Tema Polémico: Incentivos Salariales, “si seguimos así seremos Grecia”

“Si seguimos así seremos Grecia” resumió de manera muy acertada José Joaquín Arguedas el exdirector general del Servicio Civil cuando le preguntaron sobre el caso de los abusos en los incentivos salariales. No podría estar más en lo cierto. Pluses salariales que ya le cuestan al Gobierno más que los mismos salarios y en los que claramente hay desproporcionalidades y abuso resultado de procesos de negociación irresponsables que iniciaron en los años setenta. Un caso clarísimo es la anualidad en el sector público; un incentivo salarial que supuestamente se otorga por buen cumplimiento del trabajo pero que simple y llanamente se le da a casi todos los empleados públicos sin ningún tipo de cuidado.

Como es posible que luego de ver estos abusos clarísimos en el gasto, las autoridades de turno sigan empeñadas en incrementar los impuestos para financiar un elevado déficit fiscal que claramente no ha sido culpa de los contribuyentes sino de una gran cantidad de abusadores y corruptos que siguen aprovechándose de los sin controles del Estado para seguir lucrando a expensas de los demás. Canallas sin vergüenza. Nos hace pensar que estos nuevos gobernantes que supuestamente eran diferentes que los mismos de siempre no son para nada diferentes, capaz que peores. 

Debería ser inadmisible que se piense en nuevos ingresos sin antes actuar de forma real y contundente sobre el control del gasto. Una nueva ley de empleo público más apegada a la realidad, una solución inmediata a los abusos en los sistemas de pensiones, un límite al gasto corriente del Gobierno, solo por mencionar unos cuantos. Esperamos que nuestros diputados, por lo menos aquellos con algo de sentido común, entiendan esto y no permitan bajo ninguna circunstancia más impuestos en las condiciones actuales. 

“Si seguimos así seremos Grecia”; eso es muy atinado y hay que actuar de inmediato pero de forma sensata deteniendo el creciente y descontrolado gasto estatal.

Viernes de Recomendación

El día de hoy queríamos presentarles la entrevista de Charles C. W. Cooke, en donde presenta su análisis del término "Conservatarian", el cual es una especie de mezcla de posiciones conservadoras y libertarias.

Tema polémico: la credibilidad del Presi

Para iniciar este artículo vale la pena recordar un spot publicitario de la campaña del famoso Luis-Gui, así nos decía:

“tengo un solo carro, un reloj y cuatro trajes que me quedan y no necesito más (…) soy Luis Guillermo Solís quiero que me conozca y me ayude a rescatar a Costa Rica”

En ese anuncio el candidato se presentaba como un costarricense más, un costarricense promedio, alejado de la politiquería y del materialismo suntuoso. Pero todo cambia en esta vida, y en tan solo diez meses el Presi ha dado un giro de 180 grados, haciendo verdad aquel adagio de que sólo se conoce verdaderamente a una persona una vez que se le ha dado poder, veamos.

El Presi, al inicio de su gobierno quiso seguir por esta misma ruta del costarricense “de a pie”, aquel que es distinto a la clase política tradicional. En ese orden de idea anunciaba a la prensa que prefería utilizar su carro personal y no el de Casa Presidencial. Ello rápidamente cambió, y ahora el Presi en sus rutas de la ¿alegría? utiliza dos flamantes Land Rover 2015, parece que al final del día el Presi si necesitaba más, a diferencia de lo dicho en su campaña.

Igualmente anunció que durante su Gobierno existiría total transparencia y que la Casa Presidencial se convertiría en una “Casa de Cristal”. Desafortunadamente, esa promesa tampoco duró mucho, dado que Presidencia incluso mantenía en secreto el listado de visitas a la “Casa Polarizada”. Este secretismo se vino abajo una vez que la Sala Constitucional obligó a revelar dicha información.

Pero aquí no acaba el record de terror, el último desliz y el más grave  refiere al tema impositivo. El Presi había prometio en campaña que no existirían impuestos durante los dos primeros años de su gobierno, y que además utilizaría este tiempo para demostrar a la ciudadanía que realizaría un manejo responsable de la cosa pública , lo cual lo legitimaría para solicitar dichas medidas. Lo cierto del caso es que al día de hoy sabemos que el Presi no se aguantó las ganas, y a menos de un año de su gobierno ya está hablando de aumentar impuestos. Pero lo peor ha sido el presupuesto absolutamente deficitario que presentó a la Asamblea Legislativa (y que fue aprobado a través de medidas autoriatarias y antidemocráticas), lo que evidencia que no hay tal sentido de la responsabilidad fiscal dentro de esta Administración.

El mayor activo de todo político es su credibilidad, hoy en día en ASOJOD creemos que el Presi ha derrochado y se ha comido por entero éste capital. Hoy en día el Presi no es más que un político tradicional, totalmente alejado de la imagen que “vendió” en campaña.  Robándole sus palabras de campaña decimos: ¡Hay que rescatar a Costa Rica de Luis Guillermo Solís!

Viernes de Recomendación

El Dr. Armando de la Torre explica que la pobreza no tiene causas puesto que es el estado natural del hombre en tanto que la riqueza ha permitido a la humanidad superar la esperanza media de vida. Asimismo, hace énfasis en tres factores importantes para fomentar el desarrollo: libre competencia, esfuerzo individual y disciplina en el trabajo.

La columna de Carlos Federico Smith: razones ciudadanas para no aceptar más impuestos

Una información de La Nación del 10 de diciembre, bajo el encabezado “Estado recibe mala nota en gestión de tributos: ITCR dio resultados de encuesta de opinión”, entre otras cosas importantes, señala que “Un 86% de los costarricenses (la entrevista fue formulada a 513 jefes de hogares) opina que el Estado  desperdicia el dinero mediante impuestos.” No sólo esto podría reiterar la antigua creencia de que, al ser los impuestos una materia odiosa, sería de esperar un alto porcentaje de rechazo a los gravámenes de parte de la población, pero más bien indica que la gente considera que esos fondos, que paga como impuestos, no son bien utilizados por el gobierno y que, por el contrario, son desperdiciados. 

Aunque lo que señala La Nación de esa encuesta realizada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica no brinda específicamente el porcentaje de aceptación de los impuestos, sí expresa que “aunque muchos apoyan una reforma fiscal, se oponen a que esto conlleve un aumento tributario.” Habría sido interesante tener una idea de cuántos son esos “muchos”.  Pero, por datos indirectos, me da la impresión de que los tales “muchos” en realidad no son tantos. Veamos, por ejemplo: La Nación indica que “sólo el 21% de los entrevistados cree que el Estado recauda el dinero de manera eficiente.” Si el 79% restante -pienso- considera que el estado es ineficiente en su recaudación (o no sabe o que no es eficiente ni ineficiente), me imagino que no estaría tan dispuesto a darle la plata a un recaudador ineficiente, pues tal conducta podría estar reflejando un alejamiento de lo que se podría considerar como un sistema tributario “justo o equitativo”. Pero también porque “un 72% de los entrevistados opina” que los impuestos recaudados “les benefician poco”. Casi que uno puede considerar como extraña una conducta por la cual la persona desee pagar por algo que siente le beneficia poco. Lo lógico, más bien, es que, si se considera que algo casi no lo beneficia, tendería a abstenerse de pagar por ello. De paso, además de ese 72%, “un 13% es más radical aún y sostiene que no ayudan en nada,” según informa el reportaje citado.

Para mí es evidente el divorcio que hay entre la decisión ciudadana de pagar impuestos y el beneficio que obtiene de ellos, ya sea directa o indirectamente. Como me dijo una persona cercana en una ocasión: “si uno viera que con las platas que uno paga como impuestos, el gobierno hace cosas que uno necesita o le sirven, tendría una mayor voluntad de pagarlos.”

Ya sabemos del estado deficitario de las finanzas del gobierno; esto es, que hay un exceso de gasto más allá de los tributos que percibe. En gran parte, el gobierno ha planteado la necesidad de aumentar los impuestos (y, en menor proporción, reducir el gasto) pero, con toda franqueza, creo que la aprobación de aquella propuesta está en alitas de cucaracha, cuando el ciudadano observa el comportamiento de un gobierno que aprueba un presupuesto de gastos para el 2015 con un incremento de un 19% con respecto al del 2014. Por ello, es interesante señalar que sólo el 21% de las personas encuestadas “estarían dispuestas a pagar más para mejorar las finanzas del Estado”, según lo señala La Nación. Esta posición se me hace cuesta arriba, cuando lo comparo con aquél 86% que dice que el gobierno desperdicia la plata que recauda como impuestos y con aquel 79% (con la calificación que antes hice) que habría indicado que la recaudación de impuestos por el gobierno es ineficiente.

Por otra parte, 2 de cada 5 entrevistados dicen que el gobierno “ya debería de estar” impulsando la reforma fiscal -seamos claros, la expresión “reforma fiscal” no es más que un eufemismo de “aumentar los impuestos- pero habrá que ver si, una vez que el gobierno anuncie sus propuestas específicas de alzas en los tributos, los ciudadanos van a estar tan de acuerdo con que se pongan ya los nuevos y mayores gravámenes.  No me extraña que entre los proponentes de que el gobierno desde ahora le debe entrar a la reforma fiscal con los mayores impuestos, estén quienes de manera significativa reciben ingresos provenientes de ese gasto estatal, ya sea como empleados públicos o como empresas proveedoras contratistas de bienes y servicios al estado.

A su vez, según la encuesta antes citada, 2 de cada 5 entrevistados creen que el gobierno “debería esperar” a ganarse “la confianza de la gente”, reduciendo el sobredimensionado gasto público, antes de proceder a un aumento de los impuestos. 

Si la persona siente que el estado es ineficiente, en cuanto a proveerle los servicios que considera que debe brindarle a partir de los impuestos que paga, no van a querer que haya mayores impuestos. Al mismo tiempo, si ve que el país encara un serio problema fiscal que puede afectar a la ciudadanía, preferirá que se reduzca el gasto exagerado y desproporcionado, antes que haya un aumento de los impuestos. Y, me imagino, también pensará que, si le entrega más recursos propios al gobierno mediante más extensos y elevados tributos, éste pronto los gastará y así se nos sumirá, poco tiempo después, en un nuevo déficit. Esa ha sido la historia fiscal del país, en donde con frecuencia se han aprobado mayores impuestos con la excusa de reducir el déficit, pero la verdad es que simplemente se ha terminado en un gasto más elevado y un resurgimiento del déficit.

Asimismo, la persona es consciente de que, con una economía alicaída, de poco crecimiento a causa de esos nuevos o mayores impuestos, no se generará la inversión requerida y hasta provocará que desciendan los niveles de empleo en la economía. Y sabe que todo eso se traducirá en una reducción de los ingresos de las familias.

Jorge Corrales Quesada

Viernes de recomendación

Para este día, queremos compartir con ustedes la extraordinaria novela de George Orwell "1984", una distopia que muestra los efectos del totalitarismo cuando los ciudadanos deciden entregar su libertad a cambio de una pseudo seguridad.

La columna de Carlos Federico Smith: el Hospicio de Huérfanos sometido a tortura

Hay noticias que se repiten una y otra vez y, sorprendentemente, el problema que señalan persiste, inamovible como una roca, invariable como un fanático tenaz. En este caso me refiere a que cada año, desde hace buen rato, sale a la luz pública la queja de las autoridades del Hospicio Nacional de Huérfanos, de que la Municipalidad de San José no les traspasa los fondos, que por derecho (y tradición, agrego yo) le corresponden del 50% de los ingresos netos que esa municipalidad recibe producto de las fiestas de fin de año en San José.

 

La Nación del 7 de enero nos brinda algo de la misma mona con el mismo rabo; perdón, el siguiente artículo: “Centro de huérfanos exige ₡1.200 millones a municipio josefino: Dinero corresponde a ganancias del redondel de toros.” El simple título del comentario llama nuestra atención, pues de alguna manera la municipalidad josefina ha separado los ingresos provenientes de las corridas de toros de fin de año -y que obviamente desde muchos años atrás forman parte del jolgorio festivo josefino de cierre del año- de aquellos otros ingresos que la municipalidad percibe por razón de esos festejos.

 

Aquí es donde yo no entiendo ¿por qué razón, si la ley establece que la municipalidad debe darle el 50% de los dividendos netos de tales fiestas, es posible decir que eso “no aplica” en el caso de las corridas de toros, de lo cual todos somos conscientes de que están enteramente ligadas -es más, que forman parte de- las fiestas de fin de año? 

 

Por eso la administración del Hospicio de Huérfanos -Fundación del Hospicio de Huérfanos de San José- le reclama judicialmente a la Municipalidad de San José una deuda por ₡1.200 millones, proveniente de ese 50% de todas las ganancias netas de las fiestas de fin de año desde el 2006 hasta el 2013. 

 

Tal como indicó el abogado del Hospicio, licenciado Boris Molina, “Los ₡1.200 millones solamente tienen que ver con el remate del redondel entre 2005 y 2013; este cálculo no incluye lo que recibe la Municipalidad por derechos de televisión ni el remate de la plaza por los festejos que acaban de finalizar. Si sumamos todo el reclamo sería de unos $4 millones,” esto es, más o menos unos ₡2.160 millones.

 

Lo increíble es que el perro amarrado de ₡1.200 millones antes citado no se refieren siquiera al 50% de ingresos netos por las corridas, sino a los provenientes del  resto de actividades de los festejos (eso no queda claro del subtítulo del periódico). Pero también es inconcebible que la municipalidad haya decidido que la parte taurina quede por fuera de su obligación, decisión que tomó unilateralmente en el 2005. No puedo comprender cuál puede ser la razón de ello, excepto la ambición de que la plata se quede en la municipalidad para los propósitos (buenos o malos) que a ésta se le puedan ocurrir, porque los toros son tan parte de las fiestas, como los carruseles, las manzanas escarchadas, el algodón de azúcar, los comederos y otros montón de cosas.

 

Hay un enorme mérito en que se financie adecuadamente al Hospicio de Huérfanos de San José y así lo han considerado muchos ciudadanos privados, quienes, además de la Junta de Protección Social, el Patronato Nacional de la Infancia y la propia Municipalidad de San José, le proveen recursos para que medio opere aquella institución. Lo que la Municipalidad de San José no aporta, con esa movida de separar los ingresos por las corridas, es parte importante para explicar la situación precaria del hospicio.

 

Tal precariedad la expone el señor Carlos Morales, gerente del Hospicio, cuando señala que “Tenemos capacidad para 120 niños, pero sólo mantenemos a 82 porque la bolsa no nos da para más; no tenemos de dónde sacar plata; muestra de ello son las dos casas de cuido que tenemos clausuradas desde el 2010 por su mal estado.” Pero, ¿verdad que no hay político que no hable en nombre de la niñez; de cómo hay que protegerla; de cómo hay que ayudarla a evitar los males de la calle, etcétera? Pero, al menos en el caso de los políticos municipales, esa es pura palabrería barata, alejada de los hechos mezquinos que nos narra la información de La Nación.

 

Nuestro estado es tan ineficiente -la Municipalidad de San José forma parte del estado costarricense-, que ni siquiera es capaz de darle el apoyo que legalmente se le ha determinado, para ayudar a que niños sin padres puedan llegar a ser buenos y productivos ciudadanos. Ah, y que el tribunal de apelaciones de lo contencioso administrativo no le dé más largas al asunto: se supone que la justicia es pronta y expedita y, ante todo, justa.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿hacia dónde va nuestra política exterior?

Los pilares de la política exterior costarricense siempre han estado claros: promoción de la paz, la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia. A pesar de la declaración de neutralidad perpetua, activa y no armada, realizada durante la Administración Monge Álvarez (1982-1986), siempre nuestro país ha asumido la bandera con respecto a estos temas y condenado cualquier situación internacional en la que se violenten dichos principios.

Sin embargo, en estos tiempos se presentan dos grandes excepciones, bastante sorprendentes, en especial tomando en cuenta que el Presidente Luis Guillermo Solís, es un profesional en Relaciones Internacionales, con carrera en el Servicio Exterior y, antes de asumir la silla de Zapote, era un asiduo comentarista sobre los sucesos internacionales en medios de comunicación. La primera de esas excepciones se da ante los eventos que ocurren en Venezuela, tanto con la aprehensión del líder opositor Leopoldo López y la reciente detención del Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, como con las manifestaciones populares, especialmente estudiantiles, contra el gobierno totalitario de Nicolás Maduro, quien ha respondido con violencia y salvajismo, provocando la muerte de varias personas. Ante esas abiertas violaciones a los principios que ha promocionado Costa Rica, el Presidente Solís ha decidido guardar silencio, alegando que no tiene suficiente información para pronunciarse.

¿Qué más evidencia necesita el mandatario frente a los horribles actos de represión que ordena Maduro -incluyendo la autorización al Ejército de utilizar la fuerza mortal contra los manifestantes-? ¿Qué información adicional requiere más allá de ver los encarcelamientos y la incomunicación a la que han sido sometidos muchos de los presos políticos? ¿Qué espera para condenar el asesinato de, al menos, 43 manifestantes, muchos de ellos jóvenes estudiantes universitarios? ¡Sí, jóvenes universitarios como los que él, en su condición de profesor de la UCR, vio protestar por diversas razones y para los cuales pidió protección y condenó cualquier acción policial represiva cuando existió! ¿Qué diferencia a estos ciudadanos venezolanos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, tema sobre el cual sí se manifestó?

La segunda excepción ha sido respecto a la situación que se vive en varios países de Oriente Medio y África, con el establecimiento de grupos como Estado Islámico y Boko Haram, que han torturado y matado salvajemente a cientos o miles de personas en una supuesta guerra religiosa. ¿Por qué nuestro país no ha condenado internacionalmente esta masacre? ¿Por qué Casa Presidencial y Cancillería han guardado silencio? ¿Qué pasa con nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué está haciendo o diciendo para mostrar repudio por ese holocausto?

Sin duda alguna, este silencio no puede más que preocuparnos. ¿Debemos pensar entonces que nuestra política exterior ya no responde a principios claramente definidos sino que su defensa dependerá del color político de quien los viole? ¿Tendremos entonces una Cancillería activa y crítica cuando se ataque a manifestantes o gobiernos cercanos a las ideas del nuestro y una despistada y callada cuando la violencia se dé en la acera del frente? ¿Estamos entonces frente a la relativización de los valores que, como sociedad, se supone que profesamos y defendemos? La reciente cumbre de la CELAC, donde varios mandatarios se reunieron únicamente para compartir sus teorías de la conspiración y ataques antiimperialistas, en lugar de trabajar por una agenda seria y sensata, pareciera demostrarnos lo que tenemos: una política exterior que se va, poco a poco, alineando hacia la charlatanería, los prejuicios y la diatriba, acomodada a los lugares comunes del típico discurso latinoamericano.

Todo indica que la caravana de la alegría se extiende más allá de nuestras fronteras. ¡Con Costa Rica y el mundo, sí se juega!

Aniversario de ASOJOD

En este día, nos complace celebrar el 8° aniversario de ASOJOD. Luego de tanto tiempo, nos sentimos felices de nuestro aporte a la difusión de las ideas de la libertad, tanto desde el punto de vista teórico-filosófico como desde su materialización en propuestas de política pública.

Nos ha tocado desarrollar nuestra tarea contra la corriente, luchando contra la ignorancia, los prejuicios, los intereses creados por aquellos que se benefician inmoralmente con los fondos públicos, los ataques de diferentes personas que, de una u otra forma, profesan ideas colectivistas.

Pero sin importar eso, seguiremos con nuestro trabajo. Agradecemos muchísimo a todos nuestros colaboradores, lectores y comentaristas, así como a nuestros seguidores tanto aquí en el blog como Facebook. Su apoyo, su compromiso, su lealtad y su amistad han sido fundamentales para este proyecto. Esperamos seguir contando con ustedes por muchísimo tiempo más. 

Muchas gracias

La columna de Carlos Federico Smith: desarrollemos nuestra riqueza energética potencial

No recuerdo en qué libro de texto de Economía leí hace mucho tiempo, acerca de las ideas de riqueza y de valor aplicadas a las llanuras de los indios en el estado de Oklahoma, las cuales tenían, a mediados de siglo XIX, un valor sumamente bajo, pues si acaso servían para pastoreo del ganado. Los indios, quienes eran de hecho los dueños de esas tierras, vivían en la pobreza, en mucho sobreviviendo gracias a la cacería, algunos cultivos y de la crianza de animales. La tierra era sumamente barata e incluso, en cierto momento, el gobierno federal de los Estados Unidos se las compró a muy poco precio, para después regalarlas con tal de que fueran pobladas principalmente por blancos, negros y otras tribus indígenas. A principios del siglo XX, se descubrieron enormes depósitos de petróleo bajo esas tierras de Oklahoma (y en muchas otras partes de los Estados Unidos), las cuales evidentemente vieron incrementar su valor enormemente en poco tiempo, al desarrollarse los pozos petroleros.

Así me viene a la mente recordar que antes no había tanta riqueza en las tierras de Oklahoma, sino hasta que se desarrolló su actividad petrolera. Es decir, aun cuando exista un recurso natural en el subsuelo, en tanto no se le desarrolle económicamente -es decir, que tenga algún valor mayor- no se aumentará la riqueza: simplemente era “tierra” de muy poco valor, dedicada a simple pastoreo, que luego fue “tierra” de mucho valor, gracias al desarrollo petrolero. 

Lo expongo en relación con un artículo que leí recientemente en La Nación del 15 de diciembre, que lo encabeza el siguiente texto: “Presidente sepulta geotermia en los parques nacionales: Solís no aceptará proyectos de generación en su mandato”. Pregunto: ¿de qué nos sirve tener tanta “riqueza” energética potencial en los parques nacionales? No hay riqueza mientras no se le desarrolle. Entiendo muy bien la posición de conservacionistas, preocupados porque un desarrollo de esa fuente de energía no cause un daño grave al medio ambiente, pues también, no lo dudo, constituye riqueza. Pero el desarrollo energético ocasionaría tan sólo un daño hipotético, que económicamente bien podría ser compensado, si la ciudadanía obtiene un beneficio muy elevado, al contar con una fuente de energía más barata que las actualmente disponibles. Es un asunto de ver los números del análisis de costo-beneficio social, el cual tome en cuenta el posible daño al medio ambiente.

El tema es muy interesante desde diversos ángulos, pero quisiera enfatizar uno de ellos.  Si bien es apropiado preocuparse por el posible impacto negativo sobre el medio ambiente de un proyecto de esa índole, en realidad en el país ya tenemos amplia experiencia en la generación de energía a partir de la geotermia, la cual han tenido un impacto mínimo -nimio; relativamente pequeño- sobre la naturaleza de los alrededores. Esta fuente se ha desarrollado en el país desde 1977 y ya tenemos cinco plantas generadoras de energía derivada de la geotermia (4 en Miravalles y una en Pailas, todas en la Cordillera de Guanacaste). Están operando limpiamente y con una afectación muy marginal en su alrededor. En una entrevista formulada a finales del 2012 al ingeniero Alfredo Mainieri, director en ese entonces del Centro de Recursos Geotérmicos del ICE, señaló que “la geotermia es una energía autóctona, limpia, poco contaminante y que, si además se maneja convenientemente, puede llegar a ser renovable, por lo que se espera que el tema de la explotación se analice más profundamente.” (Entrevista en Crhoy.com, el 9 de octubre del 2012).

En dicho diálogo se señala que “La geotermia también se ubica como la segunda más barata en cuanto a costos de producción por kilovatio, ya que, producir un 1 kilovatio de geotermia cuesta 6.22 centavos de dólar a pesar de solo tener el 8% de la capacidad instalada; producir 1 kilovatio de energía hidráulica cuesta 3.81 centavos de dólar,” al menos en aquél año. 

No hay razones para que, tomando en cuenta la necesidad de compensar cualquier efecto sobre el medio ambiente, el país no pueda acudir a esta fuente de energía, cuyo costo parece ser relativamente bajo, es limpia y casi que inagotable. Cerrar las posibilidades de su desarrollo, tanto por parte del ICE como de empresas privadas, es, en mi opinión, una nueva decisión absurda del gobierno, en tiempos recientes en el campo de la energía (además de ésta, también lo fue el impedimento de que hubiera una mayor participación privada en la producción de electricidad de fuentes hídricas, así como negarse a la búsqueda y eventual desarrollo del gas natural y del petróleo en el país).

A veces hay posiciones extremas que cierran las posibilidades de progreso de las sociedades.  En este caso, la justa preocupación por el medio ambiente resultante de desarrollos energéticos, creo que ha sido llevada muy lejos. Existe enorme experiencia en muchos países -además de la nuestra antes citada- que incluso poseen literalmente desarrollos en los patios traseros de sus casas. Volviendo al estado de Oklahoma, Estados Unidos, una visita a su ciudad Tulsa podría confirmar lo que aquí estoy diciendo: allá, en aquella tierra antiguamente de los indios, hoy existe una enorme producción petrolera en su inmediata vecindad. Pero también, por ejemplo, se podría ir a Los Ángeles, California y ver allí, en un lugar que se conoce como La Brea, que sucede algo similar a lo de Tulsa, Oklahoma.  Simplemente para esos desarrollos energéticos se disponen de reglas claras, definidas, estrictas, en cuanto al manejo ambiental. Pero no de manera tal que se prohíba la producción, que se impida el desarrollo, que se afecten las posibilidades de progresar de sus ciudadanos. 

En Costa Rica se ha demostrado que se pueden hacer plantas para extraer energía proveniente de la geotermia, sin afectar significativamente a los parques nacionales. Incluso si un desarrollo lo ocasionara, eso podría ser compensado con tierras nuevas que se adicionan al parque. Pero ni eso ha sido necesario hacerlo en el caso de Costa Rica. 

El gobierno no admite que privados puedan producir más electricidad proveniente de desarrollos hídricos; no permite ahora que nadie, ni el mismo estado, pueda generar electricidad con base en la energía proveniente de la profundidades de la tierra; no dejan explorar el país para ver si hay depósitos de petróleo o de gas; no acceden a que se utilicen paneles solares para que las familias desarrollen fuentes energéticas provenientes del sol; no dejan hacer nada de nada. El estado nuestro no sólo es ineficiente, sino retrógrado: conculca cualquier posibilidad de generación de energía, sino es a través de su casi monopolio, el ICE, e incluso hasta a esa institución se le vedó la posibilidad de un mayor desarrollo energético de la geotermia. Hace muchos años no veía una mentalidad tan retrógrada, antiprogresista y que frenara a tal grado el impulso innovador de la empresa privada. Más tarde o más temprano eso nos pasará la factura a todos los ciudadanos -como usualmente sucede en estos casos- a causa de nuestro estancamiento energético.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Prioridades Equivocadas

El miércoles de la semana pasada el periódico la Nación publicó dos noticias muy interesantes en su primera página. La primera explicando la inoperancia o tal vez mejor dicho, ineptitud, de nuestras autoridades de seguridad para detener a los famosos “picones” que provocan tanto riesgo en nuestras calles. La segunda la “eficacia” de las autoridades de seguridad pública para desplazar a los artistas callejeros de las calles y avenidas de la ciudad de San José. Esto es absurdo. Con la limitación bien conocida de efectivos de seguridad en el país, el Gobierno claramente tiene muy equivocadas sus prioridades y se está empeñado en dejar libres a los delincuentes para reprimir a los ciudadanos inocentes que lo único que están haciendo es tratarse de ganar la vida de forma informal como consecuencia de vivir en un país con cada vez menos posibilidades de empleo. Absurdo pero cierto.

¿Qué han hecho los artistas y artesanos callejeros de San José para merecer la persecución de las autoridades? Lo único que hacen es ofrecer un servicio de entretenimiento al público a cambio de unas monedas y de esa manera darle de comer a sus familias. Muchos de estos artistas preferirían por mucho tener otra clase de trabajo pero la realidad no se los permite ¿Qué hacen para ser tratados como delincuentes? En ASOJOD apoyamos la economía informal sana como un medio legítimo para ganarse la vida. Si el Gobierno quiere que estas personas aporten a las arcas del Estado debería presentarles un plan atractivo de modo que se sientan incentivados a colaborar y no todo lo contrario. La represión a estos medios legítimos de subsistencia solo trae consecuencias negativas y, en última instancia, lo que hacen es incentivar la delincuencia como último recurso en desesperación de esta gente para comer. 

Por otro lado, en las calles de nuestro país, conductores irresponsables andan corriendo en las calles poniendo en peligro la vida de mucha gente inocente como es el más reciente caso de un mayor de edad que fue atropellado por uno de estos delincuentes. Cuando se le exige a la policía medidas de control ellos se quitan el tiro echándole la culpa a alguien más e inclusive alegando miedo. Que tristeza. Si esta es la fuerza pública de nuestro país entonces “apague y vamonos”.

Siempre lo hemos dicho, el Gobierno es ineficiente en todo lo que hace pero ya esto es el colmo. Defender a los delincuentes y reprimir a los inocentes. Que bajo hemos caído.

La columna de Carlos Federico Smith: las vedas en nuestros mares

Tal vez debo empezar explicando el concepto llamado “la tragedia de los comunes” (en inglés, tragedy of the commons), expuesto por el economista Garrett Hardin de la siguiente manera:

“La tragedia de los bienes comunes surge de esta manera. Imaginemos un pastizal abierto para todos. Se puede esperar que cada pastor trate de alimentar la mayor cantidad posible de animales en ese pastizal en común. Tal acuerdo puede funcionar más o menos bien durante siglos… Finalmente, sin embargo, con el tiempo llega el momento del ajuste de cuentas... En ese punto, la lógica inherente de los bienes comunes genera, inclementemente, la tragedia. Como un ser racional, cada pastor buscará elevar al máximo su utilidad… se pregunta: ‘¿cuál será la utilidad para mí si agrego un animal más a mi rebaño?’ Esa utilidad tiene dos componentes: uno positivo y uno negativo…” El positivo “está en función del aumento de un animal más” y el negativo “es una función del aumento de sobrepastoreo causado por el animal adicional. Sin embargo… los efectos de dicho incremento del pastoreo son compartidos por igual por todos los pastores… Al sumar las utilidades parciales de ambos componentes, el pastor racional concluye en que la única vía sensata para él radica en añadir otro animal a su rebaño. Y otro, y otro... Pero esta conclusión es la misma a la cual llegan todos y cada uno de los pastores racionales que comparten las tierras en común. Precisamente en eso es donde reside la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo obliga a incrementar su rebaño ilimitadamente -en un mundo que es limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno prosiguiendo su propio interés en una sociedad la cual cree en las tierras en común. La libertad en unas tierras en común acarrea la ruina para todos.” (Garrett Hardin, Tragedy of the Commons (La tragedia de los comunes), Science, Vol. 162, No. 3859, diciembre de 1968). 

La solución que Hardin propone como solución a este problema es la creación de derechos de propiedad; en este caso, sobre el pastizal. Ella conduciría a evitar esa sobreproducción ruinosa para todas las partes.

Un interesante artículo (en inglés) de Robert J. Smith, “Soluciones Privadas para los Problemas de Conservación,” en Tyler Cowen, editor, The Theory of Market Failure, Fairfax, Virginia: George Mason University Press, 1988, señala lo siguiente:

“La tragedia de los comunes se aplica a todas las pesquerías oceánicas… en donde la sobrepesca… es un fuerte testamento del fracaso en la ‘administración’ de recursos de propiedad común… Si se prestara más atención en terminar con la tragedia de los comunes, mediante la creación de derechos de propiedad y de otros incentivos para administrar sabiamente los recursos naturales… el medio ambiente del mundo estaría en una condición mucho mejor.” (Op. Cit., p. 343). Y agrega “Lo que necesitamos ahora son cambios legales que hagan posible la propiedad privada de las aguas marinas… Bajo el sistema de utilización de recursos como una propiedad en común, un pescador tiene poco incentivo para practicar la conservación y el uso de métodos de agricultura marina. Cualquier intento de su parte para enriquecer el mar, simplemente le permitiría a los colados u oportunistas beneficiarse más allá de sus gastos.” (Op. Cit., p. 348). “Si fuera extendida la propiedad privada al lecho marino, sus derechos de propiedad podrían ser aplicables. Las flotas de pesca que operan desde puertos  podrían crear sus propios cayos de pesca, asegurando por tanto que haya viajes exitosos de pesca deportiva para sus clientes o capturas de pescados exitosas destinadas a sus plantas procesadoras.” (Op. Cit., p. 350).

Pero esa lógica de definir propiedad en sitios marinos no parece ser viable en la actualidad (por muchas razones, principalmente políticas), por lo cual, en Costa Rica, al menos, se ha buscado que exista un cierto grado de regulación gubernamental de la pesca, de manera que se logre (tal vez con poco éxito) preservar la vida marina salvaje; concretamente, evitar la desaparición de pescado en áreas marinas próximas a las costas del país. 

He hecho esta relativamente amplia introducción a fin de comentar un artículo aparecido en La Nación del 16 de enero, el cual lleva por encabezamiento “Contraloría cuestiona criterios para fijar vedas en mares ticos: Entidad señala inoperancia de comisión científica que asesora a INCOPESCA."

La Contraloría consideró que INCOPESCA es “ineficiente en el establecimiento de las vedas y en regular las tallas mínimas que deben tener las especies al ser capturadas, lo cual lleva a la sobreexplotación del recurso marino.”

Dicha sobreexplotación no se puede adscribir a la ineficiencia en las vedas y en la falta de regulación de las tallas mínima. Si existiera la posibilidad de crear propiedad en el lecho marino, es de esperar que sí conduciría a evitar dicha explotación. Pero dicho objetivo no parece ser viable de lograr simplemente introduciendo veda o limitación a la talla de los peces, en tanto tenga vigor un incentivo claro hacia la sobreexplotación de los recursos: estamos en presencia de la tragedia de los comunes.

La resolución del problema de la tragedia de los comunes no se logra, tal como señaló un señor Arauz del Frente por Nuestros Mares, haciendo que “el manejo de las pesquerías implica decir cómo se debe pescar y eso conlleva restricciones, las cuales podrían atentar contra intereses económicos de particulares.” Además de que esa última afirmación de su cita carece de sentido, pues una veda podría servir intereses económicos de los particulares, si con ella se asegurara una mayor existencia de pesca. Más bien podría resultar un buen negocio para un individuo, poder pescar pero evitando que tenga lugar la tragedia de los comunes, en donde todos pierden.

Lo importante es tener los incentivos correctos para conservar la biomasa de la pesca e incluso que ésta se incremente. Si hubiera propiedad privada, tiene vigencia aquel decir de que “en el mundo no hay escasez de gallinas,” lo cual es explicado por el hecho de que va en el interés del productor de carne de gallina el que no se extinga el animal, que se daría si las aves no tuvieran dueño alguno y en donde cualquier pudiera cazarlas. No hay escasez de gallinas porque son propiedad privada y está en el interés de cada uno de los productores la conservación de la especie.

Pero, ¿será posible lograr el objetivo deseable de permanencia de peces si se regula su pesca mediante la veda y la prohibición de que no capturar peces de tamaño “pequeño”? El estímulo para brincarse las prohibiciones es muy grande y a veces requiere de un proceso de vigilancia que es muy costoso para el estado. Pero, entonces, ¿es imposible deshacerse de la necesidad de que sea el estado el que regule esa actividad pesquera? De no ser así, ¿estamos condenados a la extinción de especies marinas debido a la sobrepesca? 

La economista Elinor Ostrom obtuvo el Premio Nobel en Economía en el 2009, compartido con Oliver E. Williamson, por “su análisis de la gobernanza económica especialmente de los recursos compartidos.” Por ello tomaré algunos comentarios de su ensayo “Institutional Arrangements and the Commons Dilemma” (Acuerdos Institucionales y el Dilema de los Comunes), del libro editado por Vincent Ostrom (esposo de Elinor), David Feeny & Hartmut Pitch, Rethinking Institutional Analysis and Development (San Francisco: Institute for Contemporary Studies Press, 1988). 

Hay buenos ejemplos de arreglos institucionales destinados a resolver el problema de los comunes antes mencionado, los cuales no necesariamente han requerido de la conversión de las zonas públicas de pesca marina en propiedad privada (que probablemente resolvería el problema), sino que han sido innovadores en cuanto al manejo institucional de la situación. Tal es el caso de las pesquerías de Alanya en Turquía. Señala la señora Ostrom: “Muchos de los 100 pescadores locales operan con botes para dos o tres personas usando varios tipos de redes. La mitad es miembro de una cooperativa local y la otra mitad no lo es. La viabilidad económica de la pescadería de Alanya se vio amenazada a principios de la década de los setenta por dos razones. Una, el uso irrestricto de la zona de pesca creo un conflicto entre los usuarios. En segundo lugar, la competencia entre los pescadores por pescar en los mejores sitios incrementó fuertemente los costos de producción y la incertidumbre en relación con el potencial de cosecha para cualquier grupo específico de pescadores.” (Op. Cit., p. p. 111-112). 

Para resolver el problema, en la comunidad se adoptaron las siguientes medidas:

*Cada setiembre se prepara una lista de pescadores que tengan licencia para pescar en Alanya, independientemente de su membresía en la cooperativa.

*Dentro del área de pesca usual de Alanya se seleccionaron y definieron sitios de pesca específicos. Estos sitios son tomados separadamente, de manera tal que la red que se coloca en uno de ellos, no bloqueé los peces que deben estar disponibles en el sitio adyacente.

* Estos sitios de pesca mencionados están disponibles de setiembre a mayo.

* En setiembre, los pescadores aceptados en la lista rifan los lotes o sectores y se les asigna a aquellos sitios previamente escogidos para pescar.
 

* De setiembre a enero, cada día, cada pescador rota hacia una nueva localización hacia el este. Después de enero, los pescadores se muevan en dirección oeste. Esto le brinda la misma oportunidad a cada pescador de acceder a los inventarios de peces, que migran de este a oeste entre setiembre y enero y que revierten su migración de enero a mayo en toda el área.”
 

El efecto deseado se logró: “el sistema ayuda a asignar los mejores sitios de pesca a todos los pescadores mediante una base equitativa y ha reducido fuertemente los conflictos, así como los costos de producción.” (Op. Cit., p. 112).
 

Señala la señora Ostrom: “La lección substantiva más importante que puede aprenderse (de éste y de otros cuatro casos estudiados en su artículo) es que es posible para los individuos que encaran el Dilema de los Comunes en el ambiente natural, diseñar sus propios acuerdos institucionales que cambian la misma estructura de la situación en la cual se hallaron.” (Op. Cit., p. 117).  No se necesitó de la coacción del estado para resolver el problema de los comunes y se conservó y hasta amplió la dotación o cosecha marina, para poder responder negativamente a aquellas dos preguntas planteadas con anterioridad. Y, de paso, se mantienen alejados a los potenciales colados que vengan a pescar en dichas zonas durante el período de reserva. 

Tal vez proceder a estimular la conformación de arreglos institucionales en el sector pesquero de nuestro país podría contribuir a eliminar el costo de la intervención estatal, por una parte, y, por la otra, a que se genere una mayor riqueza. Podemos así buscar que un estado ineficiente pueda convertirse en un organismo eficiente que haga bien las cosas, incluso sin tener que meterse en lo que apropiadamente los individuos, mediando libres acuerdos mutuos, pueden resolverlas mejor por sí mismos.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Venezuela y el "Presi"

El fin de semana, el "Presi" nos regaló una más de sus chambonadas. Consultado por la crisis que atraviesa Venezuela, prefirió no referirse al tema hasta tener “claridad y más información”. ¡Lo peor del caso es que supuestamente el área de expertise del Presi son las relaciones internacionales!

Estas afirmaciones del Presi no son más que atolillo con el dedo o un popular plato de babas. Cualquier observador medianamente informado sabe que la crisis en Venezuela no es de hoy, sino que ha sido un constante proceso degenerativo: sospechas electorales, represión a manifestantes, censura a los medios, encarcelamiento de opositores y descrédito contra la oposición. Todo ello, sin incluir los serios atentados a la libertad económica, la cual para los liberales es tan importante como las llamadas libertades públicas, políticas o civiles.

A pesar de todos estos elementos, el Presi se escuda en la prudencia para evitar hacer lo que todo verdadero líder debe hacer: hablar con la verdad y sin pelos en la lengua. ¿Que hubiera sido de Inglaterra si en lugar de haber tenido a Churchill hubiera tenido al Presi? Sin duda alguna resulta repugnante ver como en nuestro país existen políticos y agrupaciones políticas que no solo no critican el Chavismo, sino que parecen respaldarlo. Sería terrible si esta visión se incrustara en Casa Presidencial (esperemos que esto no ocurra, y que en las próximas horas la Cancillería emita un pronunciamiento contundente respecto al tema).

Ante toda esta situación de flaqueo en los principios, bien vale la pena recordar las palabras de Rand:

"El avance de la maldad es el sintoma de vacío. Siempre que la maldad gana, es sólo por ausencia de oposición: Por el fracaso moral de aquellos que evaden el hecho de que no puede haber compromiso en principios básicos.”

La columna de Carlos Federico Smith:hacia un sistema de adopciones infantiles más humano

La muerte por agresión violenta de unos padres contra un menorcito de dos años, conmovió a todos los corazones, excepto a los pétreos, por ser clara muestra de una barbarie inusitada: ¡clavarle agujas y dejarlas allí, en el cuerpecito de un bebé! Maldad e ignorancia conjugadas en un acto innombrable. Pero el daño no llega allí: hay otro menorcito, hermano del anterior, que probablemente no contará ya más con sus padres naturales, casi que por el resto de su vida. En todo caso, fuere lo que fuere, sus padres actuales no parecen merecer tal nombre. Son estas consideraciones las que me conmueven para brindar las reflexiones que haré de seguido, pero, antes que nada y cómo excelente preámbulo, deseo transcribir lo que escribió el ciudadano de Moravia, don Jorge E. Varela Solís, en una carta a la columna publicada en el diario La Nación del pasado viernes 6 de febrero. Su nota dice así:
 

“Agresión a menores ¿Cuántos niños más deben morir por la ineficiencia de las instituciones encargadas? Existen en nuestro país y en el resto del mundo miles de matrimonios que desean adoptar un niño. Pero el calvario para lograrlo es extremo, pues nuestra burocracia estatal y los cientos de trámites son interminables. ¿Cuántas denuncias se ponen en el PANI, y después de las tragedias vienen argumentos que dan rabia? Hace unos meses sucedió lo mismo, y no se pasó de las excusas de los responsables de atender el caso.

Señores de los tres poderes, hagan algo, esto no es juguete, es demasiado el dolor que sentimos todos los costarricenses al ver estas situaciones. Ahora resulta que unos familiares quieren llevarse al otro niño agredido, hermano del fallecido. Ustedes nunca se dieron cuenta de la situación del menor.
Existen verdaderos hogares que sí quieren darle amor a esa criatura de Dios".

A lo largo de mi vida me he encontrado con numerosas personas de gran valía, quienes han formado hogares, pero, por alguna razón, no han tenido la bendición de un hijo (antes de que algún majadero me diga algo, por supuesto que me refiero también a una hija). Varios de ellos han intentado subsanar la ausencia del hijo natural, mediante la adopción de un pequeño ser, pero se han encontrado con muchas limitaciones impuestas por una burocracia establecida, presuntamente para la protección de los infantes. La mentalidad de esos burócratas -creo no ser injusto- descansa en la premisa de defender a los niños de posibles padres malos y hasta peores de los que tenían, infantes que ahora han terminado en el asilo de alguna institución mediante un encargo del estado. Lo que es inconcebible es que el celo bien entendido, de buscarle algún alivio a la vida difícil de esos menores, ha terminado por corromper los buenos propósitos: se hace casi imposible, en el marco de un trámite burocrático enorme, para que una buena familia costarricense pueda adoptar a un hijo.

En el pasado, en muchas ocasiones se dejaba en la puerta de una casa, en donde ya había hijos o en donde no se tenían por las razones que fueran, envuelto en un motetico, a un hijo de parte de quien lo hacía, me imagino, que en el supuesto de que allí viviría una vida mejor que la que podría brindársele en el seno de donde nació. ¿Cuándos grandes hombres y mujeres de nuestro país no se crearon así? La familia a las que así se les entregó la criatura, con un alto grado de solidaridad humana y con los mejores principios, no dudaron en esforzarse por ayudar a que ese ser humano, confiado a sus bondadosas manos, pudiera llegar a ser una persona de bien.

Pero el estado se metió en medio de ese camino. No dudo que lo hizo con un buen propósito, que supongo era el de conseguir “buenos” hogares para el niño abandonado. Incluso, cuando empezó a funcionar tal injerencia estatal, en aquella época no había historias (ciertas o falsas) de niños vendidos al extranjero mediante adopciones, para que les fueran extraídos sus órganos y vendidos en el mercado negro o que fueron convertidos en esclavos serviles de amos que los adoptaron. Pero suena razonable, alguien podría pensar, que el estado se metiera a regular las adopciones en el país.

Pero, no hay como darle algo al estado, para que salga mal. Hace poco recordaba una frase de Milton Friedman, que me sirve para la ocasión: “Si usted pone al gobierno a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría una escasez de arena.” Si como sociedad estuvimos dispuestos a poner al estado a cargo de regular las adopciones, al cabo del tiempo hemos visto como los largos y complejos trámites son la característica de dichos procesos. Muchos padres desisten de tratar de adoptar un hijo por medio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y me imagino que, si les “regalan” uno bien cobijadito al pie de la puerta, también enfrentarán un riguroso y lerdo proceso de adopción. La vida, en vez de facilitarla, la ha entorpecido el estado. 

Lo que don Jorge Varela propone en su carta a la columna debe ser muy bien escuchado por todos los costarricenses, particularmente por varios grupos de nacionales: aquellos que en su vida fueron criados en hogares en donde no nacieron y en los que recibieron todo los beneficios de una familia que les adoptó; de aquellos que Dios o la naturaleza no les ha dado la fortuna de crear hijos en el seno de sus hogares y que desearían poder adoptar uno o varios, que expandan la vida en sus moradas. También de aquellos que poseen la capacidad legal de traernos el cambio indispensable para corregir la burocratización, casi que repugnante, que pone todo tipo de trabas para que la adopción pueda darse por parte de potencialmente buenos padres: todo es acerca de más y más papeles, trámites casi que deshumanizados y de exigencia de certificaciones onerosas de abogados, entre muchos otros obstáculos.

Pero el tema no es sólo de un grupo específico, sino que es algo que concierne a todos los ciudadanos de bien de este país, pues se trata de asegurar la forja de mejores compatriotas en el futuro de nuestra nación.

Ante ello, voy a hacer una propuesta de sentido común, que creo satisfará los derechos del infante a una vida mejor, así como los de los padres en potencia, quienes no cometen delito alguno -todo lo contrario- queriendo adoptar a un hijo, al igual que hará descansar la responsabilidad de la nueva relación padres-hijo entre ciudadanos de bien, al tiempo que el estado conserva el papel primordial de garantizar la pulcritud, honestidad y bienaventuranza de la nueva alianza en un nuevo hogar.

En concreto, mi propuesta significa un cambio trascendental en el engorroso e ineficiente proceso de adopción que hoy caracteriza al PANI -de paso, también se esperaría que surja un ahorro significativo en el uso de recursos públicos. Unos padres de familia que estén en busca de adoptar a un hijo y quien al momento está bajo la responsabilidad del PANI, deberán presentar tan sólo debidamente certificadas por un notario (esperamos que el Colegio de Abogados solidariamente diga que no se podrá cobrar por eso, sino que queda a la conciencia del acto de parte del notario) cartas de 12 padres de familia, tanto del padre como de la madre en tales familias, que indiquen conocer la idoneidad de los potenciales padres del niño que va a ser adoptado. El PANI corroborará que esa información, suministrada por quienes recomiendan a los adoptantes, sea la correcta. La decisión final acerca de la adopción quedará en manos de jueces de familia calificados, que formen parte laboral del PANI: jueces de adopciones. Habrá un plazo pertinente para que se defina la resolución final acerca del pedido de adopción.

Así, como bien dice al cierre de su carta el señor Varela, se entregarán eficientemente niños en adopción a “verdaderos hogares que sí quieren darle amor a esa criatura de Dios.”
 

Ojalá que eso se pueda lograr: es urgente no sólo por el bienestar de los menores que van a ser adoptados, así como de los padres que los habrán de recibir en su hogar, sino también para que la sociedad no tenga que amargarse con hechos como los sucedidos y antes descritos, en especial cuando redundan en el abandono de niños que quedan sin un hogar. Tal vez no podemos hacer nada contra esa parte mala de la naturaleza humana, pero sí podemos hacerlo por la parte buena del ser humano, como es el deseo natural de querer adoptar a un hijo.

Jorge Corrales Quesada