Tema polémico: la seguridad privada

El día de ayer, en la Revista Proa de La Nación, apareció un reportaje que hace referencia al clima de inseguridad que vive Costa Rica y cómo esto ha sido un incentivo para el auge de empresas de seguridad privada. El asunto no es nada nuevo, pero nos motiva a reflexionar acerca de todo lo que el mismo implica.

Nos pareció llamativa la frase del sociólogo Rodolfo Calderón, para quien "El tema de la seguridad privada es una de las manifestaciones más serias de una sociedad cada vez más desigual. Refleja ese resquebrajamiento profundo del contrato social: cosas que son bienes públicos comienzan a constituirse en una mercancía. Esta crisis se originaría, en parte, en el abandono del Estado y en todos los procesos de aumento de la desigualdad social. Si el Estado no garantiza una de las funciones básicas que le corresponden, volvemos a la época medieval”.

En parte, Calderón tiene razón cuando afirma el retorno a esquemas societales donde son los mismos individuos los que se procuran su propia seguridad, en el entendido de que esto genera escenarios de cuasi anarquía en donde los grupos privados disputan con el Estado el uso legítimo de la coacción física. En ASOJOD hemos advertido de los peligros de que cada grupo de individuos se asocie para formar bandas de rufianes y apliquen la "ley" por su cuenta, en tanto no sólo entraríamos a escenarios donde el más fuerte se impone sobre el resto, sino que todo el sistema de especialización e intercambio en que se basa una sociedad moderna se vendría abajo, toda vez que los individuos tendrían que dejar de producir riqueza para dedicarse a protegerla únicamente.

No obstante, nos parece que se equivoca en el enfoque de su análisis. Consideramos que la búsqueda de seguridad por vía privada no es un reflejo de la descomposición social ni del aumento de la desigualdad social, sino exclusivamente, por la búsqueda de satisfacción de una necesidad legítima. Ha sido el mismo Estado el que propició esto: actuando como empresario y guía moral de los costarricenses, interfiriendo en todos los aspectos de su vida, procurándoles el boleto al paraíso, regulando la economía y ofreciendo bienes y servicios, ha despilfarrado los recursos de los tax payers y se ha quedado sin medios para pagar lo concerniente al tema de seguridad.

Ante eso, los ciudadanos legítimamente buscan alternativas. Y con esto condenamos el caracter "fatalista" de Calderón, pues no vemos nada de malo en que los "bienes públicos" se conviertan en mercancías. Antes bien, nos parece que es el estado natural de los bienes y servicios y que el concepto de mercancía envuelve un componente moral del más alto valor: el uso de la voluntad para entrar en dinámicas de intercambio. En tanto los bienes públicos son, por definición, no exclusivos ni de oferta única, se genera una paradoja: no existen mecanismos para evitar que, quien no paga, disfrute de ellos. Lo que muchos dirán es que los bienes públicos son pagados por todos los ciudadanos, pero eso es realmente falso, máxime en un sistema impositivo del tipo progresivo y un modelo de Estado benefactor como el de Costa Rica.

Los bienes públicos dirigen el problema hacia lo que en teoría de juegos se denomina "dilema del free rider", que consiste en una situación donde existe un problema común y los individuos maximizadores de utilidad notan que les resulta más beneficioso no asumir ningún tipo de costo, sino trasladárselo a los demás. Así, la ganancia es total y el costo es nulo. Esto genera dos problemas de gran magnitud: por un lado, en la medida que cada individuo siga el mismo razonamiento se cae entonces en una situación donde nadie asume costos y, por tanto, las acciones no se realizan (esto está muy relacionado con lo que Hardin identificó como la "tragedia de los comunes). Por el otro, hay una traslación de responsabilidades, en tanto unos tienen que cargar con los costos de otros, lo que no es otra cosa que utilizar a unos para conseguir los fines de otros.

¿A qué queremos llegar con esto? A algo muy sencillo: es natural y hasta lógico pensar que, ante un desabastecimiento de un servicio como el de seguridad, los individuos no pueden sentarse a esperar hasta que a las autoridades gubernamentales les parezca oportuno, por lo que buscarán quién les ofrezca el servicio. Hasta ahí no hay problema. En ASOJOD hemos dicho que, siempre y cuando las empresas que se dedican a brindar seguridad privada cumplan con los requisitos legales adecuados (es decir, claros, razonables y no discriminatorios), no encontramos ningún argumento para criticar.

Sin embargo, hay que tener cuidado. Está muy bien que esa seguridad privada brinde servicios de protección, como lo hacen en empresas, bancos, comercios, etc. Pero jamás estaríamos de acuerdo con que esos vigilantes privados tengan la potestad de perseguir y arrestar (salvo que sea en la propiedad donde fueron contratados) a los malhechores. Y mucho menos que puedan desempeñar las tareas punitivas que corresponden a la labor de Administración de Justicia que debe ser exclusivamente del Estado.

En la medida en que el radio de acción de los vigilantes privados se desarrolle dentro de la propiedad y se reduzca a la aprehensión (in fraganti) y correspondiente entrega a las autoridades policiacas oficiales, nos evitamos el riesgo del problema de las bandas de rufianes antes mencionados. Caso contrario, cuando los mismos vigilantes o personas comunes y corrientes se toman "la justicia en sus propias manos" caemos en un riesgo de descomposición social, política, moral, económica y jurídica.

Por supuesto, esta consideración no excluye el derecho a la legímita defensa y a la protección de la propiedad privada, en el sentido en que en ASOJOD lo hemos sostenido, pero como una actividad ocasional, no como el diario quehacer.

Por eso, creemos que esta reflexión nos lleva a dos conclusiones generales: en primer lugar, es necesario poner al Estado en su lugar, sacándolo de las actividades que no le corresponden y obligándolo a desempeñar su única función legítima. Y segundo, que el mercado sigue las preferencias y necesidades de los consumidores, no los caprichos de los oferentes. Si el Estado no ha querido brindar un buen servicio de seguridad, se abren puertas para que sean los mismos individuos los que creen empresas dedicadas a ello. Y esto nada tiene que ver con la desigualdad social ni con las demás burdas justificaciones que algunos usan para defender a los criminales.

Quizá algunos digan que con la seguridad privada sólo unos podrán vivir tranquilos mientras las grandes mayorías no. A esto, en ASOJOD contestamos que la culpa no es de los ricos que pueden pagar la seguridad, sino de los politiqueros que despilfarraron el dinero de los tax payers en cuanta tontería se les ocurrió y que si quieren tener seguridad al alcance de todos, piensen muy bien cuando van a las urnas y votan por aquellos que prometen usar los recursos en crear el paraíso en la tierra.