Decía el difunto Premio Nobel de la economía, Milton Friedman que no existía nada más nefasto que las buenas intenciones. Cuando decía esto se refería a todas esas medidas que los gobiernos imponen sobre el comercio como resultado de un sentimiento "noble" de protección a los ciudadanos o al medio ambiente que los rodea, bajo la falsa premisa de que los gobernantes deben contar siempre con un sentimiento paternalista hacia los ciudadanos y que solo ellos saben lo que es mejor para sus vidas. Pues un buen ejemplo de esto es al caso de los reglamentos técnicos.
Un reglamento técnico es un documento adonde se establecen características de los bienes o sus procesos y métodos de producción cuya observancia es obligatoria. En otras palabras, es un requisito impuesto por el gobierno en el que se exige ciertas características de cumplimiento a uno o más productos para su venta en territorio nacional. La justificación de estos documentos es que buscan proteger a los consumidores en temas de salud, engaño, seguridad nacional o protección al medio ambiente. Ejemplos hay muchos: desde requisitos que obligan a las empresas a que el producto cuente con determinados tipos de empaque o etiquetado hasta exigencias de que cumplan con alguna certificación emitida por un órgano autorizado para su venta.
La oficina encargada en nuestro país de emitir reglamentos técnicos es la comisión interministerial llamada Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) y las medidas impuestas son aceptadas por la OMC. Precisamente, en las últimas décadas, en la medida en que la globalización se ha vuelto más evidente, el uso de reglamentos por parte de todos los países se ha incrementado considerablemente.
En ASOJOD consideramos que el uso de reglamentos técnicos, fuera de ser algo bueno para proteger a las personas, son realmente trabas al comercio que atentan contra el adecuado desarrollo de las economías. Pero hay que hacer algunas consideraciones importantes.
Primero que todo, los reglamentos obligan a que los productores e importadores cumplan con ciertos requerimientos que, en muchos casos, requieren de grandes inversiones en los procesos de producción, distribución o certificación de los productos. Esto representa una gran limitación para el desarrollo especialmente de pequeñas y medianas empresas., ya que muchas veces, no se tienen el capital ni los medios para cumplir, dejando solo a los grandes fabricantes en el mercado. Es por esto que no es de extrañar que los grandes fabricantes normalmente sean siempre los grandes impulsores de este tipo de obligaciones, ya que con los reglamentos técnicos se fomenta la creación de monopolios u oligopolios en los mercados.
Otro gran perdedor en este procesos suele ser lel consumidor, a pesar de que en un principio se le trata de defender. Los nuevos requisitos obligan a que las empresas incurran en gastos adicionales que luego se verán reflejados en los costos de los productos. Por lo tanto, las personas terminan pagando más por los productos disminuyendo su capacidad de compra y de ahorro.
En ASOJOD comprendemos la preocupación de muchos acerca del riesgo que implica la existencia en la calle de productos que puedan engañar a las personas o inclusive puedan atentar contra su propia vida. Lo que no compartimos es el deseo de trasladarle al Estado esa responsabilidad que tenemos todos de discernir entre productos buenos y malos y de esa manera limitar nuestra libertad de decisión en el mercado. Los consumidores estamos en toda la capacidad de medir el nivel de riesgo en la compra de los productos y en caso de ser engañados por el fabricante tenemos el derecho de recurrir a las instancias judiciales pertinentes y hacer nuestro reclamo. Eso sí, estas instancias deben de trabajar en forma rápida y contundente.
Un reglamento técnico es un documento adonde se establecen características de los bienes o sus procesos y métodos de producción cuya observancia es obligatoria. En otras palabras, es un requisito impuesto por el gobierno en el que se exige ciertas características de cumplimiento a uno o más productos para su venta en territorio nacional. La justificación de estos documentos es que buscan proteger a los consumidores en temas de salud, engaño, seguridad nacional o protección al medio ambiente. Ejemplos hay muchos: desde requisitos que obligan a las empresas a que el producto cuente con determinados tipos de empaque o etiquetado hasta exigencias de que cumplan con alguna certificación emitida por un órgano autorizado para su venta.
La oficina encargada en nuestro país de emitir reglamentos técnicos es la comisión interministerial llamada Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) y las medidas impuestas son aceptadas por la OMC. Precisamente, en las últimas décadas, en la medida en que la globalización se ha vuelto más evidente, el uso de reglamentos por parte de todos los países se ha incrementado considerablemente.
En ASOJOD consideramos que el uso de reglamentos técnicos, fuera de ser algo bueno para proteger a las personas, son realmente trabas al comercio que atentan contra el adecuado desarrollo de las economías. Pero hay que hacer algunas consideraciones importantes.
Primero que todo, los reglamentos obligan a que los productores e importadores cumplan con ciertos requerimientos que, en muchos casos, requieren de grandes inversiones en los procesos de producción, distribución o certificación de los productos. Esto representa una gran limitación para el desarrollo especialmente de pequeñas y medianas empresas., ya que muchas veces, no se tienen el capital ni los medios para cumplir, dejando solo a los grandes fabricantes en el mercado. Es por esto que no es de extrañar que los grandes fabricantes normalmente sean siempre los grandes impulsores de este tipo de obligaciones, ya que con los reglamentos técnicos se fomenta la creación de monopolios u oligopolios en los mercados.
Otro gran perdedor en este procesos suele ser lel consumidor, a pesar de que en un principio se le trata de defender. Los nuevos requisitos obligan a que las empresas incurran en gastos adicionales que luego se verán reflejados en los costos de los productos. Por lo tanto, las personas terminan pagando más por los productos disminuyendo su capacidad de compra y de ahorro.
En ASOJOD comprendemos la preocupación de muchos acerca del riesgo que implica la existencia en la calle de productos que puedan engañar a las personas o inclusive puedan atentar contra su propia vida. Lo que no compartimos es el deseo de trasladarle al Estado esa responsabilidad que tenemos todos de discernir entre productos buenos y malos y de esa manera limitar nuestra libertad de decisión en el mercado. Los consumidores estamos en toda la capacidad de medir el nivel de riesgo en la compra de los productos y en caso de ser engañados por el fabricante tenemos el derecho de recurrir a las instancias judiciales pertinentes y hacer nuestro reclamo. Eso sí, estas instancias deben de trabajar en forma rápida y contundente.
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