Presidente Ejecutivo del Banco Nacional, tal vez el defensor más destacado de la política de intereses que estas entidades han proseguido en los últimos tiempos.

Para limpiar la cancha o el intercambio de criterios -como usted lo vea- sí debo señalar que fue indebido el señalamiento hecho por don Fernando, de que tal vez la presidenta, “por no ser economista”, no entendía lo que opinaba acerca del tema en disputa.  Creo que no se necesita ser un economista para opinar del asunto. Además, es algo que bien puede interesar a la gobernante. Pero, ante todo, porque es de suponer que la presidenta se hace asesorar de economistas, al expresar opiniones en torno a temas como éste. No se necesita usar una presunta prepotencia del saber, para tratar de descalificar al más que legítimo interés de doña Laura, para que se le explique al país lo que ha sucedido con las tasas de interés cobradas por los bancos del estado. De paso, al igual que la presidenta, el ex Presidente Ejecutivo del Banco Central, don Jorge Guardia, entre otros economistas, ha opinado que en la actualidad dichas tasas son exageradamente altas. Yo también he expresado esa opinión.

Pero veamos las posiciones expuestas tanto por doña Laura como don Fernando y luego me meto en esa conflagración para darle mi opinión.

De acuerdo con la presidenta, las tasas de interés que en estos momentos están pagando los bancos comerciales por depósitos son muy elevados, en comparación con el equivalente que pagan los bancos comerciales privados (quienes se han visto obligados a seguir a los del estado, a riesgo de perder clientela) y sobre todo frente al mismo estado a través del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. La presidenta señala que ese mayor costo de los intereses simplemente se traslada a los actuales deudores de préstamos de esos bancos. Estos deudores han visto cómo se ha elevado fuertemente el pago mensual que deben hacer por sus obligaciones existentes con los bancos estatales y privados. Por ello, indicó la presidenta, ordenó una investigación (me imagino que de Hacienda y del Central) para para ver cómo se corrige ese comportamiento de los bancos estatales. Un efecto casi mágico del pedido de la presidenta es que, poco después, a la semana siguiente, la tasa básica pasiva, que refleja en parte esos altos intereses que los bancos comerciales del estado han pagado por recursos prestables, se redujo de 10.75% a 10.25% (medio punto) anuales, que, si bien sigue siendo alta, posiblemente a futuro será menor si es que tiene algún efecto la admonición de doña Laura. De hecho, lo que ella hizo fue pedir una reducción de las tasas pagadas por los bancos comerciales del estado a fin de obtener fondos, que luego trasladaba a sus deudores.

Poco después de que la presidenta se quejara públicamente, entre otros, don Fernando Naranjo expresó públicamente sus razones para oponerse a la petición de doña Laura. Lo primero que él dijo es que eso era de esperar que sucediera cuando no se aprobó el paquete tributario, pues entonces el Poder Ejecutivo tendría que acudir a un aumento de su endeudamiento, a fin de financiar su déficit. De esta manera no podía adscribirse a los bancos comerciales del estado una responsabilidad por el alza en las tasas de interés, sino a la mayor demanda del gobierno en los mercados internos de crédito. Don Fernando dijo, además, que la solución al problema de “insuficiencia de liquidez” ante la demanda existente en los mercados, quedaba en manos del Banco Central. Que éste lo que tenía que hacer para llenar esa demanda en exceso provocada por el gobierno, era aumentar la liquidez en la economía.  En sencillo –y esto es mío- que el Banco Central aumentara la emisión de dinero en circulación. Don Fernando indicó que en ningún momento esa presión sobre las tasas de interés se debía a problemas de liquidez en los bancos comerciales, como podía ser el caso si necesitaran recursos para satisfacer demandas de crédito de parte de su clientela.

En mi criterio, es cierto que hay una presión sobre los fondos de dinero de parte de un estado que gasta más de lo que percibe.  Esto es, que tiene un déficit el cual debe de satisfacer y por lo que acude a pedir dinero prestado en los mercados. Esto no es nada nuevo.  El problema está en que, precisamente, es el gobierno, derrotado por el pueblo en sus aspiraciones de llenar su hueco aumentando los impuestos, el que no ha acudido a disminuir el gasto público en lo requerido.  Esto es, el problema es un déficit que no se corrige y que se pretendió hacerlo aumentando los impuestos, a lo que, con toda razón, se opuso la ciudadanía.

Pero es absurda la sugerencia de don Fernando de que sea el Banco Central el que emita dinero, a fin de, supuestamente, crear la oferta de crédito necesaria en la economía que llene esa mayor demanda de fondos, impulsada principalmente por la necesidad de llenar ese déficit en el sector público. Valoro más la opinión de doña Laura, la no-economista, que la de don Fernando, el economista. Ello porque lo único que va a lograr con su sugerencia de que se dé una mayor emisión monetaria por parte del Banco Central, es un aumento de la inflación y, como la tasa nominal de interés incorpora un valor real más la inflación, lo que, entonces, el país va a tener es una tasa de interés mayor y nunca una menor.  

En tanto no se reduzca el gasto público (el buen esfuerzo que parece realizar el nuevo Ministro de Hacienda parece no ser suficiente), habrá presión para la existencia de una tasa de interés alta en los mercados locales. El problema es que ésta ya es muy alta, si tan sólo la comparamos con una tasa real de 2 o 3 por ciento más una inflación de un 5 por ciento.  Por ello me parece que la explicación de la conducta de los bancos comerciales del estado, podría más bien encontrarse en su necesidad de disponer de la suficiente liquidez, de forma que permita enfrentar las demandas de crédito por parte de sus clientes.  Eso es lo que debe ser valorado por quienes, en el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, deberán de expresar públicamente su criterio al respecto.

Jorge Corrales Quesada