Tema polémico: políticas públicas por referéndum

El reciente intento de la Administración Chinchilla Miranda, en contubernio con el Partido Acción Ciudadana. liderado por Ottón Solís, para aumentarnos los impuestos pese a la enorme oposición ciudadana y su casi materialización, de no ser porque la Sala Constitucional se trajo abajo la tramitación del proyecto de Solidaridad Tributaria gracias a la valiente consulta presentada por los Diputados del Movimiento Libertario y de la Unidad Social Cristiana, demuestra que algo no está bien con nuestro ordenamiento jurídico.

El futuro de nuestro bolsillo depende, en estos momentos, de un grupo de Diputados y de una Sala Constitucional que no sabemos hasta cuándo podrán aguantar los embates y presiones. Los fracasos políticos que han azotado a quienes, en los últimos años,  han intentado impulsar un paquete de impuestos han motivado a que ellos mismos vengan hablando de la imperiosa necesidad de reformar el Reglamento Legislativo para impedir a la oposición aplicar los mecanismos necesarios para atrasar o impedir la aprobación de estas inorales iniciativas o de modificar el papel de la Sala Constitucional para que no siga siendo el "Senado costarricense" que vete lo que se produce en Cuesta de Moras. Todo ello para allanar el camino a lo que el Gobierno considera "medidas urgentes e importantes", realizadas a la trocha y mocha (cualquier parecido con la trocha 1856 es mera coincidencia) pero que, a criterio de ellos, deben avanzar sin el "molesto filibusterismo parlamentario que defienda a los ciudadanos de no tener que pagar más impuestos", sin las "infundadas críticas" hacia un Gobierno que pretende, a golpe de tambor, imponer la solidaridad hacia los más ricos, perdón, hacia los más pobres pero con comisión para los más ricos.

Cuando esto es así y la mayoría de las fuerzas políticas del país coinciden en que se necesitan esos cambios, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que algo anda muy muy pero muy mal. Actualmente, nuestra defensa ante estos parásitos que quieren vivir a costa de nuestros impuestos, sin trabajar y moralizándonos con que es nuestra obligación regalar el fruto de nuestras labores contra nuestra voluntad, como si fuera el tributo a la benevolencia estatal, es casi nula. Dependemos, como dijimos con anterioridad, de un pequeño grupo de Diputados y de una Sala Constitucional que no son infalibles, que están sujetos a presiones, amenazas u ofrecimientos para que depongan sus armas y, en cualquier momento, nos sueltan la tabla que nos mantiene a flote. 

Por eso, como mecanismo de protección a nuestros bolsillos, los ciudadanos reclamamos el derecho a votar por si queremos o no pagar más al Gobierno. Recientemente, la Diputada del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo, escuchó ese clamor popular y presentó el expediente N° 18.304, reforma de los artículos 105 y 123 de la Constitución Política para garantizar la acción ciudadana en la toma de decisiones, que procura eliminar la prohibición que actualmente pesa sobre varios temas para ser objeto de referéndum o consulta popular, como lo son la materia tributaria, fiscal, monetaria, endeudamiento y empréstitos internacionales. 

En ASOJOD por supuesto que celebramos esta maravillosa iniciativa. Desde la perspectiva hayekiana, siempre hemos defendido la idea de que los ciudadanos conocen mejor que los gobernantes, cuáles son sus problemas y soluciones y que, por cuanto la información se encuentra dispersa y desconcentrada, lo óptimo es que sea cada individuo el que tome las decisiones que le atañen.

Sin duda, la mejor forma de defender el sistema republicano cuando han desparacido o han sido minimizados los mecanismos de pesos y contrapesos institucionales, es la acción de los ciudadanos para controlar al poder. Los tiempos actuales, como lo demuestran los constantes episodios en distintos países con el movimiento de los indignados, evidencian que se exige un cambio en la forma de tomar decisiones públicas. Ya no es simplemente una delegación en los representados que, una vez en sus sillas, escogen lo que les parezca. Es algo más avanzado, más serio: se trata de un cambio hacia una democracia participativa, donde los individuos delegan ciertas decisiones en sus representantes pero conservan para sí otras de trascendental importancia que, por su naturaleza, no pueden ser entregadas a unos pocos. 

Por eso, en ASOJOD clamamos por los referéndums como mecanismos de participación política para los individuos, quienes decidirán, respecto a cada tema, la forma en que deben orientarse las políticas públicas. Es un juego muy similar al de la oferta y la demanda del mercado: las propuestas que mejor satisfagan los intereses de los ciudadanos, serán las aprobadas. Las que no lo logren, serán rechazadas. Si, como los populistas del Gobierno siempre dicen, los costarricenses son muy solidarios y les nace pagar impuestos para ayudar a los más necesitados, un referéndum en materia tributaria podrá ser la forma de comprobación de esa hipótesis. Si, por el contrario, como presumimos, los ciudadanos no quieren pagar más impuestos, lo harán ver en su votación, como repudio contra la forma en que los gobernantes manejan los recursos públicos y como sentencia obligatoria para un giro de timón hacia una Administración Pública más eficiente y responsable.

Lo importante es saber que el argumento de que el costarricense "de a pie" no está preparado ni informado para tomar esas decisiones es inaceptable, pues ese mismo costarricense es el que hoy tiene la suficiente preparación, información y madurez para elegir una papeleta partidaria en las elecciones. Debemos entender que, pese a todo, el ciudadano siempre tendrá mejor información y mayor capacidad para decidir sobre los temas y problemas que le atañen que la que pueda poseer el político y el burócrata, encerrado en cuatro paredes y basado en premisas falsas.

Para mantener la legitimidad del sistema político y garantizar la supremacía de los derechos individuales, Cota Rica debe convertirse en un ejemplo de consulta popular. Primero, en lo más imporntante: impuestos, gasto público y endeudamiento, por ser aspectos que afectan directamente el bolsillo de cada persona y sobre lo cual, tiene derecho a decidir. Luego, avanzando hacia otros temas hasta alcanzar un nivel tal donde la mayoría de las decisiones no las tomen los burócratas sentados en un escritorio, sino los propios ciudadanos. Por supuesto, esto implica otros cambios en el ordenamiento jurídico, relacionados con el sistema electoral, dirigidos a permitir la elección en listas abiertas y desbloqueadas, las postulaciones independientes, la revocatoria de mandato en todos los niveles y otros temas que, en otro momento, abordaremos con más detalle en ASOJOD.

Como primer espacio para ahondar en estos tópico, aprovechamos este tema polémico para invitarlos al evento que organiza la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) para el próximo 31 de mayo a partir de las 6:15 pm en sus instalaciones. Allí, con pizzas y refrescos gratuitos para los participantes, estaremos analizando el tema del referéndum sobre impuestos. Esperamos poder conversar con ustedes, en vivo y a todo color, sobre ello.