Desde la tribuna: Constitución y PACquetazo Tributario

Aprobado en primer debate el Pacquetazo Tributario, emergen ahora los principios constitucionales como eventuales defensas del pueblo costarricense.

Ello es así con ocasión de la consulta de constitucionalidad realizada por un grupo de diputados, todo ello de conformidad con el Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL) y la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Se trata de una consulta facultativa (puede o no realizarse) y debe formularse entre el primero y el segundo debate del proyecto de Ley. Puede versar acerca de vicios de forma (infracción al procedimiento legislativo) o infracciones de fondo (violación sustantiva de derechos o textos constitucionales). La consulta se dirige a la Sala Constitucional o Sala Cuarta, para que ella estudie y analice el proyecto consultado. La Sala puede referirse a asuntos no consultados, si encuentra que se ha incurrido en vicios.

Si la consulta es negativa (no hay vicios), se continúa con el segundo debate y todo sin novedad. Si la consulta resulta positiva, se pasa a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para que informe a la Asamblea cómo proceder. Si la Sala encuentra vicios de procedimiento, su resolución debe acatarse y el proyecto se retrotrae a la situación anterior a la aparición del vicio (salvo que por su gravedad o naturaleza acabe con el proyecto mismo). Si se trata de vicio de fondo o sustantivo, la Comisión recomendará al plenario qué hacer; no obstante, podría la Asamblea pasar a segundo debate y aprobar el proyecto (hacer a un lado la opinión de la Sala).

En relación con el proyecto de Pacquetazo Tributario, es presumible que la consulta tratará de varios vicios ya muy sabidos y comentados. Hay un par de vicios de procedimiento muy difundidos y hay dos vicios de fondo muy connotados.

En relación con los vicios de procedimiento se trata de la caducidad en que incurrió en comisión, cuando se alteraron los plazos y no se actuó conforme a la previsión del procedimiento particular, aprobado según el artículo 208bis del RAL. El propio Presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, acusó y declaró la existencia del vicio y resolvió que no podía continuar con el trámite correspondiente. No obstante, el PLN y sus adláteres formularon un recurso de apelación en contra del pronunciamiento del Presidente Mendoza y, a través de este recurso, una mayoría simple determinó que debía continuarse con el trámite del proyecto. Sin embargo, tal declaración de Mendoza queda como un dardo mortal de veneno lento, ligada a proyecto de ley. Por otro lado, ha surgido en los últimos días la discusión acerca de una nueva causa de inconstitucionalidad por procedimiento, que consiste en la falta de publicación de un texto nuevo introducido en el proyecto de ley. Uno de los requisitos que debe cumplir un proyecto de ley es su publicación. Cuando en un proyecto se introduce una novedad o una disposición muy diferente o “inconexa” con el texto original, se ha resuelto que debe publicarse en La Gaceta para que haya difusión de tal contenido. Es claro que en el proyecto de Pacquetazo ello ha sucedido, pues consta el rechazo de varias mociones para publicar los nuevos contenidos.

Cuando se habla de los vicios de fondo, se apuntan como principales la creación del impuesto de valor agregado en relación con los servicios de salud y con la educación privada.

Se estima con justa razón que gravar estas dos actividades puede implicar una violación a los derechos de libertad de enseñanza y a la salud.

Cada uno de estos derechos lleva buena escolta en los textos constitucionales.

Por otro lado, es sabido que se ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 208bis del RAL.

Hay que recordar que la vía rápida (conocida como fast track) para los proyectos de ley, se halla regulada y prevista en el artículo 41bis del RAL. El 41bis lleva el nombre de “moción para fijar plazos de votación”.

Asimismo, hay que entender que la dispensa de trámites se encuentra preceptuada en el artículo 177 del indicado Reglamento. La norma correspondiente dice así: “ARTICULO 177. Trámite de dispensa Un proyecto de ley podrá ser conocido por la Asamblea en primer debate, sin el requisito de informe previo de una de las comisiones de la Asamblea, entendiéndose entonces que aquella actúa como comisión general, cuando así lo disponga la propia Asamblea, mediante la expresa dispensa de trámites previos. En este caso, una vez terminada la discusión del asunto en primer debate, y habiéndose conocido directamente las mociones de fondo de los diputados, el Presidente de la Asamblea pondrá a votación el asunto.”

De manera que la Asamblea cuenta con varios mecanismos o recursos para facilitar el trámite de un proyecto de ley. No obstante, por reforma del 8 de marzo de 2005 y con el expreso deseo de aprobar, en aquel momento, el Paquetón de impuestos que promovía la Administración Pacheco (junto con el PLN), se introdujo una asistémica reforma del RAL, que ocupó el numeral “208bis”.

Reforma asistémica porque no va con el sistema que tiene el RAL (véase que ya existía la vía rápida y la dispensa) sino más bien en contra. Además, se hace un bis del 208, artículo que más bien prohíbe la derogación singular del reglamento, en garantía de los trámites previstos. Véase, a modo de ilustración, el texto del 208 (ARTICULO 208. Inderogabilidad singular Salvo en los casos en que el propio Reglamento lo establezca expresamente, no serán admisibles las mociones tendientes a su inaplicación a casos concretos.).

Sin embargo, en el afán de imponer el fracasado Paquetón, el PUSC y el PLN hicieron el añadido con el numeral de “208 bis”, precisamente un “bis” (¡qué paradoja!) al artículo que consagra la “inderogabilidad singular” de las disposiciones del Reglamento Legislativo.

Este es el texto del tan citado 208bis: “ARTÍCULO 208 bis. Procedimientos Especiales Mediante moción de orden, aprobada por dos tercios de sus votos, la Asamblea Legislativa podrá establecer procedimientos especiales para tramitar las reformas a su Reglamento y proyectos de ley cuya aprobación requiera mayoría absoluta, exceptuando la aprobación de contratos administrativos, los relacionados a la venta de activos del Estado o apertura de sus monopolios y los tratados y convenios internacionales sin importar la votación requerida para su aprobación. Todo procedimiento especial deberá respetar el principio democrático, y salvaguardar el derecho de enmienda. (Adicionado mediante Acuerdo Nº 6231 del 8 de marzo de 2005)”

Como fácilmente puede apreciarse, se trata de imponer un trámite inédito, no previsto sino sorpresivo, aparecido, sacado de la manga y no publicado.

Ello violenta la idea de que los proyectos de ley deben tramitarse a través de procedimientos previamente fijados y aprobados, pues en la misma moción que se aprueba vienen el procedimiento y el proyecto de ley. Póngase atención a que, de modo abiertamente criticable, también se dejó este singular mecanismo para reformar el mismo Reglamento.

Por tales razones se estima que podría ser exitosa la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 208bis del Reglamento Legislativo, norma que ha sido utilizada para evadir el trámite ordinario que debe llevar un proyecto de ley y, de este modo, socavar y violentar el debido proceso legislativo.

En 2006 la Sala estimó que el procedimiento impuesto para el Paquetón Pacheco violentaba principios constitucionales. No obstante, en consulta previa optó por no anular el 208bis sino esperar a ver qué clase de frutos rendía. Es claro que la experiencia ha mostrado que tal norma facilita el abuso y tiende a convertirse en eje central de las actuaciones legislativas.

La idea de estas letras es mostrar que la Constitución Política podría servir de defensa y garantía contra las angurrientas intenciones del Pacquetazo Tributario y el abuso con que ha sido tramitado en la Asamblea Legislativa. Así será en el tanto la Sala Constitucional vuelva por los caminos de la libertad y se empeñe en restaurar el Derecho y los conceptos primarios de nuestra Constitución.

Entonces podremos disfrutar de un período de paz, sin sobresaltos normativos y la Administración tendrá que ponerse a trabajar en desfacer los entuertos que ha provocado, racionalizando el gasto público y haciendo más eficiente el aparato gubernamental. Será una señal importante para quienes solo viven en la ocurrencia de más impuestos, pues al igual que en el 2006, tendrán que postegar sus perversos deseos, pues las señales serán claras y precisas en el sentido de que no pueden usar vías anómalas para maltratar al pueblo.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: Agenda intrascendente

La semana pasada la diputada del partido Accesibilidad sin Exclusión, Rita Chaves Cassanova, anunció su proyecto de ley estrella: la creación del “Día de la Vida antes de Nacer”. Según se desprende de las primeras explicaciones, la propuesta pretende reconocer el derecho a la vida cuando el niño aún está en el vientre de la madre. Algo que ya la legislación vigente contempla.

La iniciativa a recibido el beneplácito de los sectores más conservadores del país, incluyendo por supuesto a la iglesia Católica, al tiempo que ya se supone el rechazo por parte del partido Frente Amplio, que con toda seguridad objetará la eventual propuesta. Pero sin entrar a discutir sobre el fondo del tema, que no es el objetivo de este tema polémico, queremos referirnos a la priorización que hace la diputada Chaves, sobre la agenda nacional, es decir, a la importancia relativa que una propuesta de este tipo tiene, dada la actual situación política y económica que atraviesa el país.

Y es que parece un lujo de la diputada pretenda poner en la mesa del debate nacional la creación del día antes de nacer, en momentos que nuestro país enfrenta una apremiante coyuntura económica, con un gobierno central sumamente endeudado, con una institución como la CCSS en franca agonía y una competitividad en abierta picada, por solo citar unos ejemplos. Si consiguiéramos resumir en una imagen la propuesta de la diputada Chaves, podríamos decir que ella se preocupa por la pintura del edificio, cuando este está apunto de desplomarse.

Igual de desconcertante resulta la propuesta, cuando en nuestro país ya se celebra el 27 de julio de cada año, como el Día Nacional de la Vida Antes de Nacer, según el decreto ejecutivo Nº 28043-S. Cabe preguntar que diferencia tendrá la propuesta de la diputada de marras con el decreto de la administración Rodríguez Echeverría, o acaso esta es sólo una ocurrencia de verano. ¿Será la propuesta una copia del decreto ejecutivo? ¿Será que la diputada no revisó el tema y las normas existentes relacionadas?

Debemos ser francos. La diputada Chaves es el vivo ejemplo de una gradería de sol incrustada en el parlamento, que nada aporta al debate de los temas prioritarios. No podemos tener esperanza por un cambio positivo en el corto plazo, cuando en la agenda de trabajo de un diputado resulta apremiante crear iniciativas de este tipo.

Así las cosas no debe sorprendernos cuando algún diputado proponga el día nacional de la vida antes del coito. Quedamos todo advertidos.

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les queremos presentar el paper llamado Gasto del Gobierno y Actividad Privada de Valerie A. Ramey. En este documento, la economista demuestra usando regresiones lineales de tiempo que el gasto público no fomenta la actividad privada ni la creación de empleos en el sector privado de la economía.

Jumanji empresarial: propiedad, un concepto clave

No es un secreto que, en Costa Rica, practicamos el hábito de querer tapar el sol con un dedo. De allí que cuando presionamos a los políticos para promover una legislación regulatoria destinada a cambiar la cultura de la gente, de acuerdo con la visión moralista o sanitaria de los grupos de presión, cobijados bajo el manto sagrado de sus asociaciones, quienes creen poseer el monopolio de la sanidad moral o los conocimientos sociológicos necesarios juegan de ingenieros sociales. La excusa que utilizan, por lo común, es que el ciudadano promedio no solo carece del conocimiento indispensable, sino que tampoco posee un sentido de responsabilidad básico para tomar las decisiones pertinentes.

Claro que, dentro del vocabulario de estos ingenieros sociales, la palabra "irresponsable" es sinónimo de desobediencia y no de la capacidad de cada individuo de responsabilizarse por sus propios actos. Pero si definimos "responsabilidad" como la capacidad o condición de todo ser humano de poder atestiguar o asumir una deuda por las consecuencias, como actor primario de un acto especifico que causa un efecto en las vidas de otros seres; entonces, bajo esta definición, es contradictorio ecualizar responsabilidad con desobediencia, dado que una persona no puede ser responsable de sus propios actos, si a la vez está forzado a obedecer una directriz que ha sido formulada por alguien más.

Con esto en mente, si lo que realmente deseamos es una sociedad con ciudadanos responsables, entonces debemos borrar de nuestra cabeza la necesidad de que estos sean obedientes o sumisos y tenemos que concentrarnos en generar una continua conciencia de que cualquier acción tiene consecuencias y que todos estamos sujetos a ser llamados a atestiguar por nuestros actos y a asumir nuestra deuda social.

Sin querer ahondar en temas que conciernen más a psicólogos infantiles, existen muchas técnicas o rutinas de condicionamiento educativo que los padres de familia y educadores pueden utilizar para estimular un sentimiento de responsabilidad en los jóvenes, basado en el derecho natural de autoposesión y la condición de no agresión hacia otros. Pero, desde el punto de vista económico, es poco lo que podemos avanzar si la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de acceder o no entiende un concepto que prácticamente precede al sentimiento de responsabilidad; y este es, simplemente, el concepto de "propiedad", la clave que mejor explica el problema.

"Perdonad, y seréis perdonados" y "No hagáis a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti”, dicen los evangelios. Pero, para perdonar a alguien, este tiene que haber aceptado antes su falta y ser consciente de que es también el dueño de sus decisiones. Lo cual implica, por deducción, aceptar dos cosas: su autoposesión y el derecho a la libertad individual.

En psicología, cuando la persona asume la responsabilidad de sus actos, se dice que es dueño de hecho de sus decisiones. Entonces, en un sentido práctico, responsabilidad es la propiedad de nuestras propias decisiones. Por eso, el énfasis en una sociedad, debe de ser el de fomentar el ciclo económico: especialización, "propiedad" e intercambio libre. El mero hecho de ser propietario convierte al individuo en una persona responsable de su propiedad y defensor de un sistema legal que no solo proteja sus bienes, sino el bien de nuestros prójimos. ¿Y acaso no es esto mismo lo que buscamos?

Andrés Pozuelo Arce

Desde la tribuna: ¿será posible blanquear el poder?

Tal como se blanquean ilegítimos capitales, hoy día se blanquea poder ilegítimo por medio de votaciones, manipuladas por el miedo, el clientelismo y por un torticero concepto de gobernabilidad.

Mucha tinta y elaborada verborrea se gasta en proponer gobernabilidad y en sostener que ésta consiste en aplicar el concepto de “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar) al poder ejecutivo y permitir que, quien ocupe la presidencia, haga según su antojo.

Este concepto bastardo de gobernabilidad puede contrastarse con el de buen gobierno, aunque muy pocas veces se reflexione sobre la diferencia.

Como el concepto de democracia electorera domina en el ambiente mediático, se opera un reduccionismo conceptual que deja todo al servicio del poder. Por democracia solo se entiende votaciones, por gobierno solo se entiende poder ejecutivo y por ciudadano solo se entiende súbdito.

Los criterios, en consecuencia, para calificar de buena o mala la gobernabilidad se ven también reducidos tres: a) ¿hubo votación? b) quien ganó el Poder Ejecutivo ¿tiene la primera y última palabra? c) ¿obedecen los ciudadanos, otros magistrados y funcionarios públicos al Poder Ejecutivo? En caso de que la respuesta sea negativa a alguna de estas preguntas, se considera mermada la gobernabilidad.

La calidad de la gestión pública no interesa en última instancia y prevalece, como criterio central, la obediencia al poder ejecutivo. En tal escenario, el debate y la contrastación de ideas y la pluralidad de iniciativas carece de interés y estorba al ejercicio de un escabroso poder, blanqueado por votaciones.

Con un concepto de democracia reducido a votaciones, poco a poco se va logrando erosionar cualquier descentralización del poder y se va blanqueando su ilegítima y dañina concentración. Este es un proceso que se auto-refuerza con el tiempo y va carcomiendo todas las instituciones republicano-democráticas. La impunidad germina y florece, emanada de estas erróneas conceptualizaciones de la administración del poder.

La palabra gobernabilidad se ha convertido en palabra comadreja, vaciada de su verdadero contenido y utilizada para blanquear la concentración de poder en nuestras sociedades. Hay incluso, quienes entregan propiedad y libertad a cambio de una votación y con seguridad insistirán políticos y sus acólitos en acrecentar esa entrega y eliminar cualquier atisbo de rebeldía ante el abuso y el descaro de los detentadores del poder.

Como también existe la posibilidad de que gobierno y bondad sean términos contradictorios y que quienes hablan de buen gobierno, estén cayendo en una fatal quimera, la desconfianza activa frente a la gobernabilidad bastarda, se convierte en un deber ciudadano y, la rebeldía, en una manifestación de la dignidad, ante el entreguismo electorero.

Mario Quirós Lara

La columna de Carlos Federico Smith: la gastadera sigue en pie

En estos días, el periódico La República brindó datos alarmantes acerca del crecimiento del gasto gubernamental de las entidades autónomas. En el marco de la discusión actual de la propuesta de aumentar los impuestos a la ciudadanía, vale la pena hacer referencia a los intentos anteriores de reducir ese gasto, en vez de centralizar el esfuerzo –si bien también muy deseable- en el gobierno central. Debe tenerse presente que el paquete tributario a punto de ser aprobado (sujeto a la revisión de constitucionalidad por parte de la Sala Cuarta, en cuanto a un procedimiento de aprobación muy cuestionado), implicará nuevos recursos únicamente para el Gobierno Central. Así, conceptualmente, se lograría reducir el déficit del Gobierno Central (digo conceptualmente, porque no creo que eso se dé y, si acaso sucediera, sería por poco tiempo), en tanto que los entes autónomos podrán mantener su gastadera continua de muchos años.

En febrero del 2011, el gobierno de doña Laura, en un afán de justificar el aumento de los tributos que proponía, a través de un énfasis en sus esfuerzos por reducir el gasto público, pidió que el de los entes descentralizados se recortara en un 20% de los gastos presupuestados. De los ¢ 106.000 millones que pretendía rebajar, tan sólo logró ofertas de reducción por ¢ 31.000; esto es, las entidades autónomas tan sólo prometieron hacerlo en una tercera parte de lo solicitado por doña Laura. Francamente, no sé si al menos se logró reducir el gasto en ese monto o nada del todo, pero lo cierto es que fracasó dicho intento de poner orden en el gasto de los entes descentralizados.

La tragicomedia vuelve a repetirse en setiembre del 2011, cuando la presidente de la República, doña Laura Chinchilla, emite una directriz, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se recorten los gastos de las instituciones autónomas, sólo que

“La Presidencia exigió a las instituciones autónomas (cuyo presupuesto consume dos terceras partes del gasto público total) eliminar rubros suntuarios y reducir las erogaciones operativas, como viáticos, transporte, alimentos, bebidas, becas o actos protocolarios. También las instituciones deben procurar (¡qué gran directriz: dejar a la voluntad de los entes, que supuestamente son objeto de órdenes, que traten de decidir su derroche!) no comprar carros ni equipo de cómputo, sino adquirir contratos de leasing. Además, se pidió a las instituciones acogerse a un sistema de compras centralizado…(y para otros entes descentralizados) que ajusten las tarifas de manera que reduzcan o eliminen la dependencia del Presupuesto (del Gobierno Central).” [La Nación, “Ejecutivo exige tijera a presupuestos de entidades autónomas”, 7 de setiembre del 2011. Los paréntesis son míos].

Aún no tengo claro si estas nuevas directrices han sido acatadas en la conformación de los nuevos presupuestos para el 2012 (o sea, en los presupuestos vigentes supuestamente aprobados por la Contraloría General de la República). Tengo serias dudas de que lo hecho constituya algo significativo, que impacta positivamente en la estabilidad fiscal del país. Para sustento de esta impresión personal, acudo a lo señalado recientemente por el periódico La República:

“Para frenar el derroche (de los entes autónomos), la administración de Laura Chinchilla emitió, desde el año anterior, una restricción de un crecimiento presupuestario de solo un 3%. A las instituciones públicas fuera del Gobierno (Central) se les instaba del mismo modo a tomar medidas de ahorro. Sin embargo, la mayoría no lo cumplió. La dificultad es que no hay forma de limitar el uso de los recursos que utilizan al menos 190 instituciones públicas… La Contraloría y el Gobierno solo puede instarles a hacer un uso racional de los recursos, pero no obligarlas a gastar menos dinero, pese a que son entes públicos.” [La República, “Orgía autonómica”, 6 de marzo del 2012. Los paréntesis son míos].

Ante los señalamientos de ese periódico, me atrevo a aseverar que muy posiblemente tales entes no han hecho caso alguno a la petitoria (directriz) del Gobierno Central y el presupuesto para este año debe contener la misma holgura con que han sido diseñados en los anteriores: la gastadera sigue en pie.

Veamos algunas cifras de gasto de los entes autónomos expuestas por La República.

(1) Los entes autónomos aumentaron en un 30% el pago de salarios para el 2012, en comparación con los dos años anteriores.

(2) En ese mismo lapso hubo un aumento del 80% en las consultorías en esas entidades (la no muy novedosa movida para evitar que sean pagadas como retribución a empleados asalariados).

(3) La inversión en obras destinadas a mejorar los servicios públicos descendió en más de un 20% en el período que se comenta. O sea, se deteriora la calidad de los servicios estatales.

(4) La Universidad de Costa Rica de Costa Rica aumentó en un 5% el sueldo de sus empleados, en contraste con los ¢5.000 para el resto de empleados públicos. Ya antes en la universidad se habían practicado jugosos aumentos, que si bien poseen algún grado de lógica en el sector del profesorado, también se otorgaron a la burocracia que carcome esa entidad. Agreguen a estos los habidos en el Tribunal Supremo de Elecciones, la ARESEP, entre otros.

Tiene razón don Luis Fishman al aseverar en La República que “Es mucho dinero el que se está gastando. Creo que la única forma de frenar esto es a través de directrices de reducción del gasto a todas las instituciones públicas”, pero, lamentablemente, eso ya lo ha intentado en dos ocasiones recientes esta administración y ha fracasado en su empeño. Ello debido a que, de alguna manera, ningunean, menosprecian, la intención del Gobierno Central. Pero lo importante es que don Luis nos diga cómo lograr esa reducción buscada, dado que él ha mostrado, en la reciente discusión acerca del paquete impositivo propuesto, tener buenas ideas de control sobre el gasto estatal.

Igualmente, el consejo que brinda la Contralora, doña Rocío Aguilar, es muy apropiado, cuando señala en La República que “Se requiere frenar el crecimiento desordenado que ha experimentado el Estado, así como revisar el modelo de desconcentración de instituciones autónomas”. En mi opinión da en el clavo, al reiterar una tesis señalada desde hace años por el ente contralor. Lamentablemente parece que nadie, empezando por la misma Asamblea Legislativa, le “da pelota” a la idea y lo único que se les ocurre a los políticos es ver como se aumentan los impuestos o como “ajustan las tarifas” para que no tengan que ser mantenidas por el presupuesto del Gobierno Central. De paso, la Contraloría lleva años señalando la violación al principio constitucional de que los gastos corrientes sólo pueden ser financiados con ingresos corrientes (impuestos) y no acudiendo al endeudamiento. Una y otra vez, así se lo ha manifestado en los informes que por ley debe brindar al Congreso. Pero, hasta ahí… simplemente el Poder Legislativo no hace nada para remediar el incordio.

Una propuesta concreta y muy interesante es la que, en este artículo de La República, expresa el Ministro de Hacienda, don Fernando Herrero, quien dice que “debe existir un Estado unitario para mejorar las facultades de control del gasto, y en la supervisión presupuestaria en instituciones descentralizadas.” Me atrevo a señalar que, por el camino de eliminar la autonomía institucional (que asumo es lo que da a entender al proponer un “Estado unitario”) posiblemente no llegue a nada, partiendo de la enorme fortaleza de los intereses creados que giran alrededor de esas entidades, intereses no solo laborales y sindicales, sino también de proveedores, al igual que se han convertido en feudos para la acción de políticos, interesados en la obtención y conservación del poder. Tal vez una simple decisión legislativa, la cual conservaría cierto grado de autonomía de esos entes, mediante la cual sus presupuestos (al igual que como sucede hoy con el del Gobierno Central) serían aprobados por la Asamblea Legislativa y no por la Contraloría, podría lograr un mejor comportamiento en el uso de los recursos, por parte de dichos entes descentralizados. Ello resultaría en un escrutinio público mayor que el actual, con lo cual podría avanzarse hacia mejores controles y supervisión presupuestaria necesarios.

Reconozco que este paso no va a eliminar la influencia de los actores políticos. Tal vez podría ser hasta mayor que la actual. Pero un sistema que faculte detalladamente dar a conocer al público ciudadano la forma en que se gastan sus recursos, me parece que introduce una transparencia mucho mayor que la actual, además de que permitiría que el control fuera más allá de una simple instancia para que esos entes hagan “un uso racional de los recursos” y que, más bien, se vean obligadas a gastar menos dinero de los ciudadanos. Si el amigo lector quiere enterrarme en cajita blanca por esta idea, les concedo que tal vez tengan razón en su crítica, pero no se me ocurre otra forma distinta a que los fondos públicos deban ser aprobados por el cuerpo político más cercano al soberano popular, cual es el Congreso de la República.

Lo importante de este comentario es que parece que las cosas de la administración pública y, particularmente, los temas de las platas, están llegando, con toda razón, a que un pueblo, hastiado del camino fácil de financiar la gastadera únicamente mediante el incremento de los tributos, exija un mayor escrutinio sobre la utilización de los recursos públicos. Es más, lo peor que podría suceder, en el marco de una buena intención de lograr algún grado de orden en este desbarajuste de gasto público desmadejado, es que se apruebe el actual paquete de aumentos impositivos, porque una vez que el Estado agarra más plata, ¡mirala que se va a refrenar en su gastadera! Por el contrario, si se aprueba el paquete, tendrá mayores recursos para poder gastarlos. Y así podrá continuar el sainete.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Falsedades del Modelo Keynesiano

J.M. Keynes es sin lugar a dudasuno de los economistas más famosos del siglo pasado y aun en estos días estecaballero tiene muchísimos seguidores en todo el mundo. Su libro “La TeoríaGeneral del Empleo, el Interés y el Dinero” es uno de los libros de economíamás famosos de la historia. Sus teorías se hicieron célebres luego de la grandepresión de los años 30 y desde ese entonces se siguen poniendo en prácticauna y otra vez obteniendo los mismos resultados fallidos una y otra vez.

Antes de explicar la teoría deKeynes, recordemos que la producción de un país (en una economía cerrada)corresponde a la suma del Consumo más la Inversión más el Gasto del Gobierno(PIB = C + I + G). En resumidas cuentas, la teoría de Keynes expone que enépocas de crisis con altos niveles de desempleo la producción del país sedetiene pues el crecimiento del Consumo y de la Inversión disminuye. En esecaso de corresponde al Gobierno intervenir con un mayor gasto y contrataciónpública para estimular la economía y de esta manera aumentar el Consumo y porconsiguiente la Inversión. Suena lógico pensar que el Gobierno, al darlemás dinero a la gente por medio de empleo o simplemente dinero en efectivo,generaría que consuman más bienes y servicios y eso provocaría finalmenteuna reactivación en el sector privado de la economía. El principalproblema de esta teoría radica en el hecho de que solo contempla el efectoinmediato y no toma en consideración las consecuencias a futuro que estaspolíticas generan. Es con esta teoría que la siguiente frase del economistaHenry Hazlitt es muy acertada:

“El mal economista sólo ve lo quese advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibetambién más allá. El primero tan sólo contempla las consecuencias directas delplan a aplicar; el segundo no desatiende las indirectas y más lejanas.”

El error fundamental de Keynesradica en el hecho de no considerar los costos o consecuencias de un aumento enel gasto público sobre la economía. El incremento del gasto del Gobierno tieneque financiarse de alguna manera y esto implica, por supuesto, un eventualaumento de Impuestos o de la Deuda Pública que finalmente deriva también en másImpuestos. Recordemos que el Consumo (C) según Keynes es equivalente al Consumoautónomo (Co) más la Renta Disponible (Yd) por la propensión del individuo aconsumir y a su vez Yd es equivalente a la Renta (Y) menos los Impuestos (T) (C= Co + c(Y – T)). Por lo tanto un eventual aumento en los Impuestos impactanegativamente el Consumo y este a su vez impacta negativamente la economía. Sepuede observar pues que el incremento en el PIB resultado del aumento en elgasto del Gobierno eventualmente es opacado por la disminución en el Consumoconsecuencia del aumento en los Impuestos.

Otro aspecto que Keynes no tomóen consideración fueron las Expectativas Racionales de los individuos en épocad crisis. Recordemos que la Renta es equivalente a lo consumido más lo ahorrado(Y = C + S). El Gobierno, al darle más dinero a la gente en época de crisis,genera dos opciones: ahorrar ese dinero o consumirlo. La Teoría de ExpectativasRacionales expone que ante un incremento del Gasto Público la forma de pensarde los individuos es que lo más acertado es el Ahorro y no tanto el Consumopues hay que prepararse para un eventual y lógico incremento en losImpuestos. Por lo tanto, un aumento del Gasto del Gobierno podría no provocarel efecto deseado que es un aumento en el Consumo o por lo menos no en el nivelnecesario para reactivar la economía.

Luego de analizarlo a fondoparece que el aumento del Gasto del Gobierno no es la mejor opción parasolucionar los problemas en época de crisis. ¿Quiere decir esto que el Gobiernono debería actuar en épocas de crisis? No necesariamente. Como se vioanteriormente, el Consumo se ve afectado por el nivel de Impuestos. Una opciónmás acertada por parte del Gobierno podría ser bajar los Impuestos y deesa manera aumentar el consumo y esto podría provocar un arranque en elcrecimiento de la economía.

Una y otra vez las teoríasKeynesianas se ha puesto en práctica y los resultados siempre han sidodesalentadores. Costa Rica no ha sido ajena a tales malas prácticas. Don OscarArias Sánchez tomo la decisión de aplicar teorías Keynesianas ante la crisisdel 2008 con su famoso Plan Escudo y hoy día ya estamos viendo lasconsecuencias con el nefasto PACetazo Fiscal. Nuevamente esas “buenas intenciones”de los gobernantes generan el efecto contrario. ¿Cuando aprenderemos?

VIernes de Recomendación

El día de hoy les queremos compartir la presente conferencia dictada por Roger Garrison. En la misma, se exploran las diferencias en temas monetarios entre la Escuela Austriaca y la de Chicago. Es importante advertir, que Garrison suscribe la teoría Austriaca, lo cual nos parece importante de tomar en cuenta a la hora de ver el video.

Aniversario de ASOJOD

Hoy hace 5 años, nació un proyecto dirigido a defender y difundir las ideas de la libertad, especialmente los planteamientos del objetivismo, la escuela austriaca de economía, el racionalismo crítico popperiano y otras corrientes que ponen el énfasis en el individuo y sus derechos, en la protección de la propiedad privada, en la reducción y control del Estado y el gasto público, la denuncia contra la corrupta intervención de los gobernantes en nuestras vidas y otros problemas que, en todo este tiempo, hemos abordado de una forma dura, crítica, sin anestesia ni miramientos, socavando incluso las bases de lo "políticamente correcto".

En este día tan especial, queremos agradecer a todas las personas que han participado. Mencionamos apenas a algunos de los que nos han dado su gran aporte y que todavía siguen dándolo: Jorge Corrales, Andrés Pozuelo, Mario Quirós, Federico Malavassi, Adrián Brenes y Felipe Echandi. También agradecemos enormemente a nuestros lectores, quienes sacan su tiempo diario para ver nuestros artículos y hacen sus aportes con comentarios.

¡Celebremos en este día un aniversario más de la defensa de la libertad!

Jumanji empresarial: de la desconfianza a la confianza

La desconfianza, como mecanismo de supervivencia, tiene una base psicobiológica muy arraigada en la historia de la adaptación del hombre y de las demás especies del reino animal.

Mecanismo hasta cierto punto compulsivo, que se manifiesta desde las arcaicas estructuras del sistema límbico primordial, la desconfianza es un instinto básico de protección del individuo ante lo desconocido y ante su propia falta de control del entorno. Las pasiones y emociones básicas - el miedo, la ira…- que tienen sus raíces en el hipotálamo, son acentuadas por este demonio que llamamos desconfianza y que puede variar de individuo a individuo, según la arquitectura cerebral y las experiencias de vida de cada uno.

Podríamos decir entonces que la confianza, en sí misma, es la ausencia de desconfianza, dado que el estado de alerta natural del ser humano lo obliga a permanecer en una situación de sospecha en equilibrio que solo baja su escudo si se presentan señales del entorno que ayuden a desactivarla y, por ende, a aumentar el nivel de confianza.

Con esto en mente, ¿cómo hacemos para construir confianza en las comunidades humanas, por ejemplo en la sociedad costarricense, cuando por muchos años se ha vivido bajo un esquema sociocultural en que la desconfianza ha influido en la generación de leyes, educación, reglamentos y comportamientos civiles que alimentan el círculo vicioso de la suspicacia colectiva y una escasa empatía.

En Costa Rica, igual que en otros países de Latinoamérica, los líderes políticos y empresariales han cometido el error, durante muchos años, de acentuar los sentimientos de vulnerabilidad e incertidumbre de los ciudadanos por medio de sistemas educativos estatizados y estandarizados, un paternalismo excesivo con asistencias pedestres y, lo más grave, un sinnúmero de leyes, reglamentos y controles que hacen de los asuntos colectivos una verdadera pesadilla.

Si lo que realmente queremos es desactivar el exagerado nivel de prevención y desconfianza ciudadana, resulta evidente que estamos enviando las señales equivocadas, cuando contamos con entidades de control y comando remoto como el Setena, el ministerio de salud, el MEP, la Contraloría, la Procuraduría y otras que sacan a relucir continuamente los errores de procedimiento, de por sí tediosos, y las diferencias regionales naturales, a menudo sin tomar en cuenta el carácter local y particular de los problemas colectivos.

Es urgente que pasemos, en nuestro país, de un sistema de desconfianza redundante a uno de confianza y empatía básica, en el que nos atrevamos a formar individuos con confianza en sí mismos y a otorgar fe pública a ciudadanos con una moral y conocimiento superiores al mismo Estado, cada quien en su área, para que ayuden a velar por el cumplimiento de las leyes generales, evitando que estas se vuelvan una traba al desarrollo.

Además, hay que eliminar los obstáculos al comercio y la interacción personal, como los aranceles y controles proteccionistas, los impedimentos migratorios, y las regulaciones nacionales, que impiden el libre intercambio entre seres humanos, por el simple hecho de proteger a grupos económicos, instituciones y burócratas irresponsables e ineficientes. Esta comprobado que un alto grado de libertad económica e individual, aumenta los niveles de confianza entre los ciudadanos.

Se trata, en todo caso, de una gran asignatura pendiente que podría convocarnos y hermanarnos y que tiene algo de los mejores sueños de la humanidad.

Andrés Pozuelo Arce

Desde la tribuna: clientelismo electoral, empleomanía y cleptomanía, repasando la Teoría del Estado

Se siente una terrible angustia cuando se observa lo que pasa con algunas gestiones públicas. Costa Rica no es excepción sino más bien exacerbación.

Las noticias causan más susto que un tsunami y tanto disgusto como un asalto callejero. La Administración pública hizo unas acrobacias según las cuales condonó más de diez mil millones de colones de la deuda del Gobierno central con la CCSS. El régimen de pensiones común (IVM) está a punto de colapsar. La planilla estatal aumenta desmesuradamente.

Si hacemos un examen de otras situaciones, concluiremos que el asunto es grave: el estado del régimen de pensiones del magisterio nacional y cómo resulta con cargo al presupuesto, la relación entre el régimen de pensiones del magisterio nacional y la contribución presupuestaria a las universidades públicas, el tema delas incapacidades en la CCSS, el aumento generalizado de las planillas de la Administración pública central y descentralizada, la desmejora en los servicios públicos, porqué el Poder Judicial tiene un sistema de pensiones diferente del común (IVM de la CCSS) y de dónde vienen los fondos.

Cuando un cantinero se olvida del negocio y empieza a tomarse los tragos detrás de la barra del mostrador, entonces se dice que volvió el rótulo para adentro. Solo se atiende él, no atiende a los clientes y la cantina perdió la razón de ser.

En algunos servicios públicos es más que evidente que la administración volvió el rótulo para adentro.

Para colmo de males, algunos políticos han entendido que el camino al poder pasa por ofrecer repartición, prestaciones y subvenciones a cambio de los votos y el apoyo electoral. Es una racionalización exagerada de parte del electorado (hay que recordar a Buchanan, “the public choice”).

En algunos casos, hay arreglos para obtener ganancias a costa del pueblo. El caso de la “alianza estratégica” de una sociedad anónima de una institución autónoma con un “empresario” (quien gana comisión por los ingresos por partes) para poner cámaras en las carreteras es de antología. ¡Tan rápidos para estas cosas y tan despaciosos para otras!

En lugar de ofrecer probidad, eficiencia, orden, disciplina, trabajo y un gran respeto a la Constitución, el programa electoral se centra en “redistribución”, expoliación y favoritismos. En un abuso de la expresión “justicia social”, se realiza un peligroso juego entre electorado, candidatos y programas políticos que asemeja una subasta: “¿quién da más?”.

Por supuesto, en este juego de subasta del voto se ofrecen dádivas que se obtendrán de “terceros de buena fe”. ¿Bono de vivienda? ¿Programa “avancemos”? ¿Subsidios? ¿Salarios extra? Todo saldrá de los bolsillos ajenos.

Obviamente, es una forma de demagogia (dominación tiránica de la plebe). Sin embargo es puro clientelismo electoral.

La Constitución Política habría de ser el límite de tanto desmán y abuso. Sin embargo, hemos estado descuidando el órgano político fundamental para poner los puntos sobre las íes.

¿Cómo ponerle el cascabel al gato? ¿A quién le corresponde? Para ello hay que terminar de comprender la magnitud del problema. El Estado ha sido secuestrado, asaltado e instrumentalizado en favor de algunos intereses que no corresponden a tal organización.

Se entiende que el Estado es para garantizar el Derecho y los derechos fundamentales. Se organiza bajo una serie de supuestos (establecidos en la Constitución Política) y para actuar de conformidad con un sistema de principios y procedimientos.

La soberanía reside en la Nación (o sea, el pueblo es el soberano y la organización actúa en función de él). Pero el soberano se constituye en un pacto que respeta derechos y garantías individuales, unas formas y unos procedimientos esenciales.

El mismo poder del pueblo no puede pasar por encima de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política. Muchos menos el poder derivado y con menos razón la Administración Pública.

No obstante, por desidia y abulia se ha ido dejando hacer a algunos órganos y creaciones derivadas. Por ejemplo, ahora Recope decide hacer una refinería nueva y capitaliza una cantidad irrazonable a partir de un sobreprecio inaceptable. ¿Quién lo autorizó y cuál es el plan?

El órgano legislativo tiene la potestad de designar magistrados (cabeza del Poder Judicial, cúspide de la competencia jurisdiccional en diferentes materias e integrantes de la Sala Constitucional). También elige al Contralor General de la República (órgano auxiliar en el control de la Hacienda y recursos públicos) y tiene injerencia en otros nombramientos importantes. No obstante, tenemos a los diputados confundidos exigiéndoles leyes a granel y distrayéndoles de sus cometidos fundamentales.

Por supuesto que entonces campean la cleptomanía, el clientelismo y la empleomanía, al capricho de los administradores transitorios. Devuelven comestibles por votos, favores por elección, nombramientos por simpatía electoral, negocios por comisión, condonación y encubrimiento.

Han secuestrado al Estado con la obsecuencia de los órganos contralores del poder público, porque nos hemos dejado arrebatar nuestros derechos. Una parte de la población está a la espera del puesto público (aunque no haya que trabajar), de la dádiva, del bono, del subsidio, otra parte de la población (políticos) puja por ofrecer tales favores, la administración vuelve el rótulo para adentro y los demás nos dejamos sin protestar. Aceptamos que se diga que combaten la pobreza, nos quedamos callados cuando tramitan irregularmente pacquetazos tributarios, nos da miedo defender nuestros derechos, nos asusta que nos arruguen con pauta publicitaria de la Administración Pública, nos solazamos cuando se habla mal de los diputados y poco a poco nos convertimos en cómplices del desastre.

¿Qué hace falta para despertar? ¿Quién se apunta a defender una organización estatal bien orientada? ¿Quién está dispuesto a luchar por los derechos fundamentales? ¿Quién se suma a una pelea para que las cosas se hagan bien en la Administración pública?

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: ingobernabilidad

Esta es una palabra que de pronto parece estar de moda, desaparece del panorama por un rato y luego regresa a la palestra. Creo es necesario meditar acerca de la forma en que se le suele emplear en algunos círculos, para ver si es así posible discernir su verdadero significado.

A menudo por ella se suele entender la incapacidad de algún poder del Estado, normalmente el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo ciertas propuestas, en un tiempo el cual ese mismo ente u otros consideran apropiado. La dimensión tiempo es crucial y por ello, como ejemplos, es factible que se escuche la opinión de que la Contraloría contribuye a la ingobernabilidad, porque retarda mucho el proceso “ágil” de contratación requerido, o bien que la Asamblea Legislativa es el semillero de la ingobernabilidad, porque allí no se aprueban los proyectos urgentes y necesarios (a criterio de alguien), usualmente debido a un ambiente de discusión interminable e incluso por la imposibilidad de llevar a cabo una votación requerida, a causa de la manipulación de un reglamento legislativo operativamente ineficiente y engorroso.

Los anteriores son tan sólo dos ejemplos de lo que algunos suelen llamar ingobernabilidad, aunque, sin duda, el más de moda es que la ingobernabilidad en este país tiene su fuente en el Poder Legislativo. Es por ello que me referiré a este último caso, más que a otras aplicaciones del término a otras entidades o situaciones.

Quien más debe aborrecer la ingobernabilidad es el tirano. Dado que el Poder Legislativo es la expresión del poder legítimamente enraizado en el pueblo, en donde éste delega en aquél su poder, una voluntad diferente de la del dictador que emane de dicha institución, sin duda que constituye, como mínimo, un estorbo ante los ojos del tirano, quien así se ve impedido para ejercer su única voluntad. Por ello no es de extrañar que, por ejemplo, Hitler, el 2 de febrero de 1933, con sólo dos días de haber asumido como Canciller o Jefe de Estado de Alemania, lo primero que hizo fue disolver el Parlamento de ese país, para poder así ejercer dictatorialmente su capricho. Algo similar sucede hoy en Venezuela, en donde, por las razones que sean, el Poder Legislativo está casi copado por el partido de gobierno, razón por la cual el Presidente Chávez está en capacidad de lograr la aprobación de cualquier apetencia que se le ocurra.

Fue con la aprobación de la Carta Magna en Inglaterra en 1215, que el rey quedó sujeto a la voluntad de la ley, al igual que lo estaba cualquier otro ciudadano, y se vio obligado a escuchar la opinión de los barones o señores, quienes con anterioridad estaban sujetos a obedecer sus deseos. En realidad no pasó mucho tiempo para que, de tan importante acuerdo, surgiera evolutivamente lo que se considera constituye el primer parlamento moderno, allá por el año 1265. Este desarrollo institucional del parlamento en mucho se debió a que, por necesidades militares reales, el rey simplemente imponía su voluntad sobre sus súbditos, cargándoles de impuestos para financiarlas. Pero lo que solía ser potestad incuestionable, se vio limitada por la voluntad del pueblo, que exigió que cualquier tributo debiera de obtener primero su aprobación. Esto es, el requisito de que los gravámenes no podían ser impuestos sin el consentimiento del “consejo general del reino”. Para ello se hizo necesario parlamentar (palabra de origen francés), que significó diálogo, acuerdo y, ante todo, limitación de la voluntad real.

El tirano es antitético al parlamento por el simple hecho de que éste le limita en su arbitrio. El orden de la libertad en mucho descansa en instituciones destinadas a limitar el poder del Estado y, por supuesto, más para el caso hipotético de un gobernante que pueda pretender ser el único que defina las decisiones públicas. Las ideas de supremacía de la ley, de igualdad ante ella, de no impuestos sin representación, de un Estado limitado, del derecho a la resistencia, de compensación y representación, de una división de los poderes que integran el Estado, de la existencia de frenos y contrapesos entre esos poderes, son instituciones que han surgido para que ninguna persona pueda imponer al pueblo su única y propia voluntad, siendo que es en éste en donde en el poder reside en última instancia.

El parlamento o Asamblea Legislativa se supone que constituye la representatividad del pueblo. Por ello los impuestos tienen que ser aprobados por el parlamento y no por la voluntad de un poder ejecutivo. Si bien dicha aprobación legislativa constituye una manera indirecta de aprobación popular, bien podría ser efectuado de manera directa, como sería el caso de hacerlo mediante un referendo en que se consulte la opinión ciudadana sobre el tema. Es así como se hace en lo que tal vez sea la democracia más avanzada, como es en los cantones suizos.

Si se tiene en mente el origen de los parlamentos modernos, en mucho para refrenar las posibilidades del soberano de utilizar para sus propósitos los recursos de los ciudadanos -mediante impuestos principalmente usados para financiar guerras- se entiende porqué es que los temas impositivos son especialmente sensibles, en donde se debe tomar en cuenta, lo más ampliamente posible, la expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos. En una Asamblea Legislativa o parlamento se supone que los diputados son quienes deciden acerca de, por ejemplo, la propuesta tributaria proveniente de otro poder, como el ejecutivo. Pero, de nuevo, es una expresión indirecta de la voluntad popular, que bien podría ser directamente definida en este tema, por medio de la expresión en un referendo.

La llamada ingobernabilidad actual se ha concentrado, a decir de algunos, en la incapacidad de nuestra Asamblea Legislativa, nuestro parlamento, para aprobar el proyecto de impuestos del momento, que el poder ejecutivo considera urgente para financiar su gasto excesivo. Se ha aseverado que se utilizan argucias procedimentales con el fin de entrabar el trámite (¿expedito? ¿apurado?) de aprobación de esos mayores gravámenes. Pero resulta interesante destacar que es de esperar que la aprobación de impuestos no sea una cosa fácil, rápida de lograr, en donde haya poca discusión del proyecto. Este principio, no debe olvidarse, de control profundo en cuanto a la aprobación de impuestos, fue factor esencial en la creación del parlamento moderno, tal como brevemente lo reseñamos con anterioridad.

Así como es esencial el control que indirectamente puede ejercer el pueblo por medio de la Asamblea Legislativa, también lo es que la aprobación de gravámenes no sea un asunto de un simple trámite, de lo que se somete a la aprobación de esa Asamblea. Si hay algo, según históricamente lo ha determinado el poder popular, en lo cual es indispensable restringir el abuso potencial del Estado, es el caso de la imposición de gravámenes. Incluso este escrutinio escrupuloso puede ser aún mayor que el requerido en otros asuntos de interés ciudadano.

La idea de que se requiere de un consentimiento del ciudadano para ser objeto del pago de impuestos, fue claramente expuesta por el político y estadista británico, William Pitt, al señalarnos que “la imposición no es parte del gobierno o del poder legislativo. Los impuestos son una concesión voluntaria o una donación tan sólo de la gente” [John Phillip Reid, The Constitutional History of the American Revolution, The Authority to Tax, Madison, Wisconsin, 1986, p. 145]. Por ello, mientras que otras leyes normalmente no tenían que ser objeto del consentimiento del ciudadano para ser aprobadas, ese no era el caso al tratarse de la imposición de gravámenes. De aquí es de esperar que la posible aprobación de impuestos no sea un proceso común, sino excepcional. Por supuesto, que esa excepcionalidad exige el mayor grado de vigilancia del contenido de la propuesta de impuestos, meticulosidad y recelo acerca de sus detalles, pero, sobre todo, precaución ante el abuso posible que se puede estar cometiendo, por parte del poder del Estado.

“Un mal impuesto, entonces, es cualquier impuesto que la gente no quiere y que no apoya. No es un asunto de expertos decidir sobre el tema. Lo que la gente quiere deberá ser el árbitro final de la política impositiva. Cuando la evasión es generalizada, el gobierno deberá leer el mensaje. Una sociedad inclinada hacia la evasión, como lo fue en la España imperial, en su momento declinará. Algunas veces la coerción puede estabilizar una sociedad rebelde, como fue el caso de Roma bajo Diocleciano, quien solucionó el problema de la evasión mediante la fuerza y la esclavitud. En una democracia, ese no es un camino fácil, pero los gobiernos parecen pensar que es una buena política”, nos advierte Charles Adams (For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization, Lanham, Maryland: Madison Books, 1999, p. 385). Por ello, debe darse un cuidado riguroso a cualquier proceso de aprobación de gravámenes y, sobre todo, que sean vislumbrados como apropiados, justos y mesurados por parte de los ciudadanos, quienes son los que en última instancia deben de pagarlos.

Por ello es de cierta manera sorprendente, que lo que exige la revisión más profunda y exhaustiva del ejercicio del poder del Estado, cual es la imposición de gravámenes, en el caso actual se le aplique el procedimiento parlamentario conocido en nuestro país como de “vía rápida”, el cual incluso se ha ejercitado, aparentemente, mediante formas indebidas; esto es, a contrapelo de ley, como lo ha indicado el propio Presidente de la actual Asamblea Legislativa.

La llamada “ingobernabilidad”, entendida como el impedimento en la aprobación de leyes, más bien resulta ser una virtud, cuando se pretende sancionar un proyecto de ley inconveniente, malévolo, grosero, abusivo e indeseado, tan sólo con fundamento en que hay una mayoría relativa, obediente de los ordenamientos que le envía un poder particular, deseosa de su rápida aprobación. Pero se efectúa con insuficiente discusión, sin que medie negociación de cara al pueblo que en algún grado pueda equilibrar daños, sin que se escuche, con posibilidades de una efectiva variación de la propuesta inicial del rey (perdón, del gobierno), la voz popular en contra del proyecto en mención. Una ciudadanía que, al menos según encuestas al respecto, ha señalado, en cerca de un 75% de los entrevistados, que el pretendido aumento de impuestos no reducirá el problema del déficit gubernamental. Más bien propone otras medidas, como reducir el gasto, disminuir tareas del gobierno, vender activos públicos, entre otras soluciones para un problema actual.

En ese sentido, la ingobernabilidad” deviene en una virtud: impedir el abuso del soberano contra el pueblo. Evitar un estricto y amplio escrutinio de las pretensiones impositivas del gobierno, mediante una aprobación “rápida”, “fácil”, “expedita” como lo quieren algunos, principalmente los gobernantes de turno, puede ser el mejor resultado que nos puede suceder a los ciudadanos.
En este sainete incluso sorprende ver a algunos que se quejan, ante una presunta variación en los gravámenes a ciertos sectores hoy favorecidos con una excepción impositiva, clamar porque se pretende afectar sus derechos consolidados y hablan de “inseguridad jurídica”, pero al mismo tiempo se lamentan de la “ingobernabilidad” en el país, por la no aprobación del nuevo paquete de impuestos que el gobierno propone. To be or not to be that is the question.

Si los impuestos son indeseables por su naturaleza, como se ha mostrado a través de la Historia, un mayor escrutinio, un mejor coladero, es algo conveniente, en especial cuando se tiene una Asamblea Legislativa compuesta, en parte importante, por diputados que no parecen haberse dado cuenta de que ellos no son sino representantes del pueblo, el cual no quiere este paquete de gravámenes, y que más bien parecen actuar como simples siervos del poder, ejercido por algunos otros políticos de turno.

Si un proyecto está mal concebido, si va a generar más daño que bienestar al ciudadano, si simplonamente se trata de poner impuestos a cuanta cosa se mueva, respire o exista en la Tierra, con independencia de los efectos nocivos que pueda causar sobre la acción del ser humano, si impulsando su aprobación algunos creen que es así como se gobierna, pues prefiero un país ingobernable, como el nuestro, pues es la única manera de proteger al ciudadano de un daño mayor, de la violencia del poder.

Puede encontrar este artículo también en el foro “Políticamente incorrecto” del sitio http://latforum.org

Tema polémico: la gran oportunidad

Hasta el día de hoy, el Gobierno inédito de la Presidente Laura Chinchilla ha pasado con más pena que gloria. Nos encontramos ante una administración monotemático que ha puesto todas sus fichas en la aprobación de un paquete de impuestos que empobrecerá a la ciudanía costarricense (¡vaya empeño en perjudicarnos!). En el apartado de obra pública, nada más encontramos una carretera en la frontera norte que su utilidad y beneficio resulta, como mínimo dudosa, y que parece más un intento electorero para capitalizar el conflicto de Nicaragua. De igual manera tampoco se ha observado ningún avance en el tema de reformas políticas o en el apartado de derechos civiles.

A pesar de este transitar sin destino alguno que ha emprendido el Gobierno, en el medio del camino ha topado con la suerte de encontrar una salida al laberinto en el que solito se metió. Precisamente, la mano amiga ha venido por parte del Gobierno de Guatemala, que ha puesto en la palestra internacional el eterno tema de las drogas. Pero esta vez por fin pareciera que los gobernantes están entendiendo que la verdadera solución del problema consiste en la legalización de las mismas, legalización que acabará con las mafias, el mercado negro, la violencia y todos los problemas generados a partir de la prohibición.

La guerra de las drogas ha resultado sumamente gravosa para los países de nuestra región, nos ha costado recursos, seguridad, violencia, muertes, corrupción, etc. El Gobierno de la Presidente Chinchilla se encuentra ante una oportunidad única para dejar una imagen positiva, aunque sea en un campo. La pregunta es: ¿tendrá este Gobierno la inteligencia y el liderazgo político para asumir el presente reto y pasar a la historia como una Administración? O, por el contrario, ¿hará su mirada a un lada para continuar siendo el gobierno hueco que es hasta ahora?. Esperaremos la respuesta como el siguiente capítulo de una novela.

Viernes de recomendación

Para este viernes de recomendación queremos compartir con ustedes un interesante libro del politólogo italiano Giovanni Sartori, llamado "Homo videns: la sociedad teledirigida", donde el autor presenta una serie de ideas acerca del problema de la comunicación política y cómo el mensaje ha sido tan desvirtuado por los medios de comunicación masiva, que pretenden "informar" sobre cosas importantes en apenas unos pocos segundos, haciendo sobresimplificaciones que impiden que los ciudadanos obtengan lo suficiente para sacar conclusiones serias y sostenibles y los hacen susceptibles a guiarse por la opinión de los presentadores mediáticos, muchas veces llena de errores y prejuicios.

Jumanji empresarial: ¿de quién es la lucha hoy?

Hitler, en Mi lucha (1924), señalaba con respecto a la misión educadora del Estado: “su objetivo consiste, en primer término, en formar hombres físicamente sanos; en segundo plano está el desarrollo de las facultades mentales y aquí, a su vez y en lugar preferente, la educación del carácter y sobre todo el fomento de la fuerza de voluntad y de decisión, con la finalidad de que los educandos asuman gustosos la responsabilidad de sus actos. Solo después de todo eso, viene la instrucción científica”.

Si se quita el nombre de Hitler y los otros clisés nazis al párrafo anterior, posiblemente una persona bien intencionada y con ganas de ser inspirada por alguien, diría que el párrafo tiene no solo lógica, sino que también posee un carácter humanista. Ahora bien, si retornamos al contexto histórico todos conocemos la verdadera tragedia que acarreó el discurso hitleriano, causada en gran parte porque la mayoría de la gente de aquella época estaba tan ocupada buscando guía y dirección a sus empobrecidas vidas, que no lograron distinguir el auténtico vector histórico en palabras como estas.

El problema con los movimientos nacionalistas es que todo el mundo sabe dónde terminan, pero nadie sabe dónde comienzan. La razón de tal distorsión histórica tiene que ver con un fenómeno que podríamos llamar la "falacia narrativa". Y es que la historia que leemos hoy, es la historia narrada por aquellos que sobrevivieron a los acontecimientos o tragedias y que tuvieron la iniciativa de escribir sus propias narrativas, aunque la narrativa de aquellos menos afortunados que no vivieron para contar sus experiencias siempre se pierda en la historia. Este es el caso precisamente de los inicios de los movimientos nacionalistas o perfeccionistas de comienzos del siglo XX. Muchas de las acciones inocentes y sutiles de aquel periodo solo nos permiten ahora una especulación tardía acerca de sus intenciones originales.

El asunto es digno de meditación; y si nos preguntamos por lo que estamos viviendo hoy, cuando se observan tendencias intervencionistas del Estado y de sus agentes con poder de coerción y coacción legalizada y cuando se siente una inquietante pasividad y sumisión por parte de la mayoría de los ciudadanos, advertimos más semejanzas que diferencias entre nuestra actualidad y el ambiente que reinaba durante los años que precedieron a los movimientos nacionalistas y posteriormente bélicos de la era nazi.

La escuela, con sus protocolos de iniciación y conformación, es siempre el foro ideal para el adoctrinamiento nacionalista y perfeccionista de una juventud hambrienta de sentimientos e ideales inspiradores, alejados de la verdadera misión de la escuela, que es el descubrimiento por parte del individuo de su naturaleza y de la naturaleza de todo lo que lo rodea.

En Costa Rica, las apariencias de buenas intenciones sobran en el discurso de los burócratas con poder, como el Ministro de Educación y demás, pero la pregunta es: ¿buenas intenciones de acuerdo a quién? Tener el apoyo de las masas no significa tener la razón; y sin embargo, esta es la excusa que utilizan los ingenieros sociales a la hora de justificar sus intervenciones y restricciones a la libertad individual. La historia nos dice, y es una lección que ya debiéramos haber aprendido, que la consecuencia inevitable de la intervención excesiva del Estado acaba desintegrando la familia y que este es el primer paso hacia el control total de las mentes de los jóvenes, víctimas propiciatorias de un Estado cada vez más autocrático e intolerante. O sea, el tipo de Estado por el que luchó Hitler.

Andrés Pozuelo Arce