Para nadie es un secreto que Costa Rica enfrenta una tremenda crisis fiscal que dificulta que el Gobierno pueda enfrentar los gastos a los que se ha comprometido. Por supuesto, este hecho debería preocuparnos a todos, aunque por diferentes razones.
Los primeros en estar preocupados deberían ser los políticos. Sin dinero, el cumplimiento de las promesas de campaña y los compromisos asumidos en sus diferentes visitas a la población, resulta poco probable. Esto significa que no hay contenido presupuestario para que los políticos gasten el dinero de los costarricenses y consigan amarran un grupo de clientes que, posteriormente, los entronicen en el poder.
Otro grupo preocupado es precisamente el de esos clientes de los políticos. Se trata de un ejército de ciudadanos que se han acostumbrado a vivir a costa de los programas estatales, sin necesidad de asumir la responsabilidad sobre sus vidas. Gracias a la educación, vivienda, salud y demás servicios que obtienen por medio de la expoliación estatal aplicada contra los individuos productores de riqueza, estos zánganos han encontrado la forma perfecta para no esforzarse. No obstante, sin unos políticos con dinero para satisfacer sus vulgares caprichos, este grupo de clientes no tendrá beneficios y, por tanto, podría castigar con su voto a los redistribucionistas.
Aparte de esos grupos de gamberros inmorales, hay otro más que tiene mucho de qué preocuparse: el de los individuos decentes que trabajan día a día produciendo riqueza, pues a causa de la falta de recursos para comprar votos, el Gobierno actual ha decidido aumentar los impuestos, de forma tal que con el famoso proyecto de "Solidaridad Tributaria", el peso de los tributos caerá sobre sus hombros. Esto significa que dichas personas tendrán menos recursos en la bolsa para gastar, ahorrar, invertir y consumir, lo cual a su vez se traducirá en una caída de la economía y una reducción importante del bienestar de los individuos.
Sin embargo, hay esperanzas. Quizá no en el plano político, pues no podría afirmarse con certeza que la oposición -incluyendo al Movimiento Libertario- tenga capacidad y/o interés de frenar el avance de este paquetazo de impuestos en la Asamblea Legislativa. Las esperanzas están fijadas precisamente en ese grupo de individuos productores de riqueza, en los intelectuales decentes y serios y en los ciudadanos cansados de asumir los costos de la intervención estatal.
Estos individuos son los que deben desarrollar, por todos los medios posibles, una verdadera campaña para evitar que esa aberración tributaria se apruebe en el Congreso. Y una de las estrategias para hacerlo es desenmascarar al Gobierno es sus mentiras. A este respecto, vale la pena publicar una serie de datos que, normalmente, el statu quo no le menciona a los costarricenses.
Como podrán haber notado en las últimas semanas, tanto la Presidente Chinchilla como una serie de funcionarios de Gobierno y Diputados oficialistas -principalmente el ex Ministro de Hacienda y ahora legislador Guillermo Zúñiga- han intentado asustar a la ciudadanía diciéndole que de no aprobarse la "reforma tributaria", no habrá dinero para pagarle a los maestros o a los policías. Por supuesto que el objetivo es repetir aquella táctica del miedo y la mentira, al mejor estilo nazi, para apelar a las preocupaciones de los costarricenses, especialmente en materia de seguridad, en momentos donde la delincuencia ilegal (usamos este término porque existe un tipo de "delincuencia" legalizada cuando el Estado le quita su dinero a los ciudadanos trabajadores) agobia a gran número de costarricenses.
Sin embargo, el Dictamen Negativo de Mayoría de la Liquidación Presupuestaria 2009, emitido por los Diputados del Movimiento Libertario, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, demuestra que este miedo podría estar infundado, pues deja claro que el Gobierno no ejecutó ¢217.000 millones el año anterior. De esa cantidad, destacan especialmente los ¢27.000 millones que no utilizó el Ministerio de Educación Pública y los ¢11.000 que dejó de usar el Ministerio de Seguridad Pública.
El actual Gobierno pretende recolectar ¢500.000 millones con el paquetazo de impuestos, pero no ha notado que el dinero que necesita ya existe y que la incapacidad burocrática, el despilfarro, la falta de responsabilidad y seriedad administrativa impiden que se utilice para cumplir con los egresos comprometidos. En ese sentido, basta con mejorar la capacidad de gestión y la exigencia de cumplimiento del régimen sancionatorio existente para obligar a los funcionarios públicos a utilizar de forma adecuada el dinero.
Y eso que ni siquiera estamos hablando de la propuesta que en ASOJOD hemos defendido desde nuestros inicios: el recorte de gastos y la salida definitiva del Estado de la actividad económica. Si el Gobierno actual o cualquier otro grupo político fuera serio, decente y responsable, no sólo haría las transformaciones administrativas para utilizar los recursos existentes, sino que realizaría un importante recorte de gastos, como bien lo han hecho ya los Congresistas en Estados Unidos.
Sin duda, estos impuestos no sólo son nefastos por el daño que le harán a la actividad económica, sino que, del todo, son innecesarios, toda vez que el Gobierno tiene el dinero suficiente para cubrir los gastos en sectores sensibles como educación y seguridad y, si aún no le alcanza, todavía puede recortar partidas a gastos injustificables que abarcan prácticamente toda la actividad estatal, exceptuando la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
Los primeros en estar preocupados deberían ser los políticos. Sin dinero, el cumplimiento de las promesas de campaña y los compromisos asumidos en sus diferentes visitas a la población, resulta poco probable. Esto significa que no hay contenido presupuestario para que los políticos gasten el dinero de los costarricenses y consigan amarran un grupo de clientes que, posteriormente, los entronicen en el poder.
Otro grupo preocupado es precisamente el de esos clientes de los políticos. Se trata de un ejército de ciudadanos que se han acostumbrado a vivir a costa de los programas estatales, sin necesidad de asumir la responsabilidad sobre sus vidas. Gracias a la educación, vivienda, salud y demás servicios que obtienen por medio de la expoliación estatal aplicada contra los individuos productores de riqueza, estos zánganos han encontrado la forma perfecta para no esforzarse. No obstante, sin unos políticos con dinero para satisfacer sus vulgares caprichos, este grupo de clientes no tendrá beneficios y, por tanto, podría castigar con su voto a los redistribucionistas.
Aparte de esos grupos de gamberros inmorales, hay otro más que tiene mucho de qué preocuparse: el de los individuos decentes que trabajan día a día produciendo riqueza, pues a causa de la falta de recursos para comprar votos, el Gobierno actual ha decidido aumentar los impuestos, de forma tal que con el famoso proyecto de "Solidaridad Tributaria", el peso de los tributos caerá sobre sus hombros. Esto significa que dichas personas tendrán menos recursos en la bolsa para gastar, ahorrar, invertir y consumir, lo cual a su vez se traducirá en una caída de la economía y una reducción importante del bienestar de los individuos.
Sin embargo, hay esperanzas. Quizá no en el plano político, pues no podría afirmarse con certeza que la oposición -incluyendo al Movimiento Libertario- tenga capacidad y/o interés de frenar el avance de este paquetazo de impuestos en la Asamblea Legislativa. Las esperanzas están fijadas precisamente en ese grupo de individuos productores de riqueza, en los intelectuales decentes y serios y en los ciudadanos cansados de asumir los costos de la intervención estatal.
Estos individuos son los que deben desarrollar, por todos los medios posibles, una verdadera campaña para evitar que esa aberración tributaria se apruebe en el Congreso. Y una de las estrategias para hacerlo es desenmascarar al Gobierno es sus mentiras. A este respecto, vale la pena publicar una serie de datos que, normalmente, el statu quo no le menciona a los costarricenses.
Como podrán haber notado en las últimas semanas, tanto la Presidente Chinchilla como una serie de funcionarios de Gobierno y Diputados oficialistas -principalmente el ex Ministro de Hacienda y ahora legislador Guillermo Zúñiga- han intentado asustar a la ciudadanía diciéndole que de no aprobarse la "reforma tributaria", no habrá dinero para pagarle a los maestros o a los policías. Por supuesto que el objetivo es repetir aquella táctica del miedo y la mentira, al mejor estilo nazi, para apelar a las preocupaciones de los costarricenses, especialmente en materia de seguridad, en momentos donde la delincuencia ilegal (usamos este término porque existe un tipo de "delincuencia" legalizada cuando el Estado le quita su dinero a los ciudadanos trabajadores) agobia a gran número de costarricenses.
Sin embargo, el Dictamen Negativo de Mayoría de la Liquidación Presupuestaria 2009, emitido por los Diputados del Movimiento Libertario, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, demuestra que este miedo podría estar infundado, pues deja claro que el Gobierno no ejecutó ¢217.000 millones el año anterior. De esa cantidad, destacan especialmente los ¢27.000 millones que no utilizó el Ministerio de Educación Pública y los ¢11.000 que dejó de usar el Ministerio de Seguridad Pública.
El actual Gobierno pretende recolectar ¢500.000 millones con el paquetazo de impuestos, pero no ha notado que el dinero que necesita ya existe y que la incapacidad burocrática, el despilfarro, la falta de responsabilidad y seriedad administrativa impiden que se utilice para cumplir con los egresos comprometidos. En ese sentido, basta con mejorar la capacidad de gestión y la exigencia de cumplimiento del régimen sancionatorio existente para obligar a los funcionarios públicos a utilizar de forma adecuada el dinero.
Y eso que ni siquiera estamos hablando de la propuesta que en ASOJOD hemos defendido desde nuestros inicios: el recorte de gastos y la salida definitiva del Estado de la actividad económica. Si el Gobierno actual o cualquier otro grupo político fuera serio, decente y responsable, no sólo haría las transformaciones administrativas para utilizar los recursos existentes, sino que realizaría un importante recorte de gastos, como bien lo han hecho ya los Congresistas en Estados Unidos.
Sin duda, estos impuestos no sólo son nefastos por el daño que le harán a la actividad económica, sino que, del todo, son innecesarios, toda vez que el Gobierno tiene el dinero suficiente para cubrir los gastos en sectores sensibles como educación y seguridad y, si aún no le alcanza, todavía puede recortar partidas a gastos injustificables que abarcan prácticamente toda la actividad estatal, exceptuando la seguridad ciudadana y la administración de justicia.
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