Tema Polémico: El peso de los recursos naturales sobre el desarrollo

El constante incremento del precio de la gasolina, aunque no siempre ha tenido que ver con el costo internacional del petróleo, sin duda alguna preocupa mucho al país pues es clara la dependencia que tenemos todos por el petróleo de una forma u otra. A raíz de esto, muchos desearían que Costa Rica tuviera y extrajera petróleo de modo que no se tenga que depender de los precios internacionales. De hecho en Costa Rica existen reservas de petróleo aunque aun no se conoce bien sobre la cantidad y calidad del mismo así que cierto grado de independencia energética es viable, sin embargo, poco probable.

En ASOJOD no tenemos ningún inconveniente con que se extraiga petróleo en el país pues ciertamente ayudaría a disminuir costos de producción y transacción y beneficiaría el empleo, sin embargo el objetivo del tema polémico del día de hoy es comentar sobre las consecuencias que podría provocar en la sociedad  la actividad de explotación de recursos naturales como el petróleo cuando el mismo es la base más importante y relevante de la actividad económica.

Existe la creencia de muchas personas de que la riqueza de los países depende de la cantidad de recursos naturales que tengan. Sin bien es cierto, los países que cuentan con grandes cantidades de un recurso muy demandado generan mucho dinero esto no necesariamente implica un bienestar económico en la sociedad. Ejemplos que contradicen esa creencia hay muchísimos como por ejemplo Arabia Saudita, Venezuela y Nigeria. Por el contrario, otros países que no cuentan casi con ningún recurso natural como Singapur y Hong Kong son sumamente desarrollados.  Fuera de ser una ventaja, en algunos países la presencia de recursos naturales de mucha demanda más bien tiene un efecto perjudicial aumentando la corrupción y propiciando la presencia de gobiernos autoritarios. Se podría decir que el petróleo es el opio de muchas naciones. 

En ASOJOD estamos seguros que la riqueza de una nación no depende de la cantidad de petróleo, gas o cobre (por mencionar algunos) que se tenga, sino, de la calidad de su capital humano. Son los países con altos niveles de educación, de innovación y de emprendedurismo los que realmente triunfan en esta época. Los recursos naturales están al puro inicio de la cadena de valor del mercado y son, por lo tanto, los que menor valor agregado generan sobre la sociedad. Pareciera, más bien, que al no contar con recursos naturales y no verse tentados por el “dinero fácil” muchos países tienen un incentivo mayor para desarrollarse por medio de actividades de mayor valor. De los países más desarrollados del mundo muchos tienen reservas de recursos naturales, sin embargo, la diferencia radica en que en ninguno de estos países estos recursos representan una parte esencial de la economía y más bien son países con economías sumamente diversificadas. 

Muchos Latinoamericanos tienden a creer que porque en esta región de mundo hay muchos recursos naturales tenemos el futuro asegurado. Esta creencia está muy equivocada y la historia lo comprueba. Para que esta región crezca es importante que se dejen esas creencias tan simplistas y se enfoque en crear capital humano de calidad.

Viernes de Recomendación

El día de hoy les presentamos la entrevista del ex-Diputado Federico Malavassi Calvo, realizada en el programa Hablando Claro. En la misma, se repasa el panorama actual y futuro de la política nacional.

La columna de Carlos Federico Smith: sequía eléctrica

A pesar de lo difícil que es, desde hace ya su buen tiempo, los expertos en predecir el clima ubicados en instituciones especializadas internacionales, nos han anunciado un nuevo arribo del fenómeno conocido como el Niño, el cual se suele caracterizar por provocar una más intensa sequía en lo que llamamos verano.

Desde tiempos inmemoriales, los ciudadanos de este país sabemos que una característica de nuestro verano es que escasea el agua en los ríos y en los depósitos de agua, ya sean naturales o artificiales.  También sabemos que, ante una demanda dada, si disminuye la producción de electricidad producida con fuentes hídricas, se hace necesario acudir a otras fuentes sustitutas de generación. En Costa Rica una parte significativa de la producción energética dedicada a suplir esos faltantes, se ha hecho mediante la utilización de plantas que emplean combustibles fósiles, derivados del petróleo. Por ello, si se espera que arribe el fenómeno del Niño, con su escasez de aguas, y si a la vez los precios internacionales de los combustibles experimentan un serio aumento, entonces, no se necesita ser un brujo de alto calibre para señalar que enfrentaremos graves problemas. Eso es lo que simplonamente ha hecho el jerarca del MINAET, al indicar públicamente en días recientes que, por la utilización que habrá de darse de combustibles fósiles ante la falta de agua en el Arenal, será necesario aumentar fuertemente el costo de la energía eléctrica. Por supuesto, eso lo terminamos pagando los ciudadanos.

Lo anteriormente expuesto por el Ministro -algo de sentido común- no hubiéramos tenido otra posibilidad más que aceptarlo, de no ser porque esas mismas autoridades, por razones esencialmente ideológicas, se han opuesto sistemáticamente a que el sector privado pueda suplir faltantes de energía eléctrica producida hidráulicamente. Esto es, con sus políticas ha impedido el desarrollo de nuevas fuentes de oferta de electricidad producida con nuestras aguas, pues la sequía que se avecina, que necesariamente las reducirá, no parece llegar a un grado tal como para extinguirla en su totalidad en todos nuestros ríos.  Si la sequía acabara con toda posibilidad de disponer de cauces para generar electricidad, pues no habría posibilidad de suplir lo que realmente parece que se dará, cual es una disminución de la electricidad que actualmente se produce. Lo esencial es enfatizar que se trata de ver cómo se pueden suplir complementariamente los faltantes energéticos producidos con agua, que se avecinan a partir de la actual estructura de producción.

De hecho los productores privados han ofrecido suplir electricidad proveniente de las aguas a un costo mucho menor que el que actualmente deberá pagar el país, al menos en comparación con los de la planta térmica de Garabito. Se ha señalado que el costo de un kilovatio-hora producido privadamente oscilaría entre $0.08 y $0.12, en tanto que el de aquella planta es de $0.46. El caso es claro. Ya sabemos que ese costo mayor, al usar marginalmente las plantas térmicas del ICE, nos será trasladado casi automáticamente por la acción de la ARESEP, ese órgano que lo único que parece mostrarnos es que sirve para hacerlo en detrimento del bienestar de los consumidores y en beneficio de los monopolios públicos.

La ideología contraria a la posibilidad de que numerosas empresas privadas puedan producir electricidad de forma más barata, en comparación a como actualmente lo hacen los entes estatales, no puede seguir así de campante y provocando que ella se refleje en un menor ingreso disponible de las familias costarricenses.  Debemos lograr una mayor eficiencia mediante la competencia. No se vale en esta lucha pensar que, si se abre un poquito el monopolio estatal productor de electricidad, permitiendo que sean algunos pocos que han venido impulsando tal participación, los que puedan entrar a proveer energía más barata, se va a resolver el verdadero problema.  La apertura debe ser total, lo más ampliamente posible, sin que medien subsidios para algunos, a fin de que, compitiendo entre sí, los numerosos oferentes se vean obligados a ser lo más eficientes que puedan, produciendo cada uno de ellos la electricidad de la forma más barata que logren hacerlo.  En su búsqueda de ganancias, los proveedores nos darían un enorme beneficio a los consumidores. 

Parte de lo que muestra esta actitud de las autoridades de gobierno, es la existencia de una política energética que esencialmente descansa en la producción de parte del estado. Debería, en vez de ella, tratar de hacer que el sector privado logre producir lo más posible, de la manera más barata. Sólo una plena competencia lo podría lograr. No lo hará un sistema de producción basado en lo que conocemos como un capitalismo de los amigotes.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: UCR: fábrica de desigualdad

El día de ayer se publicó una noticia en el periódico La Nación que en nada debe sorprendernos: que los Alumnos de Colegios Privados tienen mayores posibilidades de ingresar a la Universidad de Costa Rica, que aquellos de Centros Públicos o de Educación Abierta. Concretamente los alumnos de Colegios Privados tienen un 47% de éxito en su intento para ingresar a dicho centro de educación superior, mientras que los de Colegios Públicos y de Educación Abierta tienen un porcentaje de éxito que ronda en el 23% y 18% respectivamente.

En ASOJOD estamos en contra de toda redistribución de la riqueza tanto de ricos a pobres, pero especialmente de pobres a ricos. En este sentido, es una pena que la educación superior pública subsidie a muchachos que provienen de los quintiles de ingreso más altos de la población costarricense. Ante este panorama absolutamente desalentador que evidencia perfectamente el desastre de políticas públicas que se implementan en nuestro país, salta obligatoriamente la pregunta de qué podemos hacer al respecto.

Como se imaginarán nuestros lectores, en ASOJOD no vemos ninguna razón particular para que el Estado participe en la educación superior, incluso podría existir un verdadero peligro en caso de que el Estado pretendiera manipular la educación en función de sus intereses. Pero, desde una ingeniería social popperiana entendemos que lo anterior no es una opción, por lo que debemos trabajar con el panorama actual en aras de mejorarlo.

Así las cosas nos parece que dos simples soluciones ayudarían mucho a solventar este problema: a) que como tesis de principio todo estudiante que ingrese a la Universidad debe pagar el precio real de mercado del servicio que recibe, siendo únicamente subsidiados aquellos estudiantes que demuestren no contar con ingresos suficientes para costear su educación; b) producir una verdadera redistribución educativa, nos explicamos. Evidentemente, el punto “a” sólo servirá para acabar con el grotesco subsidio que hoy existe, pero en nada ayudará a mejorar las oportunidades de ingreso a la Universidad por parte de estudiantes que provengan de colegios públicos. Por ello, lo que proponemos es que a partir de los nuevos recursos que la Universidad generaría en virtud de los pagos de matrícula, se impulse un proceso de digitalización de la educación, para que todo estudiante que no lograra ingresar a la Universidad, pueda tener acceso a las lecciones que se imparten con lo cual todos los estudiantes independientemente que ingresaran o no podrían beneficiarse de los servicios de la Universidad.

Lo anterior son un par de soluciones sencillas, que para ser implementadas no requieren otra cosa que voluntad por parte de las autoridades de la Universidad. Tal vez así podamos dar fin a la máxima de las ironías: que la desigualdad social se cocina y produce en el lugar mismo en donde es más denunciada…

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos ofrecerles un interesante artículo de Leonard Peikoff, heredero intelectual de Ayn Rand, denominado "¿Por qué los empresarios necesitan la filosofía?". En él, el autor explica la naturaleza del empresario como un ser egoísta que busca su propio beneficio, creando, innovando y produciendo, generando riqueza y, secundariamente, mejorando la vida de sus congéneres.Y señala que él ocupa la filosofía para entender por qué en la actualidad, es quizá el ser más vilipendiado y atacado en una sociedad, a pesar de ser quien la mueve y le permite progresar. 

De acuerdo con el autor, mientras el empresario no entienda la enorme importancia de su rol, seguirá siendo el chivo expiatorio de los mediocres, de los incapaces de producir y que se dedican profesionalmente al parasitismo, viviendo a costa de quienes sí generan riqueza. Gracias a la cobardía de algunos empresarios, que se avergüenzan de ser los Atlas que sostienen al mundo y se justifican diciendo que ellos no buscan el beneficio propio sino que son altruistas, la gente ha aceptado la idea de que es malo ser empresario. Por causa de esa creencia tan generalizada, Peikoff considera que los políticos han tenido terreno fértil para regular, constreñir y ahogar la actividad empresarial, enviando a la hoguera tributaria a todo aquel "desalmado" que quiera enriquecerse, que quiera producir. 

Este importante ensayo nos muestra cómo una premisa tan perversa como la creencia de que el empresario es, por naturaleza, malvado, ha derivado en una justificación para castrarlo y llevar a la sociedad a una corrupción moral, fomentando que los individuos piensen que pueden repartir lo no creado, que pueden beneficiarse del trabajo de otros sin merecerlo, justificando la existencia de un tipo de esclavitud que no es criticada por los periódicos ni por los sindicalistas o por los académicos: el empresario que produce para que otros disfruten su obra. 

Desde la tribuna: diagnóstico, llamada de atención y recomendaciones

Desde la expectativa de lograr información, compartirla y contrastarla, la actividad convocado y organizada por la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) el pasado 10 de octubre en el Hotal Aurola Holyday Inn fue un éxito total.

Expresidentes del Banco Central, exdiputados, una diputada, pensadores y empresarios compartieron disertaciones, opiniones, información y perspectivas en una enjundiosa Mesa de Trabajo convocada bajo el tema “Presente y Futuro de la Libertad Económica en Costa Rica”.

Algunos se concentraron en el examen de las aperturas lentas y sufridas que lleva a cabo la sociedad costarricense, con buen análisis y criterio técnico.  Otros ofrecieron diversos aportes acerca del desempeño económico de nuestra sociedad en el concierto internacional.

Otros insistieron en lo complicada que está la situación nacional, con riesgo total para sus integrantes por lo limitada que está la libertad económica y por los riesgos que se ven venir.

Y es que la variedad de enfoques, la cantidad de información, los diversos análisis resultaron en una actividad muy intensa, muy profunda y muy rica.  Había información económica, monetaria, jurídica, legislativa e internacional que se suplió de manera oportuna y apropiada.

Al final, quedó claro que hay grave amenaza para la libertad en general y en particular para la libertad económica, ha habido regateo de las aperturas, el Estado costarricense acapara actividades esenciales y no se desempeña bien, la legislación va en una tendencia malsana, estatizando actividades y bienes, hay confusión jurídica que diluye el valor de los derechos fundamentales.

Las zonas francas son una excepción que debería generalizarse (todo el país debería ser zona franca):  de tal modo habría crecimiento del empleo, mayor transferencia de tecnología y atracción de la inversión.  El desorden económico estatal es un ancla que impide que la sociedad costarricense navegue ágilmente en las aguas del desarrollo.  La mala administración pública y la constante amenaza impositiva, sumada a los problemas anteriores, espantan la inversión y la complican la actividad empresarial.

La formación de mercados no avanza por problemas de inseguridad jurídica y falta de flexibilización adecuada. 

El regateo de las aperturas se conjuga con vivezas de algunas instituciones públicas y el resultado no es nada halagüeño.

De tal modo, se hace necesario denunciar lo que está pasando en torno a la libertad, las amenazas de legislación estatista, cómo se está obstaculizando específicamente la libertad económica y las graves consecuencias de ello en el desarrollo económico, el peligro de atacar las fuentes de empleo y mal desempeño público.

Hay que monitorear más intensamente los proyectos de ley, alertar a la opinión pública acerca del rumbo de las tendencias legislativas y jurisprudenciales, denunciar con mayor intensidad el mal desempeño de las instituciones públicas, sobre todo las que afectan el rumbo económico del país y acaparan las fuentes de energía.  

Debe generarse oposición a los proyectos de ley inconvenientes por demagógicos, por insostenibles y estatistas.  Debe hacer cabildeo abierto contra tales proyectos de ley, con suficiente tiempo para que la sociedad pueda enterarse de los riesgos que entrañan.

Debe difundirse el conocimiento económico y cuáles son las rutas del desarrollo, para que la sociedad costarricense tome conciencia de la importancia de libertad económica y de cuánto se complica el futuro con la intervención pública.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: Malala Yousafzai

Ese es el nombre de la niñita que fue baleada hace pocos días por un talibán paquistaní, ansioso de aplicar una condena de muerte por el “pecaminoso” delito cometido por esa menor: que las niñas pudieran tener acceso a la educación. No se puede decir que ese fuera un acto cobarde cometido por ese talibán, quien subió al autobús que conducía a la estudiante a su casa, preguntó por ella a sus compañeritos y, al lograrla identificar, simplemente la acribilló a tiros. Lo más probable es que lo hiciera con gozo, con plena satisfacción, pues al hacerlo cumplía con el mandato religioso de algunos talibanes salvajes, cuya religión no les permite aceptar que una niña de escasos 14 años abogara por la educación de las mujercitas. En el fondo de las cosas, se trata de bestias barbudas travestidas de humanos.

La lucha de Malala no es por algo que hiciera el día de octubre en que intentaron asesinarla. Fue el castigo por haber defendido públicamente desde sus 11 años su derecho a educarse como persona, como mujer, a lo cual se oponía el fundamentalismo talibán de donde vivía. Ese fue su grave delito merecedor de la pena capital talibana. Por ello, en su primitivismo, aquellos abogaron por eliminarla físicamente. Se trató, una vez más, de la aplicación de la ley Sharia o código moral y religioso del Islam, que en opinión de algunos fanáticos considera que las mujeres son poco más que máquinas reproductoras. Debo, eso sí, reconocer que practicantes de esa religión han visto con disgusto pleno lo sucedido, pues es tan inhumano que hasta un grupo importante de sus religiosos emitió una fetua o procedimiento legal en contra de los malditos agresores.

Lo que ha sucedido con Malala se une a otra serie de acontecimientos que señalan con toda claridad que existe un extremismo terrorista dentro de círculos musulmanes. Enfatizo, en grupos de musulmanes, no es algo propio de todos los creyentes musulmanes. Es frente a los primeros que el mundo civilizado debe estar alerta y ser muy claro en su definición: se trata de grupos que consideran que la terminación de la vida en la tierra, tal y como la conocemos, es el fin último de su religión, fin de preparar la segunda venida de su Mesías a la Tierra. Para lograrlo están dispuestos a actuar de la forma que sea.  Desde destruir dos torres en Nueva York para causar el máximo daño, desde amenazar con la destrucción nuclear final al estado democrático de Israel, pasando por la autoinmolación –el suicidio- con tal de que ocasione la muerte de infieles, o para acabar con las Malalas, niñas que sólo desean estudiar.

Tal visión debe ser contrastada con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ese pronunciamiento liberal esencial de las Naciones Unidos definido en París en 1948, que enfatiza, en una parte, la libertad de conciencia y de religión y, en otra, que toda persona tiene el derecho a la educación.
Con franqueza lo digo. Hace que apruebe de todo corazón lo que apareció recientemente en un poster en autobuses de Nueva York: “En cualquier guerra entre el hombre civilizado y el salvaje, apoye al hombre civilizado. Apoye a Israel. Derrote a la jihad”, esto es, a la obligación religiosa de lucha de los musulmanes: una guerra santa o jihad que pretenden imponer algunos grupos extremistas, porque yo sí los considero como extremistas y, a diferencia de Obama, me atrevo a llamarlos como lo que son. 

Espero, en Dios y en Alá y en los hombres y mujeres de bien, que Malala sobreviva y que así lo puedan hacer la sanidad, la civilización y los derechos de la humanidad, ante el sectarismo fundamentalista que pretende aniquilarlos a como haya lugar.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: los Tribunales y el desempleo

Recientes sentencias de la Sala II y de la Sala IV del Poder Judicial muestran cuán desfasadas están muchas de las normas en relación con la realidad. En primera instancia, la Sala II tuvo frente a sí un caso de un hombre al que se le contrató para pintar una casa y, al caerse de un andamio, perdió parcialmente la vista. Además de condenar a los dueños de la casa a pagar una indemnización vitalicia, ese Tribunal estableció que todo trabajador independiente y ocasional, para ser contratado, tiene que estar obligatoriamente asegurado contra riesgos del trabajo. Por su parte, la Sala IV ratificó su jurisprudencia con respecto a los saloneros, determinando que la propina tiene que ser contabilizada como parte del salario, aumentando el cálculo de las cargas sociales. 

Frente a la crisis que enfrenta nuestra economía, cuando cada vez más cuesta encontrar o conservar un trabajo, los Tribunales de Justicia, con una interpretación que se dice ser evolutiva de los derechos del trabajador, complica aún más la situación. La decisión de la Sala II solo va a lograr una cosa: en lugar de proteger a los trabajadores –aunque ellos mismos no desean ser protegidos–, el hecho de exigir un seguro para trabajos temporales como pintar una casa, arreglar una gotera, etc. va a provocar que las personas ya no puedan contratarlos, porque los costos se elevan tanto que solo podrán afrontarse si ellos pasan de ser trabajadores independientes a empleados de una empresa o, en el caso extremo, a no encontrar empleo del todo. La consecuencia es que, frente al aumento del costo de contratar a un trabajador por tener que asegurarlo, las personas preferirán el hacerlo por sí mismos, es decir, se decantarán por el bricolaje–actividad manual que realiza un aficionado sin necesidad de contratar a un profesional–, aumentando el desempleo y reduciendo las oportunidades de cientos de obreros. 

Con lo de la Sala IV ocurre lo mismo. Desde hace varias décadas, con el impulso del entonces Presidente Luis Alberto Monge, se emitió una ley que creaba un impuesto del 10% de la cuenta de cada mesa a favor del salonero, a fin de asegurarle un ingreso fijo. A pesar que la intención podía ser buena, lo cierto es que, como casi todas las ocurrencias de los gobernantes, terminan en desastre. Saloneros y propietarios han demostrado que esa medida ha sido más bien perjudicial, por cuanto las sentencias de varios juzgados laborales y de la Sala II hace 20 años, obligaron a incluir ese monto –llamado propina– en los montos para calcular aguinaldos y prestaciones. El resultado es que, frente a la crisis económica, miles de negocios están afrontando grandes problemas para mantenerse a flote y muchos de ellos están cerrando, con el consecuente despido de los saloneros, porque el costo de pagarles es demasiado alto. Y si a eso se le suma que tanto Tribunales como Asamblea Legislativa están deseosos de implementar la imprescriptibilidad de las deudas por concepto de cuotas obrero-patronales, definitivamente ningún negocio podrá subsistir. 

Lo curioso de todo esto es que el argumento de los jueces es la protección de los derechos de los trabajadores a salarios mínimos y seguridad social, pero olvidando el derecho más básico: el de trabajar. Con estas resoluciones, se les impedirá mantener su trabajo y sin eso, ningún otro derecho laboral tiene sentido. En ASOJOD lamentamos que algo tan elemental no sea considerado por esos operadores del derecho y que sigan ampliando el espectro de intervenciones del Estado en perjuicio de los individuos que quieren hacer negocios libre y voluntariamente entre sí, buscando el beneficio mutuo. Una vez más, el Estado perjudica a aquellos que dice defender.

Viernes de Recomendación

La Asociación Nacional de Fomento Económico

Invita


Cineforo: Emprendedurismo. “La Rebelión  de Atlas”






Fecha: 18 de octubre
Lugar: Sala Garbo. Calle 28, Avenida Segunda. De la Pizza Hutt del Paseo Colón 100 mts Sur
Hora: 6:30PM- 9:00PM

Programa

6:00pm – 6.25pm- Registro de participantes

6:25pm – 6:35pm  Sr. Oscar Álvarez, Presidente de ANFE (palabras de bienvenida)

6:35pm – 8:00pm Película Rebelión de Atlas

8:00pm – 8:20pm  Sra. Patricia Ramírez, Fundación Alas.

8:20pm – 8:40pm  Sr. Andrés Pozuelo, Empresario.

8:40pm – 8:55pm  Sr. Alejandro Barrantes, Asesor Parlamentario

8:55pm – 9:00pm  Palabras de Agradecimiento y despedida



Costo:  2000,oo (dos mil colones). con derecho a un libro de ANFE.
Importante: Cupo Limitado
Reservaciones: Teléfonos: 2253-4460 / 2224-7350 / 8996-6569


Teléfono: 2253-4460 *Telefax: 2253-4497 * Apartado 3577-1000 San José, Costa Rica
E-mail: info@anfe.cr

La columna de Carlos Federico Smith: proyecto de presupuesto ordinario del Gobierno Central del 2013

No parecen ser muy buenas las noticias acerca del presupuesto del 2013 que el gobierno de la República presentó para la aprobación legislativa. Este presupuesto se refiere únicamente al del Gobierno Central, el cual constituye una porción relativamente pequeña de la totalidad del sector público, pues no incluye a los entes autónomos. Por ello, ante la situación fiscal actual de un elevado déficit en el sector público, uno esperaría que contuviera una moderación importante en el gasto, tal como lo ha venido predicando el Ministerio de Hacienda.  

Personalmente he respaldado dicho esfuerzo, pues me parece que es crucial para poder lograr una necesaria e importante estabilidad en nuestra economía.  Pero, como indiqué, hay datos que al momento me preocupan. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, al analizar ese presupuesto, indicó que, por primera vez, la sub-partida destinada al pago de incentivos salariales excede a aquella destinada al pago de los salarios base. El gobierno, concretamente el Ministerio de Hacienda, con toda razón había dicho que era necesario frenar el exceso insostenible de pagos salariales por incentivos e incluso habló de actuar pronto en ese sentido. Pero al momento no se ve propuesta alguna concreta de parte del gobierno para frenar ese desborde inconveniente del gasto gubernamental. ¿Otra vez, puras palabras?

También el presupuesto para el 2013 aumenta las plazas en el gobierno.  Solicita que para este año se aprueben 3189 nuevas contrataciones, lo cual contrasta con tan sólo 1573 aprobadas en el 2012 y 513 en el 2011. Simplemente “olvidaron” la directriz que habían aplicado desde el 2011, de congelar el empleo en el gobierno central. La excusa que para ello nos da el Ministro de Hacienda es que se ve obligado a hacerlo debido a decisiones legales de la Asamblea Legislativa. Si es que el esfuerzo restrictivo del gasto va en serio, esa declaración debería de haber sido acompañada de una propuesta para variar las leyes que han provocado ese incremento.  Sería una señal de que el ordenamiento fiscal no es mera palabrería. Cuando aprobaron esas leyes yo no vi un fuerte interés del gobierno central para impedir el aumento de la burocracia y debe tenerse presente que esa aprobación posiblemente se logró con el voto de diputados del propio gobierno. Los ciudadanos, quienes de una u otra manera tendremos que pagar ese mayor gasto gubernamental, quedamos jodidos, por un lado o por el otro.

Algo grave de este presupuesto es que la Contraloría señala que, mientras se estima que la inflación del 2013 será de un 5%, el aumento en el rubro de remuneraciones que el gobierno pide será de un 10%. Es decir, hay un aumento real de un 5% en los montos de la planilla del gobierno. Por supuesto que es otra muy mala señal de lo que se nos dijo acerca de una firme actuación gubernamental para poner orden en las finanzas del estado.

Finalmente me atrevo a señalar que, una vez más, se incumplen normas básicas de orden fiscal cuando, brincándose la Constitución, este presupuesto financia gastos corrientes con endeudamiento. No se si la Sala Constitucional ha avalado esta práctica, pero, si así lo fuera, no hay razón para que la Contraloría se queje acerca de esa tan malsana práctica. Sé que, al final de cuentas, en este aspecto los gobernantes se beben en chicha a la Contraloría. Lo único que los Diputados pueden hacer es improbar la liquidación de los presupuestos al final del período correspondiente. Pero esa desaprobación no le importa al gobierno central. Así ha sido sucedido en los últimos años, razón por la cual uno se pregunta, ¿entonces para que está la Contraloría, si no se le hace caso en el control presupuestario que por ley debe ejercer?
Ser o no ser esa es la cuestión, señor Ministro de Hacienda.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Reglas y Responsabilidad Fiscal

El artículo 176 de la Constitución Política de Costa Rica hace que, por lo menos en el papel, esta Constitución se diferencie de muchas en Latinoamérica pues propicia la responsabilidad fiscal en el país cuando indica lo siguiente:

“El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, durante todo el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables.”

Luego, por medio de la ley 8131: “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” se crea la regla en el artículo 6 que obliga el cumplimiento de la responsabilidad fiscal propiciado en la Constitución. Esta regla obliga al Gobierno a financiar sus gastos corrientes únicamente por medio de ingresos corrientes propiciando, de esta manera, que el gobierno siempre gaste dentro de sus posibilidades e, indirectamente, se limita el tamaño del Estado a aquel que estén dispuestos a pagar los costarricenses. 

En ASOJOD nos parece muy bien la existencia de reglas que limiten la capacidad de acción de los gobernantes de turno a una dentro de ciertos límites de responsabilidad fiscal y monetaria que garanticen una estabilidad duradera en el tiempo. Esto es importante pues los gobernantes de turno siempre tienden a pensar en forma cortoplacista sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos en el futuro. Los gobernantes tienen siempre todo el estímulo para gastar pero ninguno para ahorrar. 

Lastimosamente, el problema con las reglas es que si el mismo gobierno las irrespeta no existe ninguna entidad superior que se encargue de poner al gobierno en cintura. Entonces, de que sirve una regla, si esta no se respeta y lastimosamente nuestros gobernantes vienen irrespetando esta ley desde hace varias décadas. La política fiscal de nuestro país dejo de ser una política con reglas a una simple política discrecional. Por ejemplo; Oscar Arias, tomando en cuenta únicamente objetivos cortoplacistas, decidió aumentar el tamaño del Estado a uno que los costarricenses no podíamos pagar. Por supuesto, ahora todos estamos viendo las consecuencias de sus actos con el déficit fiscal más elevado de Latinoamérica y tasas de interés cada vez más elevadas que están poniendo en riesgo el crecimiento de la producción.

Este mal no es único de Costa Rica y parece que está de moda en el mundo. Grecia, España, Italia y Portugal están en bancarrota con una gran crisis ya no solo financiera sino social gracias a políticas discrecionales similares a las nuestras pero que se tomaron mucho tiempo antes.  El mismo Estados Unidos, la economía más grande del mundo, esta cometiendo los mismos errores pero con la diferencia de que los bonos del tesoro de Estados Unidos aun son muy bien cotizados en el exterior y es por eso que no tienen una crisis inflacionaria galopante. 

Lo bueno es que si existen representantes del gobierno que entienden la necesidad de contar con responsabilidad fiscal para propiciar un mejor futuro del país. En ASOJOD apoyamos las iniciativas presentadas por algunos diputados en esta legislatura como son los expedientes N° 17.867 y 17.868, para reformar el artículo 176 constitucional y para instaurar la responsabilidad fiscal, así como el expediente N° 18.087 para castigar con la improbación del Presupuesto. Es necesario, si no queremos terminar como Grecia o Portugal que se tomen medidas prontas para resolver el problema del déficit fiscal y un necesario inicio es empezar a respetar las reglas fiscales y poner la “casa” en orden cuanto antes. 

Jumanji empresarial: grupos de interés y regulaciones

Una razón por la cual tienden a surgir y crecer las regulaciones es que grupos de interés de todo tipo pueden beneficiarse de ellas. El proceso de “búsqueda de rentas” por el cual los grupos de presión tuercen las políticas gubernamentales en su favor explica el hecho comúnmente observado que las regulaciones parecen, a menudo, dominadas por los intereses de los productores y otros grupos organizados más que por el “interés público”.
 

La razón por la cual los grupos de interés son tan influyentes en la regulación (y en otras políticas gubernamentales) es que los beneficios potenciales de la regulación están concentrados en sus miembros mientras que los costos de la regulación se dispersan entre un gran número de consumidores o aún entre toda la población. Tomemos, como ejemplo, una industria que podría beneficiarse si el gobierno estableciera una regulación que protegiera a sus miembros de las importaciones. Si la industria tiene éxito, todos los beneficios (por ejemplo, mayor empleo y mejores salarios a corto plazo en esa industria) recaen en todos sus miembros. Los costos (por ejemplo, mayores precios para los productos en cuestión) recaen en un gran número de consumidores.
 

Debido a que los beneficios están concentrados, la industria tiene un incentivo poderoso para invertir recursos en obtener esa protección –por ejemplo, produciendo información sobre las pérdidas de empleos y otros problemas que, aseguran, surgirán si el gobierno no actúa de acuerdo con sus deseos. Como estará mejor informada de las condiciones en la industria que el gobierno, espera tener una buena posibilidad de éxito.
 

Los consumidores individuales, por otro lado, enfrentan cada uno pequeños costos si la regulación es aprobada. Por lo tanto, tienen un incentivo débil para invertir en el tiempo y otros costos necesarios para oponerse a la regulación. Mucho consumidores pueden no darse cuenta de los costos envueltos. Por lo tanto, pese a que puede haber millones de “víctimas invisibles” de una regulación y los costos totales pueden exceder mucho a los beneficios del grupo organizado, puede que las víctimas monten sólo una débil oposición a ninguna.

Andrés Pozuelo Arce

Desde la tribuna: las simpáticas expresiones del Ministro de Hacienda

El Estado expresa que no es bueno usar su propia moneda …En el noticiero digital cr.hoy se consignan unas declaraciones del Ministro de Hacienda.  En esencia, sus declaraciones son las siguiente: “…los profesionales liberales que exigen pagar en efectivo muestran un indicador de evasión fiscal”. Agrega el reportaje lo siguiente: “Para el Ministro, no es posible que un profesional exija a su cliente el pago con dinero en efectivo cuando hay medidas alternativas como el pago con tarjetas de crédito o débito, así como con cheques.”

No me atrevo sino a decir sino tales manifestaciones son expresiones de lo más simpáticas.
 

Por supuesto que el primer simpático gazapo del Ministro es reconocer que los otros medios de pago son “alternativos”  (no “medidas alternativas” sino “medios de pago alternativos”). Tal reconocimiento pone al Ministro en una simpática posición, al margen de la ley.

Estamos claros que el Ministro de Hacienda tiene, entre sus funciones, la recolección de los impuestos y, entre ellos, el conocido como “impuesto sobre la renta”.  Este controversial impuesto es la causa del acoso permanente que ejerce el Estado sobre los ciudadanos en la mayor parte de la tierra.

En la actualidad es más efectivo para capturar maleantes (o personas signadas como tales) que el Derecho Penal.  Los delitos formales que derivan de la angurria estatal terminan siendo el motivo de juzgamiento de muchos y la motivación de persecuciones y alianzas internacionales. Cunden leyes contra blanqueo, contra movimientos de capitales, contra libertad en el uso de los ahorros y mil cosas más.  Incluso se ha creado el delito de “legitimación de capitales”.  Resultado de la presión por recaudar el impuesto han surgido diversas figuras que atentan contra la confidencialidad y el derecho a la intimidad.

Asunto curioso, pues por “renta”, originalmente, no podía pensarse sino en los ingresos provenientes de la tierra (se trataba de los ingresos de los propietarios, en un concepto más propio del derecho anglosajón y su sistema de “propiedad”).

La Ley Nº 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas se denomina “Ley del Impuesto sobre la Renta”, pero acto seguido, al describir hecho generador, materia imponible y demás especifidades del tema se indica que “se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas con actividades lucrativas”.  El resto del artículo 1º de la indicada Ley sigue abundando en la precisión del “histórico e impreciso” concepto de “renta” para terminarse indicando que “, se entenderá por rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios prestados, bienes situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, que se obtengan durante el período fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley.”

Todas estas cuestiones las planteo molesto por el tema principal del secuestro de la contabilidad, negación básica del respeto a la intimidad.  En la contabilidad, según el decir de los estudiosos, está la esencia misma de la revolución Industrial (confundida por algunos con el maquinismo y el uso de la fuerza del vapor, que no son sino consecuencia de poner a trabajar el capital, gracias a la revelación que significa una adecuada contabilidad).  Por ello digo que si la contabilidad era para trabajar mejor y tomar las mejores decisiones empresariales y productivas, “malhaya” la ocurrencia antijurídica de secuestrar tal información en pro del Estado.  Una intervención desdichada que desvía todo el actuar contable, empresarial y del Estado (que deja serlo de Derecho para torcerse en sus malos usos)

Ahora, el simpático Ministro agrega (en pro del mentado e impreciso Impuesto sobre la Renta), que es indicio de evasión (delito) que los profesionales exijan el pago en efectivo (dinero, billetes y monedas que emite el Estado).  ¡Válgame Dios!  La torcimos totalmente. 

¿Quién entiende?  Ahora el Estado no solo arremete contra la intimidad, la confidencialidad, la eficiencia y la productividad en beneficio de un impreciso concepto de Renta, sino que expresa que es malo usar el dinero que él emite.  ¿Será ilegal que el profesional costarricense exija, en Costa Rica, que el pago se le haga en billetes y monedas emitidas por el Estado de Costa Rica

Tan simpáticas expresiones del Ministro de Hacienda dejan sin valor las enseñanzas del Evangelio (Marcos 12, 17), pues aquella frase de “Dad al César lo que es del César …”, basamento de muchas teorías del Estado y de explicaciones cristianas acerca de la relación Estado e Iglesia, queda totalmente superada.  Según el Ministro, ya no hay que recibir la moneda del César. 

También tiene el Ministro de Hacienda la función de cuidar los fondos públicos, cuidar que se administren bien, preparar el proyecto de Presupuesto Nacional y analizar su contenido.  Si dedicara una parte del celo con que tan simpáticamente arremete contra los profesionales a hacer bien sus otras funciones, otro gallo cantaría.  Sería interesante que percibiera los indicios de despilfarro y administración infiel en el lado gubernamental, en lugar de dirigir simpáticos y gratuitos ataques contra los profesionales liberales

¡Qué genial sería que estuviera atento a los indicios de mal praxis pública en la Administración, en lugar de arremeter simpática e ilegalmente contra los profesionales.

Pero la vida no es así, para qué hacer lo lógico si siempre se puede hacer lo extravagante y simpático. 

Ha afirmado el Ministro que el uso de billetes y monedas emitidos por el Estado no es apropiado.  Ha afirmado el Ministro que pedir pago en efectivo es un supuesto de defraudación.  El Ministro prefiere que los profesionales reciban las tarjetas, el plástico, como modo de pago.

Prefiero pensar que el Ministro no tiene idea de lo que dice.  Para recibir el pago en tarjetas, habría que tener contrato con el emisor de la tarjeta (con cada emisor, pues hay multitud de emisores de tarjetas de crédito y débito).  Además, para asegurar el pago habría que tener el respectivo datafono.

Por ejemplo, un abogado que defiende a un imputado intervenido o a un deudor embargado no tiene otro remedio que pedir efectivo  (de lo contrario no verá el pago).

El pago en tarjetas, además, implica perder un porcentaje del pago (lo que cobra el emisor de la tarjeta).

¿Entiende el Ministro?

Me quedo con la tesis de que el Ministro quiere ser simpático, que sigue a Hayek en la desnacionalización del dinero y que sabe que algunas fotografías de los nuevos billetes son una ofensa al sentir de muchos costarricenses.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: acallando a Leonardo Garnier

Muchos habrán observado los diversos intentos por censurar la herejía de Leonardo Garnier, quien se atrevió a publicar algo titulado ”El Padre Nuestro”, en donde expresa sus opiniones acerca de la validez o lógica de tan reconocida oración cristiana.
 

Los intentos poco disfrazados de lincharle que he observado en distintos medios, van más allá de peticiones para que renuncie como Ministro de Educación, algo tal vez más que merecido por su afán de recomendar a amigotes para que accedieran a ciertos recursos públicos, lo cual se supone ningún funcionario público debería de hacer. Pero también exceden aquellas pretensiones de exigirle que se disculpe públicamente, principalmente ante la grey cristiana, conminación que más me huele a deseos de extremistas musulmanes de aplicar la pena de muerte, con base en la llamada Ley Sharia, a quien se atreva a blasfemar contra el profeta.

Me ha sorprendido que esas pretensiones de expiación y censura y no de una crítica sana en su contra, se hayan dado en un país que supuestamente endosa y garantiza la libertad de expresión.  Se puede considerar como indeseable, innecesario, agraviante y, para algún espíritu muy religioso, hasta odioso, lo que el señor Garnier escribió. Pero precisamente lo que la libertad de expresión garantiza es que el estado no pueda censurar, silenciar, tapar la boca, limitar la expresión, de los ciudadanos, excepto que directamente cause daño u ofenda (me imagino que definido por un juez) el honor de alguna otra persona. Incluso la libertad de expresión puede limitarse en casos en que notoriamente, mediante su ejercicio, se puede poner en peligro a terceros, como es el caso harto conocido en el Derecho, de gritar “fuego” en instalaciones cerradas, como es el de un cine lleno de gente.  

Pero de ello a exigirle a Leonardo que cierre su pico por ser ofensivo o pedir que lo quiten de su trabajo actual debido a lo que expresó, hay un mundo de distancia, en donde lo único que se muestra con notoriedad es una enorme intolerancia ante una opinión ajena acerca de la cual se puede diferir. ¡Que los sabios y los doctores de la ley, escribas y fariseos, los que ni saben de qué están escribiendo, todo el que quiera, que le muestren a Leonardo su error, le indiquen sus equivocaciones, le señalen un tal vez merecido desacuerdo, pero no pidan que se le impida pensar y decir lo que él piensa!  Esa es la libertad de expresión en la práctica: que cualquiera pueda escribir lo que quiera, sin ofender el buen nombre de otro. Refutar con lo que no se está de acuerdo o se disiente. Aunque me disguste lo que expresa un ser humano, me desagrade, esté en desacuerdo o discrepe en su totalidad, o ya sea que la considere como perversa o errónea, la persona debe estar en libertad de expresar lo que opina sobre cualquier cosa. Tolerar no significa aceptar lo que ese otro expresa, sino que se le permita hacerlo sin más consecuencia que lo que la ley determina si se practica un daño evidente contra un tercero. 

Por ello, comparto lo que una vez en 1859 escribió John Stuart Mill:   

“… debería existir completa libertad de profesar y discutir, como materia de convicción ética, cualquier doctrina, aunque sea considerada inmoral…” (John Stuart Mill, Sobre la Libertad, Madrid: Aguilar, 1971, p. 27), quien luego agrega: “La libertad completa de contradecir y desaprobar nuestra opinión es la única condición que nos permite suponer su verdad en relación a fines prácticos; y un ser humano no conseguirá de ningún otro modo la seguridad racional de estar en lo cierto.” (Id, p. 32).

Pero tanto como ha incomodado mi conciencia la pretensión de castigar a Leonardo (se ha escrito que hay una moción para que se presente a juicio ante nuestra sacrosanta, culta y tolerante Asamblea Legislativa), tal vez más lo ha sido la forma en que Leonardo intentó justificar lo que hizo.  Dijo que sólo se trataba de un cuento y que por ello fue que lo incluyó en la sección de “Cuentos” de su sitio personal en Internet. 

Creo que uno no debe justificar sus actos tratando de encubrirlo con propósitos ajenos a los que alguien considera como justificante para perseguirlo. Debería enhiestamente haberse plantado con base en su derecho esencial a la libre expresión y no en si se trata de un ensayo que refleja su ideario o en un cuento que sólo permite decir en terceros lo que tal vez piensa.  Esto último es irrelevante. Lo que en verdad está en juego es el derecho a la libertad y particularmente la de expresión.  

No creo que don Leonardo haya actuado así por cobardía, aunque debe ser muy doloroso luchar contra turbas intemperantes. Tal vez lo haya hecho más por oportunismo que por cualquier otra cosa. Lo que hoy tristemente he observado es una excusa flexible que le permita salir oportunamente del intríngulis, en vez de una columna construida con valores firmes y que está dispuesta a defender sus derechos esenciales. Yo defiendo a don Leonardo, porque así defiendo mi libertad.  Aunque después él se encoja de hombros y diga “no me defiendas, compadre”.

Jorge Corrales Quesada

Lineamientos para una Alianza Electoral

Desde varios meses atrás conocemos a la perfección quienes son los flamantes aspirantes a la presidencia por parte de Liberación Nacional. Pero, la semana anterior, hemos conocido nuevos intereses políticos por parte de miembros de la oposición. A la luz de esta dispersión de candidatos con la que aparentemente contará la oposición, bien vale la pena insistir una vez más en el tema de una Alianza para las próximas elecciones.

Al día de hoy, no cabe duda alguna que el único partido que cuenta con una estructura propiamente dicha es el PLN, de ahí la necesidad imperiosa por parte de los distintos miembro de la oposición de lograr consolidar una alianza y dejar de una vez por todas la atomización de sus fuerzas, ya que esta sólo beneficia al Partido oficialista. Evidentemente, lo anterior resulta muy fácil de decir, por ello la verdadera pregunta transita por cómo lograr una verdadera operativización de la Alianza, problema que en ASOJOD creemos que pasa por dos claves: personalismos y contenidos.

El plano de los personalismos probablemente sea el que más celos produzca, evidentemente existen demasiadas personas con ambiciones personales que desean llegar a la Presidencia. En este sentido, la decisión de quién debe ser el candidato debe proceder de un verdadero proceso democrático, esto es, una convención abierta en donde cualquiera (sin necesidad de partido alguno) pueda presentar su nombre, siendo la ciudadanía la que elija a quien mayor confianza le merezca. Los perdedores por su parte tendrán una cuota de poder proporcional al número de votos que alcancen, logrando así mantener un equilibrio justo entre todos los aspirantes y distintas fuerzas políticas.

Por otra parte, queda pendiente el tema del contenido de los programas de Gobierno.  En este aspecto, salta a la vista que la Alianza estará conformada por Partidos con visiones ideológicas radicalmente distintas por lo que se vuelve obligatorio encontrar un marco de acción común que resulte lo menos controvertida posible, pero que a su vez resulte altamente urgente en nuestro país. Bajo estos parámetros nos atrevemos a plantear los siguientes ejemplos: modernización de la infraestructura nacional (haciendo un especial énfasis en un sistema de transporte público eficiente por ejemplo un metro), modernizar el sistema de contratación administrativa (haciendo los procedimientos más ágiles y totalmente en línea), una profunda simplificación de trámites para los emprendedores, una profundización del sistema gobierno digital (no puede existir trámite alguno en el Estado que no pueda gestionarse en línea salvo obvias excepciones), una reforma al sistema político costarricense (elección de diputados, listas abiertas y desbloqueadas, reelección de los diputados, posibilidad de que personas sin partidos políticos postulen sus candidaturas, un sistema más riguroso de elección de magistrados), una solución definitiva al problema del empleo público y crecimiento del gasto y la deuda, un énfasis en el tema de la inseguridad que tanta zozobra y tragedias ha causado dentro de la sociedad costarricense, y una preocupación compulsiva en el tema de la ética en la función pública y la eliminación de todo tipo de corrupción.

Sinceramente, creemos que estos son los dos pilares fundamentales bajo los cuales debe de ser articulada la Alianza, de no ser así tendremos a los verdiblancos cuatro años más…