Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la necesidad de reformar las competencias de la Sala Constitucional. Algunos dicen que este órgano ha sobrepasado sus competencias, en el sentido que, actualmente, cogobierna; otros critican el alcance de los fallos, que impiden la administración de un Estado y sus instituciones de acuerdo con lo planificado por los jerarcas. Para otros, el problema está en que los magistrados son prácticamente inamovibles, toda vez que su destitución requiere el voto de 38 Diputados. En el caso de la Asamblea Legislativa, ese debate no ha pasado desapercibido, hasta el punto de que ya se conformó una subcomisión que verá 5 proyectos de ley tendientes a ese objetivo.
Lo que hay que preguntarse es si realmente se requiere reformar a la Sala Constitucional y, en caso afirmativo, qué tipo de reforma se requiere. Precisamente, en este Tema polémico queremos aportar nuestra contribución.
En ASOJOD compartimos con muchos que la Sala se ha extralimitado: si bien su función es hacer cumplir la letra de la Constitución, nos parece inapropiado que ese Tribunal decida que hay que darle tratamiento para disfución eréctil a unos a costa de otros o que una persona que está en lista de espera para recibir un tratamiento médico en la CCSS se salte a todas las otras que le preceden sólo porque la Sala declara con lugar un amparo. Sin lugar a dudas, unos magistrados están tomando decisiones de política pública que le competen a otros funcionarios y eso no sólo está causando un problema de claridad en las competencias, sino que también deja dudas sobre la necesidad de tener a dichos funcionarios cobrando sueldos y a instituciones gastando sus presupuestos, si el máximo Tribunal es el que va a tomar las decisiones.
Pero, además, dicha situación plantea el cuestionamiento si las decisiones de los Magistrados, que al fin y al cabo son operadores del Derecho y no médicos, ingenieros, economistas, etc. son tomadas con arreglo a criterios técnicos en la materia o son sólo, como nos parece, interpretaciones de la letra de una norma que no siempre se adecuán a la realidad y a la necesidad. En otras palabras, para obligar a la CCSS a atender a un paciente, digamos que está en el puesto 124, la Sala debe decidir que su condición es prioritaria sobre los otros 123, a pesar de no conocer el historial clínico de estos.
Ni qué decir de los costos generados por sus sentencias. Cada vez que a los Magistrados se les ocurre que el derecho a la salud incluye pastillas de viagra, perjudica a los demás costarricenses, pues quien deberá pagar por el tratamiento no es la CCSS, sino todos los ciudadanos mediante sus impuestos. Y conforme va aumentando la lista de "derechos", más disminuye el patrimonio de los individuos.
También compartimos criterio con quienes critican la cuasi inamovilidad de los Magistrados. Nos parece que en un Estado democrático y, más aún, en una sociedad que aspire a ser libre, el relevo en los puestos de poder es una condición sine qua non. Lord Acton nos advertía que "el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente". Cuando estos funcionarios detentan el poder que sus competencias le otorgan, no sólo no rinden cuentas a nadie, sino que tampoco tienen limitaciones: prácticamente se han situado por encima del bien y del mal, por encima de la ley. El hecho de que, cada vez que se conoce en el Congreso la continuidad de los Magistrados, se requiera 38 votos en contra para impedir que permanezca en su puesto, debe llamarnos a reflexionar.
Ahora bien, donde nos apartamos del criterio de algunos quejosos es en el tema de las consultas de constitucionalidad. Desde tiempo atrás, legisladores, académicos y hasta los mismos Magistrados, han insistido que debe eliminarse el control a priori de la constitucionalidad de las normas, especialmente como mecanismo utilizado para retrasar el proceso decisional. En ASOJOD somos de la opinión de que el Reglamento Legislativo, aún con todos sus fallos, contiene un instituto fundamental, que es la consulta facultativa de constitucionalidad. Su importancia radica en que se ha convertido en un instrumento de defensa de los derechos de la minoría parlamentaria sobre la tiranía de las mayorías.
Un par de ejemplos pueden ayudar a clarificar la cuestión. Hace unos años, cuando se tramitaba el Plan Fiscal en la Administración Pacheco de la Espriella, prácticamente un sólo Diputado logró detenerlo: Federico Malavassi se valió de la aplicación del Reglamento en el proceso de formación de la ley y logró cimentar un bloque de legisladores dispuestos a firmar una consulta de esa índole. Al final, la Sala encontró vicios de procedimiento y eso se trajo abajo el paquetazo de impuestos. Recientemente, en la Comisión Plena II se aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende eliminar el porteo como actividad privada para convertirlo en un servicio público. A pesar de que el PLN, el PAC y el PUSC estaban decididos a imponerse como mayoría, el trabajo de tres legisladores libertarios permitió que se tenga paralizada la reforma, mientras la Sala decide.
Si el Congreso es el reflejo de la sociedad, la existencia de procesos decisionales basados en la fórmula mayoritaria, donde es muy posible que se atropellen los derechos de las minorías, podría provocar que se institucionalice esa práctica en la cultura política de los costarricenses y de ese ámbito, pasar a sus relaciones interpersonales, de forma que la imposición y la falacia ad numerum se conviertan en valores que sustituyan al diálogo, el convencimiento, la persuación y la negociación. Por eso resulta importante que las minorías no sólo puedan expresar sus criterios, sino también que existan instrumentos para que logren aplicarlos de forma que sirvan como freno a la tiranía de las mayorías. De ahí que la consulta a la Sala sea una salvaguarda de esos derechos y un mecanismo de control al poder Legislativo para consolidar el sistema de frenos y contrapesos en un régimen democrático.
Como pueden ver, la reforma a las competencias de la Sala IV no es poca cosa. Se requiere de una reflexión seria, de una discusión apropiada y de una conciencia sobre los beneficios y perjuicios que se pueden generar. Ojalá ese proceso estuviera orientado a la consolidación de una sociedad libre, dejando más espacios para el orden espontáneo en lugar de aspirar al diseño planificado. Sin embargo, la clase política costarricense no se distingue por su aprecio a los valores de la libertad, por lo que el panorama se antoja bastante oscuro a priori. Esperemos a ver cómo avanza.
Lo que hay que preguntarse es si realmente se requiere reformar a la Sala Constitucional y, en caso afirmativo, qué tipo de reforma se requiere. Precisamente, en este Tema polémico queremos aportar nuestra contribución.
En ASOJOD compartimos con muchos que la Sala se ha extralimitado: si bien su función es hacer cumplir la letra de la Constitución, nos parece inapropiado que ese Tribunal decida que hay que darle tratamiento para disfución eréctil a unos a costa de otros o que una persona que está en lista de espera para recibir un tratamiento médico en la CCSS se salte a todas las otras que le preceden sólo porque la Sala declara con lugar un amparo. Sin lugar a dudas, unos magistrados están tomando decisiones de política pública que le competen a otros funcionarios y eso no sólo está causando un problema de claridad en las competencias, sino que también deja dudas sobre la necesidad de tener a dichos funcionarios cobrando sueldos y a instituciones gastando sus presupuestos, si el máximo Tribunal es el que va a tomar las decisiones.
Pero, además, dicha situación plantea el cuestionamiento si las decisiones de los Magistrados, que al fin y al cabo son operadores del Derecho y no médicos, ingenieros, economistas, etc. son tomadas con arreglo a criterios técnicos en la materia o son sólo, como nos parece, interpretaciones de la letra de una norma que no siempre se adecuán a la realidad y a la necesidad. En otras palabras, para obligar a la CCSS a atender a un paciente, digamos que está en el puesto 124, la Sala debe decidir que su condición es prioritaria sobre los otros 123, a pesar de no conocer el historial clínico de estos.
Ni qué decir de los costos generados por sus sentencias. Cada vez que a los Magistrados se les ocurre que el derecho a la salud incluye pastillas de viagra, perjudica a los demás costarricenses, pues quien deberá pagar por el tratamiento no es la CCSS, sino todos los ciudadanos mediante sus impuestos. Y conforme va aumentando la lista de "derechos", más disminuye el patrimonio de los individuos.
También compartimos criterio con quienes critican la cuasi inamovilidad de los Magistrados. Nos parece que en un Estado democrático y, más aún, en una sociedad que aspire a ser libre, el relevo en los puestos de poder es una condición sine qua non. Lord Acton nos advertía que "el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente". Cuando estos funcionarios detentan el poder que sus competencias le otorgan, no sólo no rinden cuentas a nadie, sino que tampoco tienen limitaciones: prácticamente se han situado por encima del bien y del mal, por encima de la ley. El hecho de que, cada vez que se conoce en el Congreso la continuidad de los Magistrados, se requiera 38 votos en contra para impedir que permanezca en su puesto, debe llamarnos a reflexionar.
Ahora bien, donde nos apartamos del criterio de algunos quejosos es en el tema de las consultas de constitucionalidad. Desde tiempo atrás, legisladores, académicos y hasta los mismos Magistrados, han insistido que debe eliminarse el control a priori de la constitucionalidad de las normas, especialmente como mecanismo utilizado para retrasar el proceso decisional. En ASOJOD somos de la opinión de que el Reglamento Legislativo, aún con todos sus fallos, contiene un instituto fundamental, que es la consulta facultativa de constitucionalidad. Su importancia radica en que se ha convertido en un instrumento de defensa de los derechos de la minoría parlamentaria sobre la tiranía de las mayorías.
Un par de ejemplos pueden ayudar a clarificar la cuestión. Hace unos años, cuando se tramitaba el Plan Fiscal en la Administración Pacheco de la Espriella, prácticamente un sólo Diputado logró detenerlo: Federico Malavassi se valió de la aplicación del Reglamento en el proceso de formación de la ley y logró cimentar un bloque de legisladores dispuestos a firmar una consulta de esa índole. Al final, la Sala encontró vicios de procedimiento y eso se trajo abajo el paquetazo de impuestos. Recientemente, en la Comisión Plena II se aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende eliminar el porteo como actividad privada para convertirlo en un servicio público. A pesar de que el PLN, el PAC y el PUSC estaban decididos a imponerse como mayoría, el trabajo de tres legisladores libertarios permitió que se tenga paralizada la reforma, mientras la Sala decide.
Si el Congreso es el reflejo de la sociedad, la existencia de procesos decisionales basados en la fórmula mayoritaria, donde es muy posible que se atropellen los derechos de las minorías, podría provocar que se institucionalice esa práctica en la cultura política de los costarricenses y de ese ámbito, pasar a sus relaciones interpersonales, de forma que la imposición y la falacia ad numerum se conviertan en valores que sustituyan al diálogo, el convencimiento, la persuación y la negociación. Por eso resulta importante que las minorías no sólo puedan expresar sus criterios, sino también que existan instrumentos para que logren aplicarlos de forma que sirvan como freno a la tiranía de las mayorías. De ahí que la consulta a la Sala sea una salvaguarda de esos derechos y un mecanismo de control al poder Legislativo para consolidar el sistema de frenos y contrapesos en un régimen democrático.
Como pueden ver, la reforma a las competencias de la Sala IV no es poca cosa. Se requiere de una reflexión seria, de una discusión apropiada y de una conciencia sobre los beneficios y perjuicios que se pueden generar. Ojalá ese proceso estuviera orientado a la consolidación de una sociedad libre, dejando más espacios para el orden espontáneo en lugar de aspirar al diseño planificado. Sin embargo, la clase política costarricense no se distingue por su aprecio a los valores de la libertad, por lo que el panorama se antoja bastante oscuro a priori. Esperemos a ver cómo avanza.
5 comentarios:
Totalmente de acuerdo. La consulta facultativa ha sido un instrumento valioso en defensa de las minorías. De hecho, el PLN sobredimensiona el problema ya que el atraso por que se haga una consulta facultativa es mínimo ya que la Sala tiene plazo de un mes para resolver (y lo ha cumplido en la gran mayoría de los casos).
Además concuerdo con el asunto de que la Sala se ha extralimitado definiendo los contenidos del Derecho a la salud.
Aquí me parece que hay dos problemas, uno que tiene que ver con la Sala y otro que tiene que ver con el texto de la Constitución misma. El primero es que la Sala ha intentado darle eficacia a los "derechos sociales" simplemente declarando con lugar todos los amparos que sean presentados ante ella. Aún con textos constitucionales similares, en Europa los Tribunales Constitucionales han sido más sensatos y han dejado a los parlamentos que definan el contenido de los "derechos sociales".
El segundo problema es que la Constitución misma reconoce los "derechos sociales" que sólo pueden ser satisfechos en perjuicio de la libertad y la propiedad de las personas. Este problema sólo se acabaría derogando la mayoría de los artículos del Capítulo de Garantías Sociales.
Escribía Karl Popper, a propósito de la doctrina ética de la autonomía kantiana, que “siempre que nos enfrentemos con la orden de una autoridad, es responsabilidad nuestra juzgar si esta orden es moral o inmoral”.
La Sala Constitucional fue creada para darle un respiro al sistema democrático costarricense, que se había agotado y estaba en cuidados intensivos, la Sala IV vino a darle ese respiro a la democracia desgastada.
Pero que la Sala IV no se comporte como un ente político, ahí si difiero con el autor del post. La Sala IV representa desde la escogencia de los magistrados, con un componente político.
Porque será que los presidentes de turno, mientras ha existido la Sala IV, hacen esa lucha de poder por poner sus fichas ahí en dicha institución.
Y claro las decisiones de la Sala IV son de componente político, ahí camufladas a veces con la jurisprudencia.
Hemos visto como los diferentes grupos de presión y grupos de interés, han luchado por influir la Sala constitucional.
Hasta yo vivo con amor y odio con la Sala constitucional, a veces me complace ver sus resultados, otras veces simplemente me quedo frio, eso lo vimos en el pasado, con el famoso TLC.
Pero nadie ha notado, que cambio el gobierno, llego Lauritainagura, y Los Arias se fueron, y la Sala constitucional dio un giro de 180 grados.
Porque creen ustedes que eso se dio, Torcer brazos, y voluntades, usar millones de $ para hacer lo que les da la gana, a veces creemos que ya no tenemos más solución.
Yo no estoy de acuerdo con un veto presidencial, los vetos dañan a la democracia, si se legislara sobre eso, mejor cerramos el chinamo y jalamos.
Algo que siempre he criticado es q la Sala constitucional muchas veces da sentencias, y ni siquiera sabe si se van a poder cumplir, desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista del tiempo.
Aunque no he visto a nadie en la cárcel por incumplir a la Sala Constitucional, si me equivoco me corrigen. Que lo digan los retenes, jaja aun se hacen a la libre.
Saludos
Aciertos a medias
• Según José María Villalta
Escrito por Juan Manuel Azofeifa Olivares
• El diputado del partido Frente Amplio considera que la Sala Constitucional algunas veces acierta, y algunas veces se equivoca en sus resoluciones
Para el diputado José María Villalta, legislador por el partido Frente Amplio, la Sala Constitucional “ha venido tomando un papel más preponderante en la política nacional, con mayor incidencia sobre grandes decisiones” en nuestro país. Pero al igual que el ex diputado José Miguel Corrales, Villalta cree que algunas decisiones son acertadas, pero “otras no tanto”.
“La Sala gravita más, y tiene más presencia y más importancia en las grandes decisiones políticas del país”, señala Villalta, aunque a algunos no les guste.
Decisiones acertadas
Para el congresista, el criterio de la Sala Cuarta “sobre un posible referendo para discutir las uniones civiles entre personas del mismo sexo” fue acertada.
“Creo que hubiera sido una violación a los derechos humanos hacer un referéndum sobre un tema tan sensible de derechos sobre grupos minoritarios, que iban a ser aplastados por una mayoría”, opinó.
Japdeva
En el caso de la destitución que hiciera Oscar Arias de la directiva de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva), “había una clara violación al debido proceso, independientemente de si a alguien le caen bien o le caen mal los dirigentes de los trabajadores”, porque “no se les puede hacer un golpe de Estado, violando las garantías democráticas” del país.
Advierte Villalta que si se permitía ese atropello, “el día de mañana se lo van a hacer a otra organización”.
Hay temas más complicados
Como diputado, ve como “un tema más complicado” el criterio de la Sala Cuarta sobre el caso de Maureen Ballestero, y el retiro de credenciales a la diputada.
La Sala Constitucional dijo que “no hay un marco legal, constitucional, para autorizar el retiro de credenciales a diputados que cometen faltas a la ética”, con lo que quedó debiendo en cuanto a mano dura.
Otro error de los magistrados fue cuando “le ordena a la Asamblea reformar la constitución en un plazo determinado”. “Ahí se extralimitó la Sala”, dice el entrevistado.
Sin embargo, el político asegura: “yo comparto que los diputados deben estar sometidos a un régimen, y que se les pueda incluso destituir si cometen violaciones graves a los principios éticos y morales”.
TLC
Para José María Villalta, las decisiones de la Sala relacionadas con el TLC (Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos) fueron polémicas.
No comparte el manejo del TLC y la agenda de implementación, “donde se plegaron muchísimo (los magistrados) al criterio de los hermanos Arias, y fueron vulnerables a las presiones en ese tema”.
“Crucitas: ¿Vista gorda?”
En el caso de Crucitas los integrantes de la Sala “se hicieron de la vista gorda”, sobre graves irregularidades, según Villalta.
Por estos contrastes “hay resoluciones de la Sala que a uno no le gustan, y otras que sí, y es parte de un tribunal de ese tipo”.
Otro ejemplo es el caso de los retenes policiales de la Fuerza Pública, donde “la resolución ha sido mal interpretada”.
“La Sala es demasiado celosa y protectora de las libertades individuales, de la libertad de tránsito, y eso puede afectar la política de seguridad, pero está bien que la Sala proteja las libertades, y las garantías individuales, esa es su misión…”, agregó el diputado.
Para el abanderado del partido Frente Amplio “la Sala no ha sabido explicar bien los alcances del fallo, y los límites en los cuales el ministerio de Seguridad Pública sí puede hacer retenes”. “Creo que la Sala se ha equivocado, pero no estoy totalmente en contra de la resolución”, agregó.
Finalmente, José María Villalta considera que los magistrados de la Sala Constitucional “no han podido transmitir un mensaje claro, sobre los límites que tiene el poder público, frente a los derechos de los ciudadanos”.
Fuente: La Prensa Libre
Felipe:
Completamente de acuerdo: deberían ser los Parlamentos los que definan con claridad el alcance de los derechos sociales, por un tema de seguridad jurídica. Imaginemos a una Sala Constitucional cambiando de criterio sobre esos contenidos cada vez que la presión política se cierne sobre las cabezas de los Magistrados: nadie sabría a qué atenerse.
Roy:
Estamos de acuerdo en que la Sala es, además de un ente jurídico, uno meramente político por la naturaleza de su nombramiento: nunca negamos eso. Lo que consideramos es que debe reflexionarse sobre esos nombramientos.
En particular, y aclaro que es mi posición personal, el procedimiento para definir la continuidad de un Magistrado debería ser inverso: requerir 38 votos afirmativos para ello y no 38 en contra para sacarlo.
Así, los Magistrados, si le van a "pelar el diente a los Diputados" tendrán que pelárselos no sólo a los oficialistas, sino también a los de oposición. Quizá eso pueda generar algún balance de poder. Además, creo que habría que valorar la idea de que los nombramientos de Diputados sean por plazos definidios sin posibilidad de reelección inmediata, como una forma de "democratizar" la Sala. No digo que haya que hacerlo, pero como mínimo, habría que contemplar la posibilidad y ponderar las consecuencias.
Alejandro
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