Esta semana La Nación publicó una noticia
que sin duda sorprendió a propios y extraños. Nos referimos al muchacho que
después de realizar el examen de Bachillerato durante 15 intentos, logró
aprobar la prueba de matemática. A la luz de dicha noticia bien vale realizar
un par de reflexiones:
1.
La bendición que ha resultado
ser el sistema de universidades privadas. Tal y como relataba la noticia a esta
persona le fue posible matricularse en la Universidad a pesar de no haber
aprobado la prueba de matemáticas, situación que jamás hubiera sido posible en
una Universidad estatal. Esa mayor flexibilidad va en beneficio de los
estudiantes, pensemos un momento por ejemplo en una persona que desee estudiar
decoración de interiores pero no pueda hacerlo porque no ha pasado el examen de
química, inglés o cívica, pareciera no tener sentido.
2.
La necesidad de que la
situación descrita anteriormente siga siendo absolutamente discrecional para
los centros de educación superior, es decir, cada centro debe poder decidir que
estudiante recibe y bajo que condiciones, siendo el mercado quien castigue o
premie las decisiones de dichos centros, así como las decisiones de los
estudiantes que los eligieron.
3.
La urgencia de diversificación
de nuestro sistema educativo: los padres y estudiantes deberían estar más
envueltos en los programas curriculares, haciendo posible graduarse con ciertos
énfasis o dejar de percibir ciertas materias para priorizar en otras.
4.
Añadidas a estas breves pero
importantes reformas debe aparejarse de igual forma las reglas del mercado
laboral. En este sentido, a nadie se le debería obligar a asociarse a un gremio
o colegio para ejercer legítimamente su profesión. Estas instituciones, deber
surgir espontáneamente en razón del propio deseo de los profesionales por
asociarse libremente. De igual manera, el mercado es quien debe castigar o
premiar la decisión de las personas de incorporarse o no a una de estas
instituciones.
Estas son algunas reformas necesarias en nuestro sistema educativo, como se puede ver, todas deben ir encaminadas a lograr una mayor flexibilidad e individualización de la educación, garantizando que nunca una directriz estatal ponga límite al crecimiento educativo o laboral de las personas, sino que sean sus iguales quienes juzguen su idoneidad para las tareas para que se les contrata o para los servicios educativos a los que accedan.
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