El viernes pasado un grupo de personas (en su mayoría mujeres) marcharon hacia la Asamblea Legislativa con el objetivo de entregar una iniciativa de ley al diputado Villalta cuyo principal objetivo es ampliar la licencia de maternidad de cuatro a siete meses otorgando tres meses adicionales pagados postparto.
Esta iniciativa promovida por un grupo de mujeres y apoyada por la Defensoría de los Habitantes y el Inamu nos parece muy noble. En ASOJOD comprendemos muy bien la motivación de las madres de querer pasar más tiempo con sus bebes recién nacidos, sin embargo, parece que no se han dado cuenta del potencial daño que este tipo de iniciativas pueden causar para las mujeres en general y sus posibilidades de conseguir empleo.
Claramente, un aumento de tres meses en la licencia de maternidad es una razón más para que los empleadores no contraten mujeres y en especial cuando se trata de puestos para personas jóvenes. Hay quienes acusan a los empleadores de no tener sentimientos o carecer de “responsabilidad social” pero la realidad es que el objetivo de los jefes en las empresas es lograr la mayor rentabilidad posible y la estabilidad laboral es un factor clave para poder lograrlo. A medida que el puesto de trabajo es más relevante por la importancia de las decisiones que se tomen para la empresa, se vuelve más complicado contratar a una mujer pues cualquier ausencia en el puesto puede ser muy perjudicial.
En ASOJOD no creemos que este proyecto vaya a recibir mucha resistencia por parte del sector empresarial pues a un empresario realmente no le afecta esto en gran medida. Simple y sencillamente, la próxima vez que contrate personal les dará prioridad a los hombres. Son las mujeres y en especial las mujeres jóvenes las que no deberían estar de acuerdo con esto, irónicamente, lo apoyan a capa y espada como un potencial gran logro social.
Otro aspecto a considerar es quién pagará por estos tres meses adicionales. Si esa responsabilidad se la cargasen al empleador pues aumentan aún más posibilidades de que no se contrate a mujeres pues no solo la salida implica un inconveniente para la empresa sino también implicaría un costo adicional. Si fuese la Caja Costarricense del Seguro Social la que se vaya a ser cargo pues también es un problema porque ya de por si esta entidad está al borde de la quiebra.
Entendemos la nobleza de este proyecto de ley pero no hace falta mucho sentido común para darse cuenta de lo perjudicial sería.
Una vez más, las que dicen defender a las mujeres terminan cercenando sus posibilidades de encontrar un trabajo y tener mejores oportunidades para sus presentes y futuros.
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