En este video se muestra la superficialidad de muchos a la hora de abordar los temas ambientales, desgraciadamente el ambiente se ha convertido en un slogan e instrumento político.
jueves, 9 de junio de 2011
martes, 7 de junio de 2011
La columna de Carlos Federico Smith: tres comentarios sobre temas públicos
En esta oportunidad deseo referirme brevemente a tres temas que tienen que ver con el interés público y que reflejan el comportamiento de gobiernos y políticos que a muchos ciudadanos no nos parece, aunque a esos políticos y gobernantes ello parezca importarles poco.
El primero tiene que ver con la contaminación que ha afectado la zona en que opera la refinería de RECOPE en Moín. Molesta no sólo el hecho de que por mucho tiempo el problema se le ocultó a la ciudadanía –los que no importan- así como a las propias entidades gubernamentales que tratan de asuntos de salud y medio ambiente. Si no hubiera sido porque empleados de RECOPE divulgaron el daño, estaríamos en penumbras y, sobre todo, continuado el derrame de combustibles en el sitio. También me molesta que, si ese descubrimiento se hubiera dado en una operación privada, tal como por ejemplo ha sucedido con bombas de gasolina en San Antonio de Belén y en la Zona Norte, de inmediato los celosos guardianes del buen medio ambiente, hubieran procedido a cerrar las operaciones para detener el daño en proceso. No es así en el caso de RECOPE, posiblemente por no tratarse de una empresa privada, sino de una propiedad del mismo Estado que, en el caso de terceros, sí habría actuado de inmediato.
El segundo tema se refiere al informe presentado por los Diputados de Liberación Nacional de la comisión legislativa que se encargó de investigar lo sucedido con la carretera a Caldera. Una frase célebre de ese informe merece ser rescatada del basurero de la politiquería: “la inauguración anticipada de la vía a Caldera fue un experimento para comprobar si esta tenía fallas.” Sólo se me ocurre pensar que tal cosa se habría dicho si fuera escrita por algún servil que debe obedecer los mandatos de su dueño y patrón, para justificar cualquier idiotez que a este se le hubiera ocurrido hacer. No lo puedo entender de otra manera, porque tengo entendido que los Diputados gozan del uso de la razón, como para poder darse cuenta que los muertos, heridos y afectados a partir de la “inauguración” y puesta a funcionar de esa carretera aún sin terminar, fueran cobayas utilizadas en experimentos de laboratorio. Jamás se podría poner a operar un aeropuerto si la pista de aterrizaje no estuviera concluida y probada de que resiste el peso de un avión. Nunca se pondría en operación una cárcel si no se ha comprobado su seguridad. No es posible poner a funcionar una represa hidroeléctrica si no se le ha sometido a resistencia de la masa de agua que frena. Tal tontera está allí, en el informe de marras. Para proteger a algunos políticos que hicieron muy, pero muy, mal las cosas, no les ha importado señalar que los ciudadanos debemos ser tomados como conejillos de Indias a la hora de probar si una carretera funciona bien o no. El descaro exhibido por esos Diputados “leales” y capaces de escribir lo que escribieron, cada vez más me obliga a pensar en la necesidad de terminar con esa práctica nefasta de elegirlos por listas, en vez de serlo por personas. Porque lo que se demuestra es que, detrás de algunos primeros buenos, les siguen unos segundones capaces de cualquier cosa.
Finalmente, como tercer tópico público de actualidad, deseo comentar lo sucedido con el viaje de un alto funcionario de una entidad estatal a otro país, presuntamente en compañía de una damita. El problema para mí de ninguna manera reside en la conducta privada de ambos funcionarios gubernamentales. No me interesan sus asuntos personales. Allá cada cual con lo que desea hacer, en tanto con ello no dañe a terceros con sus acciones. El problema está en si, para satisfacer sus pasiones privadas, utilizaron y manipularon recursos públicos. Aquí sí me interesa el asunto, pues como ciudadano pago los servicios que esa entidad estatal me brinda, dentro de cuyo precio obviamente se encuentran incluidos los salarios, viáticos, gastos de viaje, gastos de representación, pago de hoteles, y cualquier otra cosa asociada con esos periplos, entre otros. Por lo tanto, podría estarse en presencia de un uso indebido de recursos públicos, por lo que me imagino que, con la celeridad que la caracteriza, la Contraloría, encargada de investigar estas cosas, ha de haber recaudado ya toda la documentación necesaria y pruebas adicionales de ese viaje, incluyendo documentación públicamente expuesta en Internet que narra aspectos de la gira educativa. No debe permitirse que la conducta de algunos funcionarios empañe el buen deseo de doña Laura de impedir cualquier tipo de conducta incorrecta en su administración. Por ello, estoy seguro que pronto, en este mismo sentido, el gobierno actuará responsabilizando económica, civil y penalmente a todos los involucrados en el desmadre de la carretera a Caldera.
El primero tiene que ver con la contaminación que ha afectado la zona en que opera la refinería de RECOPE en Moín. Molesta no sólo el hecho de que por mucho tiempo el problema se le ocultó a la ciudadanía –los que no importan- así como a las propias entidades gubernamentales que tratan de asuntos de salud y medio ambiente. Si no hubiera sido porque empleados de RECOPE divulgaron el daño, estaríamos en penumbras y, sobre todo, continuado el derrame de combustibles en el sitio. También me molesta que, si ese descubrimiento se hubiera dado en una operación privada, tal como por ejemplo ha sucedido con bombas de gasolina en San Antonio de Belén y en la Zona Norte, de inmediato los celosos guardianes del buen medio ambiente, hubieran procedido a cerrar las operaciones para detener el daño en proceso. No es así en el caso de RECOPE, posiblemente por no tratarse de una empresa privada, sino de una propiedad del mismo Estado que, en el caso de terceros, sí habría actuado de inmediato.
El segundo tema se refiere al informe presentado por los Diputados de Liberación Nacional de la comisión legislativa que se encargó de investigar lo sucedido con la carretera a Caldera. Una frase célebre de ese informe merece ser rescatada del basurero de la politiquería: “la inauguración anticipada de la vía a Caldera fue un experimento para comprobar si esta tenía fallas.” Sólo se me ocurre pensar que tal cosa se habría dicho si fuera escrita por algún servil que debe obedecer los mandatos de su dueño y patrón, para justificar cualquier idiotez que a este se le hubiera ocurrido hacer. No lo puedo entender de otra manera, porque tengo entendido que los Diputados gozan del uso de la razón, como para poder darse cuenta que los muertos, heridos y afectados a partir de la “inauguración” y puesta a funcionar de esa carretera aún sin terminar, fueran cobayas utilizadas en experimentos de laboratorio. Jamás se podría poner a operar un aeropuerto si la pista de aterrizaje no estuviera concluida y probada de que resiste el peso de un avión. Nunca se pondría en operación una cárcel si no se ha comprobado su seguridad. No es posible poner a funcionar una represa hidroeléctrica si no se le ha sometido a resistencia de la masa de agua que frena. Tal tontera está allí, en el informe de marras. Para proteger a algunos políticos que hicieron muy, pero muy, mal las cosas, no les ha importado señalar que los ciudadanos debemos ser tomados como conejillos de Indias a la hora de probar si una carretera funciona bien o no. El descaro exhibido por esos Diputados “leales” y capaces de escribir lo que escribieron, cada vez más me obliga a pensar en la necesidad de terminar con esa práctica nefasta de elegirlos por listas, en vez de serlo por personas. Porque lo que se demuestra es que, detrás de algunos primeros buenos, les siguen unos segundones capaces de cualquier cosa.
Finalmente, como tercer tópico público de actualidad, deseo comentar lo sucedido con el viaje de un alto funcionario de una entidad estatal a otro país, presuntamente en compañía de una damita. El problema para mí de ninguna manera reside en la conducta privada de ambos funcionarios gubernamentales. No me interesan sus asuntos personales. Allá cada cual con lo que desea hacer, en tanto con ello no dañe a terceros con sus acciones. El problema está en si, para satisfacer sus pasiones privadas, utilizaron y manipularon recursos públicos. Aquí sí me interesa el asunto, pues como ciudadano pago los servicios que esa entidad estatal me brinda, dentro de cuyo precio obviamente se encuentran incluidos los salarios, viáticos, gastos de viaje, gastos de representación, pago de hoteles, y cualquier otra cosa asociada con esos periplos, entre otros. Por lo tanto, podría estarse en presencia de un uso indebido de recursos públicos, por lo que me imagino que, con la celeridad que la caracteriza, la Contraloría, encargada de investigar estas cosas, ha de haber recaudado ya toda la documentación necesaria y pruebas adicionales de ese viaje, incluyendo documentación públicamente expuesta en Internet que narra aspectos de la gira educativa. No debe permitirse que la conducta de algunos funcionarios empañe el buen deseo de doña Laura de impedir cualquier tipo de conducta incorrecta en su administración. Por ello, estoy seguro que pronto, en este mismo sentido, el gobierno actuará responsabilizando económica, civil y penalmente a todos los involucrados en el desmadre de la carretera a Caldera.
Jorge Corrales Quesada
lunes, 6 de junio de 2011
Tema polémico: el ambiente, nueva bandera del colectivismo
Ayer se celebró el Día Mundial del Ambiente, espacio que muchos utilizaron para replantear ideas a cerca del modelo de desarrollo que sigue la humanidad y que, por supuesto, nos motiva en ASOJOD para hacer algunas reflexiones importantes.
Para nadie es un secreto que el tema ambiental se ha convertido en la preocupación de grupos considerables de personas desde hace décadas, pero que ha tomado fuerza en los últimos años, especialmente por agrupaciones antiglobalización y anticapitalismo. Se ha convertido en su bandera para criticar a un sistema que, según ellos, fomenta el consumo egoísta y es indiferente ante la problemática futura que las presiones productivas generarán sobre los recursos naturales.
Por supuesto que hay individuos y grupos con preocupaciones legítimas, cuyo interés en proteger el ambiente es loable y actúan en consecuencia, dejando de consumir cosas que puedan generar contaminación u obligando a los empresarios, mediante el poder que les da el mercado de votar con su dinero, a utilizar métodos más amigables con el ambiente. Pero estos son "defensores buenos del ambiente" los menos y, lamentablemente, cada vez son más atraídos por los grupos que pretenden utilizar la bandera ecológica para un proyecto político diferente: el colectivismo.
Gracias a esa bandera -tan políticamente correcta- estos grupos han adquirido fuerza y aprovechado para impulsar importantes limitaciones a la propiedad privada, restricciones de gran magnitud a los derechos individuales y aumentar la intervención estatal, asumiendo que sólo mediante una socialización de los bienes se podrá evitar la "tenebrosa" estrategia de los empresarios para hacerse con toda la riqueza en perjuicio de los recursos naturales que necesitarán las futuras generaciones.
Por ello, no ha sido extraño encontrar peticiones para frenar la construcción de plantas generadoras de energía, de minas para extraer material, de papeleras y de cuanta actividad productiva de gran escala se pueda imaginar. Pero el asunto no ha acabado allí: también han aparecido quienes pretenden paralizar cualquier actividad que genere impacto ambiental -como si alguna actividad humana no generar ese impacto- en pos de proteger el ambiente.
En el caso costarricense, la protesta contra ALCOA en los 70 y el reciente parangón con Crucitas, así como la gran cantidad de proyectos que circulan en la corriente legislativa, muestran que la cosa va en serio, máxime con el apoyo decidido que le han dado diferentes gobiernos a lo largo de los años, pasando de vender a Costa Rica como un país ecológico a llevarlo al despeñadero que llaman "carbono neutral".
No nos malinterpreten: apoyaríamos alcanzar metas de carbono neutralidad y de conservación si estas fueran resultado de un proceso de mercado, es decir, si los consumidores valoran tanto el ambiente como para, con sus decisiones, transmitirle a los empresarios que están dispuestos a pagar por ello. Sin embargo, el camino por el que han transitado los gobiernos ha sido diferente: haciendo uso de su intervencionismo, a fuerza de tambor prohibiendo actividades como la minería u obligando a las empresas a descontinuar materiales sin pensar en los costos que esto acarreará. También lo han hecho imponiendo restricciones a la propiedad privada, con el famoso "uso de suelo" y con el cuento de la jurisprudencia constitucional que el ambiente y los derechos difusos tienen más validez, en la práctica, que la protección de la propiedad, razón por la cual es legal imponer las limitaciones que se han aplicado.
Lo peor de todo es que el número de personas que ve con buenos ojos este tipo de políticas, cada vez es mayor. Los gobiernos nos llevan por el camino de servidumbre, como lo había explicado hace años Friedrich Hayek, y las personas lo vitorean. Medios de comunicación, académicos, políticos y ciudadanos comunes y corrientes se han sumado a estas pretensiones, pasando de preocupaciones y esfuerzos válidos para defender lo que ellos valoran como un bien, a medidas coercitivas con las que los colectivistas pueden imponer sus valores sobre los de los demás.
Por eso, en ASOJOD hemos asumido una posición tan clara contra el ambientalismo del siglo XXI -usando un término afín al movimiento político del mismo nombre-, pues se ha convertido en la ruta perfecta para que los colectivistas logren, mediante la coerción, sus objetivos.
Nosotros hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, que el único medio posible para lograr la conservación del ambiente -si ese es el fin de estos grupos y no un medio para su proyecto político como realmente pensamos- es estableciendo derechos de propiedad sobre él. Sólo cuando la gente pueda decidir, en función del valor subjetivo que le asigne al ambiente, si destina sus recursos para protegerlo porque lo valora más que lo que está perdiendo, entonces podrá conseguirse la meta tan ansiada por algunos. Sólo dejando al mercado funcionar, buscando y encontrando soluciones completamente privadas y cooperativas, el medio ambiente podrá gozar de una protección duradera.
No se vale vender espejismos como la carbono neutralidad en un país que se rehúsa a dejar que los individuos tomen esa decisión. No se vale cuando el Gobierno nos apreta el cuello con restricciones vehículares, cánones de vertidos, usos de suelos, etc. y el transporte público es el más contaminante o los proyectos del ICE son los que mayor impacto causan sobre el ambiente, al tiempo que se le niega al sector privado la posibilidad de incursionar en áreas donde puede encontrar mejores soluciones que las públicas.
Politizar la conservación del ambiente es tan peligrosa como emitir gases contaminantes o utilizar materiales que no se degradan, pues ello equivale a abrirle las puertas al colectivismo, donde el individuo -y sus derechos- no existen como tales, sino como medios para que un fin difuso y impersonal sea alcanzado.
En este Día Mundial del Ambiente debemos reflexionar acerca de la ruta por la que nuestro país está transitando: una ruta que coincide con la agenda colectivista donde sacrificaremos todos nuestros derechos actuales y de las futuras generaciones por un proyecto político en donde sólo se necesitan esclavos trabajando para la meta que un planificador central decidió como "meta nacional".
Para nadie es un secreto que el tema ambiental se ha convertido en la preocupación de grupos considerables de personas desde hace décadas, pero que ha tomado fuerza en los últimos años, especialmente por agrupaciones antiglobalización y anticapitalismo. Se ha convertido en su bandera para criticar a un sistema que, según ellos, fomenta el consumo egoísta y es indiferente ante la problemática futura que las presiones productivas generarán sobre los recursos naturales.
Por supuesto que hay individuos y grupos con preocupaciones legítimas, cuyo interés en proteger el ambiente es loable y actúan en consecuencia, dejando de consumir cosas que puedan generar contaminación u obligando a los empresarios, mediante el poder que les da el mercado de votar con su dinero, a utilizar métodos más amigables con el ambiente. Pero estos son "defensores buenos del ambiente" los menos y, lamentablemente, cada vez son más atraídos por los grupos que pretenden utilizar la bandera ecológica para un proyecto político diferente: el colectivismo.
Gracias a esa bandera -tan políticamente correcta- estos grupos han adquirido fuerza y aprovechado para impulsar importantes limitaciones a la propiedad privada, restricciones de gran magnitud a los derechos individuales y aumentar la intervención estatal, asumiendo que sólo mediante una socialización de los bienes se podrá evitar la "tenebrosa" estrategia de los empresarios para hacerse con toda la riqueza en perjuicio de los recursos naturales que necesitarán las futuras generaciones.
Por ello, no ha sido extraño encontrar peticiones para frenar la construcción de plantas generadoras de energía, de minas para extraer material, de papeleras y de cuanta actividad productiva de gran escala se pueda imaginar. Pero el asunto no ha acabado allí: también han aparecido quienes pretenden paralizar cualquier actividad que genere impacto ambiental -como si alguna actividad humana no generar ese impacto- en pos de proteger el ambiente.
En el caso costarricense, la protesta contra ALCOA en los 70 y el reciente parangón con Crucitas, así como la gran cantidad de proyectos que circulan en la corriente legislativa, muestran que la cosa va en serio, máxime con el apoyo decidido que le han dado diferentes gobiernos a lo largo de los años, pasando de vender a Costa Rica como un país ecológico a llevarlo al despeñadero que llaman "carbono neutral".
No nos malinterpreten: apoyaríamos alcanzar metas de carbono neutralidad y de conservación si estas fueran resultado de un proceso de mercado, es decir, si los consumidores valoran tanto el ambiente como para, con sus decisiones, transmitirle a los empresarios que están dispuestos a pagar por ello. Sin embargo, el camino por el que han transitado los gobiernos ha sido diferente: haciendo uso de su intervencionismo, a fuerza de tambor prohibiendo actividades como la minería u obligando a las empresas a descontinuar materiales sin pensar en los costos que esto acarreará. También lo han hecho imponiendo restricciones a la propiedad privada, con el famoso "uso de suelo" y con el cuento de la jurisprudencia constitucional que el ambiente y los derechos difusos tienen más validez, en la práctica, que la protección de la propiedad, razón por la cual es legal imponer las limitaciones que se han aplicado.
Lo peor de todo es que el número de personas que ve con buenos ojos este tipo de políticas, cada vez es mayor. Los gobiernos nos llevan por el camino de servidumbre, como lo había explicado hace años Friedrich Hayek, y las personas lo vitorean. Medios de comunicación, académicos, políticos y ciudadanos comunes y corrientes se han sumado a estas pretensiones, pasando de preocupaciones y esfuerzos válidos para defender lo que ellos valoran como un bien, a medidas coercitivas con las que los colectivistas pueden imponer sus valores sobre los de los demás.
Por eso, en ASOJOD hemos asumido una posición tan clara contra el ambientalismo del siglo XXI -usando un término afín al movimiento político del mismo nombre-, pues se ha convertido en la ruta perfecta para que los colectivistas logren, mediante la coerción, sus objetivos.
Nosotros hemos defendido, y lo seguiremos haciendo, que el único medio posible para lograr la conservación del ambiente -si ese es el fin de estos grupos y no un medio para su proyecto político como realmente pensamos- es estableciendo derechos de propiedad sobre él. Sólo cuando la gente pueda decidir, en función del valor subjetivo que le asigne al ambiente, si destina sus recursos para protegerlo porque lo valora más que lo que está perdiendo, entonces podrá conseguirse la meta tan ansiada por algunos. Sólo dejando al mercado funcionar, buscando y encontrando soluciones completamente privadas y cooperativas, el medio ambiente podrá gozar de una protección duradera.
No se vale vender espejismos como la carbono neutralidad en un país que se rehúsa a dejar que los individuos tomen esa decisión. No se vale cuando el Gobierno nos apreta el cuello con restricciones vehículares, cánones de vertidos, usos de suelos, etc. y el transporte público es el más contaminante o los proyectos del ICE son los que mayor impacto causan sobre el ambiente, al tiempo que se le niega al sector privado la posibilidad de incursionar en áreas donde puede encontrar mejores soluciones que las públicas.
Politizar la conservación del ambiente es tan peligrosa como emitir gases contaminantes o utilizar materiales que no se degradan, pues ello equivale a abrirle las puertas al colectivismo, donde el individuo -y sus derechos- no existen como tales, sino como medios para que un fin difuso y impersonal sea alcanzado.
En este Día Mundial del Ambiente debemos reflexionar acerca de la ruta por la que nuestro país está transitando: una ruta que coincide con la agenda colectivista donde sacrificaremos todos nuestros derechos actuales y de las futuras generaciones por un proyecto político en donde sólo se necesitan esclavos trabajando para la meta que un planificador central decidió como "meta nacional".
viernes, 3 de junio de 2011
Viernes de recomendación
En esta ocasión, queremos compartir con ustedes un breve pero extraordinario ensayo de Frederic Bastiat titulado "El Estado", que debería poner a reflexionar a todos aquellos que pasan tejiendo utopías y encargan de su realización a ese todo difuso e indeterminable que es el Estado, aquellos que quieren vivir a costa de él pero que olvidan que, al final, él vive a costa de los ciudadanos.
jueves, 2 de junio de 2011
Jumanji empresarial: la paranoia es buena
“Viví. Morí. Ahora déjame en paz”, eso es lo que quiero que ponga mi tumba.
¿Qué tengo que esconder? ¡Todo! Lo que equivale a decir: todo lo que reclames saber de mí es algo que no quiero decirte.
La privacidad es el medio más eficaz de preservar la libertad contra un Estado invasor. La privacidad se basa en la suposición de que (en ausencia de evidencias concretas de maldad) un individuo tiene derecho a cerrar su puerta y decir a otros (incluido al Gobierno) que se ocupen de sus asuntos. Es una presunción de inocencia. Es asimismo la piedra angular de la sociedad civil.
El acto de cerrar tu puerta en las narices expresa la distinción clave entre las esferas pública y privada. La esfera privada consiste en las áreas de la vida en las que un individuo ejerce autoridad y en las que no es apropiado que el Gobierno y otras partes no invitadas se introduzcan; tradicionalmente, el hogar o la familia se consideraban el ejemplo principal de la esfera privada. Así, históricamente, la privacidad ha permanecido como un baluarte entre el individuo y el gobierno, entre la libertad y el control social.
No sorprende que la privacidad este bajo un ataque fiero y sostenido.
El totalitarismo requiere información total y el Gobierno actual está resuelto a alcanzar una identificación completa de todos, realizando un inventarios de pertenencias a gravar y controlar: identificador nacional, biométrica, “¡sus papeles, por favor!”
Parece que en cada encrucijada se no pide rellenar un formulario, responder a preguntas invasivas, entregar nuestros bolsos para revisarlos, callar o hablar siguiendo órdenes y levantar los brazos para que nos cacheen.
En su libro Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, James C. Scott comentaba el papel protagonista de una forma de inventario (los datos del censo) en la aparición del estado moderno:
Si imaginamos un Estado que no tenga medios fiables para enumerar y ubicar a su población, promover su riqueza y mapear su territorio, recursos y asentamientos, estamos imaginando un Estado cuyas intervenciones en esa sociedad son necesariamente rudimentarias.
Adquirir datos no solo facilitaba “un sistema impositivo y de reclutamiento con un ajuste más fino”, sino asimismo permitía el Estado intervenir eficazmente en toda la sociedad. A más datos, más eficaz la intervención.
Para facilitar su eficacia, el Estado necesita eliminar la competencia y luego ordenar un monopolio en la producción de identificadores aceptables. Después de todo, un identificador no solo sirve como una herramienta de ingeniería social: también tiene funciones válidas de las que se ocuparía inmediatamente un mercado libre (y lo haría mucho más eficientemente). La identificación ofrece autenticación para herencias y títulos de propiedad, certifica que la gente tiene habilidades, por ejemplo para realizar una cirugía torácica, y documenta autorizaciones como derechos de accesos a edificios o cuentas bancarias.
El Estado no prohíbe necesariamente dicha competencia, sino que muestra su músculo en el monopolio de la identificación de varias maneras. Por ejemplo, aplica leyes contra la “falsificación”: la sanción actual por falsificación de pasaportes o visados es de diez años en caso de primer delito, si no está ligado a terrorismo o tráfico de drogas. Pero el arma más poderosa para aplicar este monopolio es que el Gobierno ha hecho de la identificación emitida por el Estado una condición de facto para actuar en la vida diaria. En esencia, el Estado y su documentación se han convertido en la única forma para que una persona “demuestre” su identidad y, por tanto, acceda a servicios vitales (incluso no públicos).
Los “no identificados” no pueden subir a un avión o un tren, ni conducir un coche. No pueden abrir una cuenta corriente, cobrar un cheque, tomar un empleo, acudir a clase, casarse, alquilar un vídeo (no digamos un apartamento) o comprar una casa. Los no identificados son ciudadanos de segunda clase a quienes el Gobierno les cierra buena parte de la vida y casi todas las oportunidades de mejorar. Entretanto, los “identificados” son vulnerables a que se bloqueen sus cuentas corrientes, se les niegue el acceso a la atención sanitaria, se les cancelen sus tarjetas de crédito, se les embarguen los salarios, se revisen sus historiales y están sujetos a montones de otras invasiones que provienen del gobierno que sabe exactamente dónde y cómo encontrarles.
Quienes se resisten a ser inventariados representan un problema para el Estado. La primera línea de ataque es acusarlos de ser “sospechosos”, es decir, de tener razones criminales o vergonzantes para rechazar responder preguntas.
“Si no tienes nada que ocultar…” empieza la cita, y siempre termina con una reclamación de cumplimiento. Invocar la privacidad ha pasado de ser un ejercicio de un derecho a ser una indicación de culpabilidad.
Es un juego de manos por el que la privacidad se redefine como “ocultación” o “secreto”; por supuesto, no es ninguna de ambas cosas. Al tiempo que permite la libertad, la privacidad es parte de una vida sana y reflexiva.
Consideremos un ejemplo: Desde la infancia, he llevado un diario en el que incluyo mis esperanzas, dudas, desengaños y deseos. Cuando lo leo, aún puedo sentir íntimamente quién era con diez años y esto me permite entender quién soy hoy. No comparto estos diarios, no porque me avergüencen, sino porque son personales. Son solo para mí, para mis ojos, para mi reflexión, y para nadie más.
Todos tenemos áreas de completa privacidad a proteger. Hay gente que lleva medallones con fotos de parientes muertos, otros sueñan con un amor prohibido, otra gente echa el pestillo cuando disfruta de un baño de burbujas o, tal vez, escribe una carta de amor que está destinada solo a otros ojos. Estos actos dibujan una línea entre la esfera privada y pública, constituyen una frontera que ningún otro ser humano puede tener derecho a cruzar sin ser invitado.
Si un vecino leyera las cartas de tu buzón o se dedicara a copiar los depósitos en tu libreta de ahorro, te sentirías violentado e irritado. Lo que es incorrecto que haga tu vecino es también incorrecto que lo haga el gobierno, porque solo hay un patrón de moralidad. Cierre la puerta en las narices a quien diga otra cosa.
¿Qué tengo que esconder? ¡Todo! Lo que equivale a decir: todo lo que reclames saber de mí es algo que no quiero decirte.
La privacidad es el medio más eficaz de preservar la libertad contra un Estado invasor. La privacidad se basa en la suposición de que (en ausencia de evidencias concretas de maldad) un individuo tiene derecho a cerrar su puerta y decir a otros (incluido al Gobierno) que se ocupen de sus asuntos. Es una presunción de inocencia. Es asimismo la piedra angular de la sociedad civil.
El acto de cerrar tu puerta en las narices expresa la distinción clave entre las esferas pública y privada. La esfera privada consiste en las áreas de la vida en las que un individuo ejerce autoridad y en las que no es apropiado que el Gobierno y otras partes no invitadas se introduzcan; tradicionalmente, el hogar o la familia se consideraban el ejemplo principal de la esfera privada. Así, históricamente, la privacidad ha permanecido como un baluarte entre el individuo y el gobierno, entre la libertad y el control social.
No sorprende que la privacidad este bajo un ataque fiero y sostenido.
El totalitarismo requiere información total y el Gobierno actual está resuelto a alcanzar una identificación completa de todos, realizando un inventarios de pertenencias a gravar y controlar: identificador nacional, biométrica, “¡sus papeles, por favor!”
Parece que en cada encrucijada se no pide rellenar un formulario, responder a preguntas invasivas, entregar nuestros bolsos para revisarlos, callar o hablar siguiendo órdenes y levantar los brazos para que nos cacheen.
En su libro Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, James C. Scott comentaba el papel protagonista de una forma de inventario (los datos del censo) en la aparición del estado moderno:
Si imaginamos un Estado que no tenga medios fiables para enumerar y ubicar a su población, promover su riqueza y mapear su territorio, recursos y asentamientos, estamos imaginando un Estado cuyas intervenciones en esa sociedad son necesariamente rudimentarias.
Adquirir datos no solo facilitaba “un sistema impositivo y de reclutamiento con un ajuste más fino”, sino asimismo permitía el Estado intervenir eficazmente en toda la sociedad. A más datos, más eficaz la intervención.
Para facilitar su eficacia, el Estado necesita eliminar la competencia y luego ordenar un monopolio en la producción de identificadores aceptables. Después de todo, un identificador no solo sirve como una herramienta de ingeniería social: también tiene funciones válidas de las que se ocuparía inmediatamente un mercado libre (y lo haría mucho más eficientemente). La identificación ofrece autenticación para herencias y títulos de propiedad, certifica que la gente tiene habilidades, por ejemplo para realizar una cirugía torácica, y documenta autorizaciones como derechos de accesos a edificios o cuentas bancarias.
El Estado no prohíbe necesariamente dicha competencia, sino que muestra su músculo en el monopolio de la identificación de varias maneras. Por ejemplo, aplica leyes contra la “falsificación”: la sanción actual por falsificación de pasaportes o visados es de diez años en caso de primer delito, si no está ligado a terrorismo o tráfico de drogas. Pero el arma más poderosa para aplicar este monopolio es que el Gobierno ha hecho de la identificación emitida por el Estado una condición de facto para actuar en la vida diaria. En esencia, el Estado y su documentación se han convertido en la única forma para que una persona “demuestre” su identidad y, por tanto, acceda a servicios vitales (incluso no públicos).
Los “no identificados” no pueden subir a un avión o un tren, ni conducir un coche. No pueden abrir una cuenta corriente, cobrar un cheque, tomar un empleo, acudir a clase, casarse, alquilar un vídeo (no digamos un apartamento) o comprar una casa. Los no identificados son ciudadanos de segunda clase a quienes el Gobierno les cierra buena parte de la vida y casi todas las oportunidades de mejorar. Entretanto, los “identificados” son vulnerables a que se bloqueen sus cuentas corrientes, se les niegue el acceso a la atención sanitaria, se les cancelen sus tarjetas de crédito, se les embarguen los salarios, se revisen sus historiales y están sujetos a montones de otras invasiones que provienen del gobierno que sabe exactamente dónde y cómo encontrarles.
Quienes se resisten a ser inventariados representan un problema para el Estado. La primera línea de ataque es acusarlos de ser “sospechosos”, es decir, de tener razones criminales o vergonzantes para rechazar responder preguntas.
“Si no tienes nada que ocultar…” empieza la cita, y siempre termina con una reclamación de cumplimiento. Invocar la privacidad ha pasado de ser un ejercicio de un derecho a ser una indicación de culpabilidad.
Es un juego de manos por el que la privacidad se redefine como “ocultación” o “secreto”; por supuesto, no es ninguna de ambas cosas. Al tiempo que permite la libertad, la privacidad es parte de una vida sana y reflexiva.
Consideremos un ejemplo: Desde la infancia, he llevado un diario en el que incluyo mis esperanzas, dudas, desengaños y deseos. Cuando lo leo, aún puedo sentir íntimamente quién era con diez años y esto me permite entender quién soy hoy. No comparto estos diarios, no porque me avergüencen, sino porque son personales. Son solo para mí, para mis ojos, para mi reflexión, y para nadie más.
Todos tenemos áreas de completa privacidad a proteger. Hay gente que lleva medallones con fotos de parientes muertos, otros sueñan con un amor prohibido, otra gente echa el pestillo cuando disfruta de un baño de burbujas o, tal vez, escribe una carta de amor que está destinada solo a otros ojos. Estos actos dibujan una línea entre la esfera privada y pública, constituyen una frontera que ningún otro ser humano puede tener derecho a cruzar sin ser invitado.
Si un vecino leyera las cartas de tu buzón o se dedicara a copiar los depósitos en tu libreta de ahorro, te sentirías violentado e irritado. Lo que es incorrecto que haga tu vecino es también incorrecto que lo haga el gobierno, porque solo hay un patrón de moralidad. Cierre la puerta en las narices a quien diga otra cosa.
Wendy McElroy
martes, 31 de mayo de 2011
La columna de Carlos Federico Smith: España, un camino sin rumbo
Escribo teniendo en mente a mi amigo Mario Quirós Lara, quien en un artículo en La Nación titulado “Política en bancarrota”, expresa algunas consideraciones en torno a lo sucedido recientemente en España, en donde miles de personas ocuparon plazas públicas para protestar contra los políticos y también en contra del desempleo. En mi opinión, dada la desarticulación de las protestas, muchos factores podrían estar jugando para explicar tal comportamiento, pero no comparto la apreciación de don Mario de que esos movimientos tienen gran similitud con lo que ha venido sucediendo en naciones del Medio Oriente.
Sabias fueron las palabras escritas por Hume en su ensayo de mediados del siglo XVIII “Sobre la Independencia del Parlamento”, contenido en su libro Ensayos Políticos (San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. p. 103-104). A lo expuesto por don Mario son hoy muy relevantes. Escribió Hume que
La impresión de don Mario acerca del engaño que suelen llevar a cabo los políticos, que ofrecen Nirvanas y terminan dándoles Hades, bien puede ser cierta, como claramente lo expuso Hume y si fuera que en la realidad no son unos bellacos, pues tratémoslos como tales a la hora de crear instituciones destinadas a proteger nuestras libertades. Nos ofrecen Nirvanas; nos ofrecen estados sociales de derecho, pero a la hora de las cosas lo que nos dan es Hades; destruyen “el Estado, la sociedad y el derecho”, como dice don Mario.
Esa reacción esperada y deseable contra la bellaquería, como la llevada a cabo por españoles de todas las edades, no es el único motivo que impulsa esa conducta. Ambicionan que se corrijan muchas cosas que juzgan como malas y no hay dada impropio en eso. El problema es que no sólo algunos de esos señalamientos ad hominem son difusos y poco claros, sino que las soluciones que suelen proponer, si bien veladamente, más bien exacerbarían muchos de los males que señalan. Por ejemplo, ante un paro en la sociedad española que llega casi al 20%, es esperable que protesten contra la falta de oportunidades, pero, en vez de formular propuestas que restauren el empleo en su nación, culpan de él al capitalismo, al neoliberalismo, al egoísmo, a la falta de garantía de conquistas que llaman “sociales”; en síntesis, a la plena vigencia, como el amor, aún en tiempos de crisis, del estado de bienestar que les debería continuar proveyendo, con relativamente poco esfuerzo, con poco trabajo, vacaciones abundantes y garantizadas, salarios muy encima de la productividad media del español, días feriados por casi cualquier razón imaginable, una vivienda “digna”, barata, financiada, educación y salud gratis, etcétera, y muchos otros goces “desde la cuna hasta la tumba”. Cómo si las cosas no tuvieran un costo; cómo que si alguien más no tendrá que pagar por esos goces de Europa.
No sé por qué, pero en algo me recuerda los años sesentas, cuando en medio de una vida sexualmente muy placentera, en medio de humos precisamente no de madera, fueron muchos quienes llegaron a creer que con tan sólo algunas pocas mantras, como “all you need is love” o “power to the people”, el mundo sería totalmente diferente al que despreciaban, pero que ciertamente les brindaba recursos para poder vivir el infortunio de la vida hippie. Querían más derechos, pero menor esfuerzo, dedicación y trabajo. Abogaban por eliminar el capitalismo, pero les encantaban las cosas que en última instancia les proveía satisfacciones y placeres bien sabrosones.
Este es parte del problema que hoy encara España. Es cierto que en mucho se debe a “los políticos”, pero también porque se han acostumbrado a la vida regalona de sólo exigir y tener derechos y no referirse a que para ello se requiere cumplir con ciertas obligaciones tal vez indispensables. ¡Si lo que España requiere para salir de su crisis es más capitalismo! ¿Acaso no pueden echar una miradita al lado y ver como la Alemania capitalista progresa y sale de la crisis, en tanto que España cada vez se hunde más? Si el villano de la película es el capitalismo, ¿por qué Alemania prospera y España se asoma al abismo? Me parece que hay una falta de aprecio ancestral por instituciones capitalistas, como la empresa, la creatividad, la frugalidad, el ahorro, el esfuerzo, la productividad. Se busca una ilusa igualdad de hecho, mal entendida pero emotivamente apreciada y anhelada, en vez de una igualdad ante la ley. Esto último lo proclaman muchos de los manifestantes. Como solución ante tanta “injusticia”, quienes protestan en Madrid piden que haya mayores gastos y presupuestos gubernamentales, conserven regalías que se otorgan por cualquier motivo, que se mantengan jornadas laborales de privilegio, que haya salarios cada vez más altos, certeza en que al final de los años percibirán pensiones que nunca pagaron en su totalidad, mayores déficits estatales, que se aumenten los impuestos a quienes generan riqueza, para que tal vez así logran que estos se aburran de trabajar por otros y se vayan del país, creando a su vez mayor desempleo…en fin, después de nosotros, el diluvio.
No es apropiada la asimilación que don Mario hace de lo sucedido en España con lo que ha pasado recientemente en Egipto. España, con todos su defectos, con el peso de una tradición conservadora enemiga del progreso, de la creatividad, de la empresariedad, nunca podrá comprarse con el régimen hasta hace poco vigente en Egipto, corrupto hasta la médula, en donde los gobernantes precisamente no respetaban las voluntades democráticas de sus ciudadanos, lo cual impedía un cambio político pacífico de los gobiernos. España, por el contario, nos ha dado en los últimos tiempos, con posterioridad al fascismo franquista, lecciones de cómo sustituir los malos gobernantes por otros en quienes -correcta o incorrectamente, eso no viene al caso- confiaban lo harían mejor, pero sin derramar gota alguna de sangre para lograrlo, sino por medio del voto, bondad que es propia del sistema democrático. Ojalá Egipto llegue a ser algún día tan democrático como España. Y que los ciudadanos de ambas naciones puedan progresar en el marco de instituciones democrático- liberales que lo promuevan, evitando que surja todo tipo de castas de rémoras que, a través de la mano visible del estado, quieran vivir y vivir muy bien, a costas del esfuerzo de los demás y no necesariamente del propio.
No sé cuanto avanzarán esos movimientos de España; tal vez se extiendan por tantos otros lugares en donde algunos quieren seguir pasándola bien rico sin tener que trabajar duro para salir de la mala situación en que se hayan sus economías. Es muy sabroso realizar hoy ágapes y reuniones públicas masivas para pedir más de todo lo bueno, que nos recuerdan los años floridos de los sesentas en el siglo pasado. Pero propongo que reconozcan que el esfuerzo y el trabajo son indispensables para progresar, para disponer de más bienes y servicios de toda índole, para que haya empleos dignos, libres, productivos, creadores, algo que tanto falta en España. Que lo logren sin desechar las virtudes de los sistemas democrático-liberales que han probado ser los que mayor progreso han permitido lograr a los ciudadanos, a través de muchos años de Historia.
Para concluir este comentario, deseo transcribir una cita de un texto que leía recientemente. Se trata de parte de la nota introductoria que Ronald Hamowy escribió para el libro de Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty: The Definitve Edition (Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, 2011), que permite entender por qué esos manifestantes madrileños abogan por un punto esencial en sus protestas, tal como también lo han hecho muchos otros en el pasado, cual es una igualdad efectiva de los ciudadanos, por eliminar cualquier desigualdad que haya entre las personas:
Jorge Corrales Quesada
Sabias fueron las palabras escritas por Hume en su ensayo de mediados del siglo XVIII “Sobre la Independencia del Parlamento”, contenido en su libro Ensayos Políticos (San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. p. 103-104). A lo expuesto por don Mario son hoy muy relevantes. Escribió Hume que
“Los escritores políticos han establecido como máxima que, al concebir cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones de la constitución, debería considerarse a cada hombre como un pícaro (bellaco o bribón se usa indistintamente) que, en todas sus acciones no persiguiese otro fin que el interés particular. Mediante este interés debemos gobernarlo, y haciendo uso del mismo, obligarlo a cooperar para el bien público…. Por lo tanto es una máxima política justa la de que debemos suponer que todo hombre es un pícaro, aunque, al mismo tiempo, resulte un tanto extraño que una máxima falsa de hecho, haya de ser verdadera en la política. Pero, para convencernos a este respecto, podemos pensar en que los hombres, generalmente, son más honestos en su calidad de particulares que en su condición de personas públicas, y que se esforzarán más por servir a un partido que cuando no se trate más que de su propio interés privado.” (El paréntesis es mío).
La impresión de don Mario acerca del engaño que suelen llevar a cabo los políticos, que ofrecen Nirvanas y terminan dándoles Hades, bien puede ser cierta, como claramente lo expuso Hume y si fuera que en la realidad no son unos bellacos, pues tratémoslos como tales a la hora de crear instituciones destinadas a proteger nuestras libertades. Nos ofrecen Nirvanas; nos ofrecen estados sociales de derecho, pero a la hora de las cosas lo que nos dan es Hades; destruyen “el Estado, la sociedad y el derecho”, como dice don Mario.
Esa reacción esperada y deseable contra la bellaquería, como la llevada a cabo por españoles de todas las edades, no es el único motivo que impulsa esa conducta. Ambicionan que se corrijan muchas cosas que juzgan como malas y no hay dada impropio en eso. El problema es que no sólo algunos de esos señalamientos ad hominem son difusos y poco claros, sino que las soluciones que suelen proponer, si bien veladamente, más bien exacerbarían muchos de los males que señalan. Por ejemplo, ante un paro en la sociedad española que llega casi al 20%, es esperable que protesten contra la falta de oportunidades, pero, en vez de formular propuestas que restauren el empleo en su nación, culpan de él al capitalismo, al neoliberalismo, al egoísmo, a la falta de garantía de conquistas que llaman “sociales”; en síntesis, a la plena vigencia, como el amor, aún en tiempos de crisis, del estado de bienestar que les debería continuar proveyendo, con relativamente poco esfuerzo, con poco trabajo, vacaciones abundantes y garantizadas, salarios muy encima de la productividad media del español, días feriados por casi cualquier razón imaginable, una vivienda “digna”, barata, financiada, educación y salud gratis, etcétera, y muchos otros goces “desde la cuna hasta la tumba”. Cómo si las cosas no tuvieran un costo; cómo que si alguien más no tendrá que pagar por esos goces de Europa.
No sé por qué, pero en algo me recuerda los años sesentas, cuando en medio de una vida sexualmente muy placentera, en medio de humos precisamente no de madera, fueron muchos quienes llegaron a creer que con tan sólo algunas pocas mantras, como “all you need is love” o “power to the people”, el mundo sería totalmente diferente al que despreciaban, pero que ciertamente les brindaba recursos para poder vivir el infortunio de la vida hippie. Querían más derechos, pero menor esfuerzo, dedicación y trabajo. Abogaban por eliminar el capitalismo, pero les encantaban las cosas que en última instancia les proveía satisfacciones y placeres bien sabrosones.
Este es parte del problema que hoy encara España. Es cierto que en mucho se debe a “los políticos”, pero también porque se han acostumbrado a la vida regalona de sólo exigir y tener derechos y no referirse a que para ello se requiere cumplir con ciertas obligaciones tal vez indispensables. ¡Si lo que España requiere para salir de su crisis es más capitalismo! ¿Acaso no pueden echar una miradita al lado y ver como la Alemania capitalista progresa y sale de la crisis, en tanto que España cada vez se hunde más? Si el villano de la película es el capitalismo, ¿por qué Alemania prospera y España se asoma al abismo? Me parece que hay una falta de aprecio ancestral por instituciones capitalistas, como la empresa, la creatividad, la frugalidad, el ahorro, el esfuerzo, la productividad. Se busca una ilusa igualdad de hecho, mal entendida pero emotivamente apreciada y anhelada, en vez de una igualdad ante la ley. Esto último lo proclaman muchos de los manifestantes. Como solución ante tanta “injusticia”, quienes protestan en Madrid piden que haya mayores gastos y presupuestos gubernamentales, conserven regalías que se otorgan por cualquier motivo, que se mantengan jornadas laborales de privilegio, que haya salarios cada vez más altos, certeza en que al final de los años percibirán pensiones que nunca pagaron en su totalidad, mayores déficits estatales, que se aumenten los impuestos a quienes generan riqueza, para que tal vez así logran que estos se aburran de trabajar por otros y se vayan del país, creando a su vez mayor desempleo…en fin, después de nosotros, el diluvio.
No es apropiada la asimilación que don Mario hace de lo sucedido en España con lo que ha pasado recientemente en Egipto. España, con todos su defectos, con el peso de una tradición conservadora enemiga del progreso, de la creatividad, de la empresariedad, nunca podrá comprarse con el régimen hasta hace poco vigente en Egipto, corrupto hasta la médula, en donde los gobernantes precisamente no respetaban las voluntades democráticas de sus ciudadanos, lo cual impedía un cambio político pacífico de los gobiernos. España, por el contario, nos ha dado en los últimos tiempos, con posterioridad al fascismo franquista, lecciones de cómo sustituir los malos gobernantes por otros en quienes -correcta o incorrectamente, eso no viene al caso- confiaban lo harían mejor, pero sin derramar gota alguna de sangre para lograrlo, sino por medio del voto, bondad que es propia del sistema democrático. Ojalá Egipto llegue a ser algún día tan democrático como España. Y que los ciudadanos de ambas naciones puedan progresar en el marco de instituciones democrático- liberales que lo promuevan, evitando que surja todo tipo de castas de rémoras que, a través de la mano visible del estado, quieran vivir y vivir muy bien, a costas del esfuerzo de los demás y no necesariamente del propio.
No sé cuanto avanzarán esos movimientos de España; tal vez se extiendan por tantos otros lugares en donde algunos quieren seguir pasándola bien rico sin tener que trabajar duro para salir de la mala situación en que se hayan sus economías. Es muy sabroso realizar hoy ágapes y reuniones públicas masivas para pedir más de todo lo bueno, que nos recuerdan los años floridos de los sesentas en el siglo pasado. Pero propongo que reconozcan que el esfuerzo y el trabajo son indispensables para progresar, para disponer de más bienes y servicios de toda índole, para que haya empleos dignos, libres, productivos, creadores, algo que tanto falta en España. Que lo logren sin desechar las virtudes de los sistemas democrático-liberales que han probado ser los que mayor progreso han permitido lograr a los ciudadanos, a través de muchos años de Historia.
Para concluir este comentario, deseo transcribir una cita de un texto que leía recientemente. Se trata de parte de la nota introductoria que Ronald Hamowy escribió para el libro de Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty: The Definitve Edition (Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, 2011), que permite entender por qué esos manifestantes madrileños abogan por un punto esencial en sus protestas, tal como también lo han hecho muchos otros en el pasado, cual es una igualdad efectiva de los ciudadanos, por eliminar cualquier desigualdad que haya entre las personas:
“Los socialistas, hace notar Hayek, siempre han objetado el principio de igualdad en el trato de las leyes, tanto como tratar igualmente a la gente que es inherentemente desigual, lo que terminará inevitablemente en desigualdad. Lo que los socialistas han buscado siempre desde la Revolución Francesa no es la igualdad ante la ley, sino la igualdad en los resultados. Su queja, señala Hayek, queda resumidamente encapsulada en la referencia de Anatole France a ‘la majestuosa igualdad de la ley, que prohíbe tanto a pobres como a ricos dormir debajo de los puentes, pedir limosna en las calles y robar pan’. Esta actitud penetra toda la teoría moderna de lo social y lo político y es una extensión lógica del punto de vista de que prueba suficiente de la injusticia de cualquier sociedad, es que los resultados que le suceden a los individuos que la conforman son desiguales.” (Página 9, Op. Cit.).
lunes, 30 de mayo de 2011
Tema polémico: las nefastas asistencias económicas
Subsidios, créditos con tasas ridículamente bajas y hasta regalos por parte de los gobernantes hacia sectores de la economía es algo que comúnmente vemos en las noticias. Los gobernantes justifican estas transferencias de dinero siempre con algún argumento "moral" cargado de buenas intenciones, en defensa a los trabajadores y sus familias. En ASOJOD solo lo vemos por lo que realmente es: un traslado del dinero de los contribuyentes hacia sectores ineficientes y desorganizados. Un premio a las malas decisiones y una invitación a que otros grupos hagan lo mismo con la esperanza de que sean también premiados.
Una parte esencial de un adecuado funcionamiento del mercado es el hecho de que siempre existen ganadores y perdedores. Las personas, en sociedad y en el libre intercambio de bienes y servicios, tienden a especializarme en aquellas actividades en que hacen una buena labor y, por medio de avances en tecnología e innovación, siempre encuentran mejores formas de realizar el trabajo de manera más competitiva. Aquellas personas que no logran alcanzar el nivel de competitividad requerido terminan cambiando su actividad y dedicándose a algo más. Los problemas empiezan a suceder cuando las personas no logran aceptar que no son competitivas en la actividad que han realizado durante muchos años, por lo que le piden ayuda a los gobernantes para que les otorguen toda clase de favores con la excusa de que, de no ser así, se arriesgarían muchas fuentes trabajo. Es en este momento, cuando se pierde el dinamismo del mercado y se incentivan las formas de trabajo ineficientes en detrimento de la gran mayoría de la población.
Un ejemplo clarísimo de esto son los subsidios a la agricultura. Con la excusa de la defensa al pequeño agricultor y la seguridad alimentaria, terminamos todos subsidiando a un grupo de agricultores para que continúen en su labor cobrando sobreprecios y manejando la tierra inadecuadamente. Así pues, poniendo tan solo un ejemplo, la asistencia de nuestro gobierno a los arroceros solo ha producido una cosa: que todos paguemos más por este grano tan usado en nuestra dieta y unas cuantas familias se hagan millonarias a punta de favores estatales.
Pero estas asistencias económicas no solo se efectúan a sectores pequeños de la economía. El absurdo llega a tal extremo que favorecen a países enteros. Para lo único que han servido el FMI y el Banco Mundial, desde su creación a mediados del siglo pasado, es para fomentar el subdesarrollo, la transferencia del dinero de los pobres de los países ricos hacia los ricos de los países pobres y la permanencia de líderes irresponsables y tiranos en el poder.
Cuando en un país se toman malas decisiones en materia fiscal y económica (clásico resultado de asistencias sociales y regulaciones) normalmente se entra en crisis. En lugar de que se sienten responsabilidades por los hechos sucedidos y se hagan cambios, estos gobernantes le tocan la puerta al FMI y este les presta dinero a una tasa ridícula. Todo esto para que estos gobernantes irresponsables se puedan quedar en el poder cometiendo sus barbaridades y con la única diferencia de que ahora han adquirido deudas que tendrán que pagar las próximas generaciones.
En ASOJOD creemos en la dinámica de los mercados. Creemos que solo por medio del ingenio y el trabajo honesto se debe tener éxito en la economía y las ganancias que se obtiene de esta forma se deben respetar. De la misma manera, cuando se toman malas decisiones, tiene que haber consecuencias de modo que se aprenda de los errores. Las asistencias económicas lo único que generan es que mecanismo natural se distorsione y el resultado es es que hayan ganadores y perdedores injustificadamente.
Una parte esencial de un adecuado funcionamiento del mercado es el hecho de que siempre existen ganadores y perdedores. Las personas, en sociedad y en el libre intercambio de bienes y servicios, tienden a especializarme en aquellas actividades en que hacen una buena labor y, por medio de avances en tecnología e innovación, siempre encuentran mejores formas de realizar el trabajo de manera más competitiva. Aquellas personas que no logran alcanzar el nivel de competitividad requerido terminan cambiando su actividad y dedicándose a algo más. Los problemas empiezan a suceder cuando las personas no logran aceptar que no son competitivas en la actividad que han realizado durante muchos años, por lo que le piden ayuda a los gobernantes para que les otorguen toda clase de favores con la excusa de que, de no ser así, se arriesgarían muchas fuentes trabajo. Es en este momento, cuando se pierde el dinamismo del mercado y se incentivan las formas de trabajo ineficientes en detrimento de la gran mayoría de la población.
Un ejemplo clarísimo de esto son los subsidios a la agricultura. Con la excusa de la defensa al pequeño agricultor y la seguridad alimentaria, terminamos todos subsidiando a un grupo de agricultores para que continúen en su labor cobrando sobreprecios y manejando la tierra inadecuadamente. Así pues, poniendo tan solo un ejemplo, la asistencia de nuestro gobierno a los arroceros solo ha producido una cosa: que todos paguemos más por este grano tan usado en nuestra dieta y unas cuantas familias se hagan millonarias a punta de favores estatales.
Pero estas asistencias económicas no solo se efectúan a sectores pequeños de la economía. El absurdo llega a tal extremo que favorecen a países enteros. Para lo único que han servido el FMI y el Banco Mundial, desde su creación a mediados del siglo pasado, es para fomentar el subdesarrollo, la transferencia del dinero de los pobres de los países ricos hacia los ricos de los países pobres y la permanencia de líderes irresponsables y tiranos en el poder.
Cuando en un país se toman malas decisiones en materia fiscal y económica (clásico resultado de asistencias sociales y regulaciones) normalmente se entra en crisis. En lugar de que se sienten responsabilidades por los hechos sucedidos y se hagan cambios, estos gobernantes le tocan la puerta al FMI y este les presta dinero a una tasa ridícula. Todo esto para que estos gobernantes irresponsables se puedan quedar en el poder cometiendo sus barbaridades y con la única diferencia de que ahora han adquirido deudas que tendrán que pagar las próximas generaciones.
En ASOJOD creemos en la dinámica de los mercados. Creemos que solo por medio del ingenio y el trabajo honesto se debe tener éxito en la economía y las ganancias que se obtiene de esta forma se deben respetar. De la misma manera, cuando se toman malas decisiones, tiene que haber consecuencias de modo que se aprenda de los errores. Las asistencias económicas lo único que generan es que mecanismo natural se distorsione y el resultado es es que hayan ganadores y perdedores injustificadamente.
viernes, 27 de mayo de 2011
Viernes de Recomendación
El día de hoy les presentamos el ensayo de Alan Reynolds llamado Crisis y recuperaciones: fracasos multinacionales y éxitos nacionales. Este ensayo forma parte del libro Crisis Financieras Internacionales: Que rol le corresponde al Gobierno. Reynolds hace un análisis de las intervenciones de organismos como el FMI en países en vías de desarrollo y las consecuencias que esto ha traído.
jueves, 26 de mayo de 2011
Jumanji empresarial: salarios, desempleo e inflación
Nuestro sistema económico (la economía de mercado o capitalismo) es un sistema de supremacía del consumidor. El consumidor es soberano, según un lema popular “siempre tiene la razón”. Los empresarios tienen la necesidad de ofrecer lo que piden los consumidores y deben vender sus productos a precios que puedan y estén dispuestos a pagar los consumidores. Una operación empresarial resulta un fracaso manifiesto si los resultados de las ventas no reembolsan al empresario todo lo que ha gastado en producir el artículo. Así que los consumidores al comprar a un precio concreto determinan asimismo los salarios a pagar a los que se dedican a estas actividades.
1. Los salarios pagados en último término por los consumidores
De esto se deduce que un empresario no puede pagar más a un empelado que el equivalente en valor del trabajo de este último, de acuerdo con el juicio del público comprador, añada a la mercancía. (Esta es la razón por la que una estrella de cine gana más que la mujer de la limpieza). Si paga más, no recuperaría sus desembolsos de los compradores, sufriría pérdidas y acabaría en bancarrota. Al pagar salarios, el empresario actúa como un mandatario de los consumidores, por decirlo así. Recae sobre los consumidores la incidencia de los pagos de salarios. Como la inmensa mayoría de los bienes producidos los compran y consumen personas que reciben a su vez salarios, es evidente que al gastar sus ganancias los propios asalariados y empleados son los principales determinadores del nivel de compensación que obtendrás ellos y gente como ellos.
2. ¿Qué hace que suban los salarios?
Los compradores no pagan por los trabajos y esfuerzos que realiza el trabajador ni por la cantidad de tiempo que emplea en trabajar. Pagan por los productos. Cuanto mejores sean las herramientas que usa el trabajador en su empleo, más puede realizar en una hora, por consiguiente mayor será su remuneración. Lo que hace que suban los salarios y hace más satisfactorias las condiciones de vida de los asalariados es la mejora en el equipo tecnológico. Los salarios estadounidenses son más alto que en otros países porque el capital invertido por cabeza de trabajador es mayor y las fábricas están por tanto en disposición de utilizar las herramientas y máquinas más eficientes. Lo que se llama el modo de vida americano es el resultado del hecho de que Estados Unidos ha puesto menos obstáculos al ahorro y la acumulación de capital que otras naciones.
El retraso económico de países como la India consiste precisamente en el hecho de que sus políticas dificultan tanto la acumulación de capital doméstico como la inversión de capital extranjero. Como falta el capital requerido, las empresas indias no pueden emplear suficientes cantidades de equipamiento moderno y por tanto producen mucho menos por hora laboral y solo pueden permitirse pagar salarios que, comparados con el salario estadounidense, parecen sorprendentemente bajos.
Solo hay un camino que lleve a la mejora en el nivel de vida de las masas asalariadas, a saber, el aumento en la cantidad de capital invertido. Todos los demás métodos, por muy populares que sean, no solo son inútiles, sino que en realidad perjudican al bienestar de aquéllos a quienes supuestamente benefician.
3. ¿Qué causa el desempleo?
La pregunta fundamental es: ¿es posible aumentar los salarios para todos los dispuestos a trabajar por encima del nivel que habrían obtenido en un mercado laboral no intervenido?
La opinión pública cree que la mejora en las condiciones de los asalariados es un logro de los sindicatos y de distintas medidas legislativas. Atribuye al sindicalismo y la legislación por el aumento de los salarios, el acortamiento de la jornada laboral, la desaparición del trabajo infantil y muchos otros cambios. La prevalencia de estas creencias ha hecho popular al sindicalismo y es responsable de las tendencias en legislación laboral en las últimas décadas. Como la gente cree que debe al sindicalismo su alto nivel de vida, perdonan la violencia, coacción e intimidación por parte de los trabajadores sindicalizados y es indiferente al recorte de la libertad personal propio de las cláusulas de reserva para sindicatos. Mientras estas mentiras prevalezcan en la mente de los votantes, en inútil esperar un alejamiento decidido de las políticas que se consideran erróneamente como progresistas.
Sin embargo esta doctrina equivoca todo aspecto de la realidad económica. La altura de los salarios al que todos los dispuestos a trabajar pueden emplearse depende de la productividad marginal del trabajo. Cuanto más capital (siendo todo lo demás igual) se invierta, más subirán los salarios en el mercado de mano de obra, es decir, en el mercado laboral no manipulado por el gobierno y los sindicatos. A este nivel salarial, todos los que quieran trabajar puede obtener un trabajo. Así que en un mercado laboral libre prevalece una tendencia hacia el pleno empleo. De hecho, la política de dejar que el libre mercado determine el nivel de los salarios es la única política de pleno empleo razonable y de éxito. Si los niveles salariales, ya sea por presión sindical o por decreto del gobierno, se sitúan por encima de este nivel, se desarrolla un desempleo duradero de una parte de la fuerza laboral potencial.
4. La expansión del crédito no sustituye al capital
Estas opiniones se ven rechazadas apasionadamente por los dirigentes de los sindicatos y sus seguidores entre los políticos y los pretendidos intelectuales. La panacea que recomiendan para luchar contra el desempleo es la expansión del crédito y la inflación, llamada eufemísticamente “un política de dinero fácil”.
Como se ha apuntado antes, un añadido a las existencias disponibles de capital previamente acumuladas hace posible una mayor mejora del equipamiento tecnológico de las industrias, aumentando así la productividad marginal del trabajo y consecuentemente también los niveles salariales. Pero la expansión del crédito, ya se efectúe emitiendo billetes adicionales u otorgando créditos adicionales en cuentas corrientes, no añade nada a la riqueza de la nación en bienes de capital. Simplemente crea la ilusión de un aumento en la cantidad de fondos disponibles para una expansión de la producción. Como pueden obtener un crédito más barato, la gente cree erróneamente que la riqueza del país ha aumentado y por tanto ciertos proyectos que no podían ejecutarse antes ahora son viables. Al iniciar estos proyectos se potencia la demanda de mano de obra y de materiales en bruto y se hace que aumenten los salarios y los precios de las materias primas. Se enciende un auge artificial.
Bajo las condiciones de este auge, los salarios nominales que antes de la expansión de crédito eran demasiado altos para el estado del mercado y por tanto creaban desempleo por parte de la mano de obra potencial ya no son demasiado altos y los desempleados pueden volver a conseguir trabajo. Sin embargo esto ocurre solo porque bajo las nuevas condiciones monetarias y crediticias están aumentando o, lo que es lo mismo expresado en otros términos, cae el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Luego la misma cantidad de salario nominal, es decir, de salario expresado en términos de dinero, significa menos en salarios reales, es decir, en términos de productos que se pueden comprar con la unidad monetaria. La inflación puede acabar con el desempleo solo recortando los salarios reales de los asalariados. Pero entonces los sindicatos piden un nuevo aumento en los salarios para mantener el ritmo respecto del coste de la vida y volvemos a donde estábamos, es decir, a una situación en la que el desempleo a largo plazo solo puede evitarse con una mayor expansión del crédito.
Eso es lo que ocurrió en este país, igual que en muchos otros en los últimos años. Los sindicatos, apoyados por el gobierno, obligaron a las empresas a acordar tipos salariales que estaban por encimas de los tipos potenciales, es decir, los tipos que el público estaba dispuesto a reintegrar a los empresarios comprando sus productos. Esto habría ocasionado inevitablemente un aumento en las cifras de desempleo. Pero las políticas públicas trataron de impedir la aparición de un desempleo importante mediante la expansión del crédito, es decir, la inflación. El resultado fue un aumento en los precios, demandas renovadas de salarios mayores y una reiterada expansión del crédito, en resumen, una inflación prolongada.
5. La inflación no puede continuar eternamente
Pero al final las autoridades se asustan. Saben que la inflación no puede continuar eternamente. Si no detenemos a tiempo la perniciosa política de aumentar la cantidad de dinero y medios fiduciarios, el sistema monetario nacional de derrumba por entero. El poder adquisitivo de la unidad monetaria se hunde hasta un punto en que a todos los efectos prácticos no es mayor que cero. Esto ocurrió una y otra vez, en este país con los continentales en 1781, en Francia en 1796, en Alemania en 1923. Nunca es demasiado pronto para una nación para darse cuenta de que la inflación no puede considerarse como una forma de vida y que es imperativo volver a políticas monetarias sólidas. Al reconocer estos hechos la administración y las autoridades de la Reserva Federal abandonar hace algún tiempo la política de expansión progresiva del crédito.
No corresponde a este breve artículo ocuparse de todas las consecuencias que produce terminar con las medidas inflacionistas. Solo tenemos que establecer el hecho de que la vuelta a la estabilidad monetaria no genera una crisis. Solo expone las malas inversiones y otros errores que se realizaron bajo la alucinación de la prosperidad ilusoria creada por el dinero fácil. La gente se hace consciente de los fallos cometidos y, ya no cegados por el espectro del crédito barato, empiezan a reajustar sus actividades al estado real de la oferta de factores materiales de producción. Es este ajuste (indudablemente doloroso, pero inevitable) el que constituye la depresión.
6. La política de los sindicatos
Una de las características desagradables de este proceso de descartar quimeras y volver a una evaluación sensata de la realidad afecta al nivel salarial. Bajo el impacto de la política progresista de inflación, la burocracia sindical adquirió la costumbre de reclamar a intervalos regulares aumentos saláriales y las empresas, después de alguna falsa resistencia, la aceptaron. Como consecuencia, estos niveles serían en ese momento demasiado altos para el nivel del mercado y habrían producido una enorme cantidad de desempleo. Pero la incesante inflación progresiva los cubriría rápidamente. Luego los sindicatos reclamarían de nuevo más aumentos y así sucesivamente.
7. El argumento del poder adquisitivo
No importa qué tipo de justificación aporten los sindicatos y sus esbirros a favor de sus afirmaciones. Los efectos inevitables de obligar a los empresarios a remunerar el trabajo realizado a niveles más altos de los que los consumidores estén dispuestos a devolverles comprando los productos son siempre los mismos: el aumento en la cifra del desempleo.
En la presente encrucijada, los sindicatos tratan de recuperar la vieja fábula mil veces refutada del poder adquisitivo. Declaran que poner más dinero en manos de los asalariados (aumentando los salarios, aumentando las prestaciones a los desempleados y empezando nuevas obras públicas) permitiría a los trabajadores gastar más y estimular así los negocios y sacar a la economía de recesión llevándola a la prosperidad. Es el falaz argumento a favor de la inflación de hacer felices a todos imprimiendo billetes. Por supuesto, si la cantidad de medios circulantes aumenta, aquellos a cuyos bolsillos llega la nueva riqueza ficticia (ya sean trabajadores, granjeros o cualquier otro tipo de gente) aumentará su gasto. Pero es precisamente este aumento en el gasto el que inevitablemente produce una tendencia general de todos los precios a subir o, lo que es lo mismo expresado de una forma diferente, una caída en la poder adquisitivo de la unidad monetaria. Así que la ayuda que una acción inflacionista podría dar a los asalariados es solo de corta duración. Para perpetuarla, tendríamos que recurrir una y otra vez a nuevas medidas inflacionistas. Esta claro que esto lleva al desastre.
8. Los aumentos salariales como tales no son inflacionistas S
e han dicho muchas tonterías acerca de estas cosas. Alguna gente afirma que los aumentos salariales son “inflacionistas”. Pero no son en sí mismos inflacionistas. Nada inflacionista, salvo la inflación, es decir, un aumento en al cantidad de dinero en circulación y crédito susceptible de cheque (dinero de talonario). Y bajo las condiciones presentes nadie, salvo el gobierno, puede hacer que aparezca la inflación. Lo que los sindicatos pueden generar obligando a los empresarios a aceptar niveles salariales más altos que los niveles potenciales del mercado no es inflación , no significa precios más altos en los productos, sino el desempleo de una parte de la gente dispuesta a trabajar. La inflación es una política a la que recurre el gobierno con el fin de impedir el desempleo a gran escala que de otra forma producirían los aumentos salariales de los sindicatos.
9. El dilema de las políticas actuales
El dilema que este país (y no menos muchos otros países) tiene que afrontar es muy serio. El método extremadamente popular de que aumentar los salarios por encima del nivel que habría establecido un mercado laboral no intervenido produciría un catastrófico desempleo masivo si la expansión del crédito inflacionista no lo evitara. Pero la inflación no solo tiene efectos sociales muy perniciosos. No puede continuar eternamente sin generar la destrucción completa de todo el sistema monetario.
La opinión pública, completamente bajo el influjo de las falsas doctrinas de los sindicatos, simpatiza más o menos con la demanda de los líderes sindicales de un aumento considerable en los salarios. Tal y como son hoy las condiciones, los sindicatos tienen el poder de hacer que los empleados se sometan a sus dictados. Pueden convocar huelgas y, sin restricción por parte de las autoridades, recurrir con impunidad a la violencia contra quienes deseen trabajar. Conocen el hecho de que la mejora de las condiciones salariales aumentará el número de desempleados. El único remedio que sugieren es mayor financiación para subsidios de desempleo y una mayor oferta de crédito, es decir, inflación. El gobierno, atendiendo dócilmente a una opinión pública desorientada y preocupado por el resultado de la próxima campaña electoral, ya ha empezado desgraciadamente a anula sus intentos de volver a una política monetaria sólida. Así que nos vemos de nuevo enredados en los perniciosos métodos de intervenir en la oferta de dinero.
Continuamos con la inflación que con ritmo acelerado hace que se encoja el poder adquisitivo del dólar. ¿Dónde acabará? Es la pregunta que nunca se hacen Mr. Reuther y todos los demás. Solo una ignorancia supina puede reclamar las políticas adoptadas por las autocalificadas políticas progresistas “pro-empleo”. El asalariado, como cualquier otro ciudadano, tiene un serio interés en la preservación del poder adquisitivo del dólar. Si, gracias a su sindicato, los ganancias mensuales están por encima del tipo de mercado, pronto descubrirá que el movimiento al alza de los precios no solo le priva de las ventajas que esperaba, sino que asimismo hace que el valor de sus ahorros, de su póliza de seguro y de sus derechos de pensión disminuyen. Y lo que es peor, puede perder su empleo y no encontrar otro.
10. La falta de sinceridad en la lucha contra la inflación
Todos los partidos políticos y grupos de presión afirman que se oponen a la inflación. Pero lo que quieren decir realmente es que no les gustan las inevitables consecuencias de la inflación, como el aumento en el coste de la vida. Realmente favorecen todas las políticas que necesariamente producen un aumento en la cantidad de medios en circulación. No solo reclaman una política de dinero fácil para hacer posible la eterna potenciación salarial de los sindicatos, sino asimismo más gasto público y (al mismo tiempo) una rebaja de impuestos a través del aumento de las desgravaciones.
Engañada por el falso concepto marxista de los conflictos irreconciliables entre los intereses de las clases sociales, la gente supone que los intereses de las clases propietarias se oponen a las reclamaciones sindicales de salarios más altos. En realidad, a los asalariados no les interesa menos una vuelta a un dinero sólido que a otros grupos o clases. Se han dicho muchas cosas en los últimos meses acerca de los daños que los funcionarios defraudadores han infligido a la sindicalización. Pero el daño producido a los trabajadores por la excesiva alza salarial de los sindicatos es mucho más perjudicial.
Sería una exageración pretender que las tácticas de los sindicatos sean la única amenaza a la estabilidad económica y a una política económica razonable. Los asalariados no son el único grupo de presión cuyas reclamaciones amenazan hoy la estabilidad de nuestro sistema monetario. Pero son los más poderosos e influyentes de estos grupos y la responsabilidad principal reside en ellos.
11. La importancia de unas políticas monetarias sólidas
El capitalismo ha mejorado el nivel de vida de los asalariados a un nivel sin precedentes. La familia media estadounidense disfruta hoy de comodidades que, solo hace cien años, ni siquiera los más ricos potentados podían soñar. Todo este bienestar está condicionado por el aumento en ahorros y capital acumulado: sin estos fondos que permiten a las empresas hacer un uso práctico del progreso científico y tecnológico, el trabajador estadounidense no produciría más y mejores cosas por hora de trabajo que los culíes asiático, no ganaría más y, como ellos, viviría estrechamente al borde del hambre. Todas las medidas que (como nuestro sistema de impuestos a la renta y las sociedades) se dirigen a impedir una mayor acumulación de capital o incluso a disminuir dicho capital son por tanto en la práctica anti-trabajo y antisociales.
Solo debe hacerse una observación más acerca de este asunto del ahorro y la formación de capital. La mejora del bienestar producida por el capitalismo hizo posible que el hombre común ahorrara y se convirtiera modestamente en un capitalista. Una parte considerable del capital trabajando en la empresa estadounidense se corresponde con los ahorros de las masas. Millones de asalariados poseen depósitos de ahorro, bonos y pólizas de seguros. Todos estos derechos son pagables en dólares y su valor depende de la solidez del dinero de la nación. Preservar el poder adquisitivo del dólar es también desde este punto de vista un interés vital para las masas. Con el fin de alcanzar este fin, no basta con imprimir los billetes con la noble máxima In God We Trust. Debemos adoptar una política apropiada.
Ludwig von Mises
Mises Daily en español
1. Los salarios pagados en último término por los consumidores
De esto se deduce que un empresario no puede pagar más a un empelado que el equivalente en valor del trabajo de este último, de acuerdo con el juicio del público comprador, añada a la mercancía. (Esta es la razón por la que una estrella de cine gana más que la mujer de la limpieza). Si paga más, no recuperaría sus desembolsos de los compradores, sufriría pérdidas y acabaría en bancarrota. Al pagar salarios, el empresario actúa como un mandatario de los consumidores, por decirlo así. Recae sobre los consumidores la incidencia de los pagos de salarios. Como la inmensa mayoría de los bienes producidos los compran y consumen personas que reciben a su vez salarios, es evidente que al gastar sus ganancias los propios asalariados y empleados son los principales determinadores del nivel de compensación que obtendrás ellos y gente como ellos.
2. ¿Qué hace que suban los salarios?
Los compradores no pagan por los trabajos y esfuerzos que realiza el trabajador ni por la cantidad de tiempo que emplea en trabajar. Pagan por los productos. Cuanto mejores sean las herramientas que usa el trabajador en su empleo, más puede realizar en una hora, por consiguiente mayor será su remuneración. Lo que hace que suban los salarios y hace más satisfactorias las condiciones de vida de los asalariados es la mejora en el equipo tecnológico. Los salarios estadounidenses son más alto que en otros países porque el capital invertido por cabeza de trabajador es mayor y las fábricas están por tanto en disposición de utilizar las herramientas y máquinas más eficientes. Lo que se llama el modo de vida americano es el resultado del hecho de que Estados Unidos ha puesto menos obstáculos al ahorro y la acumulación de capital que otras naciones.
El retraso económico de países como la India consiste precisamente en el hecho de que sus políticas dificultan tanto la acumulación de capital doméstico como la inversión de capital extranjero. Como falta el capital requerido, las empresas indias no pueden emplear suficientes cantidades de equipamiento moderno y por tanto producen mucho menos por hora laboral y solo pueden permitirse pagar salarios que, comparados con el salario estadounidense, parecen sorprendentemente bajos.
Solo hay un camino que lleve a la mejora en el nivel de vida de las masas asalariadas, a saber, el aumento en la cantidad de capital invertido. Todos los demás métodos, por muy populares que sean, no solo son inútiles, sino que en realidad perjudican al bienestar de aquéllos a quienes supuestamente benefician.
3. ¿Qué causa el desempleo?
La pregunta fundamental es: ¿es posible aumentar los salarios para todos los dispuestos a trabajar por encima del nivel que habrían obtenido en un mercado laboral no intervenido?
La opinión pública cree que la mejora en las condiciones de los asalariados es un logro de los sindicatos y de distintas medidas legislativas. Atribuye al sindicalismo y la legislación por el aumento de los salarios, el acortamiento de la jornada laboral, la desaparición del trabajo infantil y muchos otros cambios. La prevalencia de estas creencias ha hecho popular al sindicalismo y es responsable de las tendencias en legislación laboral en las últimas décadas. Como la gente cree que debe al sindicalismo su alto nivel de vida, perdonan la violencia, coacción e intimidación por parte de los trabajadores sindicalizados y es indiferente al recorte de la libertad personal propio de las cláusulas de reserva para sindicatos. Mientras estas mentiras prevalezcan en la mente de los votantes, en inútil esperar un alejamiento decidido de las políticas que se consideran erróneamente como progresistas.
Sin embargo esta doctrina equivoca todo aspecto de la realidad económica. La altura de los salarios al que todos los dispuestos a trabajar pueden emplearse depende de la productividad marginal del trabajo. Cuanto más capital (siendo todo lo demás igual) se invierta, más subirán los salarios en el mercado de mano de obra, es decir, en el mercado laboral no manipulado por el gobierno y los sindicatos. A este nivel salarial, todos los que quieran trabajar puede obtener un trabajo. Así que en un mercado laboral libre prevalece una tendencia hacia el pleno empleo. De hecho, la política de dejar que el libre mercado determine el nivel de los salarios es la única política de pleno empleo razonable y de éxito. Si los niveles salariales, ya sea por presión sindical o por decreto del gobierno, se sitúan por encima de este nivel, se desarrolla un desempleo duradero de una parte de la fuerza laboral potencial.
4. La expansión del crédito no sustituye al capital
Estas opiniones se ven rechazadas apasionadamente por los dirigentes de los sindicatos y sus seguidores entre los políticos y los pretendidos intelectuales. La panacea que recomiendan para luchar contra el desempleo es la expansión del crédito y la inflación, llamada eufemísticamente “un política de dinero fácil”.
Como se ha apuntado antes, un añadido a las existencias disponibles de capital previamente acumuladas hace posible una mayor mejora del equipamiento tecnológico de las industrias, aumentando así la productividad marginal del trabajo y consecuentemente también los niveles salariales. Pero la expansión del crédito, ya se efectúe emitiendo billetes adicionales u otorgando créditos adicionales en cuentas corrientes, no añade nada a la riqueza de la nación en bienes de capital. Simplemente crea la ilusión de un aumento en la cantidad de fondos disponibles para una expansión de la producción. Como pueden obtener un crédito más barato, la gente cree erróneamente que la riqueza del país ha aumentado y por tanto ciertos proyectos que no podían ejecutarse antes ahora son viables. Al iniciar estos proyectos se potencia la demanda de mano de obra y de materiales en bruto y se hace que aumenten los salarios y los precios de las materias primas. Se enciende un auge artificial.
Bajo las condiciones de este auge, los salarios nominales que antes de la expansión de crédito eran demasiado altos para el estado del mercado y por tanto creaban desempleo por parte de la mano de obra potencial ya no son demasiado altos y los desempleados pueden volver a conseguir trabajo. Sin embargo esto ocurre solo porque bajo las nuevas condiciones monetarias y crediticias están aumentando o, lo que es lo mismo expresado en otros términos, cae el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Luego la misma cantidad de salario nominal, es decir, de salario expresado en términos de dinero, significa menos en salarios reales, es decir, en términos de productos que se pueden comprar con la unidad monetaria. La inflación puede acabar con el desempleo solo recortando los salarios reales de los asalariados. Pero entonces los sindicatos piden un nuevo aumento en los salarios para mantener el ritmo respecto del coste de la vida y volvemos a donde estábamos, es decir, a una situación en la que el desempleo a largo plazo solo puede evitarse con una mayor expansión del crédito.
Eso es lo que ocurrió en este país, igual que en muchos otros en los últimos años. Los sindicatos, apoyados por el gobierno, obligaron a las empresas a acordar tipos salariales que estaban por encimas de los tipos potenciales, es decir, los tipos que el público estaba dispuesto a reintegrar a los empresarios comprando sus productos. Esto habría ocasionado inevitablemente un aumento en las cifras de desempleo. Pero las políticas públicas trataron de impedir la aparición de un desempleo importante mediante la expansión del crédito, es decir, la inflación. El resultado fue un aumento en los precios, demandas renovadas de salarios mayores y una reiterada expansión del crédito, en resumen, una inflación prolongada.
5. La inflación no puede continuar eternamente
Pero al final las autoridades se asustan. Saben que la inflación no puede continuar eternamente. Si no detenemos a tiempo la perniciosa política de aumentar la cantidad de dinero y medios fiduciarios, el sistema monetario nacional de derrumba por entero. El poder adquisitivo de la unidad monetaria se hunde hasta un punto en que a todos los efectos prácticos no es mayor que cero. Esto ocurrió una y otra vez, en este país con los continentales en 1781, en Francia en 1796, en Alemania en 1923. Nunca es demasiado pronto para una nación para darse cuenta de que la inflación no puede considerarse como una forma de vida y que es imperativo volver a políticas monetarias sólidas. Al reconocer estos hechos la administración y las autoridades de la Reserva Federal abandonar hace algún tiempo la política de expansión progresiva del crédito.
No corresponde a este breve artículo ocuparse de todas las consecuencias que produce terminar con las medidas inflacionistas. Solo tenemos que establecer el hecho de que la vuelta a la estabilidad monetaria no genera una crisis. Solo expone las malas inversiones y otros errores que se realizaron bajo la alucinación de la prosperidad ilusoria creada por el dinero fácil. La gente se hace consciente de los fallos cometidos y, ya no cegados por el espectro del crédito barato, empiezan a reajustar sus actividades al estado real de la oferta de factores materiales de producción. Es este ajuste (indudablemente doloroso, pero inevitable) el que constituye la depresión.
6. La política de los sindicatos
Una de las características desagradables de este proceso de descartar quimeras y volver a una evaluación sensata de la realidad afecta al nivel salarial. Bajo el impacto de la política progresista de inflación, la burocracia sindical adquirió la costumbre de reclamar a intervalos regulares aumentos saláriales y las empresas, después de alguna falsa resistencia, la aceptaron. Como consecuencia, estos niveles serían en ese momento demasiado altos para el nivel del mercado y habrían producido una enorme cantidad de desempleo. Pero la incesante inflación progresiva los cubriría rápidamente. Luego los sindicatos reclamarían de nuevo más aumentos y así sucesivamente.
7. El argumento del poder adquisitivo
No importa qué tipo de justificación aporten los sindicatos y sus esbirros a favor de sus afirmaciones. Los efectos inevitables de obligar a los empresarios a remunerar el trabajo realizado a niveles más altos de los que los consumidores estén dispuestos a devolverles comprando los productos son siempre los mismos: el aumento en la cifra del desempleo.
En la presente encrucijada, los sindicatos tratan de recuperar la vieja fábula mil veces refutada del poder adquisitivo. Declaran que poner más dinero en manos de los asalariados (aumentando los salarios, aumentando las prestaciones a los desempleados y empezando nuevas obras públicas) permitiría a los trabajadores gastar más y estimular así los negocios y sacar a la economía de recesión llevándola a la prosperidad. Es el falaz argumento a favor de la inflación de hacer felices a todos imprimiendo billetes. Por supuesto, si la cantidad de medios circulantes aumenta, aquellos a cuyos bolsillos llega la nueva riqueza ficticia (ya sean trabajadores, granjeros o cualquier otro tipo de gente) aumentará su gasto. Pero es precisamente este aumento en el gasto el que inevitablemente produce una tendencia general de todos los precios a subir o, lo que es lo mismo expresado de una forma diferente, una caída en la poder adquisitivo de la unidad monetaria. Así que la ayuda que una acción inflacionista podría dar a los asalariados es solo de corta duración. Para perpetuarla, tendríamos que recurrir una y otra vez a nuevas medidas inflacionistas. Esta claro que esto lleva al desastre.
8. Los aumentos salariales como tales no son inflacionistas S
e han dicho muchas tonterías acerca de estas cosas. Alguna gente afirma que los aumentos salariales son “inflacionistas”. Pero no son en sí mismos inflacionistas. Nada inflacionista, salvo la inflación, es decir, un aumento en al cantidad de dinero en circulación y crédito susceptible de cheque (dinero de talonario). Y bajo las condiciones presentes nadie, salvo el gobierno, puede hacer que aparezca la inflación. Lo que los sindicatos pueden generar obligando a los empresarios a aceptar niveles salariales más altos que los niveles potenciales del mercado no es inflación , no significa precios más altos en los productos, sino el desempleo de una parte de la gente dispuesta a trabajar. La inflación es una política a la que recurre el gobierno con el fin de impedir el desempleo a gran escala que de otra forma producirían los aumentos salariales de los sindicatos.
9. El dilema de las políticas actuales
El dilema que este país (y no menos muchos otros países) tiene que afrontar es muy serio. El método extremadamente popular de que aumentar los salarios por encima del nivel que habría establecido un mercado laboral no intervenido produciría un catastrófico desempleo masivo si la expansión del crédito inflacionista no lo evitara. Pero la inflación no solo tiene efectos sociales muy perniciosos. No puede continuar eternamente sin generar la destrucción completa de todo el sistema monetario.
La opinión pública, completamente bajo el influjo de las falsas doctrinas de los sindicatos, simpatiza más o menos con la demanda de los líderes sindicales de un aumento considerable en los salarios. Tal y como son hoy las condiciones, los sindicatos tienen el poder de hacer que los empleados se sometan a sus dictados. Pueden convocar huelgas y, sin restricción por parte de las autoridades, recurrir con impunidad a la violencia contra quienes deseen trabajar. Conocen el hecho de que la mejora de las condiciones salariales aumentará el número de desempleados. El único remedio que sugieren es mayor financiación para subsidios de desempleo y una mayor oferta de crédito, es decir, inflación. El gobierno, atendiendo dócilmente a una opinión pública desorientada y preocupado por el resultado de la próxima campaña electoral, ya ha empezado desgraciadamente a anula sus intentos de volver a una política monetaria sólida. Así que nos vemos de nuevo enredados en los perniciosos métodos de intervenir en la oferta de dinero.
Continuamos con la inflación que con ritmo acelerado hace que se encoja el poder adquisitivo del dólar. ¿Dónde acabará? Es la pregunta que nunca se hacen Mr. Reuther y todos los demás. Solo una ignorancia supina puede reclamar las políticas adoptadas por las autocalificadas políticas progresistas “pro-empleo”. El asalariado, como cualquier otro ciudadano, tiene un serio interés en la preservación del poder adquisitivo del dólar. Si, gracias a su sindicato, los ganancias mensuales están por encima del tipo de mercado, pronto descubrirá que el movimiento al alza de los precios no solo le priva de las ventajas que esperaba, sino que asimismo hace que el valor de sus ahorros, de su póliza de seguro y de sus derechos de pensión disminuyen. Y lo que es peor, puede perder su empleo y no encontrar otro.
10. La falta de sinceridad en la lucha contra la inflación
Todos los partidos políticos y grupos de presión afirman que se oponen a la inflación. Pero lo que quieren decir realmente es que no les gustan las inevitables consecuencias de la inflación, como el aumento en el coste de la vida. Realmente favorecen todas las políticas que necesariamente producen un aumento en la cantidad de medios en circulación. No solo reclaman una política de dinero fácil para hacer posible la eterna potenciación salarial de los sindicatos, sino asimismo más gasto público y (al mismo tiempo) una rebaja de impuestos a través del aumento de las desgravaciones.
Engañada por el falso concepto marxista de los conflictos irreconciliables entre los intereses de las clases sociales, la gente supone que los intereses de las clases propietarias se oponen a las reclamaciones sindicales de salarios más altos. En realidad, a los asalariados no les interesa menos una vuelta a un dinero sólido que a otros grupos o clases. Se han dicho muchas cosas en los últimos meses acerca de los daños que los funcionarios defraudadores han infligido a la sindicalización. Pero el daño producido a los trabajadores por la excesiva alza salarial de los sindicatos es mucho más perjudicial.
Sería una exageración pretender que las tácticas de los sindicatos sean la única amenaza a la estabilidad económica y a una política económica razonable. Los asalariados no son el único grupo de presión cuyas reclamaciones amenazan hoy la estabilidad de nuestro sistema monetario. Pero son los más poderosos e influyentes de estos grupos y la responsabilidad principal reside en ellos.
11. La importancia de unas políticas monetarias sólidas
El capitalismo ha mejorado el nivel de vida de los asalariados a un nivel sin precedentes. La familia media estadounidense disfruta hoy de comodidades que, solo hace cien años, ni siquiera los más ricos potentados podían soñar. Todo este bienestar está condicionado por el aumento en ahorros y capital acumulado: sin estos fondos que permiten a las empresas hacer un uso práctico del progreso científico y tecnológico, el trabajador estadounidense no produciría más y mejores cosas por hora de trabajo que los culíes asiático, no ganaría más y, como ellos, viviría estrechamente al borde del hambre. Todas las medidas que (como nuestro sistema de impuestos a la renta y las sociedades) se dirigen a impedir una mayor acumulación de capital o incluso a disminuir dicho capital son por tanto en la práctica anti-trabajo y antisociales.
Solo debe hacerse una observación más acerca de este asunto del ahorro y la formación de capital. La mejora del bienestar producida por el capitalismo hizo posible que el hombre común ahorrara y se convirtiera modestamente en un capitalista. Una parte considerable del capital trabajando en la empresa estadounidense se corresponde con los ahorros de las masas. Millones de asalariados poseen depósitos de ahorro, bonos y pólizas de seguros. Todos estos derechos son pagables en dólares y su valor depende de la solidez del dinero de la nación. Preservar el poder adquisitivo del dólar es también desde este punto de vista un interés vital para las masas. Con el fin de alcanzar este fin, no basta con imprimir los billetes con la noble máxima In God We Trust. Debemos adoptar una política apropiada.
Ludwig von Mises
Mises Daily en español
martes, 24 de mayo de 2011
La columna de Carlos Federico Smith: reflexiones minúsculas
Es posible que para algunos se trate tan sólo de “aspectos poco importantes” de la conducta gubernamental y con base en tal apreciación, desecharlos por su falta de relevancia. Opino diferente: aunque aparentemente se trata de actos minúsculos, desnudan la indiferencia con que el Gobierno asume sus responsabilidades, cual es, por lo general, un descuido evidente de lo que tiene que hacer bien, una búsqueda casi exclusiva de obtener plata a cómo haya lugar, un desprecio del dolor (costo) que se le causa al ciudadano con la excusa esperada de que, después de tres días, ya nadie se acuerda de lo sucedido.
Tomemos, como ejemplo, la falta de provisión de hidrantes no sólo en San José sino también en otras áreas urbanas. Desde hace más o menos dos años los costarricenses pagamos rigurosamente un impuesto que se carga a nuestros recibos de agua. No hay quite: simplemente allí aparece. Ese es el producto de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa para dotar de fondos al SNAA y al Cuerpo de Bomberos para reponer hidrantes viejos, herrumbrados e inservibles, así como dotar de nuevos a muchas partes de la ciudad de San José y otras que hoy no tienen. Da pena escuchar a un agradable y fortachón caballero encargado de nuestros bomberos, cómo los incendios se extienden por la falta de agua en los hidrantes. Lo triste es que últimamente ese señor, al preguntársele por qué si los costarricenses ya han venido pagando por instalar nuevos hidrantes, estos no aparecen por ningún lado, nos dice que, si bien el SNAA ya tiene los fondos, no ha procedido –por diversas razones- a llevar a cabo el proyecto.
Así, totalmente desarmado, nos lo dice el franco jefe de bomberos. Por supuesto, de inmediato viene la excusa burocrática del SNAA: que el atraso se debe a lo complejo de los trámites licitatorio, que la Contraloría exige muchos papeles, etcétera; mientras las llamas pueden, por la libre, hacer más daño. Este es un excelente ejemplo del desprecio con que las burocracias estatales tratan lo que son responsabilidades. Es más, como nunca nadie ha sido acusado y juzgado culpable de incumplimiento de deberes, el camino está servido para que las cosas no mejoren y menos que avancen..
¿Y qué hace el SNAA con todos esos fondos recaudados para construir hidrantes? Me imagino que allí están, en algún lado, intocados… Si así fuera, el SNAA estaría en la obligación de pagar intereses por esos fondos, que, aunque no los utiliza, los mantiene en su poder sin hacer nada, pudiendo colocarlos en un banco, usándolos para cubrir sus necesidades de caja –¡vaya Usted a saber! En todo caso, el incentivo es para que simplemente “allí estén”. Si el SNAA tuviera que pagar intereses por esos fondeos depositados allí por los costarricenses, entonces tendría un incentivo para apurar las cosas y no dejar que duerman el sueño de los justos. Después de todo, ¿acaso no es cierto que, apenas pasado un mes de atraso en el pago del recibo del agua, el SNAA procede a cobrarnos ágilmente intereses para que procedamos rápidamente a pagarlo? Es más, nos cortan el agua casi de inmediato y luego nos cobran un elevado costo por reinstalarla. No me opongo a estas medidas, pero, ¿por qué no le aplicamos lo mismo al SNAA con el dinero que allí hemos pagado y depositado para nuevos hidrantes y reparación de los viejos? Les apuesto que entonces sí se apurarán, aunque sea tan sólo un poquito más.
La Municipalidad de San José se había lerdeado en aumentar el costo de los parquímetros. Lo hace ahora con un súbito aumento del 35%. Bueno, a como se ha comportado la tasa de inflación del país, según cifras del Banco Central, ese ajuste de un 35%, si hipotéticamente se hubiera ajustado al aumento de la inflación, hubiera comprendido la sucedida en el período que va de, más o menos, febrero del 2007 a abril del 2011. Bien podría ser que no se haya aumentado el costo del estacionamiento público desde aquella fecha, pero podría estar equivocado. Si lo que intuyo es correcto, lo más posible es que la Municipalidad de San José, en esa euforia estatal de lograr aumentar los impuestos o recaudaciones a como haya lugar, se aprovecha para encarecer el costo de estacionarse por encima del crecimiento inflacionario, proporcionando otro golpecito al alicaído bolsillo de los josefinos. Si me equivoco, de antemano me excuso, pero la suspicacia y malicia indígena han probado serme útiles en muchos casos anteriores.
Y siguiendo con algunas de mis reflexiones minúsculas, debo mencionar el gasto del Estado en torno a la liberación y tratamiento de los involucrados en un accidente de una avioneta cargada de cocaína sucedido hace algunos meses. Resulta que a dos de los imputados una jueza les otorgó la casa por cárcel, para lo cual debían de contar con un domicilio conocido, que no tardó en encontrarse (por supuesto que nunca en un domicilio cercano al de la jueza). Parte de lo lamentable con toda esta situación es que todos los que pagan impuestos deberán de enfrentar el costo de cuidar a los angelitos, que, según algunas estimaciones, superará los sesenta millones de colones al año. ¡Qué poco importó que esos costos los tuviéramos que pagar todos los ciudadanos! Podíamos habérnoslos ahorrado si en la cárcel en que estaban se les hubiera puesto a trabajar, para que con ello pagar el costo de un mantenimiento que le imponen a toda la sociedad, además de aquellos derivados del delito por el cual se les ha detenido.
Hay más: resulta que el piloto de la avioneta en mención quedó malherido. La Caja Costarricense de Seguro Social a la fecha ha incurrido en gastos por más de ciento veinte millones de colones para reparar al piloto. No creo que éste pagará la factura, pues el gasto no sólo ya ha sido incurrido por la Caja, sino que, también, de acuerdo con una visión que se ha venido aplicando en tiempos recientes por diversos jueces, incluso de la Sala Constitucional, la salud es un derecho en vez de ser algo que cada uno de nosotros deberá prever. Al ser un derecho –según algunos constitucionalmente garantizados- a servicios médicos que se brinda a cualquiera que los requiera sin tener que pagar por ellos, esos gastos los asume la Caja, que luego verá cómo hace para recuperarlos. Como se imaginan, esa factura está escrita en una marqueta de hielo.
Esa facilidad con que las cortes deciden sobre los gastos de salud social no es nueva. En cierto momento han exigido que a ciertos pacientes la Caja les brinde el tratamiento más caro y de moda que pueda existir en el mundo, pues así los pacientes lo solicitaron en juicios ante esas cortes y los cuales ganaron. En las decisiones de los jueces no median las limitaciones financieras de la Caja; esto es, no importa si se trata del dinero que pagamos todos los costarricenses para que la Caja los administre y de que es imposible gastar en salud fondos sin limitación alguna. (Además, alegan que eso fue lo que quisieron los diputados y así lo plasmaron en la constitución).
De hecho, es una visión imposible que se sostenga en tanto los recursos sean limitados. El país no dispone de fondos para tener todos los hospitales que se podrían construir, dotados de los mejores médicos del mundo y con las mejores medicinas y tratamientos que tiene la humanidad. Si se trata de cumplir a plenitud con un derecho presuntamente garantizado por nuestra constitución, no hay recursos que alcancen. Sabemos que el costo de las cosas sí importa y subestimarlos sólo conduce a que el régimen de seguridad social sufra consecuencias tan graves como su bancarrota. Despreciar el principio de escasez que cubre toda la acción humana -principio fundamental en Economía- lo cual incluye la salud, es un error fatal…
No se me puede acusar de xenófobo, porque no creo serlo y así lo he demostrado, pero más de uno podría acudir a acusaciones de tal especie, con tal de demeritar mi argumentación. Creo en la inmigración, pues un pueblo se beneficia con la infusión de sangre de seres humanos que vienen al país y pueden aportar mucho al progresar en él, tal como lo hemos visto en muchas ocasiones a través de nuestra Historia. Sin embargo, deseo comentar que no es posible que la Caja se vea obligada a brindar salud a quienquiera que la solicite, con el prurito de respetar con ello los derechos humanos. Todo quien utilice sus servicios debe pagar por ellos, tal como sí lo tienen que hacer los ciudadanos afiliados a la Caja, a la cual deben pagar rigurosamente sus cuotas adosadas a los salarios que perciben.
¿Habrá alguien que esté dispuesto a ponerle el cascabel al gato o esperarán que nuestro sistema de salud entre en quiebra, entre otras razones -en mucho- por brindar a cualquiera atención médica de todo tipo y medicinas en la cantidad y calidad necesarias, con sólo presentarse enfermo y solicitar que se les trate el caso? Como no hay que pagar nada por ello, como nada cuesta, así hasta yo me vengo a vivir a Costa Rica…
Jorge Corrales Quesada
Tomemos, como ejemplo, la falta de provisión de hidrantes no sólo en San José sino también en otras áreas urbanas. Desde hace más o menos dos años los costarricenses pagamos rigurosamente un impuesto que se carga a nuestros recibos de agua. No hay quite: simplemente allí aparece. Ese es el producto de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa para dotar de fondos al SNAA y al Cuerpo de Bomberos para reponer hidrantes viejos, herrumbrados e inservibles, así como dotar de nuevos a muchas partes de la ciudad de San José y otras que hoy no tienen. Da pena escuchar a un agradable y fortachón caballero encargado de nuestros bomberos, cómo los incendios se extienden por la falta de agua en los hidrantes. Lo triste es que últimamente ese señor, al preguntársele por qué si los costarricenses ya han venido pagando por instalar nuevos hidrantes, estos no aparecen por ningún lado, nos dice que, si bien el SNAA ya tiene los fondos, no ha procedido –por diversas razones- a llevar a cabo el proyecto.
Así, totalmente desarmado, nos lo dice el franco jefe de bomberos. Por supuesto, de inmediato viene la excusa burocrática del SNAA: que el atraso se debe a lo complejo de los trámites licitatorio, que la Contraloría exige muchos papeles, etcétera; mientras las llamas pueden, por la libre, hacer más daño. Este es un excelente ejemplo del desprecio con que las burocracias estatales tratan lo que son responsabilidades. Es más, como nunca nadie ha sido acusado y juzgado culpable de incumplimiento de deberes, el camino está servido para que las cosas no mejoren y menos que avancen..
¿Y qué hace el SNAA con todos esos fondos recaudados para construir hidrantes? Me imagino que allí están, en algún lado, intocados… Si así fuera, el SNAA estaría en la obligación de pagar intereses por esos fondos, que, aunque no los utiliza, los mantiene en su poder sin hacer nada, pudiendo colocarlos en un banco, usándolos para cubrir sus necesidades de caja –¡vaya Usted a saber! En todo caso, el incentivo es para que simplemente “allí estén”. Si el SNAA tuviera que pagar intereses por esos fondeos depositados allí por los costarricenses, entonces tendría un incentivo para apurar las cosas y no dejar que duerman el sueño de los justos. Después de todo, ¿acaso no es cierto que, apenas pasado un mes de atraso en el pago del recibo del agua, el SNAA procede a cobrarnos ágilmente intereses para que procedamos rápidamente a pagarlo? Es más, nos cortan el agua casi de inmediato y luego nos cobran un elevado costo por reinstalarla. No me opongo a estas medidas, pero, ¿por qué no le aplicamos lo mismo al SNAA con el dinero que allí hemos pagado y depositado para nuevos hidrantes y reparación de los viejos? Les apuesto que entonces sí se apurarán, aunque sea tan sólo un poquito más.
La Municipalidad de San José se había lerdeado en aumentar el costo de los parquímetros. Lo hace ahora con un súbito aumento del 35%. Bueno, a como se ha comportado la tasa de inflación del país, según cifras del Banco Central, ese ajuste de un 35%, si hipotéticamente se hubiera ajustado al aumento de la inflación, hubiera comprendido la sucedida en el período que va de, más o menos, febrero del 2007 a abril del 2011. Bien podría ser que no se haya aumentado el costo del estacionamiento público desde aquella fecha, pero podría estar equivocado. Si lo que intuyo es correcto, lo más posible es que la Municipalidad de San José, en esa euforia estatal de lograr aumentar los impuestos o recaudaciones a como haya lugar, se aprovecha para encarecer el costo de estacionarse por encima del crecimiento inflacionario, proporcionando otro golpecito al alicaído bolsillo de los josefinos. Si me equivoco, de antemano me excuso, pero la suspicacia y malicia indígena han probado serme útiles en muchos casos anteriores.
Y siguiendo con algunas de mis reflexiones minúsculas, debo mencionar el gasto del Estado en torno a la liberación y tratamiento de los involucrados en un accidente de una avioneta cargada de cocaína sucedido hace algunos meses. Resulta que a dos de los imputados una jueza les otorgó la casa por cárcel, para lo cual debían de contar con un domicilio conocido, que no tardó en encontrarse (por supuesto que nunca en un domicilio cercano al de la jueza). Parte de lo lamentable con toda esta situación es que todos los que pagan impuestos deberán de enfrentar el costo de cuidar a los angelitos, que, según algunas estimaciones, superará los sesenta millones de colones al año. ¡Qué poco importó que esos costos los tuviéramos que pagar todos los ciudadanos! Podíamos habérnoslos ahorrado si en la cárcel en que estaban se les hubiera puesto a trabajar, para que con ello pagar el costo de un mantenimiento que le imponen a toda la sociedad, además de aquellos derivados del delito por el cual se les ha detenido.
Hay más: resulta que el piloto de la avioneta en mención quedó malherido. La Caja Costarricense de Seguro Social a la fecha ha incurrido en gastos por más de ciento veinte millones de colones para reparar al piloto. No creo que éste pagará la factura, pues el gasto no sólo ya ha sido incurrido por la Caja, sino que, también, de acuerdo con una visión que se ha venido aplicando en tiempos recientes por diversos jueces, incluso de la Sala Constitucional, la salud es un derecho en vez de ser algo que cada uno de nosotros deberá prever. Al ser un derecho –según algunos constitucionalmente garantizados- a servicios médicos que se brinda a cualquiera que los requiera sin tener que pagar por ellos, esos gastos los asume la Caja, que luego verá cómo hace para recuperarlos. Como se imaginan, esa factura está escrita en una marqueta de hielo.
Esa facilidad con que las cortes deciden sobre los gastos de salud social no es nueva. En cierto momento han exigido que a ciertos pacientes la Caja les brinde el tratamiento más caro y de moda que pueda existir en el mundo, pues así los pacientes lo solicitaron en juicios ante esas cortes y los cuales ganaron. En las decisiones de los jueces no median las limitaciones financieras de la Caja; esto es, no importa si se trata del dinero que pagamos todos los costarricenses para que la Caja los administre y de que es imposible gastar en salud fondos sin limitación alguna. (Además, alegan que eso fue lo que quisieron los diputados y así lo plasmaron en la constitución).
De hecho, es una visión imposible que se sostenga en tanto los recursos sean limitados. El país no dispone de fondos para tener todos los hospitales que se podrían construir, dotados de los mejores médicos del mundo y con las mejores medicinas y tratamientos que tiene la humanidad. Si se trata de cumplir a plenitud con un derecho presuntamente garantizado por nuestra constitución, no hay recursos que alcancen. Sabemos que el costo de las cosas sí importa y subestimarlos sólo conduce a que el régimen de seguridad social sufra consecuencias tan graves como su bancarrota. Despreciar el principio de escasez que cubre toda la acción humana -principio fundamental en Economía- lo cual incluye la salud, es un error fatal…
No se me puede acusar de xenófobo, porque no creo serlo y así lo he demostrado, pero más de uno podría acudir a acusaciones de tal especie, con tal de demeritar mi argumentación. Creo en la inmigración, pues un pueblo se beneficia con la infusión de sangre de seres humanos que vienen al país y pueden aportar mucho al progresar en él, tal como lo hemos visto en muchas ocasiones a través de nuestra Historia. Sin embargo, deseo comentar que no es posible que la Caja se vea obligada a brindar salud a quienquiera que la solicite, con el prurito de respetar con ello los derechos humanos. Todo quien utilice sus servicios debe pagar por ellos, tal como sí lo tienen que hacer los ciudadanos afiliados a la Caja, a la cual deben pagar rigurosamente sus cuotas adosadas a los salarios que perciben.
¿Habrá alguien que esté dispuesto a ponerle el cascabel al gato o esperarán que nuestro sistema de salud entre en quiebra, entre otras razones -en mucho- por brindar a cualquiera atención médica de todo tipo y medicinas en la cantidad y calidad necesarias, con sólo presentarse enfermo y solicitar que se les trate el caso? Como no hay que pagar nada por ello, como nada cuesta, así hasta yo me vengo a vivir a Costa Rica…
Jorge Corrales Quesada
lunes, 23 de mayo de 2011
Tema polémico: el fin del mundo... que no llegó
Vivimos en una época donde la información brota desde todos los rincones del mundo, siendo difundida sin control por múltiples medios accesibles para todos nosotros. Recientemente, con Revolución de los Jazmines y los hechos subsiguientes, pudimos apreciar el impacto de las nuevas tecnologías de la información, que no pudieron ser silenciadas por los gobernantes represores.
Vivimos, además, en una época donde la ciencia ha dado pasos de gigante, llevando la luz del entendimiento donde cundían las sombras de la ignorancia. La medicina, especialmente la regenerativa, es quizá el campo donde el avance ha sido más significativo y sorprendente.
El progreso del conocimiento y la técnica nos llena de esperanza para pensar que es posible develar los grandes misterios y retos que, como especie, enfrentamos; sin embargo, esta esperanza contrasta con el persistente misticismo y el augurio de profetas que advierten un futuro caótico, lleno de devastación, donde todo está irremediablemente escrito.
Lo anterior a propósito del anuncio realizado meses atrás por Harold Camping, un ingeniero y predicador evangélico de los Estados Unidos que vaticinó para el pasado 21 de mayo, precisamente 7.000 días después del diluvio universal, el fin del mundo. Pues bien, ya hoy es 23 de mayo y el mundo no se acabó, como sí podría acabarse la credibilidad de ese charlatán.
No obstante, detrás de él aparecerán otros cientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado tonterías de este tipo? En realidad, no resulta sorprendente que existan charlatanes como este, dispuestos a anunciar el fin del mundo; después de todo, desde las sociedades primitivas el miedo al fin del mundo ha sido una constante, por lo que este tipo de tonterías no son nuevas.
Lo que si resulta sorprendente, y poco alentador, es que en pleno siglo XXI existan tantos ingenuos dispuestos a escuchar oráculos. Por ejemplo, el pasado 11 de mayo muchos ciudadanos abandonaron la ciudad de Roma y al menos 15% de los empleados públicos no asistieron a su trabajo ante una profecía que anunciaba un fuerte terremoto que destruiría Roma ese mismo día. Desde las profecías de Nostradamus, los mayas y Benjamín Solari, abundan los embaucadores, pero sobe todo, los que se dejan encantar por los cantos de sirena.
¿Qué está pasando? Desgraciadamente, el desarrollo del razonamiento lógico no ha ido a la par del progreso científico y técnico, por lo que aún cuando encontramos soluciones que hace décadas parecieran imposibles y cuando las fronteras del conocimiento son cada vez más superadas por la ciencia, pululan los estafadores místicos, los embaucadores del espíritu, los mercaderes del miedo que siguen convenciendo a otros tan idiotas como ellos para comprometerlos en descabelladas empresas.
Por desgracia, mientras las personas no renuncien a seguir creyendo los cuentos de hadas, seguiremos teniendo los mismos problemas políticos, económicos y sociales que nos afectan, pues muchos de ellos son el resultado de equivocadas convicciones que motivan las acciones de las personas.
Vivimos, además, en una época donde la ciencia ha dado pasos de gigante, llevando la luz del entendimiento donde cundían las sombras de la ignorancia. La medicina, especialmente la regenerativa, es quizá el campo donde el avance ha sido más significativo y sorprendente.
El progreso del conocimiento y la técnica nos llena de esperanza para pensar que es posible develar los grandes misterios y retos que, como especie, enfrentamos; sin embargo, esta esperanza contrasta con el persistente misticismo y el augurio de profetas que advierten un futuro caótico, lleno de devastación, donde todo está irremediablemente escrito.
Lo anterior a propósito del anuncio realizado meses atrás por Harold Camping, un ingeniero y predicador evangélico de los Estados Unidos que vaticinó para el pasado 21 de mayo, precisamente 7.000 días después del diluvio universal, el fin del mundo. Pues bien, ya hoy es 23 de mayo y el mundo no se acabó, como sí podría acabarse la credibilidad de ese charlatán.
No obstante, detrás de él aparecerán otros cientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado tonterías de este tipo? En realidad, no resulta sorprendente que existan charlatanes como este, dispuestos a anunciar el fin del mundo; después de todo, desde las sociedades primitivas el miedo al fin del mundo ha sido una constante, por lo que este tipo de tonterías no son nuevas.
Lo que si resulta sorprendente, y poco alentador, es que en pleno siglo XXI existan tantos ingenuos dispuestos a escuchar oráculos. Por ejemplo, el pasado 11 de mayo muchos ciudadanos abandonaron la ciudad de Roma y al menos 15% de los empleados públicos no asistieron a su trabajo ante una profecía que anunciaba un fuerte terremoto que destruiría Roma ese mismo día. Desde las profecías de Nostradamus, los mayas y Benjamín Solari, abundan los embaucadores, pero sobe todo, los que se dejan encantar por los cantos de sirena.
¿Qué está pasando? Desgraciadamente, el desarrollo del razonamiento lógico no ha ido a la par del progreso científico y técnico, por lo que aún cuando encontramos soluciones que hace décadas parecieran imposibles y cuando las fronteras del conocimiento son cada vez más superadas por la ciencia, pululan los estafadores místicos, los embaucadores del espíritu, los mercaderes del miedo que siguen convenciendo a otros tan idiotas como ellos para comprometerlos en descabelladas empresas.
Por desgracia, mientras las personas no renuncien a seguir creyendo los cuentos de hadas, seguiremos teniendo los mismos problemas políticos, económicos y sociales que nos afectan, pues muchos de ellos son el resultado de equivocadas convicciones que motivan las acciones de las personas.
viernes, 20 de mayo de 2011
Viernes de Recomendación
¿Quién fue Lysander Spooner?El siguiente artículo recorre la vida de este destacado personaje estadounidense, quien una vez dijo: "El gobierno como un asaltador de caminos dice al hombre: tu dinero o tu vida y la mayoría, si no todos los impuestos, son pagados bajo la amenaza de esa coacción. Pero el asaltador de caminos toma sobre sí la responsabilidad, peligro y delito de su propio acto. No pretende tener ningún derecho sobre tu dinero ni tiene la impudicia de presentarse como un protector. El asaltador de caminos una vez que te ha quitado tu dinero te deja en paz y no te anda siguiendo intentando convencerte de que es tu soberano y que tiene el deber de protegerte".
jueves, 19 de mayo de 2011
Jumanji empresarial: ¿comer qué?
En nuestra vida cotidiana, las fuentes generadoras de ansiedad son numerosas, tales como cumplir con las fechas que impone nuestra agenda de trabajo, las reuniones aburridas que debemos atender, ciertos compromisos sociales que se nos presentan como impostergables, y muchas más. Pero, de todas las causas del síndrome de ansiedad (reacción autonómica destructiva que incluye hiperventilación y vasoconstricción, a la par de una decadencia inmunológica general), la más preocupante es la causada por la continua preocupación que nos causan las alertas de tipo de alimentario.
Y es que no resulta extraño, en la actualidad, sentarse a una mesa servida de alimentos deliciosos o abrir una bolsita de algún bocadillo empacado, sin que alguien nos advierta de los peligros del contenido de grasa, azúcar, sal, condimentos y otros ingredientes comunes que existen en dichos alimentos. Estas intervenciones, por lo general no solicitadas, más que educarnos sobre aspectos nutricionales, terminan -en la mayoría de los casos- elevando nuestros niveles de ansiedad alimentaria. De esta manera, afectamos negativamente nuestro sistema digestivo y limitamos nuestras ayudas mecánicas y biológicas como la masticación y salivación, todo lo cual provoca que saturemos el estómago de alimentos mal procesados, sin la previa activación, por la parte de los sentidos, de aquellos mecanismos de producción de ácidos biliares y enzimas necesarias para que la comida nos alimente y no nos enferme.
Es importante tomar en cuenta que, en el proceso de nutrición, el QUÉ iguala en importancia al CÓMO, CUÁNDO y el CUÁNTO de nuestra ingesta diaria. No vamos a elucubrar aquí sobre las virtudes o deficiencias de la actual pirámide alimentaria, recomendada por los llamados expertos en nutrición; pero, a mi juicio, ella hipermagnifica el tema de la ingesta diaria de macronutrientes, necesaria para una vida saludable, al no tener en cuenta las diferencias en capacidad y estabilidad metabólica de los individuos.
Más allá de tal pirámide, nos enfrentamos en nuestro tiempo a muchas otras luces rojas - muchas veces exageradas - con nombres complicados: grasas trans, índice glicémico, calorías (métricas, comunes), sodio, mercurio, toxinas, alérgenos y otros ¡demonios! nutricionales, resaltados en las tablas nutricionales de publicación obligatoria, pero de lectura macro. Este nuevo marco alimentario hace que los seres humanos perdamos nuestra disposición instintiva de seleccionar, por la vía de nuestros sentidos - olfato, vista, gusto y aun tacto - los alimentos que comemos y disfrutamos.
Es cierto que no todas las grasas son iguales, que las insaturadas para algunas personas son mejores que las saturadas, y que las hidrogenadas lidian mejor contra la oxidación, pero estas tienden a favorecer la formación de colesterol y a causar daños al endotelio en personas propensas genéticamente. También es cierto que excederse en azúcar no es adecuado, sobre todo para los diabéticos, aunque cabe aclarar que el azúcar no es la causa de la diabetes tipo II, sino mas bien tiene sus raíces en una disbiosis intestinal y el síndrome metabólico que esto conlleva, aunado a una posible propensión genética. Y así, podríamos seguir elaborando argumentos acerca de las ventajas y desventajas de cada nutriente, olvidándonos de lo realmente importante: se come con los sentidos y no con el estómago.
Hay que disfrutar de la totalidad de la experiencia gastronómica, dejando que el olfato perciba una por una las especies aromáticas y, de este modo, preparar a la vesícula para que logre concentrar la mayor cantidad de bilis y para que las glándulas salivares cumplan la función de proveer a la boca la cantidad necesaria de saliva saturada de enzimas digestivas. A la hora de introducir un alimento en la boca, es mejor hacerlo lentamente, generando expectativa y masticando sin prisa, con el objeto de que la lengua sea estimulada con los desprendimientos iónicos de la sal, glutamatos, ácidos y otros exaltantes de sabor, completando de tal forma la maravillosa experiencia del buen comer. Con gran convicción, puedo asegurar que esta renacida sensibilidad se hará cargo de llevarnos hacia un mejor estado de salud física y, paralelamente, hacia una mayor comprensión de los diferentes efectos que cada alimento puede generar en nuestro cuerpo.
Pero siendo la nutrición un aspecto tan importante en nuestras vidas, se da por añadidura histórica, una dialéctica entre los ingenieros sociales, que buscan justificar su relevancia profesional y política- queriendo regular los alimentos que consumimos - y los liberales individualistas que no aceptan la intromisión del estado, en temas que por naturaleza humana, son auto determinativos.
El argumento favorito de los burócratas intervencionistas, es que la mala nutrición es la causante de gran parte de enfermedades crónicas, y que este hecho, convierte el tema nutricional en un asunto de salud pública. Pero este argumento contrasta con uno más lógico, de que el ser humano es el único dueño de su cuerpo, y que la auto determinación alimentaria es un derecho natural "inviolable".
Andrés Pozuelo
Y es que no resulta extraño, en la actualidad, sentarse a una mesa servida de alimentos deliciosos o abrir una bolsita de algún bocadillo empacado, sin que alguien nos advierta de los peligros del contenido de grasa, azúcar, sal, condimentos y otros ingredientes comunes que existen en dichos alimentos. Estas intervenciones, por lo general no solicitadas, más que educarnos sobre aspectos nutricionales, terminan -en la mayoría de los casos- elevando nuestros niveles de ansiedad alimentaria. De esta manera, afectamos negativamente nuestro sistema digestivo y limitamos nuestras ayudas mecánicas y biológicas como la masticación y salivación, todo lo cual provoca que saturemos el estómago de alimentos mal procesados, sin la previa activación, por la parte de los sentidos, de aquellos mecanismos de producción de ácidos biliares y enzimas necesarias para que la comida nos alimente y no nos enferme.
Es importante tomar en cuenta que, en el proceso de nutrición, el QUÉ iguala en importancia al CÓMO, CUÁNDO y el CUÁNTO de nuestra ingesta diaria. No vamos a elucubrar aquí sobre las virtudes o deficiencias de la actual pirámide alimentaria, recomendada por los llamados expertos en nutrición; pero, a mi juicio, ella hipermagnifica el tema de la ingesta diaria de macronutrientes, necesaria para una vida saludable, al no tener en cuenta las diferencias en capacidad y estabilidad metabólica de los individuos.
Más allá de tal pirámide, nos enfrentamos en nuestro tiempo a muchas otras luces rojas - muchas veces exageradas - con nombres complicados: grasas trans, índice glicémico, calorías (métricas, comunes), sodio, mercurio, toxinas, alérgenos y otros ¡demonios! nutricionales, resaltados en las tablas nutricionales de publicación obligatoria, pero de lectura macro. Este nuevo marco alimentario hace que los seres humanos perdamos nuestra disposición instintiva de seleccionar, por la vía de nuestros sentidos - olfato, vista, gusto y aun tacto - los alimentos que comemos y disfrutamos.
Es cierto que no todas las grasas son iguales, que las insaturadas para algunas personas son mejores que las saturadas, y que las hidrogenadas lidian mejor contra la oxidación, pero estas tienden a favorecer la formación de colesterol y a causar daños al endotelio en personas propensas genéticamente. También es cierto que excederse en azúcar no es adecuado, sobre todo para los diabéticos, aunque cabe aclarar que el azúcar no es la causa de la diabetes tipo II, sino mas bien tiene sus raíces en una disbiosis intestinal y el síndrome metabólico que esto conlleva, aunado a una posible propensión genética. Y así, podríamos seguir elaborando argumentos acerca de las ventajas y desventajas de cada nutriente, olvidándonos de lo realmente importante: se come con los sentidos y no con el estómago.
Hay que disfrutar de la totalidad de la experiencia gastronómica, dejando que el olfato perciba una por una las especies aromáticas y, de este modo, preparar a la vesícula para que logre concentrar la mayor cantidad de bilis y para que las glándulas salivares cumplan la función de proveer a la boca la cantidad necesaria de saliva saturada de enzimas digestivas. A la hora de introducir un alimento en la boca, es mejor hacerlo lentamente, generando expectativa y masticando sin prisa, con el objeto de que la lengua sea estimulada con los desprendimientos iónicos de la sal, glutamatos, ácidos y otros exaltantes de sabor, completando de tal forma la maravillosa experiencia del buen comer. Con gran convicción, puedo asegurar que esta renacida sensibilidad se hará cargo de llevarnos hacia un mejor estado de salud física y, paralelamente, hacia una mayor comprensión de los diferentes efectos que cada alimento puede generar en nuestro cuerpo.
Pero siendo la nutrición un aspecto tan importante en nuestras vidas, se da por añadidura histórica, una dialéctica entre los ingenieros sociales, que buscan justificar su relevancia profesional y política- queriendo regular los alimentos que consumimos - y los liberales individualistas que no aceptan la intromisión del estado, en temas que por naturaleza humana, son auto determinativos.
El argumento favorito de los burócratas intervencionistas, es que la mala nutrición es la causante de gran parte de enfermedades crónicas, y que este hecho, convierte el tema nutricional en un asunto de salud pública. Pero este argumento contrasta con uno más lógico, de que el ser humano es el único dueño de su cuerpo, y que la auto determinación alimentaria es un derecho natural "inviolable".
Andrés Pozuelo
martes, 17 de mayo de 2011
La columna de Carlos Federico Smith: apéndice a un planteamiento energético
Espero que hayan tenido la oportunidad de leer mis tres comentarios previos con propuestas para elevar nuestro desarrollo energético durante los próximos años. No obstante, poco después de haber concluido dicha serie, surge la oportunidad de comentar la reciente propuesta del gobierno de la República ante la Asamblea Legislativa para, fundamentalmente, ampliar la participación del sector privado en la provisión de energía eléctrica, pues, de no lograrse, daría lugar a serios problemas de abastecimiento.
Antes de opinar al respecto, debo indicar que en la Asamblea Legislativa se habían presentado dos proyectos (llamados Ley General de Electricidad) que en mucho “organizaba” o “abría” el sector de producción eléctrica al sector privado, pero ambos han estado plagados de problemas que hacen poco viable su aprobación en el corto plazo. El primero, que en general me parece tiene grandes virtudes, fue presentado al curso legislativo durante la administración anterior y, el segundo, sorprendentemente, lo presentó la nueva sustituyendo al proyecto previo. Sabido es que ambas administraciones son del mismo partido político, por lo que esta última versión fue, a su vez, bloqueada por gran parte de esa misma fracción, que no podía ver con buenos ojos cómo sus mismos compañeros de partido echaban por la borda la versión original, sin que mediara una justificación válida para proponer una fuerte variación al curso inicialmente planteado sobre la política energética del país.
Por lo tanto, nada tenía que ver la existencia de un nuevo directorio legislativo integrado por diputados de la oposición, como un factor que obstaculizara un proyecto para asegurar una mayor provisión de electricidad. El problema venía políticamente “desde adentro” y, por tanto, es injusto adscribir la responsabilidad de no asegurar la electricidad necesaria al directorio de oposición, que ni siquiera existía cuando se presentaron ambos proyectos en la Asamblea. Por ello, abrigo la esperanza de que esta última versión -llamada de Contingencia Eléctrica- sea aprobada, con algunas mejoras a las que luego me referiré, con el apoyo de una mayoría importante de diputados del Congreso. Así no habrá excusa para que les “echen los muertos” al nuevo directorio legislativo por una presunta falta de no hacer bien las cosas necesarias para el país.
En un seminario que ANFE celebró en octubre del año pasado, el Ministro de Energía, Ingeniero Teófilo de la Torre, fue cuestionado por el nuevo proyecto (el segundo de ellos), al considerarse que reintroducía una serie de restricciones innecesarias, indeseables y costosas para la participación privada en dicha actividad, en comparación con el primero que presentó la administración previa. Don Teófilo reconoció que el cambio de visión se debía a una mejor adaptación del nuevo proyecto a las políticas participativas mayoritarias y casi monopólicas que el estado había mantenido en el pasado y que la administración anterior se propuso variar. Pero ahora, inteligentemente, don Teófilo cambia aquella posición y, si se me permite así decirlo, parece haber escuchado razones para variar posiciones que no conducían a nada más que a una inopia segura en la provisión eléctrica del país. Su proyecto de ley previo no iba a resolver el problema inminente de escasez de electricidad, en especial ante los atrasos con los proyectos de Reventazón y Diquís No muchos funcionarios públicos saben rectificar decisiones, al percibir que pueden estar equivocadas. Por ello, le reconozco el mérito de haber variado su actitud inicial.
Me agrada la última -tercera si se le quiere llamar- propuesta dirigida a asegurar el abastecimiento energético del país en el corto plazo, al abrir un espacio mayor a su provisión privada. Constituye un paso adelante y significativo en el esfuerzo por lograr un suministro adecuado de electricidad. Sin embargo, creo que no hay justificación para que ese paso hacia adelante siga siendo tan pequeño. La nueva propuesta no debe reprimir el desarrollo de un sector privado fuerte en el sector eléctrico, que esté preparado para competir eficientemente con otros oferentes de países vecinos y, sobre todo, que les permita lograr escalas de operación que hagan más rentables y seguras las inversiones que tengan que realizar. Así, no encuentro explicación lógica de por qué ampliar la capacidad instalada máxima por planta de 20 a tan sólo 30 megawatts. Por ejemplo, una capacidad máxima permitida de 50 megawatts no sólo es factible realizarla sin problemas significativos, sino que su tamaño podría hacer la operación más rentable, la inversión más manejable y, sobre todo, lograr suplir en el plazo más corto posible la electricidad requerida por el país.
En el mismo sentido no me explico porqué tan sólo aumenta de un 15 a un 25% la provisión privada (que incluye a cooperativas, entre otros) del total de energía eléctrica producida en el país. Parece que el intento de conservar ciertos privilegios es lo que está detrás de estos tímidos pasos de apertura al sector privado, como proveedor impostergable e indispensable de energía en el país.
Debe recordarse que el precio al cual se adquiriría la nueva electricidad producida por estas nuevas plantas privadas es fijado por la ARESEP, razón por la cual aprovecho la oportunidad de recalcar la importancia de que esa entidad haga las cosas bien y rápidamente. Debe comprender que si la tarifa no es adecuada, esa inversión privada no se llevará a cabo o, tal como ha sucedido hasta el momento, se vaya a Panamá a producir esa misma energía, para luego venderla a Costa Rica a precios más altos. La ARESEP debe saber que en la actualidad están en proceso de construcción, tan sólo en Chiriquí, Panamá, 32 plantas que eventualmente venderían a nuestro país la energía que produzcan. Si les preocupa un hipotético sobre-abastecimiento, deben tener presente que si existe un mercado dinámico y en crecimiento en cuanto a demanda de electricidad es el propio mercado panameño, por lo cual esas firmas fácilmente podrían variar el destino de su producción, si así fuera más rentable para ellas. Claro, todo está en los precios que los productores privados de electricidad, tanto nacionales como desde el exterior, puedan obtener y es aquí donde ARESEP debe tener “bien puestas las pilas“.
Antes de opinar al respecto, debo indicar que en la Asamblea Legislativa se habían presentado dos proyectos (llamados Ley General de Electricidad) que en mucho “organizaba” o “abría” el sector de producción eléctrica al sector privado, pero ambos han estado plagados de problemas que hacen poco viable su aprobación en el corto plazo. El primero, que en general me parece tiene grandes virtudes, fue presentado al curso legislativo durante la administración anterior y, el segundo, sorprendentemente, lo presentó la nueva sustituyendo al proyecto previo. Sabido es que ambas administraciones son del mismo partido político, por lo que esta última versión fue, a su vez, bloqueada por gran parte de esa misma fracción, que no podía ver con buenos ojos cómo sus mismos compañeros de partido echaban por la borda la versión original, sin que mediara una justificación válida para proponer una fuerte variación al curso inicialmente planteado sobre la política energética del país.
Por lo tanto, nada tenía que ver la existencia de un nuevo directorio legislativo integrado por diputados de la oposición, como un factor que obstaculizara un proyecto para asegurar una mayor provisión de electricidad. El problema venía políticamente “desde adentro” y, por tanto, es injusto adscribir la responsabilidad de no asegurar la electricidad necesaria al directorio de oposición, que ni siquiera existía cuando se presentaron ambos proyectos en la Asamblea. Por ello, abrigo la esperanza de que esta última versión -llamada de Contingencia Eléctrica- sea aprobada, con algunas mejoras a las que luego me referiré, con el apoyo de una mayoría importante de diputados del Congreso. Así no habrá excusa para que les “echen los muertos” al nuevo directorio legislativo por una presunta falta de no hacer bien las cosas necesarias para el país.
En un seminario que ANFE celebró en octubre del año pasado, el Ministro de Energía, Ingeniero Teófilo de la Torre, fue cuestionado por el nuevo proyecto (el segundo de ellos), al considerarse que reintroducía una serie de restricciones innecesarias, indeseables y costosas para la participación privada en dicha actividad, en comparación con el primero que presentó la administración previa. Don Teófilo reconoció que el cambio de visión se debía a una mejor adaptación del nuevo proyecto a las políticas participativas mayoritarias y casi monopólicas que el estado había mantenido en el pasado y que la administración anterior se propuso variar. Pero ahora, inteligentemente, don Teófilo cambia aquella posición y, si se me permite así decirlo, parece haber escuchado razones para variar posiciones que no conducían a nada más que a una inopia segura en la provisión eléctrica del país. Su proyecto de ley previo no iba a resolver el problema inminente de escasez de electricidad, en especial ante los atrasos con los proyectos de Reventazón y Diquís No muchos funcionarios públicos saben rectificar decisiones, al percibir que pueden estar equivocadas. Por ello, le reconozco el mérito de haber variado su actitud inicial.
Me agrada la última -tercera si se le quiere llamar- propuesta dirigida a asegurar el abastecimiento energético del país en el corto plazo, al abrir un espacio mayor a su provisión privada. Constituye un paso adelante y significativo en el esfuerzo por lograr un suministro adecuado de electricidad. Sin embargo, creo que no hay justificación para que ese paso hacia adelante siga siendo tan pequeño. La nueva propuesta no debe reprimir el desarrollo de un sector privado fuerte en el sector eléctrico, que esté preparado para competir eficientemente con otros oferentes de países vecinos y, sobre todo, que les permita lograr escalas de operación que hagan más rentables y seguras las inversiones que tengan que realizar. Así, no encuentro explicación lógica de por qué ampliar la capacidad instalada máxima por planta de 20 a tan sólo 30 megawatts. Por ejemplo, una capacidad máxima permitida de 50 megawatts no sólo es factible realizarla sin problemas significativos, sino que su tamaño podría hacer la operación más rentable, la inversión más manejable y, sobre todo, lograr suplir en el plazo más corto posible la electricidad requerida por el país.
En el mismo sentido no me explico porqué tan sólo aumenta de un 15 a un 25% la provisión privada (que incluye a cooperativas, entre otros) del total de energía eléctrica producida en el país. Parece que el intento de conservar ciertos privilegios es lo que está detrás de estos tímidos pasos de apertura al sector privado, como proveedor impostergable e indispensable de energía en el país.
Debe recordarse que el precio al cual se adquiriría la nueva electricidad producida por estas nuevas plantas privadas es fijado por la ARESEP, razón por la cual aprovecho la oportunidad de recalcar la importancia de que esa entidad haga las cosas bien y rápidamente. Debe comprender que si la tarifa no es adecuada, esa inversión privada no se llevará a cabo o, tal como ha sucedido hasta el momento, se vaya a Panamá a producir esa misma energía, para luego venderla a Costa Rica a precios más altos. La ARESEP debe saber que en la actualidad están en proceso de construcción, tan sólo en Chiriquí, Panamá, 32 plantas que eventualmente venderían a nuestro país la energía que produzcan. Si les preocupa un hipotético sobre-abastecimiento, deben tener presente que si existe un mercado dinámico y en crecimiento en cuanto a demanda de electricidad es el propio mercado panameño, por lo cual esas firmas fácilmente podrían variar el destino de su producción, si así fuera más rentable para ellas. Claro, todo está en los precios que los productores privados de electricidad, tanto nacionales como desde el exterior, puedan obtener y es aquí donde ARESEP debe tener “bien puestas las pilas“.
Jorge Corrales Quesada
lunes, 16 de mayo de 2011
Tema polémico: los sucesos en La Reforma
El día de hoy queremos repasar algunas ideas relevantes en relación con lo acontecido en La Reforma la semana pasada. Mucho de lo aquí escrito ya lo hemos expresado en otras oportunidades, pero a la sombra de estos acontecimientos no queda más remedio que insistir con nuestras "majaderías".
Antes de iniciar el análisis, debemos manifestar el asco y repudio que nos ha embargado con la terrible noticia de que un custodio trabajador y honesto muriera a causa de estos desalmados. Dicho lo anterior y deseando con todas nuestras fuerzas que tal evento no vuelva a ocurrir damos paso a unas cuantas reflexiones respecto a los hechos acaecidos.
Del criminal como víctima
Es menester manifestar, en este momento, nuestro rechazo total a una serie de pseudo-teorías que algunos trasnochados intelectuales cacarean, en las cuales se presenta al delincuente como víctima social. En este sentido el ambiente cultural-social-económico-político-familiar es el que empuja al delincuente a cometer sus actos, siendo dichas actuaciones consecuencias lógicas y necesarias del ambiente en que dicho sujeto se desenvuelve.
El problema de tan pobre teoría salta a la vista: es que es incapaz de explicar satisfactoriamente por qué individuos sometidos a los mismos condicionamientos obran de forma totalmente distinta, evitando el camino del crimen, la muerte y la destrucción. Tampoco puede dar cuenta de por qué individuos sometidos a contextos muy favorables también delinquen.
Precisamente, lo que esto nos muestra es que nos encontramos a un mero problema de valores simplemente algunas personas prefieren delinquir a no delinquir, y es a la luz de este libre albedrío que deben de ser juzgados con todo el peso de la ley, sin que charlatanes del pizarrón creen narrativas para justificar sus actos.
Muerto el perro acabada la rabia
En ASOJOD hemos insistido en repetidas ocasiones en el carácter ético de la pena de muerte. Suscribimos la ética objetivista que reza: dar valor con valor. En este sentido, las personas deben de ser tratadas tal y como estas tratan a otras. Si existen criaturas que han matado a un ser inocente, igual suerte deben de correr. Los seres humanos decentes (lo cual es una redundancia en términos), no pueden convivir con estos forajidos que han renunciado a la civilización (esto es el intercambio a través de la división del trabajo por medio de la cooperación social, siendo cada individuo un fin en si mismo, sin que otro pueda atentar contra los derechos de éste) actuando única y exclusivamente a través de la violencia, el miedo y la extorsión.
Si el monstruo Hurtado hubiera sido castigado como debió haberlo sido con el crimen de Monteverde (esto es con su muerte), hubiéramos tenido un monstruo menos alrededor nuestro, o sea una amenaza menos de que preocuparnos. Queremos aclarar que nadie está hablando aquí de muertes sistemáticas o cosas por el estilo, para evitar las falsas acusaciones; simplemente nos referimos que aquellas bestias que han decidido iniciar la fuerza contra un ser humano y quitarle su vida, en el caso de ser encontradas culpables en un proceso judicial transparente y justo que deben de ser castigas con la pena de muerte.
El que mucho abarca poco aprieta
Por último, queremos insistir una vez más como nuestro Estado es todo menos eso. Ha renunciado a su tarea fundamental la cual es protegernos, para dedicarse a vender electricidad, telefonía, internet, gasolina, agua, seguros, a otorgar vivienda, salud, educación, etc., descuidando de forma sistemática e irresponsable la seguridad de sus ciudadanos. Ese descuido nos ha costado muy caro, con la vida de cientos de inocentes.
Estas razones nos llevan, una vez más, a sostener la necesidad de aplicar la pena de muerte a individuos que son incapaces de respetar el derecho a la vida que tienen los otros. Cualquiera que no pueda respetar eso, simplemente es incapaz de convivir en sociedad y se convierte en una amenaza total para el progreso de cada individuo con quien puede interrelacionarse.
En ASOJOD insistimos en que las personas decentes, honestas y trabajadoras no deben vivir en un estado de amenaza constante con ese tipo de bestias.
Antes de iniciar el análisis, debemos manifestar el asco y repudio que nos ha embargado con la terrible noticia de que un custodio trabajador y honesto muriera a causa de estos desalmados. Dicho lo anterior y deseando con todas nuestras fuerzas que tal evento no vuelva a ocurrir damos paso a unas cuantas reflexiones respecto a los hechos acaecidos.
Del criminal como víctima
Es menester manifestar, en este momento, nuestro rechazo total a una serie de pseudo-teorías que algunos trasnochados intelectuales cacarean, en las cuales se presenta al delincuente como víctima social. En este sentido el ambiente cultural-social-económico-político-familiar es el que empuja al delincuente a cometer sus actos, siendo dichas actuaciones consecuencias lógicas y necesarias del ambiente en que dicho sujeto se desenvuelve.
El problema de tan pobre teoría salta a la vista: es que es incapaz de explicar satisfactoriamente por qué individuos sometidos a los mismos condicionamientos obran de forma totalmente distinta, evitando el camino del crimen, la muerte y la destrucción. Tampoco puede dar cuenta de por qué individuos sometidos a contextos muy favorables también delinquen.
Precisamente, lo que esto nos muestra es que nos encontramos a un mero problema de valores simplemente algunas personas prefieren delinquir a no delinquir, y es a la luz de este libre albedrío que deben de ser juzgados con todo el peso de la ley, sin que charlatanes del pizarrón creen narrativas para justificar sus actos.
Muerto el perro acabada la rabia
En ASOJOD hemos insistido en repetidas ocasiones en el carácter ético de la pena de muerte. Suscribimos la ética objetivista que reza: dar valor con valor. En este sentido, las personas deben de ser tratadas tal y como estas tratan a otras. Si existen criaturas que han matado a un ser inocente, igual suerte deben de correr. Los seres humanos decentes (lo cual es una redundancia en términos), no pueden convivir con estos forajidos que han renunciado a la civilización (esto es el intercambio a través de la división del trabajo por medio de la cooperación social, siendo cada individuo un fin en si mismo, sin que otro pueda atentar contra los derechos de éste) actuando única y exclusivamente a través de la violencia, el miedo y la extorsión.
Si el monstruo Hurtado hubiera sido castigado como debió haberlo sido con el crimen de Monteverde (esto es con su muerte), hubiéramos tenido un monstruo menos alrededor nuestro, o sea una amenaza menos de que preocuparnos. Queremos aclarar que nadie está hablando aquí de muertes sistemáticas o cosas por el estilo, para evitar las falsas acusaciones; simplemente nos referimos que aquellas bestias que han decidido iniciar la fuerza contra un ser humano y quitarle su vida, en el caso de ser encontradas culpables en un proceso judicial transparente y justo que deben de ser castigas con la pena de muerte.
El que mucho abarca poco aprieta
Por último, queremos insistir una vez más como nuestro Estado es todo menos eso. Ha renunciado a su tarea fundamental la cual es protegernos, para dedicarse a vender electricidad, telefonía, internet, gasolina, agua, seguros, a otorgar vivienda, salud, educación, etc., descuidando de forma sistemática e irresponsable la seguridad de sus ciudadanos. Ese descuido nos ha costado muy caro, con la vida de cientos de inocentes.
Estas razones nos llevan, una vez más, a sostener la necesidad de aplicar la pena de muerte a individuos que son incapaces de respetar el derecho a la vida que tienen los otros. Cualquiera que no pueda respetar eso, simplemente es incapaz de convivir en sociedad y se convierte en una amenaza total para el progreso de cada individuo con quien puede interrelacionarse.
En ASOJOD insistimos en que las personas decentes, honestas y trabajadoras no deben vivir en un estado de amenaza constante con ese tipo de bestias.
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