Flash legislativo

En las últimas semanas, los costarricenses se han enterado, entre amenazas de porteadores y taxistas y la inacción del gobierno, de un proyecto de ley que pretende prohibir el porteo. Se trata del Expediente N° 16.136, que corresponde al único punto en agenda de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda.

La iniciativa en cuestión procura eliminar la palabra "personas" del artículo 323 del Código de Comercio, el principal fundamento jurídico del que se valen los porteadores para desarrollar su actividad. Además, pretende realizar dos modificaciones a la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte de Personas en vehículos en la modalidad de Taxi. En el primer caso, se intenta modificar el numeral 29 para otorgar las concesiones por base de operación y por un plazo prorrogable de 10 años, siempre y cuando los concesionarios tengan licencia tipo C-1, aparezcan registrados ante la CCSS o sean cotizantes del seguro voluntario y presenten una certificación de su inscripción ante el MOPT como empresarios de taxis. En el segundo, se busca adicionar un nuevo inciso al artículo 62, donde se establece una sanción por la prestación no autorizada del servicio, utilizando como presunciones e indicios de esto la habitualidad en la prestación y el uso de signos externos e internos que puedan inducir al error en el usuario.

Frente a esta iniciativa, algunas bancadas legislativas ya han dejado clara su posición. El PAC anunció que la votaría a favor, por cuanto consideran el porteo como una actividad ilegal que genera competencia desleal a los taxistas; el ML, por el contrario, votaría negativamente esta iniciativa, por cuanto considera que limita una actividad reconocida por el ordenamiento jurídico costarricense y especialmente, que tiene sustento en el principio de libertad (lo que no está prohibido, está permitido), la libertad de asociación, de comercio y de empresa. Sin embargo, las grandes incógnitas en cuanto a posiciones son el PUSC y el PLN. En el caso de los socialcristianos, aún no han dejado claro si estarían de acuerdo con eliminar el porteo o, siendo consecuentes con el uso que ese mismo partido dio a los porteadores en campaña para el día de las elecciones, lo defenderán. Por su parte, el PLN aún no termina de decantarse por taxistas o porteadores, a sabiendas de que cualquiera de los dos grupos, ante una decisión que les perjudique, se tirará a las calles. Lo único que ha resuelto el partido oficialista es dar tiempo para que la solución venga desde Casa Presidencial.

En ASOJOD ya hemos expuesto nuestra defensa a la actividad del porteo por cuanto consideramos que esta actividad va acorde a la libertad y que debe ser el usuario, no el Estado, el que escoja las condiciones del servicio de transporte que requiere. Esperamos que en el trámite del proyecto en cuestión, esos y otros elementos importantes se tengan en consideración y que, al final, prive una decisión que los respete y le permita a cientos de individuos trabajar sin ser perseguidos por el corporativismo y la voracidad estatal.