Jumanji empresarial: irresponsabilidad gubernamental

La economía de un Estado es muy similar a la de un individuo; al fin y al cabo, aquel se encuentra conformado por un conjunto de estos. En ese orden de ideas, el sentido común indica que cuando estamos profundamente endeudados tratamos de limitar nuestros gastos en lugar de endeudarnos más. Así, antes de solicitar un nuevo crédito para asumir nuestras responsabilidades, trataríamos, por ejemplo, de evitar salir los fines de semana al cine, dejaríamos de lado los viajes y, en definitiva, nos propondríamos dejar de consumir aquellos bienes o servicios que consideramos suntuosos, para hacer frente a la apremiante situación.

Sin embargo, esta lógica no aplica cuando quien está profundamente endeudado es el Estado de Costa Rica. Contrario al sentido de orden y correcta conducción de las finanzas públicas, el actual Gobierno no da pasos firmes para reducir el gasto, sino que busca, a través de un aumento de impuestos y el endeudamiento, satisfacer su voraz apetito.

Y es que mientras gobiernos como el brasileño y el británico realizan recortes del gasto, y en España se anuncia un recorte histórico, al tiempo que el propio Barack Obama presentó un proyecto de presupuestos para el ejercicio 2012 con el que busca reducir el déficit federal del país en 1,1 billones de dólares en los próximos 10 años, en Costa Rica, la Presidenta Chinchilla y el Ministro de Hacienda han suscrito una tímida directriz para recortar el gasto público.

En dicha directriz se contempla el no uso de plazas vacantes y no creación de nuevas, la no concreción de nuevos contratos de dedicación exclusiva y promueve la movilidad horizontal, la venta de activos innecesarios, el financiamiento de servicios a través del cobro directo a los usuarios y la reducción del 20% de presupuesto a las instituciones. Sin embargo, esta timorata directriz adolece por múltiples razones: deja el portillo abierto a interpretaciones, excluye de su aplicación a varias instituciones públicas, no plantea cómo y quién se encargará de operacionalizarla, pero sobre todo, no enfrenta de lleno el grave problema del gasto publico. En definitiva, los políticos criollos no tienen intención de parar la fiesta y dejar de meterle la mano en el bolsillo a los costarricenses.

En contraposición a la directriz, se debe considerar con toda seriedad las propuestas esbozadas por partidos políticos de oposición que sugieren tomar los superávits de las instituciones autónomas como alternativa para enfrentar el déficit. El Diputado Fishman ha señalado la existencia de un superávit consolidado en el sector público que se ha venido arrastrando a lo largo del tiempo, y que en el 2010 llegó a la suma de un billón trescientos setenta y nueve mil ochocientos dieciséis millones de colones. De ser ciertas las estimaciones del diputado, (que se ampara, según indica, en información proporcionada por la Contraloría General de la República), no sería necesario incurrir en nuevos impuestos. Esta es, sin duda, una mejor opción para sanear las alicaídas finanzas públicas.

Por su parte, la fracción del Movimiento Libertario presentó, a inicios de esta semana, un conjunto de proyectos tendientes a recortar el gasto público, ponerle freno a la irresponsabilidad fiscal y reactivar la economía. Un "rosario de proyectos", como lo catalogó un medio de comunicación, que ofrece una alternativa viable, efectiva y muy útil al paquetazo de impuestos.

Además, los diferentes actores y sectores que han comparecido ante la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso (UCCAEP, CADEXCO, CONCASOL, ABC, Cámara de Bancos, Sindicatos, etc.) han coincidido en que este mal llamado proyecto de "Solidaridad Tributaria" no sólo es un adefesio elaborado a la carrera sino que carece de elementos rescatables pues perjudicará a todos. Sin duda, como hemos dicho en ASOJOD, lo único de solidario que tiene esta ocurrencia gubernamental es que nos hará más pobres a todos.

Para nosotros, es hora de hacer verdaderas transformaciones al Estado costarricense si se quiere resolver el déficit fiscal. Hay que poner coto a las trasferencias a instituciones que hace décadas dejaron de tener razón de ser (si es que alguna vez la tuvieron), y es imperativo realizar una revisión integral, profunda y consciente de todas las partidas y programas existentes, para obtener los recursos necesarios. El endeudamiento tiene que reducirse, los gobernantes tienen que ser castigados por el despilfarro y la irresponsabilidad y el Gobierno debe dejar de estorbarle a los empresarios en su tarea de producir riqueza. En definitiva, es hora de poner en orden la casa, ser responsables y hacer lo que cualquier individuo medianamente organizado haría.

La pregunta es, ¿existe voluntad y capacidad –moral e intelectual- para emprender dicha tarea? Por lo que le hemos visto a doña Laura y a su Gabinete, la triste respuesta es un NO.