Tema polémico: ¿qué ganamos con los taxis rojos?

Este día, en ASOJOD queremos analizar un tema bastante interesante: el papel de los taxis rojos en Costa Rica, el cual ha sido bastante problemático. Durante muchos años, el otorgamiento de placas de taxi ha servido para dar poder a autoridades gubernamentales, que no pocas veces corrompen el proceso. De esta forma, los concesionarios se convierten en un oligopolio en el cual sólo ellos tienen derecho a trabajar, impidiendo que cualquier otra persona intente prestar el servicio.

Por tal razón, creemos que perfectamente, el servicio de transporte se podría dejar por la libre, de forma tal que si la gente demanda conocimiento previo de los precios, el mercado dará "maría". Si la gente demanda seguridad, el mercado ofrecerá companías que certifiquen a sus choferes. Si la gente demanda distinción de vehículos para este uso, el mercado dará coloridos diseños. Para nada de esto se necesita regulación. Y si aún se insistiera regular la actividad, el gobierno podría exigir una lista de requisitos como colores determinados, dispositivos para discapacitados, entre otros, pero aún así permitir que cualquiera que cumpla con estos requisitos pueda brindar el servicio de transporte automovilístico sin necesidad de concursos y concesiones.

No obstante, para ciertas personas, el servicio de transporte no puede dejarse por la libre. ¿Por qué? ¿Cuáles beneficios le trae al usuario tomar un taxi autorizado? Algunos aducen que las tarifas son las que marcan las marías y que eso le da tranquilidad al cliente. Pero, en realidad, cualquier persona que intente tomar un taxi a altas horas de la noche, en un lugar algo alejado o en circunstancias de alta demanda de taxis (navidad, bajo aguaceros, etc.), notará que los taxistas se permiten subir el precio hasta donde aguante la demanda. Y, conociendo lo deficiente que es el sistema actual para procesar las denuncias del usuario, es muy probable que esa persona no tenga más remedio que pagar el capricho o esperar a un conductor honesto. Otros, por su parte, creen que es más seguro viajar en un taxi rojo pero no se han detenido a pensar que el personaje de los correos electrónicos masivos que viola, mata y toma licor mientras maneja un "taxi pirata", podría también usar un taxi rojo para ejecutar sus planes. Lo que queremos decir es que la paranoia creada en torno a la supuesta inseguridad que existe al tomar taxis no autorizados no es más que el producto de la imaginación de personas con poca capacidad racional o demasiado tiempo libre. Si en realidad existiera tal personaje, ¿por qué usaría sólo un tipo de vehículo en específico? Es decir, es perfectamente posible que conduzca un bus, un taxi rojo, una patrulla, un camión de productos, etc. El color del vehículo, las placas y demás información, no son garantía seguridad porque, en realidad, es muy difícil que el usuario pueda saber a priori cuál individuo es una buena persona y cuál no. Además, quien conduce el taxi no necesariamente es el titular de la concesión, pues también hay casos en que se ha admitido que esta se herede, por lo que ya ni siquiera quien concursó para obtener la placa es quien la ostenta. En fin, los supuestos controles no cumplen los fines por los que fueron creados.

Si el beneficio del usuario no es la razón de ser de este oligopolio, entonces ¿cuál es? En realidad, la razón está en un componente político-electorales, por un lado, y económico, por el otro, pero ambos conforman un círculo vicioso. Por muchos años, las placas de taxis se repartieron a cambio de votos, lo cual puede explicarse desde los ciclos político económicos, en tanto al acercarse un evento electoral, el partido en el poder manipula el precio de bienes o servicios en manos del gobierno o realiza gasto público para generar una sensación de que las cosas marchan bien en la economía. Siendo así, es perfectamente esperable que se intercambien concesiones de transporte y placas para obtener el favor electoral de los beneficiados y de sus familiares.

En la medida en que esto se ha tratado de evitar por medio de la instauración de concursos, las placas comenzaron a intercambiarse por dinero. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Además de la puerta que se abre para negocios corruptos, al tratarse de un mercado cerrado se le impide al usuario controlar la calidad del servicio y al individuo, en general, hacer efectivo su derecho al trabajo. Cuando sólo unos pueden brindar el servicio, el poder de decisión queda en manos del oferente, pero cuando hay libre competencia, es el demandante el que manda.

Si la gente pudiera tomar el transporte que desee -público o privado-, podría premiar o castigar a quien le de el servicio, pero como en la realidad no puede hacerlo, prácticamente tiene que soportar lo que se le dé. Además, cuando el mercado está cerrado, como en este caso, es falso que la gente pueda escoger su trabajo. Piénsese en alguien que tenga un vehículo y quiera obtener un ingreso extra transportando gente: no puede hacerlo, aunque el cliente de su consentimiento, porque ni el Estado ni el gremio de taxistas rojos se lo permiten. Y a pesar de que la opción del porteo ha surgido, los intentos por borrarlo del mapa se cuentan por decenas. ¿Por qué? Porque muchos de los que están involucrados en el negocio de los taxis rojos son un importante cúmulo de votos y apoyos políticos y, además, constituyen uno de los gremios mejor organizados y con mayor capacidad de movilización, lo cual es de cierta manera un recurso de poder muy fuerte en contra de los gobiernos. ¿Quién quiere tener roces con el gremio de taxistas y obstruirse a bloqueos, huelgas, tortuguismo y protestas?

En ASOJOD nos hemos caracterizado por decir las cosas de frente, sin hipocresías. Y una manifestación de esa virtud es esta denuncia contra un oligopolio que sólo beneficia a los que son parte de él. Defendemos la idea de que el servicio de transporte, al igual que los demás servicios, no deben ser regulados por el Estado, que ni debe ni sabe hacerlo. Deben ser regulados única y exclusivamente por las partes involucradas, por oferentes y demandantes, por individuos tomando libremente sus decisiones.

Lamentablemente, hasta que los tomadores de decisiones y la ciudadanía en general no entienda este simple concepto, seguiremos viendo cómo nuestros derechos a comprarle el servicio a quien nos plazca y a escoger libremente nuestro trabajo, son mancillados.