En este tema polémico queremos abordar un tópico que, desde mucho tiempo atrás, ha causado controversia pero que en las últimas semanas se ha extendido en la opinión pública por la amenaza de protestas y cierre de carreteras. Se trata de la dicotomía entre taxistas y porteadores, entre servicio regulado por el Estado y servicio libremente prestado.
Los taxistas constantemente se quejan de que el porteo provoca una competencia desleal en contra de ellos. Definitivamente los porteadores, al no estar sujetos al control tan estricto de cantidad de placas y precio que tienen los taxistas, cuentan con una gran ventaja competitiva pero esta ventaja de ninguna manera se puede considerar como desleal. En ASOJOD creemos profundamente en el derecho que tienen las personas de hacer uso de su propiedad como les parezca más conveniente siempre y cuando no afecte los derechos de los otros. Si una persona está dispuesta a ofrecer su vehículo para trasladar a otra persona de un lugar a otro a cambio de un monto y la otra persona está plenamente de acuerdo con esa transacción, entonces no hay nada de malo con eso. No entendemos por qué el Estado tiene que involucrarse en esta transacción entre privados.
Tal vez en lugar de estar los taxistas reclamando tanto para que los porteadores no existan, deberían estar reclamando para poder contar con las mismas condiciones que los porteadores. Sería más beneficioso para todos si se pasara un proyecto de ley para eliminar la Ley N° 7969 (Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi) en lugar de este proyecto de ley para quitar la palabra “personas” del artículo 323 del Código de Comercio, que ha generado tanta bulla últimamente.
Por otro lado, los taxistas cuentan con la ventaja competitiva de que pueden trasladar a personas desde cualquier lugar, público o privado, a otro sin necesidad de que el contratante haga una llamada previa. Eso también podría verse como competencia desleal pero a favor de los taxistas. Otra vez aplicamos la misma lógica ¿Por qué si una persona desea que la trasladen de un lugar a otro a cambio de un monto está obligada a llamar previamente una oficina y contratar el servicio de esa manera? El servicio debería poder realizarse en cualquier lugar, a cualquier hora y el propietario del vehículo y el transeúnte deberían tener la libertad de negociar el precio sin necesidad de ningún tercero que los regule.
Imaginémonos un país adonde no existan ni taxistas ni porteadores. Un país donde solo existan los mal llamados “piratas”, es decir, con transportistas sin regulación alguna por parte del Estado, sino que sometidos a las reglas del mercado. La necesidad de las personas para trasladarse continuaría igual que siempre y habría muchas personas interesadas en satisfacerla a cambio de un precio. Los contratantes tendrían la libertad de poder escoger entre varias opciones y poder negociar el monto del servicio hasta lograr un acuerdo "ganar-ganar" con el transportista. Así, los precios se ajustarían a las leyes de la oferta y la demanda. Habría personas dispuestas a pagar más por un transporte que le garantizara seguridad y comodidad y, quizá con el tiempo, varios dueños de automóviles verían conveniente organizarse en compañías para poder ofrecer, de esta manera, un mejor servicio, a un mejor precio y con mejores condiciones de seguridad. y cobertura. Ya no sería necesario pelear por una placa ni tener que comprar funcionarios públicos o políticos para tenerla; tampoco los cazadores de votos tendrían clientes para ofrecerles la concesión a cambio de apoyo en elecciones.
Un país sólo con mal llamados “piratas” parece que sería la mejor opción para todos. Lastimosamente eso no lo vemos sucediendo a corto ni a mediano plazo.
Los taxistas constantemente se quejan de que el porteo provoca una competencia desleal en contra de ellos. Definitivamente los porteadores, al no estar sujetos al control tan estricto de cantidad de placas y precio que tienen los taxistas, cuentan con una gran ventaja competitiva pero esta ventaja de ninguna manera se puede considerar como desleal. En ASOJOD creemos profundamente en el derecho que tienen las personas de hacer uso de su propiedad como les parezca más conveniente siempre y cuando no afecte los derechos de los otros. Si una persona está dispuesta a ofrecer su vehículo para trasladar a otra persona de un lugar a otro a cambio de un monto y la otra persona está plenamente de acuerdo con esa transacción, entonces no hay nada de malo con eso. No entendemos por qué el Estado tiene que involucrarse en esta transacción entre privados.
Tal vez en lugar de estar los taxistas reclamando tanto para que los porteadores no existan, deberían estar reclamando para poder contar con las mismas condiciones que los porteadores. Sería más beneficioso para todos si se pasara un proyecto de ley para eliminar la Ley N° 7969 (Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi) en lugar de este proyecto de ley para quitar la palabra “personas” del artículo 323 del Código de Comercio, que ha generado tanta bulla últimamente.
Por otro lado, los taxistas cuentan con la ventaja competitiva de que pueden trasladar a personas desde cualquier lugar, público o privado, a otro sin necesidad de que el contratante haga una llamada previa. Eso también podría verse como competencia desleal pero a favor de los taxistas. Otra vez aplicamos la misma lógica ¿Por qué si una persona desea que la trasladen de un lugar a otro a cambio de un monto está obligada a llamar previamente una oficina y contratar el servicio de esa manera? El servicio debería poder realizarse en cualquier lugar, a cualquier hora y el propietario del vehículo y el transeúnte deberían tener la libertad de negociar el precio sin necesidad de ningún tercero que los regule.
Imaginémonos un país adonde no existan ni taxistas ni porteadores. Un país donde solo existan los mal llamados “piratas”, es decir, con transportistas sin regulación alguna por parte del Estado, sino que sometidos a las reglas del mercado. La necesidad de las personas para trasladarse continuaría igual que siempre y habría muchas personas interesadas en satisfacerla a cambio de un precio. Los contratantes tendrían la libertad de poder escoger entre varias opciones y poder negociar el monto del servicio hasta lograr un acuerdo "ganar-ganar" con el transportista. Así, los precios se ajustarían a las leyes de la oferta y la demanda. Habría personas dispuestas a pagar más por un transporte que le garantizara seguridad y comodidad y, quizá con el tiempo, varios dueños de automóviles verían conveniente organizarse en compañías para poder ofrecer, de esta manera, un mejor servicio, a un mejor precio y con mejores condiciones de seguridad. y cobertura. Ya no sería necesario pelear por una placa ni tener que comprar funcionarios públicos o políticos para tenerla; tampoco los cazadores de votos tendrían clientes para ofrecerles la concesión a cambio de apoyo en elecciones.
Un país sólo con mal llamados “piratas” parece que sería la mejor opción para todos. Lastimosamente eso no lo vemos sucediendo a corto ni a mediano plazo.
4 comentarios:
Está clara su posición respecto a la regulación del estado en este tipo de servicio público, lo que es un tema polémico. Pero el otro tema polémico, que ustedes apenas mencionan al inicio, es la manera en que los porteadores exigen su derecho a ejercer su actividad: bloqueo de calles y tortuguismo. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
Hola Jairo
Con respecto a ese tema ya hemos dicho nuestra pocisión con anterioridad. Estamos totalmente en contra de cualquier medida que atente contra la libertad de tránsito que tenemos todos nosotros.
Arturo
Jairo:
Gracias por su participación, le contesto desde mi cuenta personal porque no deseo comprometer al resto de mis compañeros.
Para serle muy sincero no tengo para nada claro que opino respecto al tema. Creo en el derecho a la rebelión como lo establece John Locke, pero al mismo tiempo creo que la ejecución de dicho derecho tiene una serie de externalidades indeseables.
En lo personal no apruebo el bloqueo de calles (incluso me parece poco estratégico por parte de los porteadores), creo que una marcha es más adecuado como medio de protesta.
Pero si creo que los ciudadanos deben tener y ejercer medio de protesta cuando sus derechos se ven amenazados por el poder del Estado, la pregunta del millón de dólares es qué medios, cómo se ejercen, etc. Me apena no tener una respuesta concreta a dichas interrogantes. Saludos.
Manuel
Arturo y Manuel, gracias por sus respuestas a mi comentario. Personalmente, creo en la libertad de las personas para ejercer actividades económicas que no atenten contra los derechos de otros, pero me opongo a la estrategia del bloqueo de calles (léase limitación al libre tránsito de otros de manera deliberada).
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