La civilidad y la gobernabilidad no son un asunto de la sola competencia de quienes administran las funciones públicas o de los partidos que luchan por el poder; es, en cambio, una cuestión del interés general de la sociedad y de los gestores locales.
Gobernar quiere decir que alguien tiene la autoridad y la responsabilidad de disponer el funcionamiento del Estado y de las gestiones colectivas evolutivas. La autoridad se la confiere el voto de los ciudadanos y se enmarca en el sistema legal; la responsabilidad se la tiene que exigir la población entera en el marco de esa misma ley. Gobernable quiere decir, entonces, que ese Estado o colectividad se pueden gobernar, y la gobernabilidad es la calidad de gobernable que adquiere esa situación.
Pero estos términos y las acciones que representan deben primeramente ser entendidos de modo explicito y tácito en una democracia. Se refieren a las obligaciones y a los derechos de las partes del pacto abierto que se establece entre gobernantes y gobernados. Este pacto no confiere a unos ni a otros márgenes ilimitados de acción. Para los primeros se fijan prerrogativas y responsabilidades de las cuales, desafortunadamente, todavía no rinden cuentas de modo satisfactorio a quienes muchas veces las padecen más que disfrutarlas, lo cual se convierte en una serie creciente de agravios y es una de las principales fuentes del descontento y la incredulidad con respecto de quienes gobiernan. Para los otros representa la necesidad de aceptar una cierta coerción en aras de poder vivir colectivamente. Esto ni modo, expresa una restricción de las libertades. Por eso la única manera práctica de definir las libertades es en el marco de la aceptación de esas mismas restricciones.
Sin embargo, en el difícil campo de las libertades una cosa es que aceptemos las reglas y exijamos cada vez más abiertamente un esquema de legalidad y de responsabilidades en la vida pública, y otra, por cierto muy distinta, es entenderse como personas y como grupo gobernable.
El gobierno en un entorno democrático y libre no se ejerce sobre seres gobernables, sobre un rebaño. El gobierno no aplica el mismo rasero a su visión sobre la sociedad y sobre sus propias funciones. En la economía debería de pretender reducir las restricciones, desreglamentar las transacciones y reducir las interferencias y, todo ello, para generar mercados libres y una adecuada protección a los derechos de propiedad. Sabemos que en ello hay una gran parcialidad y que se acaba beneficiando a unos por encima de otros. Pero en política el gobierno no acepta la misma medida y quiere todas las ventajas de la gobernabilidad, la que parece entender como la concesión de un cheque en blanco para controlar.
La única manera de entender hoy la gobernabilidad, si nos tomamos en serio el asunto de la democracia, es en cuanto a la posibilidad de tener un buen gobierno. Gobernable es una cualidad que deberíamos asociar solamente con una sociedad en la que se reducen las fricciones políticas, las desigualdades en oportunidades, las violaciones a la ley y las ventajas de grupos privilegiados.
No tiene, entonces, nada que ver con la aceptación explícita o tácita de la población de ser gobernable. No queremos ser gobernables, sino que aceptamos el compromiso y hasta la restricción que puede significar ser gobernados. A partir de ello se puede establecer el único pacto posible entre la sociedad y quienes dirigen el gobierno y representan el Estado.
No son convenientes los pactos de gobernabilidad y de civilidad porque éstos tienden a entenderse como un modo de mantener un poder que muestra hoy grandes signos de debilidad y de fractura. Ese es un poder cuyo desgaste se puede compensar cada vez menos con esquemas de recompensas que, habiendo estado, eso sí, muy bien articuladas, son cada vez menos eficientes. Lo que se quiere es acceder a un verdadero estado de derecho, en el que las leyes sean claras y con pocas regulaciones, que no se interpreten al gusto del cliente y que sirvan para que el país sea gobernable en virtud de los resultados positivos que se alcancen en la vida diaria de sus habitantes.
Así mismo, las instituciones que se crean para asegurar el adecuado funcionamiento del Estado, deben de ser siempre tan evolutivas como el mismo mercado. De lo contrario, estas terminaran por convertirse en agentes depredadores de las instituciones generadoras de riqueza.
Lo importante; claro está, no es quien gobierna en un país, sino cual es la actitud de los ingobernables de libre pensamiento, que con su continuo escrutinio de las acciones del Estado, obligan a los gobernantes a comportarse según las reglas establecidas.
Andrés Pozuelo Arce
Gobernar quiere decir que alguien tiene la autoridad y la responsabilidad de disponer el funcionamiento del Estado y de las gestiones colectivas evolutivas. La autoridad se la confiere el voto de los ciudadanos y se enmarca en el sistema legal; la responsabilidad se la tiene que exigir la población entera en el marco de esa misma ley. Gobernable quiere decir, entonces, que ese Estado o colectividad se pueden gobernar, y la gobernabilidad es la calidad de gobernable que adquiere esa situación.
Pero estos términos y las acciones que representan deben primeramente ser entendidos de modo explicito y tácito en una democracia. Se refieren a las obligaciones y a los derechos de las partes del pacto abierto que se establece entre gobernantes y gobernados. Este pacto no confiere a unos ni a otros márgenes ilimitados de acción. Para los primeros se fijan prerrogativas y responsabilidades de las cuales, desafortunadamente, todavía no rinden cuentas de modo satisfactorio a quienes muchas veces las padecen más que disfrutarlas, lo cual se convierte en una serie creciente de agravios y es una de las principales fuentes del descontento y la incredulidad con respecto de quienes gobiernan. Para los otros representa la necesidad de aceptar una cierta coerción en aras de poder vivir colectivamente. Esto ni modo, expresa una restricción de las libertades. Por eso la única manera práctica de definir las libertades es en el marco de la aceptación de esas mismas restricciones.
Sin embargo, en el difícil campo de las libertades una cosa es que aceptemos las reglas y exijamos cada vez más abiertamente un esquema de legalidad y de responsabilidades en la vida pública, y otra, por cierto muy distinta, es entenderse como personas y como grupo gobernable.
El gobierno en un entorno democrático y libre no se ejerce sobre seres gobernables, sobre un rebaño. El gobierno no aplica el mismo rasero a su visión sobre la sociedad y sobre sus propias funciones. En la economía debería de pretender reducir las restricciones, desreglamentar las transacciones y reducir las interferencias y, todo ello, para generar mercados libres y una adecuada protección a los derechos de propiedad. Sabemos que en ello hay una gran parcialidad y que se acaba beneficiando a unos por encima de otros. Pero en política el gobierno no acepta la misma medida y quiere todas las ventajas de la gobernabilidad, la que parece entender como la concesión de un cheque en blanco para controlar.
La única manera de entender hoy la gobernabilidad, si nos tomamos en serio el asunto de la democracia, es en cuanto a la posibilidad de tener un buen gobierno. Gobernable es una cualidad que deberíamos asociar solamente con una sociedad en la que se reducen las fricciones políticas, las desigualdades en oportunidades, las violaciones a la ley y las ventajas de grupos privilegiados.
No tiene, entonces, nada que ver con la aceptación explícita o tácita de la población de ser gobernable. No queremos ser gobernables, sino que aceptamos el compromiso y hasta la restricción que puede significar ser gobernados. A partir de ello se puede establecer el único pacto posible entre la sociedad y quienes dirigen el gobierno y representan el Estado.
No son convenientes los pactos de gobernabilidad y de civilidad porque éstos tienden a entenderse como un modo de mantener un poder que muestra hoy grandes signos de debilidad y de fractura. Ese es un poder cuyo desgaste se puede compensar cada vez menos con esquemas de recompensas que, habiendo estado, eso sí, muy bien articuladas, son cada vez menos eficientes. Lo que se quiere es acceder a un verdadero estado de derecho, en el que las leyes sean claras y con pocas regulaciones, que no se interpreten al gusto del cliente y que sirvan para que el país sea gobernable en virtud de los resultados positivos que se alcancen en la vida diaria de sus habitantes.
Así mismo, las instituciones que se crean para asegurar el adecuado funcionamiento del Estado, deben de ser siempre tan evolutivas como el mismo mercado. De lo contrario, estas terminaran por convertirse en agentes depredadores de las instituciones generadoras de riqueza.
Lo importante; claro está, no es quien gobierna en un país, sino cual es la actitud de los ingobernables de libre pensamiento, que con su continuo escrutinio de las acciones del Estado, obligan a los gobernantes a comportarse según las reglas establecidas.
Andrés Pozuelo Arce
No hay comentarios.:
Publicar un comentario