Se han cumplido cien días desde el inicio de la Administración
Solís Rivera. Como es ya una tradición en muchos países, desde que en 1933 el
Presidente Franklin Delano Roosevelt implementara una serie de medidas para
atender la crisis económica de Estados Unidos en un plazo de cien días, el Presidente Luis Guillermo Solís se dispone a
rendir el acostumbrado informe de inicio de mandato.
Mucho se podría cuestionar sobre la valía de un exposición
sobre la marcha del gobierno, cuando tres meses resultan ser tan pocos para
reportar avances relevantes en el desarrollo de las políticas de una nueva
administración, aun cuando la lógica nos indica que el gobierno posee un
capital político “intacto”, sin desgaste alguno, que le podría permitir
implementar medidas de gran calado, acorde con las amplias promesas de cambio.
A pesar de que para algunos esta debe ser la lógica de un
informe de cien días, la gran mayoría espera que el Presidente Solís nos diga
al fin cómo se definirá su gobierno, cuáles serán sus pautas y cuáles sus
derroteros. Lo cierto es que la población, y particularmente los empresarios,
se conforman con una hoja de ruta, un norte, sin importar si el gobierno cuenta con
acciones concretas ya ejecutadas.
Saltan entonces los primeros cuestionamientos: ¿No debería el
gobierno tener claridad sobre su hoja de ruta, a partir del primer minuto del
mandato? ¿Cómo es posible que el barco de la administración Solís zarpara sin
contar con una brújula ni mapas de navegación? Por solo citar unos ejemplos, ¿no deberíamos tener ya una
guía sobre las políticas de Hacienda en materia de reducción del déficit
fiscal, del MOPT en mejora de la infraestructura y del MEIC en términos de
eliminación de la tramitología? En otras palabras, ¿cómo es que iniciamos una administración
sin ejes de acción, para esperar que al paso de los cien días, nos vengan a
decir qué es lo que van a hacer desde la instancia ejecutiva?
Para empeorar las cosas, de las pocas medidas concretas que
hasta ahora se conocen han surgido críticas justificadas. La Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) se queja de que la recién anunciada Estrategia Nacional de Empleo y Producción, ha sido
diseñada sin consular al sector privado del país. ¡Una Política de Empleo
creada sin consultar a quienes generan empleo!
Las expectativas creadas por el tan esperado informe de los
cien días son enormes. No solo se tratará de borrar, si esto es posible, las constantes
contradicciones del gobierno y dar contenido a una administración que se ha excedido en lo simbólico, pero ha carecido de decisiones de peso estratégico para el desarrollo socioeconómico
del país. El informe del Presidente Solís
tiene que dar claras muestras de un gobierno que debe dar el salto de la promesa de
cambio a la realidad de las políticas concretas. Se trata además de imprimir
confianza entre la población y un sector privado que mira el horizonte económico del país cargado de incertidumbre.
Nos guste o no este fue el cambio por el que la mayoría ha decidido.
Ese es el costo que aceptamos quienes creemos en el juego de la democracia. Ahora debemos exigir
un norte claro para nuestra industria, un clima favorable para inversión y seguridad jurídica para nuestra competitividad; en general, para nuestra
economía.
No se valen más salidas por la tangente y alegatos sobre la
finca “encharralada”, no se vale más decir “que no es lo mismo verla venir que
bailar con ella”. ¡Urgen posturas precisas y medidas concretas! ¡Urge tener
claridad!
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