jueves, 19 de agosto de 2010
miércoles, 18 de agosto de 2010
Flash Legislativo
El pasado lunes, el periódico La Nación publicó una noticia algo tendenciosa, acerca de que el proyecto de violencia doméstica llevaba años sin aprobarse. Sin embargo, en ASOJOD queremos aprovechar el espacio para explicar los problemas que la iniciativa tiene, independientemente de las acciones de los diferentes partidos políticos.
El proyecto de Ley Nº 17.499 pretende adicionar los artículos 22 y 25 a la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres, luego de que la Sala Constitucional los declarara inconstitucionales y los anulara. Veamos las razones de ese Tribunal.
El artículo 22 decía lo siguiente:
Por su parte, el numeral 25 estipulaba que
Mediante el voto Nº 2005-01800, laSala IV consideró que ambas normas remiten a un criterio de subjetividad que podría llevar a que
Al remitir a ese criterio, según lo expresado por la Sala tanto en los votos Nº 15447-2008 como Nº 2005-01800,
El que la conducta prohibida o sancionada se pueda dar en el ámbito de lo privado refiere a lo intimo de la persona es decir, como lo señala el voto del máximo Tribunal Constitucional, podría interpretarse que cualquier conducta dada en el ámbito de lo privado, donde tan solo se depende de la palabra de los actores de la escena privada o íntima, pueda ser señalada como objeto para ser sancionada como una conducta de tipo penal, dejando prácticamente en estado de indefensión al acusado.
Para evitar este tipo de arbitrariedades, la Sala establece, según el ya mencionado voto Nº 2008-15447 que
Nótese que los argumentos de la Sala para declarar inconstitucionales ambas normas remiten básicamente a la imposibilidad de determinar, objetivamente, el daño o la afectación hacia la vícitma, lo cual obligaría a valorar un criterio de subjetividad que violentaría la seguridad jurídica de la parte acusada, al no tener cierta capacidad de previsión acerca de cuáles conductas se enmarcarían dentro del hecho punible y cuáles no.
A partir del fallo de la Sala se generó una ola de críticas y recriminaciones, todas compartiendo el común denominador de que, gracias a los Magistrados, miles de mujeres continuarían siendo agredidas por sus parejas, quienes se beneficiarían de la impunidad. Motivadas por el sentido de "vacío jurídico" que quedó luego de la eliminación de esas disposiciones del texto de la Ley, diversos grupos corrieron para corregir los errores y lograr la aprobación de sendos mecanismos para resguardar a las mujeres.
Sin embargo, como lo hemos dejado claro en ASOJOD, cuando un tema es popular y existen presiones para que el aspecto requerido pase a estar cubierto por el ordenamiento jurídico lo antes posible, salen cosas no muy buenas. Allí es donde entra en escena el proyecto de Ley Nº 17.499.
Esta iniciativa procura, como ya se mencionó, adicionar los artículos 22 y 25 a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. En el artículo 22 se proponen unas modificaciones con respecto a la redacción original, pero se mantienen ciertos vicios. Frases como “ por cualquier medio...” resultan contrarias al principio de tipicidad, que garantiza a las personas que no podrán ser perseguidas penalmente por una acción que no haya sido previamente definida como delito en forma clara y precisa, por una norma de rango legal. Nótese que la precisión y claridad en la redacción del artículo 22 no existen.
En cuanto al artículo 25 se propone que
Usar éste concepto conlleva que se sostenga la utilización de un concepto general que implica un vacío de contenido en la norma, situación que impide identificar con claridad la conducta prohibida o sancionada, lo cual se erige como una violación a los principios de legalidad y tipicidad jurídica, mismo hecho que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de los artículos originales. En otras palabras, se mantiene el vicio de inconstitucionalidad que dio al traste con la aplicabilidad del artículo en cuestión.
La conducta prohibida o sancionada remite a un criterio de subjetividad lo que evidencia, en primera instancia, que las mediciones (entendiéndose como mediciones tanto los diagnósticos como los criterios clínicos y los peritajes), tendrían que realizarse con criterio de caso por caso. Es decir, no tendría un contenido la conducta prohibida o sancionada que permita hacer de ésta una conducta típica penal. En segunda instancia, al remitir a un criterio de subjetividad según lo expresado por la Sala Constitucional en el voto Nº 2005-01800, entraríamos en un problema de valoración que haría que las diferentes sensibilidades de las afectadas se conviertan, en unos casos sí y en otros no, en hechos punibles.
Precisamente, el que no exista un criterio clínico objetivo para poder evaluar de forma determinante y a nivel general, qué palabra o hecho puede resultar ofensivo para la mujer, hace que se carezca de un medio para poder realizar una definición clara del tipo penal: ¿qué palabra o hecho debe tipificarse como ofensivo, ya que será cada mujer de forma particular y en el contexto particular, donde se lleve a cabo la conducta señalada la que puede definir si dicha conducta fue ofensiva o no, lo que conlleva un problema de definición en la constitución del Delito, porque no existe un criterio técnico que pueda determinar que es ofensivo o no?.
Por si fuera poco, el hecho de que se mantenga la penalización de conductas en el ámbito privado comporta otro problema. El que la conducta prohibida o sancionada se pueda dar en el ámbito de lo privado refiere a lo intimo de la persona es decir, como lo señala el voto del máximo Tribunal Constitucional, podría interpretarse que cualquier conducta dada en dicho espacio, donde tan solo se depende de la palabra de los actores de la escena privada o íntima, pueda ser señalada como objeto para ser sancionada como una conducta de tipo penal, dejando prácticamente en estado de indefensión al acusado.
Lo anterior hace que surja una enorme dificultad para poder establecer el criterio de prueba de aquello que “ofende” a una mujer en general. Usar el término “privado” conlleva a indefiniciones de criterios tanto técnicos como clínicos, pues el ámbito de lo privado refiere, por definición, a un espacio íntimo, donde otros sujetos no tienen acceso y, por ende, no tienen capacidad de atestiguar en caso de que se presenten conductas "ofensivas".
La claridad de la norma debe evitar que situaciones como esta puedan prestarse para indeterminaciones, porque lo que para una mujer puede ser, el juez puede valorar que no es así, que se trata de una visión exagerada de la mujer. Para ello se requiere la existencia de parámetros objetivos, pues como ya señaló la Sala en el referido voto Nº 2008-15447
Todas las observaciones anteriores convergen en un grave problema: la seguridad jurídica, esto es, el conocimiento previo sobre las reglas y sobre las consecuencias que se derivan de su incumplimiento, se ve vulnerada por la redacción propuesta en ambos artículos, por lo que su aprobación, en nuestro criterio, mantendría el vicio que las hizo devenir en inconstitucionales.
No queremos que con esto se nos malinterprete. No estamos a favor de la violencia contra mujeres, hombres, niños, ancianos, etc. Simplemente, somos del criterio de que si las cosas se van a hacer, deben hacerse bien y no porque los medios o grupos específicos están presionando por mayor celeridad. La experiencia demuestra que precisamente las iniciativas apresuradas terminan mal, pues se le da poca lectura, poco estudio, poca discusión y en su aprobación confluyen elementos más pasionales que racionales.
El proyecto de Ley Nº 17.499 pretende adicionar los artículos 22 y 25 a la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres, luego de que la Sala Constitucional los declarara inconstitucionales y los anulara. Veamos las razones de ese Tribunal.
El artículo 22 decía lo siguiente:
"A quien de manera grave o reiterada agreda o lesione físicamente a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, se le impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años, siempre que la agresión o lesión infringida no constituya un delito de lesiones graves o gravísimas"
Por su parte, el numeral 25 estipulaba que
"Será sancionada con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que, reiteradamente y de manera pública o privada, insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no."
Mediante el voto Nº 2005-01800, laSala IV consideró que ambas normas remiten a un criterio de subjetividad que podría llevar a que
“la mayor o menor sensibilidad de una persona puede conllevar que alguna frase meramente mortificante sienta que le desvaloriza, ridiculiza o avergüenza".
Al remitir a ese criterio, según lo expresado por la Sala tanto en los votos Nº 15447-2008 como Nº 2005-01800,
“(…) si esa conducta resulta constitutiva de delito aun sea dicha en privado, es posible llegar a interpretar que lo que se pretende reprimir es cualquier hecho, aún sin importancia, que simplemente perturbe a la mujer en cuanto a su tranquilidad o conciencia con actos como los señalados”.
El que la conducta prohibida o sancionada se pueda dar en el ámbito de lo privado refiere a lo intimo de la persona es decir, como lo señala el voto del máximo Tribunal Constitucional, podría interpretarse que cualquier conducta dada en el ámbito de lo privado, donde tan solo se depende de la palabra de los actores de la escena privada o íntima, pueda ser señalada como objeto para ser sancionada como una conducta de tipo penal, dejando prácticamente en estado de indefensión al acusado.
Para evitar este tipo de arbitrariedades, la Sala establece, según el ya mencionado voto Nº 2008-15447 que
“se requieren elementos externos y objetivos que permitan probar la ocurrencia de las conductas. Y ello, se repite, por razones de justicia y legalidad que son aplicables a todos los ciudadanos”.
Nótese que los argumentos de la Sala para declarar inconstitucionales ambas normas remiten básicamente a la imposibilidad de determinar, objetivamente, el daño o la afectación hacia la vícitma, lo cual obligaría a valorar un criterio de subjetividad que violentaría la seguridad jurídica de la parte acusada, al no tener cierta capacidad de previsión acerca de cuáles conductas se enmarcarían dentro del hecho punible y cuáles no.
A partir del fallo de la Sala se generó una ola de críticas y recriminaciones, todas compartiendo el común denominador de que, gracias a los Magistrados, miles de mujeres continuarían siendo agredidas por sus parejas, quienes se beneficiarían de la impunidad. Motivadas por el sentido de "vacío jurídico" que quedó luego de la eliminación de esas disposiciones del texto de la Ley, diversos grupos corrieron para corregir los errores y lograr la aprobación de sendos mecanismos para resguardar a las mujeres.
Sin embargo, como lo hemos dejado claro en ASOJOD, cuando un tema es popular y existen presiones para que el aspecto requerido pase a estar cubierto por el ordenamiento jurídico lo antes posible, salen cosas no muy buenas. Allí es donde entra en escena el proyecto de Ley Nº 17.499.
Esta iniciativa procura, como ya se mencionó, adicionar los artículos 22 y 25 a la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. En el artículo 22 se proponen unas modificaciones con respecto a la redacción original, pero se mantienen ciertos vicios. Frases como “ por cualquier medio...” resultan contrarias al principio de tipicidad, que garantiza a las personas que no podrán ser perseguidas penalmente por una acción que no haya sido previamente definida como delito en forma clara y precisa, por una norma de rango legal. Nótese que la precisión y claridad en la redacción del artículo 22 no existen.
En cuanto al artículo 25 se propone que
“será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos años al que ofenda de palabra o de hecho, de manera pública o privada, a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no".
Usar éste concepto conlleva que se sostenga la utilización de un concepto general que implica un vacío de contenido en la norma, situación que impide identificar con claridad la conducta prohibida o sancionada, lo cual se erige como una violación a los principios de legalidad y tipicidad jurídica, mismo hecho que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de los artículos originales. En otras palabras, se mantiene el vicio de inconstitucionalidad que dio al traste con la aplicabilidad del artículo en cuestión.
La conducta prohibida o sancionada remite a un criterio de subjetividad lo que evidencia, en primera instancia, que las mediciones (entendiéndose como mediciones tanto los diagnósticos como los criterios clínicos y los peritajes), tendrían que realizarse con criterio de caso por caso. Es decir, no tendría un contenido la conducta prohibida o sancionada que permita hacer de ésta una conducta típica penal. En segunda instancia, al remitir a un criterio de subjetividad según lo expresado por la Sala Constitucional en el voto Nº 2005-01800, entraríamos en un problema de valoración que haría que las diferentes sensibilidades de las afectadas se conviertan, en unos casos sí y en otros no, en hechos punibles.
Precisamente, el que no exista un criterio clínico objetivo para poder evaluar de forma determinante y a nivel general, qué palabra o hecho puede resultar ofensivo para la mujer, hace que se carezca de un medio para poder realizar una definición clara del tipo penal: ¿qué palabra o hecho debe tipificarse como ofensivo, ya que será cada mujer de forma particular y en el contexto particular, donde se lleve a cabo la conducta señalada la que puede definir si dicha conducta fue ofensiva o no, lo que conlleva un problema de definición en la constitución del Delito, porque no existe un criterio técnico que pueda determinar que es ofensivo o no?.
Por si fuera poco, el hecho de que se mantenga la penalización de conductas en el ámbito privado comporta otro problema. El que la conducta prohibida o sancionada se pueda dar en el ámbito de lo privado refiere a lo intimo de la persona es decir, como lo señala el voto del máximo Tribunal Constitucional, podría interpretarse que cualquier conducta dada en dicho espacio, donde tan solo se depende de la palabra de los actores de la escena privada o íntima, pueda ser señalada como objeto para ser sancionada como una conducta de tipo penal, dejando prácticamente en estado de indefensión al acusado.
Lo anterior hace que surja una enorme dificultad para poder establecer el criterio de prueba de aquello que “ofende” a una mujer en general. Usar el término “privado” conlleva a indefiniciones de criterios tanto técnicos como clínicos, pues el ámbito de lo privado refiere, por definición, a un espacio íntimo, donde otros sujetos no tienen acceso y, por ende, no tienen capacidad de atestiguar en caso de que se presenten conductas "ofensivas".
La claridad de la norma debe evitar que situaciones como esta puedan prestarse para indeterminaciones, porque lo que para una mujer puede ser, el juez puede valorar que no es así, que se trata de una visión exagerada de la mujer. Para ello se requiere la existencia de parámetros objetivos, pues como ya señaló la Sala en el referido voto Nº 2008-15447
"al exigirse la causación del daño o afectación emocional, se cuenta con un elemento objetivo, indubitable, de que la conducta desplegada por el ofensor, es efectivamente delito de violencia emocional”
Todas las observaciones anteriores convergen en un grave problema: la seguridad jurídica, esto es, el conocimiento previo sobre las reglas y sobre las consecuencias que se derivan de su incumplimiento, se ve vulnerada por la redacción propuesta en ambos artículos, por lo que su aprobación, en nuestro criterio, mantendría el vicio que las hizo devenir en inconstitucionales.
No queremos que con esto se nos malinterprete. No estamos a favor de la violencia contra mujeres, hombres, niños, ancianos, etc. Simplemente, somos del criterio de que si las cosas se van a hacer, deben hacerse bien y no porque los medios o grupos específicos están presionando por mayor celeridad. La experiencia demuestra que precisamente las iniciativas apresuradas terminan mal, pues se le da poca lectura, poco estudio, poca discusión y en su aprobación confluyen elementos más pasionales que racionales.
domingo, 15 de agosto de 2010
Tema polémico: Estado y más Estado
El “menos malo” parece estar haciendo honores para convertirse pronto en el “más malo”: el diputado socialcristiano, Luis Fishman ha presentado un proyecto de ley para restringir las telenovelas y los programas violentos. No es de nuestro interés entrar en una discusión psicológica al respecto de que si los programas o video juegos violentos inducen a la violencia, o si por el contrario actúan como válvula de escape para las personas. En este sentido sólo señalaremos lo obvio: nunca se puede saber como reaccionan los individuos a ciertos estímulos, por eso dicha discusión resulta estéril.
Lo que si nos interesa, es el papel del Estado en toda esta discusión. Hace unos días el exvicepresidente de la República y ahora investigador del Brookings Institute, el señor Kevin Casas, escribió un artículo denunciando el referéndum de uniones civiles. A pesar que coincidamos con sus conclusiones, discrepamos con sus argumentaciones: simplemente no es cierto que Costa Rica sea una democracia liberal sometida al poder constitucional, como afirma el Doctor Casas. Desgraciadamente muchos suelen creer que tal es nuestra situación, pero pareciera ser todo lo contrario.
En nuestro país, existen impuestos progresivos, la propiedad privada cumple una función social, se nos dice cómo podemos o no casarnos, también con cuántos podemos hacerlo, se financia a través del presupuesto a un determinado credo religioso, se nos dice qué sustancias podemos introducir a nuestros cuerpos, o cuándo y por dónde podemos sacar nuestros vehículos de nuestras cocheras, qué cursos se deben impartir en la educación, a quién podemos comprar y vender bienes y servicios, etc etc. Todas estas limitaciones se "sustentan" en alguna curiosa categoría conceptual: justicia social, bien común, interés general, justa repartición de la riqueza. En sítesis, todos estos términos se traducen en una sola cosa: que siempre hay algo más importante que el concreto y real interés del individuo, ¿qué es ese algo o quién y cómo lo define no parece estar muy claro?
El proyecto del “más malo” sigue esta misma dinámica y esta misma lógica. Existe un interés superior, el cual obliga al Estado restringir cómo cuándo y qué programas pueden ver los individuos. Nuestro país se está quedando sin esferas privadas. Pareciera imposible citar una sola actividad de la cotidianeidad que no se encuentre regulada y reglada o que, en su defecto, no sea sujeta a próximas regulaciones. Después de todo, como ya lo hemos dicho en ASOJOD, al tico parece molestarle la libertad y la privacidad.
Lo que si nos interesa, es el papel del Estado en toda esta discusión. Hace unos días el exvicepresidente de la República y ahora investigador del Brookings Institute, el señor Kevin Casas, escribió un artículo denunciando el referéndum de uniones civiles. A pesar que coincidamos con sus conclusiones, discrepamos con sus argumentaciones: simplemente no es cierto que Costa Rica sea una democracia liberal sometida al poder constitucional, como afirma el Doctor Casas. Desgraciadamente muchos suelen creer que tal es nuestra situación, pero pareciera ser todo lo contrario.
En nuestro país, existen impuestos progresivos, la propiedad privada cumple una función social, se nos dice cómo podemos o no casarnos, también con cuántos podemos hacerlo, se financia a través del presupuesto a un determinado credo religioso, se nos dice qué sustancias podemos introducir a nuestros cuerpos, o cuándo y por dónde podemos sacar nuestros vehículos de nuestras cocheras, qué cursos se deben impartir en la educación, a quién podemos comprar y vender bienes y servicios, etc etc. Todas estas limitaciones se "sustentan" en alguna curiosa categoría conceptual: justicia social, bien común, interés general, justa repartición de la riqueza. En sítesis, todos estos términos se traducen en una sola cosa: que siempre hay algo más importante que el concreto y real interés del individuo, ¿qué es ese algo o quién y cómo lo define no parece estar muy claro?
El proyecto del “más malo” sigue esta misma dinámica y esta misma lógica. Existe un interés superior, el cual obliga al Estado restringir cómo cuándo y qué programas pueden ver los individuos. Nuestro país se está quedando sin esferas privadas. Pareciera imposible citar una sola actividad de la cotidianeidad que no se encuentre regulada y reglada o que, en su defecto, no sea sujeta a próximas regulaciones. Después de todo, como ya lo hemos dicho en ASOJOD, al tico parece molestarle la libertad y la privacidad.
viernes, 13 de agosto de 2010
Viernes de Recomendación
Para el día de hoy les ofrecemos el ensayo: "Los orígenes epistemológicos del estado contemporáneo" del profesor Gabriel Zanotti. En dicho trabajo el filósofo argentino pretende establecer un diálogo entre la filosofía de la ciencia y la filosofía política.
jueves, 12 de agosto de 2010
ECONOMÍA: Dejen que el mercado prospere para que la gente pueda hacerlo también
Luego de que la Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Rodham Clinton, anunciara que se impondrían nuevas sanciones económicas a Corea del Norte, un titular decía: “EE.UU. ejerce presión sobre la economía de Corea del Norte”. Sin embargo, Pyongyang ya ha estrangulado su propia economía.
El caos creado por la “reforma” monetaria de divisas del año pasado y por la dura caída de las actividades del mercado es evidente en la escasez de comida, una espiral de precios y el descontento.
Los pequeños comerciantes habían aprovechado las oportunidades rentables de comercio que surgieron después de que los controles económicos fueron relajados tras la hambruna de mediados de los noventa. Los mercados privados se desarrollaron y el comercio a través de la frontera aumentó. La existencia de mercados privados acompañado de las políticas de “sunshine” del sur brindaron nuevas oportunidades, al permitir a los trabajadores separarse del sector público y a los consumidores comprar bienes fuera del sistema de distribución del Estado.
Como era de esperarse, la élite comunista le temía al mercado. Además, el sur, bajo presión doméstica y de EE.UU., se alejó de una política de apertura. Para 2005, Pyongyang había empezado a restringir a los pequeños comerciantes. La reforma monetaria —y la puesta de fin al uso de monedas extranjeras en la economía informal y dual— fueron señales de que una mayor liberalización no era bienvenida.
En lugar de aprender de los experimentos naturales que mostraron la superioridad de los mercados, Kim Jong-il y sus compadres prefirieron mantener su poder. Al hacer al pueblo dependiente del Estado para vivir, los funcionarios gubernamentales recuperaron el poder que habían perdido ante el mercado. Sin embargo, las reformas fallaron, el gobierno se disculpó, y algunas actividades mercantiles fueron reactivadas.
¿Qué sucederá luego? La reportada ejecución del jefe de economía del partido Pak Nam-gi, en marzo, por su papel en la reforma de divisas podría ser señal de una futura liberalización. En ausencia de levantamientos populares, sin embargo, es probable que la vieja guardia siga tratando de proteger su posición privilegiada. La adherencia a la planificación central no evitó el colapso de la Unión Soviética; más bien lo apresuró. Es probable que lo mismo suceda en Corea del Norte.
Luego de más de 50 años de tensión entre el Norte y el Sur, es tiempo de acabar con la fantasía socialista y restaurar los mercados y la libertad en el Norte. La política de sanciones económicas y juegos de guerra empleada por EE.UU. no ha logrado cambiar al Norte. Una política de interacción económica sería más productiva, con el apoyo tanto de China como de Corea del Sur. El “crecimiento pacífico” de China es el resultado de la liberalización económica, no del aislamiento.
La transición del Norte de un modelo de planificación central al mercado debería ser de suma importancia. Enormes juegos de guerra y sanciones económicas solamente le seguirán el juego al departamento de propaganda del Norte, y EE.UU. se convertirá en el chivo expiatorio para el ataque de Kim hacia el liberalismo económico.
El Norte fue una vez más rico que el Sur. La restitución de los mercados y la institución de un estado de derecho le daría a los coreanos del norte la posibilidad de mejorar sus vidas.
James A. Dorn
El caos creado por la “reforma” monetaria de divisas del año pasado y por la dura caída de las actividades del mercado es evidente en la escasez de comida, una espiral de precios y el descontento.
Los pequeños comerciantes habían aprovechado las oportunidades rentables de comercio que surgieron después de que los controles económicos fueron relajados tras la hambruna de mediados de los noventa. Los mercados privados se desarrollaron y el comercio a través de la frontera aumentó. La existencia de mercados privados acompañado de las políticas de “sunshine” del sur brindaron nuevas oportunidades, al permitir a los trabajadores separarse del sector público y a los consumidores comprar bienes fuera del sistema de distribución del Estado.
Como era de esperarse, la élite comunista le temía al mercado. Además, el sur, bajo presión doméstica y de EE.UU., se alejó de una política de apertura. Para 2005, Pyongyang había empezado a restringir a los pequeños comerciantes. La reforma monetaria —y la puesta de fin al uso de monedas extranjeras en la economía informal y dual— fueron señales de que una mayor liberalización no era bienvenida.
En lugar de aprender de los experimentos naturales que mostraron la superioridad de los mercados, Kim Jong-il y sus compadres prefirieron mantener su poder. Al hacer al pueblo dependiente del Estado para vivir, los funcionarios gubernamentales recuperaron el poder que habían perdido ante el mercado. Sin embargo, las reformas fallaron, el gobierno se disculpó, y algunas actividades mercantiles fueron reactivadas.
¿Qué sucederá luego? La reportada ejecución del jefe de economía del partido Pak Nam-gi, en marzo, por su papel en la reforma de divisas podría ser señal de una futura liberalización. En ausencia de levantamientos populares, sin embargo, es probable que la vieja guardia siga tratando de proteger su posición privilegiada. La adherencia a la planificación central no evitó el colapso de la Unión Soviética; más bien lo apresuró. Es probable que lo mismo suceda en Corea del Norte.
Luego de más de 50 años de tensión entre el Norte y el Sur, es tiempo de acabar con la fantasía socialista y restaurar los mercados y la libertad en el Norte. La política de sanciones económicas y juegos de guerra empleada por EE.UU. no ha logrado cambiar al Norte. Una política de interacción económica sería más productiva, con el apoyo tanto de China como de Corea del Sur. El “crecimiento pacífico” de China es el resultado de la liberalización económica, no del aislamiento.
La transición del Norte de un modelo de planificación central al mercado debería ser de suma importancia. Enormes juegos de guerra y sanciones económicas solamente le seguirán el juego al departamento de propaganda del Norte, y EE.UU. se convertirá en el chivo expiatorio para el ataque de Kim hacia el liberalismo económico.
El Norte fue una vez más rico que el Sur. La restitución de los mercados y la institución de un estado de derecho le daría a los coreanos del norte la posibilidad de mejorar sus vidas.
James A. Dorn
miércoles, 11 de agosto de 2010
Flash Legislativo
En este día, en ASOJOD no abordaremos un proyecto en particular, sino que haremos un breve análisis de la agenda de las sesiones extraordinarias. Durante todo este mes de agosto, la definición de la agenda corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, que pone en conocimiento de los Diputados aquellos proyectos que le interesa impulsar.
Este periodo inició desde el lunes anterior y una semana después, ha estado caracterizado por una marcada indecisión del Ejecutivo: ha enviado cuatro convocatorias diferentes, sacando e incorporando proyectos sin ninguna lógica particular. La hipótesis más plausible para explicar este hecho es que el mismo Ejecutivo no sabe lo que quiere: no ha terminado de acomodarse luego de 3 meses de gestión y con una serie de problemas que le han complicado la labor a Chinchilla y su gabinete: el aumento de salario de los Diputados, la pelea entre la Ministra de Salud y la Asamblea Legislativa, el caso de Crucitas, la reforma constitucional del agua y la negociación por el FEES son apenas algunos temas que han dificultado el accionar de ese Poder.
A eso hay que sumarle un aspecto que, de no controlarse, se podría volver peligroso en el futuro: el miedo casi patológico de la Presidente para tomar decisiones que puedan levantar polémica. Lo vimos en campaña y lo vemos ahora en gestión. Se trata de una evitación extrema del conflicto y la discusión, no con intenciones pacifistas y consensuale, sino por incapacidad propia de doña Laura para echarse al hombro un Gobierno. Aún la honestidad no ha sido cuestionada, pero la firmeza que nos prometía en campaña, cada día se convierte más en un slogan, en una fórmula vacía.
Si el Ejecutivo no toma decisiones claras, y la agenda del periodo de sesiones extraordinarias debe ser una de ella, el país podría enfrentar graves consecuencias. Esperemos que doña Laura y su equipo definan, cuanto antes, los temas que quieren poner en conocimiento del Poder Legislativo, a fin de que los Diputados logren aligerar un poco la agenda parlamentaria, sacando algunos proyectos.
Este periodo inició desde el lunes anterior y una semana después, ha estado caracterizado por una marcada indecisión del Ejecutivo: ha enviado cuatro convocatorias diferentes, sacando e incorporando proyectos sin ninguna lógica particular. La hipótesis más plausible para explicar este hecho es que el mismo Ejecutivo no sabe lo que quiere: no ha terminado de acomodarse luego de 3 meses de gestión y con una serie de problemas que le han complicado la labor a Chinchilla y su gabinete: el aumento de salario de los Diputados, la pelea entre la Ministra de Salud y la Asamblea Legislativa, el caso de Crucitas, la reforma constitucional del agua y la negociación por el FEES son apenas algunos temas que han dificultado el accionar de ese Poder.
A eso hay que sumarle un aspecto que, de no controlarse, se podría volver peligroso en el futuro: el miedo casi patológico de la Presidente para tomar decisiones que puedan levantar polémica. Lo vimos en campaña y lo vemos ahora en gestión. Se trata de una evitación extrema del conflicto y la discusión, no con intenciones pacifistas y consensuale, sino por incapacidad propia de doña Laura para echarse al hombro un Gobierno. Aún la honestidad no ha sido cuestionada, pero la firmeza que nos prometía en campaña, cada día se convierte más en un slogan, en una fórmula vacía.
Si el Ejecutivo no toma decisiones claras, y la agenda del periodo de sesiones extraordinarias debe ser una de ella, el país podría enfrentar graves consecuencias. Esperemos que doña Laura y su equipo definan, cuanto antes, los temas que quieren poner en conocimiento del Poder Legislativo, a fin de que los Diputados logren aligerar un poco la agenda parlamentaria, sacando algunos proyectos.
martes, 10 de agosto de 2010
Excelente noticia!
En ASOJOD celebramos la decisión de la Sala Constitucional, al acoger los amparos y declarar la improcedencia del referéndum sobre la unión civil de personas del mismo sexo. Celebramos que se defienda el derecho individual del capricho de la masa; celebramos que, aunque sea por un momento, los Magistrados se sentaron firmes en la defensa de la libertad de escogencia de personas y se evitó que triunfara el odio, la homofobia y la ignorancia.
"Ex ignorantia ad sapientiam et tenebris ad lucem" ("De la ignorancia al conocimiento y de la oscuridad a la luz")
"Ex ignorantia ad sapientiam et tenebris ad lucem" ("De la ignorancia al conocimiento y de la oscuridad a la luz")
Curso Liberalismo
En ASOJOD deseamos invitarlos al próximo curso de liberalismo realizado por ANFE:
Profesor: Jorge Corrales
Lugar: Oficinas de ANFE
DIAS: Martes 17, 24 y 31 de agosto del 2010
COSTO: ¢ 10.000.00 (Incluye material, certificado de participación y libro “Políticamente Incorrecto”
HORA: De 6:00 a 7:30 p.m.
Para reservación: Tels.: 2253-4460 / 2224-7350 / 2253-4497 / 8996-6569
Profesor: Jorge Corrales
Lugar: Oficinas de ANFE
DIAS: Martes 17, 24 y 31 de agosto del 2010
COSTO: ¢ 10.000.00 (Incluye material, certificado de participación y libro “Políticamente Incorrecto”
HORA: De 6:00 a 7:30 p.m.
Para reservación: Tels.: 2253-4460 / 2224-7350 / 2253-4497 / 8996-6569
lunes, 9 de agosto de 2010
Tema polémico: el Gobierno empeña nuestro futuro
Para este Tema polémico, en ASOJOD queremos abordar una variante del problema generalizado que provoca el Estado: el endeudamiento. Mises decía que "el Estado no puede hacer a un hombre rico, pero sí puede hacerlo pobre" y aunque esa frase es muy acertada, en el caso de Costa Rica ambas posibilidades son reales: el Estado puede hacer a algunos ricos mediante privilegios, subsidios, excenciones, condonaciones, etc.
Pero en todo caso, deseamos enfocarnos en lo de la pobreza. El pasado jueves, Diputados de 5 fracciones políticas atacaron fuertemente al Gobierno de la República por la liquidación presupuestaria del año 2009, luego de que los Diputados Marielos Alfaro y Adonay Enríquez (ML), Walter Céspedes (PUSC) y Víctor Hernández (PAC), miembros de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, dictaminaran negativamente el ejercicio del Poder Ejecutivo durante ese año. A ellos se les unieron los legisladores Víctor Granados (PASE) y José María Villalta (FA).
De acuerdo con el informe que los mencionados Diputados emitieron como parte de su labor en esa Comisión, el Gobierno de la República incurrió en serias fallas, por cuanto financió 15% del gasto corriente con endeudamiento (a contrapelo de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos de la República), alcanzó pobres niveles de ejecución presupuestaria y fue incapaz de vincular las metas del Plan Nacional de Desarrollo con las acciones y contenidos presupuestarios, lo cual derivó precisamente en su incumplimiento.
En cuanto al primer punto, el Gobierno, mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga (dicho sea de paso, ex Ministro de Hacienda), defendió que ante la crisis internacional debió recurrirse al endeudamiento para aplicar medidas anticíclicas. Sin embargo, ese argumento no es de recibo por varias razones: primeramente, porque la ley claramente prohibe el financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento, por lo que el Presupuesto del año anterior contenía un claro vicio de legalidad. Respecto a esa disposición normativa, la Contraloría General de la República ha señalado que
Como puede observarse, el irrespeto a esa disposición resulta problemático desde el punto de vista económico, pero también desde el legal-moral. En el primer caso, el financiamiento de gasto corriente con ingreso de capital compromete la estabilidad financiera del país al aumentar la deuda pública e incrementar impuestos, lo que se traduce en una obligación futura para el individuo, que deberá destinar más dinero al pago de las obligaciones y menos a la satisfacción de sus necesidades, ahorro, inversión o consumo. Por ello, no es de extrañar que el Gobierno, nuevamente mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga, hablen de la "necesidad" de aumentar la carga tributaria para hacer frente al gasto público y al servicio de la deuda. En el segundo caso, el hecho de que sea el mismo Poder Ejecutivo, supuesto garante de la ejecución de las normas, el que la irrespete no sólo violenta el principio de legalidad que representa un instituto elemental de la Administración Pública costarricense y que se erige como garantía del imperio de la ley y, particularmente, del régimen de sujeciones y limitaciones que tiene el Estado frente a los administrados para evitar abusos y arbitrariedades, sino que también, mina la legitimidad del Gobierno para exigir la obediencia ciudadana. Esto último tiene un impacto importante en la gobernabilidad, pues ella se ve reducida cuando los individuos comienzan a considerar ilegítima la acción de los poderes públicos y, por tanto, desconocen su autoridad.
La segunda razón que torna inaceptable esa política contracíclica es que, ante una crisis, lo más lógico y prudente es desarrollar una política restrictiva en el gasto (especialmente por la reducción de los ingresos, producto de la caída en la producción y el consumo) y no, como hizo el gobierno, expandirlo para pagar becas de Avancemos, aumentos en las pensiones del Régimen No Contributivo, salarios y aguinaldos, dineros que curiosamente se giraron con mayor resonancia en el año preelectoral, lo que no sólo demuestra que la preocupación gubernamental no es la ciudadanía, sino que la práctica es afianzar una clientela de votantes. Criticamos esa medida tanto por el clientelismo como por la irresponsabilidad de gastar más dinero cuando no se tiene. En tiempos de "vacas flacas", los individuos reducen sus gastos, dejando sólo para lo necesario y procuran no endeudarse, pero nuestros irresponsables gobernantes, que no responden con su patrimonio por las torpezas cometidas, actuán de forma contraria, hipotecando nuestro futuro y abriendo las puertas a mayor voracidad fiscal para pagar los compromisos adquiridos.
En tercer lugar está la eternindad de estas medidas. Los políticos de turno alegaban que la política contracíclica fue para paliar los efectos de la crisis y que será temporal. Pero ahora nos dicen que el gasto es inflexible, que no se pueden reducir los subsidios y que los costarricenses tendremos que seguir pagando sus ocurrencias. Al final, lo que se suponía era una medida temporal por la crisis, acaba siendo, como siempre, en una medida eterna, hecho que evidencia que no se trataba de una política contracíclica, sino de una política expansiva del gasto.
Como siempre, los políticos buscan excusas para no enfrentar las consecuencias de sus actos y la que utilizan ahora es la crisis para justificar los grandes yerros en la liquidación del presupuesto. No obstante, el análisis de los datos permite colegir que los resultados negativos en la liquidación presupuestaria no descansan exclusivamente en la crisis internacional, sino que involucran otros aspectos cuya responsabilidad recae directamente en el Poder Ejecutivo, a saber, falta de claridad en los objetivos de los programas y su contenido presupuestario, reducida vinculación del Presupuesto Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo, malos niveles de ejecución presupuestaria, lo que sugiere una reducida capacidad de las instituciones para cumplir con sus propias metas o, por el contrario, que están solicitando más recursos de los que realmente necesitan; baja ejecución y no inclusión de programación y metas cuando se trata de recursos externos revalidados cada año y destinados a la inversión pública, pobre identificación de la población objetivo de los programas sociales, despilfarro de recursos públicos, entre otros.
Todo lo anterior evidencia que quienes dirigen a Costa Rica la están llevando hacia el despeñadero. Mientras algunos aseguran que el Estado debe seguir jugando un papel activo en el desarrollo, los números y la realidad demuestran que es un enemigo del desarrollo. El Estado nos está empobreciendo cada vez que, irresponsablemente, gasta más dinero del que tiene, cada vez que se endeuda, cada vez que nos quita nuestra riqueza mediante impuestos para transferirla a otros, que sin importar que sean ricos o pobres, no la merecen. El Estado, como decía Bastiat, es la ficción por medio de la cual, unos viven a costa de otros.
Así que si queremos progresar, ser más ricos y prósperos, más libres y creativos, necesitamos menos Estado. El Estado sólo sirve para empeñar nuestro futuro y si permitimos que lo siga haciendo, pronto no tendremos ninguno prometedor.
Pero en todo caso, deseamos enfocarnos en lo de la pobreza. El pasado jueves, Diputados de 5 fracciones políticas atacaron fuertemente al Gobierno de la República por la liquidación presupuestaria del año 2009, luego de que los Diputados Marielos Alfaro y Adonay Enríquez (ML), Walter Céspedes (PUSC) y Víctor Hernández (PAC), miembros de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, dictaminaran negativamente el ejercicio del Poder Ejecutivo durante ese año. A ellos se les unieron los legisladores Víctor Granados (PASE) y José María Villalta (FA).
De acuerdo con el informe que los mencionados Diputados emitieron como parte de su labor en esa Comisión, el Gobierno de la República incurrió en serias fallas, por cuanto financió 15% del gasto corriente con endeudamiento (a contrapelo de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos de la República), alcanzó pobres niveles de ejecución presupuestaria y fue incapaz de vincular las metas del Plan Nacional de Desarrollo con las acciones y contenidos presupuestarios, lo cual derivó precisamente en su incumplimiento.
En cuanto al primer punto, el Gobierno, mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga (dicho sea de paso, ex Ministro de Hacienda), defendió que ante la crisis internacional debió recurrirse al endeudamiento para aplicar medidas anticíclicas. Sin embargo, ese argumento no es de recibo por varias razones: primeramente, porque la ley claramente prohibe el financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento, por lo que el Presupuesto del año anterior contenía un claro vicio de legalidad. Respecto a esa disposición normativa, la Contraloría General de la República ha señalado que
“(...) pretende garantizar el cumplimiento de un sano principio de la administración de la Hacienda Pública, en virtud del cual los gastos que implica la actividad ordinaria de las instituciones del Estado y no comportan un aumento en el acervo de bienes duraderos que permiten acrecentar la capacidad productiva de ejercicios venideros, sean financiados comprometiendo los ingresos fiscales futuros o el esfuerzo de acumulación realizado en años pasados. El financiamiento de gastos corrientes con endeudamiento incide en el crecimiento de la deuda pública, restringiendo el margen de acción del Estado para la atención de las necesidades públicas, y si excede de ciertos niveles convierte en insostenible la situación fiscal en el largo plazo” (Contraloría General de la República. Memoria Anual 2009. San José, Costa Rica: Contraloría General de la República, 2010. P. 78).
Como puede observarse, el irrespeto a esa disposición resulta problemático desde el punto de vista económico, pero también desde el legal-moral. En el primer caso, el financiamiento de gasto corriente con ingreso de capital compromete la estabilidad financiera del país al aumentar la deuda pública e incrementar impuestos, lo que se traduce en una obligación futura para el individuo, que deberá destinar más dinero al pago de las obligaciones y menos a la satisfacción de sus necesidades, ahorro, inversión o consumo. Por ello, no es de extrañar que el Gobierno, nuevamente mediante el Diputado oficialista Guillermo Zúñiga, hablen de la "necesidad" de aumentar la carga tributaria para hacer frente al gasto público y al servicio de la deuda. En el segundo caso, el hecho de que sea el mismo Poder Ejecutivo, supuesto garante de la ejecución de las normas, el que la irrespete no sólo violenta el principio de legalidad que representa un instituto elemental de la Administración Pública costarricense y que se erige como garantía del imperio de la ley y, particularmente, del régimen de sujeciones y limitaciones que tiene el Estado frente a los administrados para evitar abusos y arbitrariedades, sino que también, mina la legitimidad del Gobierno para exigir la obediencia ciudadana. Esto último tiene un impacto importante en la gobernabilidad, pues ella se ve reducida cuando los individuos comienzan a considerar ilegítima la acción de los poderes públicos y, por tanto, desconocen su autoridad.
La segunda razón que torna inaceptable esa política contracíclica es que, ante una crisis, lo más lógico y prudente es desarrollar una política restrictiva en el gasto (especialmente por la reducción de los ingresos, producto de la caída en la producción y el consumo) y no, como hizo el gobierno, expandirlo para pagar becas de Avancemos, aumentos en las pensiones del Régimen No Contributivo, salarios y aguinaldos, dineros que curiosamente se giraron con mayor resonancia en el año preelectoral, lo que no sólo demuestra que la preocupación gubernamental no es la ciudadanía, sino que la práctica es afianzar una clientela de votantes. Criticamos esa medida tanto por el clientelismo como por la irresponsabilidad de gastar más dinero cuando no se tiene. En tiempos de "vacas flacas", los individuos reducen sus gastos, dejando sólo para lo necesario y procuran no endeudarse, pero nuestros irresponsables gobernantes, que no responden con su patrimonio por las torpezas cometidas, actuán de forma contraria, hipotecando nuestro futuro y abriendo las puertas a mayor voracidad fiscal para pagar los compromisos adquiridos.
En tercer lugar está la eternindad de estas medidas. Los políticos de turno alegaban que la política contracíclica fue para paliar los efectos de la crisis y que será temporal. Pero ahora nos dicen que el gasto es inflexible, que no se pueden reducir los subsidios y que los costarricenses tendremos que seguir pagando sus ocurrencias. Al final, lo que se suponía era una medida temporal por la crisis, acaba siendo, como siempre, en una medida eterna, hecho que evidencia que no se trataba de una política contracíclica, sino de una política expansiva del gasto.
Como siempre, los políticos buscan excusas para no enfrentar las consecuencias de sus actos y la que utilizan ahora es la crisis para justificar los grandes yerros en la liquidación del presupuesto. No obstante, el análisis de los datos permite colegir que los resultados negativos en la liquidación presupuestaria no descansan exclusivamente en la crisis internacional, sino que involucran otros aspectos cuya responsabilidad recae directamente en el Poder Ejecutivo, a saber, falta de claridad en los objetivos de los programas y su contenido presupuestario, reducida vinculación del Presupuesto Nacional con el Plan Nacional de Desarrollo, malos niveles de ejecución presupuestaria, lo que sugiere una reducida capacidad de las instituciones para cumplir con sus propias metas o, por el contrario, que están solicitando más recursos de los que realmente necesitan; baja ejecución y no inclusión de programación y metas cuando se trata de recursos externos revalidados cada año y destinados a la inversión pública, pobre identificación de la población objetivo de los programas sociales, despilfarro de recursos públicos, entre otros.
Todo lo anterior evidencia que quienes dirigen a Costa Rica la están llevando hacia el despeñadero. Mientras algunos aseguran que el Estado debe seguir jugando un papel activo en el desarrollo, los números y la realidad demuestran que es un enemigo del desarrollo. El Estado nos está empobreciendo cada vez que, irresponsablemente, gasta más dinero del que tiene, cada vez que se endeuda, cada vez que nos quita nuestra riqueza mediante impuestos para transferirla a otros, que sin importar que sean ricos o pobres, no la merecen. El Estado, como decía Bastiat, es la ficción por medio de la cual, unos viven a costa de otros.
Así que si queremos progresar, ser más ricos y prósperos, más libres y creativos, necesitamos menos Estado. El Estado sólo sirve para empeñar nuestro futuro y si permitimos que lo siga haciendo, pronto no tendremos ninguno prometedor.
viernes, 6 de agosto de 2010
Viernes de Recomendación
Douglass Cecil North es un destacado economista galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1993. Su principal aporte radica en comprender que la estructura institucional son las reglas del juego (formales e informales) creadas para eliminar incertidumbre, pero que a la vez generan incentivos o limitaciones al intercambio humano. El siguiente documento nos introduce al pensamiento económico de Douglass North.
jueves, 5 de agosto de 2010
ECONOMÍA: De la esperanza a la preocupación en Panamá
La elección de Ricardo Martinelli como presidente de Panamá en mayo del 2009 generó cierto entusiasmo acerca de las perspectivas de desarrollo de ese país. Durante su campaña Martinelli prometió implementar importantes reformas de mercado, como por ejemplo un impuesto de tasa única —el cual habría sido el primero en el continente, mayor apertura comercial, la eliminación de algunos subsidios gubernamentales y la reducción y simplificación de trámites burocráticos. Un año después, estas promesas no solo han quedado en el olvido, sino que su presidencia ha estado marcada por medidas económicas populistas, tráfico de influencias y compadrazgos políticos, la erosión de los pesos y contrapesos propios de una democracia e incluso el acoso a la prensa independiente.
En el campo económico, Martinelli apunta ahora hacia un mayor intervencionismo estatal. El presidente panameño aumentó algunos niveles del salario mínimo hasta en un 30%, una medida irresponsable en un país con una tasa de desempleo del 6,5% y un sector informal que constituye aproximadamente el 40% de la fuerza laboral. Ha declarado la nacionalización de dos carreteras administradas por empresas privadas a un costo de más de $1.000 millones. Ha creado más burocracia así como también nuevos programas sociales. Martinelli también ha anunciado obras públicas ostentosas, como por ejemplo la construcción —con dinero público— de un rascacielos en la Ciudad de Panamá que sería el edificio más alto de América Latina. Recientemente el gobierno anunció un presupuesto para el 2011 de $13.900 millones, lo cual representa más del 50% del PIB nacional y haría de Panamá uno de los países con mayor gasto público en la región.
Para financiar esta vorágine del gasto, Martinelli ha recurrido a más deuda, más impuestos —con un aumento al Impuesto al Valor Agregado del 40% y la creación de un nuevo tributo mensual sobre el ingreso bruto— e incluso ha dicho que utilizaría los fondos de la seguridad social para proyectos tales como la nacionalización de las carreteras. Peor aún, su gobierno ha debilitado el sistema de dolarización de más de un siglo de antigüedad al ordenar que se acuñen $130 millones en monedas durante los próximos 5 años, casi el doble de la cantidad que ha sido acuñada desde 1904. Bajo el sistema monetario de Panamá, el gobierno acuña “balboas” —la moneda nominal del país— en la misma denominación y valor que las monedas de EE.UU.
Sin embargo, lo más preocupante de su presidencia ha sido la manera en que Martinelli ha socavado los pesos y contrapesos de la democracia panameña. Al llegar al poder, Martinelli prometió que dos próximas designaciones a la Corte Suprema de Justicia se beneficiarían de un proceso abierto de nominación en el que participarían grupos de la sociedad civil. No obstante, cuando los candidatos recomendados no fueron de su agrado, escogió a dos personas cercanas para los cargos. Uno de los seleccionados, José Abel Almengor, era su secretario de Seguridad. El otro, Alejandro Moncada, fue removido en el 2000 de la ahora desaparecida Policía Técnica Judicial debido a serias faltas éticas. Su esposa, sin embargo, trabaja con la Primera Dama.
El compadrazgo parece ser la regla en el Panamá de Martinelli. Por ejemplo, una asesora tributaria de la empresa de supermercados de Martinelli ha sido nombrada como Controladora General de la República. Los procesos de licitaciones públicas han sido ignorados y contratos estatales han sido asignados arbitrariamente a parientes y socios políticos. Una crisis institucional tuvo lugar enero pasado cuando la Corte Suprema, a pedido del Ejecutivo, suspendió a la Fiscal General a raíz de cargos cuestionables de “abuso de poder”. La persona que la reemplazó trabajó en la campaña presidencial de Martinelli.
La prensa panameña ha sido muy crítica de Martinelli, algo que ha generado amenazas veladas por parte del gobierno. Por ejemplo, el presidente le pidió a los canales de televisión que “auto-regulen” su cobertura de las noticias para reducir el “contenido violento” en sus noticieros. Poco después, una diputada del partido de Martinelli introdujo una ley para crear una junta estatal que “reglamentaría la auto-regulación” y la extendería a periódicos y radios. Un órgano similar existió en Panamá durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado “preocupación” acerca del proyecto de ley, el cual, de acuerdo a Robert Rivard, director Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, constituiría un “retroceso en materia de libertad de prensa” en Panamá. También ha habido reportes de periodistas que han sido acosados por las autoridades.
Martinelli, cuya coalición disfruta de una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional, todavía tiene por delante cuatro años más en la presidencia. La dirección en que está llevando a su país debería preocupar no solo a aquellos que celebraron su triunfo como una oportunidad de progreso, sino también a los que se asombraron con la rápida transición de Panamá hacia una democracia republicana integral. La esperanza de Panamá rápidamente ha dado paso a la preocupación.
Juan Carlos Hidalgo
Coordinador de Proyectos para América Latina del Cato Institute
http://www.jchidalgo.blogspot.com/
En el campo económico, Martinelli apunta ahora hacia un mayor intervencionismo estatal. El presidente panameño aumentó algunos niveles del salario mínimo hasta en un 30%, una medida irresponsable en un país con una tasa de desempleo del 6,5% y un sector informal que constituye aproximadamente el 40% de la fuerza laboral. Ha declarado la nacionalización de dos carreteras administradas por empresas privadas a un costo de más de $1.000 millones. Ha creado más burocracia así como también nuevos programas sociales. Martinelli también ha anunciado obras públicas ostentosas, como por ejemplo la construcción —con dinero público— de un rascacielos en la Ciudad de Panamá que sería el edificio más alto de América Latina. Recientemente el gobierno anunció un presupuesto para el 2011 de $13.900 millones, lo cual representa más del 50% del PIB nacional y haría de Panamá uno de los países con mayor gasto público en la región.
Para financiar esta vorágine del gasto, Martinelli ha recurrido a más deuda, más impuestos —con un aumento al Impuesto al Valor Agregado del 40% y la creación de un nuevo tributo mensual sobre el ingreso bruto— e incluso ha dicho que utilizaría los fondos de la seguridad social para proyectos tales como la nacionalización de las carreteras. Peor aún, su gobierno ha debilitado el sistema de dolarización de más de un siglo de antigüedad al ordenar que se acuñen $130 millones en monedas durante los próximos 5 años, casi el doble de la cantidad que ha sido acuñada desde 1904. Bajo el sistema monetario de Panamá, el gobierno acuña “balboas” —la moneda nominal del país— en la misma denominación y valor que las monedas de EE.UU.
Sin embargo, lo más preocupante de su presidencia ha sido la manera en que Martinelli ha socavado los pesos y contrapesos de la democracia panameña. Al llegar al poder, Martinelli prometió que dos próximas designaciones a la Corte Suprema de Justicia se beneficiarían de un proceso abierto de nominación en el que participarían grupos de la sociedad civil. No obstante, cuando los candidatos recomendados no fueron de su agrado, escogió a dos personas cercanas para los cargos. Uno de los seleccionados, José Abel Almengor, era su secretario de Seguridad. El otro, Alejandro Moncada, fue removido en el 2000 de la ahora desaparecida Policía Técnica Judicial debido a serias faltas éticas. Su esposa, sin embargo, trabaja con la Primera Dama.
El compadrazgo parece ser la regla en el Panamá de Martinelli. Por ejemplo, una asesora tributaria de la empresa de supermercados de Martinelli ha sido nombrada como Controladora General de la República. Los procesos de licitaciones públicas han sido ignorados y contratos estatales han sido asignados arbitrariamente a parientes y socios políticos. Una crisis institucional tuvo lugar enero pasado cuando la Corte Suprema, a pedido del Ejecutivo, suspendió a la Fiscal General a raíz de cargos cuestionables de “abuso de poder”. La persona que la reemplazó trabajó en la campaña presidencial de Martinelli.
La prensa panameña ha sido muy crítica de Martinelli, algo que ha generado amenazas veladas por parte del gobierno. Por ejemplo, el presidente le pidió a los canales de televisión que “auto-regulen” su cobertura de las noticias para reducir el “contenido violento” en sus noticieros. Poco después, una diputada del partido de Martinelli introdujo una ley para crear una junta estatal que “reglamentaría la auto-regulación” y la extendería a periódicos y radios. Un órgano similar existió en Panamá durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado “preocupación” acerca del proyecto de ley, el cual, de acuerdo a Robert Rivard, director Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, constituiría un “retroceso en materia de libertad de prensa” en Panamá. También ha habido reportes de periodistas que han sido acosados por las autoridades.
Martinelli, cuya coalición disfruta de una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional, todavía tiene por delante cuatro años más en la presidencia. La dirección en que está llevando a su país debería preocupar no solo a aquellos que celebraron su triunfo como una oportunidad de progreso, sino también a los que se asombraron con la rápida transición de Panamá hacia una democracia republicana integral. La esperanza de Panamá rápidamente ha dado paso a la preocupación.
Juan Carlos Hidalgo
Coordinador de Proyectos para América Latina del Cato Institute
http://www.jchidalgo.blogspot.com/
miércoles, 4 de agosto de 2010
Flash Legislativo
Este día queremos ofrecerles información acerca de una interesante iniciativa del Diputado Carlos Góngora del Movimiento Libertario. Se trata del proyecto de Ley N° 17.712, que procura exonerar a los café internet de impuestos de renta, ventas, contribuciones parafiscales y del canon de regulación que establece el Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en ASOJOD no nos parece que las exoneraciones sean un mecanismo apropiado, toda vez que generan una distorsión en el trato, de forma que mientras unos gozan del beneficio -muchas veces por favores políticos- el resto tenemos que pagar las cargas. Sin embargo, como también hemos explicado, en un escenario como el nuestro, con gran intervencionismo y voracidad fiscal, y con escasas oportunidades de implementar un sistema tributario más sencillo y reducido, que respete la propiedad de los individuos, vemos como un paso adelante que estas exoneraciones se den. Al final de cuentas, como dice Jorge Corrales, Presidente de ANFE, "la libertad entra por rendijas".
La eliminación de estos tributos para los café internet resulta positiva en dos sentidos: por un lado, es una forma de dejar de presionar a los emprendedores que, poco a poco, han ido surgiendo en esta área, a pesar de las trabas que el ICE, como monopolio o como actor hegemónico, les ha generado para su desarrollo. Por el otro, estos negocios han cumplido un interesantísimo rol que refleja, a la perfección, la idea de Smith sobre el egoísmo: buscando su propio interés individual, los empresarios de este sector le han hecho un enorme favor al conjunto: han democratizado el acceso a Internet.
Gracias a estos negocios, cientos de costarricenses han podido introducirse en ese fascinante mundo, han podido desarrollar destrezas y acceder a más información, entretenimiento y conocimiento. En un siglo que nos caracteriza por las tecnologías de la información y la comunicación, los café internet han permitido que los costarriceses que tal vez no tenían recursos para contar con acceso a la red desde sus casas, puedan mejorar sus condiciones académicas y laborales.
Precisamente, esta iniciativa reconoce y premia el esfuerzo de los emprendedores que decidieron arriesgarse y ganar en esa área.
Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en ASOJOD no nos parece que las exoneraciones sean un mecanismo apropiado, toda vez que generan una distorsión en el trato, de forma que mientras unos gozan del beneficio -muchas veces por favores políticos- el resto tenemos que pagar las cargas. Sin embargo, como también hemos explicado, en un escenario como el nuestro, con gran intervencionismo y voracidad fiscal, y con escasas oportunidades de implementar un sistema tributario más sencillo y reducido, que respete la propiedad de los individuos, vemos como un paso adelante que estas exoneraciones se den. Al final de cuentas, como dice Jorge Corrales, Presidente de ANFE, "la libertad entra por rendijas".
La eliminación de estos tributos para los café internet resulta positiva en dos sentidos: por un lado, es una forma de dejar de presionar a los emprendedores que, poco a poco, han ido surgiendo en esta área, a pesar de las trabas que el ICE, como monopolio o como actor hegemónico, les ha generado para su desarrollo. Por el otro, estos negocios han cumplido un interesantísimo rol que refleja, a la perfección, la idea de Smith sobre el egoísmo: buscando su propio interés individual, los empresarios de este sector le han hecho un enorme favor al conjunto: han democratizado el acceso a Internet.
Gracias a estos negocios, cientos de costarricenses han podido introducirse en ese fascinante mundo, han podido desarrollar destrezas y acceder a más información, entretenimiento y conocimiento. En un siglo que nos caracteriza por las tecnologías de la información y la comunicación, los café internet han permitido que los costarriceses que tal vez no tenían recursos para contar con acceso a la red desde sus casas, puedan mejorar sus condiciones académicas y laborales.
Precisamente, esta iniciativa reconoce y premia el esfuerzo de los emprendedores que decidieron arriesgarse y ganar en esa área.
El tico está decidido a ser pobre
Casi el 50% votaron contra el TLC mientras el 77% de los panameños votaron a favor de endeudarse en $5.300 millones (más que la deuda pública total de Costa Rica) para mejorar el Canal y hacerse más ricos. La propuesta de Don Pepe de crear un “Distrito Financiero” y adelantarse a Panamá se bloqueó porque “era para hacer más rico a Vesco”. Los bananales del sur eran para explotar a los trabajadores y hacer más ricos a “los gringos”. Los ticos lograron sacarlos de ahí y miles de familias quedaron sin sustento. El Canal Seco también lograron obstruirlo porque iban a morir no sé cuantos chinches y alipatos.
Pero lo de Alcoa no tiene nombre. Malos ticos bloquearon esa fuente de riqueza y empleo para los costarricenses. El empleo que iba a generar esa inversión era el equivalente al de las 10 empresas industriales del país JUNTAS. Y se tuvieron que ir los muchachos de San Isidro como mojados porque no podían encontrar trabajo en la tierra que los vio nacer.
Tuve la dicha de contribuir a repatriar el cuerpo de uno de esos muchachos porque la familia se quedó sin dinero después de perder la hipoteca que no pudieron pagar porque dependía de que el muchacho, trabajando en EUA enviara los pagos. Aparecieron sus restos en un desierto de Arizona. Su dentadura confirmó que eran los de Mainor. Su padre me explicó: “No se sabe de qué murió. Seguro de hambre o de sed o tal vez de soledad”. La maldad existe y es malo quien le niega sustento al menesteroso.
Y ahora “Las Crucitas”. En el fondo, argumentan que salvar la lapa verde tiene prioridad a darle de comer a 250 familias. Y muchos ticos les creen. Ignoran la verdad de que el hombre no es el siervo de la tierra. Ni de la bauxita de P.Z., ni del oro de Las Crucitas. Ni de unos arbolitos, ni de las lapas verdes. La gente tiene que comer. “¡Ah, es que es ‘a cielo abierto’! Da furia que esa idiotez se repita como plegaria y como el TLC, cerca de la mitad de los ticos la estén creyendo. Sigue la marcha macabra hacia la pobreza.
Que vuelen. En ese proyecto se derriban unos bosques (en Costa Rica se siembran más árboles de los que se cortan) y se mueren unos pajarracos. Pues tienen alas, ¡que emigren! En P.Z. no fueron pajarracos los que tuvieron que emigrar, sino la juventud. Pero el argumento es: “¡ah, es que se extinguen y hay que preservar esas especies!”. Hace 65 millones de años cayó un asteroide en México. Después de haber dominado el planeta Tierra por 160 millones de años, el dinosaurio se extinguió. Y nada pasó. Es más, muchos biólogos opinan que eso fue lo que permitió el dominio del ser humano sobre la Tierra.
“Ah, que es a ‘cielo abierto’”. La piña también. Hay que botar arbolitos también. Es más, el suelo se mantiene completamente abierto. Además, se emplea mucho agroquímico (“lo que hace su impacto ambiental muy serio”), hay contaminación de suelos, de agua y “de ecosistemas terrestres vecinos con graves consecuencias en su flora y su fauna”. Etcétera. Pero en Colonia Naranjera en Naranjo, Alajuela, quienes eran peones cafetaleros, ahora tienen pequeñas parcelas y estos campesinos negociaron con el gigante Dole que asegurara el mercado y dieron financiamiento. Compraron más terreno, introdujeron tecnología, maquinaria, montaron una empacadora y cumplieron con las estrictas condiciones de producción y calidad de Dole. Ayer fueron peones. Hoy son productores y exportadores de piña. En Guatuso generan empleo para 400 familias y esta actividad es la principal actividad económica de la zona. La naranja también es, en parte, “a cielo abierto”. Pero, ¡que carajo!, hay virtud en la pobreza. Si no somos tan pobres, hagámonos más pobres.
Más y más Mainors abandonarán su patria. Más y más familias sufrirán la pérdida de un ser querido o la falta del pan nuestro de cada día. Pero estos cavernícolas de izquierda seguirán, ufanos, en su marcha macabra en las calles, sin encontrar oposición. Imponiendo su voluntad contra cualquier medio de enriquecimiento. ¡Qué carajo! A favor de los pajaritos, en contra de cortar unos arbolitos, de la agricultura abierta. Contra cualquier cosa siempre y cuando sea contra el progreso y a favor de que sigamos empobreciéndonos.
Jaime Gutiérrez G.
Pero lo de Alcoa no tiene nombre. Malos ticos bloquearon esa fuente de riqueza y empleo para los costarricenses. El empleo que iba a generar esa inversión era el equivalente al de las 10 empresas industriales del país JUNTAS. Y se tuvieron que ir los muchachos de San Isidro como mojados porque no podían encontrar trabajo en la tierra que los vio nacer.
Tuve la dicha de contribuir a repatriar el cuerpo de uno de esos muchachos porque la familia se quedó sin dinero después de perder la hipoteca que no pudieron pagar porque dependía de que el muchacho, trabajando en EUA enviara los pagos. Aparecieron sus restos en un desierto de Arizona. Su dentadura confirmó que eran los de Mainor. Su padre me explicó: “No se sabe de qué murió. Seguro de hambre o de sed o tal vez de soledad”. La maldad existe y es malo quien le niega sustento al menesteroso.
Y ahora “Las Crucitas”. En el fondo, argumentan que salvar la lapa verde tiene prioridad a darle de comer a 250 familias. Y muchos ticos les creen. Ignoran la verdad de que el hombre no es el siervo de la tierra. Ni de la bauxita de P.Z., ni del oro de Las Crucitas. Ni de unos arbolitos, ni de las lapas verdes. La gente tiene que comer. “¡Ah, es que es ‘a cielo abierto’! Da furia que esa idiotez se repita como plegaria y como el TLC, cerca de la mitad de los ticos la estén creyendo. Sigue la marcha macabra hacia la pobreza.
Que vuelen. En ese proyecto se derriban unos bosques (en Costa Rica se siembran más árboles de los que se cortan) y se mueren unos pajarracos. Pues tienen alas, ¡que emigren! En P.Z. no fueron pajarracos los que tuvieron que emigrar, sino la juventud. Pero el argumento es: “¡ah, es que se extinguen y hay que preservar esas especies!”. Hace 65 millones de años cayó un asteroide en México. Después de haber dominado el planeta Tierra por 160 millones de años, el dinosaurio se extinguió. Y nada pasó. Es más, muchos biólogos opinan que eso fue lo que permitió el dominio del ser humano sobre la Tierra.
“Ah, que es a ‘cielo abierto’”. La piña también. Hay que botar arbolitos también. Es más, el suelo se mantiene completamente abierto. Además, se emplea mucho agroquímico (“lo que hace su impacto ambiental muy serio”), hay contaminación de suelos, de agua y “de ecosistemas terrestres vecinos con graves consecuencias en su flora y su fauna”. Etcétera. Pero en Colonia Naranjera en Naranjo, Alajuela, quienes eran peones cafetaleros, ahora tienen pequeñas parcelas y estos campesinos negociaron con el gigante Dole que asegurara el mercado y dieron financiamiento. Compraron más terreno, introdujeron tecnología, maquinaria, montaron una empacadora y cumplieron con las estrictas condiciones de producción y calidad de Dole. Ayer fueron peones. Hoy son productores y exportadores de piña. En Guatuso generan empleo para 400 familias y esta actividad es la principal actividad económica de la zona. La naranja también es, en parte, “a cielo abierto”. Pero, ¡que carajo!, hay virtud en la pobreza. Si no somos tan pobres, hagámonos más pobres.
Más y más Mainors abandonarán su patria. Más y más familias sufrirán la pérdida de un ser querido o la falta del pan nuestro de cada día. Pero estos cavernícolas de izquierda seguirán, ufanos, en su marcha macabra en las calles, sin encontrar oposición. Imponiendo su voluntad contra cualquier medio de enriquecimiento. ¡Qué carajo! A favor de los pajaritos, en contra de cortar unos arbolitos, de la agricultura abierta. Contra cualquier cosa siempre y cuando sea contra el progreso y a favor de que sigamos empobreciéndonos.
Jaime Gutiérrez G.
martes, 3 de agosto de 2010
Irlanda se desarrolló gracias a menos impuestos
Es déjà vu. Todo indica que el debate sobre el inminente paquete de impuestos que nos promete la administración Chinchilla Miranda será muy similar al que ya vivimos en el período 2002-2006, cuando la administración Pacheco de la Espriella nos vendía un aumento histórico en los impuestos bajo la premisa de que era la única manera de salvar a Costa Rica de un inminente colapso fiscal. De igual forma, en aquel entonces, no faltaba uno que otro catedrático o experto fiscal que nos decía que aumentar impuestos es una condición sine qua non para el desarrollo económico.
Uno de estos catedráticos es Jaime Ordóñez, con quien ya tuve hace 6 años un intercambio sobre este tema en las páginas de opinión de La Nación. El argumento de Ordóñez es muy sencillo: “¿Queremos ser ricos como Europa? Entonces tenemos que pagar impuestos como los europeos”. En ese entonces (2004), le señalé a don Jaime que casualidad no prueba causalidad. Ciertamente Europa es un continente rico (y en declive), pero eso no indica de ninguna manera que los europeos se hicieron ricos simplemente porque aumentaron sus cargas fiscales a altísimos niveles. Todo lo contrario, si vemos la evidencia empírica, notaremos que las tasas de crecimiento en Europa caen conforme más aumenta la carga tributaria. ¿Queremos hacernos ricos? Pues entonces necesitamos altas tasas de crecimiento, y la Europa esclerótica con la que sueña Jaime Ordóñez no es el ejemplo a seguir.
Sin embargo, 6 años después, Ordóñez continúa con la misma cantaleta. En su columna semanal en el Diario La Extra, don Jaime recurre al ejemplo de Irlanda (¡vaya Usted a ver!) como muestra de un país que se hizo rico, según él, mediante el aumento de la carga tributaria. Para probar su tesis Ordóñez menciona únicamente dos cifras: el PIB per cápita de Irlanda en el 2009 y la carga fiscal lograda en algún año (no especifica cuál) del gobierno de Mary Robinson (1990-1997). Nuevamente, Ordóñez cierra la columna con su sempiterna lección: ¿Quéremos ser ricos como Irlanda? Aumentemos los impuestos.
La realidad es totalmente contraria a lo que presenta Jaime Ordóñez. Es cuestión de revisar las estadísticas de la OCDE para ver que más bien fue una disminución de la carga tributaria la que contribuyó a desencadenar al llamado “tigre celta”. La carga tributaria de Irlanda permaneció relativamente estable en el 28% del PIB durante la década de los setenta. Fue en 1979 cuando empezó a aumentar, hasta llegar a un pico del 36.8% en 1988. Durante este período, el crecimiento del PIB per cápita (dólares constantes, PPP) fue del 2.2% anual, una cifra que no saca a ningún país del subdesarrollo en el corto o mediano plazo.
Sin embargo, a raíz de una seria crisis fiscal en 1986 (el gasto público creció más rápido que los impuestos durante la década previa), Irlanda se vio forzada a adoptar un serio programa de austeridad que implicaba una fuerte reducción del gasto y, (¡sorpresa!) una disminución en las principales tasas de impuestos. La carga tributaria cayó del 36.8% de 1988 al 33.5% al año siguiente. En el 2007 la carga tributaria era del 30.8%. ¿Resultado? Durante este período el crecimiento del PIB per cápita en Irlanda fue del 5.3% anual, lo suficiente para transformar a dicho país del tercero más pobre de Europa Occidental en la década de los ochenta al segundo más rico del Viejo Continente.
Es cierto que durante el gobierno de Mary Robinson hubo un aumento de la carga tributaria en Irlanda, que pasó del 33.1% en 1990 (cuando llegó al poder) a un pico del 35.1% en 1995. Sin embargo, cuando salió del poder en 1997, la carga tributaria de Irlanda era del 31.7%, inferior a la que Robinson encontró inicialmente.
Por supuesto que uno no puede ser simplista como Jaime Ordóñez y achacar el “milagro” irlandés exclusivamente a los impuestos (en este caso, a su disminución). Otros factores entraron en juego, como la apertura comercial, apertura en el sector de servicios, disminución del gasto público, etc. Para una explicación detallada de la transformación de la economía irlandesa, recomiendo este ensayo: “Libertad económica y crecimiento: El caso de Irlanda” por el economista Benjamin Powell. Pero la reducción en las tasas impositivas, tanto a personas como a empresas, fue crítica en la transformación económica de Irlanda.
Es una lástima que Ordóñez continúe apelando a la desinformación en su cruzada por aumentarle los impuestos a los costarricenses. No le sienta bien.
Juan Carlos Hidalgo
Por la libre
Uno de estos catedráticos es Jaime Ordóñez, con quien ya tuve hace 6 años un intercambio sobre este tema en las páginas de opinión de La Nación. El argumento de Ordóñez es muy sencillo: “¿Queremos ser ricos como Europa? Entonces tenemos que pagar impuestos como los europeos”. En ese entonces (2004), le señalé a don Jaime que casualidad no prueba causalidad. Ciertamente Europa es un continente rico (y en declive), pero eso no indica de ninguna manera que los europeos se hicieron ricos simplemente porque aumentaron sus cargas fiscales a altísimos niveles. Todo lo contrario, si vemos la evidencia empírica, notaremos que las tasas de crecimiento en Europa caen conforme más aumenta la carga tributaria. ¿Queremos hacernos ricos? Pues entonces necesitamos altas tasas de crecimiento, y la Europa esclerótica con la que sueña Jaime Ordóñez no es el ejemplo a seguir.
Sin embargo, 6 años después, Ordóñez continúa con la misma cantaleta. En su columna semanal en el Diario La Extra, don Jaime recurre al ejemplo de Irlanda (¡vaya Usted a ver!) como muestra de un país que se hizo rico, según él, mediante el aumento de la carga tributaria. Para probar su tesis Ordóñez menciona únicamente dos cifras: el PIB per cápita de Irlanda en el 2009 y la carga fiscal lograda en algún año (no especifica cuál) del gobierno de Mary Robinson (1990-1997). Nuevamente, Ordóñez cierra la columna con su sempiterna lección: ¿Quéremos ser ricos como Irlanda? Aumentemos los impuestos.
La realidad es totalmente contraria a lo que presenta Jaime Ordóñez. Es cuestión de revisar las estadísticas de la OCDE para ver que más bien fue una disminución de la carga tributaria la que contribuyó a desencadenar al llamado “tigre celta”. La carga tributaria de Irlanda permaneció relativamente estable en el 28% del PIB durante la década de los setenta. Fue en 1979 cuando empezó a aumentar, hasta llegar a un pico del 36.8% en 1988. Durante este período, el crecimiento del PIB per cápita (dólares constantes, PPP) fue del 2.2% anual, una cifra que no saca a ningún país del subdesarrollo en el corto o mediano plazo.
Sin embargo, a raíz de una seria crisis fiscal en 1986 (el gasto público creció más rápido que los impuestos durante la década previa), Irlanda se vio forzada a adoptar un serio programa de austeridad que implicaba una fuerte reducción del gasto y, (¡sorpresa!) una disminución en las principales tasas de impuestos. La carga tributaria cayó del 36.8% de 1988 al 33.5% al año siguiente. En el 2007 la carga tributaria era del 30.8%. ¿Resultado? Durante este período el crecimiento del PIB per cápita en Irlanda fue del 5.3% anual, lo suficiente para transformar a dicho país del tercero más pobre de Europa Occidental en la década de los ochenta al segundo más rico del Viejo Continente.
Es cierto que durante el gobierno de Mary Robinson hubo un aumento de la carga tributaria en Irlanda, que pasó del 33.1% en 1990 (cuando llegó al poder) a un pico del 35.1% en 1995. Sin embargo, cuando salió del poder en 1997, la carga tributaria de Irlanda era del 31.7%, inferior a la que Robinson encontró inicialmente.
Por supuesto que uno no puede ser simplista como Jaime Ordóñez y achacar el “milagro” irlandés exclusivamente a los impuestos (en este caso, a su disminución). Otros factores entraron en juego, como la apertura comercial, apertura en el sector de servicios, disminución del gasto público, etc. Para una explicación detallada de la transformación de la economía irlandesa, recomiendo este ensayo: “Libertad económica y crecimiento: El caso de Irlanda” por el economista Benjamin Powell. Pero la reducción en las tasas impositivas, tanto a personas como a empresas, fue crítica en la transformación económica de Irlanda.
Es una lástima que Ordóñez continúe apelando a la desinformación en su cruzada por aumentarle los impuestos a los costarricenses. No le sienta bien.
Juan Carlos Hidalgo
Por la libre
lunes, 2 de agosto de 2010
Tema polémico: el programa de Delegados Presidenciales
Para este Tema polémico, en ASOJOD queremos abordar el programa de Delegados Presidenciales que fue creado durante la primera Administración Arias Sánchez (1986-1990). Este programa tenía como objetivo central coordinar proyectos entre las localidades y las instituciones estatales, mediante el trabajo de funcionarios nombrados por el Presidente de la República para que sirvieran como un enlace y canal de comunicación entre las partes. Su función era colaborar en la solución de problemas e informar a sus superiores de conflictos o peticiones.
Durante la actual Administración, el Viceministro de la Presidencia reavivó el interés de darle un nuevo impulso al programa (aún vigente). La novedosa iniciativa busca posicionar a los delegados como parte del engranaje de la lucha contra la pobreza que dirige el Consejo Presidencial de Bienestar Social. Además, se trataría que los delegados nombrados con requisitos del Servicio Civil y no como actualmente ocurre, por recomendación de los Diputados. Asimismo, se les daría un horario y una oficina, posiblemente, en las municipalidades y su financiamiento provendría de una partida de 500 millones de colones que el Ejecutivo intentará incorporar en el próximo Presupuesto de la República.
Ante esta propuesta, el lector podrá notar el absoluto desdén e irrespeto hacia la autonomía municipal. Para los políticos tradicionales que impulsan este programa, el Gobierno Local tiene la función de ser la oficina comunal para atender pegabanderas y repartir sus favores clientelistas. Y si bien la lista de críticas a este programa puede ser kilométrica, en ASOJOD quremos centrarnos en dos aspectos que procederemos a explicar.
En primer lugar, está la falta de transparencia y duplicidad de funciones. Hace tres años, la Contraloría General de la República había señalado la existencia de débiles controles y funciones confusas por parte del Programa. En ese entonces, el órgano Contralor concluyó que muchas de las tareas de los delegados son competencia de otros órganos del Estado como las municipalidades, el Ministerio de Seguridad y hasta la Contraloría.
Lo anterior refleja un síntoma propio de muestro país: el centralismo excesivo de la toma de decisiones y la necesidad, casi patológica, de tener ingerencia en la toma de decisiones locales. He aquí la primera incongruencia: si existen instituciones encargadas de coordinar a distintas dependencias y funciones entre instituciones, ¿por qué delegar esta tarea en otras personas?, ¿Por qué pagarle a cualquier hijo de vecino para que haga lo que otros ya hacen? ¿Qué pasa con el dinero de todos los costarricenses? Así las cosas, cuando tenemos dos personas haciendo lo mismo, una que se supone preparada para asumir la tarea y otra que no, entonces ¿quién es el intruso?, ¿Quién está de más? Ante tanta sinrazón sólo existe una respuesta coherente: la voracidad política de la cúpula que dirige al Partido en el Gobierno (no precisamente liderada por la Presidenta) busca extender sus tentáculos por todos los resquicios de institucionalidad, para seguir haciendo el trabajo de organización territorial para la campaña electoral siguiente.
La segunda incongruencia se origina en la propia naturaleza del delegado. Si la participación activa de los ciudadanos es tan loable, ¿por qué no realizan sus tareas gratuitamente? ¿Por qué tiene que mediar el Ejecutivo? ¿No es preferible que surja de la propia voluntad de los ciudadanos la participación en los asuntos de la comunidad? ¿Dónde queda la espontaneidad ciudadana? De nuevo, solamente existe una explicación y, curiosamente, es la misma: a los políticos que impulsan este mamarracho no les interesa la participación ciudadana, sino únicamente tener una clientela política consolidada para que hagan la labor encomendada cada cuatro años.
Sin duda, el programa de Delegados Presidenciales está rodeado de serias dudas e incongruencias, teñidas por las peores prácticas clientelares en momentos donde las arcas públicas pasan por dificultades. La naturaleza del político es la búsqueda del poder, pero las democracias modernas han creado límites y contrapesos para equilibrar el sistema. Es en este sentido que la oposición tiene el deber de frenar cualquier aspiración encaminada a fortalecer este desdichado plan. En ASOJOD esperamos que, como mínimo, se rechace su inclusión en el Presupuesto Nacional.
Durante la actual Administración, el Viceministro de la Presidencia reavivó el interés de darle un nuevo impulso al programa (aún vigente). La novedosa iniciativa busca posicionar a los delegados como parte del engranaje de la lucha contra la pobreza que dirige el Consejo Presidencial de Bienestar Social. Además, se trataría que los delegados nombrados con requisitos del Servicio Civil y no como actualmente ocurre, por recomendación de los Diputados. Asimismo, se les daría un horario y una oficina, posiblemente, en las municipalidades y su financiamiento provendría de una partida de 500 millones de colones que el Ejecutivo intentará incorporar en el próximo Presupuesto de la República.
Ante esta propuesta, el lector podrá notar el absoluto desdén e irrespeto hacia la autonomía municipal. Para los políticos tradicionales que impulsan este programa, el Gobierno Local tiene la función de ser la oficina comunal para atender pegabanderas y repartir sus favores clientelistas. Y si bien la lista de críticas a este programa puede ser kilométrica, en ASOJOD quremos centrarnos en dos aspectos que procederemos a explicar.
En primer lugar, está la falta de transparencia y duplicidad de funciones. Hace tres años, la Contraloría General de la República había señalado la existencia de débiles controles y funciones confusas por parte del Programa. En ese entonces, el órgano Contralor concluyó que muchas de las tareas de los delegados son competencia de otros órganos del Estado como las municipalidades, el Ministerio de Seguridad y hasta la Contraloría.
Lo anterior refleja un síntoma propio de muestro país: el centralismo excesivo de la toma de decisiones y la necesidad, casi patológica, de tener ingerencia en la toma de decisiones locales. He aquí la primera incongruencia: si existen instituciones encargadas de coordinar a distintas dependencias y funciones entre instituciones, ¿por qué delegar esta tarea en otras personas?, ¿Por qué pagarle a cualquier hijo de vecino para que haga lo que otros ya hacen? ¿Qué pasa con el dinero de todos los costarricenses? Así las cosas, cuando tenemos dos personas haciendo lo mismo, una que se supone preparada para asumir la tarea y otra que no, entonces ¿quién es el intruso?, ¿Quién está de más? Ante tanta sinrazón sólo existe una respuesta coherente: la voracidad política de la cúpula que dirige al Partido en el Gobierno (no precisamente liderada por la Presidenta) busca extender sus tentáculos por todos los resquicios de institucionalidad, para seguir haciendo el trabajo de organización territorial para la campaña electoral siguiente.
La segunda incongruencia se origina en la propia naturaleza del delegado. Si la participación activa de los ciudadanos es tan loable, ¿por qué no realizan sus tareas gratuitamente? ¿Por qué tiene que mediar el Ejecutivo? ¿No es preferible que surja de la propia voluntad de los ciudadanos la participación en los asuntos de la comunidad? ¿Dónde queda la espontaneidad ciudadana? De nuevo, solamente existe una explicación y, curiosamente, es la misma: a los políticos que impulsan este mamarracho no les interesa la participación ciudadana, sino únicamente tener una clientela política consolidada para que hagan la labor encomendada cada cuatro años.
Sin duda, el programa de Delegados Presidenciales está rodeado de serias dudas e incongruencias, teñidas por las peores prácticas clientelares en momentos donde las arcas públicas pasan por dificultades. La naturaleza del político es la búsqueda del poder, pero las democracias modernas han creado límites y contrapesos para equilibrar el sistema. Es en este sentido que la oposición tiene el deber de frenar cualquier aspiración encaminada a fortalecer este desdichado plan. En ASOJOD esperamos que, como mínimo, se rechace su inclusión en el Presupuesto Nacional.
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