La columna de Carlos Federico Smith: premiando el ocio

Leí con interés la información de La Nación del 22 de agosto, titulada “Investigación revela alarmantes resultados en educación pública de Costa Rica,” y, conforme pasaba las líneas, más me angustiaba el rumbo que ha tomado este país en cuanto a la calidad de su educación, desazón que ha aumentado al ver que los sindicatos de ANDE y APSE, una vez más, acuden a dejar a sus estudiantes sumidos en la ignorancia, al no enseñarles lo mínimo debido, por estar en huelgas casi constantes.

El problema es que la educación pública del país está en plena declinación, según lo señala el VII Informe Estado de la Educación publicado el 21 de este mes. Según el medio, la educación pública nuestra se caracteriza, entre otras cosas, porque hay “programas de estudios que los docentes se resisten a aplicar, una gran mayoría de escuelas… no imparten (sic) el currículum completo de materias, graves deficiencias en Español y Matemáticas.” Indica que “los resultados en general son desalentadores y no responden a la billonaria inversión que el país hace en esta materia” y que “el único factor que resulta satisfactorio es la cobertura en la preescolar, con el problema de que no está acompañado de una mejor calidad.” El presupuesto del MEP se ha cuadruplicado en los últimos 12 años, pasando de ¢679.659 millones en el 2007 a ¢2.600 millones en el 2019.

Veamos algunos datos: 

En educación preescolar (niños de 4 a 5 años), se mejoró su cobertura al llegar a un 80% mientras que en la década previa era de un 60%. Pero, el informe señala que “Los estudiantes de preescolar… registran bajos niveles en sus habilidades lectoras al iniciar el año, (lo) que se mantiene… al finalizar el curso lectivo.” En dos palabras: no progresaron en su aprendizaje.
 

Hay un desprecio hacia la educación preescolar, pues, a partir de información recabada de profesores universitarios al respecto, “el 49% de (los) docentes (de preescolar) que enseñan tienen (sic) 50 años, en promedio; no tienen contacto diario con las aulas de preescolar debido a que dejaron de impartir lecciones y tienen un puesto en propiedad; el 51% restante tiene 43 años en promedio, son interinos y sí laboran con niños.” En ambos grupos “se encontró poca actualización y participación en las tareas académicas” y son “poco propensos a la investigación y al desarrollo de capacidades innovadoras.”
 

En educción primaria, “93.4% del total de alumnos asisten (sic) a instituciones que no imparten” el currículum completo definido por el Consejo Superior de Educación en 1977. Así, los estudiantes se ver perjudicados al no recibir todas las materias, como también porque “los cambios en los programas de las que sí reciben no se implementan en la clase.” El 45% de 364 maestros que fueron entrevistados no aplica el programa de Español cuya reforma viene desde el 2014, “para incorporar principios que logran un mejor desempeño, basado en descubrimiento de la neurociencia,” y se considera que ese programa es “poco relevante” para enseñar el idioma español. Un “85% no permite interrupciones cuando se lee en voz alta y el 66% no comenta experiencias personales en la lectura.” Según el informe citado, esas acciones “no permiten la lectura dialogada, estrategia… para promover el desarrollo de las habilidades lingüísticas, aclarar conceptos, ampliar conocimiento y enriquecer el vocabulario.”
 

Como se llegó a saber del VII Informe de Estado de la Educación “Al 74% de maestros no les gusta leer,” pues, a partir de “una consulta realizada a maestros de primaria, encargados de enseñar a leer y escribir…”, un “74% manifestó que concibe la lectura como un ejercicio obligatorio, ajeno al gusto y el placer propios de esa experiencia.” ¡Por Dios, no diré nada y sólo recordaré con devoción a mis maestros de primaria -además del esfuerzo de mis padres en su hogar- para enseñarme a leer, con su ejemplo y amor hacia la lectura!
 

En educación secundaria, si bien creció en la cantidad de alumnos (42.383 entre el 2011 y el 2018), ese aumento se dio porque ofertas educativas de menor calidad que la tradicional (como el CINDEA), atraen a los alumnos.
 

“En el 2018, sólo el 75% de los alumnos de tercer ciclo (sétimo, octavo y noveno año) y el 48% de educación diversificada (cuarto y quinto año) está en las aulas en el rango de edad oficial del MEP;” o sea, se está envejeciendo la población de secundaria.
 

El medio indica que un estimado de 53.000 adolescentes, entre 12 y 16 años, está fuera del sistema educativo.
 

En las universidades públicas, el informe encontró que “el porcentaje de personas entre 25 y 34 años que debería contar con educación superior está igual que en 2009 (28%) y, a partir de 2014, viene en caída el número de títulos entregados por año.” Esto ha significado un aumento en la brecha con respecto a los países de OCDE, pues era de 6% a fines de los años noventa y en el 2017 ya es de 16.5%.
 

Es importante destacar que, apenas un 37% de la oferta total de carreras en las universidades, está en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
 

Ante esta situación tan lamentable de nuestra educación, la tristeza o angustia aumenta, al darse cuenta uno del grado de irresponsabilidad de los líderes sindicales del magisterio, quienes, un día sí y el otro también, encuentran razones para lanzarse a huelgas que, entre las cosas que logra, está estimular la ignorancia y el desconocimiento entre estudiantes, quienes tan sólo pasan a ser actor secundario del proceso educativo, primando la conservación de privilegios, más que otra cosa, entre la dirigencia sindical.
 

Pero, ¿cómo la ciudadanía no se va a molestar, con justa razón, cuando en un año, el sindicato de profesores de secundaria APSE ha estado en huelga 107 días y, por su parte, el sindicato de maestros, ANDE, ha pasado 94 días en huelga? Muy cerca de la mitad de lo que efectivamente dura nuestro curso lectivo.
 

Claro, el incentivo obvio es que el costo de irse a una huelga es inexistente -y, tal vez, hasta placentero- para los huelguistas. Sencillamente, con el dinero de los ciudadanos contribuyentes se les paga el mismo salario (con todo y pluses), ya sea que trabajen o no. El estímulo hacia la irresponsabilidad es obvio y, si no se frena este abuso, simplemente seguirán las huelgas, sin importar, como es en el caso aquí descrito, que nuestra educación pública vaya en picada. 

Afortunadamente, decisiones recientes del Congreso parecen haber puesto un alto a este abuso, por lo que esperamos con ansia que esa mayor dedicación que ahora deberá tener el gremio magisterial, se traduzca en una mejora de la educación pública del país. Después de todo, la educación es esencial -no un servicio estratégico, como eufemísticamente se le ha considerado- para que el país tenga un futuro mejor del país y por ello es indispensable que se haga el mejor uso posible de los recursos escasos, lo que incluye la eliminación del desperdicio ante huelgas innecesarias.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un privilegio más

No tenía ni idea de que en la Caja existía un régimen especial de pensiones para sus empleados, adicional al IVM del que formamos parte una mayoría de la población pensionada o que tiene derecho a una pensión futura bajo ese sistema.

Tenía la impresión de que ese régimen adicional (especial) de pensiones existía en instituciones como el ICE o el Banco Nacional (estoy muy seguro de este último), pero, un día de estos, el 12 de agosto, apareció en La Nación la información de que “Pensiones de empleados de CCSS con ‘enorme hueco.’” 
 

Antes de comentar sobre dicho hueco, me permito decirles que nada malo hay que en una entidad de gobierno o privada exista un régimen especial, propio, de los trabajadores de esos entes, siempre y cuando el financiamiento para recibir ese complemento al régimen obligatorio de pensiones -como el tradicional IVM de la Caja- provenga exclusivamente de los beneficiaros de tal régimen. Eso excluye aportes del patrono por ser moralmente incorrectos, pues los presupuestos de la parte patronal, al menos en el caso de los entes públicos, son financiados por impuestos a toda o gran parte de la ciudadanía, la que, por definición, no es beneficiaria de ese régimen especial.
 

Tampoco es correcto decir que ese sistema particular, especial, obtiene financiamiento por parte del estado, pues los fondos que el estado usa para dicho aporte, no son nada más que impuestos a los costarricenses (o por un endeudamiento estatal que será pagado por todos los contribuyentes, o por una inflación que bien sabemos afecta negativamente a las personas).
 

Si se desea tener un régimen especial para el retiro, que sean sus beneficiaros quienes pongan los recursos de sus propios bolsillos, no del resto de ciudadanos pagadores de impuestos.
Dicho esto, veamos ahora en qué consiste, al menos en parte, el problema del régimen especial de los empleados de la Caja y mencionaré si algunas de las soluciones propuestas para resolver el problema, son apropiadas o no.
 

Este régimen especial de la Caja hoy se financia tanto por los trabajadores, como por el patrono (la Caja), lo que significa que es con recursos aportados por los ciudadanos como, también, en última instancia, se financian esas pensiones especiales. Para todos los efectos, hay un traslado claro de recursos desde todos los individuos que pagan impuestos al estado, para que este intermedie dichos fondos en beneficio de unos pocos ciudadanos que laboran en aquella entidad.
 

Señala el medio que un informe elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, de junio de este año, titulado “Valuación Actuarial del Fondo de Retiro de los Empleados de la CCSS (FRE),” indica que hay un déficit en dicho sistema que “se ubica en un rango de entre ¢760.000 millones y ¢1.2 billones,” lo que no permitirá financiar “al 85% de las promesas hasta ahora devengadas.”
 

Los problemas se detectaron desde el 2018, cuando ese fondo especial de los empleados empezó a usar “los intereses de las inversiones para pagar jubilaciones.” Según ese informe, para el 2021 “el sistema comenzará a comerse su reserva” y para el 2030 esa reserva “se agotará.”
 

El informe citado indica que debe elevarse “el aporte patronal al régimen, desde el actual 2% del costo de la planilla de la Caja, hasta un 3%,” si bien, con este aumento propuesto el fondo seguiría desequilibrado, pues “el equilibrio real se lograría con una contribución del 7.18% sobre el salario de cada trabajador.”
 

Esa propuesta muestra la naturaleza viciada de la propuesta para ese sistema de financiamiento especial de la Caja: que el faltante lo pague el patrón en un 3%; esto es, nosotros, por medio de la Caja, y no, como debería ser, por los beneficiarios del sistema: los propios trabajadores de esa entidad.
 

Asimismo, el informe interno citado propone modificar el monto de la pensión, que iría del equivalente porcentual de entre el 5 y el 15% del salario promedio de los últimos 24 salarios, a ser igual al del IVM de la Caja (que cobija a la mayoría de los mortales de este país), en donde la base aplicable es el promedio de los últimos 240 sueldos.
 

Y ni siquiera todo eso será suficiente, pues, aunque con esas medidas las reservas existirían hasta el 2057, se mantendría “un déficit actuarial de ¢640.000 millones.”

Es de destacar que el informe interno señala que el Fondo Especial de Retiro (FRE) NO TIENE SOLVENCIA ACTUARIAL, advirtiendo el medio y este servidor, que él énfasis se presenta en el informe original citado.
 

Entre el 2009 y el 2018, la tasa anual promedio de crecimiento de pensionados en este régimen especial fue de 6.6%. El beneficio promedio mensual otorgado por ese régimen especial pasó de ¢54.299 en el 2009, a ¢122.196 en el 2018. De las pensiones otorgadas hasta el último año citado, un 7.26% de las pensiones recibía el máximo vigente mensual de ¢324.120 bajo ese régimen especial. Según el medio, estos últimos trabajaron en la Caja “durante 35 años o más y el monto otorgado como pensión representa el 15% del salario de referencia.”
 

¡Qué tristeza da leer todas estas cosas! Y, si se llegan a aprobar las propuestas para llenar el hueco con nuestros aportes, ¡que Dios nos agarre confesados! No creo que harán una nueva huelga para que sigamos los contribuyentes pagando por este privilegio de una pensión especial, en donde los beneficiarios no aportaron lo suficiente como para recibirla en esos montos. Pero, por lo que se ha visto, no sería nada de extrañar.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reconózcanlo, estamos por encima de ustedes

Tal vez nunca antes me ha dolido tanto escribir un título como este. Sucede al ver la decisión de los magistrados del Poder Judicial en torno a la incluso poca disminución de privilegios o pluses de los empleados públicos, contenida en la ley aprobada en diciembre del año pasado. En ella, a toda la ciudadanía se nos impuso un aumento en impuestos, además de otros nuevos. Pero, ante esa injusticia de impuestos para unos y privilegios para otros, conservo la esperanza de que, de alguna forma, los pueblos terminarán recibiendo la justicia que se merecen. Después de todo, los jueces o magistrados son tan humanos como todos nosotros, y, por tanto, se equivocan. Pero lo lamentable es que, con la conducta que exhibida en este caso, lo que nos dicen es que gozan de autonomías especiales no disponibles para el resto de los siervos de esta sociedad: sólo para ellos y, posiblemente, para otros grupos pequeños privilegiados.

 
El verdadero poder yace en el pueblo, en los ciudadanos y, de alguna forma, haremos que esos empleados públicos, llamados magistrados, sean tratados al igual que todos los demás empleados públicos. Sin privilegios salariales, más allá de los derivados de sus habilidades que pueden ser apreciadas por los mercados, tanto como otras de diversos funcionarios públicos, pero no mediante fueros especiales. Sus salarios, sus prebendas, sus privilegios, sus edificaciones, todo su alrededor público, provienen de la ciudadanía y, por ello, no es concebible que se sientan superiores a los demás ciudadanos, al excluirse, por sí mismos, de medidas destinadas a ordenar las finanzas públicas aplicadas generalmente por ley. 

Bajo una falsa pretensión de autonomía y una división de poderes, asumen que ellos pueden gastar todo lo que les puede venir en gana, eso sí con dineros aportados por la ciudadanía, pretendiendo que cualquier decisión de financiamiento es de su propiedad decidirlo, sin que se les pueda frenar de forma alguna por los contribuyentes que pagan la fiesta, pues no hay más poder en la tierra, tal vez excepto Dios, que pueda formalmente limitarlos en sus privilegios. Autonomía es autonomía para lo que a ellos les parezca.

Nos hablan siempre de igualdad ante la ley, pero la ley la acomodan para recibir un trato que no es igual para todos los funcionarios públicos o a los ciudadanos. Así, hay unos más iguales que otros.

Fue por mayoría de votos de los magistrados de la Corte Plena (14 votos a favor, 7 abstenciones y no señala la información de La Nación del 19 de agosto, “Poder Judicial se eximió de las medidas de ahorro de la ley fiscal,” si alguno votó negativamente), que decidieron, en sesión del 18 de marzo, su excepción ante medidas fiscales adoptadas en diciembre pasado por el Poder Legislativo, para paliar la grave situación fiscal en que nos encontrábamos, nos encontramos y, en parte, al ver cosas como estas, seguiremos encontrándonos. Siempre para desgracia de los ciudadanos menos poderosos.

A los más de 14.000 empleados judiciales no se les aplicará, así se decidió por la Corte Suprema, una serie de medidas aplicables sobre los pluses en el sector público. Veamos en qué casos su tratamiento sigue siendo preferencial para “los de adentro”:

1. Anualidades. Con la reforma fiscal, como medida para evitar el enorme crecimiento de esta partida, ese plus se sustituye por un monto fijo y no variable o porcentual, como era antes. Con la reforma, la nueva base es un monto fijo, equivalente al 1.94% del salario base en enero del 2018 para profesionales y de un 2.54% para los no profesionales. La Corte decidió que a sus empleados se les seguiría pagando porcentualmente, igual que antes de la reforma.

2. Dedicación exclusiva. El Poder Judicial conservará lo que estaba previamente para los empleados ya existentes: 65% para licenciados y 20% para bachilleres con contratos antiguos de dedicación; 25% para licenciados y 10% para bachilleres con nuevos contratos, y, para los nuevos, la dedicación exclusiva para licenciados no será superior al 25% del salario base y el 10% para bachilleres. La Corte sí aplicará el máximo del 25% del salario base para licenciados y del 10% para bachilleres, pero sólo para los nuevos.

3. Incentivos como porcentaje del salario. Además de las anualidades, la reforma señaló que se pagarían como una suma fija anual, en vez de porcentual. El Poder Judicial decidió que los antiguos empleados lo seguirán recibiendo como porcentaje, y que los nuevos lo harán con un monto nominal. Entre esos pluses pagados como porcentaje, el medio cita a los siguientes: “entre un 11% y un 22.37% del salario para el plus llamado índice de competitividad salarial.” De ellos, los jueces y los miembros del Consejo Superior reciben los porcentajes mayores (hasta un 22.37%) y los magistrados un 22.75%. También, se paga un plus que oscila entre un 10% y un 30% llamado “reconocimiento por el ejercicio de la función judicial”, sólo por ser empleados judiciales. Asimismo, jueces y defensores públicos en puestos de coordinadores reciben uno que oscila entre 5% y 10% del salario base.

4. Cesantía. La reforma fiscal señala que será de 8 años, con un máximo del 12% si media convención colectiva o algo similar. El Poder Judicial seguirá pagando a los empleados viejos el 12% y un 8% a los nuevos, sin mediar convención colectiva.

Uno se desilusiona, tal vez porque antes vio como ejemplar el comportamiento de los jueces superiores (confirmado anteriormente por magistrados ejemplares). Pero esa desobediencia, legislación en beneficio propio, conservación de privilegios, una pretendida falsa idea de autonomía, como una independencia total para hacer lo que les da la gana, logran, ante todo, que los jueces, cuya misión es ser justos, no lo demuestren cuando tratan de mantener privilegios propios injustos. Esa pérdida en el respeto social hacia los magistrados no sé adónde nos llevará, pero los pueblos terminan reaccionando ante la injusticia, y más cuando, por naturaleza, quienes deben ser justos, no lo son.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reserva de JAPDEVA se usó para otra cosa y ahora tendremos que asumirla

Una vez más se evidencia la irresponsabilidad de JAPDEVA. Resulta que compró unas grúas y otros equipos en alrededor de $16 millones, que hoy actualmente se usan muy poco. Lo increíble es que, al menos los fondos para las grúas, que costaron ¢15.000 millones, provinieron de una reserva que la institución había hecho para pagar las prestaciones de sus trabajadores, ante la eventual fuerte reducción de operaciones que habría cuando empezara a funcionar APM Terminals. 

Según lo indicó la anterior presidente ejecutiva de esa entidad, Ann McKinley, hubo tres razones para cambiar el giro al que estaban destinados aquellos fondos. Uno, que se debería “aumentar el perfil competitivo en un marco complementario” con la Terminal de Contenedores de Moín; segundo, que las proyecciones financieras de JAPDEVA no “incluían una disminución extrema del volumen de la carga,” y tercero, “porque todo el personal era necesario para las actividades en desarrollo.” Esto lo consigna el artículo de La Nación del 24 de julio, “Exjerarca de JAPDEVA justifica compra de grúas subutilizadas.” La decisión se dio porque “las instrucciones eran cumplir con las metas programadas,” supuestamente del presidente de aquel entonces, Luis Guillermo Solís.

Mientras que, en cierto momento de la comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la señora Ann McKinley, según indica el medio, dijo, “primero, que los fondos no se guardaron para liquidar a los empleados” pues no se previa una caída tan fuerte al entrar en operación el nuevo puerto, pero, luego, dijo que faltaron estudios que previeran ese impacto: “Sí, se hizo un estudio. En un primer momento la proyección era de 60% (de pérdida de carga); en un segundo momento, la estimación paso a 70% en 2017.” Entonces, sí se sabía de esa caída y aun así compraron grúas, asumiendo que siempre tendrían un alto volumen de carga en contenedores. 

Pero, hay más. Según declaraciones de la nueva presidenta ejecutiva de JAPDEVA, señora Andrea Centeno, esas grúas que se compraron “son especializadas para contenedores” y precisamente lo que haría APM Terminals, a partir del 2018, cuando obtuvo la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), era movilizar contendedores.  JAPDEVA sabía eso desde el 2012, al darse la concesión a APM del nuevo muelle y aun así se compraron esas grúas en octubre del 2015, por decisión de su Junta Directiva. La información está en La Nación del 10 de agosto, bajo el titular “JAPDEVA compró grúas para contenedores a sabiendas que las usaría muy poco.”
 

Además, a pesar de que desde el 2012 se le había indicado a JAPDEVA que debería reducir el tamaño de su personal, no lo hizo y la reserva para prestaciones establecida anteriormente en la administración Chinchilla (antes del 2014), se desvió hacia la adquisición de esas grúas. Esas grúas llegaron al país en agosto del 2017, pero no funcionaron eficientemente debido a fallas eléctricas, entrando en operación (en realidad, a medio operar, pues no había suficiente carga por contenedores para procesar) sino hasta febrero del 2018.
 

Ahora bien, ante la falta de plata para pagar sus prestaciones, JAPDEVA le pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de un presupuesto extraordinario para cubrir la planilla de 1.180 plazas. Aparentemente pronto se aprobará el proyecto, por el que “el dinero se empleará en financiar la liquidación de hasta el 80% del personal de JAPDEVA, mediante el pago de las prestaciones sociales” y, vean el obsequio de fondos públicos, con “bonos extra por cese y un subsidio para los que estén prontos a jubilarse.” Eso sí, se consideró que el monto presupuestado no será sino un préstamo, que JAPDEVA deberá devolver y que no sobrepasará de ¢10.000 millones.
 

Me atrevo a pensar que JAPDEVA nunca podrá devolver esa plata de los costarricenses. Cuando venza el plazo del préstamo, ni siquiera se acordarán de por qué era que se debía. O sea, salada la generación de contribuyentes de ese momento futuro, pues pasarán por pérdidas ese préstamo y tendrán que hacerle frente al vencer sin recuperación. Tal vez si vendieran los activos que le quedan a JAPDEVA a la empresa privada, para que esta lleve a cabo proyectos rentables con ellos (pues si no rápidamente quiebran), se podrá recuperar algo de ese bejuco a los contribuyentes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: fue sin querer queriendo

Cuando leo artículo como el de La Nación del 18 de julio, bajo el titular “Error permitió avalar privilegios salariales derogados por la reforma fiscal,” no puedo impedir que llegue a mi mente aquella famosa frase del Chapulín Colorado. Simplemente es imposible pensar que se trató de un error de burócratas, quienes por años se han dedicado a revisar el contenido y procedimientos de las convenciones colectivas dentro del estado. Si hay quienes deberían conocer las limitaciones impuestas a aspectos propios de las convenciones colectivas, son precisamente los empleados del Departamento de Relaciones Laborales del ministerio de Trabajo, quienes parece que eligieron el camino de “hacerse los majes” ante lo que estaba frente a sus ojos: ajustes recientes a las reformas colectivas de cuatro importantes municipalidades del país.

Esas municipales, cuyos trabajadores se beneficiaron con la omisión ministerial, son la de La Unión (Cartago) -Tres Ríos para el vulgo- la de San Ramón (Alajuela), la de Desamparados y Pérez Zeledón (ambas de San José).
 

Veamos con más detalle las omisiones del ministerio de Trabajo en esas cuatro municipalidades:
 

1. Municipalidad de la Unión: Se avaló el pago de cesantía por 20 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, por la simple renuncia. En contraste, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de cesantía de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

2. Municipalidad de San Ramón: Se aprobó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Por el contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.

Asimismo, se aprobó que en la convención colectiva de esa municipalidad el pago salarial fuera bisemanal, mientras que la reforma en mención determinó que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

3. Municipalidad de Pérez Zeledón: Se autorizó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Al contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual que escila entre un 1.94% a profesionales y de un 2.54% a los no profesionales.
 

Igualmente, ese aceptó en su convención colectiva un pago de cesantía que oscila entre 8 y 20 años, según la antigüedad, y se da por despido o jubilación, así como ante la renuncia. En contraste, la reforma fiscal citada señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

4. Municipalidad de Desamparados: Se avaló el pago de cesantía hasta por 16 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, con la simple renuncia. A diferencia, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

También, en la convención colectiva aprobada por el ministerio de Trabajo se permitió que el pago salarial fuera bisemanal, en tanto que la reforma citada señaló que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

Igualmente, en cuanto a las anualidades, se accedió a que fueran el 2% del salario base, mientras que la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.
 

El ministerio Trabajo, por medio de su viceministro, Ricardo Marín, señaló al medio que necesitaba “llegar a esa verdad real de los hechos… necesitamos entablar esas responsabilidades (de los funcionarios del departamento de Relaciones Laborales al mando de Ronald Salazar)… y si hubo error, entablar las responsabilidades.” Estamos avisados de la intención de ese superior en el ministerio de Trabajo. No pensemos que posiblemente no se va a hacer nada y que todo terminará en una palmadita en el dorso de las manos de los responsables. Pero, si en verdad se da algo al respecto, lo que esperamos es que no sea hasta la próxima administración, pues el caso violatorio de la normativa parece ser evidente.
 

Ahora un camino radica en la derogatoria de esos privilegios citados, para lo cual será necesario acudir a los juzgados de Trabajo o a la Sala Constitucional, lo que augura un largo, pero muy largo, trecho y, de ser aceptado, ya no aparecerán quienes deberán devolver los fondos públicos recibidos de más.
 

Alternativamente, se podría renegociar la convención correspondiente, pero eso, ¡vean qué conveniente!, “requiere del acuerdo de ambas partes” y “las convenciones colectivas aprobadas tienen vigencia de tres años.” Nadie se la traga de que van a ir corriendo a renegociar esas convenciones, sino hasta después de esos tres años, cuando tal vez el tema se ha olvidado o ha prescrito.
 

Mientras que todo esto pasa, los ciudadanos contribuyentes de esos cantones pagarán esos privilegios. Ah, de paso, esas convenciones fueron firmadas, además de los dirigentes de los sindicatos, por los alcaldes correspondientes: 3 de ellos son de Liberación y uno del PUSC. No, si cuando se trata de repartir la plata de los ciudadanos, no importa el color político: son zorros del mismo pelaje.

Jorge Corrales Quesada

Lo s incentivos tienen efectos

Como noticia, el fenómeno que señala La Nación en su comentario del 8 de julio, “¢55.000 millones en ayuda social van a personas sin necesidades,” no es algo nuevo. Lo que sí es noticia es que, a pesar de esfuerzos reales o sólo simbólicos para poner orden en esa situación, las cosas no han variado mucho.
 

Ya en el 2015, el Estado de la Nación había informado de “personas de clase media y clase alta que recibían ayuda social”, así como también eran conocidos casos de gente que recibió bonos de vivienda sin cumplir con los requisitos o que una vez obtenidas los dueños las han alquilado y se han ido a vivir a otras. Tampoco han faltado cuchicheos acerca de gente que recibe tres o cuatro ayudas de diferentes entes estatales, para superar supuestas condiciones de pobreza. Pero, ahora con este informa que de nuevo hace el Estado de la Nación, basado en estadísticas del INEC conocidas como la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el lapso 2016-2018, se valora, con datos, la magnitud -en lo posible- de fondos de programas de bienestar que van a dar a personas que bien se pueden mantener por sí mismas.
 

Incluso quien fuera ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, tomó medidas ante el primer informe citado del Estado de la Nación, lo que, según La Nación, logró disminuir el porcentaje de filtraciones (eufemismo empleado para señalar a personas que, sin tener los requisitos usuales de pobreza, reciben fondos de beneficencia estatal, que, vale la pena recalcar, no son sino fondos aportados por los ciudadanos contribuyentes) “de 29.6% a 22.3% entre el 2014 y el 2015.” Pero, para los años siguientes, indica el medio, el porcentaje de filtraciones se mantiene prácticamente similar.” (Me trajo a la memoria una persona amiga que le dio el voto al gobierno actual, porque en campaña le dijeron que le darían “una casita”. Por supuesto que no le han cumplido, pero habría que ver si las promesas de campaña se han traducido en una realidad).
 

En este último informe del Estado de la Nación, se indica que, de los ¢55.000 millones, ¢30.000 van a dar a esos infiltrados o colados en el IMAS (que creo es el ente más grande de subsidios de ese tipo, como alimentos, vivienda y educación) y ¢25.000 millones del Régimen no Contributivo de la Caja, según señaló una persona que conoce mucho de estos asuntos, el economista don Juan Diego Trejos.
 

Todavía más es que un 18.4% de quienes reciben ayudas son familias que “no la necesitan, porque sus ingresos son mayores” que los requeridos para recibirla, así como que 34.000 hogares que las reciben no son pobres y 1.050 hogares tienen ingresos superiores al millón de colones al mes y que con todo y eso reciben esos aportes estatales. Este tipo de fenómeno de infiltración o “colazón” también se presenta en el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y los CEN-CINAI.  

A su vez, el informe indica que hay tanto como “270.000 hogares en condiciones de pobreza (que) no son atendidos por el IMAS.”

El estado, indica el medio, tiene un proceso de control llamado Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), que reune toda “la información socioeconómica del 80% de la población costarricense,” aunque el medio indica que “no hay garantía de que el SINIRUBE se ponga en práctica en todas las sedes que otorgan ayudas a los segmentos más vulnerables del país y esto facilita que las filtraciones persistan.”

Lamentablemente, la filtración sucede hasta en “las mejores familias.” Por ejemplo, existe en países muy desarrollados como los Estados Unidos, pero es de esperar que la ayuda estimule a que haya quienes la prefieren a la opción de trabajar (eso en el marco de un desempleo elevado) o bien trabajan subterráneamente y complementan sus ingresos familiares con esos programas asistenciales. Los incentivos conducen a que sea la búsqueda de subsidios, necesario o no según la situación de pobreza, en vez de procurarse recursos mediante el esfuerzo propio.
 

El artículo es omiso en cuanto al origen de esas familias que reciben ayuda social. No es con afán chauvinista, pero, bien podría ser que la facilidad con que se logra esa ayuda, su monto y su diversidad de razones para recibirla, se conviertan en factor que atrae personas de otras naciones, principalmente vecinas, dada su situación peor en sus naciones de origen.
 

No deja de ser importante recordar que toda esa ayuda proviene de los contribuyentes y que ese uso de fondos para esos fines deja al país sin posibilidad de dedicarlos a otras cosas que los ciudadanos podrían considerar como mejores, ya sea mediante la acción personal de cada uno o para la provisión de bienes públicos por el estado. De esto casi no se habla en el país.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: algunas cosas acerca de las incapacidades laborales en el país

En cierta ocasión, un amigo me dijo que, si él se enfermaba grave, había pedido que no lo metieran al hospital, pues era allí en donde más gente se moría. En cierto grado tiene razón, aunque es posible que, si va al hospital, logre sobrevivir, no así si se queda en su casa. Lo es cierto que todo hospital es un lugar en donde llega todo tipo de enfermedades y con alta frecuencia, además de que es posible que sea un lugar con mayor posibilidad de contagiarse, comparado con ambientes externos (lo vemos al aparecer una infección bacteriana o viral en un hospital, cómo acuden a limpiarlo con rapidez para que otros pacientes no se infecten; ese contagio es casi que, naturalmente, menos posible en el exterior al hospital).
 

Así, tomo con un grano de sal el reciente informe de La Nación del 9 de julio del 2019, titulado “Empleados de CCSS se incapacitan 7 veces más que el promedio nacional,” pues, si bien debe estarse alerta acerca de posibles abusos con las incapacidades, no sorprende que, en la Caja, y particularmente entre los empleados de los hospitales, haya una tasa mayor de incapacidades.
No es extraño que, en números absolutos, la institución pública con más incapacidades sea la Caja, con 128.090 en el 2018. La siguen el MEP con 25.667, la Corte con 10.349, el ICE con 6.859 y el ministerio de Seguridad Pública (MSP) con 4.658 incapacidades, pues están entre los entes gubernamentales que más empleados tienen (56.735, 86.441, 12,792,12.985 y 16.531, respectivamente).
 

Es más interesante ver cuantas boletas de incapacidad por año por trabajador presentan esas instituciones. La Caja 2.26, el MEP 0.30, la Corte 0.81, el ICE 0.53 y el MSP con 0.28. Pero, aun así, uno esperaría que en la Caja hay mayor posibilidad de un porcentaje tan elevado de 2.26 por trabajador al año, mientras que el promedio del país es 0.3 veces al año (en el sector público de 0.65 por trabajador y en el sector privado de 0.2 veces).
 

El artículo citado presenta un cuadro que expone los porcentajes que, del total de incapacidades en el país, presentaron esas entidades de mi interés. En concreto, en el 2018, la Caja tuvo un 29.32% del total, mientras que en el MEP fue un 5.88%, en la Corte un 2.37%, en el ICE un 1.57% y en el MSP un 1.07%. Así, destaca claramente la Caja con el mayor promedio, en el 2018, de boletas de incapacidad anuales por trabajador, así como en términos del porcentaje que representan del total.

El análisis del medio de un posible abuso en las incapacidades, da la impresión de ser más agudo en la Caja, pero, debe tenerse presente lo indicado al principio de que los hospitales son centros de enfermedad y hay proclividad al contagio, así como, por su naturaleza, son obvio foco de transmisión de enfermedades contagiosas, además de tener exigencias laborales intensas de un servicio continuo las 24 horas y que la movilidad de ciertos enfermos exige mucha fuerza física del personal hospitalario. Ello puede explicar esa prevalecía de incapacidades. Incluso los hospitales tienen sistemas de vacaciones profilácticas para personal que labora en actividades muy propensas al contagio, como laboratorios y ciertas especialidades médicas, que incluye no sólo médicos, sino asistentes y personal especializado en manejar los desechos hospitalarios.
 

Pero, y no creo que el medio lo indica con intención malévola, señala que, en el caso de la Caja, de todas las incapacidades en el 2018, “la mayoría, 16.876 (13%) fueron por dolores de espalda (dorsopatías) y 16.045 (12%) por infecciones de las vías respiratorias...” Es razonable lo que indica Patricia Redondo, jefa del área de Salud Ocupacional de la Caja, al decir que “nos contagian con virus, bacterias, hongos; hay mayor tiempo de exposición,” y que, al enfermarse un empleado de la Caja, se “debe sacar” de los trabajos, “porque pueden enfermar a los pacientes,” al ser obvio que, si están en un hospital, es porque su salud es frágil y un contagio puede ser fatal. Dice el director de Bienestar Laboral de la Caja, el señor Luis Bolaños, que hay “ocupaciones muy distintas, la exposición a factores de riesgo es muy alta; hay riesgos biológicos, químicos, psicosociales, físicos, mecánicos y ergonómicos.” Me parecen muy razonables los motivos de una relativamente alta incidencia de incapacidades.
 

No obstante, creo que la institución debería ejercer mayor vigilancia en el manejo de la concesión de incapacidades, para que justificadamente se otorguen las debidas. Pero, es posible pensar que la proximidad laboral cotidiana y la facilidad en el acceso de los solicitantes a quienes aprueban las incapacidades, podría estar aumentando su número. De hecho, es eso no es de extrañar, pues llegan a nuestra memoria médicos que otorgaron incapacidades a personal del MEP que estaba en paro en una de las últimas huelgas, y que se supo que se habían ido de vacaciones fuera del país (nunca se supo si las tomaron internamente, pues no hay el control de los aeropuertos). 

Es natural que esa proximidad física aumente el número de incapacidades, pero si hay abuso, se afecta a los ciudadanos, que son quienes, en última instancia, financian los gastos de la Caja. Esta impresión puede también ser válida en los demás entes estatales que, en comparación con los trabajadores del sector privado, según una muestra de 200 instituciones estatales, resultó, en el 2018, con un promedio de incapacidades de 0.28 de boletas anuales por trabajador, y que el equivalente en el estado es de 0.65. Suele haber médicos que dan incapacidades en esas entidades públicas.

Independientemente de lo dicho, no sobra sugerir que las autoridades supervisen en cada entidad los procedimientos y manejo de las discapacidades, para eliminar cualquier abuso posible, debido al amiguismo lógico que suele darse. Si hay abusos son costos que se le cargan indebidamente a toda la ciudadanía contribuyente. Es legítimo que haya esa seguridad de la salud del trabajador, pero debe evitarse cualquier abuso.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: más proteccionismo ad portas

La marea proteccionista no cesa de arribar. Uno puede haberse ilusionado que en cierto momento ella se hubiera detenido, aunque fuera en algún grado, pero la reducción arancelaria, que beneficia a los consumidores, tenía excepciones que se resumen en una desgravación a lo largo de varios (muchos) años. La ilusión es que algún día llegará la hora en que el arancel será sumamente bajo, alentando así a que la competencia externa pueda vendernos productos esenciales más baratos.
 

Es cierto que ya han pasado muchos años desde que se dio el proceso de apertura comercial de nuestra economía, y que aún no se termina el proceso de desgravación, pero, en realidad, la cosa es más grave. Sabemos de la vigencia del proteccionismo a los arroceros, así como también la pretensión -afortunadamente rechazada. En su momento, por el ministerio de Economía- de aumentar el arancel a la importación de varilla de construcción. Ahora, el monopolio doméstico del azúcar (lo llamo así, pues es un cartel que pretende operar como un solo vendedor en el mercado) pide que el arancel proteccionista sea incrementado.
 

La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) le pidió al ministerio de Economía (MEIC) que haga un estudio para imponer mayores aranceles a los hoy vigentes a la importación de azúcar -actualmente un arancel de poco más del 45% sobre el precio de importación. En el 2017 ese gremio había solicitado un aumento del arancel proteccionista de un 6.8%, pero el gobierno (siguiendo el camino proteccionista lo aumentó, pero en menos; en un 3.67%). Ahora la LAICA vuelve a las andadas y cabildeos y pretende que el gobierno utilice las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para casos de dumping, con la denomina cláusula de salvaguardia, que no es sino una limitación más a la importación del producto.
 

La cláusula señala que un país puede restringir temporalmente las importaciones de un bien que compite con una producido domésticamente, para proteger a aquel país de un aumento en importaciones que amenace o cause un grave daño a la producción doméstica. LAICA pretende que se aplique esa cláusula para frenar importaciones de Brasil (y tal vez del mercado mundial, pues los precios han bajado) y que luego que se imponga un arancel, definido por el MEIC, que se adicionaría al ya vigente del 45%.
 

El precio del azúcar al consumidor no está fijado por ley, de forma que importaciones a un costo menor (con todo y esos aranceles ya de por sí elevados) le impiden al cartel elevar el precio al consumidor y al usuario doméstico del azúcar.  Es de esperar que, si la fuente de la competencia externa se extingue, primero, con la cláusula de salvaguardia y, luego, con el posterior aumento en el arancel, habrá una reducción de la oferta de azúcar en el mercado doméstico, lo que permitiría elevar su precio.
 

Al momento de la información base que aparece en La Nación del 9 de julio, titulada “LAICA solicita al MEIC elevar arancel a azúcar importado,” el ministerio rechazó tomar la medida temporal de cerrar importaciones, en tanto investiga la acusación de dumping para lo que proceda. Ojalá que, cuando el MEIC tome la opinión de las “partes involucradas,” esté presente el invitado invisible a esas reuniones: el consumidor que debería ser libre de escoger el producto al menor precio posible y con la mejor calidad, sin imposiciones de algún gremio específico que quiere imponérselos a un mayor precio. Después de todo, son los consumidores el objetivo final de una economía: satisfacer sus deseos y necesidad de la mejor manera posible.  Si se remueven los aranceles proteccionistas podremos adquirir una azúcar más barata y de igual calidad, para beneficio de los 5 millones de consumidores.
 

Teniendo en mente las palabras de una escritora, Caroline Breashears, refiriéndose a acuerdos proteccionista con la industria azucarera de su país, y que son perfectamente aptas para nuestra circunstancia, reafirmo que “Los acuerdos endulzados con la industria del azúcar dejan un sabor amargo en las bocas de los consumidores.”

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un llamado de atención oportuno ante un nuevo privilegio

Muy a tiempo es el llamado que hace la Procuraduría General de la República, por medio de su procurador general, don Julio Jurado, acerca de un proyecto de ley en proceso de aprobación legislativa, que concedería un nuevo privilegio para unos 276 empleados de JAPDEVA. Ello como resultado del proceso de reforma a JAPDEVA, cuya seria situación financiera es bien conocida por todos los ciudadanos. Se ha estimado que financiar las prestaciones del 80% de los empleados requerirá de la “pequeña” suma de ¢16.236 millones y que hoy no se tienen; pero, ya sabemos de dónde saldrá.... de un presupuesto gubernamental que utilizaría los ya elevados impuestos a los ciudadanos contribuyentes.

Con dicho proyecto esos trabajadores recibirían cada mes antes de su jubilación, un monto mayor al que les correspondería como pensionados del sistema del IVM de la Caja. Esta pensión mayor se pagaría a empleados mayores de 55 años hasta que cumplan con la edad y cuotas correspondientes al IVM. Lo que parece ser relativamente inocente, crearía un privilegio, pues, al ingresar finalmente al IVM, la pensión se reduciría, lo que ocasionaría reclamos al estado para que lo cubra mediante el presupuesto de la República; esto es, con el aporte de todos los contribuyentes.

Eso lo informa La Nación en su artículo del 10 de julio, titulado “Procuraduría alerta de alza en pensiones de JAPDEVA.” Recuerde que, además, la propuesta del gobierno “establece bonos de hasta ocho salarios a los trabajadores que acepten el despido.” Esa adición a la pensión haría que los prejubilados de esa entidad reciban como pensión un total el 64% de los sueldos, mientras que en la Caja sería del 60% de los sueldos. En el primer caso, el monto se basaría en el promedio de los 12 salarios más altos de los últimos 5 años trabajados, mientras que en la Caja lo es el promedio de los últimos 240 salarios. 

El plato está servido para que, al pasar al IVM de la Caja vengan luego las demandas por las rebajas que experimentarían. Esta situación no es nueva: se dio cuando se otorgaron esas prejubilaciones a los empleados del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), que terminó en la aprobación legislativa de nuevas leyes para resolver la diferencia, por supuesto que “cargándolas al Presupuesto Nacional, que en eso es lo que terminaría actualmente,” indicó el Lic. Jurado.
Estamos avisados y hay que parar de inmediato ese gol que se nos quiere meter o bien, como siempre, el golazo será en contra de los contribuyentes, quienes seguiremos pagando pluses y privilegios de todo tipo que existe el sector público.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: problemas de sostenibilidad en pensiones del Banco Nacional

Otro fondo de pensiones, en este caso el Fondo de Garantías y Pensiones de los Empleados del Banco Nacional, tiene problemas de sostenibilidad a futuro. Lo expone el comentario titulado “Pensiones del Nacional urgen de drástica reforma,” en La Nación del 6 de mayo.
 

Hoy ese sistema particular de dicho Banco citado, obligatorio para sus empleados, se financia con el aporte de los 5.312 trabajadores activos en la actualidad, con un 5.5% de su salario, y otro del Banco, con un 10% del salario. Eso significa que nosotros, presuntamente dueños de ese banco estatal, somos quienes, en esencia mediante la generación de utilidades del banco, financiamos esa porción del fondo de pensiones de los empleados del Banco, al incorporarse en los costos de los intereses, principal origen de ganancias del banco, que pagan quienes piden préstamos en ese ente.

Ante lo expuesto -declaro mi ignorancia- y más bien, pregunto si el aporte patronal, en este caso el estado, para las pensiones de esos funcionarios, se limita a ese régimen o si el propietario (y estado) también aporta para las pensiones del IVM de la Caja del Seguro Social. O sea, ¿el empleado del Banco Nacional termina con dos pensiones, una de su propio sistema y otra, de la Caja? Me imagino que eso no es así y que reciben sólo la pensión propia de su régimen del Banco y no también la de la Caja. (Pregunta lícita en estos oscuros regímenes de pensiones en Costa Rica...).
 

En todo caso, tal como van las necesidades actuariales de ese fondo de pensiones, se presentará un déficit que deberá subsanarse, según estudio de la empresa Ernst & Young, mediante cuatro sugerencias (al menos las indicadas por el medio) que brinda para su solución, que creo, en su mayoría, están justamente encaminadas. Primera, que el aporte de los empleados pase de un 5.5% a un 11% de su salario. Segunda, que, para aquellos pensionados que en la actualidad tienen una pensión mayor a ¢1.5 millones al mes (superiores a la más alta del régimen del IVM de la Caja), se introduce una “contribución” del 10% de la pensión. Según cifras actuales, recaería en 151 pensionados que ganan una superior a ¢1.5 millones. Tercero, “reducir o eliminar las jubilaciones por sucesión;” esto es, la que reciben cónyuges o hijos cuando muere el pensionado.  Cuarto, revalorizar el “monto de pensión menor para los jubilados con pensiones altas,” lo que, según entrecomilla el medio, “contribuye a disminuir la inequidad generacional,” cosa que, honestamente, el medio no explica con claridad.
 

Será la Junta Directiva del Banco la que definirá cuáles propuestas y en qué términos serán puestas en vigencia.
 

En ese fondo, al momento, 12 personas reciben una pensión de más de ¢4 millones al mes, 7 entre ¢3 y ¢4 millones, 33 entre ¢2 y ¢3 millones y 99 iguales o mayores a la pensión máxima del IVM de la Caja (aproximadamente ¢1.5 millones). A la fecha, el total de pensionados de ese régimen asciende a 1.505 personas, con una pensión promedio de ¢921.470 al mes (no obstante, el cuadro de estructura de beneficios que desglosa las pensiones por rangos en el 2108, indica un total de 1.483).
 

En principio, el fondo de ahorro para que los empleados tengan sus pensiones propias es conveniente, siempre y cuando sea exclusivo y que, por otra parte, no reciba aportes de ciudadanos contribuyentes, sino que lo financien con sus propios aportes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: a entrarle pronto y firme a los privilegios de las convenciones

Recientemente, la Sala Constitucional ha estado poniendo algún grado de orden en los beneficios o pluses contenidos en convenciones colectivas, si bien puede considerarse como insuficiente y que sigue siendo elevadamente gravoso para los contribuyentes. A pesar de ello, la Sala IV ha estado revisando esas convenciones colectivas, aunque aún hacen fila resoluciones sobre las convenciones de 18 municipalidades, 14 organismos gubernamentales descentralizados y la del ministerio de Educación Pública.

Debe reconocerse el esfuerzo de la Sala para, por ejemplo, eliminar el privilegio que había de cesantías mayores a los 12 años, y que recientemente se eliminó ese privilegio en las convenciones de las municipalidades de Abangares, Carrillo, Coronado y Santa Cruz, al igual que en la Universidad Nacional. A la vez, hace poco eliminó 11 beneficios de los trabajadores de RECOPE, al igual que algunos (12) de la convención de Instituto Nacional de Seguros. Si bien debe reconocerse que se han eliminado un total de 55 beneficios, que se han rechazado 10 cuestionamientos y que 21 reclamos se han declarado, sin lugar, todavía falta más y ojalá se resuelvan pronto y con firmeza. (Ojalá que pronto le entre a los privilegios del sistema de pensiones del Poder Judicial: la justicia entra por casa). La información proviene del artículo de La Nación del 3 de junio, titulada “Sala IV examina los beneficios de 33 convenciones.”

Los siguientes son los beneficios cuestionados ante la Sala y en qué instituciones principales se objetan. No olviden que somos los contribuyentes y, en algunos casos, los usuarios de los servicios o productos, quienes terminamos pagando por estos costos:

1. SOBRESUELDOS: “Son pagos porcentuales o montos fijos a la base salarial reconocidos en la convención colectiva y que constituyen un egreso para la institución.” Entre los principales entes cuya convención colectiva se analiza por la Sala IV acerca de este privilegio, están: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular y la UCR.

2. CESANTÍA: “La Sala IV estableció un tope de 12 años para este pago.” Estos son los entes principales a los que se les está analizando este privilegio: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular, INS, Fuerza y Luz, Tecnológico y la municipalidad de Cartago.

3. INCENTIVOS ECONÓMICOS: “Son aquellos que se pagan de forma excepcional y no son continuos (financiamiento de actividades sociales, educativas o deportivas).” Entre las entidades principales cuyos privilegios se analizan están: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular, INS y la Junta de Protección Social.

4. BENEFICIOS A EMPLEADOS: “Aquellos que no son una remuneración adicional al salario (permisos).” Las principales entidades a las que la Sala les evalúa este privilegio son: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular, UCR, INS, Junta de Protección Social, ministerio de Educación Pública y el INA.

5. BENEFICIOS SINDICALES: “Incluyen gastos sufragados por la institución a sindicatos y sindicalistas; así como uso de bienes públicos por parte de la agrupación gremial.” Los entes principales cuyas convenció se estudia por la Sala Constitucional son: JAPDEVA, Banco Nacional, Banco Popular, UCR, INS, Junta de Protección Social, ministerio de Educación Pública y el INA.

Ojalá se vaya limpiando la cancha gradualmente en cuanto a estos privilegios de convenciones colectivas, y que no se siga el camino de pasito lento que vemos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, para eliminar otros gastos totalmente injustos, como las pensiones de lujo. Todo esto es un asunto tanto fiscal como de justicia.

 

Jorge Corrales Quesada