Tema polémico: las Universidades públicas y el FEES: una historia de nunca acabar

La negociación entre el Gobierno y las Universidades Públicas en lo que se refiere al presupuesto de estas últimas por los próximos años, ha dejado de ser un estira y encoge para convertirse en una verdadera novela latinoamericana (ya que ya no son sólo las mejicanas) de muy mal gusto. Es por esto, que el día de hoy dedicamos nuestro tema polémico a intentar darle una solución a dicho problema.

Como bien es sabido en el mundo al que aspiramos cada quien se hace responsable de sus actos, y nadie obliga a otros individuos a cargar con sus cuentas. En este sentido, siempre hemos estado en contra de la educación pública y financiada por el Estado en todos sus niveles (primaria, secundaria y universitaria). Pero debemos aceptar que ese mundo ideal dista muchísimo del real, del que vivimos cotidianamente, por lo que debemos reajustar un poco nuestra propuesta a lo factible. Por ello el día de hoy pretendemos dar una solución posible a dicho problema, que si bien es cierto esta de lejos de ser la ideal, al menos mejora en mucho el panorama actual. Como bien ha dicho Jorge Corrales, Presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) “la libertad entra por rendijas”, por lo que tenemos que aprovechar las que se abran.

Pareciera claro que la manera más fácil de acabar con este dilema del financiamiento, es que en lugar de buscar el mismo a través del Gobierno, las universidades los obtengan de sus estudiantes. Esto no significa la privatización, sino la eliminación del subsidio a la educación superior. Así, cada estudiante asumiría el costo de sus estudios, pagando la totalidad de la matrícula y demás cobros asociados. Para hacer la transición más viable, resultaría factible que incluso el Estado, a través de la banca nacional o el mismo CONAPE ofrezcan créditos a tasas de interés razonables a los estudiantes, los cuales una vez adentrados en la vida productiva deberán pagar. Esta propuesta traería varia ventajas:

1- Responsabilizaría a los estudiantes por sus propios estudios. Al estar pagando los mismos, tendrían un incentivo a aprovecharlos al máximo y a tener éxito en sus materias. Ya que reprobar un curso significaría mayores gastos, podríamos acabar con el "ejército" de eternos estudiantes que deambulan por los pasillos universitarios o con aquellos "calientacampos" que van a clase entre fiesta y fiesta.

2- No se estarían tocando los intereses de la burocracia, lo cual haría que sea más fácil de aprobar la mencionada reforma. Sin embargo, ahora esta burocracia recibiría sus salarios según su capacidad para ser eficientes y satisfacer las demandas del estudiantado.

3- Las Universidades tendrán un incentivo a utilizar de forma más eficiente sus recursos, para lograr abaratar los costos de la educación y con ello atraer a jóvenes. Ya no se pagarían salarios a profesores o administrativos que no hacen su trabajo, se evitaría el despilfarro de recursos y todo el dinero se destinaría a la razón de ser de las universidades: los estudiantes. Muy posiblemente, se acabarían las oficinas administrativas lujosas, las flotillas vehiculares del año y los viajes, para dar paso a inversión en aulas, equipo, material, capacitación, etc. que beneficiaría a los estudiantes.

4- Las carreras tendrán un contacto más cercano al mercado laboral. Simplemente es irreal e insostenible seguir subsidiando y haciendo viable estudiar una serie de carreras de nula o muy poca demanda laboral a cientos de cientos de personas.

5- Los recursos que hoy en día se utilizan en la educación superior podrían destinarse a la primaria y secundaria, tratando de acortar distancias para con la educación privada.

Quizá quedarán interrogantes como ¿qué pasará con las becas, la asistencia social o con la investigación? Pues bien, las universidades públicas no son ni deben ser instituciones de beneficencia. Esto quiere decir que no son ellas las que tengan que entregar becas y subsidios al estudiantado, sino que pueden utilizarse otras estructuras, tanto públicas como privadas. En el primer caso, ya hay institucines como CONAPE o FONABE que se dedican a facilitar el acceso a estudios superiores y en el segundo, podríamos encontrar un interesante nicho para la responsabilidad social corporativa o para la formación profesional de los empleados de las empresas.

En cuanto a la investigación, en ASOJOD creemos que el Estado no debe financiarla, pues ello la politiza y sesga el conocimiento. Si las universidades desean realizarla, deben buscar los fondos, sea mediante alianzas estratégicas con empresas o mediante la venta de servicios. Con ello podríamos tener una mayor vinculación entre el sector público y privado, donde el primero venda servicios al segundo, para que este consiga desarrollarse y, a la vez, este sea un posible empleador de los investigadores y estudiantes a futuro.

Así esta es nuestra clara y sencilla propuesta, la cual como pueden ver podría traer una serie de beneficios que el país necesita.