Viernes de Recomendación

El día de hoy les recomendamos que compren la segunda parte de la más reciente adaptación al cine de la famosa novela de Ayn Rand, la Rebelión de Atlas. Aun no está disponible en el país, sin embargo, la podrían comprar por medio a Amazon.com en el siguiente link

Atlas Shrugged Part II

Desde la tribuna: El Estado ¿medio o fin?

El Estado no es sino un medio para que la vida social se realice de la mejor forma posible. Es un instrumento del ser humano para ese fin, igual que el mismo Derecho. Por ello algunos los consideran sinónimos o equivalentes. El Estado es una forma de organización de la sociedad, la cual siempre ha encontrado formas de organización  (tribales, familiares, religiosas y basadas en documentos, costumbres u otras maneras).

Sin embargo, algunos líderes han exagerado la importancia y peso del Estado y han incurrido en estatolatría, fascismo y doctrinas similares. Es paradójico que el mismo comunismo, que en la teoría plantea una sociedad sin determinadas estructuras, ha producido no obstante las formas de Estado más absorbentes y totalitarias.

James Buchanan, recién fallecido, con su pensamiento y estudios en el desarrollo de la teoría de “the public choise” (obtuvo un Premio Nobel) demostró cómo se toman las decisiones públicas. El funcionario público no es un querubín o un ser celestial, desconectado de las cosas mundanas, sino todo lo contrario. Súmese a todo ello la dimensión del clientelismo electoral, la demagogia y la corrupción y tendremos un panorama completo de la tendencia general en la mayor parte del mundo. 

Centralismo, monopolios, irrespeto a los derechos de propiedad, exceso de carga tributaria, eufemismo de “reivindicaciones sociales” para denominar el despojo y exceso de tributos y un ataque sistémico a los derechos fundamentales.

No es casualidad que los regímenes populistas de América Latina estén constriñendo la libertad de expresión. Hasta en Costa Rica se ha dictado una “Ley Mordaza” y con el pretexto de la protección de los datos personales se ha cercenado la Libertad de Información. Es una tendencia evidente y demoledora. Sin embargo, no es más que un síntoma de la enfermedad.

El hecho central es que hay grupos que toman el Estado como un instrumento propio, lo proponen como el fin en sí mismo (ya no es el ser humano, la persona y mucho menos la sociedad) y por eso no es de extrañar que quieran poner en sus manos todo lo importante.

Mussolini había dicho que “… todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Son muchos los que en la actualidad sienten lo mismo. Cercenan la libertad de los demás y se apoderan del Estado, al cual erigen como todopoderoso.  

El Estado ha pasado, entonces, a dejar de ser un instrumento social y a convertirse en el fin social. Poco a poco, se va olvidando la sociedad y, lo que es más grave, el ser humano, la persona, el individuo.

Lo demás es cuento sabido: más leyes, menos libertad, menos derechos y más obligaciones, menos opciones sociales, más centralismo, más burocracia, más coacción, más deberes cuya omisión constituye delito, más conductas penalizadas, más funcionarios públicos para ejecutar las políticas públicas y así sucesivamente. Por supuesto que la pobreza no baja, por supuesto que la riqueza no sube, por supuesto que la productividad no mejora.  

Sin embargo, aparecen nuevas fortunas (pero no acuñadas en economía de mercado), empresas asociadas con el Estado, empresas del Estado (muchas aprovechando los monopolios), más corrupción, más repartición de dineros y más clientelismo. El Estado deja de ser un medio de la sociedad y la sociedad se va desdibujando hasta desaparecer en las fauces del Estado, junto con las libertades y derechos de los individuos).

Lo que digo no es una antiutopía, al estilo de “Un mundo feliz” de Aldous Huxley o de “1984” de George Orwell.  Lo que digo es un testimonio de lo que veo y experimento.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: el actual enredo monetario y fiscal

Sólo a políticos enquistados como profesionales de la banca se les ocurre decir que los recientes problemas con la entrada de dólares “se deben, paradójicamente, al éxito que ha tenido la economía costarricense”.  No quiero aplicar un análisis basado en el dicho de que “en el país de los ciegos, el tuerto es rey” para poder señalar que aquella interpretación está errada, sino que, más bien, me referiré a que es una pobre justificación de no haber anticipado algo que desde hace ya buen rato se venía anunciando.  Me consta, por ejemplo, que don Jorge Guardia, desde su columna en La Nación y creo que, también, desde editoriales en ese medio, había indicado que las altas tasas en colones vigentes en el mercado nacional se habían convertido en un poderoso atractivo para la inversión monetaria en Costa Rica. Claramente arguyó que para evitar problemas cambiarios –entre otras propuestas que él suele formular- era indispensable revisar las tasas hacia abajo.

Ante esto, el economista metido a político, don Luis Liberman, respondió, ante la pregunta de “¿por qué los tomó por sorpresa esta arremetida de capital especulador?” que “No nos tomó por sorpresa…Lo que los tomó por sorpresa fue la magnitud de estos elementos. La velocidad con  que descubrieron a Costa Rica es lo que nos está impactando” 

Hace un buen rato se había advertido el problema.  Los centros financieros internacionales desde hace tiempo venían invirtiendo en el país, ante tasas tan atractivas en colones, un tipo de cambio más o menos fijo y, sobre todo, ante el desmedido abarrotamiento de dólares que el gobierno de Obama ha practicado en su nación. Allá los intereses desde hace mucho están por los suelos y posiblemente desde ese entonces esos dólares andan buscando mejores rendimientos (tomando en cuenta el riesgo) en los mercados financieros de otros países. En nuestro medio financiero eso se sabía desde hace mucho, pero mucho, tiempo.

El gobierno (incluyendo al Banco Central) se lerdeó en buscar reducir las tasas y lo único que ha venido haciendo es dejar el campo libre para esa entrada excesiva de dólares al país. Es más, en los últimos días se ha hablado mucho de que se van a reducir las tasas en colones, pero ello se ha llevado a cabo tan gradual y lentamente, que el atractivo sigue presente. Creo que esos funcionarios tienen claro lo que deben empezar a hacer. Dicen que lo van a llevar cabo. Pero no lo hacen. Y después se quejan de que el capital financiero acuda apurado, para aprovechar el buen rendimiento que tienen al invertir en Costa Rica.

El problema del que se ha hablado en estos días no radica tan sólo en esos "capitales-buitre", lenguaje que ya copió Amelia Rueda de la presidenta de Argentina. Mucho de la entrada de dólares al país (el cual mandaba señales claras para esos intermediarios) la provocó la decisión del gobierno para llenar sus necesidades de financiar su déficit. No pudo poner más impuestos y tan sólo marginalmente pudo aumentar ciertos costos de transacciones que le proveyeran recursos. Además, ya en el mercado doméstico de fondos sólo podía obtenerlos si se aumentaba aún más la tasa de interés. Ante eso acudió al casi único camino que le quedaba: pedir prestado dólares en el exterior aprovechando las tasas bajas que regían en esos mercados (los mismos dólares baratos que, por su parte, han traído al país los “buitres” esos). Con dicha forma de financiar el déficit, era esperable el flujo y el impacto monetario de la entrada de dólares al país.  

En tanto el gobierno no tome en serio como medida para reducir su déficit –su gasto muy por encima de los ingresos que percibe- no ya una disminución de la tasa de crecimiento de los egresos, sino una reducción de ellos, difícilmente podrá evitar que sigan sucediendo acontecimientos como los analizados.

Para quienes una vez más lo único que se les ocurre es pensar con qué nuevos impuestos se gravará a los ciudadanos, deberían de tomar en cuenta que una proporción muy importante de la producción doméstica está exonerada del impuesto de la renta. Pero, también, que acudir a aumentar los gravámenes sobre sectores productivos que hoy sí están fuertemente gravados, sólo podría traerse abajo, de una vez por todas, el poquito de crecimiento logrado en los últimos tiempos.  Es más, ya se observa un menor crecimiento en los últimos meses del indicador de crecimiento de la producción, conocido como el IMAE. Ese mundo fiscal exonerado me recuerda el exceso en el pasado con los Certificados de Abono Tributario (CAT’s): un  país que en aquel entonces cada vez exportaba más y más, pero que traía aparejado un enorme crecimiento del gasto gubernamental debido a los subsidios que se daba a las exportaciones. El problema terminó cuando se acabó el óleo de los CATs.  

Debemos pensar si es conveniente seguir atrayendo inversión extranjera que no paga impuestos y que no se vislumbra que algún día los vaya a pagar.  Debe considerarse un sistema tributario que siga siendo atractivo para atraer inversión real desde el extranjero. Pero es necesario tener presente que la alta cantidad de dólares que ella trae al país también provoca un aumento de la oferta de divisas en el mercado doméstico y, por ende, se convierte en un factor que estimula la  revaloración del colón. Puede ser que se otorgue una exoneración del impuesto sobre la renta a toda nueva inversión real extranjera que llegue al país (que en gran parte está huyendo de los mayores impuestos les está poniendo Obama: el exceso de emisión monetaria no es lo único que caracteriza a esa economía). Dicha exoneración podría gozarse durante los primeros cinco años de operaciones de la inversión en Costa Rica.  Esto brindaría el tiempo suficiente de utilidades libre de gravámenes como para poder recuperar su inversión. Luego esas firmas pagarían entre 5 y 10 por ciento de impuestos sobre la renta. Aun así ésta sería una tasa muy por debajo de la que actualmente tiene que pagar la restante inversión privada ubicada en el país. Sé que el tema no es fácil de tratar. Pero me parece que posponer la discusión en torno a este asunto, lo único que va a lograr es seguir contribuyendo a que se den esas situaciones indeseables, como la que actualmente pasa el país en torno a los controles monetario y cambiario, así como de la inflación.
   
Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Ampliación de licencia de maternidad

El viernes pasado un grupo de personas (en su mayoría mujeres) marcharon hacia la Asamblea Legislativa con el objetivo de entregar una iniciativa de ley al diputado Villalta cuyo principal objetivo es ampliar la licencia de maternidad de cuatro a siete meses otorgando tres meses adicionales pagados postparto.

Esta iniciativa promovida por un grupo de mujeres y apoyada por la Defensoría de los Habitantes y el Inamu nos parece muy noble. En ASOJOD comprendemos muy bien la motivación de las madres de querer pasar más tiempo con sus bebes recién nacidos, sin embargo, parece que no se han dado cuenta del potencial daño que este tipo de iniciativas pueden causar para las mujeres en general y sus posibilidades de conseguir empleo. 

Claramente, un aumento de tres meses en la licencia de maternidad es una razón más para que los empleadores no contraten mujeres y en especial cuando se trata de puestos para personas jóvenes. Hay quienes acusan a los empleadores de no tener sentimientos o carecer de “responsabilidad social” pero la realidad es que el objetivo de los jefes en las empresas es lograr la mayor rentabilidad posible y la estabilidad laboral es un factor clave para poder lograrlo. A medida que el puesto de trabajo es más relevante por la importancia de las decisiones que se tomen para la empresa, se vuelve más complicado contratar a una mujer pues cualquier ausencia en el puesto puede ser muy perjudicial. 

En ASOJOD no creemos que este proyecto vaya a recibir mucha resistencia por parte del sector empresarial pues a un empresario realmente no le afecta esto en gran medida. Simple y sencillamente, la próxima vez que contrate personal les dará prioridad a los hombres. Son las mujeres y en especial las mujeres jóvenes las que no deberían estar de acuerdo con esto, irónicamente, lo apoyan a capa y espada como un potencial gran logro social.

Otro aspecto a considerar es quién pagará por estos tres meses adicionales. Si esa responsabilidad se la cargasen al empleador pues aumentan aún más posibilidades de que no se contrate a mujeres pues no solo la salida implica un inconveniente para la empresa sino también implicaría un costo adicional. Si fuese la Caja Costarricense del Seguro Social la que se vaya a ser cargo pues también es un problema porque ya de por si esta entidad está al borde de la quiebra. 

Entendemos la nobleza de este proyecto de ley pero no hace falta mucho sentido común para darse cuenta de lo perjudicial sería. 

Una vez más, las que dicen defender a las mujeres terminan cercenando sus posibilidades de encontrar un trabajo y tener mejores oportunidades para sus presentes y futuros.

Viernes de Recomendación

Como se ha podido observar en estos últimos dos días las noticias han sido acaparadas por el informe de los Notables. En razón de la relevancia del mismo les presentamos tanto el informe, como una entrevista realizada a Francisco Antonio Pacheco.

La columna de Carlos Federico Smith: las predicciones del fin del mundo

Se le atribuye al cirquero estadounidense P. T. Barnum, la frase de que “cada minuto nace un incauto” (“There’s a sucker born every minute”). Hubo un montón de “majes” quienes creyeron que el mundo iría a terminar por ahí del 21 de diciembre, pues tales eran las predicciones (falsas) derivadas de la terminación e inicio de un nuevo ciclo del calendario de los mayas. Esto nos trajo a la memoria la alharaca y el tremendo negocio que hicieron algunos avispados del mundo de la computación, con el cuento de que el mundo se terminaría al concluir el siglo pasado. Fue la famosa historia del Y2K y el desastre tecnológico que implicaba la parálisis universal de la computación. Tampoco, en ese momento al igual que ahora, nada terminal pasó.

Este tipo de predicciones ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad. No quiero acordarme de las tristes matanzas que hubo en Guyana y en California décadas atrás, anticipándose a una presunta terminación de los tiempos. Igualmente ridículas fueron las del famoso predicador Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, quien en el 2000 profetizó que el reino de los cielos se establecería en la tierra. También en nuestro medio hubo una amplia difusión televisiva acerca de las predicciones de un tal José Luis de Jesús, otro rezador criollo de la región, quien había predicho que el 30 de junio del 2012 el mundo colgaría sus tenis. No hay duda que, como dice el latinajo, stultorum infinitus est numerus (el número de los estúpidos es infinito). Mayor que el de los embusteros profetas, lo es el de los incautos creyentes.

Ese negocio de predecir catástrofes no es patrimonio exclusivo de tipos ligados a movimientos religiosos, si bien muchos de ellos han tenido esa profesión.  También han existido notables científicos que se han aventurado a la riesgosa labor de hacer de profetas. Recuerdo algunos casos notables recientes de economistas y otros profesionales de ciencias afines, quienes se atrevieron a formular predicciones de similar talante.  Por ejemplo, el biólogo Paul Ehrlich escribió junto con su esposa un libro en 1968 titulado La Explosión Demográfica (The Population Bomb), en donde vaticinan hambrunas masivas a partir de la década de los setentas y ochentas, debido al excesivo crecimiento de la población humana, en comparación con el incremento proyectado de los recursos naturales. Fue una simple expansión de las ideas de Thomas Malthus, religioso y economista, quien se basó en el principio económico de los rendimientos decrecientes. Para él la población crecería geométricamente, doblándose cada 25 años, en tanto que los alimentos lo harían aritméticamente. Así aseveró que “Al final del primer siglo la población será de 176 millones y las subsistencias no llegarán para 55 millones; de modo que una población de 121 millones de habitantes tendría que morir de hambre”, Con el paso de los años esas desgracias malthusianas no se presentaron e igual sucedió con las predicciones de los Ehrlich, pues, por el contrario, con el paso de los años la población humana obtuvo una mayor alimentación per cápita. Ante esto, como excusa, dijeron los Ehrlich que sus metas habían sido logradas, pues provocaron un debate en torno al crecimiento de la población.  Creo que ni Babe Ruth pudo batear tanto como los esposos Ehrlich. 

Estos no son los únicos que vienen a mi memoria. En 1972 el prestigioso Club de Roma publicó su conocido informe Los Límites del Crecimiento, en el cual predijo que el crecimiento económico mundial se vería refrenado por la limitación de los recursos naturales, particularmente del petróleo. Incluso el también prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) construyó un modelo con base en las predicciones del Club de Roma, según el cual alrededor del año 2000 sobrevendría el desastre económico mundial, debido a la limitación de recursos, tales como petróleo, agua y alimentos, que reduciría fuertemente el tamaño de la población del mundo.  Por supuesto que nada de esto ha sucedido. 

Las ideas de estos proponentes del “fin del mundo” de última camada las ha resumido recientemente el físico australiano Graham Turner, con base en los modelos del Club de Roma/MIT, quien señala que “el mundo va camino al desastre” y hace la sugerencia de que el crecimiento es aún posible si los gobiernos llevan a cabo políticas e inversiones en tecnologías verdes, que limiten la expansión de nuestra huella ecológica. Con esto se nos quiere empujar a la idea de un gobierno mundial que permita evitar, una vez más, un predicho final del mundo.

Tranquilos. Podemos esperar que este año sea económicamente difícil aquí y posiblemente en casi todo el mundo restante. Pero no habrá un fin del mundo. Algo que me atrevo a señalar es que, en tanto las principales economías occidentales (Europa y Estados Unidos) no pongan en orden sus finanzas públicas, sus economías no van a recuperar una tasa de crecimiento deseable. Por el contrario, de no ponerse orden en el excesivo gasto gubernamental en todas en esas regiones del mundo, valdría la pena que se volvieran las miradas hacia la Grecia eterna.  Sólo que esta vez Grecia no es el ejemplo de florecimiento y progreso que siempre hemos admirado. Tristemente hoy lo es de cómo las naciones pueden terminar sumidas en un letargo en cuanto a su crecimiento económico, por la ambición de creer que, por medio de la acción del estado, es posible vivir más allá de sus medios por largo tiempo. Ahí si que se presenta un juicio final, más tarde o más temprano.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: control de armas

Desafortunadamente este año que termina, ha estado lleno de matanzas y tiroteos perpetrados por una serie de locos y perversos. Por supuesto, que después de la tragedia los distintos actores sociales se preguntan el por qué de los hechos, así como posibles soluciones. Sin duda, en el apartado de las soluciones una de las primeras opciones es el tema de control de armas, al cual el día de hoy dedicaremos nuestro tema polémico.

Partimos del hecho que en estos temas pueden darse dos tipos de regulaciones. La primera de ellas se refiere al acceso de las armas. En este sentido, partimos del hecho que el derecho a comprar un arma (consecuencia del derecho a la propiedad y legítima defensa), conlleva aparejado como todo derecho una responsabilidad. Así, se puede afirmar que todas aquellas restricciones referentes a al aptitud física, psicológica, destrezas en el manejo de las armas, históricas (antecedentes penales), resultan absolutamente legítimas, razonables y proporcionales. Es decir, quien compra un arma debe demostrar que se encuentra totalmente capacitado para tenerla y portarla, lo que nos lleva al segundo tipo de regulación.

Respecto al segundo tipo nos referimos a aquellas regulaciones que pretenden restringir la portación de armas en determinados centros públicos. Sin duda, entendemos la intención detrás de esta limitación, pero consideramos que la misma no resulta idónea para el fin que persigue: esto en razón de que una regulación de este tipo no detendrá a los delincuentes, ya que estos introducirán las armas de forma clandestina, con la ventaja de que sus “blancos” se encontrarán totalmente desarmados. Así las cosas, resulta mucho más riesgoso para uno de estos dementes tratar de llevar a cabo alguna de sus perversiones en un ambiente rodeado de armas que libre de estas.

Como se puede ver, la regulación del tema de armas es todo un arte. En donde deben balancearse dos objetivos sumamente deseables: a) que personas no idóneas tengan acceso a ellas, y b) que la ciudadanía no quede desarmada e indefensa frente a los múltiples agresores que se encuentran en la calle. Encontrar este balance es una tarea ardua que  requiere de una postura crítica, y no de posturas políticamente correctas.

Viernes de recomendación

Para este viernes de recomendación, en ASOJOD queremos compartir con ustedes un interesante artículo de Tom Palmer, titulado "Los orígenes del Estado y el gobierno", donde se explica la forma en que surge esa organización política que tenía como fin primordial la protección de los derechos de los individuos pero que degeneró en un monstruo que, al día de hoy, tiene sus garras en prácticamente todas las actividades humanas, dejando de proteger a ese individuo y convirtiéndose en su peor enemigo.

Desde la tribuna: mentalidad burocrática

Ciertamente, hay necesidad de administrar las cosas, ello es innegable.  La acción gubernamental requiere administración y esto también es innegable. El problema surge cuando la función se vuelve un fin en sí misma y no un medio para cumplir los fines de la organización social.

La sociedad existe porque hay organización (normas y gestores), eso no es el problema.  El punto radica en cuánta norma es necesaria y cuánta organización es justificable. Varios pensamientos insisten en el principio de acción subsidiaria del Estado como un evaluador o medidor permanente de la acción pública. La doctrina social de la Iglesia ha llegado a expresar, además, “tanto Estado como sea necesario, tanta sociedad como sea posible”.

El mecanismo de suspensión de garantías, existente prácticamente en todas las Constituciones políticas, existió incluso en las más liberales (pero, por supuesto, no en tan gran extensión como aparece en algunas de las actuales). Ello es una muestra de que, ante ciertas situaciones concretas, se admite que el Gobierno o la Administración Pública tenga incluso potestades excepcionales (situaciones de urgencia y emergencia). El problema es que dentro de la sociedad el Estado pesa cada día más y, además, dentro del Gobierno la burocracia también pesa cada día más. Por consiguiente, la sociedad tiene que soportar una burocracia cada día más pesada. Pero no se trata solo de su peso en kilogramos (que es mucho) sino en su ideología. Cuando John Stuart Mill abogaba por una limitación del poder público, explicaba que aparte de que la mayoría de las veces las personas hacen mejor lo que les es atinente (frente al poder) y de que incluso cuando no es así resulta apropiado que lo hagan para que aprendan, también sucede que el poder tiene una tendencia a justificarse, perpetuarse y fortalecerse.  

Aunque ahora se denomina “burocracia” a la organización y al conjunto de servidores públicos, las restantes dos acepciones del DRAE son absolutamente precisas y evidentemente peyorativas: “3. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos” y “4. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”.

En una institución autónoma promedio, la mayor parte de los integrantes de la Junta Directiva (con excepción, obviamente, de la Presidencia Ejecutiva) devenga una dieta de unos ₡40,000.oo por sesión.  Ello resulta en unos ₡160,000.oo al mes, de los cuales se deducen los importes tributarios. Con esos recursos (pago por su tiempo) se enfrentan a la Presidencia Ejecutiva, a las Gerencias y demás dependencias que tienen altos salarios y todo el tiempo del mundo. Aparte de ello, algunos se ponen la “camiseta” de la institución a la van a dirigir.  Resultado: uniformidad burocrática.

Por ello no es de extrañar que terminen “volviendo el rótulo para adentro”, en alusión a una supuesta práctica inconveniente para el cantinero, pero imperdonable para el funcionario público. Ello explica la fruición burocrática con que se le espetan al pobre administrado frases como “falta un timbre”, “hoy no se puede”, “no hay sistema”, “tiene que venir mañana o la próxima semana”, “eso no se puede hacer”, “ya se le venció el tiempo”, “tome su ficha”, “haga fila en la otra ventanilla”, “no es tan fácil como usted cree” o “el encargado está de vacaciones”.

No es de extrañar que, en la mentalidad burocrática, sea más importante el régimen de retiro, la pensión privilegiada, que el espíritu de servicio. No es de extrañar que los burócratas hagan mentalidad de cuerpo en todas las dependencias públicas y tiendan a comportarse de manera similar. Y, por supuesto, es perfectamente explicable que esta mentalidad no admita el silencio positivo, los derechos de los ciudadanos, el valor de la libertad ni la importancia de la responsabilidad.

La mentalidad burocrática siempre tenderá a pedir más requisitos, a no valorar el tiempo de las personas, a obstaculizar la libertad ajena, a minimizar los derechos ciudadanos, a encontrar excepciones a las reglas de simplificación, a molestarse con los plazos cortos, a maximizar los defectos de una solicitud y minimizar los vicios de la actuación pública.  Con gusto convalidará las nulidades públicas pero, con más placer aún, denunciará las imperfecciones privadas.  

Desdichadamente, la inflación jurídica y el activismo legislativo se alían con la mentalidad burocrática, cargando a la sociedad de leyes y requisitos, de tramitomanía y exigencias, de sanciones y prohibiciones, junto con una relativización de las libertades públicas.  

¡Esa es la realidad!  Hay que hacer un esfuerzo por detener tal inercia y poner las cosas en su lugar.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: el indulto

En los últimos días, el tema del indulto que el Poder Ejecutivo dio, aparentemente a petición y/o por gestión del Diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, ha despertado muchísimos comentarios. Nuevamente surge la discusión acerca de la intromisión de poderes al hablarse de un presunto favor político para que el finquero, condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio, recibiera el perdón e, incluso, se ha llegado a plantear la posible salida del legislador en caso de que se compruebe que actuó indebidamente, o al menos, esa es la versión que han dado algunos miembros de su partido.

Fuera del caso particular al que nos enfrentamos, que puede tener sus aristas interesantes, solo nos provoca mencionar, para efectos de la polémica, que la supuesta gestión del Diputado se dio en el contexto de la alianza entre el PAC y el Gobierno para aplicarnos un paquetazo de impuestos (tiempo en el cual Oviedo era Jefe de Fracción del PAC y principal defensor del aumento fiscal en la Asamblea Legislativa). Aparte de ese detalle -que por sí solo genera mucho más de qué hablar- en ASOJOD queremos concentrarnos en el tema de fondo: la naturaleza del indulto. 

Este instrumento se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en el inciso 2) del artículo 147 de la Carta Magna, que dispone que corresponde al Consejo de Gobierno, bajo la dirección del Presidente de la República “ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley". La remisión que hace el constituyente al legislador ordinario, al disponer “…en la forma que indique la ley”, se desarrolla en el artículo 90 del Código Penal, que señala que el "indulto aplicado a los delitos comunes, implica el perdón total o parcial de la pena impuesta por sentencia ejecutoria, o bien su conmutación por otra más beneficiosa y no comprende las penas accesorias”.

No obstante, para nosotros, esta figura tiene sus problemas. Empezando por el más evidente, al permitirse que una  sentencia debidamente emitida por los Tribunales de Justicia, sea modificada, reducida o suprimida por el Poder Ejecutivo, se roza con el absolutismo monárquico de siglos atrás, donde el Jefe de Estado, el monarca, otorgaba el perdón como una concesión graciosa y una muestra soberbia de su poder absoluto. Más que un acto de perdón, los indultos se han convertido en una suerte de espectáculo público, donde quien ocupe la Silla Presidencial otorga su perdón cuasi divino frente a los medios de comunicación, a cambio de lágrimas y agradecimientos que rememoran el rito medieval del beso al anillo del monarca y que en nada contribuyen ni al respeto de los derechos de las víctimas ni a la consolidación de un sistema democrático en la cultura política de los costarriceses. Y por supuesto que, en tiempos modernos, este acto tiene una connotación político-electoral de gran peso: es un mensaje claro para los beneficiados y sus familias, por lo que no es de extrañar que se construyan agradecimientos perennes que, en los próximos comicios, se convertirán en votos para el partido del mandatario que firma el perdón.

En el mismo orden de ideas, el indulto implica otra gran afectación. Efectivamente es una forma de intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial. A ver: si los tribunales siguen el debido proceso, investigan la aparente comisión de un delito y encuentran responsables que son condenados, ¿por qué razón el Consejo de Gobierno, sin conocimiento a detalle del caso y de su impacto -especialmente para las víctimas y sus familias- decide suspender esa pena y otorgarle el perdón al condenado? ¿No debería corresponderle esa competencia al Poder Judicial, apoyado por el criterio técnico del Instituto Nacional de Criminología?

Nos parece que  es muy peligroso que la posibilidad del perdón por un delito quede en manos de un Consejo de Gobierno que tiene todos los incentivos para utilizarlo con objetivos políticos, sea para ganar votos en el futuro o para demostrar, con arrogancia, su poder.

Viernes de Recomendación

En el siguiente vídeo, George Roche III y F. A. Hayek presentan una discusión sobre justicia social

La columna de Carlos Federico Smith: la ONU y el control de la internet

Costa Rica debe tener una posición clara y firme acerca de lo que está en proceso de discusión en Dubái, en torno a regulaciones que la Organización de Naciones Unidas tendría sobre la Internet. Dicha reunión se realiza, sospechosamente, en forma secreta y no está abierta al público interesado.

La pregunta que uno se formula es ¿por qué la ONU busca regular una institución como la Internet, la cual funciona eficientemente en un marco de libertad? Ya sabemos que la ONU es un cuerpo político que en muy diversas ocasiones ha tomado decisiones, que no precisamente favorecen el ejercicio de la libertad. Mi impresión es que la ONU desea posesionarse de lo que hoy funciona eficientemente en manos privadas. Posiblemente sea con el fin adicional de crear un impuesto mundial (como si no tuviéramos suficientes con los nacionales y locales), a fin de lograr recursos para sus objetivos propios.

La apertura es la base de la Internet. No se vale aducir que es para luchar en contra de los cibercrímenes, como ejemplos la pedofilia y el narcotráfico, que se hace necesario el control de la Internet por parte de la ONU. De hecho ya las naciones están organizadas al respecto. Lo que más bien va a suceder es abrir la oportunidad a naciones totalitarias o muy cerca de serlo, para que se facilite el control de sus ciudadanos “inconformes” y desafectos, quienes podrían organizarse por dicho medio, para luchar contra gobiernos que no quieren. Ejemplo han sido los recientes sucesos en Oriente Medio, en donde los pueblos han usado la Internet para comunicarse y organizarse en contra de tiranías, aunque a veces más bien haya servido para caer en otras.

En todo caso también hemos visto como en poderosas naciones como China y Rusia y en otras menos importantes, como Cuba, a los blogueros se les ha controlado, imponiendo sus gobiernos limitaciones acerca del uso de la Internet. Esta restricción a la libertad se facilitaría mediante controles generalizados impuestos a través de las Naciones Unidas. Pero también la medida promovería una desintegración de una red que, por definición, es universal. De esta forma, cada país podría instaurar sus propias reglas restrictivas, alterando el libre flujo de comercio e información que hoy se disfruta con la Internet. Esa balcanización estimularía el proteccionismo deseado por algunas naciones. El mismo impuesto pretendido por la ONU, supuestamente con el propósito de que esos recursos se destinen a naciones menos desarrolladas en el uso de la Internet, tendría un costo enorme al limitar la libertad mundial de comercio y el derecho de las personas de estar libremente informada.  

La lucha por la libertad nos exige el mantenimiento de una Internet libre y abierta, tal como lo es en la actualidad. No debemos permitir que haya una apertura a la censura, que siempre pretenden lograr los dictadores, como medio para refrenar los derechos de los ciudadanos. Los mercados libres, al igual que los sistemas democráticos y las sociedades que consideran deseable vivir en libertad, requieren la existencia de un flujo de información libre. Precisamente lo que pretende la ONU es que esa libertad quede sujeta a la voluntad de sus burócratas y de sus políticos, a quienes nunca los hemos elegido.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Querido Santa

10 de diciembre del 2012

Santa Claus

El Polo Norte

Querido Santa,

Se acerca la navidad y queremos aprovechar para hacerte algunas peticiones. Tal vez nos puedas ayudar pues sentimos que aquí en Costa Rica la situación en vez de mejorar está cada vez peor. La lucha por la libertad es cada día más difícil. Los que abogamos por una sociedad más libre y próspera somos cada vez menos e inclusive ha costado que en ocasiones nosotros mismos nos podamos poner de acuerdo. Es por esto que hemos decidido este año solicitar tu ayuda. Mucho nos gustaría que nos pudieras ayudar con lo siguiente:

• Una reforma fiscal que implemente disminuciones significativas en los impuestos hasta llegar a contar con tasas impositivas bajas y fáciles de cumplir.
• Una reforma laboral que elimine la regulación del Estado sobre los contratos de trabajo en los individuos y las empresas.
• El cese inmediato de financiamiento de gastos corrientes del Estado por medio de deuda.
• Un mercado sin monopolios impuestos por el Estado.
• Una eliminación de requisitos y regulaciones sobre la apertura y desarrollo de los negocios.
• Una disminución de la regulación sobre el sector bancario.
• Una eliminación total de las regulaciones en precios y cantidad de oferentes de productos y servicios.
• Una apertura del mercado de combustible seguido del cierre de RECOPE
• El cierre de muchas instituciones públicas que no aportan nada
• La implementación del sistema de voucher educativo y la salida del Estado de la administración de las instituciones educativas.
• Un sistema de salud no estatizado, donde exista libertad de escogencia y la gente solo pague por lo que usa
• Un cobro de marchamo acorde con la realidad de nuestras calles
• El fin de la guerra contra las drogas y de la legislación intervencionista que esta provoca
• Infraestructura vial de calidad, o al menos, decente
• Que el Estado deje de regular el amor, y que todos los matrimonios (incluidos los heterosexuales) sean dejados a la libre voluntad de los contrayentes.
• Que se les permita a las personas morir dignamente.
• Una República como forma de gobierno donde el Estado de Derecho predomine sobre los antojos de las mayorías.
• Un sistema judicial que persiga y gasto guíe a los delincuentes 
• Una prensa que deje de pedir leyes como si el Congreso fuera una fábrica de confites
• Un sistema educativo no masificado, donde exista libertad de escogencia y valoración de las características individuales
• Un Estado que deje de perseguir a quienes desarrollan actividades económicas
• Un gobierno que respete los derechos y libertades individuales. 
• Un cambio en la forma de elección de nuestros presidentes,  diputados y magistrados hacia una más abierta y democrática en la que los gobernantes tengan la obligación de rendir cuentas constantemente.
• La existencia de mecanismos para revocar el mandato a presidentes, diputados y magistrados

En términos generales mucho de lo que te hemos pedido se puede resumir en la siguiente:

Que en nuestra sociedad predominen los valores de respeto a la vida, la libertad y la propiedad y contemos con un Estado pequeño cuya función se limite a garantizar el respeto de esos tres derechos fundamentales

Se despiden,

Miembros de ASOJOD

La columna de Carlos Federico Smith:redistribucionismo en los seguros de marchamo

La incertidumbre campea en cuanto al pago del marchamo de los automóviles.  No sólo existen diversos recursos en la Sala Constitucional solicitando una revisión de los montos cobrados por valuaciones inapropiadas, que de acogerse podrían dar lugar a rebajas en los montos por cobrar, sino que también el seguro obligatorio, que forma parte de ese marchamo, está igualmente cuestionado en distintos ámbitos. Todo hace que tal vez sea prudente para el consumidor no pagarlo ahora, sino hasta después. Si hubiera algún grado de certeza de que se le devolvería automáticamente lo pagado de más, en caso de que uno cancele lo que ahora se le está cobrando y posteriormente se determine una reducción del monto, pues no habría tanto problema.  Pero la verdad es que no es confiable que se le vaya a devolver ese dinero pagado de más o, si es que se lo devuelven, lo sea sufriendo miles de peripecias y papeleos.

Unido a lo anterior, está el enredo con el cobro del seguro obligatorio a los motociclistas, quienes se niegan a pagar de acuerdo con su siniestralidad. Eso no sería tan problemático a no ser porque los demagogos de siempre ya andan proponiendo que, porque los motociclistas son “pobrecitos”, se no les debe cobrar un monto tan elevado por el seguro obligatorio y que, lo que a ellos se les rebaje, sea recargado a los “no pobrecitos” dueños de automóviles. La verdad es que la forma en que se debe cobrar el seguro obligatorio no es un asunto de equidad, que simplemente se resuelve cobrándole menos a los motociclistas y más a los automovilistas.  Ese seguro debe ser cobrado de acuerdo con la siniestralidad –esto es, tomando en cuenta la frecuencia y los costos por los daños que estadísticamente sufren ambas formas de transporte- y no según presunciones de riqueza de sus respetivos dueños. Se supone que así lo está haciendo el Instituto Nacional de Seguros. Pero, ¿verdad que usted conoce motociclistas muy ricos que andan en sus BMWs u Hondas o Harley Davidsons, quienes con el arreglo propuesto pagarían poco? ¿Y, a la vez conoce usted a muchos quienes con apuros apenas poseen un carrito y que ahora terminarán pagando mucho más? El propósito de un seguro no es redistribuir riqueza, sino proteger al asegurado y a terceros ante los riegos. Esos riesgos pueden ser claramente definidos según sea el tipo de automotor. 

Una posible solución al problema es eliminar la cobertura obligatoria a los motociclistas y que en el mercado haya seguros voluntarios, en donde cada cual pueda adquirir un seguro según sus necesidades y su disposición hacia el riesgo.  De hecho, eso se hizo parcialmente el año pasado, cuando se redujo el monto obligatorio por asegurar.  Sin embargo, a final de cuentas, esa medida lo que simplemente hace es un traslado del riesgo, siendo entonces el Seguro Social (es decir, todos nosotros) el que termine asumiendo los costos debido a los daños físicos causados en los accidentes de tránsito, en vez de los propios motociclistas a través del seguro obligatorio pagado por cada uno de ellos. Eso pasa siempre que se socializan los riesgos. Se concluye estimulando a aquellos que tienen más accidentes, pues no tienen que pagar lo que verdaderamente cuestan, a la vez que se castiga a quienes tienen menos accidentes.  En este caso, la propuesta antes citada de transferir los costos de los motociclistas a los automovilistas lo que hace es premiar a los primeros y castigar a los segundos.  Por eso, ¿por qué mejor no dejar que cada cual libremente elija lo que juzga conveniente en cuanto a su aseguramiento y poder determinar si, a su debido costo relacionado, aceptan o no cubrirse de dichos riesgos?

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: ¡Al fin pegó una!

Como lo saben todos nuestros lectores, en ASOJOD hemos sido sumamente críticos del pésimo desempeñó de la Administración Chinchilla. Incluso, en ciertos momentos pensábamos que probablemente no habría nada que destacar durante los cuatro años de su mandato, pero afortunadamente estábamos equivocadas.

Está semana, la Presidente Chinchilla declaró de cara a las reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que se encuentra a favor de un internet “libre y abierto”. Como se podrán imaginar este no es un tema menor, Internet es probablemente uno de los últimos espacios que no es encuentran excesivamente regulado y al cual todavía los burócratas, tecnócratas y políticos no han logrado micro-manejar. Internet, es sin duda el espacio relativamente más libre en comparación al resto de quehaceres humanos en la actualidad, precisamente es este grado de libertad el que ha permitido el desarrollo sin límites y fronteras que hoy conocemos. De ahí la importancia de las declaraciones de la Presidente, máxime en un contexto donde muchos especulan con el deseo de regular el acceso al Internet, su contenido incluso o gravarlo con impuestos. Ahora más que nunca, el Internet necesita ser defendido de todos aquellos que pretenden regularlo y controlarlo, para así lograr seguir disfrutando de todas sus posibilidades y ventajas.

No cabe duda alguna que doña Laura se puso una flor en el ojal con esta decisión, no podemos más que desear que esta misma lógica de más participación, libertad, autonomía e independencia impere en otras políticas públicas, lo cual las volverá igual de dinámicas que el Internet mismo.