Definitivamente hemos sido criados bajo un ambiente de positivismo y constructivismo que hasta para liberales como nosotros nos termina afectando. Algo que sería increíble para muchos (inluídos nosotros) como lo es la existencia de carreteras sin señales ni reglas, hoy es una realidad en ciertas ciudades europeas. Un ejemplo más del fascinante alcance del orden espontáneo y de la riqueza y variedad de opciones con las que nos sorprende la libertad y el ingenio humano día con día.
martes, 5 de octubre de 2010
lunes, 4 de octubre de 2010
Tema polémico: la desigualdad social
En varias ocasiones nos han criticado a los liberales por no mostrar interés en el problema de la brecha entre los ricos y los pobres. En gran parte, estos críticos tienen razón: no encontramos sentido en dedicarle tanta atención al problema de la desigualdad social y optamos por concentrarnos en atacar el verdadero problema, que es la pobreza. La desigualdad social, contrario a lo que muchas personas exponen, no es la causa de tantos males que aquejan nuestra sociedad, pero admitimos que una desigualdad social con contrastes tan elevados como es el caso de América Latina, es extraño y no es normal en los países más desarrollados del mundo y amerita un análisis que explique sus razones.
Según el famoso coeficiente Gini que mide la desigualdad, América Latina es la región del mundo con mayor contraste entre ricos y pobres. El 5% más rico de América Latina concentra el 25% de la riqueza, mientras que el 30% más pobre alcanza apenas el 5.5%. Ni siquiera África tiene brechas entre los más ricos y los más pobres tan amplias. Según datos de CEPAL, 36.5% de la población de América Latina vive en condiciones de pobreza y 13,4% en condiciones de extrema pobreza, los que significa que más de 200 millones de personas en la región viven con menos de $2 diarios y cerca de 100 millones vive con menos de $1.
¿A qué se deben estos contrastes tan elevados? Contrario a otras regiones del mundo, América Latina tiene un par de características que, creemos, están directamente relacionada con estos contrastes: el constante irrespeto por la igualdad jurídica que deberían tener todas las personas y el completo irrespeto al imperio de la ley. Las personas más pobres constantemente ven frustrados sus deseos de surgir y aumentar su capital cada vez que quieren iniciar su propio negocio u optar por opciones laborales de mejor remuneración, por causa de un sinnúmero de trabas y requisitos impuestos por el Estado, como lo son regulaciones, permisos, licencias, impuestos, monopolios, salarios mínimos, entre otros, mismos que en ASOJOD hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, parece que, cuando una persona alcanza cierto grado de poder económico o político en la sociedad latinoamericana, las reglas del juego cambian para ellos. Rápidamente, las puertas de favores, privilegios, excenciones, subsidios y preferencias se abren de par en par a su favor. Vivimos en una sociedad en que las personas pueden incrementar su capital fácilmente por medio de corrupción, favores políticos y creación de monopolios u oligopolios que benefician a unos cuantos.
América Latina se diferencia considerablemente de otras regiones del mundo, en que el poder se puede concentrar con mucha facilidad en tan solo unas cuantos manos, lo que hace que sus detentores puedan usar la maquinaria del Estado para decretar quiénes serán los ganadores y los perdedores, impidiendo que quienes estén ajenos a su círculo puedan surgir como resultado de su esfuerzo personal y deseo de superación. Medidas mercantilistas que traen consecuencias nefastas y que lamentablemente le achacan al capitalismo y al liberalismo cuando en realidad no tienen absolutamente nada que ver con las ideas que exponemos nosotros.
Ahora bien, las medidas que recurrentemente siguen tomando los gobernantes para disminuir esta brecha es la trillada fórmula de quitarles a los ricos para darles a los pobres. Siguen con la majadería de creer que una solución a este problema podría ser el desincentivo de la generación de riqueza y la alcahuetería a la pobreza. Pero por supuesto, esto sin afectar al círculo de amigos que concentran el poder. Por eso seguiremos viendo golpe de Estado tras golpe de Estado, revolución tras revolución, populismo tras populismo.
Sin lugar a dudas, los políticos tradicionales no se han dado cuenta que el círculo está en las cobijas y que para solucionar buena parte de los problemas de la región se requieren reglas claras, simples, transparentes y que no sean modificadas para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Sin embargo, hacer esa reflexión no sólo requiere de decencia, honestidad e inteligencia, sino también de una renuncia expresa a las facultades todopoderosas de nuestros gobernantes. Hasta tanto eso no suceda, América Latina seguirá transitando por la senda del subdesarrollo y quienes quieran surgir, tendrán que buscar tierras menos hostiles a sus pretensiones.
Según el famoso coeficiente Gini que mide la desigualdad, América Latina es la región del mundo con mayor contraste entre ricos y pobres. El 5% más rico de América Latina concentra el 25% de la riqueza, mientras que el 30% más pobre alcanza apenas el 5.5%. Ni siquiera África tiene brechas entre los más ricos y los más pobres tan amplias. Según datos de CEPAL, 36.5% de la población de América Latina vive en condiciones de pobreza y 13,4% en condiciones de extrema pobreza, los que significa que más de 200 millones de personas en la región viven con menos de $2 diarios y cerca de 100 millones vive con menos de $1.
¿A qué se deben estos contrastes tan elevados? Contrario a otras regiones del mundo, América Latina tiene un par de características que, creemos, están directamente relacionada con estos contrastes: el constante irrespeto por la igualdad jurídica que deberían tener todas las personas y el completo irrespeto al imperio de la ley. Las personas más pobres constantemente ven frustrados sus deseos de surgir y aumentar su capital cada vez que quieren iniciar su propio negocio u optar por opciones laborales de mejor remuneración, por causa de un sinnúmero de trabas y requisitos impuestos por el Estado, como lo son regulaciones, permisos, licencias, impuestos, monopolios, salarios mínimos, entre otros, mismos que en ASOJOD hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, parece que, cuando una persona alcanza cierto grado de poder económico o político en la sociedad latinoamericana, las reglas del juego cambian para ellos. Rápidamente, las puertas de favores, privilegios, excenciones, subsidios y preferencias se abren de par en par a su favor. Vivimos en una sociedad en que las personas pueden incrementar su capital fácilmente por medio de corrupción, favores políticos y creación de monopolios u oligopolios que benefician a unos cuantos.
América Latina se diferencia considerablemente de otras regiones del mundo, en que el poder se puede concentrar con mucha facilidad en tan solo unas cuantos manos, lo que hace que sus detentores puedan usar la maquinaria del Estado para decretar quiénes serán los ganadores y los perdedores, impidiendo que quienes estén ajenos a su círculo puedan surgir como resultado de su esfuerzo personal y deseo de superación. Medidas mercantilistas que traen consecuencias nefastas y que lamentablemente le achacan al capitalismo y al liberalismo cuando en realidad no tienen absolutamente nada que ver con las ideas que exponemos nosotros.
Ahora bien, las medidas que recurrentemente siguen tomando los gobernantes para disminuir esta brecha es la trillada fórmula de quitarles a los ricos para darles a los pobres. Siguen con la majadería de creer que una solución a este problema podría ser el desincentivo de la generación de riqueza y la alcahuetería a la pobreza. Pero por supuesto, esto sin afectar al círculo de amigos que concentran el poder. Por eso seguiremos viendo golpe de Estado tras golpe de Estado, revolución tras revolución, populismo tras populismo.
Sin lugar a dudas, los políticos tradicionales no se han dado cuenta que el círculo está en las cobijas y que para solucionar buena parte de los problemas de la región se requieren reglas claras, simples, transparentes y que no sean modificadas para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Sin embargo, hacer esa reflexión no sólo requiere de decencia, honestidad e inteligencia, sino también de una renuncia expresa a las facultades todopoderosas de nuestros gobernantes. Hasta tanto eso no suceda, América Latina seguirá transitando por la senda del subdesarrollo y quienes quieran surgir, tendrán que buscar tierras menos hostiles a sus pretensiones.
domingo, 3 de octubre de 2010
Capitalismo y medio ambiente
El interés por preservar y cuidar los recursos naturales, el paisaje y el ambiente limpio aparece, crece y se desarrolla con rapidez a la par del mejoramiento del ingreso y el nivel de vida de la gente. Cuando ésta es pobre y se encuentra a niveles de subsistencia, con hambrunas y variadas insatisfacciones, no aprecia la calidad del medio ambiente. Éste es una especie de bien superior, que se desea mucho más en la medida en que mejora el nivel de ingreso. Los pobres están más preocupados de sobrevivir, recolectar y aun depredar para alimentar a los hijos, antes que pasar frío contemplando el bosque nativo.
Por lo tanto, si usted está verdaderamente interesado en el cuidado del medio ambiente, lo primero es velar por un rápido desarrollo productivo, que aumente el ingreso de los pobres y los haga incorporar en su demanda este bien superior medioambiental. Así que no les crea más a los medioambientalistas fanáticos y "progresistas" que aparecen a cada rato saboteando procesos productivos, la inversión y la incorporación de nuevos recursos naturales, bosques, islas y demás que aumentan el empleo e ingreso de los pobres. Es, precisamente, ese mejor nivel de vida el que llevará a las personas a valorar el medio ambiente, la limpieza y la mejor calidad de vida, algo que no se puede exigir a quienes viven en niveles de subsistencia, con hijos hambrientos.
Ahora bien, ¿bajo qué modalidad de organización económica, social y política los pueblos han logrado aumentar su ingreso y nivel de vida, de manera indefinida y, como resultado de ello, la calidad del medio ambiente? Obviamente, con el capitalismo liberal, abierto y competitivo, basado en el respeto de los derechos personales, comenzando por el de propiedad.
¿No se han dado cuenta de que los ambientes más limpios y de mayor belleza compatibles con amplias poblaciones se dan en Norteamérica, Europa Occidental, Oceanía y algo en América Latina y el Asia que comenzó a crecer?
¿No ha leído respecto de la mugre masiva de las ciudades, ríos, lagos, casas, hoteles, campo y calles en los países y ciudades que fueron o son comunistas? En esto del cuidado y limpieza del medio ambiente —así como antes con las tasas de inversión y el nivel de desarrollo—, los socialistas siempre critican con desparpajo las fallas del capitalismo, pero nunca han reconocido nada de su reiterado fracaso, que insisten en vendernos.
Las fórmulas de planificación central no sirven, así como tampoco las clásicas recetas de legislarlo todo y colocar reglamentos e inspectores caros e inútiles, que sólo dificultan el desarrollo, en especial entre los grupos medios y populares.
¿Cuánto más creceríamos si se hiciera una ley ambiental más liberal, con sistemas de seguros y arbitrajes expeditos? ¿Y cuánto mejoraría el medio ambiente con el aumento del ingreso de los más pobres, lo que automáticamente los sacaría de la depredación? ¿Y cuánto más si extendiéramos la propiedad privada? ¿Cuánto ingreso, empleos e inversión hemos perdido con una legislación ambiental inadecuada?
Álvaro Bardón
viernes, 1 de octubre de 2010
Viernes de recomendación
Para este Viernes de recomendación queremos ofrecerles un artículo muy interesante, llamado "Deuda pública y formación de capital" de James Buchanan. A pesar de ser un poco viejo, el texto plantea una reflexión valedera para nuestro contexto, donde el Gobierno costarricense insiste en endeudarse para pagar gastos corrientes que no reportan réditos para cubrir las obligaciones financieras y, por el contrario, se erigen como una carga sobre los tax payers en el presente y en el futuro.
jueves, 30 de septiembre de 2010
ECONOMÍA: ¿Hacia un nuevo orden económico?
Debido a que la imposición de regulaciones financieras internacionales más estrictas podría desacelerar la recuperación mundial de la actual crisis, el nuevo orden económico internacional demorará en surgir.
El cambio más patente que ha ocurrido a raíz del severo colapso del sector financiero y el declive en los volúmenes de comercio provocado por la recesión ha sido la aparición del G-20 como el grupo que guía a la economía mundial.
Sin embargo, el orden emergente puede que termine siendo muy similar al orden económico pre-crisis si EE.UU. logra contener las potenciales presiones inflacionarias de una incesante política monetaria laxa y si el tipo de cambio del dólar se mantiene firme. Esto requerirá, eventualmente, de un retiro oportuno de las extraordinarias infusiones monetarias que se están llevando a cabo para ayudar a que la economía estadounidense y la mundial se recuperen.
Además, serán necesarias reformas que eliminen los desequilibrios fiscales masivos en los países desarrollados para prevenir que sigan aumentando los impuestos y se mantenga el incentivo de las generaciones más jóvenes para continuar invirtiendo en capital humano y físico.
Mantener las tasas tributarias lo más bajas posibles es claramente una precondición para mantener el crecimiento de la productividad a futuro y para satisfacer los próximos retos en varios frentes: la población, el envejecimiento, el ahorro energético, el cambio climático, los crecientes costos de atención médica, entre otros. No obstante, el escepticismo está creciendo en cuanto a sí todos los asombrosos retos de políticas económicas pueden resolverse a tiempo.
También a nivel microeconómico es poco probable que el orden económico post crisis detenga la erosión de la seguridad económica para los trabajadores en las naciones desarrolladas —de hecho, probablemente sucederá lo contrario. Si el nuevo marco regulatorio que se está debatiendo preserva exitosamente el proceso de integración económica global, los trabajadores en el mundo desarrollado continuarán experimentando una creciente inseguridad en sus trabajos y una mayor competencia por parte de trabajadores extranjeros. De tal forma, se verían obligados a adaptarse adquiriendo nuevas destrezas y siendo más móviles. Por lo tanto, los tomadores de decisiones en los países desarrollados se enfrentarán a crecientes presiones políticas para reducir estas incertidumbres a través de protecciones sociales crecientes.
La crisis económica de 2007-2009 ha provocado respuestas distintas en distintos países. Muchos han introducido paquetes de estímulo para extender la ayuda para los desempleados, han expandido los proyectos de obras públicas, han respaldado las inversiones y brindado asistencia a instituciones financieras para que estas puedan volver a prestar.
Aunque estas ayudas deberían ser removidas conforme se vayan recuperando las economías, puede que no sea posible revertirlas completamente ya que las presiones económicas, anteriormente mencionadas, de la globalización se volverán más intensas y las tasas de desempleo permanecerán altas.
Es probable que el nuevo orden económico se enfoque en someter a las entidades financieras privadas a regulaciones más severas de tal manera que se reduzca su exposición al riesgo. Pero eso restringiría el flujo global de capitales, cuando más bien es necesario expandirlos —y no solo a corto plazo para acelerar la recuperación de la actual recesión.
La clave para expandir los flujos de capitales, especialmente hacia los países del “sur”, es reformar los sistemas financieros de los países emergentes de tal manera que estos tengan una mejor gobernabilidad corporativa, menos corrupción y políticas macroeconómicas orientadas hacia el crecimiento. Estas reformas beneficiarían tanto a países desarrollados como a los que están en vías de desarrollo.
En general, tanto las fuerzas que detendrían la globalización como aquellas que la promoverían están presentes. La reciente crisis financiera ha debilitado las economías del mundo desarrollado, ha promovido políticas nacionalistas que beneficiaron a algunas naciones a costa de otras y ha socavado el respaldo para que continúe la globalización.
Pero puede ser que los intereses regionales promuevan la globalización de una manera fragmentada conforme los países busquen maximizar las ventajas del comercio y de la integración internacional sin que un poder global haga cumplir y respetar las leyes, normas e instituciones internacionales. Sin embargo, un orden económico como este trae consigo una considerable incertidumbre y podría ser inestable en última instancia.
La aversión a las consecuencias de un colapso del orden económico internacional —lo que ocurrió después de 1914 con la destrucción económica y física de dos guerras mundiales— podría brindar suficiente impulso para permitir que el orden liderado por EE.UU. continúe por unas cuantas décadas más.
No obstante, ninguna nación parece capaz de llenar los zapatos de EE.UU. como este país lo hizo cuando Gran Bretaña estuvo económicamente exhausta luego de la Segunda Guerra Mundial. Los únicos candidatos son Europa, China e India —pero cada uno de ellos o no están interesados o no son económicamente y militarmente capaces de asumir de manera exitosa el papel de poder hegemónico global.
Jagadeesh Gokhale
El cambio más patente que ha ocurrido a raíz del severo colapso del sector financiero y el declive en los volúmenes de comercio provocado por la recesión ha sido la aparición del G-20 como el grupo que guía a la economía mundial.
Sin embargo, el orden emergente puede que termine siendo muy similar al orden económico pre-crisis si EE.UU. logra contener las potenciales presiones inflacionarias de una incesante política monetaria laxa y si el tipo de cambio del dólar se mantiene firme. Esto requerirá, eventualmente, de un retiro oportuno de las extraordinarias infusiones monetarias que se están llevando a cabo para ayudar a que la economía estadounidense y la mundial se recuperen.
Además, serán necesarias reformas que eliminen los desequilibrios fiscales masivos en los países desarrollados para prevenir que sigan aumentando los impuestos y se mantenga el incentivo de las generaciones más jóvenes para continuar invirtiendo en capital humano y físico.
Mantener las tasas tributarias lo más bajas posibles es claramente una precondición para mantener el crecimiento de la productividad a futuro y para satisfacer los próximos retos en varios frentes: la población, el envejecimiento, el ahorro energético, el cambio climático, los crecientes costos de atención médica, entre otros. No obstante, el escepticismo está creciendo en cuanto a sí todos los asombrosos retos de políticas económicas pueden resolverse a tiempo.
También a nivel microeconómico es poco probable que el orden económico post crisis detenga la erosión de la seguridad económica para los trabajadores en las naciones desarrolladas —de hecho, probablemente sucederá lo contrario. Si el nuevo marco regulatorio que se está debatiendo preserva exitosamente el proceso de integración económica global, los trabajadores en el mundo desarrollado continuarán experimentando una creciente inseguridad en sus trabajos y una mayor competencia por parte de trabajadores extranjeros. De tal forma, se verían obligados a adaptarse adquiriendo nuevas destrezas y siendo más móviles. Por lo tanto, los tomadores de decisiones en los países desarrollados se enfrentarán a crecientes presiones políticas para reducir estas incertidumbres a través de protecciones sociales crecientes.
La crisis económica de 2007-2009 ha provocado respuestas distintas en distintos países. Muchos han introducido paquetes de estímulo para extender la ayuda para los desempleados, han expandido los proyectos de obras públicas, han respaldado las inversiones y brindado asistencia a instituciones financieras para que estas puedan volver a prestar.
Aunque estas ayudas deberían ser removidas conforme se vayan recuperando las economías, puede que no sea posible revertirlas completamente ya que las presiones económicas, anteriormente mencionadas, de la globalización se volverán más intensas y las tasas de desempleo permanecerán altas.
Es probable que el nuevo orden económico se enfoque en someter a las entidades financieras privadas a regulaciones más severas de tal manera que se reduzca su exposición al riesgo. Pero eso restringiría el flujo global de capitales, cuando más bien es necesario expandirlos —y no solo a corto plazo para acelerar la recuperación de la actual recesión.
La clave para expandir los flujos de capitales, especialmente hacia los países del “sur”, es reformar los sistemas financieros de los países emergentes de tal manera que estos tengan una mejor gobernabilidad corporativa, menos corrupción y políticas macroeconómicas orientadas hacia el crecimiento. Estas reformas beneficiarían tanto a países desarrollados como a los que están en vías de desarrollo.
En general, tanto las fuerzas que detendrían la globalización como aquellas que la promoverían están presentes. La reciente crisis financiera ha debilitado las economías del mundo desarrollado, ha promovido políticas nacionalistas que beneficiaron a algunas naciones a costa de otras y ha socavado el respaldo para que continúe la globalización.
Pero puede ser que los intereses regionales promuevan la globalización de una manera fragmentada conforme los países busquen maximizar las ventajas del comercio y de la integración internacional sin que un poder global haga cumplir y respetar las leyes, normas e instituciones internacionales. Sin embargo, un orden económico como este trae consigo una considerable incertidumbre y podría ser inestable en última instancia.
La aversión a las consecuencias de un colapso del orden económico internacional —lo que ocurrió después de 1914 con la destrucción económica y física de dos guerras mundiales— podría brindar suficiente impulso para permitir que el orden liderado por EE.UU. continúe por unas cuantas décadas más.
No obstante, ninguna nación parece capaz de llenar los zapatos de EE.UU. como este país lo hizo cuando Gran Bretaña estuvo económicamente exhausta luego de la Segunda Guerra Mundial. Los únicos candidatos son Europa, China e India —pero cada uno de ellos o no están interesados o no son económicamente y militarmente capaces de asumir de manera exitosa el papel de poder hegemónico global.
Jagadeesh Gokhale
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Flash Legislativo
La semana anterior, la Fracción del Movimiento Libertario presentó dos nuevos proyectos de ley tendientes a garantizar la responsabilidad fiscal del Gobierno. Se trata del Expediente N° 17.867, que procura reformar el artículo 176 de la Constitución Política para impedir el financiamiento de gasto corriente con deuda y el Expediente N° 17.868, Ley de Responsabilidad Fiscal, que busca establecer una serie de reglas y sanciones para el manejo financiero de los Presupuestos Públicos.
En ASOJOD celebramos que se intente poner límites al gasto público y al despilfarro de recursos que hacen los gobiernos de turno y que sólo sirven para aumentar la corrupción, el clientelismo y justificar la posterior voracidad fiscal.
Ya es hora que los gobernantes tengan que sujetarse a reglas claras y sepan que no pueden estar por encima de la ley ni pueden generar un desorden en las finanzas públicas sin que hayan consecuencias legales en su contra. Ya es hora de que el gobierno vuelva a ser responsable ante los ciudadanos y preserve los recursos que los individuos crean mediante su trabajo y capacidad.
En ASOJOD celebramos que se intente poner límites al gasto público y al despilfarro de recursos que hacen los gobiernos de turno y que sólo sirven para aumentar la corrupción, el clientelismo y justificar la posterior voracidad fiscal.
Ya es hora que los gobernantes tengan que sujetarse a reglas claras y sepan que no pueden estar por encima de la ley ni pueden generar un desorden en las finanzas públicas sin que hayan consecuencias legales en su contra. Ya es hora de que el gobierno vuelva a ser responsable ante los ciudadanos y preserve los recursos que los individuos crean mediante su trabajo y capacidad.
lunes, 27 de septiembre de 2010
Tema polémico: Reforma a la Sala Constitucional
Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la necesidad de reformar las competencias de la Sala Constitucional. Algunos dicen que este órgano ha sobrepasado sus competencias, en el sentido que, actualmente, cogobierna; otros critican el alcance de los fallos, que impiden la administración de un Estado y sus instituciones de acuerdo con lo planificado por los jerarcas. Para otros, el problema está en que los magistrados son prácticamente inamovibles, toda vez que su destitución requiere el voto de 38 Diputados. En el caso de la Asamblea Legislativa, ese debate no ha pasado desapercibido, hasta el punto de que ya se conformó una subcomisión que verá 5 proyectos de ley tendientes a ese objetivo.
Lo que hay que preguntarse es si realmente se requiere reformar a la Sala Constitucional y, en caso afirmativo, qué tipo de reforma se requiere. Precisamente, en este Tema polémico queremos aportar nuestra contribución.
En ASOJOD compartimos con muchos que la Sala se ha extralimitado: si bien su función es hacer cumplir la letra de la Constitución, nos parece inapropiado que ese Tribunal decida que hay que darle tratamiento para disfución eréctil a unos a costa de otros o que una persona que está en lista de espera para recibir un tratamiento médico en la CCSS se salte a todas las otras que le preceden sólo porque la Sala declara con lugar un amparo. Sin lugar a dudas, unos magistrados están tomando decisiones de política pública que le competen a otros funcionarios y eso no sólo está causando un problema de claridad en las competencias, sino que también deja dudas sobre la necesidad de tener a dichos funcionarios cobrando sueldos y a instituciones gastando sus presupuestos, si el máximo Tribunal es el que va a tomar las decisiones.
Pero, además, dicha situación plantea el cuestionamiento si las decisiones de los Magistrados, que al fin y al cabo son operadores del Derecho y no médicos, ingenieros, economistas, etc. son tomadas con arreglo a criterios técnicos en la materia o son sólo, como nos parece, interpretaciones de la letra de una norma que no siempre se adecuán a la realidad y a la necesidad. En otras palabras, para obligar a la CCSS a atender a un paciente, digamos que está en el puesto 124, la Sala debe decidir que su condición es prioritaria sobre los otros 123, a pesar de no conocer el historial clínico de estos.
Ni qué decir de los costos generados por sus sentencias. Cada vez que a los Magistrados se les ocurre que el derecho a la salud incluye pastillas de viagra, perjudica a los demás costarricenses, pues quien deberá pagar por el tratamiento no es la CCSS, sino todos los ciudadanos mediante sus impuestos. Y conforme va aumentando la lista de "derechos", más disminuye el patrimonio de los individuos.
También compartimos criterio con quienes critican la cuasi inamovilidad de los Magistrados. Nos parece que en un Estado democrático y, más aún, en una sociedad que aspire a ser libre, el relevo en los puestos de poder es una condición sine qua non. Lord Acton nos advertía que "el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente". Cuando estos funcionarios detentan el poder que sus competencias le otorgan, no sólo no rinden cuentas a nadie, sino que tampoco tienen limitaciones: prácticamente se han situado por encima del bien y del mal, por encima de la ley. El hecho de que, cada vez que se conoce en el Congreso la continuidad de los Magistrados, se requiera 38 votos en contra para impedir que permanezca en su puesto, debe llamarnos a reflexionar.
Ahora bien, donde nos apartamos del criterio de algunos quejosos es en el tema de las consultas de constitucionalidad. Desde tiempo atrás, legisladores, académicos y hasta los mismos Magistrados, han insistido que debe eliminarse el control a priori de la constitucionalidad de las normas, especialmente como mecanismo utilizado para retrasar el proceso decisional. En ASOJOD somos de la opinión de que el Reglamento Legislativo, aún con todos sus fallos, contiene un instituto fundamental, que es la consulta facultativa de constitucionalidad. Su importancia radica en que se ha convertido en un instrumento de defensa de los derechos de la minoría parlamentaria sobre la tiranía de las mayorías.
Un par de ejemplos pueden ayudar a clarificar la cuestión. Hace unos años, cuando se tramitaba el Plan Fiscal en la Administración Pacheco de la Espriella, prácticamente un sólo Diputado logró detenerlo: Federico Malavassi se valió de la aplicación del Reglamento en el proceso de formación de la ley y logró cimentar un bloque de legisladores dispuestos a firmar una consulta de esa índole. Al final, la Sala encontró vicios de procedimiento y eso se trajo abajo el paquetazo de impuestos. Recientemente, en la Comisión Plena II se aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende eliminar el porteo como actividad privada para convertirlo en un servicio público. A pesar de que el PLN, el PAC y el PUSC estaban decididos a imponerse como mayoría, el trabajo de tres legisladores libertarios permitió que se tenga paralizada la reforma, mientras la Sala decide.
Si el Congreso es el reflejo de la sociedad, la existencia de procesos decisionales basados en la fórmula mayoritaria, donde es muy posible que se atropellen los derechos de las minorías, podría provocar que se institucionalice esa práctica en la cultura política de los costarricenses y de ese ámbito, pasar a sus relaciones interpersonales, de forma que la imposición y la falacia ad numerum se conviertan en valores que sustituyan al diálogo, el convencimiento, la persuación y la negociación. Por eso resulta importante que las minorías no sólo puedan expresar sus criterios, sino también que existan instrumentos para que logren aplicarlos de forma que sirvan como freno a la tiranía de las mayorías. De ahí que la consulta a la Sala sea una salvaguarda de esos derechos y un mecanismo de control al poder Legislativo para consolidar el sistema de frenos y contrapesos en un régimen democrático.
Como pueden ver, la reforma a las competencias de la Sala IV no es poca cosa. Se requiere de una reflexión seria, de una discusión apropiada y de una conciencia sobre los beneficios y perjuicios que se pueden generar. Ojalá ese proceso estuviera orientado a la consolidación de una sociedad libre, dejando más espacios para el orden espontáneo en lugar de aspirar al diseño planificado. Sin embargo, la clase política costarricense no se distingue por su aprecio a los valores de la libertad, por lo que el panorama se antoja bastante oscuro a priori. Esperemos a ver cómo avanza.
Lo que hay que preguntarse es si realmente se requiere reformar a la Sala Constitucional y, en caso afirmativo, qué tipo de reforma se requiere. Precisamente, en este Tema polémico queremos aportar nuestra contribución.
En ASOJOD compartimos con muchos que la Sala se ha extralimitado: si bien su función es hacer cumplir la letra de la Constitución, nos parece inapropiado que ese Tribunal decida que hay que darle tratamiento para disfución eréctil a unos a costa de otros o que una persona que está en lista de espera para recibir un tratamiento médico en la CCSS se salte a todas las otras que le preceden sólo porque la Sala declara con lugar un amparo. Sin lugar a dudas, unos magistrados están tomando decisiones de política pública que le competen a otros funcionarios y eso no sólo está causando un problema de claridad en las competencias, sino que también deja dudas sobre la necesidad de tener a dichos funcionarios cobrando sueldos y a instituciones gastando sus presupuestos, si el máximo Tribunal es el que va a tomar las decisiones.
Pero, además, dicha situación plantea el cuestionamiento si las decisiones de los Magistrados, que al fin y al cabo son operadores del Derecho y no médicos, ingenieros, economistas, etc. son tomadas con arreglo a criterios técnicos en la materia o son sólo, como nos parece, interpretaciones de la letra de una norma que no siempre se adecuán a la realidad y a la necesidad. En otras palabras, para obligar a la CCSS a atender a un paciente, digamos que está en el puesto 124, la Sala debe decidir que su condición es prioritaria sobre los otros 123, a pesar de no conocer el historial clínico de estos.
Ni qué decir de los costos generados por sus sentencias. Cada vez que a los Magistrados se les ocurre que el derecho a la salud incluye pastillas de viagra, perjudica a los demás costarricenses, pues quien deberá pagar por el tratamiento no es la CCSS, sino todos los ciudadanos mediante sus impuestos. Y conforme va aumentando la lista de "derechos", más disminuye el patrimonio de los individuos.
También compartimos criterio con quienes critican la cuasi inamovilidad de los Magistrados. Nos parece que en un Estado democrático y, más aún, en una sociedad que aspire a ser libre, el relevo en los puestos de poder es una condición sine qua non. Lord Acton nos advertía que "el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente". Cuando estos funcionarios detentan el poder que sus competencias le otorgan, no sólo no rinden cuentas a nadie, sino que tampoco tienen limitaciones: prácticamente se han situado por encima del bien y del mal, por encima de la ley. El hecho de que, cada vez que se conoce en el Congreso la continuidad de los Magistrados, se requiera 38 votos en contra para impedir que permanezca en su puesto, debe llamarnos a reflexionar.
Ahora bien, donde nos apartamos del criterio de algunos quejosos es en el tema de las consultas de constitucionalidad. Desde tiempo atrás, legisladores, académicos y hasta los mismos Magistrados, han insistido que debe eliminarse el control a priori de la constitucionalidad de las normas, especialmente como mecanismo utilizado para retrasar el proceso decisional. En ASOJOD somos de la opinión de que el Reglamento Legislativo, aún con todos sus fallos, contiene un instituto fundamental, que es la consulta facultativa de constitucionalidad. Su importancia radica en que se ha convertido en un instrumento de defensa de los derechos de la minoría parlamentaria sobre la tiranía de las mayorías.
Un par de ejemplos pueden ayudar a clarificar la cuestión. Hace unos años, cuando se tramitaba el Plan Fiscal en la Administración Pacheco de la Espriella, prácticamente un sólo Diputado logró detenerlo: Federico Malavassi se valió de la aplicación del Reglamento en el proceso de formación de la ley y logró cimentar un bloque de legisladores dispuestos a firmar una consulta de esa índole. Al final, la Sala encontró vicios de procedimiento y eso se trajo abajo el paquetazo de impuestos. Recientemente, en la Comisión Plena II se aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende eliminar el porteo como actividad privada para convertirlo en un servicio público. A pesar de que el PLN, el PAC y el PUSC estaban decididos a imponerse como mayoría, el trabajo de tres legisladores libertarios permitió que se tenga paralizada la reforma, mientras la Sala decide.
Si el Congreso es el reflejo de la sociedad, la existencia de procesos decisionales basados en la fórmula mayoritaria, donde es muy posible que se atropellen los derechos de las minorías, podría provocar que se institucionalice esa práctica en la cultura política de los costarricenses y de ese ámbito, pasar a sus relaciones interpersonales, de forma que la imposición y la falacia ad numerum se conviertan en valores que sustituyan al diálogo, el convencimiento, la persuación y la negociación. Por eso resulta importante que las minorías no sólo puedan expresar sus criterios, sino también que existan instrumentos para que logren aplicarlos de forma que sirvan como freno a la tiranía de las mayorías. De ahí que la consulta a la Sala sea una salvaguarda de esos derechos y un mecanismo de control al poder Legislativo para consolidar el sistema de frenos y contrapesos en un régimen democrático.
Como pueden ver, la reforma a las competencias de la Sala IV no es poca cosa. Se requiere de una reflexión seria, de una discusión apropiada y de una conciencia sobre los beneficios y perjuicios que se pueden generar. Ojalá ese proceso estuviera orientado a la consolidación de una sociedad libre, dejando más espacios para el orden espontáneo en lugar de aspirar al diseño planificado. Sin embargo, la clase política costarricense no se distingue por su aprecio a los valores de la libertad, por lo que el panorama se antoja bastante oscuro a priori. Esperemos a ver cómo avanza.
viernes, 24 de septiembre de 2010
Viernes de recomendación
En este día queremos compartir un artículo titulado "Indeterminismo y democracia en Popper" de Manuel Pavón, en donde se explica que la noción de la democracia de ese gran pensador se acerca a su visión del indeterminismo en la cosmología.
De esta forma, la sociedad liberal está más cerca entonces a un sistema no ordenado pero cohesionado, algo similar a una "nube de mosquitos" sin orden y regulación aparente.
De esta forma, la sociedad liberal está más cerca entonces a un sistema no ordenado pero cohesionado, algo similar a una "nube de mosquitos" sin orden y regulación aparente.
jueves, 23 de septiembre de 2010
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Flash Legislativo
El pasado jueves, la Asamblea Legislativa dio fin a un debate esteril y absurdo que se venía gestando desde días atrás. Se trata de la aprobación, en primer debate, del proyecto N° 17.815 para declarar a Juan Rafael Mora Porras (1814-1860) como Libertador y Héroe Nacional.
Desde hace unos días, el Diputado del PLN, Fabio Molina, atizó el debate al oponerse a tal declaratoria, insistiendo que en Costa Rica sólo puede haber un héroe: Juan Santamaría. Por supuesto, los ataques de otros Diputados no se hicieron esperar y tras un estira y encoge, se logró aprobar el mencionado expediente con 41 votos a favor y 1 en contra. Además, el pasado lunes se aprobó en segundo debate, convirtiéndose prácticamente en Ley de la República (sólo falta la sanción del Poder Ejecutivo).
Probablemente, los lectores se preguntarán qué necesidad había de hacer de este tema, un debate en el Congreso. En ASOJOD no sólo cuestionamos lo mismo, sino más: qué necesidad hay de dedicar tiempo y recursos valiosos para discutir algo tan estéril e inútil como una declaratoria de héroe o un benemeritazgo cuando la agenda legislativa está rebosando de proyectos que merecen ser discutidos.
Los tax payers esperamos de la Asamblea Legislativa una inversión apropiada, eficiente y eficaz de sus recursos; elegimos representantes para que promuevan o bloqueen los proyectos de ley que consideramos buenos o malos respectivamente. Sin embargo, dedicar tiempo a algo tan absurdo como declarar que un fulano debe ser héroe o un sultano debe ser Benemérito de la Patria, nos parece lamentable.
Por eso planteamos la duda y la dejamos picando para que los lectores opinan: ¿debería la Asamblea Legislativa destinar tiempo para declarar héroes y beneméritos? ¿Quién podría hacerlo en su lugar, para así aligerar la agenda legislativa? O es más, ¿requiere Costa Rica que se estén otorgando esos títulos honoríficos? ¿Qué ganamos los ciudadanos actuales con esto?
Desde hace unos días, el Diputado del PLN, Fabio Molina, atizó el debate al oponerse a tal declaratoria, insistiendo que en Costa Rica sólo puede haber un héroe: Juan Santamaría. Por supuesto, los ataques de otros Diputados no se hicieron esperar y tras un estira y encoge, se logró aprobar el mencionado expediente con 41 votos a favor y 1 en contra. Además, el pasado lunes se aprobó en segundo debate, convirtiéndose prácticamente en Ley de la República (sólo falta la sanción del Poder Ejecutivo).
Probablemente, los lectores se preguntarán qué necesidad había de hacer de este tema, un debate en el Congreso. En ASOJOD no sólo cuestionamos lo mismo, sino más: qué necesidad hay de dedicar tiempo y recursos valiosos para discutir algo tan estéril e inútil como una declaratoria de héroe o un benemeritazgo cuando la agenda legislativa está rebosando de proyectos que merecen ser discutidos.
Los tax payers esperamos de la Asamblea Legislativa una inversión apropiada, eficiente y eficaz de sus recursos; elegimos representantes para que promuevan o bloqueen los proyectos de ley que consideramos buenos o malos respectivamente. Sin embargo, dedicar tiempo a algo tan absurdo como declarar que un fulano debe ser héroe o un sultano debe ser Benemérito de la Patria, nos parece lamentable.
Por eso planteamos la duda y la dejamos picando para que los lectores opinan: ¿debería la Asamblea Legislativa destinar tiempo para declarar héroes y beneméritos? ¿Quién podría hacerlo en su lugar, para así aligerar la agenda legislativa? O es más, ¿requiere Costa Rica que se estén otorgando esos títulos honoríficos? ¿Qué ganamos los ciudadanos actuales con esto?
martes, 21 de septiembre de 2010
Seminario de dolarización en Costa Rica
En ASOJOD queremos invitarlos a la siguiente actividad organizada por ANFE:
Seminario de dolarización en Costa Rica
Expositores:
* Dr. Rodrigo Bolaños, Presidente del Banco Central
* Dr. Roberto Brenes, Gerente de la Bolsa de Valores de Panamá
* Dr. Claudio de Rosa, Ex Asesor de la Presidencia de El Salvador
* Dr. Juan Muñoz, Catedrático Universitario
* Sr. Thelmo Vargas, Ex Ministro de Hacienda
* Dr. Norberto Zúñiga, Ex Funcionario del Banco Central
* Sra. Mónica Araya, Presidenta de CADEXCO
* Dr. Luis Loría, Redactor de Propuesta
* Dr. Jorge Corrales Quesada, Moderador
Lugar: Hotel Radisson, Salones Zurquí 1 y 2
Fecha y hora: Martes 28 de Septiembre del 2010, de 2:00 a 6:45 p. m.
Costo: ¢ 6.000 (Incluye refrigerio).
Reservaciones:
Telf.: 2253-4460 / 2224-7350 / 8996-6569 / Fax 2253-4497;
E-Mail: anfe@anfe.or.cr ,
Oficinas de ANFE: Barrio Francisco Peralta, frente Costado Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
lunes, 20 de septiembre de 2010
Tema polémico: ¿celebrar la independencia?
El pasado 15 de septiembre los costarricenses celebraron el Día de la Independencia. La antorcha de la independencia cruzó calles y avenidas mientras se alumbraba la noche con los tradicionales faroles. Miles cantaron el Himno Nacional y otros tantos desfilaron. Múltiples formas de celebrar la historia pero, en la mayoría de los casos, conmemoraciones carentes de sentido crítico que invite a pensar sobre el significado de ser independientes en la actualidad.
Es, también, época en que retumban los discursos ligeros, aludiendo al “sentido profundo de la patria”, a los “valores comunes” que le son propios y le da identidad. “Hacer patria es subordinar el interés individual al interés supremo de la nación” dijo la señora Presidenta de la República, demostrando hasta dónde el colectivismo ha calado hondo en la mentalidad de nuestros gobernantes, en perjuicio de los derechos y valores individuales.
En ASOJOD no podemos tomar con ligereza tales conceptos y declaraciones. Hemos señalado en diversas ocasiones el peligro existente en conceptos aparentemente bien intencionados y loables: el bien común, la patria, el pueblo y otros tantos de tinte tan difuso como colectivista, pero cuya amenaza yace, precisamente, en su carente objetividad de contenido y, por ende, en la facilidad con que cada quien (generalmente quienes detentan el poder) los dota del significado más ventajoso. ¿Cuántas políticas públicas diseñadas para favorecer el “bien común” han terminado por afectar a cada uno de los costarricenses?
Pero, más allá de la forma en que la independencia se llena de contenido, debemos preguntarnos por la vigencia del concepto mismo ¿Qué significa ser independientes bajo el paradigma de la interdependencia global?
La era de las redes nos convierte en ciudadanos del mundo donde las fronteras tradicionales territoriales carecen completamente de sentido. Ser independiente es antítesis del sometimiento, sin embargo, dependemos más que nunca de las decisiones, aparentemente insignificantes, tomadas en cualquier parte del mundo. Particularmente los gobiernos lucen inútiles para atender, y mucho menos, regular los problemas nacionales o globales, cediendo, en muchos casos, el protagonismo ante instancias supranacionales o transnacionales.
En definitiva, entendemos la independencia bajo la lógica de la aldea cuando vivimos en la era de las redes. Celebramos contemplando al pasado, pero enfrentando los desafíos que nos impone la actualidad.
Conviene entonces preguntarnos ¿de qué somos realmente independientes? Tal vez nos demos cuenta que la independencia carece de toda validez empírica y que su significado nos remite, cada vez más, a un pasado romántico de nuestra historia, cuya celebración no es otra cosa que la excusa perfecta para invocar un colectivismo contrario a la libertad individual.
Es, también, época en que retumban los discursos ligeros, aludiendo al “sentido profundo de la patria”, a los “valores comunes” que le son propios y le da identidad. “Hacer patria es subordinar el interés individual al interés supremo de la nación” dijo la señora Presidenta de la República, demostrando hasta dónde el colectivismo ha calado hondo en la mentalidad de nuestros gobernantes, en perjuicio de los derechos y valores individuales.
En ASOJOD no podemos tomar con ligereza tales conceptos y declaraciones. Hemos señalado en diversas ocasiones el peligro existente en conceptos aparentemente bien intencionados y loables: el bien común, la patria, el pueblo y otros tantos de tinte tan difuso como colectivista, pero cuya amenaza yace, precisamente, en su carente objetividad de contenido y, por ende, en la facilidad con que cada quien (generalmente quienes detentan el poder) los dota del significado más ventajoso. ¿Cuántas políticas públicas diseñadas para favorecer el “bien común” han terminado por afectar a cada uno de los costarricenses?
Pero, más allá de la forma en que la independencia se llena de contenido, debemos preguntarnos por la vigencia del concepto mismo ¿Qué significa ser independientes bajo el paradigma de la interdependencia global?
La era de las redes nos convierte en ciudadanos del mundo donde las fronteras tradicionales territoriales carecen completamente de sentido. Ser independiente es antítesis del sometimiento, sin embargo, dependemos más que nunca de las decisiones, aparentemente insignificantes, tomadas en cualquier parte del mundo. Particularmente los gobiernos lucen inútiles para atender, y mucho menos, regular los problemas nacionales o globales, cediendo, en muchos casos, el protagonismo ante instancias supranacionales o transnacionales.
En definitiva, entendemos la independencia bajo la lógica de la aldea cuando vivimos en la era de las redes. Celebramos contemplando al pasado, pero enfrentando los desafíos que nos impone la actualidad.
Conviene entonces preguntarnos ¿de qué somos realmente independientes? Tal vez nos demos cuenta que la independencia carece de toda validez empírica y que su significado nos remite, cada vez más, a un pasado romántico de nuestra historia, cuya celebración no es otra cosa que la excusa perfecta para invocar un colectivismo contrario a la libertad individual.
viernes, 17 de septiembre de 2010
Viernes de Recomendación
Para el día de hoy les presentamos el ensayo: ¿Ciudadanía o síndrome de Estocolmo? del Profesor Julio Cesar de León Barbero. En dicho trabajao, se muestra como se ha levantado una falsa visión de la ciudadanía, en donde la misma se obtiene y se practica a la luz de estar al servicio del Estado y en función de sus caprichos.
jueves, 16 de septiembre de 2010
ECONOMÍA: China: Represión financiera
El gran paquete de estímulo de China y la rápida expansión del crédito han mantenido andando el motor del crecimiento, pero a expensas del sector no estatal. La asignación de crédito a través de los bancos estatales ha favorecido a las empresas estatales y a los gobiernos locales. Aunque los grandes bancos no están frente a un peligro inmediato, hay señales que advierten que el sector bancario está más frágil de lo que muchos creen.
Los políticos locales, bajo la fuerte presión de desarrollar la infraestructura, han utilizado plataformas de inversión para evadir restricciones sobre los préstamos directos de los bancos. Si se emprenden muchos proyectos de alto riesgo, los préstamos bancarios podrían deteriorase y podrían florecer préstamos vencidos. Las decisiones de inversión están todavía altamente politizadas y la evaluación del riesgo es débil. Tratar de servir a dos jefes —el mercado y el Estado— es difícil. Los préstamos a los gobiernos locales constituyen alrededor de un 20% del crédito bancario total y 20% de esos préstamos se encuentran ahora vencidos.
El crédito se expandió en un 34% el año pasado. Aunque la emisión de nuevos préstamos bancarios se ha desacelerado en alrededor de un 18% este año, se está haciendo recurrente la práctica de prestar y mantener estos préstamos fuera de la hoja de balances. En un reporte reciente, Fitch indicó que el uso de la creación informal de títulos valores está conduciendo a una “predominante subestimación del crecimiento del crédito y de la exposición al crédito”. De manera que el crecimiento real de los préstamos podría estar subestimado en un 28% para la primera mitad de este año.
Los bancos estatales ahora trabajan de cerca con empresas que administran fondos para estructurar préstamos y revenderlos como “productos de administración de riqueza”, los cuales pagan una tasa de interés más alta que los depósitos bancarios. Estos productos vienen con una garantía, por lo que su demanda es alta y la oferta está satisfaciendo la demanda. En mayo, los bancos en conjunto con las empresas que administran fondos emitieron alrededor de 615.000 millones de yuanes (HK$704.000 millones) de estos productos, casi igualando la cantidad de los nuevos préstamos bancarios.
Mientras no haya propiedad privada transparente de los bancos y otras instituciones financieras, China podría enfrentar una creciente cantidad de préstamos vencidos ya que los préstamos son concedidos a gobiernos locales y a empresas estatales que no sobrevivirían en el mundo de la empresa privada. Las distorsiones aumentarán.
Si el Banco Popular de China no desacelera adecuadamente la máquina de imprimir billetes, la inflación actual de 3% podría aumentar fácilmente, resultando en controles de salarios y de precios, la pérdida de libertad económica y un aumento en el desempleo y la pobreza.
“La limpieza continua de los vehículos de inversión de los gobiernos locales es crítica para contener los riesgos del sector fiscal y bancario a mediano plazo”, dice Tao Wang, economista de UBS. China necesita más libertad de capitales y menos intervención estatal. Insertar la creación de títulos valores en una economía socialista de mercado es una receta para el desastre: El apalancamiento aumenta y el riesgo es socializado.
China necesita tomar medidas que permitan que se desarrollen verdaderos mercados de capitales y para que los fondos fluyan al sector privado con criterios comerciales. Las tasas de interés necesitan liberalizarse y la cuenta de capitales debe abrirse aún más. La reciente eliminación de la restricción al libre flujo del yuan en Hong Kong es un paso en la dirección correcta, así como lo es el anuncio de que el tipo de cambio será más flexible.
Hu Xiaolian, la gobernadora del Banco Popular de China, ha reconocido el riesgo de inversión inherente en el actual sistema de represión financiera. En su reciente anuncio, publicado en el sitio web del banco, ella citó al tratado liberal de Milton Friedman, Libre para elegir, al enfatizar que la “inflación es una enfermedad que si no se controla a tiempo puede destruir una sociedad”.
Pekín necesita sopesar las ideas que han funcionado y acelerar la transición hacia un mercado de capitales libre. El problema de riesgo moral surge cuando el Estado es demasiado grande y el mercado demasiado pequeño.
El proceso de reforma de China desde fines de los setenta ha transformado la sociedad y ampliado la gama de opciones disponibles para las personas. Sin embargo, la represión financiera todavía limita las opciones para inversiones y favorece a las empresas y bancos del Estado. El problema de “demasiado grande para quebrar” y el riesgo moral no afecta únicamente a Occidente.
James A. Dorn
Los políticos locales, bajo la fuerte presión de desarrollar la infraestructura, han utilizado plataformas de inversión para evadir restricciones sobre los préstamos directos de los bancos. Si se emprenden muchos proyectos de alto riesgo, los préstamos bancarios podrían deteriorase y podrían florecer préstamos vencidos. Las decisiones de inversión están todavía altamente politizadas y la evaluación del riesgo es débil. Tratar de servir a dos jefes —el mercado y el Estado— es difícil. Los préstamos a los gobiernos locales constituyen alrededor de un 20% del crédito bancario total y 20% de esos préstamos se encuentran ahora vencidos.
El crédito se expandió en un 34% el año pasado. Aunque la emisión de nuevos préstamos bancarios se ha desacelerado en alrededor de un 18% este año, se está haciendo recurrente la práctica de prestar y mantener estos préstamos fuera de la hoja de balances. En un reporte reciente, Fitch indicó que el uso de la creación informal de títulos valores está conduciendo a una “predominante subestimación del crecimiento del crédito y de la exposición al crédito”. De manera que el crecimiento real de los préstamos podría estar subestimado en un 28% para la primera mitad de este año.
Los bancos estatales ahora trabajan de cerca con empresas que administran fondos para estructurar préstamos y revenderlos como “productos de administración de riqueza”, los cuales pagan una tasa de interés más alta que los depósitos bancarios. Estos productos vienen con una garantía, por lo que su demanda es alta y la oferta está satisfaciendo la demanda. En mayo, los bancos en conjunto con las empresas que administran fondos emitieron alrededor de 615.000 millones de yuanes (HK$704.000 millones) de estos productos, casi igualando la cantidad de los nuevos préstamos bancarios.
Mientras no haya propiedad privada transparente de los bancos y otras instituciones financieras, China podría enfrentar una creciente cantidad de préstamos vencidos ya que los préstamos son concedidos a gobiernos locales y a empresas estatales que no sobrevivirían en el mundo de la empresa privada. Las distorsiones aumentarán.
Si el Banco Popular de China no desacelera adecuadamente la máquina de imprimir billetes, la inflación actual de 3% podría aumentar fácilmente, resultando en controles de salarios y de precios, la pérdida de libertad económica y un aumento en el desempleo y la pobreza.
“La limpieza continua de los vehículos de inversión de los gobiernos locales es crítica para contener los riesgos del sector fiscal y bancario a mediano plazo”, dice Tao Wang, economista de UBS. China necesita más libertad de capitales y menos intervención estatal. Insertar la creación de títulos valores en una economía socialista de mercado es una receta para el desastre: El apalancamiento aumenta y el riesgo es socializado.
China necesita tomar medidas que permitan que se desarrollen verdaderos mercados de capitales y para que los fondos fluyan al sector privado con criterios comerciales. Las tasas de interés necesitan liberalizarse y la cuenta de capitales debe abrirse aún más. La reciente eliminación de la restricción al libre flujo del yuan en Hong Kong es un paso en la dirección correcta, así como lo es el anuncio de que el tipo de cambio será más flexible.
Hu Xiaolian, la gobernadora del Banco Popular de China, ha reconocido el riesgo de inversión inherente en el actual sistema de represión financiera. En su reciente anuncio, publicado en el sitio web del banco, ella citó al tratado liberal de Milton Friedman, Libre para elegir, al enfatizar que la “inflación es una enfermedad que si no se controla a tiempo puede destruir una sociedad”.
Pekín necesita sopesar las ideas que han funcionado y acelerar la transición hacia un mercado de capitales libre. El problema de riesgo moral surge cuando el Estado es demasiado grande y el mercado demasiado pequeño.
El proceso de reforma de China desde fines de los setenta ha transformado la sociedad y ampliado la gama de opciones disponibles para las personas. Sin embargo, la represión financiera todavía limita las opciones para inversiones y favorece a las empresas y bancos del Estado. El problema de “demasiado grande para quebrar” y el riesgo moral no afecta únicamente a Occidente.
James A. Dorn
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Flash Legislativo
La semana anterior se votó unánimemente de forma negativa el proyecto de ley N° 17.337 que pretendía autorizar al Poder Ejecutivo para incumplir temporalmente con el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, que dispone que no se podrán financiar gastos corrientes con ingresos de capital.
Por supuesto que esto no sucedió por una repentina responsabilidad fiscal del PLN, pues con la excusa de la crisis y la consecuente caída en los ingresos fiscales, los legisladores de esa bancada más bien han enfatizado en que se debe seguir aumentando el endeudamiento para poder cumplir con los compromisos del gasto. Se logró gracias a la enorme presión del Movimiento Libertario y del PUSC, que en conjunto le interpusieron más de 1.000 mociones a tan nefasta iniciativa, tanto en Comisión como en Plenario.
Ahora bien, es claro que con la entrada del nuevo Proyecto de Presupuesto, el oficialismo vuelve a la carga con su tesis y corresponderá a las fracciones de oposición vigilar que no se ponga en peligro la estabilidad financiera de Costa Rica.
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