El día de hoy hemos escogido un tema que ha sido objeto de discusión tanto en la prensa como en los estrados judiciales de nuestro país: la restricción vehicular. Esta fue instaurada por el Decreto N° 34.577, emitido por el Presidente de la República y la Ministra de Obras Públicas y Transportes. En junio de 2008, el precio internacional del petróleo había superado los US $100 y seguía al alza, por lo que a nuestro Gobierno se le ocurrió la mágica idea de que tal situación ameritaba restringir el consumo de combustibles para "reducir la factura petrolera que pagaba el país". Si el Estado puede restringirnos el consumo,
El punto que el Poder Ejecutivo convenientemente pareció olvidar en ese momento es que cada ciudadano es quien decide qué hacer con su dinero, lo que significa que es libre para decidir si comprar o no cierta cantidad de combustible para reducir la "factura petrolera", ¿qué impedirá que restrinja nuestro consumo de computadoras, porque a juicio de un burócrata "la factura tecnológica" es muy alta? ¿Por qué es válido restringir el consumo de combustibles y no de cualquier otro bien?
Pero no fue el único problema: cuando el precio del petróleo cayo de manera importante, el decreto en cuestión se volvió insostenible. Ante tal situación, el Presidente y la Ministra de Obras Públicas y Transportes, junto con el Ministerio de Ambiente y Energía, produjeron una nueva entelequia: el decreto 34.620, el cual reformaba las disposiciones de restricción vehicular para incluir dentro del motivo el tema de preservación del ambiente. Si bien en la práctica se usa el asunto del congestionamiento vial como justificante, el decreto no menciona en ningún momento esta razón como fin, sino que se limita a mencionar la factura petrolera y la conservación del ambiente.
El día de hoy, fuera de las consideraciones de naturaleza jurídica que podamos tener sobre el tema, deseamos discutir al aspecto práctico y ético de este decreto. Primeramente, nos parece que aún aceptando los supuestos que llevaron al gobierno a restringir el flujo vehicular de esta manera, se ha hecho de una manera poco seria. Si la justificación es la preservación del ambiente, ¿por qué no se restringió el flujo vehicular en todo el país? ¿No contamina igual un carro en Guanacaste que uno en San José? Además, ¿no se podría ahorrar más combustible si la restricción se hubiera hecho en áreas en donde estudios técnicos prueben que hay embotellamientos constantes? Varios estudios han demostrado que el año pasado, con todo y restricción vehicular, no se ha reducido el consumo de combustible. Asimismo, tampoco ha disminuido en 20%, como se tenía previsto, la cantidad de vehículos en el área de restricción, sino que apenas se ha llegado a la meta del 10%. Estos hechos son una muestra más de la falta de seriedad y racionalidad que caracteriza a nuestros políticos, que cada día buscan excusas para evitar que la cosas anden "por la libre", irrespetando los derechos y libertades de los ciudadanos, así como manejando irresponsable e imprudentemente los dineros de estos.
En segundo lugar, la restricción vehicular es una muestra de un problema ético de fondo que ya hemos denunciado en este blog en el pasado: la percepción de que el Estado es el ente llamado a decidir por nosotros, el llamado a restringir nuestras libertades, no para proteger las de los demás, sino para protegernos a nosotros mismos. Alexis De Toqueville explicó de manera brillante en su obra "La Democracia en América", que la libertad puede ser coartada de manera más efectiva poco a poco pero a ritmo constante que de manera violenta y repentina.
Pensamos que en nuestro país esto es más cierto que nunca, ya que no sólo el gobierno puede realizar este tipo de acciones con éxito, sino que éstas gozan de una popularidad relativamente alta. De lo contrario, las protestas y reclamos estarían a la orden del día. Ante tal situación, en ASOJOD queremos invitar a los ciudadanos a cuestionar de forma muy crítica cuando alguien dice que "hace algo por su bien". Los hechos demuestran que esta no surte efecto y que la solución a esos problemas no está en la restricción de la libertad, sino en mecanismos alternativos que incentiven pero no obliguen a los individuos a utilizar sistemas de transporte más eficientes: puede ser mejorando el transporte público, permitiendo a la gente organizarse de forma privada para viajar en grupo (sin perseguirlos por considerarse una forma de transporte "pirata"), etc. Y si aún así la gente no está dispuesta a dejar de usar su carro, el mismo mercado se encargará de regular las decisiones. Sólo una sociedad en donde los individuos entiendan que son ellos y no otro quienes deben decidir sobre sus propias vidas será una sociedad en donde prime la responsabilidad y la libertad.
Pero no fue el único problema: cuando el precio del petróleo cayo de manera importante, el decreto en cuestión se volvió insostenible. Ante tal situación, el Presidente y la Ministra de Obras Públicas y Transportes, junto con el Ministerio de Ambiente y Energía, produjeron una nueva entelequia: el decreto 34.620, el cual reformaba las disposiciones de restricción vehicular para incluir dentro del motivo el tema de preservación del ambiente. Si bien en la práctica se usa el asunto del congestionamiento vial como justificante, el decreto no menciona en ningún momento esta razón como fin, sino que se limita a mencionar la factura petrolera y la conservación del ambiente.
El día de hoy, fuera de las consideraciones de naturaleza jurídica que podamos tener sobre el tema, deseamos discutir al aspecto práctico y ético de este decreto. Primeramente, nos parece que aún aceptando los supuestos que llevaron al gobierno a restringir el flujo vehicular de esta manera, se ha hecho de una manera poco seria. Si la justificación es la preservación del ambiente, ¿por qué no se restringió el flujo vehicular en todo el país? ¿No contamina igual un carro en Guanacaste que uno en San José? Además, ¿no se podría ahorrar más combustible si la restricción se hubiera hecho en áreas en donde estudios técnicos prueben que hay embotellamientos constantes? Varios estudios han demostrado que el año pasado, con todo y restricción vehicular, no se ha reducido el consumo de combustible. Asimismo, tampoco ha disminuido en 20%, como se tenía previsto, la cantidad de vehículos en el área de restricción, sino que apenas se ha llegado a la meta del 10%. Estos hechos son una muestra más de la falta de seriedad y racionalidad que caracteriza a nuestros políticos, que cada día buscan excusas para evitar que la cosas anden "por la libre", irrespetando los derechos y libertades de los ciudadanos, así como manejando irresponsable e imprudentemente los dineros de estos.
En segundo lugar, la restricción vehicular es una muestra de un problema ético de fondo que ya hemos denunciado en este blog en el pasado: la percepción de que el Estado es el ente llamado a decidir por nosotros, el llamado a restringir nuestras libertades, no para proteger las de los demás, sino para protegernos a nosotros mismos. Alexis De Toqueville explicó de manera brillante en su obra "La Democracia en América", que la libertad puede ser coartada de manera más efectiva poco a poco pero a ritmo constante que de manera violenta y repentina.
Pensamos que en nuestro país esto es más cierto que nunca, ya que no sólo el gobierno puede realizar este tipo de acciones con éxito, sino que éstas gozan de una popularidad relativamente alta. De lo contrario, las protestas y reclamos estarían a la orden del día. Ante tal situación, en ASOJOD queremos invitar a los ciudadanos a cuestionar de forma muy crítica cuando alguien dice que "hace algo por su bien". Los hechos demuestran que esta no surte efecto y que la solución a esos problemas no está en la restricción de la libertad, sino en mecanismos alternativos que incentiven pero no obliguen a los individuos a utilizar sistemas de transporte más eficientes: puede ser mejorando el transporte público, permitiendo a la gente organizarse de forma privada para viajar en grupo (sin perseguirlos por considerarse una forma de transporte "pirata"), etc. Y si aún así la gente no está dispuesta a dejar de usar su carro, el mismo mercado se encargará de regular las decisiones. Sólo una sociedad en donde los individuos entiendan que son ellos y no otro quienes deben decidir sobre sus propias vidas será una sociedad en donde prime la responsabilidad y la libertad.
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