La columna de Carlos Federico Smith: el Gobierno nos endeuda para pagar pensiones cargadas al Presupuesto Nacional

Sabemos que las llamadas pensiones de lujo se encuentran en sistemas cuyos pagos se cargan a todos los contribuyentes, mediante el presupuesto del gobierno. Asimismo, nos hemos dado cuenta que esta administración acude, para llenar su hueco fiscal, no sólo a aumentar los impuestos y reducir el gasto, aunque en grado mínimo, sino también a endeudarse, tanto en el mercado nacional como internacional.

Un comentario de La Nación del 27 de mayo, titulado “País se endeuda para cubrir las pensiones cargadas al Presupuesto,” resalta que no sólo las generaciones actuales estamos siendo acogotadas con mayores impuestos, sino que igualmente lo serán las venideras. Esto último porque, aunque se dice que es aceptable que un país se endeude, si usa los recursos para invertirlos en activos que rindan más que el costo de ese financiamiento, claramente este no es el caso, a menos que algún burócrata acuñe la palabra mágica “inversión,” aplicada a gastos corrientes del gobierno, como son esas pensiones a cargo del fisco. A futuro, al tener que devolverse el dinero pedido prestado, más los intereses, se impondrán nuevos y mayores impuestos para hacerles frente.

Según el artículo citado, el 21% de los ¢1.06 miles de millones (¢225.830 millones) que se deben pagar cargados al presupuesto público en este año, tendrá que financiarse con la colocación de deuda por el gobierno. Y, por supuesto, los restantes ¢834.607 millones saldrán de los impuestos que pagamos los ciudadanos.

En verdad, acudir al endeudamiento para pagar pensiones no es nuevo en el gobierno (se endeudó “en el 2002 y el 2003, pero los montos captados” equivalieron a “casi un 3% del gasto total” en esas pensiones). “En el 2009… se disparó” así como en el 2013, pero “en ambos casos, el monto captado significó menos de una cuarta parte del gasto total” en esas pensiones. La diferencia es que el monto de endeudamiento de este año es el más alto de los últimos 16 citados y que, tanto en el lapso del 2010 al 2012 como en el del 2014 al 2018, no hubo financiamiento de esas pensiones mediante la colocación de deuda. Antes esto, podemos decir que vale la pena estimar si en años próximos seguirá el gobierno endeudándose para su financiamiento.

Recordemos que las pensiones cargadas a los presupuestos públicos son las de ocho regímenes contributivos, entre los que destacan el Magisterio Nacional, Hacienda, Poder Legislativo y Obras Públicas y Transportes, así como las de seis no contributivos, Beneméritos, Guardia Civil, Gracia, Expresidentes de la República, Víctimas de Guerra y Premios Magón.

A fines del 2018, del 100% de pensionados a cargo del presupuesto gubernamental, un 70% era del Magisterio Nacional, que absorbe, según indica el medo con base en información del ministerio de Hacienda, casi un 75% del egreso anual. En segundo lugar, casi un 10% del gasto total va a pensionados por Hacienda y exdiputados, en donde, de un total de 6.533 pensionados, “hay 200 que fueron legisladores.” 

Algo bueno que señala el medio es que, según un informe de la Contraloría General de la República, sobre el presupuesto público del 2019, “Las reformas legales de creación de una contribución especial solidara (sobre los pensionados de lujo) y la eliminación de la revalorización del 30% en el monto de la pensión de los exlegisladores, aminoró el crecimiento del gasto en el pago de beneficios,” el cual se estima se incremente este año en un 2.8% con respecto al anterior. 

Así, prosigue el serio problema de la insuficiencia de los fondos de pensiones citados y, lo más grave, es que los recursos impositivos (incluso con los nuevos y mayores impuestos en este año), no son suficientes, sino que, una vez más, desde el año 2013, se acude al endeudamiento para sufragarlos. Lo que esto nos dice es que, mientras no se le entre en serio a que las pensiones no dependan de los presupuestos públicos, y que no se termine con las pensiones de lujo, difícilmente se alivianará la carga sobre las espaldas de los contribuyentes, tanto los actuales, como los futuros.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la lucha contra el bienestar de la ciudadanía

Al igual que con Uber, una actividad económica innovadora dentro de lo que se conoce como economía participativa, ahora intereses creados en contubernio con un estado complaciente le han puesto la puntería a la empresa Airbnb puntería para impedir que los ciudadanos progresemos ante los avances tecnológicos.
 

Esta empresa sirve de intermediaria entre “dueños de casas, apartamentos o cuartos y los usuarios que buscan un hospedaje no tradicional. En la plataforma digital, los propietarios ofrecen sus servicios y los clientes reservan en la opción que más les conviene,” según indica La Nación en su comentario del 27 de mayo, “Airbnb lanza campaña contra proyecto que le impone pagos.”
 

Una virtud de este tipo de “economía participativa” es facilitar a dueños de esos activos mencionados que generen ingresos que, de otra manera, no tendrían, pues están ociosos, o son parcialmente utilizados en tiempo y espacio, sin generar riqueza alguna. Gracias a aquella, nuestra economía hace un uso más eficiente del capital escaso en forma de viviendas, apartamentos y habitaciones. Esto es progreso, pues la alternativa es no generar un rendimiento, sino sólo, tal vez, algo de satisfacción por el uso o no uso de sus dueños. El mercado acude, una vez más, dando opciones a mucha gente para que pueda hacer un mejor uso de sus activos.
 

También, mucha gente que viaja puede preferir este nuevo tipo de alojamiento, pues no sólo se traduce en un ahorro de recursos ante alternativas tradicionales, sino que les puede parecer un ambiente más agradable y hasta familiar y de amistad con los criollos, algo que tal vez no encuentran en otras alternativas, además de condiciones físicas que aprecia más, como la ubicación del alojamiento.
 

Pero, se busca obstaculizar que el costarricense sea libre de usar mejor esos bienes propios, sin que con ello se afecte a nadie, excepto a potenciales competidores, lo que es deseable y se llama competencia. Al igual que con Uber, que se ha ganado la buena voluntad de la ciudadanía ofreciendo servicios mejores y más baratos, el gobierno ahora busca meter sus manos para que ese beneficio no llegue a plenitud a las partes, pues, además de los dueños nacionales de esos activos, también el extranjero que alquila por medio de Airbnb lo hace voluntariamente: de no ser así, no lo haría.
 

A la vez, el gremio tradicional de hotelería buscaría impedir esa competencia, aunque en algunos países ya ciertos hoteles, incluso de cadenas reconocidas, ha puesto en práctica una forma de alquiler como la de Airbnb: simplemente entra en acción la soberanía del consumidor y el deseo de obtener ganancias del empresario, al ofrecerles a los consumidores el servicio que demandan.
 

Se ha alegado que es necesaria la igualdad de tributos a Airbnb a los de hoteles formales establecidos. Esto da lugar a varios comentarios: primero, que, en lugar de pedir que al competidor se le pongan impuestos, lo que deberían procurar es que, si son un obstáculo serio para la actividad tradicional establecida, pues que, entonces, se eliminen o reduzcan. Segundo, entiendo que muchos hoteles tradicionales gozan hoy de exenciones tributarias, como parte de una política gubernamental de atracción del turismo al país. En tal caso, lo que debe buscarse es generalizar y no circunscribir esa exención. Tercero, los hoteles tradicionales pueden lograr mismo ese contacto personal y de elección que busca el viajero por medio de Airbnb: pongan habitaciones en alquiler, como las demandan los clientes que usan Airbnb. En esa plataforma hay libre entrada de oferentes (o hay igualdad de trato a diferentes oferentes), por lo que los hoteles tradicionales podrían participar del sistema y se darán cuenta de que posiblemente habrá economías de gastos significativas.
 

Pero, surgen la ley, la legislación, la regulación, la recaudación, la oficina gubernamental… el estado no es gratuito y es más bien un abusador, hecho que se refleja en el dicho, “si algo se mueve, pues póngale un impuesto.” Si algo progresa, si hay una innovación tecnológica, lo que a los estatistas les interesa es ver como obtienen más impuestos, no si es algo que aumenta el bienestar de la ciudadanía.
 

En la Asamblea aparece el consabido proyecto para “regular” a quienes osan subvertir al “establishment”: nada debe quedar fuera del saco del gobierno omnicomprensivo, no importando si las personas realizan transacciones entre sí, libre y espontáneamente. Al gobierno lo único que parece servirle es agarrar más plata a como haya lugar.
 

Uno ve la voracidad fiscal en el proyecto legislativo propuesto, que hace que personas que alquilan a extranjeros su activo, tengan que registrarse ente la burocracia (no sólo para efectos impositivos, sino para que estén en el listado del ICT, ¡gran cosa!), además de pagar onerosos impuestos a la nueva actividad, lo que termina cortándole alas al progreso. Sólo en impuestos municipales sobre Airbnb se cobraría lo siguiente, según la capacidad del activo para alojar huéspedes: “Si son dos personas, sería de ¢44.620 anuales” (10% del salario base) por unidad de hospedaje. “Por hasta cinco personas, la tarifa subiría al 30%, es decir ¢133.860. Mientras que, para más de seis, sería de un 80% (¢356.960).” Operadores actuales de Airbnb dicen que, con esos impuestos, no salen.  ¡Y algunos políticos y ciertos analistas se quejan del crecimiento de la economía subterránea!: es gente que huye de los altos costos de la formalidad, como los elevados impuestos de todo tipo, entre ellos este sobre Airbnb.
 

Uno piensa en la demagógica expresión de” interés por los más pobres” que políticos blasonan en sus discursos. Esa protección, al encarecer Airbnb, favorece a los hoteles tradicionales, que usualmente no son propiedad de pobres, a la vez que pueden ser pobres quienes alquilan sus bienes mediante el sistema Airbnb. Una salida para mucha gente ante la crisis económica que hoy vivimos, y que seguirá por buen rato, pues no se toman las medidas convenientes, sería mejorar el uso de activos que hoy tienen ociosos y que, gracias a Airbnb, los pueden poner “a trabajar.” Sin embargo, eso parece ser secundario para políticos, que lo que mejor saben hacer es proteger intereses creados, ante cualquier nueva competencia tecnológicamente posible.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el desperdicio no importa

Para el que no quiere caldo, dos tazas. El dicho se aplica perfectamente a los ciudadanos consumidores de los servicios monopolizados del agua y de los combustibles. Las fuentes son La Nación, en sus artículos “Agua perdida por AyA permitiría abastecer a dos millones de personas” del día 28 de junio y “RECOPE busca que usuarios paguen robos de combustibles,” y crhoy.com del 4 de abril del 2019, con su comentario “En Costa Rica se pierden 51 de cada 100 litros de agua por las fugas.” 

En el caso del desperdicio de agua, según crhoy.com, “el 51.94% del agua que se produce en Costa Rica no llega a los consumidores,” debido a “tomas ilegales, fugas, robos, alteración de medidores o el agua que utilizan los hidrantes” (que no se mide como “consumida,” así como la pérdida de agua por obras municipales o del MOPT en calles).

Pero, según informa el sitio elmundo.cr el 26 de marzo pasado, bajo el título, “Defensoría solicita rechazar alza del 24% en tarifas de agua,” el AyA pretende alzas de sus tarifas para los años 2019-2020, de un 7.7% a partir de enero del 2019 y un 15% en enero del 2020. Evidentemente, estos aumentos son muy superiores a la inflación estimada para ese período y, más bien, la petición parece reflejar la situación financiera del AyA y necesidad de financiar nuevos proyectos de inversión.

Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una empresa que hoy desperdicia la mitad de su producción (desperdicio como sinónimo de que no cobra por ella), simplemente hace solicitudes de aumentos de las tarifas para poder cubrir ese derroche? Es obvio que esas alzas afectarán seriamente a los presupuestos ya muy golpeados de las familias, debido al montón de nuevos y mayores impuestos, y a una economía que no crece, precisamente, entre otras razones, por los aumentos de costos impuestos por el estado. Sorprende que, con tan baja productividad empresarial (tan alto desperdicio), en lugar de cobrar debidamente los servicios y dar el mantenimiento requerido, sólo siga el camino fácil de aumentarles las tarifas de agua a los consumidores cautivos.

Ese derroche, debido a la mala gestión del productor AyA, no debe cargarse a los ciudadanos, pues, de aprobarse, no habría un incentivo para que la empresa AyA arregle la situación. ¡Qué va a importar el desperdicio, si, después de todo, se lo cobramos a los ciudadanos usuarios!
 

Algo similar sucede en RECOPE. Según la información periodística, el monopolio está buscando que la ARESEP le autorice incluir dentro de los precios de los combustibles a los consumidores, los robos sufridos de estos, que en los últimos tres años se han estimado ascienden a ¢6.000 millones. En esos años se han descubierto 356 tomas ilegales). En apariencia, esa petición de RECOPE se debe a que el INS (entidad estatal), dejó de pagarles el seguro contra robos que tenía la primera, pues no se trataba de algo accidental (¡obvio!), sino ya sistemático.
 

La pregunta que surge es similar a la previa en torno al desperdicio de agua: ¿cómo es posible que una empresa a la que le roban una cantidad tan importante de su producción, simplemente pretenda aumentar los precios a los combustibles a los consumidores, incorporando el costo de esos robos? No hay incentivos para cuidar que no se los roben, si ese desperdicio lo cubren con aumentos a los consumidores cautivos por el monopolio.
 

Si AyA fuera privada, si RECOPE fuera privada (y si hubiera competencia) hay un indicador sencillo que daría señales claras (y dolorosas) para evitar esos desperdicios y robos: si los hay, se elevan las pérdidas o se reducen las utilidades, ante lo cual el buen administrador buscará minimizarlas, usando recursos propios para frenarlos y así evitar ese daño. Pero, como los estados de pérdidas o ganancias parecen ser simplemente un adorno en los entes estatales -no una guía de eficiencia- ¿qué importan los robos y desperdicios si simplemente esos costos los trasladarán (ojalá que ARESEP no lo permita) a los consumidores? No tenemos opción de adquirir esos productos en otras empresas que sí se rigen por la eficiencia económica. Somos cautivos del monopolio: ¡a pagar la tarifa que nos impongan con la aprobación de la ARESEP! Y que siga la irresponsabilidad y la fiesta…

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: a dónde moran más pensionados de lujo

Es en el sistema de pensiones del Magisterio y del Poder Judicial en donde se encuentra el mayor número de pensionados de lujo. Eso lo informa La Nación en su comentario del 18 de abril, “Corte y Magisterio tienen más pensionados de lujo.”

Alguien podría señalar que eso es esperable, pues el sistema de jubilaciones del Poder Judicial y el del Magisterio son los que tienen más pensionados. Lo cierto es que eso no sólo se da en números absolutos, sino también en el porcentaje de pensionados de lujo dentro del régimen correspondiente.
Veamos algunos datos
 

1. En el régimen de pensiones del Poder Judicial hay más o menos 4.000 pensionados. De ellos, 1.200 personas son de lujo (definidos por el medio como aquellos que tienen una pensión superior a los ¢1.57 millones, la pensión más alta dentro del IVM de la Caja de Seguro Social). Esto significa que un 30%, aproximadamente, son pensionados de lujo en el régimen de pensiones del Poder Judicial.
 

2. En el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) hay 48.256 ya pensionados y, de estos 6.900; o sea, el 24.3% son pensionados de lujo.
 

3. En otros regímenes de pensiones, como el de la Asamblea Legislativa y el de Hacienda, hay 1.702 pensionados de lujo, de un total de 25.844 pensionados; es decir, un 6.6%.
 

4. El régimen de Hacienda y el RTR fueron cerrados en 1992 y su financiamiento proviene del Presupuesto Nacional.
 

5. En el caso del IVM de la Caja, la pensión mayor es de ¢1.57 millones y la obtiene el 0.6% del total de pensionados.
 

6. Aquel porcentaje tan elevado de la Corte, se debe a que la pensión era del 100% de los mejores 24 sueldos recibidos, pero eso cambió en abril del 2018 a un 82% del promedio de los últimos 20 años, criterio que regirá a partir de noviembre del 2019. Sigue, sin duda, siendo muy elevada, comparada con la de la Caja.
 

7. Para los sistemas de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, como son los de Hacienda y el de RTR, la pensión se calcula con base en el promedio de los12 mejores salarios de los recibidos en los últimos 24 meses. Sigue siendo muy elevada.
 

8. En cuanto a promedios de pensiones, mientras que en la Corte fue de ¢1.6 millones (casi igual a la más alta del IVM), el del RTR del Magisterio fue de ¢1.1 millones (todos a mediados del año pasado). La pensión promedio del régimen de la Caja es de ¢386.800 (una cuarta parte comparado con lo que recibe el pensionado promedio del Poder Judicial). Obviamente, estamos hablando de promedios y no de las más altas de cada uno de los regímenes de la Corte y del Magisterio.
 

9. Para junio del 2018, en el régimen de la Corte había 6 pensionados con montos brutos superiores a ¢9 millones, pero, el año pasado se reformó para que las pensiones superiores a ¢4.2 millones mensuales, pagaran un aporte solidario. En el neto, esto es, después de ese aporte, siguen siendo muy elevadas, porque probablemente no hayan cotizado lo suficiente como para recibir tales cantidades.
 

10. También en el RTR hay pensionados con pensiones mensuales brutas “de hasta ¢12 millones.”
 

11. “El fondo de pensiones complementarias del Banco Nacional, tiene un beneficio superior al IVM” de la Caja.
 

La información que brinda el medio fue dada a conocer por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en su Informe de Coyuntura y Supervisión del Sector Pensiones.

No olviden, que también esas pensiones de lujo tienen la característica de que, lo aportado por el beneficiario, más los intereses generados por sus aportes al sistema, no es suficiente para cubrir tal pensión, por lo que la diferencia se carga, de una u otra forma, sobre los ciudadanos contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la importancia de los horarios

Casualmente, dos noticias de estos días se refieren a “horarios.” Una de ellas se publicó en La Nación del 17 de mayo, bajo el encabezado “Director del IAFA destituido por la Junta Directiva tras desacuerdos con funcionarios que incumplían horarios” y, la otra, por el mismo medio en su edición del 21 de mayo, bajo el título “Muelleros de Japdeva sólo ‘cumplen horario’ a falta de barcos.”

Me referiré a estas dos variaciones sobre un mismo tema. Primero, las noticias de JAPDEVA. Resulta que, ante la falta de llegada de barcos a los antiguos muelles de Limón, “los empleados… solo atienden naves de carga mixta o graneleros, en los muelles de Moín y Limón; es decir, menos de la tercera parte del trabajo que antes realizaban.” Eso por la atención de barcos contendedores que ahora se da en el nuevo muelle de APM Terminals.

Tal cosa era esperable, pues las nuevas tecnologías y las reglas de eficiencia hacen que los muelles viejos se sustituyan por otros más eficientes. Al no llegar tantos barcos a los viejos muelles, uno esperaría que una empresa disminuyera el personal que allí trabaja (pagado, en última instancia, por los usuarios, que ahora han bajado). Se lerdearon en acomodar al personal sobrante en otras instituciones públicas, como se les ofreció, pero la movilización horizontal no tuvo éxito, posiblemente porque ciertos privilegios que se tenían en JAPDEVA, serán menores en las nuevas alternativas. 

Asimismo, se ha buscado generar nuevas fuentes de empleo, pero en esencia se trata de proyectos que, si bien “apenas se están desarrollando los estudios de factibilidad y mercado de esas iniciativas,” apenas han sido mencionados, como transformar uno de los muelles en una central de cruceros y una marina en dicha ciudad, crear una zona de transporte intermodal en Moín, un muelle pesquero en Cieneguita y otro centro de logística en Liverpool, también en la provincia. Igualmente, se ha propuesto ampliar el actual muelle de Moín. 

Pero, todas estas ideas, que bien podrían ser buenas y, tal vez, hasta rentables, en apariencia serían administradas y propiedad de JAPDEVA; esto es, en manos del estado. Por la experiencia, incluso vivida en la propia JAPDEVA, sabemos que, cuando las empresas las administra el estado, la eficiencia económica es, si acaso, un asunto secundario. Tal vez abrir ofertas para que empresas privadas se encarguen de llevar a cabo esos proyectos y operarlos bajo el sistema de concesión, sería una mejor guía hacia la eficiencia económica, lo que beneficiará no sólo a trabajadores y empresas, sino, en general, a toda la economía nacional. Una empresa privada no incursionaría en un negocio en donde se generan pérdidas, pues perdería su capital. Tal cosa no es importante en la propiedad estatal, pues allí simplemente los fines son políticos.

Uno esperaría que con en esas operaciones privadas no habría trabajadores que son contratados para no hacer nada, ante la falta de demanda del servicio producido, sino que dependerían de las demandas de los consumidores o usuarios. No tendría sentido tener trabajadores de más; los horarios de trabajo serán los efectivamente requeridos para trabajar en satisfacer a los usuarios del servicio. Se tiende al uso óptimo de los recursos escasos. A la fecha, JAPDEVA tiene 1.400 trabajadores con un costo estimado para este año de ¢41.650 millones y de él, “la mitad corresponde a pluses salariales.”

De hecho, me temo que pronto veremos trasladar a los contribuyentes las pérdidas de la vieja JAPDEVA, a menos que se revierta la situación actual, eso sí, sin mediar subsidios ni transferencia de índole alguna. (Al cierre del 2018, las pérdidas de JAPDEVA ascendían a ¢3.146 millones). Abrir espacios a empresas privadas, como indiqué arriba, podría generar los recursos para pagar esas obligaciones, unas heredadas y otras por presentarse en fechas próximas.

El segundo tema de los “horarios” en este artículo se relaciona con el despido, por parte de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), de su director, el señor Javier Vargas Vindas, psicólogo clínico de profesión.

En palabras del señor Vargas, “Las razones que (le) dio la Junta Directiva es que no tuv[o] las habilidades blandas que debe tener un director para poder ser intermediario entre los acuerdos de junta,” y que “desde el inicio había algunos empleados que se aprovechaban en alguna medida de los horarios convenidos, de no marcar entrada, agarraban más tiempo de la hora para comer o llegaban más tarde a laborar… Un grupo de gente solía llegar tarde. Mi función administrativa era poner orden”, además de hacer otras funciones propias de su cargo.

No sé si efectivamente el funcionario despedido se lo merecía, pero, si el despido se debe a que puso o intentó poner orden en el cumplimiento de los horarios, más bien lo apropiado sería darle un reconocimiento por esa buena labor, pues quienes no cumplen debidamente con los horarios son empleados que todos los contribuyentes pagan. De ser cierta y atribuida como causal del despido, por el contrario, esa gestión del funcionario debería divulgarse, para que ojalá sea imitada en muchos otros entes públicos. 

Repito, no sé si esa fue la razón del despido, pero, ante esas denuncias del funcionario Vargas, el Servicio Civil o la Contraloría General de la República, si es del caso, deberían intervenir y, ni que se diga del ministerio de Trabajo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: no podían faltar...

Junto con otro montón de entes públicos, que objetaron y plantearon recursos antes la Sala Constitucional y otros cuerpos resolutivos, para quitar lo poco de reducción de gasto contenido en la ley fiscal aprobada a fines del año pasado, otro par de prominentes sindicatos del sector público, la ANEP y el de empleados del Banco Nacional, no podía faltar en la embestida legal para conservar sus privilegios.
 

Así, se unen a varios sindicatos del Poder Judicial, a la Junta de Protección Social, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las universidades públicas (UCR, UNA, UNED, TEC y la Técnica Nacional), en el ataque contra la limitación a sus privilegios.
 

Si bien, previamente, los magistrados de la Corte Suprema, incluso contra la opinión de la Sala Constitucional, habían determinado en noviembre del año pasado, que “no había vicios de procedimiento ni de forma en la iniciativa” en la ley que finalmente fue aprobada por el Congreso, la información de este nuevo embate la consigna La Nación del 16 de abril, bajo el título “Sindicatos reclaman a la Sala IV privilegios por ¢23.000 millones” Aunque la reducción lograda fue de un ínfimo 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB), tengan presente que esa ley no intentaba reducir el gasto gubernamental, sino frenar su crecimiento, lo que, de por sí, sólo nos anticipa problemas de un serio nuevo déficit a futuro. Y a eso agregue el efecto si es legalmente aceptado el reclamo de freno al gasto de privilegios, que está en disputa en la Corte Suprema
 

Ahora los oponentes a las reducciones del gasto, cambian de ámbito de decisión en torno al freno señalado a ciertos privilegios salariales, presentando sus acciones en la Sala Constitucional, la que, en el pasado, sí había manifestado objeciones a aquella ley tributaria. Posiblemente consideran que, al hacerlo en tal vía, tiene posibilidades mayores de éxito en conservar sus privilegios. Se espera, eso sí, que haya una serie de recusaciones de jueces de la Sala Constitucional, quienes, orbi et urbi, en su momento, manifestaron su desafecto y rechazo al proyecto que contenía las reducciones de pluses, que finalmente se aprobaron como ley y que ahora se disputa en dicha Sala.
 

Es posible que aleguen que ese cambio de vía judicial se deba a que objetan violaciones de derechos a trabajadores y “derechos adquiridos,” que, en realidad, son simples privilegios otorgados a cierto grupo específico de trabajadores, pagados por toda la ciudadanía. Vale la pena señalar que, quienes presentan esta acción legal, consideran que no se violaron los derechos de los ciudadanos, cuando a ellos se les despojó de sus recursos con impuestos que dan manutención a los pluses de privilegio de esos accionantes.
 

Se oponen al recorte de las anualidades a empleados públicos para que sea de hasta un 1.94% a los profesionales y de un 2.54% a los no profesionales, de sus escalas salariales, y que, para recibirlos, sea resultado de una evaluación que los valora como buenos o excelentes. Ese porcentaje, así definido, a futuro será de un monto fijo. (Antes, esos porcentajes eran de hasta un 10% anual, en algunas instituciones).
 

También, objetan el cambio en la cesantía, que en muchos casos era superior a 12 años, que ahora se definió como tope en la nueva ley, piden que ahora sea sólo para trabajadores nuevos y que se excluya a los viejos que han estado cubiertos por una convención colectiva. (En el sector privado productivo la cesantía es de 8 años).
 

Asimismo, objetan que una serie de pluses, como zonaje, trabajo en las alturas, discrecionalidad, escalafón administrativo o riesgo, sean montos fijos, según la escala salarial del 2018, y que se conserven como estaban.
 

El medio indica que, si la Sala IV acoge y “falla a favor de las acciones, podría obligar al gobierno a hacer el pago retroactivo de los montos,” que no percibieron ante las reformas, y que “tendría que retribuir el concepto económico faltante de cesantía” al dejar de trabajar para el estado.
 

Obviamente, no faltaron los compas sindicales que apoyaron esas acciones de los sindicatos arriba citados (coadyuvancia se le llama a ese respaldo legal); entre ellos, el de la Universidad Nacional, el del Banco Popular y el de profesionales en ciencias médicas SIPROCIMECA. Cabe esperar ver si la razón sustituye a la fuerza o si sigue el privilegio.
 

De tener éxito legal todas esas gestiones, veremos otra loza más en el camino empedrado en el declive del país hacia su ruina económica. Similar a la ruta de Grecia (y de otros países), que se negó a hacer las reformas fiscales indispensables y, más bien, recargó el peso del ajuste sobre los ciudadanos y en su ya casi extinto aparato productivo, mientras que el gasto gubernamental casi seguía incólume. De tener éxito esos sindicatos, ni siquiera tendría vida el poco freno que se intentó al crecimiento el gasto con el paquete tributario recientemente aprobado y, más bien, la conservación de los privilegios que tenían antes de la reforma última, estimulará nuevas pretensiones para mayores privilegios sindicales en una muy amplia burocracia.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: oscuras perspectivas para el régimen de pensiones de la Caja

Ciertamente, tal vez la noticia no es del todo una novedad, pero sirve mucho como recordatorio de lo esperable del régimen de pensiones de la Caja (el llamado IVM), si no se toman medidas indispensables para su conservación, si es que eso es deseable.

La información que sirve de fuente de información se titula “IVM al borde de la crisis por caída en la cantidad de cotizantes,” contenida en La Nación del 3 de abril.

El comportamiento demográfico de Costa Rica es un elemento primordial en esta crisis, pues ha venido disminuyendo el crecimiento relativo de los cotizantes al IVM, a la vez que aumenta mucho (como era esperable) el número de pensionados de ese régimen. Este fenómeno no es exclusivo -no busco justificarlo con aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”- sino que puede ser un error dejar que esa catástrofe simplemente se presente, pues se ocultaría la realidad bajo la alfombra.  Sucede en muchas naciones (con particularidades obvias), como Nicaragua, en donde el gobierno totalitario quiso imponer una solución y provocó un levantamiento popular extenso contra la tiranía en ese país. Asimismo, el régimen de pensiones similar al IVM de Brasil pasa por problemas parecidos, y el gobierno de Bolsonaro, con minoría en el Congreso, hace enormes esfuerzos de diálogo con la oposición, para aplicar dolorosas medidas necesarias para mantener al sistema actual.

No dejo de lado a los Estados Unidos, en cuyo sistema de pensiones tipo IVM hay enormes déficits impagables a mediano. Y de Europa ni se diga… 

Veamos algunos datos esenciales. El primero es que “para el año 2030, sólo habrá 3.9 cotizantes por cada pensionado, con el gran inconveniente de que el mínimo requerido para sostener cada jubilación es de 6 trabajadores.” Según el informe de la Contraloría “Impacto Fiscal del Cambio Demográfico: Retos para una Costa Rica que envejece,” mientras que “en el 2018 la relación fue de 6.5 afiliados por cada jubilado… en el 2030 bajaría a un 3.9 por cada pensionado” y será de un 3.4 en el 2035, según indica el medio. 

Para Ubaldo Carrillo, alto funcionario de la Caja, “si esa relación… baja a menos de 6, tenemos un serio problema,” y que “cuando se analiza el comportamiento del ingreso de esas 6.5 personas (del 2018), nos da apenas para pagar las pensiones” hoy debidas.
 

Alguien diría que eso no importa si aumentaran los ingresos de los, aunque menos, trabajadores cotizantes por cada pensionado. Eso debe tomar en cuenta dos situaciones. Una, que la economía no ha venido creciendo lo suficiente en los últimos años, ni creo que lo hará por mucho tiempo, ante una seria crisis fiscal financiada con más impuestos. Aunque creciera fuertemente en términos reales (que no lo creo), podría suceder que esos aumentos se traduzcan en mayores pensiones reales en el futuro, pero el problema demográfico seguiría vigente: se daría un descenso real en las pensiones futuras.
 

Asimismo, el gobierno podría verse tentado a seguir una política inflacionaria para generar mayor crecimiento de la economía y así generar ingresos nominales mayores que servirían para mantener el régimen de pensiones. Pero, esa inflación significa que, en términos reales, se reducirían las pensiones futuras (además, la inflación afectaría el crecimiento real de la economía, debido a la serie de distorsiones que introduce).
 

Ante los prospectos del IVM, se han señalado tres medidas que coadyuvarían a evitar su quiebra. Una es elevar las contribuciones obligatorias. De hecho, a partir de junio de este año habrá aumentos en las cotizaciones, como parte de un programa de tres años de los tres cotizantes al IVM -el trabajador, el patrono y el estado (aunque este último, en realidad, pasará tales cobros a los contribuyentes).
 

Las otras dos medidas son elevar la edad de retiro (tal vez sin discriminación por sexo), así como bajar el monto de la pensión. También en tal sentido se ha decidido otra en tal, como es que la autorización para retirarse anticipadamente, no rentable para el fisco por el aumento tan alto en la esperanza de vida, cesará a partir del 1 de marzo del 2021.
 

Quedan dos opciones para dar algún grado de alivio a la sustentabilidad del IVM. Una, antes mencionada, que es lograr un crecimiento real de la economía, pero, soy franco, y reitero mis dudas de que el gobierno actual lo logre, en especial cuando, prosigue el camino de más impuestos y no el de reducir significativamente el exagerado gasto del gobierno y, por el contrario, introduce desincentivos para la producción: un estado cada vez mayor, que crece sacrificando el uso de recursos que deberían estar disponibles para la actividad productiva privada.
 

Y, la segunda opción, es que no siga creciendo una masa laboral informal que no cotiza al IVM formal. En esa economía subterránea en la que, para efectos del IVM, los trabajadores no cotizan, ha crecido mucho, según las estadísticas de los últimos años. Si se pretendiera una mayor coerción -esto es, obligarlos a cotizar a los que laboran en la economía subterránea- tal vez no se logre nada positivo, sino lo contrario, pues esa economía informal existe por los altos costos impuestos por el estado sobre la producción y uno de esos costos está ligado a la planilla formal, entre ellos el del pago del IVM.
 

¿Hará algo el gobierno para inducir que esa economía abandone la informalidad y acuda a la formalidad? Francamente lo dudo mucho, pues no sólo el paquete tributario que hoy está en marcha significará mayores costos para la operación formal, estimulando así que más personas ingresen a la informalidad, sino que tampoco me imagino a este gobierno reduciendo impuestos.
 

Entre las propuestas por solventar al régimen del IVM se menciona un manejo más frugal en la propia Caja Costarricense de Seguro Social e incluso mejores posibilidades de realizar inversiones que sean más rentables (lo que incluso podría reducir la adquisición de documentos de préstamos del propio gobierno).
 

Las cosas se vislumbran difíciles para el IVM y para muchos ciudadanos que dependen de su pensión. Creo que sería peor dejar que el IVM se acabe sin que existan mejores alternativas (me imagino que como las Suiza o de Chile, de cuentas privadas de pensiones). Por eso, los ciudadanos debemos ser conscientes de la situación y, en particular, del cambio demográfico “aplastante,” así como que, si el gobierno no cambia sus políticas económicas hacia el logro de un crecimiento, la situación sólo empeorará con mayor rapidez: quedarse tan sólo mirando lo que pasa y ver cómo se va extinguiendo el sistema del IVM, sólo augura un resultado oscuro

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las buenas intenciones no son suficientes

No tengo por qué dudar de las buenas intenciones de la diputada Marulin Azofeifa, al presentar su proyecto de creación de un colegio de estilistas y afines, por el que sólo podrán ejercer sus oficios estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas. Pero, las buenas intenciones no son suficientes; también deben ponderarse los efectos de su propuesta.

La diputada considera que, con la creación de ese colegio, se protegería a los consumidores de daños por personas posiblemente no capacitadas para dichas prácticas, así como también habría se daría protección a miembros de esos oficios, ante otros que simplemente entrarían a competir “deslealmente.” 

Pero, esas buenas intenciones aparte, espero exponer con buenos argumentos económicos, sociales y políticos, cómo es que podemos estar en presencia de un caso más, en que no se toman en consideración consecuencias derivadas de la puesta en práctica de una política que, por ley, exigiría una serie de requisitos, esencialmente la membresía en dicho colegio, para poder trabajar en esos oficios.

Y las consecuencias no previstas de tal propuesta, a las que me referiré luego, son especialmente vitales en nuestro país, cuando se tiene información reciente sobre la situación del empleo en la economía, por parte de la Dirección General de Estadística y Censos, del último trimestre del 2018, la cual indica que la tasa de desempleo llegó a un 12%, aumentando un 2.7% de la del mismo período del año previo. Son 294.000 personas las que están en busca de un empleo y no lo tienen.
 

Asimismo, la tasa de subempleo, que se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo de personas que trabajan menos de 40 horas a la semana y que andan buscando más horas de trabajo, pero no lo encuentran, para el último trimestre del 2018 fue de un 9%, un punto mayor que la equivalente del año anterior.

El llamado empleo informal, que incluye a trabajadores no inscritos en el Seguro Social, ayudantes no remunerados, y trabajadores por cuenta propia en empresas no inscritas como sociedades, fue de un 44.9% en el cuarto trimestre del 2018, un aumento del 3.8% al dato equivalente de un año anterior, según la Encuesta Continua de Empleo de la Dirección de Estadística y Censos.

Por esta razón esencial, resulta crucial analizar los efectos esperados sobre el empleo y el desempleo ante la obligación de colegiarse para ejercer los oficios arriba citados. Esa afiliación obligada será una barrera más al ingreso de trabajadores en esas ocupaciones y, principalmente, por la naturaleza de esos oficios, generalmente de trabajadores relativamente poco calificados y posiblemente de capas de ingresos inferiores. 

Al limitar las posibilidades de trabajar sólo a quienes lleguen a ser miembros de ese colegio, verán reducirse la oferta de competidores, pues el costo de ingresar al mercado de esos oficios aumenta, con la colegiación obligatoria, en comparación con otras actividades. Los miembros del colegio así posiblemente verán aumentados sus ingresos. Pero, además, algo fundamental en esos colegios “profesionales” es que fijan tarifas o precios mínimos por los servicios que regulan, los que pueden ser impuestos gracias a la menor competencia que habrá y que permitirá elevar los costos a los usuarios de esos servicios.
 

Por eso, si bien la propuesta de ley favorecería a los beneficiaría a los que se integren a dicho colegio, perjudicará a los consumidores en general y, particularmente, a aquellos potenciales oferentes de los servicios regulados, quienes no puedan ejercer libremente sus capacidades debido a la limitante que ejerce la colegiación obligatoria.
 

Una vez que entren en funcionamiento el colegio y su política restrictiva y su fijación de precios mínimos obligatorios, da lugar a una protección a los miembros ya establecidos del colegio, e impedirán, al surgir una serie de regulaciones, que entren más miembros a ese colegio, haciendo más costosa su membresía y pertenencia al colegio. Pero, los ciudadanos consumidores no quedan protegidos de modo alguno por ese colegio que se crea, como asegura su proponente, para proteger a personas de malas prácticas. Pero, el incentivo es para que suceda precisamente lo contrario, pues, al ser menos los oferentes de los servicios, a precios ya establecidos mencionados antes, la calidad se deteriorará, pues las disponibilidades de oferentes de los servicios se ven restringidas.
 

Y hay más. Cuando los ciudadanos encuentran que el servicio de los “colegiados” es más caro y de menor calidad, tenderán a proveérselos a sí mismos, lo cual sí puede dar lugar a problemas por accidentes o daños.  Es natural que al “incitar” debido a un costo y calidad menor del servicio, que las personas lo busquen y no necesariamente son conocedores de las características de un servicio, el cual ya es poseído por otros proveedores especializado que se los han dado hasta el momento.
Muchos de esos servicios que se piensan sujetar a las restricciones del colegio, ya son disfrutados por muchas personas, las cuales conocen a sus proveedores. Es un conocimiento adquirido por los clientes, incluso con episodios de insatisfacción ante la calidad y el precio que pueden haber tenido de alguien que les diera ese servicio, pero, con base en ese tipo de experiencias, han llegado a familiarizarse y aceptar que una persona conocida, a un precio y calidad acordada entre las partes, le brinde el servicio, sin que esa persona sea miembro de colegio alguno.
 

Pero, justamente, alguien que da esos servicios a clientes y que, al no ser miembro de ese “colegio” hoy lo ejerce, estaría, en el futuro, sujeto al delito de ejercicio ilegal de esa profesión, si siguiera ejerciéndolo. Incluso se expone a ser denunciado por alguien que cree que esa ley, aunque absurda, debe cumplirse y eso cierra espacios para una vida en sociedad, en convivencia. Esa persona que, para ganarse la vida, sigue ejerciendo “ilegalmente” esa profesión, está lejos de ser necesariamente un delincuente peligroso que amenaza vidas y propiedades de personas, como para que sea denunciado por alguien a quien simplemente no le parece conveniente tal competencia “ilegal.” No es apropiado que en sociedad se estimule la discordia y que la gente se pelee por cosas como esas.
 

Las consecuencias no previstas de la colegiación obligatoria para poder trabajar no llegan hasta allí. Para que la ley se cumpla, es necesario dedicar recursos para vigilar a quien esté trabajando en las áreas reguladas, que esté colegiado, o sea, autorizado para poder trabajar. El cuerpo represor por excelencia es la policía. Conceptualmente, la policía (y las cortes) reprimen al transgresor de la ley (en este caso el ejercicio ilegal como estilista, peluquero, barbero, maquillista o manicurista) y eso demanda recursos de la sociedad, que así no podría usarse en lo que tal vez sean funciones más apremiantes en la sociedad, como es la represión de actos criminales que efectivamente causan daño a las personas. Con frecuencia, el ministro de turno de Seguridad en el país, habla de lo saturados de trabajo que están los policías, sin poder reprimir actos criminales supuestamente de mayor calado. Y no se diga de la saturación en los tribunales de justicia, pues los ciudadanos la vemos, y vivimos, día tras día. Ahora se abarrotarían aún más, al perseguir a estilistas, barberos, etcétera, etcétera, quienes ejercen fuera de la legalidad “del colegio.”
 

Aquí en nuestro medio, por buenas razones, hay una seria y real preocupación ante la corrupción. Pues bien, la instauración de colegios como ese que se propone, incentivará la corrupción en varios sentidos. Uno de ellos, es que, no lo dudamos, si se “atrapa” a un practicante ilegal de esos servicios, hay posibilidades de que quede suelto si acude a dar mordidas a quienes pretenden detenerlo. Pero, mayor aún en la naturaleza de sus efectos, es que la creación de colegios profesionales, como el referido, estimula el surgimiento, de una mayor amplitud, en la búsqueda de rentas en la sociedad.

Búsqueda de rentas no es sino el acto por el cual el cuerpo político le otorga algún beneficio a cierto grupo -en este caso, a quienes sean miembros de ese colegio- ya sea para asegurarles la posibilidad, mediante la reducción de la oferta, de cobrar más que en la actualidad, pues les disminuyen la cantidad de competidores potenciales. Los políticos no suelen otorgar tales privilegios por razones altruistas: simplemente lo hacen como un medio para obtener votos, lograr apoyos políticos, ya sea para uno de ellos individualmente o para el grupo político al que pertenecen. Esto bien lo conocemos.
 

Por todas estas razones, vale la pena que se medite en la Asamblea Legislativa, así como que se haga consciencia en la ciudadanía, de que la propuesta de un colegio profesional de estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas, es un gran y dañino sinsentido. No es justo proteger a algunos con privilegios, que, en última instancia, significan costos mayores y menor calidad, para los ciudadanos consumidores, entre otros resultados no esperados.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la nueva aventura innovadora del Gobierno

Hace pocos días, el presidente de la República, don Carlos Alvarado, públicamente estimuló el debate acerca de cómo debería promoverse la innovación en el país. En concreto, indicó que apoyaba que RECOPE se propusiera desarrollar tecnología supuestamente innovadora, en el campo de energías provenientes del sol, el aire, el hidrógeno y la biomasa.
 

Para tal fin, propuso crear una entidad estatal, que llamó ECOENA, siglas de “Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas, Sociedad Anónima,” resultado de la transformación de RECOPE, que incluso dejaría de ser un monopolio y operaría en condiciones de libre competencia. (Aún no es claro cómo se financiará a ECOENA).
 

Esa transición de RECOPE sería algo propio, sin tener que “esperar” los desarrollos tecnológicos de otras partes del mundo, para ser puestos en práctica lo más pronto posible y en donde el mercado no sea simplemente el que realice esa transformación.
 

Me da la impresión de que el presidente no está bien aconsejado, pues supone que la innovación no es sino resultado de una acción gubernamental, que puede prescindir del mercado y que, además, podemos aprovecharla sin tener que depender de la innovación de otros países.
 

La innovación no suele surgir de la decisión de un funcionario gubernamental o de una política de gobierno, la que, al fin de cuentas, no es más que el resultado de una decisión de un grupo de políticos. Se equivoca en que esa sea la forma en que operan la economía nacional y global, que hace que surjan los adelantos tecnológicos. Se requiere más que la voluntad gubernamental; en particular, toda una serie de incentivos que inviten a las personas a ver cómo se puede satisfacer mejor y de manera más económica, una serie de necesidades humanas. No es suficiente con tener el capital (ya sea puesto por el gobierno o por socios privados), ni disponer de las instituciones sociales (¿será ECOENA esa institución suficiente?), ni nuevas ideas (en particular, las que se les puedan ocurrir a funcionarios públicos o a empresarios privados en busca de rentas). Es esencial que haya voluntad para pensar y actuar de forma creativa, tal como sucede en los mercados competitivos y en una sociedad de mercado.
 

Los incentivos en los mercados en donde se han desarrollado eficientemente las innovaciones tecnológicas, estimulan el surgimiento de la invención cuando se espera que genere beneficios, que, de paso, no sólo beneficiarán a quienes la crean, sino a quienes reciban sus resultados en productos y servicios mejores y más baratos (como el caso de Uber). Son las pérdidas y las ganancias de la acción humana innovadora las que estimulan la invención, pero se requiere que existan derechos de propiedad fuertes, para que los innovadores puedan cosechar los frutos de su trabajo creativo.
 

Claro que, como todo en la vida, esa actividad que rinde beneficios también implica un costo, pero eso no significa que el estado sea el que deba correr con los riesgos, por varias razones. Si la invención la llevan a cabo personas y entes privados, hay un fuerte incentivo para que los beneficios que se lograrían superen a los costos, mientras que, en una empresa pública, los incentivos no son hacia la conducta económicamente eficiente, sino hacia el logro de objetivos políticos; diferentes del usual en la economía, como es la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Esa es la tragedia de que se haga un mal uso de recursos escasos, cuando, quienes administran la acción, no son los que tengan efectivamente la responsabilidad de evitar pérdidas y maximizar ganancias, lo cual requiere de la minimización de costos.
 

Abundan los ejemplos de ese tipo de intenciones gubernamentales, que terminan en resultados no rentables o muy onerosos con respecto a los beneficios. Llega a mi mente un caso reciente muy sonado en los Estados Unidos, cuando el gobierno, supuestamente para promover la innovación en tecnologías limpias (paneles solares, en ese caso), financió con una garantía multimillonaria a una empresa privada, Solyndra, la que terminó en quiebra. El gobierno, mejor dicho, los contribuyentes, perdieron $550 millones en la aventura. Es el resultado de un gobierno buscando ayudar a una empresa para un fin que aquel consideró apropiado, pero que puso en un riesgo innecesario a los contribuyentes, pues el mercado decidió no adquirir esos productos, de forma que la empresa profundizó en sus pérdidas. [Privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas, le oía decir siempre a un amigo colega].
 

Lo que a veces se olvida, al decidir un gobierno invertir en una actividad, es que, cuando se usan fondos públicos en ella, son recursos que se dejan de usar en otras actividades tal vez más propias de un gobierno, en vez de ponerse, por ejemplo, a desarrollar tecnologías de la nada, como podría ser el caso aquí.
 

Eso señala, además, un riesgo muy claro y obvio: la intención de la nueva RECOPE es, en parte, poder hacer cosas similares a lo sucedido con la abortada refinería china, que no fue sino una coinversión entre una empresa pública (RECOPE) y otra china, SINOCEM. Todo concluyó en los tristes resultados ya bien conocidos.
 

Además, con ese tipo de acuerdos público-privados sugeridos, se amplía la posibilidad de desarrollar a mayor plenitud el llamado capitalismo de los amigotes, por el cual empresarios privados, a cambio de obtener o realizar negocios o subsidios o protección o apoyo gubernamental (todo con recursos de los contribuyentes), otorgan apoyo político al gobierno, sin excluir la posibilidad real de pagos corruptos a quienes brindan protección ante la competencia.
 

Finalmente, quiero terminar esta consideración con un par de preguntas a los lectores: ¿Cree usted que el gobierno tiene la capacidad de escoger las decisiones sobre inversión correctas? ¿Cree usted que el gobierno (sus funcionarios) tienen la capacidad de disponer de todo el conocimiento disperso y especializado que existe entre todos los participantes en el mercado y que el gobierno puede brindar las señales específicas de hacia dónde debe dirigirse el esfuerzo de los humanos por innovar?
Sorprende que, en la propuesta para promover la metamorfosis de RECOPE, se diga que daría lugar a una “independencia” de la innovación que pueda surgir en el resto del mundo. O sea, se dice que no debemos quedarnos sentados “esperando” por las invenciones externas, sino que, ahora, sean “hechas en Costa Rica.” Seamos francos, ¿acaso alguien cree que tenemos la capacidad de obtener aquí, en nuestro bienaventurado país, todo lo que se está logrando en otras naciones en cuanto a innovación? Y, aún más, ¿pensar que eso lo haríamos aquí con una “nueva” empresa estatal?
 

El desprecio que se expresa de los mercados como estímulo de la inventiva individual empresarial, es un grave error.  Cierto es que en Costa Rica se podrían producir bombas atómicas (me han dicho que en internet ya aparece hasta cómo hacerlas), pero eso no es lo importante. La pregunta que hay que hacer es ¿a qué costo? En todo el mundo hay personas buscando cómo encontrar energías limpias más económicas que las “sucias” actuales. El incentivo del éxito económico lo impulsa y los recursos usados en ese esfuerzo no son los de todos los ciudadanos o los contribuyentes, sino de los propios innovadores y sus inversionistas. Los contribuyentes obligados no necesariamente están dispuestos personalmente a invertir en ello por el alto riesgo que puede implicar. Lo eficiente de la actividad privada es que, si alguien considera que los prospectos de la invención son productivos, rentables, permite que haya aportes de recursos privados dispuestos a correr el riesgo, sin poner a toda la sociedad a incurrirlo.
 

Se hace ver como algo malo que dependamos de la tecnología desarrollada en otras partes. Se nos dice que, de no hacerlo nosotros, seremos “como lo hemos sido en otros campos; consumidores; consumidores de conocimiento, de tecnología.”  Pero, los humanos sabemos de la virtud de la especialización: en hacer aquello en que se es relativamente mejor. La tecnología es algo muy amplio y obviamente una nación no puede especializarse en producir “todo” tipo de tecnología. Pero, si bien esto es claro, ¿por qué no especializarnos en desarrollar una tecnología específica, como se propone en “energías limpias”? Me parece que hay una posibilidad de que un desarrollo exitoso de ello se dé en muchas otras naciones que van años luz adelante en investigación e innovación, sin que tengamos que volver a experimentar nosotros esos onerosos pasos. Naciones en donde ya existen y funcionan las instituciones adecuadas para la innovación, en donde el premio al esfuerzo son las ganancias y en donde prima la competencia. Eso deja que surja el mayor número posible de frutos de la innovación, compitiendo entre sí para lograr el favor de los consumidores y usuarios de ella.
 

Peor según la propuesta local citada, en donde la tecnología que se desarrollaría sería, presuntamente, al abrigo de un ente estatal, que, aunque se diga que operaría en un sistema competitivo, podemos tener certeza de que esa tecnología se desarrollará con mejores resultados de calidad y precio en naciones que ya están muy avanzadas y que tienen la institucionalidad adecuada para estimular la innovación. Son los mercados los que, en última instancia, dirán si la innovación que surge es la deseable y, si lo es, la premiarán con ganancias. Y, si no lo es, las pérdidas surgirán. En la empresa estatal, el objetivo es complacer la meta política que se les ha definido y no la satisfacción de los consumidores.
 

Los recursos son escasos y lo son más en naciones relativamente más pobres. Si los pocos recursos de que disponemos se dedican a aventuras empresariales del estado, eso sólo impedirá que esos recursos se usen en otras cosas mejores y que satisfagan necesidades más apremiantes en nuestro medio. Es una injusticia usar los recursos de todos los contribuyentes, en ilusiones que bien, como ha sucedido en muchas ocasiones y lugares con las empresas estatales o mixtas, pueden fracasar o que, para sobrevivir, deban terminar siendo protegidas ante innovadores más eficientes del exterior, causando graves daños a los consumidores. Por supuesto, la cuenta por esos fracasos será pasada, ya sea mediante mayores precios o menor calidad o impuestos o endeudamiento, a los ciudadanos contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sigue la lucha en defensa de los privilegios

Era esperable que, desde distintos flancos, se desatara una férrea oposición a cualquier intención de reducir las llamadas pensiones de privilegios, pues diversos entes y personas buscan pretextos para que se mantenga la transferencia de recursos de todos los costarricenses para sufragar pensiones de privilegio, para las que nunca se contribuyó lo suficiente.
 

Es así como La Nación, en un comentario publicado el 9 de marzo y titulado “Sindicalistas y un exmagistrado impugnan reforma a pensiones,” nos describe algunas de las acciones legales que concretamente se han planteado para cambiar el régimen de pensiones del Poder Judicial, aprobado a fines del año pasado. Debe tenerse presente que en la actualidad el déficit financiero del régimen de ese Poder para que cumpla con todos sus compromisos, se estima en ¢5.3 billones.
 

Se trata de impugnaciones de 7 dirigentes sindicales de la Asociación Sindical de empleados judiciales (ANEJUD), de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD), del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUD), de la Asociación de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC), de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial (ASOJUPEN), del Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD) y de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) (espero que sean todos, pues me cansé de mencionar a tantos, pues más bien se parece al monstruo mitológica La Hidra de Lerna, poseedora de múltiples cabezas en un mismo cuerpo), además de un exmagistrado de la Sala IV. (E incluya, además, en el paquete de impugnaciones a “un funcionario del sistema jurídico y el presidente de una cooperativa judicial.”
 

Cada uno de ellos apela distintas partes de la decisión legislativa citada y muchas son comunes, por lo cual me referiré, en general, a qué artículos de ella se impugnan:
 

1. La reducción de la pensión desde el 100% de los últimos 24 salarios a un 82% de los últimos 20 años de salarios. Además, porque se elevó la edad de retiro a 65 años en vez de 62 como era antes y porque se cambió de 30 a 35 años los requeridos como mínimo para poder pensionarse. (Artículo 224)
 

2. Anteriormente menores de 60 años podían acogerse a una pensión anticipada, ahora es de 60 años para las mujeres y 62 para los hombres (la impugnación no es por esa clara discriminación, sino en general).  Además, pues se aumentó de 10 a 20 años el número de años requeridos para acogerse a esa pensión anticipada. (Artículos 224bis y 226)
 

3. Porque se cambió la forma de cálculo de la pensión por incapacidad. (Artículo 227)
 

4. Por el aumento en la cotización del trabajador, que pasó del 11% al 13%, a la vez que se conservó el aporte estatal de 1.24% (igual que el del IVM de la Caja) y el del Poder Judicial como patrono de un 14.36%. (Artículo 236)
 

5. Dado que la reforma introdujo las llamadas “contribuciones solidarias”, graduadas entre un 35% y un 55%, cuando la pensión sobrepasa los ¢4 millones mensuales. (Artículo 236bis)
 

6. Contra un transitorio de la nueva ley, que da 18 meses a partir de su promulgación, para que los funcionarios del Poder Judicial se pensionen con las condiciones (de privilegio) del régimen anterior. (Transitorio VI)
 

Se presentan muchas variaciones sobre los mismos temas, pero debo destacar algo que simplemente como argumento es pobre, cual es la opinión de un accionante, representante de SITRAJUD, en torno a la nueva legislación que eleva a 20 años los que debe laborar un empleado de la Corte para poder jubilarse, quien dijo que “dicho cambio deja en indefensión a los familiares de los funcionarios que fallezcan antes de llegar a ese punto.” Sin palabras…
 

El hecho es que siguen peleando por sus privilegios y, dado que conocen los intríngulis judiciales, cabe ver si quienes votan ante las impugnaciones judiciales tienen un interés o beneficio directo o indirecto en ellas: si no son juez y parte, como decimos los de a pie. Tristemente entre el gremio judicial, al menos en los sindicatos organizados a lo interno de ese Poder, parece primar el interés de seguir recibiendo pensiones de lujo para las cuales no contribuyeron personalmente lo suficiente y que ahora son sufragadas por toda la ciudadanía mediante el presupuesto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: unidos ante la amenaza a "nuestros" privilegios

Era esperable que, incluso ante una relativamente pequeña reducción o freno a privilegios incorporada en el paquete tributario recientemente aprobado, en su defensa y conservación, los rectores de las universidades estatales (UCR, Tecnológico, UNA, UTN y la UNED) se unieran para pedirle al presidente de la República, que a esas entidades no les fueran aplicadas, según lo definieron en un acuerdo del Consejo de Rectores (la tribu) del pasado 21 de febrero.

Las reformas cuya puesta en práctica se objeta para las universidades públicas, se refieren a la dedicación exclusiva, para que sólo se pague un 25% adicional del salario a licenciados y un 10% a bachilleres, mitad de las actualmente vigentes. Asimismo, en cuanto a la cesantía, la reforma requiere que haya un tope de 8 años, tal como está en el Código de Trabajo, y que a los que trabajadores cubiertos por convenciones colectivas, no excedan de los 12 años. También, en cuanto a las anualidades, en vez de ser un porcentaje del salario, lo sea en un monto fijo. En lo que trata de la evaluación de desempeño, así como que, en general, las reformas que está diseñando el gobierno para poner orden, regular los incentivos y las escalas salariales dentro del sector público, no les sean aplicadas, dejando que lo sea según una decisión propia de esos entes.

Todo forma parte de una andanada de rechazos en defensa de una serie de privilegios, como lo fue la gestión legal de los rectores para que se les mantuvieran los ¢10.000 millones que los diputados “le quitaron” al llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que inicialmente para este año era de ¢511.000 millones (sí, leyó bien). O sea, apelan legalmente para que una pequeñísima reducción del 1.96% por ciento de la trasferencia no se lleve a cabo. No olviden que son dineros que, de alguna forma, los ciudadanos han pagado con impuestos al fisco y el gobierno transfiere nuestros recursos para la operación de esas universidades. (En realidad, ese monto de ¢511.000 millones es sólo para la UCR, la UNA, el Tec y la UNED, pues, además, sólo para la Universidad Técnica Nacional se destinan por la vía del presupuesto gubernamental casi ¢35 mil millones).

El argumento que da base a la petición de los rectores, es que las universidades públicas gozan de autonomía y, por tanto, que esas decisiones legisladas en el paquete tributario citado no les son aplicables: que la autonomía universitaria es constitucionalmente distinta a la que gozan los llamados entes descentralizados, de forma que el Poder Ejecutivo no tiene jerarquía alguna sobre ellas en ese aspecto financiero, como también lo es en lo administrativo. En sencillo, se sienten independientes: una especie de repúblicas autogobernadas dentro de una República nacional, la cual, eso sí, les transfiere obligatoriamente recursos que todos los costarricenses aportamos por la vía de los impuestos.

Como dijo uno de los rectores de esas universidades, “no podemos ser reformados vía decreto, ni porque lo diga un diputado ni la contralora,” pero es de esperar que esa independencia y autonomía, entendible para su estructura administrativa interna, se extienda a que esas universidades generen los ingresos necesarios para sus gastos. Que sean autosuficientes, emancipados del gobierno nacional.

Hoy la quieren toda de todas: que les paguemos el gasto que deseen “autónomamente” llevar a cabo, pero liberados de que, quienes pagamos por medio del estado, la ciudadanía, no tenga forma alguna de detener un gasto que juzgamos sobredimensionado. Yo creía que en Costa Rica el poder soberano descansaba en la ciudadanía y no en una entidad gubernamental, que se arroga total independencia constitucional de la voluntad general.

La situación es que, sencillamente, las universidades públicas forman parte de un estado cuyas finanzas hacen aguas y que, en este terruño, sólo hay una República, no varias independientes. El día de mañana, bajo el prurito de autonomía, nos confiscarán más y más fondos por la vía de impuestos, cobrados por el gobierno para transferirlos luego a los administradores de esas universidades, para hagan lo que a ellos les parezca.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los incentivos para posponer la pensión

Uno de los asuntos de mayor complejidad en nuestro desorden de sistemas de pensiones dentro del estado, constituye lo que se podría denominar como el estímulo para posponer la pensión. Esto es, se han creado incentivos para que el cotizante posponga su pensión en el momento de pensionarse, lo que implica diversas complicaciones en cuanto a la efectividad de la medida. Advierto al lector que el entendimiento de este tema no es fácil y que requiere de mucha atención a detalles.

Empecemos, antes de analizar particularidades de los distintos regímenes, que la intención presunta de dar la posibilidad de posponer la pensión es porque el fisco considera que, así, pagaría un monto menor si se pospone la pensión, que si el cotizante lo hace al llegar su momento legal de pensionarse.

El primer problema que surge para valorar la conveniencia fiscal de esa medida es que va a depender de cuánto tiempo vive el pensionado (tema que puede parecer “feo” de tratar, pero es esencial para conservar, supuestamente, la viabilidad del sistema de pensiones correspondiente). 

La Nación, en su comentario del 27 de febrero, “Pensionados de lujo ganan hasta ¢3 millones extra por atrasar retiro,” pone un ejemplo que resalta el problema y que resumiré: si bien entre más pospone su pensión, el pensionado obtendrá un pago mensual mayor por su pensión, en el total dependerá de cuántos años viva. El punto de equilibrio -en que da igual pensionarse al momento debido que si la pospone- dependerá de los años que viva como pensionado. Un empleado del magisterio que gana ¢1.2 millones mensuales (¢156 millones al año, treceavo incluido) y que se debería retirar a los 60 años, pero lo hace 7 años después y vive hasta la expectativa actual promedio en el país de 80 años, recibiría, a lo largo de toda su vida como pensionado (13 años). ¢2.028 millones. Si se hubiera pensionado a los 60 años, con una pensión anual de ¢9 millones (más o menos el 70% del sueldo anual), en los 20 años que vivió como pensionado, recibiría ¢2.340 millones: el fisco se ahorraría un total de ¢312 millones.

Pero, si ese pensionado vive más de esos 80 años, digamos 85, el ahorro es menor (¢2.925 millones si no hay postergación versus ¢2.808 millones con postergación). Si vive poco más de 85 años, el fisco pierde con la posposición. Eso ha llevado a que actuarios a concluir que “las leyes actuales desincentivan la postergación.”
 

Pero, hay una gran diferencia en los incentivos que ofrecen los distintos regímenes de pensiones. Particularmente, entre el IVM de la Caja y el llamado del Magisterio, tanto bajo el sistema denominado “Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio” que es el más reciente y otro conocido como “Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio”. Veamos la diferencia entre estos dos sistemas. Al Régimen de Capitalización Colectiva “pertenecen quienes empezaron a trabajar para el Magisterio después de 1992, cuando se cerró el Régimen Transitorio de Reparto.” Ese Régimen Transitorio de Reparto surgió para pensionados que entraron a laborar antes de 1992, “porque el Estado no había reunido un fondo para pagarles a sus afiliados,” dando lugar a que esas pensiones se cargaran al presupuesto de la República (mejor conocidas como pensiones de lujo). 

Un detalle importante es que, en la actualidad, hay unas 8.000 personas más todavía pendientes de pensionarse bajo este sistema Transitorio de Reparto.
 

Vale la pena ahondar en detalles de ese sistema Transitorio de Reparto, que hacen que sea más relevante el impacto de la postergación de las pensiones. Específicamente, en el porcentaje del salario que sirve de base (el promedio de los últimos salarios percibidos) para calcular la pensión, el número de años de postergación y el número de cuotas.
 

La ley original del Régimen Transitorio de Reparto [ley 2248 de 1958] determinó que la posposición podría ser hasta por 7 años como máximo y reconocía una pensión por postergación del 39.2% del salario de referencia, entendido este como el mejor sueldo obtenido durante los últimos cinco años y al beneficiario se le giraba el 100%. En este sistema la edad mínima para jubilarse es de 60 años.
Posteriormente, la ley 2248 fue reformada por la 7268 (de fines de 1991), mantuvo las condiciones de plazo y de porcentaje arriba citadas, pero varió el concepto de salario de referencia, pasando a un promedio de los mejores 12 sueldos de los últimos 24 recibidos, y siempre se giraba el 100% al pensionado.
 

La última transformación de aquella ley se dio con la ley 7531 (de 1995), que definió la postergación máxima a 5 años y el porcentaje por la postergación se redujo de un 39.2% a un 20% del salario de referencia, pero este se definió como el promedio de los mejores 32 salarios entre los últimos 60 y, en vez del 100%, se entregaba sólo un 80%.
 

Por contraste, hoy el IVM de la Caja otorga un 1.6% por año de posposición y el salario de referencia es el promedio de los últimos 240 salarios, pero incluso no es el monto de pensión básica otorgado, sino que oscila entre un 43% y un 52% del salario de referencia.
 

Así es de notoria la diferencia de la posposición de la edad de pensión entre el IVM y el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio. En los regímenes de pensiones del Poder Judicial o del Gobierno no existe la posposición.
 

A su vez, el nuevo régimen de pensiones del Magisterio (de Capitalización Colectiva) reconoce un 6%, en comparación con el 39.2% del Régimen Transitorio, quedando en un intermedio entre el Régimen Transitorio de Reparto y el IVM.
 

Termino haciendo notar que es por la postergación del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio que se observan las 15 mayores pensiones llamadas de lujo. En efecto, esas quince mayores (que oscilan en un monto bruto de pensión mensual de ¢12.173.952 y ¢10.271.472), son de funcionarios de la Universidad de Costa Rica y, con una sola excepción, todas reciben aquel porcentaje del 39.2%.
 

Es evidente que, cualquier intento gubernamental de reforma ante el abuso con las actuales pensiones de lujo, para que sea efectivo en reducir la injusticia otorgada por el estado a grupos de privilegio y que tenga un impacto positivo en las finanzas gubernamentales, pasa por entrarle a fondo a este tema y, muy en particular, al caso extremo del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio.  El tema no va a ser fácil dada la concentración de los beneficios en pocos, relativamente influyentes e interesados en mantener sus prebendas, ante una ciudadanía que, si bien es la que paga esas gollerías, no parece darse cuenta del impacto global que tiene sobre las finanzas del estado y, por ende, de las contribuciones obligatorias mediante impuestos.

 

Jorge Corrales Quesada

La Columna de Carlos Federico Smith: OTRA BURLA A LA CIUDADANÍA CON LAS PENSIONES DE LUJO

Hace 27 años, mediante decisión legislativa, se cerraron varios regímenes de pensiones a cargo del presupuesto público. Se cita al régimen de pensiones de los exdiputados, al del ministerio de Hacienda, al del ministerio de Obras Públicas, al de Ferrocarriles, al de la Guardia Civil, al de expresidentes de la República y al de excombatientes. La razón de ello ya nos es bien conocida: las pensiones recibidas no iban acordes con lo cotizado, más los intereses generados por ese ahorro, de forma que la diferencia se cargaba al presupuesto de la República; esto es, a los bolsillos de los contribuyentes. Sí, a esas, así como de algunos otros regímenes, se les conoce como pensiones de lujo.

Al cerrarse aquellos regímenes citados, los trabajadores siguieron aportando al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, conocido como IVM. Pero, al llegar la hora de jubilación, que se suponía sería bajo las condiciones usuales para todos los trabajadores cotizantes del IVM, los pensionados del momento reclamaron que se aplicara una serie de condiciones privilegiadas, pues la ley era vigente para las pensiones posteriores a 1992 y no para los que empezaron a trabajar antes de ese año en esos entes.

Así, a ese grupo de pensionados se les permitió evitar el tope actual de la Caja de ¢1.6 millones, comparado con el tope de ¢2.7 que hoy aplicado a aquellos otros regímenes. A la vez, en estos el monto de la pensión se calcula en un 100%, basado en los 12 mejores salarios de los últimos 24 percibidos. En el IVM, el monto de la pensión se estima con base en un promedio de los últimos 60 salarios (note: tenga en cuenta que los salarios van aumentando a lo largo del tiempo laborado, por eso, entre más se ponderen los “últimos” salarios como base, mayor es la pensión). Y, del monto así resultante, se paga sólo un porcentaje, que oscila entre un 43% y un 52.5%, no del 100% como aquellos de lujo. Además, en el IVM la pensión se otorga a partir de los 65 años, mientras que los que están a cargo del presupuesto gubernamental lo hacen desde los 60 años.

Obviamente, el incentivo era claro: no quedarse bajo el IVM y que la pensión pasara a cargo del presupuesto gubernamental y no de la Caja.

La información la presenta La Nación, en su edición del 18 de febrero, bajo el titular “Gobierno forzado a pagar pensiones de lujo sin recibir una sola cuota.” 

Pero, el pleito entre familia -la Caja y el Gobierno- es que Hacienda le pide a la Caja que le entregue los aportes que aquellos trabajadores, hoy beneficiados con una pensión de privilegio a cargo del presupuesto de la República, lo hicieron en su momento al IVM. Se estima que el monto por trasladar ascendería a cerca de ¢40.000 millones, lo que, de darse, pondría en serios problemas a la Caja, cuyo sistema de pensiones financieramente está débil. Se estima que los trabajadores salvados por ese portillo citado ascienden a unos 10.000. El tema del traslado de los fondos, aparentemente lo decidiría la Procuraduría General de la República, que a la fecha no lo ha definido.

Dejando de lado este estira y encoje dentro del estado, resulta grave que la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), a cargo de los regímenes cargados al presupuesto de la República, las haya otorgado sin siquiera tener los recursos cotizados por esos pensionados al IVM. Sin tener esos fondos, la DNP simplemente le pasó el costo de aquellas pensiones de lujo al presupuesto gubernamental, el cual, al fin de cuentas, está a cargo de los ciudadanos contribuyentes. No hay nada como gastar la plata sin tenerla.  Ahora el gobierno le reclama esos fondos a la Caja. Las pensiones de privilegio siguen vivitas y coleando… y, los contribuyentes al fisco, pagando.

Jorge Corrales Quesada

La columan de Carlos Federico Smith: salvada a pensionados de lujo

Me imagino que se acuerdan del tope que impuso la Sala Constitucional en noviembre del 2018, de ¢2.7 millones al sueldo mensual de los pensionados bajo regímenes de pensiones a cargo del Presupuesto de la República. Bueno, esa decisión brindó un hálito de esperanza de que, en algún grado, se moderaría la injusticia de las pensiones de lujo (la llamo injusticia, porque los beneficiarios nunca cotizaron lo suficiente ni esas pagas generaron los intereses debidos, para cubrir las pensiones que reciben, siendo la diferencia cubierta por impuestos que todos los ciudadanos pagan al fisco). 

Pero, esa resolución de la Sala IV tenía dos provisiones que disminuirían significativamente el ahorro de fondos públicos al disponerse de pensiones de lujo menores que las previas. La primera provisión es que aquel tope de ¢2.7 millones sólo se aplicaría a pensiones otorgadas a partir del 28 de diciembre del 2018, fecha de la promulgación de la ley 7605, al estipular que las pensiones a cargo del presupuesto del gobierno no podrán superar en más de 10 veces el salario más bajo de la administración pública, de ahí ese tope de los ¢2.7 millones citado.

La segunda provisión fue que ese tope no se aplicaba cuando el trabajador laboraba más tiempo del momento en que debía pensionarse, aunque por fuera un día. A eso le llaman postergación. Estas provisiones facultaron que, de los 1.704 pensionados que deberían haber sido limitados por aquel tope, 1.545 no fueron objeto de ello y sí solo 159 pensionados. (O sea, poco más del 9% fue afectado y el resto se salvó). La salvada provino principalmente por la segunda provisión: la postergación.

A partir del comentario de La Nación del 16 de enero, “1.700 pensionados de lujo del Magisterio se libran del tope,” pregunto: ¿De dónde provienen los salvados del tope?, ¿cuántos son y en qué porcentaje? De la UCR, 876 pensionados (51.4% del total); de la UNA, 379 pensionados (22.2% del total); del MEP, 233 pensionados (13.7% del total); del TEC, 119 pensionados (7% del total); de la UNED, 93 pensionados (5.5% del total) y de la Educación Privada, 4 pensionados (0.2%).
Debe señalarse que los salvados no fueron sólo pensionados del Magisterio, sino que “lo hicieron (sic) la mayoría de los beneficiarios de los regímenes de Gobierno y Asamblea Legislativa” y que, de los 18.000 pensionados de lujo, sólo 380 se vieron afectados.

Si bien el medio señala que, de un gasto anual del gobierno por pensiones de lujo estimado en ¢1.1 millones de millones, si se hubiera aplicado la plena reducción a todas ellas, “el Gobierno se habría economizado ¢19.136 millones en el año,” e indica que el ahorro logrado con las pocas pensiones de lujo que sí quedaron sujetas al tope de ¢2.7 millones al mes, es de ¢1.506 millones al año, lo cual califica de “ínfimo.”

Ante cosas como estas es que se ha hablado de reformas urgentes en el seno legislativo, y varios diputados prometieron entrarle a fondo a estas pensiones a cargo del presupuesto de la República. Pero, el tiempo pasa y el olor a cala del “proyecto” ya abunda en Cuesta de Moras. Seguimos en espera… los paganinis se están cansando. El abuso injusto sigue tan campante como Johnny Walker. El pueblo no debe permanecer dormido y en silencio ante tan preclaros abusos, pues, de hacerlo, sólo alienta mayores injusticias.

Jorge Corrales Quesada