Desde la tribuna: las simpáticas expresiones del Ministro de Hacienda

El Estado expresa que no es bueno usar su propia moneda …En el noticiero digital cr.hoy se consignan unas declaraciones del Ministro de Hacienda.  En esencia, sus declaraciones son las siguiente: “…los profesionales liberales que exigen pagar en efectivo muestran un indicador de evasión fiscal”. Agrega el reportaje lo siguiente: “Para el Ministro, no es posible que un profesional exija a su cliente el pago con dinero en efectivo cuando hay medidas alternativas como el pago con tarjetas de crédito o débito, así como con cheques.”

No me atrevo sino a decir sino tales manifestaciones son expresiones de lo más simpáticas.
 

Por supuesto que el primer simpático gazapo del Ministro es reconocer que los otros medios de pago son “alternativos”  (no “medidas alternativas” sino “medios de pago alternativos”). Tal reconocimiento pone al Ministro en una simpática posición, al margen de la ley.

Estamos claros que el Ministro de Hacienda tiene, entre sus funciones, la recolección de los impuestos y, entre ellos, el conocido como “impuesto sobre la renta”.  Este controversial impuesto es la causa del acoso permanente que ejerce el Estado sobre los ciudadanos en la mayor parte de la tierra.

En la actualidad es más efectivo para capturar maleantes (o personas signadas como tales) que el Derecho Penal.  Los delitos formales que derivan de la angurria estatal terminan siendo el motivo de juzgamiento de muchos y la motivación de persecuciones y alianzas internacionales. Cunden leyes contra blanqueo, contra movimientos de capitales, contra libertad en el uso de los ahorros y mil cosas más.  Incluso se ha creado el delito de “legitimación de capitales”.  Resultado de la presión por recaudar el impuesto han surgido diversas figuras que atentan contra la confidencialidad y el derecho a la intimidad.

Asunto curioso, pues por “renta”, originalmente, no podía pensarse sino en los ingresos provenientes de la tierra (se trataba de los ingresos de los propietarios, en un concepto más propio del derecho anglosajón y su sistema de “propiedad”).

La Ley Nº 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas se denomina “Ley del Impuesto sobre la Renta”, pero acto seguido, al describir hecho generador, materia imponible y demás especifidades del tema se indica que “se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas con actividades lucrativas”.  El resto del artículo 1º de la indicada Ley sigue abundando en la precisión del “histórico e impreciso” concepto de “renta” para terminarse indicando que “, se entenderá por rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de servicios prestados, bienes situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, que se obtengan durante el período fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley.”

Todas estas cuestiones las planteo molesto por el tema principal del secuestro de la contabilidad, negación básica del respeto a la intimidad.  En la contabilidad, según el decir de los estudiosos, está la esencia misma de la revolución Industrial (confundida por algunos con el maquinismo y el uso de la fuerza del vapor, que no son sino consecuencia de poner a trabajar el capital, gracias a la revelación que significa una adecuada contabilidad).  Por ello digo que si la contabilidad era para trabajar mejor y tomar las mejores decisiones empresariales y productivas, “malhaya” la ocurrencia antijurídica de secuestrar tal información en pro del Estado.  Una intervención desdichada que desvía todo el actuar contable, empresarial y del Estado (que deja serlo de Derecho para torcerse en sus malos usos)

Ahora, el simpático Ministro agrega (en pro del mentado e impreciso Impuesto sobre la Renta), que es indicio de evasión (delito) que los profesionales exijan el pago en efectivo (dinero, billetes y monedas que emite el Estado).  ¡Válgame Dios!  La torcimos totalmente. 

¿Quién entiende?  Ahora el Estado no solo arremete contra la intimidad, la confidencialidad, la eficiencia y la productividad en beneficio de un impreciso concepto de Renta, sino que expresa que es malo usar el dinero que él emite.  ¿Será ilegal que el profesional costarricense exija, en Costa Rica, que el pago se le haga en billetes y monedas emitidas por el Estado de Costa Rica

Tan simpáticas expresiones del Ministro de Hacienda dejan sin valor las enseñanzas del Evangelio (Marcos 12, 17), pues aquella frase de “Dad al César lo que es del César …”, basamento de muchas teorías del Estado y de explicaciones cristianas acerca de la relación Estado e Iglesia, queda totalmente superada.  Según el Ministro, ya no hay que recibir la moneda del César. 

También tiene el Ministro de Hacienda la función de cuidar los fondos públicos, cuidar que se administren bien, preparar el proyecto de Presupuesto Nacional y analizar su contenido.  Si dedicara una parte del celo con que tan simpáticamente arremete contra los profesionales a hacer bien sus otras funciones, otro gallo cantaría.  Sería interesante que percibiera los indicios de despilfarro y administración infiel en el lado gubernamental, en lugar de dirigir simpáticos y gratuitos ataques contra los profesionales liberales

¡Qué genial sería que estuviera atento a los indicios de mal praxis pública en la Administración, en lugar de arremeter simpática e ilegalmente contra los profesionales.

Pero la vida no es así, para qué hacer lo lógico si siempre se puede hacer lo extravagante y simpático. 

Ha afirmado el Ministro que el uso de billetes y monedas emitidos por el Estado no es apropiado.  Ha afirmado el Ministro que pedir pago en efectivo es un supuesto de defraudación.  El Ministro prefiere que los profesionales reciban las tarjetas, el plástico, como modo de pago.

Prefiero pensar que el Ministro no tiene idea de lo que dice.  Para recibir el pago en tarjetas, habría que tener contrato con el emisor de la tarjeta (con cada emisor, pues hay multitud de emisores de tarjetas de crédito y débito).  Además, para asegurar el pago habría que tener el respectivo datafono.

Por ejemplo, un abogado que defiende a un imputado intervenido o a un deudor embargado no tiene otro remedio que pedir efectivo  (de lo contrario no verá el pago).

El pago en tarjetas, además, implica perder un porcentaje del pago (lo que cobra el emisor de la tarjeta).

¿Entiende el Ministro?

Me quedo con la tesis de que el Ministro quiere ser simpático, que sigue a Hayek en la desnacionalización del dinero y que sabe que algunas fotografías de los nuevos billetes son una ofensa al sentir de muchos costarricenses.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: acallando a Leonardo Garnier

Muchos habrán observado los diversos intentos por censurar la herejía de Leonardo Garnier, quien se atrevió a publicar algo titulado ”El Padre Nuestro”, en donde expresa sus opiniones acerca de la validez o lógica de tan reconocida oración cristiana.
 

Los intentos poco disfrazados de lincharle que he observado en distintos medios, van más allá de peticiones para que renuncie como Ministro de Educación, algo tal vez más que merecido por su afán de recomendar a amigotes para que accedieran a ciertos recursos públicos, lo cual se supone ningún funcionario público debería de hacer. Pero también exceden aquellas pretensiones de exigirle que se disculpe públicamente, principalmente ante la grey cristiana, conminación que más me huele a deseos de extremistas musulmanes de aplicar la pena de muerte, con base en la llamada Ley Sharia, a quien se atreva a blasfemar contra el profeta.

Me ha sorprendido que esas pretensiones de expiación y censura y no de una crítica sana en su contra, se hayan dado en un país que supuestamente endosa y garantiza la libertad de expresión.  Se puede considerar como indeseable, innecesario, agraviante y, para algún espíritu muy religioso, hasta odioso, lo que el señor Garnier escribió. Pero precisamente lo que la libertad de expresión garantiza es que el estado no pueda censurar, silenciar, tapar la boca, limitar la expresión, de los ciudadanos, excepto que directamente cause daño u ofenda (me imagino que definido por un juez) el honor de alguna otra persona. Incluso la libertad de expresión puede limitarse en casos en que notoriamente, mediante su ejercicio, se puede poner en peligro a terceros, como es el caso harto conocido en el Derecho, de gritar “fuego” en instalaciones cerradas, como es el de un cine lleno de gente.  

Pero de ello a exigirle a Leonardo que cierre su pico por ser ofensivo o pedir que lo quiten de su trabajo actual debido a lo que expresó, hay un mundo de distancia, en donde lo único que se muestra con notoriedad es una enorme intolerancia ante una opinión ajena acerca de la cual se puede diferir. ¡Que los sabios y los doctores de la ley, escribas y fariseos, los que ni saben de qué están escribiendo, todo el que quiera, que le muestren a Leonardo su error, le indiquen sus equivocaciones, le señalen un tal vez merecido desacuerdo, pero no pidan que se le impida pensar y decir lo que él piensa!  Esa es la libertad de expresión en la práctica: que cualquiera pueda escribir lo que quiera, sin ofender el buen nombre de otro. Refutar con lo que no se está de acuerdo o se disiente. Aunque me disguste lo que expresa un ser humano, me desagrade, esté en desacuerdo o discrepe en su totalidad, o ya sea que la considere como perversa o errónea, la persona debe estar en libertad de expresar lo que opina sobre cualquier cosa. Tolerar no significa aceptar lo que ese otro expresa, sino que se le permita hacerlo sin más consecuencia que lo que la ley determina si se practica un daño evidente contra un tercero. 

Por ello, comparto lo que una vez en 1859 escribió John Stuart Mill:   

“… debería existir completa libertad de profesar y discutir, como materia de convicción ética, cualquier doctrina, aunque sea considerada inmoral…” (John Stuart Mill, Sobre la Libertad, Madrid: Aguilar, 1971, p. 27), quien luego agrega: “La libertad completa de contradecir y desaprobar nuestra opinión es la única condición que nos permite suponer su verdad en relación a fines prácticos; y un ser humano no conseguirá de ningún otro modo la seguridad racional de estar en lo cierto.” (Id, p. 32).

Pero tanto como ha incomodado mi conciencia la pretensión de castigar a Leonardo (se ha escrito que hay una moción para que se presente a juicio ante nuestra sacrosanta, culta y tolerante Asamblea Legislativa), tal vez más lo ha sido la forma en que Leonardo intentó justificar lo que hizo.  Dijo que sólo se trataba de un cuento y que por ello fue que lo incluyó en la sección de “Cuentos” de su sitio personal en Internet. 

Creo que uno no debe justificar sus actos tratando de encubrirlo con propósitos ajenos a los que alguien considera como justificante para perseguirlo. Debería enhiestamente haberse plantado con base en su derecho esencial a la libre expresión y no en si se trata de un ensayo que refleja su ideario o en un cuento que sólo permite decir en terceros lo que tal vez piensa.  Esto último es irrelevante. Lo que en verdad está en juego es el derecho a la libertad y particularmente la de expresión.  

No creo que don Leonardo haya actuado así por cobardía, aunque debe ser muy doloroso luchar contra turbas intemperantes. Tal vez lo haya hecho más por oportunismo que por cualquier otra cosa. Lo que hoy tristemente he observado es una excusa flexible que le permita salir oportunamente del intríngulis, en vez de una columna construida con valores firmes y que está dispuesta a defender sus derechos esenciales. Yo defiendo a don Leonardo, porque así defiendo mi libertad.  Aunque después él se encoja de hombros y diga “no me defiendas, compadre”.

Jorge Corrales Quesada

Lineamientos para una Alianza Electoral

Desde varios meses atrás conocemos a la perfección quienes son los flamantes aspirantes a la presidencia por parte de Liberación Nacional. Pero, la semana anterior, hemos conocido nuevos intereses políticos por parte de miembros de la oposición. A la luz de esta dispersión de candidatos con la que aparentemente contará la oposición, bien vale la pena insistir una vez más en el tema de una Alianza para las próximas elecciones.

Al día de hoy, no cabe duda alguna que el único partido que cuenta con una estructura propiamente dicha es el PLN, de ahí la necesidad imperiosa por parte de los distintos miembro de la oposición de lograr consolidar una alianza y dejar de una vez por todas la atomización de sus fuerzas, ya que esta sólo beneficia al Partido oficialista. Evidentemente, lo anterior resulta muy fácil de decir, por ello la verdadera pregunta transita por cómo lograr una verdadera operativización de la Alianza, problema que en ASOJOD creemos que pasa por dos claves: personalismos y contenidos.

El plano de los personalismos probablemente sea el que más celos produzca, evidentemente existen demasiadas personas con ambiciones personales que desean llegar a la Presidencia. En este sentido, la decisión de quién debe ser el candidato debe proceder de un verdadero proceso democrático, esto es, una convención abierta en donde cualquiera (sin necesidad de partido alguno) pueda presentar su nombre, siendo la ciudadanía la que elija a quien mayor confianza le merezca. Los perdedores por su parte tendrán una cuota de poder proporcional al número de votos que alcancen, logrando así mantener un equilibrio justo entre todos los aspirantes y distintas fuerzas políticas.

Por otra parte, queda pendiente el tema del contenido de los programas de Gobierno.  En este aspecto, salta a la vista que la Alianza estará conformada por Partidos con visiones ideológicas radicalmente distintas por lo que se vuelve obligatorio encontrar un marco de acción común que resulte lo menos controvertida posible, pero que a su vez resulte altamente urgente en nuestro país. Bajo estos parámetros nos atrevemos a plantear los siguientes ejemplos: modernización de la infraestructura nacional (haciendo un especial énfasis en un sistema de transporte público eficiente por ejemplo un metro), modernizar el sistema de contratación administrativa (haciendo los procedimientos más ágiles y totalmente en línea), una profunda simplificación de trámites para los emprendedores, una profundización del sistema gobierno digital (no puede existir trámite alguno en el Estado que no pueda gestionarse en línea salvo obvias excepciones), una reforma al sistema político costarricense (elección de diputados, listas abiertas y desbloqueadas, reelección de los diputados, posibilidad de que personas sin partidos políticos postulen sus candidaturas, un sistema más riguroso de elección de magistrados), una solución definitiva al problema del empleo público y crecimiento del gasto y la deuda, un énfasis en el tema de la inseguridad que tanta zozobra y tragedias ha causado dentro de la sociedad costarricense, y una preocupación compulsiva en el tema de la ética en la función pública y la eliminación de todo tipo de corrupción.

Sinceramente, creemos que estos son los dos pilares fundamentales bajo los cuales debe de ser articulada la Alianza, de no ser así tendremos a los verdiblancos cuatro años más…

La columna de Carlos Federico Smith: la ira de Dios

Hace muy pocos días, una especialista en estudios religiosos de la Universidad de Harvard, reveló la existencia de un pedazo de papiro, del tamaño de una tarjeta de presentación, en la cual aparecía escrita una mención de Jesús acerca de su esposa. Obviamente esta noticia ha de haber sacudido a los interesados en estos temas, pues, de ser cierto que Jesús estuvo casado con una mujer, eso tendría un enorme impacto en las religiones cristianas modernas, que hasta el momento han sostenido que Jesús nunca se casó.

En esos mismos días, en muchos países en donde hay una alta representación de miembros de la religión mahometana, turbas muy bien armadas, formulaban amenazas de muerte por doquier, tanto para los autores de un supuesto “tráiler” –que tengo entendido es un anticipo de una película- como para el gobierno de los Estados Unidos, a fin de que se reprimiera esa expresión de alguno o algunos, que las hicieron en el marco de la libertad de expresión que existe en ese país.

Esas huestes intolerantes, “casualmente” en momentos en que se celebraba un aniversario más de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York por parte de extremistas musulmanes, volaron fuego a distintos centros diplomáticos de los Estados Unidos, e incluso en Libia asesinaron al embajador estadounidense y a otros tres funcionarios de esa nación.

El argumento de los fanáticos fue que aquel “tráiler” constituía una blasfemia al mostrar, de alguna manera, el rostro de Alá, pues, según su religión, es prohibida su representación. Ya en el pasado sucedió algo similar con la publicación de los Versos Satánicos de Salman Rushdie, a quien se intentó matar por mandato de algunos altos sacerdotes de aquella religión. También se voló fuego a un periódico nórdico por publicar una “imagen” del Dios de los musulmanes, así como a una revista de humor francesa, por presentar caricaturas del profeta. 

¿Se imaginan lo que hubiera pasado si, por ejemplo, los católicos creyentes en que Cristo nunca se casó, hubieran decidido solicitar que se ejecute a la profesora de Harvard, por publicar tal “blasfemia”? ¿Piensen lo que habría pasado si, para limpiar la maldad de ese acto execrable, los católicos hubieran decidido protestar ante la Universidad de Harvard (¿tal vez el INCAE?) o ante la embajada gringa para exigir que ese país persiga a la académica, quien, en ejercicio de su libertad de expresión, osó decir tal cosa como que Jesús era casado? Hay religiones en que las personas que las obedecen se convierten en verdugos de quienes no comparten su fe. No es porque no se les “respeta”, por lo cual actúan, sino simplemente porque no quieren creer en sus dogmas.  Sólo que hay religiones en que los “dogmas” son menos intolerantes y tal ve hasta menos violentos que los de otras. La religión debería ser un asunto personal y no la imposición que de ella pueda hacer un Estado mediante algo que denominan como ley.

Tal vez para contrarrestar una política exterior débil en lo que concierne a naciones árabes extremistas, el gobierno de los Estados Unidos lo primero que ha hecho es excusarse por lo ofensivo que era el “tráiler”, cuando lo cierto es que la existencia primordial de la libertad de expresión es lo que nos garantiza el derecho hasta de ser ofensivos, siempre y cuando no se dañe a un tercero y así lo determine un juez. Vieran como me ofende, como manudo, el triunfo ocasional del Saprissa, o como me molesta ver vanagloriarse a cierto político de lo honesto que es su gobierno. Pero no le reprimo el derecho de poder decir lo que le dé la gana, siempre que no me cause un daño. 

El camino de represión de la libertad de expresión, a fin de que lo que cada persona sólo pueda decir aquello que es de la complacencia de cualesquiera otra persona, únicamente conduce al silencio, al totalitarismo, a la pérdida de la libertad; simplemente, a que dejemos de pensar por nosotros mismos y que sólo sea lo que el dictador nos permita. Bajo esa idea aparentemente conveniente de que haya libertad para expresarse siempre y cuando sea responsablemente, entendiendo por esto último que no afecte la sensibilidad de un tercero, se le abre el espacio al estado para que éste, en nombre de la coherencia social, de la sensibilidad de alguno o algunos ciudadanos, de la solidaridad entre personas y pueblos, pueda reprimir aquellas opiniones que considera indeseables. Por supuesto que las más indeseables para el Estado, serán aquellas que van en contra de sí mismo: los hombres libres serán los mejores siervos, diría George Orwell.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el pasquín del Gobierno

Hace unos días, diversos medios de comunicación informaron que el Poder Ejecutivo había decidido lanzar un periódico para "transmitir las buenas noticias", porque -según el Ministro de Comunicación (¿?), Francisco Chacón, tanto ellos como la prensa no estaban "sabiendo comunicar acertiva y acertadamente las noticias". 

Pues bien, esta nueva estrategia ya no asombra entre los desaciertos y ridículos de la Administración de Laura Chinchilla. Es claro que el hecho de que los costarricenses no estén apreciando la labor del Gobierno no es culpa de los medios -aunque en otra ocasión abordaremos el papel negativo que juega la prensa en algunas ocasiones- sino de sus propios yerros y descaros. Los ciudadanos no están calificando positivamente a esta Administración porque simplemente no está haciendo nada bien; por el contrario, impulsó un paquete de impuestos altamente extorsivo a pesar del enorme descontento popular, fue incapaz de arreglar algo tan sencillo como una platina y más bien remendó un hueco en la Autopista General Cañas de forma tan mala que no tardará en volver a dar problemas, ha llevado a cabo uno de los chorizos más desvergonzados que hemos visto en los últimos años como lo ha sido La Trocha, ha protegido a varios funcionarios fuertemente cuestionados (Oscar Núñez, Leonardo Garnier, Luis Liberman, Francisco Jiménez, etc.) sin pedir renuncias y, mucho menos investigaciones, removió a una viceministra por un acto privado que no afectaba a nadie más que a su persona y a su familia, mandó a imprimir nuevos billetes -con propaganda figuerista incluída- y aún podríamos continuar citando más casos, pero sería llover sobre mojado. 

La ceguera de doña Laura y sus Ministros para darse cuenta que las decisiones tomadas han sido pésimas es tal que, en lugar de dar un rumbo al timón, prefirió culpar a otros de sus pifias -como ha sido la tónica en lo que va de su Administración- y lanzar un periódico donde publiquen las noticias que mejor le convengan, tratando de mejorar su imagen mediante propaganda de cara a las elecciones del 2014, donde puedan exponer los "logros" de sus proyectos clientelistas.

Además de la terca irresponsabilidad de la mandataria y el cínico intento de cazar votos, preocupa que este pasquín se convierta, como ya lo parece, en el medio oficial que oculte información y dificulte el trabajo de medios independientes, como en las dictaduras. Por más que algunos nos tilden de exagerados y crean que la casi bicentenaria democracia costarricense está más sólida que nunca, los eventos que poco a poco se van sumando, indican que el camino de servidumbre del que nos hablaba Hayek no pareciera una distopía.

Desde la tribuna: la justicia pierde una batalla

La sentencia de sobreseimiento, en favor de un señor exministro Rodrigo Arias, implicado en el manejo de fondos donados al Estado costarricense por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), corresponde a una batalla que ha perdido la justicia. Si no lo hubiese detenido una apelación, el tribunal, integrado por una sola persona,   hubiera cerrado el caso, con setenta candados, para que nunca pueda reabrirse, aunque estén pendientes acciones para conseguir  documentos que el BCIE se niega a entregar y mantiene en las tinieblas, fuera del alcance de la justicia.  

Algunos piensan que conviene esperar a que se logren extraer los documentos faltantes, entre ellos el señor Procurador de la Etica. Cerrar el caso, en estas circunstancias,  conviene al señor exministro y hoy precandidato, pero nunca a la justicia: pues ganó, donde ésta perdió. Es imposible obtener más claridad acerca de la gravedad y profundidad, del problema político que vive Costa Rica.

La fiscalía arrancó mal el caso, en medio de una maraña  de llamadas telefónicas y desconvocatorias a citaciones y, finalmente, pidió al tribunal desestimar la causa, mientras  las pruebas  esperadas, desde los archivos del BCIE, lograban conseguirse. El tribunal decidió que valía más la tranquilidad del exministro imputado, que esperar algo del BCIE.  A lo mejor, el tribunal es capaz de recordar el futuro. Así, oliéndose la tostada y apartando  la vara de la justicia, la sentencia anuncia y reitera un buen futuro para el abuso. Consecuente con su desganado impulso al caso, el señor fiscal general ha manifestado que no hay ningún interés en apelar la resolución judicial, olfateando, seguramente, lo mismo que el tribunal.  Como dice el refrán,  oliva y olivo y aceituno, todo es uno.

Esta sentencia es aún más intrigante, porque sanciona a quienes se les impidió obtener pruebas, en vez de, a quienes lo  impidieron   Aún en su desgano, la fiscalía solicitó tiempo para buscar pruebas que podrían estar en documentación retenida por el BCIE pero, el tribunal, no se inmutó. La Procuraduría de la Etica, estimó que, la fiscalía ni siquiera debió suspender el proceso, sino insistir y  profundizar su actividad para obtener esa documentación y proveer el proceso de prueba necesaria pero, el tribunal, no se inmutó. Aún la Sala Constitucional no resuelve una acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional la loza sepulcral bajo la que esconde, el BCIE, la documentación completa relacionada con estos fondos, pero el tribunal, tampoco se inmutó.  Al final, el juzgado, en una batalla perdida por la justicia, propone cerrar por siempre el caso;  hacer inútil cualquier insistencia ante el BCIE;  desarticular la acción de inconstitucionalidad presentada para evitar el uso del BCIE como un escondite y, finalmente, sanciona a quienes insistieron en denunciar e investigar. 

Y bien, la sentencia es un hecho. Pero, no se puede concluir, de lo que es…lo que debe ser.  Por más publicidad  y arrogancia que se despliegue en torno al hecho, nunca podrá deducirse que así debió ser o que así debe ser. La justicia no puede perder la guerra, en una batalla. 

Mario Quirós Lara

La columna de Carlos Federico Smith: el alza en la bolsa de Nueva York

Hace pocos días, preocupada por el magro comportamiento del empleo en la economía estadounidense, el Banco de Reserva Federal de ese país (la FED), decidió aumentar notablemente la cantidad de dinero en circulación, mediante la adquisición de activos financieros en los mercados, lo cual implica que la tasa de interés de mercado no aumente y posiblemente descienda. Se supone que, al ingresar esa cantidad de dinero a la economía, se garantiza a las empresas que pedirían prestado para invertir, que no vaya a aumentar el costo de ese endeudamiento y que posiblemente hasta se reducirá ligeramente. Al realizar las empresas dichas inversiones, aumentará su demanda de trabajadores, contribuyendo, presuntamente, a que se reduzca la elevada tasa de desempleo vigente en la economía.

Para obtener una mejor perspectiva de la magnitud de dicha expansión monetaria, el monto designado por la FED para esta nueva emisión es de 40 mil millones de dólares por mes. Lo que llama la atención es que en esta ocasión dicho monto se adjudicará mes tras mes de forma ilimitada, hasta que la situación de desempleo no muestre un considerable progreso. Al tratarse entonces de una emisión monetaria sin límite en términos del plazo, podríamos estar en presencia de un tsunami monetario. La medida tomada por la FED no es sino la evidencia de que ha fracasado la política monetaria que hasta el momento esa entidad ha seguido, para sacar a los Estados Unidos de la recesión. Lamentablemente lo único que ahora se le ocurre a la FED es más  de lo mismo: echar más dinero a la calle.

El problema con esta última medida es que la FED ya la ha utilizado en el pasado reciente a fin de lograr esa meta de menor desempleo, pero ha fracasado, puesto que la mayor emisión de dinero no se ha traducido en nuevas inversiones, sino que se han posicionado dentro de las cuentas de los bancos, que han visto como el costo de ese dinero se ha reducido sustancialmente.

Una pregunta posible es ¿por qué los bancos comerciales, al tener esa mayor disponibilidad de recursos, no lo han prestado a empresas para que los inviertan? La razón que se ha aducido es que no hay demanda por los bienes y servicios que se producirían con esas nuevas inversiones. La propuesta que entonces se sugiere es que aumente el gasto gubernamental en la economía, para sustituir la insuficiencia de demanda privada.  Eso ya lo ha puesto en práctica la administración Obama en el pasado, lo cual en parte explica los enormes déficits y el elevado endeudamiento de ese país.  Dicho endeudamiento ya ha superado los 17 millones de millones de dólares (17 trillones en Estados Unidos), deuda fundamentalmente generada durante la actual administración Obama.

Por ello, ante la seria crisis fiscal, las posibilidades de aumentar el gasto, dado el enorme déficit y el monstruosamente alto nivel de endeudamiento del estado, parecen ser nulas, además de inefectivas, en cuanto a  resolver el problema, tal como ya ha llegado a comprobarse.

Pero, de nuevo, ¿por qué las empresas no demandan de los bancos comerciales los fondos tan baratos que allí existen para realizar sus inversiones? Antes de tratar de dar una respuesta a esta pregunta, trataré de responder otra: ¿por qué, si la situación de la economía estadounidense es tan mala, el tal vez principal indicador de la actividad de los negocios de ese país, el llamado índice Dow Jones (DJ), muestra un comportamiento claramente al alza? Es más, no tan sólo “claramente”, sino  pronunciadamente al alza, a partir de su punto más bajo en marzo del 2009.

Se ha dicho que el DJ de cierto momento refleja el comportamiento futuro esperado de la economía para los inversionistas. En otras palabras, lo que indica el índice DJ en un instante dado es lo que, en opinión de los inversionistas, es el comportamiento futuro de las empresas que forman parte de dicho índice. Se dice que el DJ “mira hacia adelante” (forward-looking, en inglés). Por ello, si bien el comportamiento de la economía en este momento no es nada halagüeño, un indicador alto del DJ podría reflejar que, en el futuro, el crecimiento de la economía será altamente positivo y por ello deciden invertir en la actualidad en esas empresas. De esta manera, no hay una inconsistencia entre la existencia de una mala situación económica y un futuro más brillante, pues el DJ estaría reflejando esa expectativa de ese mejor futuro. 

En mi opinión, eso es lo que sucede fundamentalmente en la actualidad con el DJ.  Por supuesto que hay otros factores que han estado incidiendo en los últimos tiempos en el comportamiento tan positivo del DJ, como pueden ser la propuesta de solución a la grave crisis actual de la mayor parte de las naciones europeas o bien la decisión de la FED antes citada, que abarata, al menos en el corto plazo, el costo de financiamiento en la economía. Sin embargo, en este último caso, es necesario advertir que esa excesiva expansión monetaria se reflejará a largo plazo en inconvenientes presiones inflacionarias.

Lo cierto es que en la actualidad las empresas no están invirtiendo, porque hay una enorme incertidumbre por lo que pueda pasar con los impuestos, a relativamente  corto plazo, en la economía estadounidense.  Al menos la administración Obama ha insistido en que, para disminuir su enorme déficit y su mayor deuda, aunque tal vez en verdad simplemente sea para financiar un nuevo mayor gasto estatal, acudiría a aumentar, en una eventual próxima administración de Obama, los impuestos a las empresas.  Ante ello, por el momento las empresas prefieran esperar y no endeudarse en nuevos proyectos, aun cuando el costo de dicho financiamiento se haya abaratado, dada la política monetaria expansiva de la FED. Las expectativas tributarias parecen ser diferentes con una administración del ex gobernador Romney, quien ha anunciado, como base de su política fiscal, una reducción de todas las tasas de imposición sobre la renta, independientemente del nivel de ingresos de los contribuyentes.

La incertidumbre tan grande, que hace que las empresas no se endeuden en la actualidad en proyectos de inversión, no disminuirá sino ante los resultados electorales del próximo mes de noviembre. En ese momento, de ganar Romney, los bancos quienes se encuentran actualmente exageradamente pertrechados con una enorme cantidad de recursos prestables a costos muy bajos, podrán prestar. Con ello, obtendrán jugosas ganancias ante una renovada demanda de fondos por parte de las empresas, quienes ya no enfrentarían la amenaza de la administración Obama de tener incrementos en sus impuestos. Por supuesto, que estas inversiones empresariales se convertirán en el generador de nuevos empleos altamente deseados en la economía.

Mi opinión, evidentemente, descansa en una serie de conjeturas, pues incluso las opiniones que he podido obtener al respecto muestran que existe una gama muy amplia de criterios.  Incluso alguien podría decir que una opinión similar a la mía podría ser expresada por Madame Gandara o Mynor Kayyam. Reconozco que bien podrían hacerlo, pero los que definirán los resultados serán los electores estadounidenses en noviembre de este año. Espero que no sea el espectáculo y la frivolidad expuesta por la administración Obama, de no asumir responsabilidad alguna por la mala conducción de la economía norteamericana durante estos últimos cuatro años, el que defina el voto de los ciudadanos: el costo de seguir cuatro años más con políticas económicas antitéticas al crecimiento de la economía estadounidense, es muy elevado, como lo atestiguan hechos recientes como la enorme deuda externa, el poco crecimiento del ingreso per cápita, el empeoramiento del porcentaje de pobres en esa nación y las notorias tasas de desempleo y sub-ocupación, sobre todo en los grupos de personas más desvalidas.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: ¿Figueres entra en la carrera presidencial?

La semana pasada se confirmaron las aspiraciones presidenciales del expresidente José María Figueres. Esto por supuesto en ASOJOD no nos sorprende y más bien nos impresiona mucho que los medios anuncien la candidatura de Figueres como la gran novedad pues es bastante obvio que desde hace muchos meses que este señor aspira ser el próximo presidente del país. Figueres empezó su campaña por la presidencia de la república desde diciembre del año pasado cuando fácilmente logró acaparar la atención de los costarricenses accediendo a una entrevista con el reportero Ignacio Santos. 

Desde ese entonces todas sus visitas al país y eventualmente su famoso proyecto país ha sido sumamente cubierto por los medios. Resulta interesante el hecho de que, gracias a  los principales medios de comunicación, Figueres ha logrado llevar a cabo una campaña presidencial exitosa y no ha tenido que gastar ni un solo cinco ¿A quien le interesaría tener asesores de campaña y gastar millones en cortos publicitarios cuando tiene a Telenoticias y el diario la Nación a su entera disposición?

Lo más impresionante de todo esto es que es muy probable que Figueres logre ser el próximo presidente del país. Esto consideramos que se debe a dos razones principales. Primeramente, Figueres se lanza en un momento en el que la oposición se encuentra sumamente debilitada. A estas alturas del año no se vislumbra ningún grupo de oposición con una visión de gobierno clara ni con la popularidad necesaria para sacar a Liberación Nacional del poder. Precisamente de este hecho Figueres en forma muy inteligente está tomando ventaja pues está incluyendo a personas de varias filas políticas en su construcción de “visión país”. Además, los otros candidatos de Liberación también carecen la popularidad necesaria para impedir que este señor sea el candidato oficial.

La segunda razón es la que más nos preocupa y es el hecho de que muchas personas consideran que Figueres viene a solventar la enorme preocupación que existe de falta de liderazgo para enrumbar este país. Los costarricenses están dispuestos a depositar su confianza en una persona sumamente cuestionada por actos de corrupción y representante del partico más corrupto y mercantilista de la historia. Claramente la llegada de Figueres no solucionará los problemas de este país.

En las próximas elecciones los costarricenses deberán tomar una decisión y lastimosamente está decisión no será por el mejor candidato para la presidencia del país, sino, por el menos malo. A pesar de que no vemos una buena opción de se vislumbre en la oposición estamos seguros que Figueres no será el menos malo.  

Viernes de recomendación

La Asociación Nacional de Fomento Económico
Invita:

CURSO SOBRE FORMACIÓN CIUDADANA EN LIBERTAD

Fecha: lunes 17 de septiembre, lunes 24 de septiembre y lunes 1 de octubre
Lugar: Instalaciones de ANFE
Hora: 6:30 p.m-8:00 pm.
Profesor: Lic. Alejandro Barrantes Requeno, politólogo, asesor parlamentario.
 
 
Programa
 
1.    Lunes 17/9/2012: Incidencia ciudadana en políticas públicas
 
a.    Iniciativa popular
b.    Referéndum
c.    Revocatoria de mandato
d.    Elecciones (Diputados y Magistrados)
e.    Papel de la prensa
 
2.    Lunes 24/9/2012: Asamblea Legislativa
 
a.    El papel del Parlamento como freno y contrapeso
b.    Niveles de acuerdo vs tiranía de mayoría
c.    Reglamento legislativo: formación de ley e interruptores

3.    Lunes 1/10/2012: Burocracia
 
a.    ¿Cómo enfrentarla? Ley Nº 6227 y Ley Nº 8220
b.    Mercados disputables vs monopolios
c.    El efecto de las regulaciones en servicios públicos
d.    El consumidor: quien paga manda


Costo: La actividad no tiene costo para los participantes
Importante: Cupo Limitado. Refrigerio gratuito para los asistentes.

Reservaciones: Teléfonos  2253-4460  /  2224-7350  8996-6569
 
 
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Jumanji empresarial: ¿quién asume el costo de la regulación?

A todos nos gusta hablar de regulación, como si esta fuera la gran panacea. Pero la disparidad entre los costos totales y los que recaen sobre los reguladores es muy significativa. Los costos asumidos por el gobierno son solamente cerca del 2 por ciento de los costos de cumplimiento en los Estados Unidos, por ejemplo, y serían un porcentaje aun menor de los costos totales de regulación si se incluyeran los costos invisibles. Por eso, en cuanto se refiere al gobierno y a las agencias gubernamentales, la mayor parte de los costos es “externa” (esto es, recae sobre otros); éste más que cualquier otro factor parece explicar el ímpetu detrás del crecimiento de las regulaciones.

En verdad los argumentos utilizados por la mayoría de economistas para introducir regulaciones pueden ser dados vuelta fácilmente. Su argumento es que existen “externalidades” que los mercados no tomarán en cuenta, por ello el gobierno debe intervenir para asegurar que todo costo y beneficio externo sea tenido en cuenta. Pero, en la práctica, la introducción de regulaciones crea nuevas externalidades. Costos que habrían sido “internos” (y por lo tanto tomados en cuenta por quienes toman decisiones) no son soportados por los reguladores y, por lo tanto, no importa cuán bien intencionados estén, estos costos se convierten en externalidades.

En estas circunstancias, con la mayor parte de los costos de regulación no recayendo sobre quienes regulan, la cantidad de regulación crece más allá de su nivel “eficiente” –que sería cuando se extendió hasta el punto justo en el cual el costo de una regulación adicional excede sus beneficios. En otras palabras, el Estado sobre regula, pero como todo el costo de la regulación (costos de trámites, costos de oportunidad y costos superfluos); los asume el mercado, a nivel gubernamental, los legisladores no tienen una  idea de cuáles son los efectos negativos de la regulación.

En síntesis, aunque el fracaso de mercado es la razón usual para demandar regulación gubernamental, la misma institución de la regulación lleva a una forma diferente de fracaso.

Andrés Pozuelo Arce

Desde la tribuna: el BCIE y sus "donaciones" a la Presidencia

Desde hace varios años viene encendiéndose la polémica alrededor de los dineros que el BCIE “dona” a algunos órganos del gobierno. Un Ministro de la Presidencia (Rodrigo Arias) fue denunciado por el manejo que se dio a una partida de estos fondos, pero es asunto viejo.

El sitio del BCIE dice que “El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), creado en 1960, es una persona jurídica, de carácter internacional, que tiene por objeto promover la integración y el desarrollo de los países fundadores: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tiene su sede en Tegucigalpa, Honduras, y cuenta con oficinas regionales en cada país centroamericano.”

Es cincuentón ha estado haciendo donaciones a los algunos órganos gubernamentales de Costa Rica (antaño parece haber dado algunas partidas para las primeras damas y luego el asunto se ha intensificado) para gastos especiales. Así pues, se han pagado asesorías y consultorías, guitarrista y mensajero y ahora, al parecer, la Presidencia de la República de Costa Rica afirma que destinará la partida para “rendir cuentas” de los proyectos que ejecuta el Gobierno de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente, todo el mundo ha entendido que se trata de un gasto de propaganda. Ahora, sin embargo, el dinero va a ser  “presupuestado” (para evitar algunas de las suspicacias y objeciones de otros tiempos).

Estoy seguro de que esta “especialidad” del BCIE no es exclusivamente con Costa Rica, sino que es una costumbre para quedar bien con el Poder Ejecutivo de todos los países centroamericanos. Son “cariñitos” para agradecer designaciones y estar en buenos términos. Por ello surge la pregunta de ¿para qué es que tenemos este Banco? Algunos dicen que el mejor puesto de la Administración Pública de Costa Rica es quedar en la Junta Directiva del BCIE, prácticamente status de MI y sin los amarres del resto de los mortales. Tan agradecidos quedan que reciprocan con donaciones a las Presidencias. Asunto redondo.

Todos los diputados centroamericanos deberían poner atención al asunto. ¿Para qué tenemos ese BCIE y cuál es su exacto propósito y razón de su administración? Asimismo, ¿cómo andan sus cuentas y cuáles son sus ganancias? Finalmente, en relación con la donación de dineros, ¿por qué no se enteran directamente al Fisco como utilidad del BCIE sino a través de la caprichosa vía de la donación y como tan directamente al Ejecutivo?

Aún así, objeto lo que pasa, no me gusta y me parece no es así como debe ser la relación con una persona jurídica internacional. Si los países centroamericanos somos sus socios (y no sé en qué proporción), convendría que todos estemos enterados de qué tenemos y en qué nos aprovecha. Que no sean dineros facilitados a ciertas actividades sino dineros públicos de caja única y para el bien común.

Alguna vez se justificaron los desmanes legislativos y los caprichos desaforados en la famosa y descarada frase de “pa’eso tenemos mayoría”. ¿Estará pasando lo mismo con este Banco cincuentón?  Pido investigación, exijo cuentas, solicito datos, requiero orden y buenas vías. ¿Alguien toma el reto y me acompaña?

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: desempleo en los Estados Unidos

Las últimas cifras acerca del desempleo en la economía de los Estados Unidos revisten una enorme importancia, no sólo por reiterar un hecho ya observado en los últimos tiempos de una alta desocupación, sino por la incidencia que pueden tener en las próximas elecciones de noviembre en ese país.

Por ello, dedicaré un rato a su análisis y a explicar por qué, si no son bien interpretadas y entendidas, pueden dar lugar a equivocaciones.
 

El primer dato es que en agosto de este año la cifra de desempleo fue de 8.1% de la población empleada en ese país, un descenso con respecto del 8.3% a julio pasado. Lo que aparenta ser un progreso en el frente laboral de ese país, en realidad no lo es, una vez que se procede a explicar cómo es que se obtiene esa tasa de desempleo.
 

La tasa de desocupación mide aquella porción de trabajadores en la fuerza de trabajo que en la actualidad no tienen empleo, pero que están activamente buscando uno.
 

Lo cierto es que en este mes de agosto, la economía norteamericana creó un total de 96.000 nuevos empleos, una cifra menor al crecimiento que los expertos esperaban, cercano a 125.000 empleos adicionales en ese mes. Este es el primer golpe: un crecimiento menor al esperado en la cantidad de empleos nuevos.
 

Pero, además, es cierto que se presentó en ese mismo período un descenso en el tamaño de la fuerza de trabajo de ese país.  En agosto se retiraron de la fuerza de trabajo; esto es, renunció, desistió, de buscar empleo un total de 368.000 trabajadores. En otras palabras, para que se hubiera mantenido la misma tasa de desocupación con la mayor fuerza de trabajo existente en julio, en agosto el país debería de haber creado cerca de 200.000 nuevas fuentes de trabajo: algo más del doble de la que en realidad se logró.
 

En el mercado de trabajo, la tasa de desocupación puede disminuir por dos razones, ya sea por la creación de nuevos empleos o por la disminución del total de la fuerza laboral, afectada por falta de empleo. Por lo tanto, es posible que se registre simultáneamente una menor tasa de desocupación, a la vez que se observa un deterioro en la fuerza laboral. Esta última situación, la cual de ninguna forma es deseable, es la que se está reflejando las últimas estadísticas laborales en Estados Unidos. La tasa de desocupación a agosto descendió a un 8.1%  de un 8.3% en julio, explicado en mucha mayor medida por un descenso en la fuerza laboral, al abandonarla casi 370.000 trabajadores, que por la creación de 96.000 nuevos empleos.
 

Con el descenso en la fuerza laboral estadounidense, se estima que en ese país la cantidad de desocupados se acerca a 23 millones de personas y que la tasa de subempleo es de un 14.7%.  Esta tasa es particularmente importante, pues además de incluir aquellos desocupados que están buscando activamente un empleo, incluye a trabajadores de tiempo parcial quienes están buscando un empleo a tiempo completo, así como a otros grupo de trabajadores que no está buscando activamente empleo, pero que están marginalmente disponibles para trabajar.
 

Hay otro indicador importante de la situación laboral de un país, el cual se denomina tasa de participación laboral, que es el porcentaje de personas en edad de laborar (personas de edad entre 16 y 64), la cual está empleada o está activamente buscando por un empleo. En tanto que históricamente en los Estados Unidos esta tasa ha oscilado entre 67 y 68%, en agosto de este año registró un 63.5%, el porcentaje más bajo desde 1981.
 

Pero hay más. La creación de los 96.000 nuevos empleos se ha presentado en actividades en donde usualmente se pagan salarios relativamente bajos (por ejemplo, meseros, cocineros, bartenders y similares), con lo cual el aumento del monto total de salarios en la economía, gracias a estos nuevos 96.000 trabajos, no es el mejor (por supuesto que sí para quienes logran ese nuevo empleo, pero no para el promedio total de salarios en la economía). Además, esta creación de nuevos empleos tan baja se repite desde los últimos cuatro meses, indicando la gravedad creciente del problema.
 

Asimismo, la tasa de participación laboral para trabajadores en el grupo de 16 a 19 años es enormemente baja. El mes de agosto registró un 54.1%, la menor en 57 años. Los jóvenes han sido notoriamente afectados en esta situación económica y, aunque no tengo datos, me atrevo a vaticinar que tal decaimiento también se debe presentar en grupos tales como los latinos, los negros y, tal vez, las mujeres. 

Lo señalado expone una fuerte crítica al actual gobierno de los Estados Unidos, especialmente cuando el presidente Obama insistió a inicios de la administración que está a punto de concluir, que, si al final de ésta no había logrado reducir significativamente el desempleo, tal como como al momento ha sucedido, aquél gobierno no sería re-electo.  Es posible que el pueblo estadounidense decida tomarle la palabra en las próximas elecciones de noviembre.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Elecciones en los EUA

No cabe duda del rol preponderante que todavía posee los Estados Unidos a nivel global, especialmente para nuestro país ya que este es nuestro mayor socio comercial. En razón de esta relación cercana que ha caracterizado a nuestros países, deseamos dedicarle  este tema polémico a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

Al día de hoy, ya han acontecido las convenciones de los partidos Republicano y Demócrata, con lo cual la cada vez calentará aún más la carrera electoral hacia la Casa Blanca. Pero, para iniciar hablar de estas futuras elecciones, no se puede dejar de tener presente lo que ha sido el desenvolvimiento de la Administración Obama.  Administración que sin duda ha sido una gran decepción a partir de su promesa de campaña de esperanza y cambio, la cual resultó ser un mero eslogan, ya que cada vez es más evidente que el partido Demócrata y Republicano poseen muy pocas diferencias de fondo.

Esta similitud sin duda ha quedado claramente plasmada en los respectivos discursos de las convenciones. Ambos candidatos y plataformas electorales, siguen pensando en que toda la problemática nacional transita en cuanto a la elección del hombre indicado para que “dirija”  correctamente al país. Es decir, en pleno siglo XXI el sistema político estadounidense sigue estancado en la visión platónica del filósofo rey, en donde el problema político más importante es quien debe gobernar, y no bajo que marcos institucionales debe gobernarse.

Sin duda, este modo de pensar también tiene una gran vigencia en nuestro país, lo cual nos debe llevar a la reflexión ya que nuestras elecciones se encuentran a la vuelta de la esquina, siendo necesario un cambio de paradigma, que elimine esta idea paternalista del Estado y el gobernante, que presenta al país como una especie de empresa que debe ser dirigida por alguien, y nos centremos de una vez por todas en liberar las energías creativas individuales permitiéndoles desarrollarse y coordinarse espontáneamente en donde cada persona sea libre para perseguir y alcanzar su propio destino.

La columna de Carlos Federico Smith: comentarios fiscales

En días recientes, en ocasión de la presentación del presupuesto de la República para el próximo año, el Ministro de Hacienda Ayales hizo pronunciamientos importantes que merecen toda consideración. En primer lugar, se nota un esfuerzo por reducir el crecimiento del gasto público, al menos el del gobierno central. En segunda instancia, se deberá apoyar el esfuerzo gubernamental de poner algún grado de orden en las remuneraciones de los empleados públicos de la mayor parte del estado costarricense. Estas dos son razones poderosas para mantener algún grado de optimismo de que las cosas en el orden fiscal podrían ir por un camino mejor, a diferencia de lo que hasta ahora ha sucedido con este gobierno.  Pero, a riesgo de que no gusten opiniones que divergen de la oficial, tal como en cierto momento lo expresó el Ministro Ayales en el programa de doña Amelia Rueda, quiero hacer mi comentario, en el contexto más general de buscar efectivamente que se logre un ordenamiento de las finanzas públicas del país.

El paso dado del presupuesto enviado recientemente parece ser el apropiado.  Sin embargo, sigue siendo insuficiente para quitarnos de encima el fardo de un presupuesto deficitario en alto grado. Debe tenerse presente que la oposición política representada en la Asamblea Legislativa ha sido altamente magnánima en el ámbito financiero con este gobierno. No se si en privado, como a veces sucede, así se lo agradecieron los funcionarios del actual gobierno. Pero, si al menos lo hicieron en público, fue poquito lo que se habló de la enorme cantidad de recursos obtenidos, que dispondrá el gobierno proveniente del endeudamiento con el exterior, en que incurrirá el ciudadano costarricense por la voluntad legislativa. En sencillo, me atrevo a decir que el gobierno ya tiene, con ese endeudamiento externo, los recursos requeridos para salir del apuro financiero, que de no existir lo habría obligado a reducir significativamente el gasto público, a fin de poder emparejar las cuentas fiscales.

Lo expuesto significa que, con esa nueva circunstancia, han cambiado los incentivos para que el gobierno ponga sus finanzas en orden. Esto hace más meritorio el esfuerzo señalado del Ministro de Hacienda para reducir el crecimiento previo tan abultado del gasto estatal, al menos en aquella relativamente pequeña porción que del total significa el del gobierno central.

Un factor importante que juega en nuestra actualidad fiscal, y recordado constantemente por el Ministro Ayales, es lo sucedido en muchas de las economías europeas, a causa de un exceso de gasto gubernamental destinado a suplir cuantas cosas se les puede ocurrir a los grupos de presión. Estos esgrimen tener el derecho impostergable e indeclinable a cualquier ocurrencia, sin pensar en que son las personas quienes deben trabajar para conseguir lo que pueden desear obtener.  Alegan que se tiene un “derecho” sobre la más diversa gama de bienes y servicios y privilegios, que de alguna manera debe ser satisfecho mediante la acción pública; esto es, acudiendo al gasto público. Eso en mucho ha provocado los enormes déficits fiscales de ciertas naciones de Europa. Ahora, al tener que tomarse medidas para arreglar la grave situación, casi que el costo es la defunción de sus economías. Salarios gubernamentales desproporcionados y muy superiores a los que se pagan por labores similares en la actividad privada; regímenes de pensiones a burócratas totalmente desfinanciados, que ante el insuficiente aporte de sus beneficiarios, últimamente son cargados sobre los presupuestos públicos; pocas horas laborales y largas, muy largas, vacaciones para los empleados públicos, son otros ejemplos del abuso. Pero también el gasto público se utiliza en mantener monopolios estatales ineficientes o empresas poco competitivas internacionalmente.  Ni qué se diga de ciertos tratamientos especiales en el sector bancario de esas naciones, que ahora buscan que en el riesgo privado en que incurrieron y que muchos les dio en su momento, sea ahora cargado tributariamente sobre las espaldas de cada trabajador de sus países.

Los políticos de hoy se han podido dar cuenta del alto grado de culpa que en esa situación han tenido políticos anteriores. Políticos de todos los colores, pero, en verdad, principalmente de lo que conocemos como social-demócratas o socialistas europeos, quienes, proclives al gasto, ideológicamente se aferraron a aquella idea de un estado que protegiera a los individuos “desde la cuna hasta la tumba”, con lo cual les cercenaron la obligación que tenían de lograr su bienestar mediante su esfuerzo propio. Al caerse las finanzas públicas en esas naciones europeas, al haberse agotado el expediente de acudir a la deuda externa para obtener fondos, pues ya nadie les quiere prestar barato para que puedan seguir en la gastadera sin límite, tienen que poner en orden a su economía, lo cual, sin duda, que será algo doloroso. Sólo así podrán sobrevivir como naciones.

Si esa experiencia europea sirve de lección en nuestro medio, debemos aprender ya que la solución a nuestro problema fiscal no pasa por seguir acudiendo al endeudamiento externo, como hemos hecho recientemente, pues en un momento dado dejaremos de ser “sujetos de crédito” adecuados, además de que tendremos que pagar lo que se nos ha prestado. También hemos de aprender que la solución no va por aumentar los impuestos, principalmente a quienes son los mismos que siempre deben pagarlos. No entiendo cómo todavía se tienen dudas acerca de las razones de nuestro relativamente poco crecimiento interno (no de la inversión externa, afortunadamente exenta del pago de muchos impuestos), si aún persiste en el país una enorme incertidumbre entre los ciudadanos privados, quienes temen más impuestos, mayores alzas en las tasas de interés y posiblemente inflación a cierto plazo. Todo ello por el mal manejo fiscal de un gasto dispendioso. Lo cierto es que nuestro sector privado mira con perplejidad el futuro de la economía y teme realizar sus decisiones de ahorro e inversión, en tanto persista ese mal manejo de las finanzas del estado.

En particular, el esfuerzo del Ministro de Hacienda para poner cierto orden en las remuneraciones del sector público debe ser apoyado. Quienes en esa tarea le apoyamos, a pesar de ser casi conversos a un escepticismo pleno, sentimos que es necesario advertir que es, en ningún momento, la propuesta de reforma a las remuneraciones en el sector público se han de traducir en un mayor gasto gubernamental. Hemos visto como, en nombre de la reducción del gasto, se termina negociando uno mayor con los grupos sindicales del sector público, a fin de lograr que acepten alguna propuesta. Si se trata de reducir privilegios, que sea hacia abajo y hacia el promedio. Privilegio es privilegio, tanto en los altos como en los bajos. Si no se pueden eliminar, entonces reducirlos al mínimo posible. Lo esencial es evitar el maléfico camino fiscal europeo, de cuyos daños ya estamos enterados.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: jugadores con poder de veto

En su libro "Veto players. How institutions works", George Tsebelis plantea que en el proceso de toma de decisiones existen jugadores que tienen poder de veto para realizar cualquier cambio en el statu quo, por cuanto su consentimiento es forzosamente necesario para alcanzar la regla de toma de decisiones que tiene el cuerpo colegiado. De acuerdo con el autor, conforme más jugadores con poder de veto existan en un sistema político y mayor sea la distancia ideológica entre ellos, más alta será la improbabilidad de lograr cambios importantes al statu quo.  

Por supuesto que esta idea es desarrollada por el autor en el escenario legislativo, pero se puede extrapolar a todo el sistema político en general. De ahí que en ASOJOD queramos reflexionar, el día de hoy, sobre la existencia de jugadores con poder de veto fuera del Congreso. Y no nos referimos al veto presidencial, que es todo un tema de discusión.

Nuestro interés se concentrará, en esta ocasión, en el papel de los sindicatos y las instituciones autónomas como jugadores con poder de veto que impiden cambios en el statu quo. Recientemente se informó en medios de comunicación que el Gobierno impulsaría un plan para recortar el gasto público, reduciendo o eliminando los pluses salariales y puestos de trabajo que, en muchos casos, son parte del componente más grande de los presupuestos institucionales: las remuneraciones.

En ASOJOD aplaudimos que, por fin, algún gobierno ponga sobre el tapete este importante y necesario tema, aunque no somos tan optimistas para pensar que se enviará pronto un proyecto de ley y que la Asamblea Legislativa lo aprobará, dándole un respiro a los vilipendiados bolsillos de los tax payers, que cada vez se sienten menos dispuestos a pagar las cuentas de la burocracia. Nuestra reticencia surge por la existencia de jugadores externos a los cuerpos colegiados de toma de decisiones que tienen poder de vetar esa decisión: aparte de la oposición que puedan presentar a esta iniciativa algunos partidos políticos que ven en los empleados públicos un núcleo electoral importante que no quisieran perder -lo que sería un veto interno desde la lógica legislativa-, los sindicatos y las instituciones autónomas se erigen como escollos importantes y muy poderosos, a pesar que son externos al Parlamento y no tienen participación formal en el proceso decisional. 

Decimos formal porque jurídicamente no tienen competencia para votar en la Asamblea Legislativa ni utilizar los interruptores que ofrece el Reglamento Legislativo para obstaculizar o paralizar el proceso decisional (mociones, uso de la palabra, recesos, ruptura de quórum, consulta de constitucionalidad, etc.) pero sí tienen un poder informal -a veces mayor que el de los propios Diputados- que les permite imponerse para evitar un cambio al statu quo. 

Evidentemente, esta situación nos preocupa. Primero, por la obvia razón de que es muy probable que no se apruebe y las finanzas públicas no aguantan la fiesta que políticos y burócratas han montado con sobresueldos por llegar temprano, anualidades que equivalen a otro salario, convenciones colectivas desangrantes, viajes y becas, incapacidades que pagan el 100% del salario a pesar que no se trabaja, transporte gratuito, vacaciones pagadas, licencias sindicales, etc. Todo esto va metiéndole presión a los números, aumentando el déficit y las ganas ambiciosas de los gobernantes de turno que presionan por un aumento de impuestos. En los últimos 10 años, dos Administraciones -Pacheco de la Espriella y Chinchilla Miranda- han ido a la carga con un paquete para saquear a los ciudadanos, a los patos de la fiesta, a los que pagan los platos rotos. Por dicha no han podido, pero cada vez hay más posibilidades de que lo logren si no se hace algo para evitarlo. 

La segunda razón que nos inquieta es la posibilidad de que actores que no son democráticamente elegidos para tomar decisiones públicas, que no se presentan ante el electorado, ni le rinden cuentas, ni son sujetos de premio o castigo ciudadano por su actuación puedan tener tantísimo poder. Para nadie es un secreto que las instituciones autónomas, cuando se les consultan proyectos de ley con los que no están de acuerdo, hacen muchas veces que la regla de toma de decisiones suba hasta 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, haciendo imposible en ocasiones que se aprueben, ya que no es tan fácil conseguir los votos. Si al menos su oposición fuera por razones que verdaderamente protegen al ciudadano, no plantearíamos queja; pero casi siempre su argumento se reduce simplemente a su autosostenibilidad, a su propio interés de mantener los privilegios y prerrogativas que el ordeniamiento jurídico le ha otorgado. El argumento de la autonomía institucional se ha desvirtuado hasta tal punto que ellas se han convertido en una especie de islas asociadas, sobre las cuales no es posible ejercer ningún tipo de control y dirección -que aunque sea posible jurídicamente, no lo es políticamente-. Y si no es la cúpula institucional la que se opone, están los sindicatos, que no dudarán salir a marchar paralizando al país si es necesario con tal de defender sus privilegios, amparados en una protección de su trabajo que prácticametne los hace intocables, imposibles de despedir a pesar de lo que hagan. 

Es lamentable que decisiones importantes como recortar el gasto público para sanear las finanzas y reducir la presión fiscal que se cierne sobre los ciudadanos no se tomen por la miopía de algunos funcionarios públicos que defienden a ultranza sus privilegios, sin aceptar que pronto no habrá para pagarles y de políticos irresponsables y populistas que toman decisiones con la calculadora electoral a mano en lugar del sentido común, la seriedad y la decencia.