Una de las revelaciones que ha realizado el nuevo informe del
Estado de la Nación, es algo que ya todos los consumidores sospechábamos: que
vivimos en un país caro. Para ser más exactos, se determinó que en promedio
somos un país 20% más caro que el resto de Latinoamérica.
Según el propio informe, entre los disparadores del costo de
producción se encuentran la electricidad y los combustibles, ambas actividades
altamente reguladas por el Estado.
Esta situación debe llamarnos la atención a todos, ya que
evidentemente esta problemática representa un duro golpe y castigo a los
bolsillos de los consumidores más pobres. Podríamos decir que hoy en día todos
los costarricenses desperdiciamos un 20% de nuestra riqueza, ya que la
destinamos a comprar bienes y servicios que en otras latitudes podríamos
adquirirlas a un precio menor. En este sentido, sería sumamente valioso poder
destinar estos recursos a otras actividades económicas ya sea un mayor consumo,
ahorro o inversión.
Ahora bien, ¿cómo enfrentar este problema? Pues desde distintos
ámbitos. Primero que todo a nivel productivo, deben reducirse los costos de
producción. Bajo esta óptica la apertura de mercados estratégicos como el de
energía y combustibles es de vital importancia, así como la flexibilización de
las relaciones laborales. Igualmente, la reducción de trámites es central para
abaratar los costos de producción de las empresas. Segundo, se requiere un
mercado más competitivo, para ello se hace necesario disminuir toda case de
aranceles a la importación de productos, así en caso de que los bienes se
encuentren muy caros en el país, resulte ser una opción atractiva para el
consumidor importarlos desde el exterior. Por último, bajo este contexto
resulta obvio que no es viable una reforma impositiva como la que pretende el
gobierno: establecer un IVA y aumentar su tarifa así como los alcances del
mismo, únicamente contraería aún más la capacidad adquisitiva de los
consumidores.
Sin lugar a dudas, este es uno de los temas sobre los cuales mayor
énfasis debe poner el Gobierno. Revertir esta tendencia representaría un gran
alivio al bolsillo de los costarricenses, lo cual sería beneficioso para todo
el sector económico.
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