Todo parece indicar que el año 2011 será un año de discusión acerca de la tan necesaria reforma tributaria. Efectivamente nuestro país demanda con urgencia una reforma en esta materia, pero no en el sentido que el Gobierno de Laura Chinchilla nos intenta meter.
Cualquier persona que revise el índice “Haciendo Negocios” del Banco Mundial. notará que, en Costa Rica, el empresario promedio tarda 272 horas para pagar sus impuestos y asume una tasa total de impuestos sobre el 55% del total de sus ganancias, mayor incluso que la de los países que conforman la OCDE (dato interesante para esos académicos mediocres que siguen afirmando a todo pulmón que la carga tributaria en Costa Rica es muy baja). Desafortunadamente la futura reforma tributaria no se encargaría de ninguno de estos problemas, ya que las reformas tributarias en esta Banana Republic son sinónimos de más impuestos, más burocracia y más gasto. Así que el día de hoy realizaremos un análisis sucinto de las dos grandes propuestas que al día de hoy se encuentran sobre la mesa: el impuesto de $200 a las sociedades anónimas y el aumento del IVA.
Primero que todo, debemos señalar que no perderemos nuestro tiempo advirtiendo lo obvio: no se puede hablar de aumentos de impuestos hasta que el Gobierno de la República dé claras muestras de recortar el gasto, cerrar instituciones obsoletas, fiscalizar adecuadamente en qué se invierte el dinero, etc. Ya tenemos evidencias suficientes de que a ningún Gobierno o partido político le ha interesado realmente este tema y que lo único que a este respecto ha existido es retórica y demagogia.
Empecemos con el impuesto a las sociedades anónimas. Nadie que tenga un conocimiento jurídico elemental puede negar que verdaderamente hoy en día existe un grave problema respecto a las sociedades anónimas. Desafortunadamente, las personas se han valido de la independencia patrimonial de las mismas para evadir impuestos de traspaso, así ya no se venden los bienes muebles o inmuebles sino que lo que se vende son las acciones de la sociedad que es la propietaria de esta. Siendo que con ello las personas no solamente evaden dichos impuestos, sino que también distraen bienes para hacer incobrables las obligaciones que libremente han asumido.
Esto es sumamente preocupante, ya que en una economía de mercado, los deudores deben honrar sus deudas y cualquier intento por burlar a sus acreedores por medio de mecanismos jurídicos o diferenciados debe de ser severamente castigado. Así, un instrumento jurídico para facilitar y agilizar el comercio ha sido completamente desnaturalizado y utilizado para estafar (violentando esto la propiedad privada y el respeto por los contratos). Dicho esto, debemos aclarar que un mal no se corrige creando otro mal. No se vale establecer un impuesto para combatir está practica, castigando a aquellas personas con sociedades que si realizan un uso adecuado de las mismas. En este sentido lo que debería ocurrir es que las autoridades de Hacienda se encarguen de revisar qué sociedades efectivamente operan como tales y cuales no, castigando a las que no con su cancelación registral. Además en ASOJOD creemos que no deben existir impuestos dirigidos a un grupo específico, sino que los mismos deben ser universales e incluyentes, evitando con ello la creación de odiosos privilegios.
Ahora le corresponde el turno al aumento del IVA. Según las noticias, lo que se pretende es ampliar la base de servicios que hoy en día pagan impuestos así como aumentar su tarifa del 13 al 15 porciento. No hay que ser muy brillante para darse cuenta lo que esto significaría: un aumento en el costo para consumir. Gracias a esa "brillante" propuesta, todo sería más caro para los consumidores, teniendo que entregar más dinero para lo que hoy en día ya consumen.
Como si esto no fuera poco, además se pretende gravar servicios vitales como la salud y educación. Si ambos servicios, actualmente brindados por el Estado, se caracterizan por su ineficiencia y pésima calidad, un aumento en la tasa complicará las posibilidades de las familias de aspirar a ellos, obligándolos a conformarse con el triste remedo que hoy reciben quienes no pueden pagarlo. Pero, además, pondría en entredicho la propia capacidad del Estado para asumir un aumento en la demanda de estos servicios públicos, pues si no puede con la que hoy tiene, ¿cómo asumirá el incremento creado por la migración de quienes ya no pueden costearse el servicio privado? ¡Menudo estado de bienestar aquel que encarece los servicios y productos para sus habitantes!
Todo parece indicar que, en el 2011, se requerirán de esfuerzos titánicos para impedir estas nefastas políticas públicas. La pregunta del millón de dólares es ¿quién dará esta pelea? ¿Será que la actual fracción libertaria seguirá fiel y firme a lo único que queda de la versión original del partido: su oposición a más impuestos? O, por el contrario, ¿será este evento lo que termine acabando con lo que alguna vez fue una salida viable a los múltiples problemas que aquejan al estado costarricense, tan solo por cumplir un "pacto de gobernabilidad" y hacer a su caudillo algo más "potable" ante los ojos del electorado costarricense?
Si por lo visto en el 2010 sacamos conclusiones, las respuestas a estas interrogantes podrían estar algo ya perfiladas. Siendo así, este 2011, que empieza mal, podría terminar peor, con más impuestos, menos incentivos para generar riqueza y más obstáculos al desarrollo.
Cualquier persona que revise el índice “Haciendo Negocios” del Banco Mundial. notará que, en Costa Rica, el empresario promedio tarda 272 horas para pagar sus impuestos y asume una tasa total de impuestos sobre el 55% del total de sus ganancias, mayor incluso que la de los países que conforman la OCDE (dato interesante para esos académicos mediocres que siguen afirmando a todo pulmón que la carga tributaria en Costa Rica es muy baja). Desafortunadamente la futura reforma tributaria no se encargaría de ninguno de estos problemas, ya que las reformas tributarias en esta Banana Republic son sinónimos de más impuestos, más burocracia y más gasto. Así que el día de hoy realizaremos un análisis sucinto de las dos grandes propuestas que al día de hoy se encuentran sobre la mesa: el impuesto de $200 a las sociedades anónimas y el aumento del IVA.
Primero que todo, debemos señalar que no perderemos nuestro tiempo advirtiendo lo obvio: no se puede hablar de aumentos de impuestos hasta que el Gobierno de la República dé claras muestras de recortar el gasto, cerrar instituciones obsoletas, fiscalizar adecuadamente en qué se invierte el dinero, etc. Ya tenemos evidencias suficientes de que a ningún Gobierno o partido político le ha interesado realmente este tema y que lo único que a este respecto ha existido es retórica y demagogia.
Empecemos con el impuesto a las sociedades anónimas. Nadie que tenga un conocimiento jurídico elemental puede negar que verdaderamente hoy en día existe un grave problema respecto a las sociedades anónimas. Desafortunadamente, las personas se han valido de la independencia patrimonial de las mismas para evadir impuestos de traspaso, así ya no se venden los bienes muebles o inmuebles sino que lo que se vende son las acciones de la sociedad que es la propietaria de esta. Siendo que con ello las personas no solamente evaden dichos impuestos, sino que también distraen bienes para hacer incobrables las obligaciones que libremente han asumido.
Esto es sumamente preocupante, ya que en una economía de mercado, los deudores deben honrar sus deudas y cualquier intento por burlar a sus acreedores por medio de mecanismos jurídicos o diferenciados debe de ser severamente castigado. Así, un instrumento jurídico para facilitar y agilizar el comercio ha sido completamente desnaturalizado y utilizado para estafar (violentando esto la propiedad privada y el respeto por los contratos). Dicho esto, debemos aclarar que un mal no se corrige creando otro mal. No se vale establecer un impuesto para combatir está practica, castigando a aquellas personas con sociedades que si realizan un uso adecuado de las mismas. En este sentido lo que debería ocurrir es que las autoridades de Hacienda se encarguen de revisar qué sociedades efectivamente operan como tales y cuales no, castigando a las que no con su cancelación registral. Además en ASOJOD creemos que no deben existir impuestos dirigidos a un grupo específico, sino que los mismos deben ser universales e incluyentes, evitando con ello la creación de odiosos privilegios.
Ahora le corresponde el turno al aumento del IVA. Según las noticias, lo que se pretende es ampliar la base de servicios que hoy en día pagan impuestos así como aumentar su tarifa del 13 al 15 porciento. No hay que ser muy brillante para darse cuenta lo que esto significaría: un aumento en el costo para consumir. Gracias a esa "brillante" propuesta, todo sería más caro para los consumidores, teniendo que entregar más dinero para lo que hoy en día ya consumen.
Como si esto no fuera poco, además se pretende gravar servicios vitales como la salud y educación. Si ambos servicios, actualmente brindados por el Estado, se caracterizan por su ineficiencia y pésima calidad, un aumento en la tasa complicará las posibilidades de las familias de aspirar a ellos, obligándolos a conformarse con el triste remedo que hoy reciben quienes no pueden pagarlo. Pero, además, pondría en entredicho la propia capacidad del Estado para asumir un aumento en la demanda de estos servicios públicos, pues si no puede con la que hoy tiene, ¿cómo asumirá el incremento creado por la migración de quienes ya no pueden costearse el servicio privado? ¡Menudo estado de bienestar aquel que encarece los servicios y productos para sus habitantes!
Todo parece indicar que, en el 2011, se requerirán de esfuerzos titánicos para impedir estas nefastas políticas públicas. La pregunta del millón de dólares es ¿quién dará esta pelea? ¿Será que la actual fracción libertaria seguirá fiel y firme a lo único que queda de la versión original del partido: su oposición a más impuestos? O, por el contrario, ¿será este evento lo que termine acabando con lo que alguna vez fue una salida viable a los múltiples problemas que aquejan al estado costarricense, tan solo por cumplir un "pacto de gobernabilidad" y hacer a su caudillo algo más "potable" ante los ojos del electorado costarricense?
Si por lo visto en el 2010 sacamos conclusiones, las respuestas a estas interrogantes podrían estar algo ya perfiladas. Siendo así, este 2011, que empieza mal, podría terminar peor, con más impuestos, menos incentivos para generar riqueza y más obstáculos al desarrollo.
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