La columna de Carlos Federico Smith: reserva de JAPDEVA se usó para otra cosa y ahora tendremos que asumirla

Una vez más se evidencia la irresponsabilidad de JAPDEVA. Resulta que compró unas grúas y otros equipos en alrededor de $16 millones, que hoy actualmente se usan muy poco. Lo increíble es que, al menos los fondos para las grúas, que costaron ¢15.000 millones, provinieron de una reserva que la institución había hecho para pagar las prestaciones de sus trabajadores, ante la eventual fuerte reducción de operaciones que habría cuando empezara a funcionar APM Terminals. 

Según lo indicó la anterior presidente ejecutiva de esa entidad, Ann McKinley, hubo tres razones para cambiar el giro al que estaban destinados aquellos fondos. Uno, que se debería “aumentar el perfil competitivo en un marco complementario” con la Terminal de Contenedores de Moín; segundo, que las proyecciones financieras de JAPDEVA no “incluían una disminución extrema del volumen de la carga,” y tercero, “porque todo el personal era necesario para las actividades en desarrollo.” Esto lo consigna el artículo de La Nación del 24 de julio, “Exjerarca de JAPDEVA justifica compra de grúas subutilizadas.” La decisión se dio porque “las instrucciones eran cumplir con las metas programadas,” supuestamente del presidente de aquel entonces, Luis Guillermo Solís.

Mientras que, en cierto momento de la comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la señora Ann McKinley, según indica el medio, dijo, “primero, que los fondos no se guardaron para liquidar a los empleados” pues no se previa una caída tan fuerte al entrar en operación el nuevo puerto, pero, luego, dijo que faltaron estudios que previeran ese impacto: “Sí, se hizo un estudio. En un primer momento la proyección era de 60% (de pérdida de carga); en un segundo momento, la estimación paso a 70% en 2017.” Entonces, sí se sabía de esa caída y aun así compraron grúas, asumiendo que siempre tendrían un alto volumen de carga en contenedores. 

Pero, hay más. Según declaraciones de la nueva presidenta ejecutiva de JAPDEVA, señora Andrea Centeno, esas grúas que se compraron “son especializadas para contenedores” y precisamente lo que haría APM Terminals, a partir del 2018, cuando obtuvo la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), era movilizar contendedores.  JAPDEVA sabía eso desde el 2012, al darse la concesión a APM del nuevo muelle y aun así se compraron esas grúas en octubre del 2015, por decisión de su Junta Directiva. La información está en La Nación del 10 de agosto, bajo el titular “JAPDEVA compró grúas para contenedores a sabiendas que las usaría muy poco.”
 

Además, a pesar de que desde el 2012 se le había indicado a JAPDEVA que debería reducir el tamaño de su personal, no lo hizo y la reserva para prestaciones establecida anteriormente en la administración Chinchilla (antes del 2014), se desvió hacia la adquisición de esas grúas. Esas grúas llegaron al país en agosto del 2017, pero no funcionaron eficientemente debido a fallas eléctricas, entrando en operación (en realidad, a medio operar, pues no había suficiente carga por contenedores para procesar) sino hasta febrero del 2018.
 

Ahora bien, ante la falta de plata para pagar sus prestaciones, JAPDEVA le pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de un presupuesto extraordinario para cubrir la planilla de 1.180 plazas. Aparentemente pronto se aprobará el proyecto, por el que “el dinero se empleará en financiar la liquidación de hasta el 80% del personal de JAPDEVA, mediante el pago de las prestaciones sociales” y, vean el obsequio de fondos públicos, con “bonos extra por cese y un subsidio para los que estén prontos a jubilarse.” Eso sí, se consideró que el monto presupuestado no será sino un préstamo, que JAPDEVA deberá devolver y que no sobrepasará de ¢10.000 millones.
 

Me atrevo a pensar que JAPDEVA nunca podrá devolver esa plata de los costarricenses. Cuando venza el plazo del préstamo, ni siquiera se acordarán de por qué era que se debía. O sea, salada la generación de contribuyentes de ese momento futuro, pues pasarán por pérdidas ese préstamo y tendrán que hacerle frente al vencer sin recuperación. Tal vez si vendieran los activos que le quedan a JAPDEVA a la empresa privada, para que esta lleve a cabo proyectos rentables con ellos (pues si no rápidamente quiebran), se podrá recuperar algo de ese bejuco a los contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: fue sin querer queriendo

Cuando leo artículo como el de La Nación del 18 de julio, bajo el titular “Error permitió avalar privilegios salariales derogados por la reforma fiscal,” no puedo impedir que llegue a mi mente aquella famosa frase del Chapulín Colorado. Simplemente es imposible pensar que se trató de un error de burócratas, quienes por años se han dedicado a revisar el contenido y procedimientos de las convenciones colectivas dentro del estado. Si hay quienes deberían conocer las limitaciones impuestas a aspectos propios de las convenciones colectivas, son precisamente los empleados del Departamento de Relaciones Laborales del ministerio de Trabajo, quienes parece que eligieron el camino de “hacerse los majes” ante lo que estaba frente a sus ojos: ajustes recientes a las reformas colectivas de cuatro importantes municipalidades del país.

Esas municipales, cuyos trabajadores se beneficiaron con la omisión ministerial, son la de La Unión (Cartago) -Tres Ríos para el vulgo- la de San Ramón (Alajuela), la de Desamparados y Pérez Zeledón (ambas de San José).
 

Veamos con más detalle las omisiones del ministerio de Trabajo en esas cuatro municipalidades:
 

1. Municipalidad de la Unión: Se avaló el pago de cesantía por 20 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, por la simple renuncia. En contraste, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de cesantía de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

2. Municipalidad de San Ramón: Se aprobó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Por el contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.

Asimismo, se aprobó que en la convención colectiva de esa municipalidad el pago salarial fuera bisemanal, mientras que la reforma en mención determinó que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

3. Municipalidad de Pérez Zeledón: Se autorizó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Al contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual que escila entre un 1.94% a profesionales y de un 2.54% a los no profesionales.
 

Igualmente, ese aceptó en su convención colectiva un pago de cesantía que oscila entre 8 y 20 años, según la antigüedad, y se da por despido o jubilación, así como ante la renuncia. En contraste, la reforma fiscal citada señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

4. Municipalidad de Desamparados: Se avaló el pago de cesantía hasta por 16 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, con la simple renuncia. A diferencia, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

También, en la convención colectiva aprobada por el ministerio de Trabajo se permitió que el pago salarial fuera bisemanal, en tanto que la reforma citada señaló que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

Igualmente, en cuanto a las anualidades, se accedió a que fueran el 2% del salario base, mientras que la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.
 

El ministerio Trabajo, por medio de su viceministro, Ricardo Marín, señaló al medio que necesitaba “llegar a esa verdad real de los hechos… necesitamos entablar esas responsabilidades (de los funcionarios del departamento de Relaciones Laborales al mando de Ronald Salazar)… y si hubo error, entablar las responsabilidades.” Estamos avisados de la intención de ese superior en el ministerio de Trabajo. No pensemos que posiblemente no se va a hacer nada y que todo terminará en una palmadita en el dorso de las manos de los responsables. Pero, si en verdad se da algo al respecto, lo que esperamos es que no sea hasta la próxima administración, pues el caso violatorio de la normativa parece ser evidente.
 

Ahora un camino radica en la derogatoria de esos privilegios citados, para lo cual será necesario acudir a los juzgados de Trabajo o a la Sala Constitucional, lo que augura un largo, pero muy largo, trecho y, de ser aceptado, ya no aparecerán quienes deberán devolver los fondos públicos recibidos de más.
 

Alternativamente, se podría renegociar la convención correspondiente, pero eso, ¡vean qué conveniente!, “requiere del acuerdo de ambas partes” y “las convenciones colectivas aprobadas tienen vigencia de tres años.” Nadie se la traga de que van a ir corriendo a renegociar esas convenciones, sino hasta después de esos tres años, cuando tal vez el tema se ha olvidado o ha prescrito.
 

Mientras que todo esto pasa, los ciudadanos contribuyentes de esos cantones pagarán esos privilegios. Ah, de paso, esas convenciones fueron firmadas, además de los dirigentes de los sindicatos, por los alcaldes correspondientes: 3 de ellos son de Liberación y uno del PUSC. No, si cuando se trata de repartir la plata de los ciudadanos, no importa el color político: son zorros del mismo pelaje.

Jorge Corrales Quesada

Lo s incentivos tienen efectos

Como noticia, el fenómeno que señala La Nación en su comentario del 8 de julio, “¢55.000 millones en ayuda social van a personas sin necesidades,” no es algo nuevo. Lo que sí es noticia es que, a pesar de esfuerzos reales o sólo simbólicos para poner orden en esa situación, las cosas no han variado mucho.
 

Ya en el 2015, el Estado de la Nación había informado de “personas de clase media y clase alta que recibían ayuda social”, así como también eran conocidos casos de gente que recibió bonos de vivienda sin cumplir con los requisitos o que una vez obtenidas los dueños las han alquilado y se han ido a vivir a otras. Tampoco han faltado cuchicheos acerca de gente que recibe tres o cuatro ayudas de diferentes entes estatales, para superar supuestas condiciones de pobreza. Pero, ahora con este informa que de nuevo hace el Estado de la Nación, basado en estadísticas del INEC conocidas como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el lapso 2016-2018, se valora, con datos, la magnitud -en lo posible- de fondos de programas de bienestar que van a dar a personas que bien se pueden mantener por sí mismas.
 

Incluso quien fuera ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, tomó medidas ante el primer informe citado del Estado de la Nación, lo que, según La Nación, logró disminuir el porcentaje de filtraciones (eufemismo empleado para señalar a personas que, sin tener los requisitos usuales de pobreza, reciben fondos de beneficencia estatal, que, vale la pena recalcar, no son sino fondos aportados por los ciudadanos contribuyentes) “de 29.6% a 22.3% entre el 2014 y el 2015.” Pero, para los años siguientes, indica el medio, el porcentaje de filtraciones se mantiene prácticamente similar.” (Me trajo a la memoria una persona amiga que le dio el voto al gobierno actual, porque en campaña le dijeron que le darían “una casita”. Por supuesto que no le han cumplido, pero habría que ver si las promesas de campaña se han traducido en una realidad).
 

En este último informe del Estado de la Nación, se indica que, de los ¢55.000 millones, ¢30.000 van a dar a esos infiltrados o colados en el IMAS (que creo es el ente más grande de subsidios de ese tipo, como alimentos, vivienda y educación) y ¢25.000 millones del Régimen no Contributivo de la Caja, según señaló una persona que conoce mucho de estos asuntos, el economista don Juan Diego Trejos.
 

Todavía más es que un 18.4% de quienes reciben ayudas son familias que “no la necesitan, porque sus ingresos son mayores” que los requeridos para recibirla, así como que 34.000 hogares que las reciben no son pobres y 1.050 hogares tienen ingresos superiores al millón de colones al mes y que con todo y eso reciben esos aportes estatales. Este tipo de fenómeno de infiltración o “colazón” también se presenta en el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y los CEN-CINAI.  

A su vez, el informe indica que hay tanto como “270.000 hogares en condiciones de pobreza (que) no son atendidos por el IMAS.”

El estado, indica el medio, tiene un proceso de control llamado Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), que reune toda “la información socioeconómica del 80% de la población costarricense,” aunque el medio indica que “no hay garantía de que el SINIRUBE se ponga en práctica en todas las sedes que otorgan ayudas a los segmentos más vulnerables del país y esto facilita que las filtraciones persistan.”

Lamentablemente, la filtración sucede hasta en “las mejores familias.” Por ejemplo, existe en países muy desarrollados como los Estados Unidos, pero es de esperar que la ayuda estimule a que haya quienes la prefieren a la opción de trabajar (eso en el marco de un desempleo elevado) o bien trabajan subterráneamente y complementan sus ingresos familiares con esos programas asistenciales. Los incentivos conducen a que sea la búsqueda de subsidios, necesario o no según la situación de pobreza, en vez de procurarse recursos mediante el esfuerzo propio.
 

El artículo es omiso en cuanto al origen de esas familias que reciben ayuda social. No es con afán chauvinista, pero, bien podría ser que la facilidad con que se logra esa ayuda, su monto y su diversidad de razones para recibirla, se conviertan en factor que atrae personas de otras naciones, principalmente vecinas, dada su situación peor en sus naciones de origen.
 

No deja de ser importante recordar que toda esa ayuda proviene de los contribuyentes y que ese uso de fondos para esos fines deja al país sin posibilidad de dedicarlos a otras cosas que los ciudadanos podrían considerar como mejores, ya sea mediante la acción personal de cada uno o para la provisión de bienes públicos por el estado. De esto casi no se habla en el país.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: algunas cosas acerca de las incapacidades laborales en el país

En cierta ocasión, un amigo me dijo que, si él se enfermaba grave, había pedido que no lo metieran al hospital, pues era allí en donde más gente se moría. En cierto grado tiene razón, aunque es posible que, si va al hospital, logre sobrevivir, no así si se queda en su casa. Lo es cierto que todo hospital es un lugar en donde llega todo tipo de enfermedades y con alta frecuencia, además de que es posible que sea un lugar con mayor posibilidad de contagiarse, comparado con ambientes externos (lo vemos al aparecer una infección bacteriana o viral en un hospital, cómo acuden a limpiarlo con rapidez para que otros pacientes no se infecten; ese contagio es casi que, naturalmente, menos posible en el exterior al hospital).
 

Así, tomo con un grano de sal el reciente informe de La Nación del 9 de julio del 2019, titulado “Empleados de CCSS se incapacitan 7 veces más que el promedio nacional,” pues, si bien debe estarse alerta acerca de posibles abusos con las incapacidades, no sorprende que, en la Caja, y particularmente entre los empleados de los hospitales, haya una tasa mayor de incapacidades.
No es extraño que, en números absolutos, la institución pública con más incapacidades sea la Caja, con 128.090 en el 2018. La siguen el MEP con 25.667, la Corte con 10.349, el ICE con 6.859 y el ministerio de Seguridad Pública (MSP) con 4.658 incapacidades, pues están entre los entes gubernamentales que más empleados tienen (56.735, 86.441, 12,792,12.985 y 16.531, respectivamente).
 

Es más interesante ver cuantas boletas de incapacidad por año por trabajador presentan esas instituciones. La Caja 2.26, el MEP 0.30, la Corte 0.81, el ICE 0.53 y el MSP con 0.28. Pero, aun así, uno esperaría que en la Caja hay mayor posibilidad de un porcentaje tan elevado de 2.26 por trabajador al año, mientras que el promedio del país es 0.3 veces al año (en el sector público de 0.65 por trabajador y en el sector privado de 0.2 veces).
 

El artículo citado presenta un cuadro que expone los porcentajes que, del total de incapacidades en el país, presentaron esas entidades de mi interés. En concreto, en el 2018, la Caja tuvo un 29.32% del total, mientras que en el MEP fue un 5.88%, en la Corte un 2.37%, en el ICE un 1.57% y en el MSP un 1.07%. Así, destaca claramente la Caja con el mayor promedio, en el 2018, de boletas de incapacidad anuales por trabajador, así como en términos del porcentaje que representan del total.

El análisis del medio de un posible abuso en las incapacidades, da la impresión de ser más agudo en la Caja, pero, debe tenerse presente lo indicado al principio de que los hospitales son centros de enfermedad y hay proclividad al contagio, así como, por su naturaleza, son obvio foco de transmisión de enfermedades contagiosas, además de tener exigencias laborales intensas de un servicio continuo las 24 horas y que la movilidad de ciertos enfermos exige mucha fuerza física del personal hospitalario. Ello puede explicar esa prevalecía de incapacidades. Incluso los hospitales tienen sistemas de vacaciones profilácticas para personal que labora en actividades muy propensas al contagio, como laboratorios y ciertas especialidades médicas, que incluye no sólo médicos, sino asistentes y personal especializado en manejar los desechos hospitalarios.
 

Pero, y no creo que el medio lo indica con intención malévola, señala que, en el caso de la Caja, de todas las incapacidades en el 2018, “la mayoría, 16.876 (13%) fueron por dolores de espalda (dorsopatías) y 16.045 (12%) por infecciones de las vías respiratorias...” Es razonable lo que indica Patricia Redondo, jefa del área de Salud Ocupacional de la Caja, al decir que “nos contagian con virus, bacterias, hongos; hay mayor tiempo de exposición,” y que, al enfermarse un empleado de la Caja, se “debe sacar” de los trabajos, “porque pueden enfermar a los pacientes,” al ser obvio que, si están en un hospital, es porque su salud es frágil y un contagio puede ser fatal. Dice el director de Bienestar Laboral de la Caja, el señor Luis Bolaños, que hay “ocupaciones muy distintas, la exposición a factores de riesgo es muy alta; hay riesgos biológicos, químicos, psicosociales, físicos, mecánicos y ergonómicos.” Me parecen muy razonables los motivos de una relativamente alta incidencia de incapacidades.
 

No obstante, creo que la institución debería ejercer mayor vigilancia en el manejo de la concesión de incapacidades, para que justificadamente se otorguen las debidas. Pero, es posible pensar que la proximidad laboral cotidiana y la facilidad en el acceso de los solicitantes a quienes aprueban las incapacidades, podría estar aumentando su número. De hecho, es eso no es de extrañar, pues llegan a nuestra memoria médicos que otorgaron incapacidades a personal del MEP que estaba en paro en una de las últimas huelgas, y que se supo que se habían ido de vacaciones fuera del país (nunca se supo si las tomaron internamente, pues no hay el control de los aeropuertos). 

Es natural que esa proximidad física aumente el número de incapacidades, pero si hay abuso, se afecta a los ciudadanos, que son quienes, en última instancia, financian los gastos de la Caja. Esta impresión puede también ser válida en los demás entes estatales que, en comparación con los trabajadores del sector privado, según una muestra de 200 instituciones estatales, resultó, en el 2018, con un promedio de incapacidades de 0.28 de boletas anuales por trabajador, y que el equivalente en el estado es de 0.65. Suele haber médicos que dan incapacidades en esas entidades públicas.

Independientemente de lo dicho, no sobra sugerir que las autoridades supervisen en cada entidad los procedimientos y manejo de las discapacidades, para eliminar cualquier abuso posible, debido al amiguismo lógico que suele darse. Si hay abusos son costos que se le cargan indebidamente a toda la ciudadanía contribuyente. Es legítimo que haya esa seguridad de la salud del trabajador, pero debe evitarse cualquier abuso.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: más proteccionismo ad portas

La marea proteccionista no cesa de arribar. Uno puede haberse ilusionado que en cierto momento ella se hubiera detenido, aunque fuera en algún grado, pero la reducción arancelaria, que beneficia a los consumidores, tenía excepciones que se resumen en una desgravación a lo largo de varios (muchos) años. La ilusión es que algún día llegará la hora en que el arancel será sumamente bajo, alentando así a que la competencia externa pueda vendernos productos esenciales más baratos.
 

Es cierto que ya han pasado muchos años desde que se dio el proceso de apertura comercial de nuestra economía, y que aún no se termina el proceso de desgravación, pero, en realidad, la cosa es más grave. Sabemos de la vigencia del proteccionismo a los arroceros, así como también la pretensión -afortunadamente rechazada. En su momento, por el ministerio de Economía- de aumentar el arancel a la importación de varilla de construcción. Ahora, el monopolio doméstico del azúcar (lo llamo así, pues es un cartel que pretende operar como un solo vendedor en el mercado) pide que el arancel proteccionista sea incrementado.
 

La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) le pidió al ministerio de Economía (MEIC) que haga un estudio para imponer mayores aranceles a los hoy vigentes a la importación de azúcar -actualmente un arancel de poco más del 45% sobre el precio de importación. En el 2017 ese gremio había solicitado un aumento del arancel proteccionista de un 6.8%, pero el gobierno (siguiendo el camino proteccionista lo aumentó, pero en menos; en un 3.67%). Ahora la LAICA vuelve a las andadas y cabildeos y pretende que el gobierno utilice las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para casos de dumping, con la denomina cláusula de salvaguardia, que no es sino una limitación más a la importación del producto.
 

La cláusula señala que un país puede restringir temporalmente las importaciones de un bien que compite con una producido domésticamente, para proteger a aquel país de un aumento en importaciones que amenace o cause un grave daño a la producción doméstica. LAICA pretende que se aplique esa cláusula para frenar importaciones de Brasil (y tal vez del mercado mundial, pues los precios han bajado) y que luego que se imponga un arancel, definido por el MEIC, que se adicionaría al ya vigente del 45%.
 

El precio del azúcar al consumidor no está fijado por ley, de forma que importaciones a un costo menor (con todo y esos aranceles ya de por sí elevados) le impiden al cartel elevar el precio al consumidor y al usuario doméstico del azúcar.  Es de esperar que, si la fuente de la competencia externa se extingue, primero, con la cláusula de salvaguardia y, luego, con el posterior aumento en el arancel, habrá una reducción de la oferta de azúcar en el mercado doméstico, lo que permitiría elevar su precio.
 

Al momento de la información base que aparece en La Nación del 9 de julio, titulada “LAICA solicita al MEIC elevar arancel a azúcar importado,” el ministerio rechazó tomar la medida temporal de cerrar importaciones, en tanto investiga la acusación de dumping para lo que proceda. Ojalá que, cuando el MEIC tome la opinión de las “partes involucradas,” esté presente el invitado invisible a esas reuniones: el consumidor que debería ser libre de escoger el producto al menor precio posible y con la mejor calidad, sin imposiciones de algún gremio específico que quiere imponérselos a un mayor precio. Después de todo, son los consumidores el objetivo final de una economía: satisfacer sus deseos y necesidad de la mejor manera posible.  Si se remueven los aranceles proteccionistas podremos adquirir una azúcar más barata y de igual calidad, para beneficio de los 5 millones de consumidores.
 

Teniendo en mente las palabras de una escritora, Caroline Breashears, refiriéndose a acuerdos proteccionista con la industria azucarera de su país, y que son perfectamente aptas para nuestra circunstancia, reafirmo que “Los acuerdos endulzados con la industria del azúcar dejan un sabor amargo en las bocas de los consumidores.”

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un llamado de atención oportuno ante un nuevo privilegio

Muy a tiempo es el llamado que hace la Procuraduría General de la República, por medio de su procurador general, don Julio Jurado, acerca de un proyecto de ley en proceso de aprobación legislativa, que concedería un nuevo privilegio para unos 276 empleados de JAPDEVA. Ello como resultado del proceso de reforma a JAPDEVA, cuya seria situación financiera es bien conocida por todos los ciudadanos. Se ha estimado que financiar las prestaciones del 80% de los empleados requerirá de la “pequeña” suma de ¢16.236 millones y que hoy no se tienen; pero, ya sabemos de dónde saldrá.... de un presupuesto gubernamental que utilizaría los ya elevados impuestos a los ciudadanos contribuyentes.

Con dicho proyecto esos trabajadores recibirían cada mes antes de su jubilación, un monto mayor al que les correspondería como pensionados del sistema del IVM de la Caja. Esta pensión mayor se pagaría a empleados mayores de 55 años hasta que cumplan con la edad y cuotas correspondientes al IVM. Lo que parece ser relativamente inocente, crearía un privilegio, pues, al ingresar finalmente al IVM, la pensión se reduciría, lo que ocasionaría reclamos al estado para que lo cubra mediante el presupuesto de la República; esto es, con el aporte de todos los contribuyentes.

Eso lo informa La Nación en su artículo del 10 de julio, titulado “Procuraduría alerta de alza en pensiones de JAPDEVA.” Recuerde que, además, la propuesta del gobierno “establece bonos de hasta ocho salarios a los trabajadores que acepten el despido.” Esa adición a la pensión haría que los prejubilados de esa entidad reciban como pensión un total el 64% de los sueldos, mientras que en la Caja sería del 60% de los sueldos. En el primer caso, el monto se basaría en el promedio de los 12 salarios más altos de los últimos 5 años trabajados, mientras que en la Caja lo es el promedio de los últimos 240 salarios. 

El plato está servido para que, al pasar al IVM de la Caja vengan luego las demandas por las rebajas que experimentarían. Esta situación no es nueva: se dio cuando se otorgaron esas prejubilaciones a los empleados del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), que terminó en la aprobación legislativa de nuevas leyes para resolver la diferencia, por supuesto que “cargándolas al Presupuesto Nacional, que en eso es lo que terminaría actualmente,” indicó el Lic. Jurado.
Estamos avisados y hay que parar de inmediato ese gol que se nos quiere meter o bien, como siempre, el golazo será en contra de los contribuyentes, quienes seguiremos pagando pluses y privilegios de todo tipo que existe el sector público.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: problemas de sostenibilidad en pensiones del Banco Nacional

Otro fondo de pensiones, en este caso el Fondo de Garantías y Pensiones de los Empleados del Banco Nacional, tiene problemas de sostenibilidad a futuro. Lo expone el comentario titulado “Pensiones del Nacional urgen de drástica reforma,” en La Nación del 6 de mayo.
 

Hoy ese sistema particular de dicho Banco citado, obligatorio para sus empleados, se financia con el aporte de los 5.312 trabajadores activos en la actualidad, con un 5.5% de su salario, y otro del Banco, con un 10% del salario. Eso significa que nosotros, presuntamente dueños de ese banco estatal, somos quienes, en esencia mediante la generación de utilidades del banco, financiamos esa porción del fondo de pensiones de los empleados del Banco, al incorporarse en los costos de los intereses, principal origen de ganancias del banco, que pagan quienes piden préstamos en ese ente.

Ante lo expuesto -declaro mi ignorancia- y más bien, pregunto si el aporte patronal, en este caso el estado, para las pensiones de esos funcionarios, se limita a ese régimen o si el propietario (y estado) también aporta para las pensiones del IVM de la Caja del Seguro Social. O sea, ¿el empleado del Banco Nacional termina con dos pensiones, una de su propio sistema y otra, de la Caja? Me imagino que eso no es así y que reciben sólo la pensión propia de su régimen del Banco y no también la de la Caja. (Pregunta lícita en estos oscuros regímenes de pensiones en Costa Rica...).
 

En todo caso, tal como van las necesidades actuariales de ese fondo de pensiones, se presentará un déficit que deberá subsanarse, según estudio de la empresa Ernst & Young, mediante cuatro sugerencias (al menos las indicadas por el medio) que brinda para su solución, que creo, en su mayoría, están justamente encaminadas. Primera, que el aporte de los empleados pase de un 5.5% a un 11% de su salario. Segunda, que, para aquellos pensionados que en la actualidad tienen una pensión mayor a ¢1.5 millones al mes (superiores a la más alta del régimen del IVM de la Caja), se introduce una “contribución” del 10% de la pensión. Según cifras actuales, recaería en 151 pensionados que ganan una superior a ¢1.5 millones. Tercero, “reducir o eliminar las jubilaciones por sucesión;” esto es, la que reciben cónyuges o hijos cuando muere el pensionado.  Cuarto, revalorizar el “monto de pensión menor para los jubilados con pensiones altas,” lo que, según entrecomilla el medio, “contribuye a disminuir la inequidad generacional,” cosa que, honestamente, el medio no explica con claridad.
 

Será la Junta Directiva del Banco la que definirá cuáles propuestas y en qué términos serán puestas en vigencia.
 

En ese fondo, al momento, 12 personas reciben una pensión de más de ¢4 millones al mes, 7 entre ¢3 y ¢4 millones, 33 entre ¢2 y ¢3 millones y 99 iguales o mayores a la pensión máxima del IVM de la Caja (aproximadamente ¢1.5 millones). A la fecha, el total de pensionados de ese régimen asciende a 1.505 personas, con una pensión promedio de ¢921.470 al mes (no obstante, el cuadro de estructura de beneficios que desglosa las pensiones por rangos en el 2108, indica un total de 1.483).
 

En principio, el fondo de ahorro para que los empleados tengan sus pensiones propias es conveniente, siempre y cuando sea exclusivo y que, por otra parte, no reciba aportes de ciudadanos contribuyentes, sino que lo financien con sus propios aportes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: a entrarle pronto y firme a los privilegios de las convenciones

Recientemente, la Sala Constitucional ha estado poniendo algún grado de orden en los beneficios o pluses contenidos en convenciones colectivas, si bien puede considerarse como insuficiente y que sigue siendo elevadamente gravoso para los contribuyentes. A pesar de ello, la Sala IV ha estado revisando esas convenciones colectivas, aunque aún hacen fila resoluciones sobre las convenciones de 18 municipalidades, 14 organismos gubernamentales descentralizados y la del ministerio de Educación Pública.

Debe reconocerse el esfuerzo de la Sala para, por ejemplo, eliminar el privilegio que había de cesantías mayores a los 12 años, y que recientemente se eliminó ese privilegio en las convenciones de las municipalidades de Abangares, Carrillo, Coronado y Santa Cruz, al igual que en la Universidad Nacional. A la vez, hace poco eliminó 11 beneficios de los trabajadores de RECOPE, al igual que algunos (12) de la convención de Instituto Nacional de Seguros. Si bien debe reconocerse que se han eliminado un total de 55 beneficios, que se han rechazado 10 cuestionamientos y que 21 reclamos se han declarado, sin lugar, todavía falta más y ojalá se resuelvan pronto y con firmeza. (Ojalá que pronto le entre a los privilegios del sistema de pensiones del Poder Judicial: la justicia entra por casa). La información proviene del artículo de La Nación del 3 de junio, titulada “Sala IV examina los beneficios de 33 convenciones.”

Los siguientes son los beneficios cuestionados ante la Sala y en qué instituciones principales se objetan. No olviden que somos los contribuyentes y, en algunos casos, los usuarios de los servicios o productos, quienes terminamos pagando por estos costos:

1. SOBRESUELDOS: “Son pagos porcentuales o montos fijos a la base salarial reconocidos en la convención colectiva y que constituyen un egreso para la institución.” Entre los principales entes cuya convención colectiva se analiza por la Sala IV acerca de este privilegio, están: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular y la UCR.

2. CESANTÍA: “La Sala IV estableció un tope de 12 años para este pago.” Estos son los entes principales a los que se les está analizando este privilegio: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular, INS, Fuerza y Luz, Tecnológico y la municipalidad de Cartago.

3. INCENTIVOS ECONÓMICOS: “Son aquellos que se pagan de forma excepcional y no son continuos (financiamiento de actividades sociales, educativas o deportivas).” Entre las entidades principales cuyos privilegios se analizan están: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular, INS y la Junta de Protección Social.

4. BENEFICIOS A EMPLEADOS: “Aquellos que no son una remuneración adicional al salario (permisos).” Las principales entidades a las que la Sala les evalúa este privilegio son: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular, UCR, INS, Junta de Protección Social, ministerio de Educación Pública y el INA.

5. BENEFICIOS SINDICALES: “Incluyen gastos sufragados por la institución a sindicatos y sindicalistas; así como uso de bienes públicos por parte de la agrupación gremial.” Los entes principales cuyas convenció se estudia por la Sala Constitucional son: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular, UCR, INS, Junta de Protección Social, ministerio de Educación Pública y el INA.

Ojalá se vaya limpiando la cancha gradualmente en cuanto a estos privilegios de convenciones colectivas, y que no se siga el camino de pasito lento que vemos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, para eliminar otros gastos totalmente injustos, como las pensiones de lujo. Todo esto es un asunto tanto fiscal como de justicia.

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el Gobierno nos endeuda para pagar pensiones cargadas al Presupuesto Nacional

Sabemos que las llamadas pensiones de lujo se encuentran en sistemas cuyos pagos se cargan a todos los contribuyentes, mediante el presupuesto del gobierno. Asimismo, nos hemos dado cuenta que esta administración acude, para llenar su hueco fiscal, no sólo a aumentar los impuestos y reducir el gasto, aunque en grado mínimo, sino también a endeudarse, tanto en el mercado nacional como internacional.

Un comentario de La Nación del 27 de mayo, titulado “País se endeuda para cubrir las pensiones cargadas al Presupuesto,” resalta que no sólo las generaciones actuales estamos siendo acogotadas con mayores impuestos, sino que igualmente lo serán las venideras. Esto último porque, aunque se dice que es aceptable que un país se endeude, si usa los recursos para invertirlos en activos que rindan más que el costo de ese financiamiento, claramente este no es el caso, a menos que algún burócrata acuñe la palabra mágica “inversión,” aplicada a gastos corrientes del gobierno, como son esas pensiones a cargo del fisco. A futuro, al tener que devolverse el dinero pedido prestado, más los intereses, se impondrán nuevos y mayores impuestos para hacerles frente.

Según el artículo citado, el 21% de los ¢1.06 miles de millones (¢225.830 millones) que se deben pagar cargados al presupuesto público en este año, tendrá que financiarse con la colocación de deuda por el gobierno. Y, por supuesto, los restantes ¢834.607 millones saldrán de los impuestos que pagamos los ciudadanos.

En verdad, acudir al endeudamiento para pagar pensiones no es nuevo en el gobierno (se endeudó “en el 2002 y el 2003, pero los montos captados” equivalieron a “casi un 3% del gasto total” en esas pensiones). “En el 2009… se disparó” así como en el 2013, pero “en ambos casos, el monto captado significó menos de una cuarta parte del gasto total” en esas pensiones. La diferencia es que el monto de endeudamiento de este año es el más alto de los últimos 16 citados y que, tanto en el lapso del 2010 al 2012 como en el del 2014 al 2018, no hubo financiamiento de esas pensiones mediante la colocación de deuda. Antes esto, podemos decir que vale la pena estimar si en años próximos seguirá el gobierno endeudándose para su financiamiento.

Recordemos que las pensiones cargadas a los presupuestos públicos son las de ocho regímenes contributivos, entre los que destacan el Magisterio Nacional, Hacienda, Poder Legislativo y Obras Públicas y Transportes, así como las de seis no contributivos, Beneméritos, Guardia Civil, Gracia, Expresidentes de la República, Víctimas de Guerra y Premios Magón.

A fines del 2018, del 100% de pensionados a cargo del presupuesto gubernamental, un 70% era del Magisterio Nacional, que absorbe, según indica el medo con base en información del ministerio de Hacienda, casi un 75% del egreso anual. En segundo lugar, casi un 10% del gasto total va a pensionados por Hacienda y exdiputados, en donde, de un total de 6.533 pensionados, “hay 200 que fueron legisladores.” 

Algo bueno que señala el medio es que, según un informe de la Contraloría General de la República, sobre el presupuesto público del 2019, “Las reformas legales de creación de una contribución especial solidara (sobre los pensionados de lujo) y la eliminación de la revalorización del 30% en el monto de la pensión de los exlegisladores, aminoró el crecimiento del gasto en el pago de beneficios,” el cual se estima se incremente este año en un 2.8% con respecto al anterior. 

Así, prosigue el serio problema de la insuficiencia de los fondos de pensiones citados y, lo más grave, es que los recursos impositivos (incluso con los nuevos y mayores impuestos en este año), no son suficientes, sino que, una vez más, desde el año 2013, se acude al endeudamiento para sufragarlos. Lo que esto nos dice es que, mientras no se le entre en serio a que las pensiones no dependan de los presupuestos públicos, y que no se termine con las pensiones de lujo, difícilmente se alivianará la carga sobre las espaldas de los contribuyentes, tanto los actuales, como los futuros.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la lucha contra el bienestar de la ciudadanía

Al igual que con Uber, una actividad económica innovadora dentro de lo que se conoce como economía participativa, ahora intereses creados en contubernio con un estado complaciente le han puesto la puntería a la empresa Airbnb puntería para impedir que los ciudadanos progresemos ante los avances tecnológicos.
 

Esta empresa sirve de intermediaria entre “dueños de casas, apartamentos o cuartos y los usuarios que buscan un hospedaje no tradicional. En la plataforma digital, los propietarios ofrecen sus servicios y los clientes reservan en la opción que más les conviene,” según indica La Nación en su comentario del 27 de mayo, “Airbnb lanza campaña contra proyecto que le impone pagos.”
 

Una virtud de este tipo de “economía participativa” es facilitar a dueños de esos activos mencionados que generen ingresos que, de otra manera, no tendrían, pues están ociosos, o son parcialmente utilizados en tiempo y espacio, sin generar riqueza alguna. Gracias a aquella, nuestra economía hace un uso más eficiente del capital escaso en forma de viviendas, apartamentos y habitaciones. Esto es progreso, pues la alternativa es no generar un rendimiento, sino sólo, tal vez, algo de satisfacción por el uso o no uso de sus dueños. El mercado acude, una vez más, dando opciones a mucha gente para que pueda hacer un mejor uso de sus activos.
 

También, mucha gente que viaja puede preferir este nuevo tipo de alojamiento, pues no sólo se traduce en un ahorro de recursos ante alternativas tradicionales, sino que les puede parecer un ambiente más agradable y hasta familiar y de amistad con los criollos, algo que tal vez no encuentran en otras alternativas, además de condiciones físicas que aprecia más, como la ubicación del alojamiento.
 

Pero, se busca obstaculizar que el costarricense sea libre de usar mejor esos bienes propios, sin que con ello se afecte a nadie, excepto a potenciales competidores, lo que es deseable y se llama competencia. Al igual que con Uber, que se ha ganado la buena voluntad de la ciudadanía ofreciendo servicios mejores y más baratos, el gobierno ahora busca meter sus manos para que ese beneficio no llegue a plenitud a las partes, pues, además de los dueños nacionales de esos activos, también el extranjero que alquila por medio de Airbnb lo hace voluntariamente: de no ser así, no lo haría.
 

A la vez, el gremio tradicional de hotelería buscaría impedir esa competencia, aunque en algunos países ya ciertos hoteles, incluso de cadenas reconocidas, ha puesto en práctica una forma de alquiler como la de Airbnb: simplemente entra en acción la soberanía del consumidor y el deseo de obtener ganancias del empresario, al ofrecerles a los consumidores el servicio que demandan.
 

Se ha alegado que es necesaria la igualdad de tributos a Airbnb a los de hoteles formales establecidos. Esto da lugar a varios comentarios: primero, que, en lugar de pedir que al competidor se le pongan impuestos, lo que deberían procurar es que, si son un obstáculo serio para la actividad tradicional establecida, pues que, entonces, se eliminen o reduzcan. Segundo, entiendo que muchos hoteles tradicionales gozan hoy de exenciones tributarias, como parte de una política gubernamental de atracción del turismo al país. En tal caso, lo que debe buscarse es generalizar y no circunscribir esa exención. Tercero, los hoteles tradicionales pueden lograr mismo ese contacto personal y de elección que busca el viajero por medio de Airbnb: pongan habitaciones en alquiler, como las demandan los clientes que usan Airbnb. En esa plataforma hay libre entrada de oferentes (o hay igualdad de trato a diferentes oferentes), por lo que los hoteles tradicionales podrían participar del sistema y se darán cuenta de que posiblemente habrá economías de gastos significativas.
 

Pero, surgen la ley, la legislación, la regulación, la recaudación, la oficina gubernamental… el estado no es gratuito y es más bien un abusador, hecho que se refleja en el dicho, “si algo se mueve, pues póngale un impuesto.” Si algo progresa, si hay una innovación tecnológica, lo que a los estatistas les interesa es ver como obtienen más impuestos, no si es algo que aumenta el bienestar de la ciudadanía.
 

En la Asamblea aparece el consabido proyecto para “regular” a quienes osan subvertir al “establishment”: nada debe quedar fuera del saco del gobierno omnicomprensivo, no importando si las personas realizan transacciones entre sí, libre y espontáneamente. Al gobierno lo único que parece servirle es agarrar más plata a como haya lugar.
 

Uno ve la voracidad fiscal en el proyecto legislativo propuesto, que hace que personas que alquilan a extranjeros su activo, tengan que registrarse ente la burocracia (no sólo para efectos impositivos, sino para que estén en el listado del ICT, ¡gran cosa!), además de pagar onerosos impuestos a la nueva actividad, lo que termina cortándole alas al progreso. Sólo en impuestos municipales sobre Airbnb se cobraría lo siguiente, según la capacidad del activo para alojar huéspedes: “Si son dos personas, sería de ¢44.620 anuales” (10% del salario base) por unidad de hospedaje. “Por hasta cinco personas, la tarifa subiría al 30%, es decir ¢133.860. Mientras que, para más de seis, sería de un 80% (¢356.960).” Operadores actuales de Airbnb dicen que, con esos impuestos, no salen.  ¡Y algunos políticos y ciertos analistas se quejan del crecimiento de la economía subterránea!: es gente que huye de los altos costos de la formalidad, como los elevados impuestos de todo tipo, entre ellos este sobre Airbnb.
 

Uno piensa en la demagógica expresión de” interés por los más pobres” que políticos blasonan en sus discursos. Esa protección, al encarecer Airbnb, favorece a los hoteles tradicionales, que usualmente no son propiedad de pobres, a la vez que pueden ser pobres quienes alquilan sus bienes mediante el sistema Airbnb. Una salida para mucha gente ante la crisis económica que hoy vivimos, y que seguirá por buen rato, pues no se toman las medidas convenientes, sería mejorar el uso de activos que hoy tienen ociosos y que, gracias a Airbnb, los pueden poner “a trabajar.” Sin embargo, eso parece ser secundario para políticos, que lo que mejor saben hacer es proteger intereses creados, ante cualquier nueva competencia tecnológicamente posible.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el desperdicio no importa

Para el que no quiere caldo, dos tazas. El dicho se aplica perfectamente a los ciudadanos consumidores de los servicios monopolizados del agua y de los combustibles. Las fuentes son La Nación, en sus artículos “Agua perdida por AyA permitiría abastecer a dos millones de personas” del día 28 de junio y “RECOPE busca que usuarios paguen robos de combustibles,” y crhoy.com del 4 de abril del 2019, con su comentario “En Costa Rica se pierden 51 de cada 100 litros de agua por las fugas.” 

En el caso del desperdicio de agua, según crhoy.com, “el 51.94% del agua que se produce en Costa Rica no llega a los consumidores,” debido a “tomas ilegales, fugas, robos, alteración de medidores o el agua que utilizan los hidrantes” (que no se mide como “consumida,” así como la pérdida de agua por obras municipales o del MOPT en calles).

Pero, según informa el sitio elmundo.cr el 26 de marzo pasado, bajo el título, “Defensoría solicita rechazar alza del 24% en tarifas de agua,” el AyA pretende alzas de sus tarifas para los años 2019-2020, de un 7.7% a partir de enero del 2019 y un 15% en enero del 2020. Evidentemente, estos aumentos son muy superiores a la inflación estimada para ese período y, más bien, la petición parece reflejar la situación financiera del AyA y necesidad de financiar nuevos proyectos de inversión.

Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una empresa que hoy desperdicia la mitad de su producción (desperdicio como sinónimo de que no cobra por ella), simplemente hace solicitudes de aumentos de las tarifas para poder cubrir ese derroche? Es obvio que esas alzas afectarán seriamente a los presupuestos ya muy golpeados de las familias, debido al montón de nuevos y mayores impuestos, y a una economía que no crece, precisamente, entre otras razones, por los aumentos de costos impuestos por el estado. Sorprende que, con tan baja productividad empresarial (tan alto desperdicio), en lugar de cobrar debidamente los servicios y dar el mantenimiento requerido, sólo siga el camino fácil de aumentarles las tarifas de agua a los consumidores cautivos.

Ese derroche, debido a la mala gestión del productor AyA, no debe cargarse a los ciudadanos, pues, de aprobarse, no habría un incentivo para que la empresa AyA arregle la situación. ¡Qué va a importar el desperdicio, si, después de todo, se lo cobramos a los ciudadanos usuarios!
 

Algo similar sucede en RECOPE. Según la información periodística, el monopolio está buscando que la ARESEP le autorice incluir dentro de los precios de los combustibles a los consumidores, los robos sufridos de estos, que en los últimos tres años se han estimado ascienden a ¢6.000 millones. En esos años se han descubierto 356 tomas ilegales). En apariencia, esa petición de RECOPE se debe a que el INS (entidad estatal), dejó de pagarles el seguro contra robos que tenía la primera, pues no se trataba de algo accidental (¡obvio!), sino ya sistemático.
 

La pregunta que surge es similar a la previa en torno al desperdicio de agua: ¿cómo es posible que una empresa a la que le roban una cantidad tan importante de su producción, simplemente pretenda aumentar los precios a los combustibles a los consumidores, incorporando el costo de esos robos? No hay incentivos para cuidar que no se los roben, si ese desperdicio lo cubren con aumentos a los consumidores cautivos por el monopolio.
 

Si AyA fuera privada, si RECOPE fuera privada (y si hubiera competencia) hay un indicador sencillo que daría señales claras (y dolorosas) para evitar esos desperdicios y robos: si los hay, se elevan las pérdidas o se reducen las utilidades, ante lo cual el buen administrador buscará minimizarlas, usando recursos propios para frenarlos y así evitar ese daño. Pero, como los estados de pérdidas o ganancias parecen ser simplemente un adorno en los entes estatales -no una guía de eficiencia- ¿qué importan los robos y desperdicios si simplemente esos costos los trasladarán (ojalá que ARESEP no lo permita) a los consumidores? No tenemos opción de adquirir esos productos en otras empresas que sí se rigen por la eficiencia económica. Somos cautivos del monopolio: ¡a pagar la tarifa que nos impongan con la aprobación de la ARESEP! Y que siga la irresponsabilidad y la fiesta…

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: a dónde moran más pensionados de lujo

Es en el sistema de pensiones del Magisterio y del Poder Judicial en donde se encuentra el mayor número de pensionados de lujo. Eso lo informa La Nación en su comentario del 18 de abril, “Corte y Magisterio tienen más pensionados de lujo.”

Alguien podría señalar que eso es esperable, pues el sistema de jubilaciones del Poder Judicial y el del Magisterio son los que tienen más pensionados. Lo cierto es que eso no sólo se da en números absolutos, sino también en el porcentaje de pensionados de lujo dentro del régimen correspondiente.
Veamos algunos datos
 

1. En el régimen de pensiones del Poder Judicial hay más o menos 4.000 pensionados. De ellos, 1.200 personas son de lujo (definidos por el medio como aquellos que tienen una pensión superior a los ¢1.57 millones, la pensión más alta dentro del IVM de la Caja de Seguro Social). Esto significa que un 30%, aproximadamente, son pensionados de lujo en el régimen de pensiones del Poder Judicial.
 

2. En el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) hay 48.256 ya pensionados y, de estos 6.900; o sea, el 24.3% son pensionados de lujo.
 

3. En otros regímenes de pensiones, como el de la Asamblea Legislativa y el de Hacienda, hay 1.702 pensionados de lujo, de un total de 25.844 pensionados; es decir, un 6.6%.
 

4. El régimen de Hacienda y el RTR fueron cerrados en 1992 y su financiamiento proviene del Presupuesto Nacional.
 

5. En el caso del IVM de la Caja, la pensión mayor es de ¢1.57 millones y la obtiene el 0.6% del total de pensionados.
 

6. Aquel porcentaje tan elevado de la Corte, se debe a que la pensión era del 100% de los mejores 24 sueldos recibidos, pero eso cambió en abril del 2018 a un 82% del promedio de los últimos 20 años, criterio que regirá a partir de noviembre del 2019. Sigue, sin duda, siendo muy elevada, comparada con la de la Caja.
 

7. Para los sistemas de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, como son los de Hacienda y el de RTR, la pensión se calcula con base en el promedio de los12 mejores salarios de los recibidos en los últimos 24 meses. Sigue siendo muy elevada.
 

8. En cuanto a promedios de pensiones, mientras que en la Corte fue de ¢1.6 millones (casi igual a la más alta del IVM), el del RTR del Magisterio fue de ¢1.1 millones (todos a mediados del año pasado). La pensión promedio del régimen de la Caja es de ¢386.800 (una cuarta parte comparado con lo que recibe el pensionado promedio del Poder Judicial). Obviamente, estamos hablando de promedios y no de las más altas de cada uno de los regímenes de la Corte y del Magisterio.
 

9. Para junio del 2018, en el régimen de la Corte había 6 pensionados con montos brutos superiores a ¢9 millones, pero, el año pasado se reformó para que las pensiones superiores a ¢4.2 millones mensuales, pagaran un aporte solidario. En el neto, esto es, después de ese aporte, siguen siendo muy elevadas, porque probablemente no hayan cotizado lo suficiente como para recibir tales cantidades.
 

10. También en el RTR hay pensionados con pensiones mensuales brutas “de hasta ¢12 millones.”
 

11. “El fondo de pensiones complementarias del Banco Nacional, tiene un beneficio superior al IVM” de la Caja.
 

La información que brinda el medio fue dada a conocer por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en su Informe de Coyuntura y Supervisión del Sector Pensiones.

No olviden, que también esas pensiones de lujo tienen la característica de que, lo aportado por el beneficiario, más los intereses generados por sus aportes al sistema, no es suficiente para cubrir tal pensión, por lo que la diferencia se carga, de una u otra forma, sobre los ciudadanos contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada