Es común escuchar a los políticos defensores de la regulación y la intervención del gobierno en las actividades del mercado decir que se realizan con el objetivo de defender a los consumidores de los abusos de los productores y distribuidores. La excusa consiste en que la información con que cuentan los consumidores para tomar sus decisiones es limitada pues existe asimetría entre los conocimientos que tiene los fabricantes y a los que tienen acceso sus clientes. Es deber del Estado asegurarse de que los producto cuenten con estándares de calidad mínimos y dispongan de suficiente información para que los consumidores tomen decisiones acertadas.
Si bien es cierto, estas medidas se basan en buenas intenciones, nunca toman en consideración los efectos negativos que conllevan. Nunca ven más allá de las decisiones a corto plazo de la intervención estatal pues si se hiciera se darían cuenta que todos los efectos nefastos que resultan de este tipo de medidas terminan sumando más que los posibles beneficios que podrían traer.
Ejemplos lamentablemente sobran pues vivimos en país donde el Estado debe tener injerencia en absolutamente todo. Uno de los casos lo analizamos hace tres semanas sobre la inefectiva regulación de Sutel en el mercado de las telecomunicaciones que lejos de favorecer a los consumidores más bien a impedido que los precios sean más bajos y ha limitado la cantidad de oferentes en el mercado. Otro ejemplo es los requerimientos cada vez mayores que exige el Ministerio de Salud en el etiquetado de productos alimenticios y ni hablar de los requerimientos de información para los productos médicos.
Un caso que queremos comentar el día de hoy es el del nuevo Código Eléctrico Nacional que fue presentado el año pasado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y específicamente la oficina de Reglamentos Técnicos. Este nuevo código regula todas las instalaciones eléctricas del país y la entrada de productos eléctricos al mercado con el objetivo, por supuesto, de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con este nuevo código se exigirá que todos los productos que entren al mercado cuenten con certificaciones internacionales. Estas certificaciones son difíciles de conseguir y normalmente son muy costosas al inicio y para conservarlas. Al final esto lo que termina haciendo es sacando a todas las pequeñas empresas y pequeños importadores del mercado pues se necesitan requerimientos de capital que no tienen. No es de extrañarse claro que los principales impulsores de este código eléctrico sean las grandes empresas de materiales eléctricos del país pues saben que solo ellas tienen el capital necesario para conseguir certificaciones. Este código eléctrico se les vende a las personas como una herramienta para garantizar su seguridad pero realmente es una barrera de entrada impuesta por las grandes empresas a pequeños y nuevos negocios para limitar la competencia en el mercado. Uno de los más grandes enemigos de las pequeñas y medianas empresas es la regulación estatal.
En ASOJOD no estamos insinuando que no existan casos en el mercado de información engañosa y peligros para el consumidor. Lo que no entendemos es por qué el gobierno termina interfiriendo en estos procesos de negociación entre los consumidores y los productores. El mismo mercado naturalmente se encarga de regular que los productos que se venden cumplan con ciertos requerimientos mínimos pues los consumidores no son tontos y se cuidan de que lo que estén comprando sea conveniente. Las empresas a medida que van creciendo van adquiriendo reputación y sin necesidad de que nadie se los imponga van adquiriendo estándares de calidad para poder diferenciarse y vender más con mejores márgenes. Finalmente, con el tema de publicidad engañosa, si en el país en verdad existiera un sistema judicial ágil, las empresas se cuidarían de informar lo más posible a los clientes pues de nos ser así se exponen a demandas y acusaciones que podrían poner en riesgo su existencia.
¿Medidas para proteger al consumidor? Lo cierto es que no. Estas regulaciones son máscaras que responden a intereses de grupos de poder muy alejados del bienestar del consumidor. Para que el consumidor verdaderamente gane debe tener la libertad de comerciar sin ningún tipo de restricción.
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